Kitabı oxu: «Por una vía "chilena" a la plurinacionalidad», səhifə 2
1. El Conflicto: La construcción del Conflicto Mapuche
1.1. Escenario del llamado “Conflicto Mapuche”
El conflicto llamado por la prensa “Conflicto Mapuche” se ha desarrollado durante los últimos quince años, y se trata de un conflicto social amplio que entrelaza aspectos culturales e históricos con disputas actuales de intereses sobre recursos naturales. Podemos considerar la escalada de los conflictos de distribución como un catalizador del conflicto fundamental entre el pueblo mapuche y la sociedad chilena. La respuesta del Estado frente al conflicto fue llevar adelante una política de amplia penalización. En primer lugar, un gran número de miembros de comunidades y organizaciones mapuche fueron detenidos y encarcelados debido a la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado. En segundo lugar, los operativos policiales dieron lugar a hechos de torturas, maltratos, tratos degradantes por parte de las fuerzas policiales para con los mapuche, incluyendo como víctimas a niños y niñas. En tercer término, el gobierno pidió la aplicación de la Ley Antiterrorista a dirigentes mapuche.
El conflicto se ha caracterizado temáticamente por las siguientes formas:
a) Conflictos en torno a derechos para obtener devolución de tierras.
b) Conflictos por la construcción de obras viales (bypass de Temuco).
c) Conflictos por proyectos de infraestructura energética (represas Pangue y Ralco en el río Biobío).
d) Conflictos con las empresas forestales.
e) Conflicto en torno a la situación de los mapuche privados de libertad, a los cuales los mapuche consideran presos políticos, incluyendo huelgas de hambre muy prolongadas.
Según el Informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el conflicto
se plasmó inicialmente en acciones colectivas de tierras reclamadas por las comunidades. A partir de finales de los noventa, a raíz del caso Ralco, y, especialmente, durante el periodo 2001-2004, la conflictividad social en el entorno mapuche alcanzó una etapa crítica. Durante este periodo, se produjo una acumulación de actos de protesta social, llegando a quebrantamientos del orden público y a la realización de acciones de violencia. Estas acciones tuvieron como objetivo prioritario las explotaciones forestales, percibidas como responsables de la desposesión de tierras y del grave deterioro ambiental que asola las comunidades mapuche. En sus formas más graves, estas acciones llevaron a la quema de fundos, casas habitacionales, maquinaria y medios de transporte asociados a la explotación forestal. (FIDH, 2006a: 5)
Los focos de conflictos se han desplazado desde las reivindicaciones de tierras a la disputa con las empresas forestales y luego a las protestas en torno al tratamiento del sistema penal a los mapuche. El hito que da inicio a esa última etapa es el incendio de camiones de transporte de la empresa forestal Bosques Arauco el 1/12/1997 (Lavanchy, 1999: 2). A partir de entonces las movilizaciones mapuche se multiplicaron. Sin embargo, desde la perspectiva mapuche, el inicio del conflicto actual está en la pérdida del rol de garante de los derechos indígenas por parte del Estado, desde el momento en que se decide construir la represa Ralco en el Alto Biobío en 1996, que inundó asentamientos tradicionales de comunidades mapuche-pewenche.2 Otros inclusive datan el inicio del conflicto desde enero de 1993, cuando un ministro en visita acusó a 114 mapuche miembros del Consejo de Todas las Tierras de ser autores de delitos de asociación ilícita y usurpación de tierras (Toledo, 2007a).
En cualquier caso, el foco principal gira en la actualidad en torno a las actividades de las empresas forestales. Esto se debe principalmente a que dichas empresas son las que ocupan la mayor extensión de terreno mapuche y han afectado considerablemente el ecosistema de las comunidades vecinas. Por otra parte, las comunidades indígenas mapuche no reclaman solamente las tierras amparadas por títulos jurídicos reconocidos por el Estado de Chile (Títulos de Merced), sino que también las “tierras antiguas”;3 esto es, las tierras ancestrales que efectivamente eran poseídas por los linajes mapuche hasta que se produce la anexión por parte de Chile.
