Kitabı oxu: «La crisis de la televisión pública»

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Primera edición en papel: abril de 2015
© Los autores y las autoras, 2015
Maquetación y corrección: Communico. Letras y Píxeles
Diseño de la cubierta: Andreu Rovira. Design Production

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Índice
INTRODUCCIÓN: LA CRISIS DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA Y EL CIERRE DE RTVV COMO SÍNTOMA, Javier Marzal Felici, Jessica Izquierdo Castillo y Andreu Casero Ripollés
1.Una crisis multidimensional.
2.Cambios normativos: hacia la privatización de los servicios públicos de RTV.
3.El valor de la radiotelevisión como servicio público.
4.El cierre de RTVV como telón de fondo.
5.Estructura de la obra colectiva.
6.Agradecimientos y créditos.
PARTE I. EVOLUCIÓN Y FUTURO DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA TELEVISIÓN
EL SERVICIO PÚBLICO EN ESPAÑA: MANUAL DE LAS MALAS PRÁCTICAS, Enrique Bustamante Ramírez
1.Introducción.
2.Contexto del sistema mediático español: concentración y centralismo.
3.Buenas prácticas de servicio público.
4.Conclusiones.
INDISPENSABILIDAD DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA EN EL UNIVERSO CONVERGENTE, Emili Prado i Picó
1.La televisión: una mala salud de hierro.
2.El universo convergente.
3.Trazos distintivos del audiovisual convergente.
4.Redefinición de la televisión.
5.Consideraciones sobre la mutación televisiva.
6.Mantras de los enemigos de la televisión pública.
7.A modo de conclusión: decálogo sobre la indispensabilidad de la televisión pública.
LA CRISIS DE LA RADIOTELEVISIÓN PÚBLICA AUTONÓMICA, Juan Carlos Miguel de Bustos y Miguel Ángel Casado del Río
1.Introducción.
2.La cuarta fase: crisis del sistema de radiotelevisión autonómico. Factores económicos y políticos.
3.El valor de la televisión autonómica.
4.Reflexiones finales.
LA TELEVISIÓN PÚBLICA EN LA ERA DIGITAL: INSTRUMENTOS Y ESTRATEGIAS PARA LA CONVERGENCIA MEDIÁTICA, Jessica Izquierdo Castillo
1.Los retos de las televisiones públicas en la era digital.
2.Análisis de las estrategias digitales de los operadores públicos.
3.Funciones principales de las herramientas digitales.
4.Herramientas digitales y el desarrollo de las funciones por parte de la televisión pública.
5.Conclusiones.
PARTE II. LA CRISIS DE RTVV
RAZONES E IMPLICACIONES DEL CIERRE DE RADIOTELEVISIÓ VALENCIANA: PENSAR EL FUTURO, Ramón Zallo
1.Temáticas implicadas por la gestión de RTVV y por su cierre.
2.Los efectos colaterales del cierre.
3.RTVV como expresión de un modelo discutible de desarrollo del territorio.
4.¿Qué hacer? Una propuesta en positivo.
LA RELEVANCIA ESTRATÉGICA DE RTVV EN EL SISTEMA COMUNICATIVO VALENCIANO Y PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, Maria Soler Campillo y Javier Marzal Felici
1.Introducción.
2.El estudio de RTVV desde el mundo académico.
3.Propuesta de trabajo, metodología y objetivos de la investigación.
4.El papel de RTVV en el crecimiento y la sostenibilidad del sistema audiovisual valenciano.
5.Resultados del análisis de las respuestas de los profesionales del cine y de la TV sobre la crisis del sector audiovisual valenciano.
6.Algunas conclusiones.
7.Reflexiones finales.
DEL ERE DE LOS 1.200 AL CIERRE DE RTVV: A PROPÓSITO DEL INFORME PRICEWATERHOUSECOOPERS Y DE SU CONTRAINFORME. PEQUEÑA HISTORIA DEL VERANO DE 2012, Josep Lluís Gómez Mompart y Francesc A. Martínez Gallego
1.Crónica de un despido colectivo.
2.De los resultados (¿inesperados?) de una sentencia.
3.El (segundo) informe de PricewaterhouseCooper.
4.Los criterios del contrainforme: la calidad periodística.
5.El informe de PwC: contra la calidad periodística en TVV.
6.El informe de PwC: contra la calidad periodística en Radio 9.
7.El aval del contrainforme.
PARTE III. LA GOBERNANZA DE LAS TELEVISIONES PÚBLICAS
ÉTICA Y GOBERNANZA EN LAS TELEVISIONES PÚBLICAS: LA APORTACIÓN DE LA ÉTICA EMPRESARIAL, Domingo García-Marzá
1.Introducción.
2.Ética y gobernanza: el valor de la sociedad civil.
3.Servicio público: la distribución de la responsabilidad.
4.Gobernanza y participación: la ética en el diseño institucional.
FINANCIACIÓN E INDICADORES DE GOBERNANZA DE LA RADIOTELEVISIÓN PÚBLICA EN EUROPA, Francisco Campos Freire
1.Introducción.
2.Sistemas de gobernanza y financiación de la radiotelevisión pública.
3.Evolución de la financiación y presupuestos de las RTV públicas estatales europeas, 2006-2013.
4.Financiación y presupuestos de las RTV públicas de España, 2007-2014.
5.Indicadores de gestión y gobernanza de las RTV públicas europeas.
6.Test de valor público.
7.Los informes de Responsabilidad Social Corporativa.
8.Los retos de reestructuración, viabilidad y sostenibilidad ante la Agenda Digital.
9.Conclusiones.
RESPONSABILIDAD COMUNICATIVA Y TELEVISIÓN PÚBLICA, José María Bernardo Paniagua y Nel·lo Pellisser Rossell
1.Introducción.
2.De la desregulación a la responsabilidad comunicativa.
3.RTVV, un ejemplo de irresponsabilidad comunicativa.
PROPUESTAS PARA LA GOBERNANZA DE UNA RADIOTELEVISIÓN PÚBLICA VALENCIANA, Josep Lluís Fitó y Javier Marzal Felici
1.Introducción.
2.Los órganos de control externos: la necesidad de un Consejo Superior Audiovisual Valenciano. La Comisión Parlamentaria de Control.
3.La función de las Cortes Valencianas. La Comisión de Control Parlamentario.
4.Los órganos de gobierno y de control internos.
5.El Consejo Asesor.
6.El defensor de la audiencia.
7.El Estatuto Profesional de la Redacción y el Comité de Redacción.
8.Un Comité de Empresa que defienda los intereses de los trabajadores.
9.La responsabilidad social corporativa: el compromiso con la independencia y la despolitización.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES
CURRÍCULUM VÍTAE DE LOS AUTORES Y AUTORAS
Introducción
La crisis de la televisión pública y el cierre de RTVV como síntoma
JAVIER MARZAL FELICI
JESSICA IZQUIERDO CASTILLO
ANDREU CASERO RIPOLLÉS
UNIVERSITAT JAUME I
1. Una crisis multidimensional
A nadie se le escapa que en los últimos años estamos asistiendo a cambios muy notables que están teniendo lugar, a escalas global y local, en los campos de la economía, de la (geo)política y de las tecnologías informacionales que, a su vez, están provocando una transformación ininterrumpida y acelerada del sistema comunicativo y, en particular, del medio televisivo.
En efecto, en poco más de treinta años, hemos pasado de tener en España una oferta televisiva en la que solo había una cadena de televisión estatal (RTVE, desde 1956) a un escenario en el que poco a poco fueron emergiendo las primeras radiotelevisiones autonómicas públicas (ETB y TV3, en 1982; TVG, en 1985), que fue incrementándose (Canal Sur, Telemadrid y RTVV, en 1989), y al que se sumó la oferta de las televisiones privadas (Antena 3, Telecinco y Canal +, en 1990). Desde entonces, el nacimiento de cadenas públicas y privadas de televisión ha sido constante. En las últimas dos décadas, han proliferado televisiones públicas en casi todas las comunidades autónomas (desde la TVAC Canaria, en 1999, hasta la TVP de Asturias, en 2006). Solo unas pocas comunidades autónomas no disponen de un servicio público de radiotelevisión: es el caso de Castilla y León, La Rioja, Navarra, Ceuta y Melilla, a las que, lamentablemente, desde el 29 de noviembre de 2013, debemos añadir la Comunidad Valenciana, tras el cese de las emisiones de RTVV. En la última década, hemos asistido a la aparición de nuevas cadenas de televisión privadas, de cobertura estatal (Cuatro y La Sexta, en 2005), además de varios centenares de canales locales que han ido surgiendo por toda la geografía española.
El apagón analógico, por la implantación de la TDT (2005-2010), ha dibujado un mapa de cadenas de TV muy amplio y complejo, que sufrirá nuevos cambios en 2015, por la reasignación de frecuencias a la que obliga la adaptación a la nueva red 4G para las telecomunicaciones, lo que se conoce como la reserva del llamado «dividendo digital». Todo ello, sumado al proceso de convergencia de la TV e internet, ha tenido como efecto inmediato la enorme fragmentación de la audiencia televisiva, que ha desencadenado una feroz lucha entre operadores públicos y privados.
Esta fuerte competencia ha sido acentuada por el empobrecimiento de la economía nacional e internacional. Estamos sumidos en una fuerte crisis financiera desde 2008 que ha influido notablemente en la reducción de ingresos por publicidad para las televisiones y, en el caso de las públicas, los presupuestos anuales han sufrido recortes dramáticos que han derivado, incluso, en la supresión de canales de la oferta de las cadenas autonómicas públicas, la aplicación de expedientes de regulación de empleo (ERE), etc.
No podemos ignorar que la situación actual de la televisión en España, a finales de 2014, configura un paisaje en el que las televisiones públicas tienen, en general, un espacio bastante inferior a las privadas. De facto, en España domina actualmente un duopolio televisivo, formado por Atresmedia y Mediaset, que cada vez se llevan más tarta publicitaria, como consecuencia de la renuncia voluntaria de RTVE, por mandato gubernamental, a la financiación por publicidad.
El proceso de fuerte contracción del peso de la televisión pública en el sistema televisivo está relacionado, asimismo, con la expansión del pensamiento neoliberal en las últimas décadas, de manera especial en Europa y en España. De manera general, se percibe entre la ciudadanía un desprestigio creciente del propio concepto de «servicio público» –en el ámbito televisivo, pero también en sectores como la educación, la sanidad, la justicia, etc.–. Los propios medios de comunicación privados –que tienen intereses muy claros en los ámbitos televisivo y radiofónico– han contribuido a desprestigiar la labor de las radios y televisiones públicas, cuestionando, con frecuencia, el sentido y la importancia de la misión de servicio público de estas instituciones.
En definitiva, se puede afirmar que la crisis económica ha coincidido con una crisis tecnológica –la convergencia digital–, dibujando así un panorama muy complejo para las televisiones públicas, todavía más difícil en el nuevo contexto normativo que, a su vez, expresa una crisis política y de valores que afecta a la propia concepción de lo público. Por todo ello, se puede afirmar que estamos sumidos en una «crisis multidimensional», en suma, en lo que se podría denominar «una tormenta perfecta».
2. Cambios normativos: hacia la privatización de los servicios públicos de RTV
Las modificaciones legislativas que han tenido lugar en los últimos años, especialmente en el periodo 2010-2013, han abonado el terreno para la privatización de los servicios públicos de radio y televisión, por ejemplo en lo que se refiere a la definición de la radio y televisión como servicio público. En efecto, tres décadas atrás, la Ley del Tercer Canal de Televisión (Ley 46/1983) autorizaba al Gobierno de la nación la toma de decisiones necesarias para la puesta en funcionamiento de un tercer canal de televisión de titularidad estatal, para ser otorgado, en régimen de concesión, en el ámbito territorial de cada comunidad autónoma, mediante el apoyo de los estatutos de autonomía y del propio Estatuto de la Radio y la Televisión Española.
Ante los intentos de algunas radiotelevisiones autonómicas, en especial RTVV y Telemadrid, bajo el control del Partido Popular, por privatizar parcialmente algunos de sus servicios, el anterior Gobierno socialista trató de blindar el carácter público de las televisiones autonómicas mediante la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, que en su artículo 40.1 definía las radiotelevisiones públicas como «servicio esencial de interés económico general que tiene como misión difundir contenidos que fomenten los principios y valores constitucionales, contribuir a la formación de una opinión pública plural, dar a conocer la diversidad cultural y lingüística de España, y difundir el conocimiento». No obstante, esta normativa también se puede considerar bastante conservadora en diferentes aspectos, como la liberalización y desregulación del sector de la televisión, «para garantizar la sostenibilidad financiera de las empresas que prestan el servicio de televisión», y el asentamiento de unas bases legales que iban a favorecer la concentración mediática (Zallo, 2010).
Poco tiempo después, con el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy (PP) en el poder, las Cortes Generales aprobaron la Ley 6/2012, de 1 de agosto, que modificaba la ley anterior, señalando en su preámbulo que
la situación económica y la necesidad por parte del conjunto de las Administraciones Públicas de acometer actuaciones que faciliten la consolidación presupuestaria y el saneamiento de las cuentas públicas, aconseja dotar a las Comunidades Autónomas de mayor flexibilidad en la prestación de su servicio de comunicación audiovisual […] pudiendo optar por la gestión directa o indirecta del mismo a través de distintas fórmulas que incluyan modalidades de colaboración público-privada.
Estos profundos cambios, que permiten privatizar la gestión de servicios de las radiotelevisiones autonómicas, de titularidad pública, se producían unos pocos meses después de la modificación del régimen de administración de la Corporación RTVE (Ley 17/2006, de 5 de junio), mediante el Real Decreto-ley 15/2012, de 20 de abril, que fracturaba el modelo de gestión independiente, desde un punto de vista político, de la radiotelevisión pública estatal, que tanto tiempo había tardado en llegar desde el final de la dictadura franquista.
De este modo, los cambios normativos introducidos en los últimos años constituyen, de facto, un cuestionamiento profundo del sentido mismo de lo que entendemos por «servicio público», en el ámbito de los medios de comunicación.
3. El valor de la radiotelevisión como servicio público
Así pues, la intensa actividad de los poderes ejecutivos a la hora de legislar sobre las radios y televisiones públicas parece sintomática de la enorme vitalidad que sigue teniendo en nuestro país el debate en torno al papel que han de tener los medios de comunicación públicos en nuestro sistema comunicativo, que enfrenta así a conservadores y progresistas, a neoliberales y socialdemócratas, a la derecha e izquierda políticas. No creemos exagerado afirmar que, en cierto sentido, nos hallamos ante la reedición del viejo debate, no por ello menos actual, en torno al equilibrio entre medios de comunicación públicos y privados que expresaba el conocido Informe MacBride, realizado para la UNESCO en 1980, sobre el papel de los medios de comunicación en el mundo contemporáneo.
En ese importante estudio se subrayaba la necesidad de corregir la desigualdad y los desequilibrios del mundo actual a través de la democratización de los medios de comunicación, constatando que la libertad de información y el desarrollo social de los países solo se podían garantizar mediante la existencia de una oferta mediática rica y plural. En definitiva, el Informe MacBride reclamaba la necesidad de una mayor intervención de los estados en el sistema comunicativo internacional. El documento suscitó numerosas críticas e incluso provocó el abandono de la UNESCO de países como Estados Unidos o Gran Bretaña, que lo interpretaron como «intervencionista». Más de treinta años después, se reconoce la importancia que tuvo el citado informe, que no se puede ignorar de ningún modo (Tresserras, 2005).