De acuerdo con los empresarios de la IX Región de Chile, se habrían registrado 410 incidentes con los mapuche entre enero de 2000 y octubre de 2001, y 189 durante 1999.4 El año 2003 se produjeron 102 incidentes, de los cuales 70 son tomas de terrenos, por parte de grupos indígenas.
De las cerca de 3.000 comunidades indígenas, menos de 60 se han visto envueltas en conflictos por aplicación del sistema penal (Comisión de Constitución, 2003: 91).
Las actividades conflictivas corresponden a las de una intensa desobediencia civil, y van desde acciones totalmente pacíficas hasta actos violentos que han causado daños a la propiedad privada. Serían estos de tres clases según los tipos de acción:
Movilizaciones sociales con medidas de presión que han presentado demandas insatisfechas (incluyen actos culturales, manifestaciones, ocupación de edificios públicos, huelgas de hambre, corte de caminos y calles).
Ocupación de tierras demandadas, como acciones de presión directa y de propaganda.
Ocupación de tierras no ligadas a procedimientos de reclamación en curso, que implicaron acciones como incendio de plantaciones forestales, de casas patronales, cultivos y de instalaciones, sabotaje de maquinaria, destrucción de equipos y cercados, tala de árboles, cierre de vías de comunicación y enfrentamiento con las fuerzas policiales.
La respuesta policial frente a esas movilizaciones ha sido particularmente violenta. Dentro de la violencia policial hacia los mapuche se han caracterizado tres tipos (Beaudry, 2009: 373-377):
Violencia verbal, falta de respeto, estrategias de acoso, estereotipación de los mapuche.
Violencia física innecesaria durante los allanamientos y violaciones de domicilio:
Detención extremadamente violenta; violento desalojo de comuneros, golpes y apremios ilegítimos durante arresto y detención.
Disparos durante allanamiento hiriendo a varios comuneros, e impedimento del libre tránsito de las personas dentro de una comunidad al desarrollar acciones de registro y control.
Malos tratos durante detención; ingreso a fundo indígena y sustracción de animales pertenecientes a indígenas.
Disparos contra casas de una comunidad.
Maltratos físicos, hostigamiento sistemático durante investigación (permanentes controles de identidad, seguimiento a los dirigentes).
Allanamientos con personal fuertemente armado; desalojo y detención de numerosas personas en la mañana, incluyendo mujeres, ancianos y niños; disparos de escopetas antimotines durante allanamiento, hiriendo a menores; golpes e insultos racistas durante detención; detención y golpizas a estudiantes en el marco de protestas pacíficas, y allanamientos sin orden judicial y maltratos físicos.
Actos de violencia que ocasionaron la muerte de 11 mapuche.5
Grupos de la sociedad chilena con una importante influencia en la sociedad chilena, a saber, la Corporación Chilena de la Madera, la Sociedad Nacional de Agricultura y el Consorcio Agrícola del Sur, ejercieron una fuerte presión sobre las autoridades para obtener una respuesta punitiva contra las movilizaciones mapuche, usando los medios de comunicación y sus redes políticas (Villegas, 2007a: 12).
La resonancia en los medios de dichos conflictos ha sido muy importante, puesto que estos han difundido públicamente la idea de que los mapuche serían “terroristas”, e incluso han atribuido responsabilidades sin que haya existido todavía proceso. La Defensoría Penal Mapuche —oficina de defensa pública especializada para conflictos jurídicos en cuestión— denomina a aquellos contra quienes se ha dirigido el aparato punitivo del Estado como “imputados en el marco del conflicto territorial”. Las organizaciones mapuche los designan como “presos políticos”. Cuando la entonces Presidenta Michelle Bachelet, por su parte, visitó en 2007 la sede de los organismos de DD.HH. en Ginebra negó que en Chile hubiera presos políticos.