Emili Prado y Miquel de Moragas definen las radios y televisiones de «servicio público» como aquellas que ofrecen
garantías democráticas (especialmente defensa del pluralismo), estímulo a la participación ciudadana, función cultural, identitaria, social y de bienestar social, de equilibrio territorial, económico y desarrollo, motor de la industria audiovisual, innovación y experimentación creativas, función humanística y moralizadora, y función divulgadora y socializadora del conocimiento (Moragas y Prado, 2000: 379-380).
Sin duda alguna, el régimen de «austericidio colectivo» al que estamos sometidos por el actual Gobierno conservador en España, y por el pensamiento neo/ultraliberal, a nivel internacional (especialmente, en Europa), dificulta enormemente que el ciudadano medio pueda ser consciente de que los medios de comunicación públicos cumplen una importante función económica, social y cultural, que repercute, de forma más o menos tangible, en nuestras vidas.
4. El cierre de RTVV como telón de fondo: los retos de la gobernanza
Es evidente que el cierre de RTVV, o al menos el final de las emisiones de RTVV –ya que el cierre es un largo proceso que todavía no ha concluido, a fecha de febrero de 2015, en un sentido estricto–, ha tenido una fuerte repercusión en una parte importante de la sociedad valenciana, en especial en la comunidad académica universitaria.
En los últimos meses ha sido continua la convocatoria y celebración de encuentros, mesas redondas, conferencias, la publicación de artículos de opinión, de cartas al director, etc., en especial en la Comunidad Valenciana, así como un aumento notable de actividad en las redes sociales, todo ello a propósito de esta lamentable noticia de actualidad. En el campo de la política valenciana, hemos asistido a meses de duros enfrentamientos. Por desgracia, los partidos políticos de la oposición no pudieron impedir la aprobación en el Parlamento valenciano de la ley para el cierre y liquidación del servicio público de RTVV, con la mayoría absoluta del Partido Popular, el 27 de noviembre de 2013, un día triste para la historia de la Comunidad Valenciana, única autonomía con lengua propia que se ha visto privada de un servicio público de radiotelevisión. Habían pasado 29 años desde la aprobación de la Ley 7/1984 de Creación del ente RTVV, de 4 de julio, que fue apoyada unánimemente por todos los diputados de la cámara valenciana, y 24 años de emisiones ininterrumpidas. El debate previo a la votación de la «Ley 4/202013, de 27 de noviembre, de la Generalitat, de Supresión de la Prestación de los Servicios de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, de Titularidad de la Generalitat, así como de Disolución y Liquidación de Radiotelevisión Valenciana, SAU» permitió entender, con toda claridad, que la decisión tomada era de naturaleza política y no económica. En efecto, el principal argumento del cierre era la imposibilidad de asumir el coste de la readmisión de trabajadores, afectados por un expediente de regulación de empleo, aplicado durante 2012 y 2013, declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
El cierre y liquidación de esta radiotelevisión pública salía adelante con una votación bastante ajustada: 49 votos del Partido Popular, frente a 42 votos del resto de formaciones políticas. Fue un debate en el que el Gobierno valenciano, sin ningún informe serio que lo avalase, demostró su incapacidad para convencer racionalmente al resto de fuerzas políticas de la necesidad del cierre, que justificó alegando que la Generalitat Valenciana no podía asumir el coste financiero de la readmisión de más de un millar de trabajadores, a lo que obligaba el cumplimiento de la sentencia del alto tribunal. Un escenario que, según el ejecutivo, ponía en riesgo la continuidad de servicios más importantes como la sanidad y la educación.
Hoy, un año después, ese coste de la readmisión de trabajadores, que suponía poco más de 80 millones de euros, parece una cifra irrisoria si lo comparamos con los más de 250 millones de euros que la Generalitat Valenciana lleva gastados en el proceso de liquidación del servicio público de radiotelevisión, como ha sido reconocido por el propio Gobierno valenciano. Un gasto sin precedentes que priva a los ciudadanos de la comunidad de un servicio público de gran relevancia.
Sin lugar a dudas, la liquidación de RTVV se produjo en el contexto de una profunda desafección de la ciudadanía hacia su radiotelevisión pública, cuando las encuestas revelaban que una gran mayoría de valencianos/as no se sentían identificados/as con este proyecto comunicativo. Incluso muchos estudiantes de Ciencias de la Comunicación de las universidades valencianas contemplaron el cierre, al menos en un primer momento, con cierta indiferencia. Esto da cuenta del grado de adoctrinamiento del que todos somos víctimas, cuando antes nos hemos referido a «la expansión del pensamiento neo/ultraliberal», que ha dejado una profunda huella en el imaginario colectivo, asediado mediáticamente desde hace décadas. El paso del tiempo y el silencio de la señal de barras de TVV nos está ayudando a entender, incluso entre los ciudadanos más críticos con la desaparecida RTVV, que ese servicio público era y es imprescindible para la cohesión social y vertebración del territorio, para construir, en definitiva, la identidad de un pueblo, como el valenciano, que tiene una lengua y cultura propias, con una larga tradición histórica.
A nuestro juicio, la situación actual nos exige tomar conciencia de que la salud de nuestra democracia necesita unos medios de comunicación públicos y privados independientes del poder político. En cierto modo, el cierre de RTVV es, en sí mismo, un síntoma de la grave enfermedad crónica que sufre nuestro sistema político y nuestra sociedad, y que, para muchos, nos devuelve a la casilla de salida del día después del fin de la dictadura franquista.
En este sentido, la crisis de RTVV, y del modelo público de las radiotelevisiones de proximidad en España, nos permite tomar conciencia de la necesidad de crear órganos de regulación y control (internos y externos) para evitar la mala gestión política y económica de las radiotelevisiones públicas. Del mismo modo que la crisis económica nos ha permitido tomar conciencia de que es necesario que existan órganos de control eficaces de la actividad financiera, a nuestro entender, el caso de RTVV, junto a otros como TeleMadrid, RTVE, Canal Sur, TVG, TV3, etc., convertidos en instrumentos de los poderes políticos de turno, deben llevarnos a plantear la necesidad de crear órganos de control como el Consejo del Audiovisual Estatal y los consejos audiovisuales en los diferentes territorios autonómicos, órganos que existen en todos los países desarrollados del mundo, cuya misión debe ser velar por la calidad de los contenidos que emiten los operadores públicos y privados, y por el cumplimiento del marco legal existente. Este tipo de órganos, desprestigiados en nuestro país por ciertos grupos de interés –los medios de comunicación privados, que no desean someterse a control alguno–, tiene como finalidad velar por el respeto de los derechos de la ciudadanía, dado que el espacio radioeléctrico es un bien público de gran importancia estratégica. En cierto modo, la existencia de una RTV de calidad y de instrumentos de control como los consejos audiovisuales son herramientas imprescindibles para hacer posible una ciudadanía más crítica, más madura, que contribuiría a hacer más competitivo y desarrollado nuestro país. La existencia de medios de comunicación públicos de calidad es tan importante como la existencia de un sistema educativo público, sólido y firme, de un sistema sanitario público de calidad o de un sistema judicial independiente.
En definitiva, el cierre de RTVV constituye la principal motivación para la preparación de la presente obra colectiva, LA CRISIS DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA. EL CASO DE RTVV Y LOS RETOS DE UNA NUEVA GOBERNANZA, en la que participan muchos de los principales especialistas de nuestro país.
5. Estructura de la obra colectiva
Este libro recoge, en tres bloques generales, una extensa y detallada panorámica sobre la televisión pública en el escenario actual, afectado por una profunda crisis en el contexto presente, en varios niveles, desde el económico al de su propia legitimidad como servicio público en el escenario digital.
El primer bloque recoge la evolución y el futuro del servicio público de la televisión, con un total de cuatro capítulos. En el primero, Enrique Bustamante presenta un manual de las malas prácticas comunicativas desarrolladas en el contexto español, donde, según el autor, no es factible aplicar una gobernanza reconocida internacionalmente para el buen funcionamiento del servicio público, debido a la propia naturaleza de la televisión pública en España. En este sentido, el autor apela a la sociedad civil española y a la actuación de la Unión Europea como únicas entidades posibilitadas para reconducir las disonancias entre la televisión y su función pública en la era digital. El segundo capítulo reclama la indispensabilidad de la televisión pública en el escenario convergente. Emili Prado expone aquí la confluencia de dos revoluciones en curso, la de las redes y la digitalización, que están modificando el panorama mediático, desde la propia noción de medios. En el tercer capítulo, Juan Carlos Miguel de Bustos y Miguel Ángel Casado del Río abordan el caso español de las televisiones autonómicas y ofrecen un estudio de su actual situación a través del análisis de las principales causas que han llevado a estas radiotelevisiones a su actual situación, marcada por la complejidad y el peligro al que se enfrentan, con su posible privatización o, como en el caso de la televisión valenciana, su desaparición. El cuarto capítulo cierra el bloque con el estudio que Jessica Izquierdo realiza de las estrategias que las televisiones públicas desarrollan en su adaptación al escenario convergente, con la presentación y el análisis de las herramientas y funciones principales que estos operadores aplican para la consecución del servicio público en la era digital.
El segundo bloque aborda el estudio de la crisis de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) con tres capítulos dedicados a profundizar en las causas y consecuencias de su cierre. Así, el capítulo quinto está firmado por Ramón Zallo, que expone las razones e implicaciones que tiene el cese de las emisiones de RTVV, y lo hace en clave de reconstitución, con la intención de aportar claves positivas que sugieren algunas condiciones para el resurgimiento de la televisión autonómica de la Comunidad Valenciana. A continuación, María Soler Campillo y Javier Marzal Felici ponen de manifiesto la relevancia estratégica que la RTVV tiene para el sistema comunicativo valenciano. De esta forma, los autores reflexionan sobre la necesidad de las televisiones de proximidad públicas, no solo como elemento dinamizador del sector comunicativo próximo, sino también para el desarrollo económico, social y cultural de su territorio. En el capítulo siguiente, Josep Lluís Gómez Mompart y Francesc Martínez Gallego presentan con detalle los resultados del contrainforme que estos autores elaboraron a petición del Comité de Empresa de RTVV, que impugna con criterios periodísticos y organizacionales las tesis del informe que la corporación solicitó a la consultora PricewaterhouseCoopers, con el fin de analizar las necesidades estructurales de la empresa y plantear una reducción drástica de la plantilla.
El tercer bloque aglutina cuatro trabajos que versan sobre la gobernanza de las televisiones públicas. Domingo García-Marzá abre este bloque con una exposición sobre la ética empresarial en la gestión pública y argumenta que, en las condiciones de nuestro sistema democrático, la única forma de defender una televisión de titularidad pública, de servicio público, es diseñar una gobernanza que no recaiga solo, ni principalmente, en los partidos políticos, sino que se sume como responsable principal a la sociedad civil. En el contexto europeo también se enmarca el trabajo de Francisco Campos Freire, que presenta la crisis de financiación de las radiotelevisiones públicas europeas y las consecuencias sociales y económicas, directas internas, en sus respectivas organizaciones, e indirectas externas, sobre el conjunto del sector audiovisual, la diversidad comunicativa y el espacio del pluralismo informativo, destacando la necesidad de implementar nuevos indicadores de gestión, sistemas de rendición de cuentas, introducción de la responsabilidad social corporativa y aplicación de los test de valor público para incrementar o recuperar la confianza y credibilidad de las radiotelevisiones públicas ante la sociedad. En el ámbito de la responsabilidad comunicativa, José María Bernardo y Nel·lo Pellisser presentan un estudio de las cuestiones relacionadas con la televisión pública como derivación de la propia delimitación de la responsabilidad comunicativa, y de las implicaciones y exigencias con respecto a los agentes y productos audiovisuales. Este enfoque lo aplican como una aproximación crítica a la RTVV, con la finalidad de verificar el conjunto de irresponsabilidades que confluyen en el funcionamiento del ente a lo largo de su trayectoria. Por último, Josep Lluís Fitó y Javier Marzal Felici presentan sus propuestas para la gobernanza de una radiotelevisión pública valenciana que garantice un buen servicio público, de calidad, para lo que presentan como imprescindible la existencia de órganos de control externos e internos de la institución, como, entre otros y en especial, el caso de un Consejo Audiovisual Valenciano.
6. Agradecimientos y créditos
Como es lógico, una obra de estas características no sería posible sin la generosidad y el talento de los autores que participan en ella. Por ello el libro está dedicado principalmente a los autores y las autoras de los diferentes capítulos que lo conforman.
Por otra parte, debemos hacer referencia a las instituciones y entidades que han hecho posible esta obra. Por un lado, el libro se incluye dentro de los proyectos de investigación «La producción periodística de la información política: fuentes, agendas y enfoques» (P1-1B2010-53) y «Periodismo y fuentes de información política: relaciones y dinámicas comunicativas» (CSO2010-16313), dirigidos como Investigador principal por el Dr. Andreu Casero Ripollés, y los proyectos de investigación «Análisis de los flujos de transferencia de conocimiento entre los sistemas educativos superiores y la industria del videojuego» (11I301.01/1), «La crisis de lo real: la representación documental e informativa en el entorno de la crisis financiera global» (P1·1A2014-05) y «El sistema de investigación en España sobre prácticas sociales de comunicación. Mapa de proyectos, grupos, líneas, objetos de estudio y métodos» (CSO2012-36456), dirigidos como Investigador principal por el Dr. Javier Marzal Felici, financiados respectivamente por la Universitat Jaume I de Castellón (Plan de Promoción de la Investigación, 2011-13 / 2012-14 / 2015-2017) y el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España (Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 / 2014-2016), respectivamente. También queremos agradecer al consejo de dirección de la colección Aldea Global su confianza y apuesta por la publicación de esta obra colectiva, tras una evaluación rigurosa, como corresponde a esta prestigiosa colección que editan la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Jaume I y la Universitat de València.
Algunos textos de este libro fueron originalmente preparados para el XII Congreso de Comunicación Local, ComLoc, celebrado en el Paraninfo de la Universitat Jaume I los días 16 y 17 de diciembre de 2013, organizado en tiempo récord como respuesta al anuncio del cierre de RTVV; otros estudios han sido preparados con ocasión del curso de verano «¿Quién manda en televisión? Modelos de gobernanza en los medios de comunicación públicos», celebrado en la Llotja del Cànem de la UJI, los días 7, 8 y 9 de julio de 2014. En ambos casos, debemos expresar nuestro reconocimiento al equipo de gobierno de la Universitat Jaume I, que ha apoyado estas iniciativas, y otras en la misma línea, con gran entusiasmo.