1.2. Actores involucrados en el conflicto
El pueblo mapuche:
Los mapuche son un pueblo indígena que existe en el sur de Chile y Argentina. El pueblo mapuche es el grupo étnico más grande de Chile y el tercero en toda Sudamérica. De acuerdo con el Censo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Chile de 2002, la población mapuche ascendía a 604.349 habitantes, que se concentraban principalmente en la capital y en la IX6 Región. Según el Censo de 2017, la población mapuche asciende a 1.745.147, concentrándose principalmente en la Región Metropolitana. Por su parte, en Argentina, la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas 2004-2005 del Instituto Nacional de Estadística y Censos calculó la cifra en 113.680 mapuche, población que se concentra en las provincias de Chubut, Neuquén y Río Negro. En el Censo Nacional de 2010, se constató que había 205.009 mapuche en Argentina.
Antes de la llegada de los conquistadores, el pueblo mapuche ya habitaba las tierras al sur del río Biobío en Chile, y posteriormente no solo siguió habitándolas, sino que también se extendió a las grandes zonas de la Pampa de lo que hoy es Argentina. Con la formación de los estados nacionales de Chile y Argentina, los mapuche quedaron distribuidos entre ambas soberanías. Los mapuche poseen aún hoy una identidad cultural propia y viva, una religión, un sistema jurídico-normativo (ad-mapu), sistemas de conocimiento (raquiduam/kimün) y de convivencia política. Todos esos sistemas simbólicos están estrechamente vinculados para los mapuche y tienen su lugar en su visión del lugar del ser humano en el cosmos.
Gobierno de Chile y Fiscalía:
El gobierno del Presidente Ricardo Lagos y la Fiscalía Nacional, siguiendo estrechamente las orientaciones que brindaban los intereses económicos particulares afectados y los medios de comunicación mainstream, calificaron a los mapuche involucrados en los incidentes arriba referidos como “terroristas”. Esto significó un cambio cualitativo en cuanto a la política criminal que habían seguido los gobiernos de la Concertación respecto a los conflictos étnicos.
El gobierno de Frei aplicó la Ley de Seguridad Interior del Estado para reprimir las ocupaciones de tierras y reforzó la dotación policial en la zona. El gobierno de Ricardo Lagos, en cambio, decidió hacer uso de la potestad de solicitar a los tribunales la apertura de procesos por delitos terroristas. La Fiscalía Nacional —organismo que tenía uno de sus primeros ámbitos de implementación donde se desarrollaban los hechos conflictivos— asumió completamente esa nueva política criminal. A mediados de 2010, más de 50 personas mapuche habían sido procesadas por la Ley Antiterrorista (Human Rights Watch, 2011).
Intereses económicos privados:
Se trata fundamental y directamente de las empresas forestales, que ven afectadas las posibilidades de expansión de la economía forestal por los reclamos de autonomía, control territorial y reconocimiento cultural que está realizando el movimiento mapuche.
Medios de comunicación:
Los medios de comunicación mainstream han sido actores principales del conflicto, puesto que sugirieron en primer lugar la calificación de los hechos en la comunicación pública, colocándose enteramente del lado de los intereses económicos privados y estableciendo una política de agenda setting para determinar un cambio en la política criminal del gobierno respecto de conflictos de índole étnico. Según Le Bonniec, existiría una particular colusión entre el poder político, judicial y económico para la construcción del terrorismo mapuche (2003: 10). Más que una colusión o conspiración, creemos que se trata de un determinado acoplamiento operacional de la política, el derecho y la economía, el que se verifica a través de las comunicaciones relacionadas con el miedo que hacen los medios de comunicación de masas y su aplicación en las resoluciones judiciales que afectan a los mapuche. Ellas forman un dispositivo que tiene una cara mediática y otra jurídica.