Por otro lado, la realización de este libro está directamente relacionada con la intensa actividad que venimos desarrollando, desde el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universitat Jaume I de Castelló, en el debate público y político sobre la necesidad de restituir el servicio de radiotelevisión pública en la Comunidad Valenciana. En efecto, esta reivindicación está siendo canalizada a través de diferentes iniciativas con las que se siente muy comprometida la Universitat Jaume I de Castelló, así como el resto de universidades públicas y decenas de instituciones y entidades de la Comunidad Valenciana. En primer lugar, la Comisión Interuniversitaria en favor de una Radiotelevisión Pública Valenciana (CIRTPV), constituida el 3 de marzo de 2014, está formada por un representante de cada una de las cinco universidades públicas de la Comunidad Valenciana –de la que es miembro uno de los editores de este libro, Javier Marzal Felici, por la UJI–, y tiene como principal objetivo generar un espacio de reflexión, análisis y ordenación de la diversidad de iniciativas para integrar recursos, sinergias y propuestas, con el fin de garantizar un servicio básico de comunicación audiovisual en valenciano y propiciar las bases de la futura RTV pública valenciana. En segundo lugar, cabe destacar la constitución de la Mesa Sectorial del Audiovisual Valenciano (MESAV), creada también el 3 de marzo de 2014, que se define como una plataforma que agrupa a la mayoría de asociaciones profesionales, entidades e instituciones del campo de la comunicación de la Comunidad Valenciana (asociaciones de trabajadores, actores, dobladores, productores, directores, periodistas, centros universitarios, centros de formación profesional, etc.), que persigue el restablecimiento del servicio público de radiotelevisión de la Comunidad Valenciana y la reactivación del sector empresarial y profesional del audiovisual. Queremos hacer explícito nuestro agradecimiento al rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent Jordà, y al vicerrector de Cultura de esta, Wenceslao Rambla, por su confianza y apoyo en la consecución de este proyecto editorial.
En estos momentos creemos que es fundamental mirar hacia adelante. Consideramos que la cultura y la lengua propias de la Comunidad Valenciana deben tener un altavoz tan necesario como una radiotelevisión pública, al servicio del bien común, gestionada profesionalmente. Entendemos que, para apuntar certeramente hacia un futuro mejor, es necesario aprender de los muchos errores cometidos, y ello exige seguir investigando en la historia y en el conocimiento del sistema comunicativo y televisivo español y valenciano. Confiamos en que esta obra colectiva contribuya a hacer posible este objetivo.
Parte IEvolución y futuro del servicio público de la televisión
El servicio público en España: manual de las malas prácticas
ENRIQUE BUSTAMANTE RAMÍREZ
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
1. Introducción
El antetítulo del XII Congreso de Comunicación Local, ComLoc, de noviembre de 2013, en donde se presentó este texto como ponencia refiriéndose a los «nuevos escenarios» abiertos a partir del cierre abrupto de Radiotelevisión Valenciana, no resulta exagerado. Primero, porque el intento frustrado de externalización cuasi total de RTVV inaugura un nuevo «modelo de servicio público», insólito en el marco europeo, aberrante en sus modalidades de financiación subvencionada a empresas privadas de sus misiones básicas que, aunque ya existía anteriormente en germen, se acuña ahora con total desnudez. Segundo, y fundamentalmente, porque el cierre de Canal Nou ilustra ya sin ambages las consecuencias finales de una radiotelevisión pública sometida a la manipulación partidista sistemática y, por ello mismo, aquejada de una gestión irracional y corrupta del servicio público.
Las reacciones ante ese drástico final son también significativas de la dominación de los intereses y lobbies privados en nuestro país, como asimismo del extremo cinismo de su discurso, apadrinado por políticos y periodistas variopintos. Así, mientras los medios más reaccionarios de la derecha y del pensamiento neocón radical aplaudían la confirmación de la eliminación del Estado de la comunicación social, medios y comentaristas progresistas alegaban el silencio de los periodistas de esas cadenas clausuradas ante la manipulación sistemática de años como pecado que el cierre venía a castigar justamente. Poco importaba que asociaciones, sindicatos y periodistas, tanto en RTVV como en Telemadrid, ostentaran una década de protestas y acciones contra esa manumisión al poder político.
Por si quedaran restos de inocencia tras nuestra agitada historia radiotelevisiva de casi sesenta años, la clausura de RTVV, tras su intento frustrado de adopción del «modelo Murcia», la ha descartado absolutamente. Después de muchas décadas de tradición y experiencia del servicio público en los grandes países europeos occidentales de nuestro entorno, tras más de veinte años de doctrina europea en esa materia, ningún político ni partido ni gobierno, por localista e inculto que sea, puede ignorar sus obligaciones y responsabilidades en el campo de la comunicación social y de la cultura.
Resultaría superfluo y reiterativo recordar, en efecto, que el servicio público de radiotelevisión es un mandato imperativo de nuestro modelo social europeo, por mucho que cada Estado tenga la capacidad de adecuarlo a las situaciones nacionales; o volver a las menciones y citas del protocolo de Ámsterdam, incorporado al Tratado de Lisboa con valor constitucional, que concuerda con el tratado de derechos fundamentales de la Unión de 2007; o intentar no olvidar que incluso en funciones de vigilancia la Comisión de Bruselas ha confirmado la legitimidad del servicio público en sus comunicaciones sobre financiación pública de 2001 y 2009. Resultaría también repetitiva en este artículo la mención que tantas veces hemos hecho a nuestra Constitución, a las obligaciones españolas contraídas con el Convenio de la Diversidad de la UNESCO de 2005 –firmado por el Parlamento en 2007–, o en el seno del Consejo de Europa, muy activo desde hace años en este campo.
Estas menciones sirven, no obstante, para refrendar que la doble doctrina europea a la que estamos absolutamente obligados, de la Unión y del Consejo, no se apoya solamente en principios éticos y sociales, tan violentados tradicionalmente en los países mediterráneos según el tantas veces citado modelo de comunicación «corporativo» que señalaron Hallin y Mancini hace cuarenta años, o aquel que fue caracterizado a finales de los años noventa como el de «la política por encima del sistema radiotelevisivo», marcando todas sus decisiones (Brants y Siune, 1998: 129); sino en estructuras y buenas prácticas de gobernanza, acuñadas durante décadas en Europa, refrendadas repetidamente por los documentos y reglamentos europeos, sintetizadas por muchos autores en tiempos recientes, únicos mimbres que posibilitan la construcción y sostenibilidad del servicio público para el futuro con sus misiones y funciones inesquivables.
Por eso, en el informe que redactamos para el Consejo de la Reforma de los Medios Públicos del Estado, hacíamos hincapié en las estructuras de gobernanza y financiación, como condiciones sine qua non para afianzar un auténtico servicio público, superando la vía principista y voluntarista; aunque también señalábamos que esas estructuras no garantizaban por sí solas el éxito, en ausencia de una toma de conciencia de los agentes políticos y, sobre todo, de la sociedad civil, y concluíamos que la falta de estructuras adecuadas condenaba al servicio público a la crisis permanente, a su degradación y, finalmente, a su marginación o extinción, tal y como afirmábamos en el Informe para la reforma de los medios de titularidad del Estado (La Moncloa, 2005).
En paralelo y a escala internacional, un informe de la UNESCO de ese mismo año reconocía igualmente que «podría ser simplista asumir que una réplica completa de estos sistemas y prácticas en diferentes ambientes, producirán los mismos benéficos resultados». Porque «como en otras esferas de actividad, el éxito o fracaso del servicio público de radiodifusión es dependiente de un número de factores, incluidos: historia local, geografía, cultura, ethos político, y condiciones sociales y económicas» (UNESCO, 2005: 52).
Recordar esos elementos básicos de buena gobernanza, de forma sintética pero contrastada con los hechos recientes, se convierte así en un ejercicio vital del análisis de la situación española. Más aun en el contexto de un sistema mediático y televisivo que ha evolucionado considerablemente en la última década, no solo o no tanto por el impulso de los cambios tecnológicos o por la crisis económica como consecuencia de decisiones políticas y regulatorias que, con frecuencia, se arroparon en esos factores para mejor moldear el espacio público español.
Porque en materia de pluralismo de ideas y expresiones, o de diversidad cultural que las engloba, el sistema de comunicación del que se dota a una esfera pública en democracia resulta inevitablemente integral, articulado entre medios y soportes diferentes, conformado por actores interrelacionados públicos y privados, cincelado a golpe de leyes y decretos –reflejo de la correlación de fuerzas en una sociedad–, recorrido por equilibrios y desequilibrios de poder. En definitiva, la legitimidad y las misiones del servicio público en cada país y momento histórico no pueden abstraerse de la situación de ese sistema, lo que implica necesariamente una mirada sobre las características dominantes de la comunicación social en la España de los últimos años, especialmente por sus procesos de concentración de mercado y de poder.
2. Contexto del sistema mediático español: concentración y centralismo
La penetración de la prensa escrita en número de lectores totales ha descendido abruptamente en los últimos años, como consecuencia de su doble crisis, publicitaria y de audiencias, económica y digital (–6% en una década). Estas cifras se aceleran incluso si consideramos la difusión de ejemplares (–17,64% entre 2001 y 2011, –6% en 2011 y un 4,4% más baja en el primer semestre de 2012) y su descenso en la captación de recursos publicitarios (–8,12% en 2012) (OJD –Oficina de Justificación de la Difusión–, AEDE –Asociación de Editores de Diarios Españoles–, Libro Blanco de la Prensa diaria, 2013).
Pero la crisis está castigando más duramente a la prensa regional y local, cerrando masivamente cabeceras y fomentando más aún la concentración en la prensa y su centralización en los grupos de alcance estatal: de los 10 diarios que en 2010 superaban los 100.000 ejemplares de difusión ya solo quedaban 5 en 2013 –de 87 controlados por la OJD–, y solo dos de ellos eran «regionales» –La Vanguardia y El Periódico–, aunque pertenecientes a grupos de implantación nacional; se podrían añadir otros cinco de más de 50.000 ejemplares/día, pero ahí está asimismo un diario nacional –La Razón–, dos pertenecientes a Vocento –El Correo y El Diario Vasco– y apenas quedan dos de otros grupos específicamente locales –La Nueva España y La Voz de Galicia–. Si agrupáramos estos diarios por grupos empresariales, siete de ellos concentran una cuarentena de cabeceras, más del 65% de la difusión diaria de la prensa de información general, y prácticamente toda la prensa económica y deportiva, y los que podrían tener un origen regional –como Prensa Ibérica o Vocento– hace tiempo que se convirtieron en cadenas de ámbito estatal.
La radio, segundo medio masivo en orden a su penetración en los hogares españoles –el 61,8%–, muestra un panorama más concentrado aún y muy centralizado en los mercados publicitarios y en la audiencia de programaciones generalistas: en 2012, tres cadenas de ámbito estatal –SER, COPE y Onda Cero– controlaban un 92,8% de los ingresos publicitarios –323,7 millones de euros–, más aún con Punto Radio, mientras que cientos de emisoras, autonómicas o locales, se disputaban un resto del 5,1% (CMT, 2012); en términos de audiencias, las cuatro cadenas nacionales –SER, Onda Cero, COPE y RNE– sumaban en 2013 casi 10 millones de oyentes de 11,3 en total acumulados por el soporte. Una inclinación que se agrava aún más en la audiencia de programas temáticos: 12,3 millones de oyentes para cuatro grupos –incluyendo a RNE– de un total de 14,6 (Estudio General de Medios –EGM–, 2013).
En la televisión, el duopolio de licencias que se mantuvo durante quince años en España (1990-2005) se ha visto reforzado, gracias al llamado «decreto proconcentración», que permitió las fusiones entre concesionarios al elevar el listón permitido hasta un 27% del share medio, tres cadenas de ámbito estatal y ocho programas (Ley 7/2009, BOE de 4/7/2009). La destrucción temprana de los fugaces logros de pluralismo en dos cadenas más –presentadas como los «canales pares» progresistas–, sin el menor reconocimiento autocrítico de su fracaso por parte del Gobierno socialista, y la consolidación agigantada del duopolio anterior se reforzaron además con la drástica rebaja de exigencias de interés general a los concesionarios privados que supuso la Ley General del Audiovisual (LGA) de 2010: alargamiento y prórroga automática de las concesiones, desregulación especialmente de la publicidad comercial hasta límites insólitos en la regulación europea, con el pretexto de aplicar la última Directiva de Servicios Audiovisuales –especialmente en la publicidad indirecta y en el tiempo de las «telepromociones»–, disminución de obligaciones respecto al cine y la producción audiovisual –incluyendo la ficción serial en las inversiones exigidas antes para obras unitarias–, etc.
Como era de prever, tras este desarme regulatorio se abrió paso a la absorción por las dos grandes cadenas clásicas de los nuevos canales, rápidamente realizada entre Telecinco y Cuatro y pronto negociada y consumada entre Antena 3 y la Sexta (en 2012), con el apoyo del Gobierno de Rajoy para eliminar la mayor parte de las salvaguardas impuestas por la Comisión de la Competencia. Así, y tras un efímero periodo de seis años de mayor concurrencia, Mediaset y Atresmedia (Antena 3) sumaban un 53,9% de la audiencia en 2012, pero concentraban un 82% de los ingresos publicitarios –casi un 90% estimado en 2013–. Es decir, en términos de concurrencia en este sector tan proclive a acumular la inversión en los ganadores de cuotas masivas, los restantes competidores resultaban completamente marginales a la competencia en el mercado. Como atestiguan los numerosos cierres de canales por quiebra económica sucedidos entre 2012 y 2013: Veo, Net, Marca TV, Intereconomía, etc.
De esta forma, el panorama de las cadenas privadas en el tiempo transcurrido de mandato del Partido Popular está marcado por la consolidación del duopolio casi perfecto. Habiendo absorbido buena parte del mercado publicitario que antes correspondía a TVE, los dos grandes grupos televisivos privados conseguirán en buena medida, pese a la crisis creciente del mercado publicitario, mantener unos beneficios notables: 313 millones de euros en 2010 y 217 millones en 2011. Además, desde 2010 se suceden prácticas sistemáticas de violación de los tiempos comerciales permitidos, de los límites y exigencias para la publicidad no convencional e incluso de la separación entre programas y spots, sustituida casi siempre por rápidas ráfagas imprevisibles de autopromoción que dan paso inmediatamente a la publicidad. Sin que ninguna autoridad responsable tomara medidas de ningún tipo.
Queda fuera de nuestro análisis la televisión de pago –aunque superó en 2012 por vez primera los recursos de las cadenas en abierto– porque en esencia se trata de un medio censitario y no universal (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones –CMT–, 2012), pero respecto al que cabe señalar la situación de práctico monopolio por soporte tecnológico –Digital + en el satélite, ONO en el cable, Imagenio en el ADSL, etc.
No se puede dejar de citar, finalmente, el embrollo jurídico generado por los gobiernos socialistas en la transición a la TDT, presentada oficialmente como modélica pero duramente cuestionada por el Tribunal Supremo en noviembre de 2012, con una sentencia que anula la concesión por el Consejo de Ministros de nueve licencias de canales privados que se adjudicaron sin concurso previo ni condiciones objetivas, como obligaba la propia Ley General Audiovisual promulgada pocos meses antes. La guerra mediática desencadenada en mayo de 2014, con mensajes en las propias cadenas amenazadas de extinción, tras la decisión de cierre del Ministerio de Industria, viene a subrayar las características clientelares y pintorescas de nuestro sistema privado.
Si añadimos la necesidad planteada a corto plazo de una nueva migración de frecuencias para maximizar el dividendo digital y ganar espacio para la telefonía móvil, que penalizará especialmente a los canales públicos –de TVE y de las televisiones autonómicas– y ocasionará presumiblemente nuevos gastos a los hogares, hay que concluir que el apagón analógico de 2010 fue una gran chapuza tecnológica y política, además de un fraude en términos de diversidad cultural e informativa.