Un dispositivo consiste en una cierta manipulación de relaciones de fuerza, de naturaleza esencialmente estratégica, que se haya inscrito en un determinado juego de poder, pero también está ligado siempre a un saber que emerge de él y lo condiciona (Foucault, 1991). Foucault indica que se trata de
un conjunto resueltamente heterogéneo que incluye discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas, brevemente, lo dicho y también lo no dicho. Estos son los elementos del dispositivo. El dispositivo mismo es la red que se establece entre estos elementos. (Foucault, 1974: 299)
Por su parte, Deleuze sostiene que se trata de un conjunto multilineal y bidimensional, de una máquina para hacer ver y para hacer hablar. Los dispositivos están compuestos por líneas de visibilidad, enunciación, fuerza, subjetivación, ruptura, fisura, fractura, etc., que al entrecruzarse y mezclarse tienen capacidad de suscitar otras mediante variaciones de disposición (Deleuze, 1989: 155). Para Giorgio Agamben, se trata de “cualquier cosa que tenga de algún modo la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivientes” (Agamben, 2006: 21-22).
Las investigaciones de análisis del discurso disponibles sobre los medios de comunicación mainstream chilenos, análisis en general centrados en los actores, se han focalizado, sobre todo, en el diario El Mercurio, reconocido por expresar ideas de derecha neoliberal, por su apoyo a Pinochet y sus simpatías por la clase empresarial del país. Efectivamente, es el medio que ha dedicado más cobertura a la temática mapuche en los últimos años (Amolef, 2004: 8).
Para Amolef, este diario destaca
en su discurso la sintaxis y selección léxica utilizada en la construcción de los títulos de cada noticia, asociando siempre y resaltando MAPUCHE a VIOLENCIA. Lo mismo ocurre en la bajada y cuerpo de la información, para ello utilizan mecanismos retóricos y una estilística que contribuye a reforzar un estereotipo del mapuche, rescatando términos históricos y literarios como: maldición indígena, espiral de furia, el grito de la tierra o una década indómita. (Ibíd.: 16)
La caracterización que se hace de los mapuche emplea los conceptos “violentistas”, “agresores”, “asonada”, “exaltados”, “espiral de furia indígena”, “turba indígena a rostro cubierto”, “maldición indígena, eterna e incurable”, “fiereza india”, “pueblo enigmático con fama de fiero y testarudo”, “indígenas alzados”, “asaltantes”, “mapuche prófugos”, “incendio social” y “at last but not least terroristas” (Ibíd.: 15-16).
La tendencia es representar un actor irracional, dispuesto a emplear la violencia y a amenazar el orden social. Tan fuerte es la vinculación del actor al terrorismo, que todos sus actos reprochables son considerados bajo esa categoría. Eso es reforzado por las comunicaciones sobre las acciones atribuidas a ese actor: asalto de campos, emboscadas violentas, golpizas, ataques brutales, agresiones a trabajadores, enfrentamientos violentos, indisponibilidad o limitación del diálogo, apedreamiento de vehículos, ultimátum a empresas forestales, amenaza de incendio y tala de bosques, gritos, marchas, ataques con boleadoras, incendio y ocupación de fundos, escalada de movilizaciones, uso de bombas molotov, actos de terrorismo.
La comunicación medial resalta como acciones atribuibles a los mapuche, hechos de violencia contra las personas y la propiedad, descontextualizándolas de las interacciones de conflicto en que algunas pueden haber tenido lugar, para hacer con ellas descripciones de realidad sobre el actor.
Cabe destacar que el “terrorismo” de los mapuche es presentado en una solución de continuidad con otros actos que son caracterizados como de agresión o violencia.
El actor así representado y descrito su modo de actuar manifiesta un peligro para la sociedad: “Terrorismo en La Araucanía” (La Segunda, 14 de diciembre de 2001); “Alta sensación de inseguridad en La Araucanía” (El Mercurio, 6 de julio de 2002); “Cárcel para lonkos terroristas” (Diario El Mercurio, 30 de agosto de 2002). Se trata sin duda de comunicaciones políticas del miedo, en las que el actor es situado en una franja de censura para las expectativas normativas de la sociedad. Por este mecanismo las operaciones del sistema de los medios de comunicación en Chile pueden apelar para la estrategia perseguida, a lo que Luhmann llama el nivel inviolable, un nivel irrefutable de la comunicación, en el cual la afirmación de emociones fuertes, como en este caso el miedo asociado al terrorismo y la violencia, dificulta en grado elevado la posibilidad de disentir o evitar la circulación de ese sentido (Luhmann, 1998: 402). La “alarma pública”, el “miedo” de los agricultores y trabajadores forestales de la zona, el “temor” de los inversionistas, el “clima de desorden e inseguridad” comunican un estado de cosas irrefutable que debe ser corregido urgente y eficazmente.