Pero el recuento del poder en cada sector monomedia resultaría incompleto si no tuviéramos en cuenta los lazos cruzados o transversales que se establecen entre ellos. De forma que, como demuestran dos libros recientes de Serrano (2010) y Reig (2011), el universo mediático se ha ido agrupando en una muy limitada gama de grandes grupos multimedia que dominan todos los terrenos de la comunicación y la cultura en España, en alianza frecuente con los grupos multinacionales: los 9 grupos analizados por el primer texto citado, o los 10 que disecciona el segundo se resumen en 5 de primera fila, que acumulan la inmensa mayoría de las audiencias y los beneficios y componen una cúspide de poder prácticamente total en el ámbito central y regional, con intensas vinculaciones entre ellos y el poder económico y financiero. Y la carrera de fusiones y absorciones no ha terminado, como muestran los últimos acontecimientos televisivos.
Como escribíamos en el prólogo del libro Traficantes de información (Serrano, 2010), la vía del crecimiento a toda costa, de la talla máxima posible, mediante la búsqueda ansiosa de capitales externos –bolsa, obligaciones, fondos de capital riesgo, etc.– homogeneíza las estrategias y los comportamientos de los grandes medios de comunicación, multiplicando sus intereses. Ambos procesos, que hemos caracterizado como procesos de financiarización –endeudamiento masivo, apelación a los mercados de capitales, necesidad imperiosa de altas tasas de beneficio–, suponen que –más allá de cualquier visión conspirativa, aunque sin excluirla en ocasiones– los grandes grupos se parecen cada vez más en sus estrategias y en su visión ideológica del mundo, por fuerza de su integración en el gran capital. En la etapa última, todavía inacabada pero cada vez más visible, está la internacionalización financiera consumada, por medio de grandes grupos mediáticos internacionales pero también y cada vez más de fondos de inversión y sociedades de capital riesgo, sin patria ni credo, que completan la red tupida de alianzas y complicidades que ejercen hoy una amplia hegemonía sobre la comunicación social masiva nacional e internacional.
En cuanto a la radio y televisión local, sometida por todos los gobiernos desde hace treinta años a un notable boicot de su despliegue como servicio público, municipal o comunitario, el Gobierno del PP no ha tenido que tomar medida alguna para certificar su marginación absoluta, limitándose a la inacción total. Consagrada su irrelevancia frente a un modelo hegemónico impuesto de cadenas comerciales, castigada en la Ley General Audiovisual en su modelo «sin ánimo de lucro» –art. 32– y por la prolongada ausencia de desarrollo reglamentario, penalizada duramente en el reparto de frecuencias, la auténtica TV local ha desaparecido prácticamente del mapa. En su lugar se edificó un edificio ilusorio de más de 1.200 emisoras locales comerciales de TV local en TDT –266 demarcaciones– y un novedoso modelo de emisoras regionales privadas en algunos territorios, que se constituyó en una extensión masiva desde 2008 de las prácticas clientelares partidistas de los gobiernos autonómicos hasta hacer fracasar absolutamente ese modelo de negocio hasta ahora –1,5 millones de euros de inversión publicitaria total en 2012 para la televisión local, según Infoadex, 2013– (Bustamante, 2010).
Dada esa situación de evidente quiebra absoluta de la televisión local y regional privada, resulta sorprendente que ni el Gobierno Zapatero ni el posterior de Rajoy hayan adoptado medida alguna sobre esos cientos de frecuencias congeladas e inútiles, ni sobre los múltiples abusos legales a que esa situación ha dado lugar. Y que ninguno de los responsables de ambos ejecutivos imaginara siquiera la posibilidad de volver a sacar a concurso esas emisoras para proyectos sin afán de lucro.
En todo caso, el panorama mediático privado, ya claramente hegemónico en nuestro país, puede sintetizarse sin lugar a dudas como uno de los más concentrados y antidemocráticos de toda Europa, a pocos pasos del italiano y de alguno de los países del antiguo «socialismo real». Y como uno de los más centralistas, a contrapié de la estructura constitucional del Estado autonómico y de la diversidad lingüística y cultural de nuestras regiones y nacionalidades.
Ambas desgraciadas características de nuestra esfera pública, que los cantos míticos a internet no logran en absoluto difuminar, constituyen inevitablemente el marco en el que hay que situar el papel del servicio público central y local, la trascendencia de sus misiones axiales y la necesidad de estructuras que intenten garantizarlas.
3. Buenas prácticas del servicio público
Las buenas prácticas de gobierno del servicio público, testadas y verificadas durante años, especialmente en la británica BBC y en las alemanas ARD y ZDF, han sido recopiladas y sistematizadas por informes del Consejo de Europa que guardan toda su vigencia –ver especialmente Nissen (2006) y Bron (2010)–. Justo antes de esas recopilaciones, el Informe para la reforma de los medios de comunicación de titularidad del Estado de 2005 en España –en adelante, IRME, 2005–, plasmaba en recomendaciones concretas y adaptadas a nuestra historia y situación las buenas prácticas europeas. Ese mismo año, una comisión de investigación de la UNESCO sintetizaba en un manual de «buenas prácticas» las experiencias mundiales de servicio público (UNESCO, 2005).
Seguiremos sus líneas fundamentales para contrastarlas con la situación y las decisiones políticas adoptadas en España en los ámbitos estatal y autonómico.
3.1 Definición integral del servicio público, atribución legal
Todos los textos citados insisten en ambos elementos primigenios para la buena marcha de un servicio público, como por otra parte exige reiteradamente la doctrina europea.
El Estatuto de 1980 no cumplía ninguna de estas obligaciones europeas. La reforma de su definición en 2001, por medio de una «ley escoba» del presupuesto del Estado, resultaba altamente ambigua respecto a la definición y no atribuía legalmente su gestión –art. 5–. Solo la ley de reforma de RTVE de 2006 cumplió ambas condiciones –BOE de 6/6/2006, art. 3–.
En cuanto a las radiotelevisiones autonómicas, solo algunas pocas cumplieron estas condiciones realizando sus propias reformas legales en los años posteriores: la Corporación Catalana de RTV –BOPC 136, 8/10/2007–, la RTVA de Andalucía –BOPA, 780, 14/12/2007– y la RTPA de Asturias. Y ello a pesar de que la Ley General Audiovisual –en adelante, LGA– de 2010 extendía esas exigencias a las comunidades autónomas. Porque sin definición legal resultaba imposible cumplir las reglas de proporcionalidad del dinero público (véase más adelante). Y la atribución legal a una sociedad concreta no se cumplía en la mayor parte de la legislación regional anterior.
3.2 Gestión autónoma-independencia editorial
Que eviten la «ocupación» de los medios públicos por los Gobiernos, que garanticen la autonomía de los servicios (Nissen, 2006). Director general y Consejo, nombrados por el Parlamento por mayorías cualificadas reforzadas (Nissen, 2006), con profesionales de experiencia en el campo audiovisual.
Plena autonomía gerencial y editorial respecto del poder ejecutivo –p. 131–; auténtico Consejo de Administración con dedicación exclusiva y plenos poderes de control; elegido por el parlamento por mayoría reforzada de dos tercios para obligar al consenso político, de entre personas con acreditada experiencia de cinco años en la comunicación social (IRME, 2005: 131-135).
Ley General del Audiovisual, 2010: dirección editorial «que refleje el pluralismo político y social del ámbito de cobertura» –art. 42–.