La estrategia de la comunicación medial se revela prístinamente en ella misma, y consiste en una agenda setting de la discusión, mediante la orientación de la opinión pública hacia el miedo respecto de un actor que amenaza el “Estado de Derecho” y la “seguridad jurídica”. Por cierto, la movilización de dichos valores está sujeta a una constelación de intereses, a los que las referidas comunicaciones presentan como las víctimas del “terror” mapuche: las empresas forestales, hidroeléctricas, los agricultores de la zona. Frente a ellos los mapuche no tienen ninguna justificación, no pueden tenerla, desde que usan el “terrorismo”.
Amolef interpreta esos framings en el sentido de que
los mapuche son, si nos guiamos por discurso de El Mercurio, un obstáculo para el desarrollo y crecimiento de Chile, desde la perspectiva empresarial y política de libre mercado que rige al país. Impidiendo la construcción de proyectos hidroeléctricos, la inversión económica, entre otras iniciativas comerciales, principalmente en sectores de la zona sur donde la población se encuentra en situación extrema de pobreza e indigencia. (Amolef, 2004: 18)
Estas operaciones de comunicación medial de miedo han logrado permear las estructuras del sistema jurídico, por los defectos de la legislación antiterrorista, como ya veremos, pero, principalmente, por la decisión del sistema político de usar la categoría del terrorismo contra los mapuche. La derecha política, a través de sus voceros y think tanks, habla indistintamente de violentismo y terrorismo para referirse al conflicto en el sur de Chile.7 Los gobiernos de la Concertación y luego de Piñera, en todos sus niveles (incluyendo por supuesto a las policías), han aceptado y promovido esa categorización.
Organismos internacionales de Derechos Humanos:
La referida situación ha despertado el interés de la sociedad civil internacional y de los organismos internacionales de DD.HH.: “La aplicación de la legislación antiterrorista en el contexto de la protesta social mapuche ha sido objeto de una preocupación creciente por parte de la opinión pública internacional, que ha dado lugar a serias denuncias de vulneración de las garantías de los condenados en estos casos” (FIDH, 2006b: 6).
El relator especial sobre la situación de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de los indígenas de la ONU, Rodolfo Stavenhagen, en su informe sobre Chile, recomendó que “bajo ninguna circunstancia deberán ser criminalizadas o penalizadas las legítimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones y comunidades indígenas” (Stavenhagen, 2001: 30), y también que “no deberán aplicarse acusaciones de delitos tomados de otros contextos (‘amenaza terrorista’, ‘asociación delictuosa’) a actos relacionados con la lucha social por la tierra y las reclamaciones legítimas de los indígenas” (Ibíd.). También fue advertido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU el “Estado parte [Chile de] que no aplique leyes especiales, como la Ley de Seguridad del Estado (Nº 12.927) y la Ley Antiterrorista (Nº 18.314), a actos relacionados con la lucha social por la tierra y las reclamaciones legítimas de los indígenas” (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2004: 66).
Con esos y otros antecedentes, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en su 89° período de sesiones (2007), indicó en sus observaciones al informe periódico anual de Chile que este país deberá precisar la definición de los delitos terroristas, de manera de asegurar que los Derechos Humanos de los mapuche no sean vulnerados por persecuciones políticas, religiosas o ideológicas. El Comité de Derechos del Niño de la ONU y el relator de la niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han expresado reiteradamente su preocupación respecto a la situación de la niñez mapuche en Chile, la violencia innecesaria, los abusos policiales y casos de tortura —de los cuales a la fecha se han documentado más de 100 casos—, y han criticado la aplicación de la Ley Antiterrorista a personas menores de 18 años (Fundación ANIDE et al., 2011).