La Ley de Reforma de RTVE de 2006 supuso la conquista de ese cambio esencial respecto al Estatuto de 1980 y a la tradición española de nombramientos gubernamentales. La LGA de 2010 la reafirmó respecto a RTVE, e intentó ampliarla a los canales autonómicos. Por vez primera, tras 50 años de historia de la televisión en España, el servicio público cortaba el cordón umbilical con el Gobierno en el nombramiento de la cúspide de gestión y control de RTVE, lo que en una institución piramidal afectaba a toda su organización, a su gestión y a sus contenidos. Se mantuvo sin embargo la tentación política, al prever legalmente que, en la primera vez, y si no había acuerdo parlamentario amplio requerido durante dos meses, se podía elegir al máximo puesto de gestión por mayoría simple (Bustamante, 2013a).
Las radiotelevisiones autonómicas no trasladaron a su escala la reforma democrática de RTVE de 2006, salvo la Corporación Catalana de RTV y, parcialmente, RTVA y RTPA. En los dos primeros casos, la tentación intervencionista reaparecía: en TV3, había excepciones para la primera vez; en Canal Sur, la mayoría reforzada se rebajaba a tres quintos de los votos del Parlamento, lo que casualmente permitía en ese momento nombramientos sin contar con la oposición mayoritaria del PP.
En todo caso, y frente a estos avances históricos, la mayor involución se producirá con el Gobierno del PP –Real Decreto de 20 de abril; BOE de 21/4/2012–, con su transformación sustancial del sistema de elección del presidente de la Corporación al exigir solo, en segunda votación, una mayoría simple del Congreso en lugar de la mayoría reforzada de dos tercios, «que ha demostrado ser ineficaz». De la misma forma, los miembros del Consejo de Administración, reducidos de 12 a 8 para mejor eliminar a los representantes de las centrales sindicales mayoritarias –CC. OO. y UGT–, podían ser nombrados con los únicos votos del grupo gubernamental, y se desprofesionalizaba su gestión y eliminaban sus incompatibilidades al dejar de exigirles dedicación exclusiva. Unas reformas inmediatamente calcadas por el Gobierno catalán de CiU para TV3 –con apoyo parlamentario del PP– (Zallo, 2011; Bustamante, 2013b). Se retrocedía así de un modelo de «gobierno parlamentario», penosamente conquistado, a uno de nuevo «gubernamental» en la peor tradición española, de acuerdo con la terminología de Hallin y Mancini y según un análisis reciente de Isabel Fernández Alonso y Ana Fernández Viso (2012).
3.3 Contenidos de servicio público: pluralismo, diversidad
Autonomía de los servicios, independencia editorial (Nissen, 2006). «Conviene […] conservar una gran prudencia respecto a toda externalización, completa o parcial, de las funciones esenciales» (Nissen, 2006: 52).
Mandato marco a nueve años, contratos-programa cada tres años, aprobados por el Parlamento con catálogos de precios de las funciones del servicio público –pp. 87-92–. Con indicadores de seguimiento cuantitativos y cualitativos –pp. 85-87–, controlados por la Comisión del Parlamento, y por la autoridad audiovisual independiente. La información, «corazón de la distinción del servicio público», y garantizada internamente, debe dotarse de un estatuto y un consejo de información, que garanticen su independencia respecto de las presiones políticas y económicas –pp. 89-90–. El derecho de acceso debe ser garantizado (IRME, 2005: 102-103).
LGA, 2010: contrato-programa –art. 32–; derecho de acceso –art. 28–.
Derecho de acceso: facilitar la participación de los ciudadanos (UNESCO, 2005).
La Corporación RTVE suscribió en efecto su mandato marco a nueve años, pero el contrato-programa nunca ha sido formalizado ni con el Gobierno ni con el Parlamento, pese a plazos legales perentorios insertados en la Ley de Reforma de 2006 y en la LGA de 2010.
En cuanto a las RTVAA, el panorama es caótico, ya que según análisis recientes solo tres entes públicos contaban con mandatos-marco y cuatro habían firmado contratosprograma alguna vez, la mitad de los cuales ya estaban caducados en 2011 (Fernández y Fernández, 2012). Ello no quita la conclusión de que las televisiones autonómicas han jugado un papel decisivo en la oferta de muchos programas de servicio público, especialmente en la información, ni niega que han desempeñado un papel decisivo como motor de la producción audiovisual local, tal y como ha mostrado un informe reciente (Accenture, 2012); aunque los abundantes datos de este informe puedan ser cuestionados por tratarse de un estudio de encargo de parte –la FORTA, Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos–, hay ya investigaciones académicas independientes que lo corroboran (Casado del Río, 2012). Por lo demás, las radiotelevisiones autonómicas, drenadas en sus audiencias por la hiperfragmentación general, mostraban en cambio un notable liderazgo en términos de share de sus informativos diarios con su atractivo de proximidad –en torno al 15% en 2014.
Los matices por comunidades son sin embargo importantes, especialmente en los canales nacidos desde el año 2000, ya que muchos de ellos acudieron rápidamente a una externalización que en ocasiones llegaba a los contenidos estrictos de servicio público, y en algunos casos alcanzaba hasta los propios informativos, a despecho de las previsiones legales de la Ley General del Audiovisual de 2005. Más allá de la discusión sobre las ventajas y problemas del outsourcing en este sector, aceptable parcialmente en ocasiones para ahorrar costes y dinamizar la industria audiovisual local –como en Asturias o Aragón inicialmente–, las externalizaciones abusivas de algunos canales llegaban a pervertir la propia esencia de la misión informativa del servicio público, sin dejar de hacerla compatible con las manipulaciones gubernamentales a través de «editores» internos, y beneficiaban preferentemente a grupos empresariales ajenos a la región (Sarabia, Sánchez y Cano, 2012).
Sobre este panorama, ya incierto, la Ley 6/2012 –BOE de 2/8/2012– volvió a modificar la Ley General Audiovisual de 2010 –artículo 40, apartados 2 y 3–para permitir que los gobiernos autonómicos pudieran «flexibilizar los modos de gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual autonómica», es decir, privatizar o externalizar a voluntad de cada partido en el poder la gestión de los canales autonómicos y sus servicios públicos esenciales, incluyendo los servicios informativos.
El cambio legal estaba hecho a medida de Telemadrid o Canal Nou (RTVV) de Valencia, caracterizadas desde hacía años por su gestión de despilfarro económico y por su manipulación descarada de la información, y castigadas por su caída libre de audiencias –menos del 4,5% en 2012–, que podrían así confiar completamente su gestión a empresas privadas después de ejecutar ERES masivos que pusieron inmediatamente en marcha: Telemadrid, con pérdidas de 48 millones de euros en 2012 y una deuda acumulada de 280 millones, planteó un plan de eliminación –Deloitte y Cuatrecasas– de 925 puestos de trabajo –un 78% de su plantilla–; RTVV, con un endeudamiento total de 1.300 millones de euros, planificó un ERE de 1.198 empleos –un 76% de su plantilla–, cuyo rechazo por los tribunales determinó su cierre total el pasado 29 de noviembre de 2013.
Antes de ese apagón abrupto y dramático, se había iniciado el plan de externalización previsto, que dio dos paquetes de funciones a una sola empresa en un concurso opaco y contestado, por valor de 5,2 millones de euros, y anunciaba una nueva entrega, probablemente a la misma entidad privada; una vía similar a la que emprendía Telemadrid, tras el éxito de la comunidad en los tribunales de justicia al conseguir que el ERE fuera declarado improcedente pero no nulo, lo que mediando una nueva inyección de dinero público para las indemnizaciones permitía proseguir el camino de la externalización casi total, que probablemente abarcaría en poco tiempo a los programas informativos, en concursos que prometían beneficiar a grandes empresas que se apresuraban a acoger en sus directivas a ex altos cargos del Partido Popular (PP).
Pero el escaparate mayor de esta transformación se daba de forma concentrada en el canal que más lejos había llegado en esta línea, hasta acuñar el «modelo Murcia». Tras un práctico apagón de sus emisiones, TVM (la Radiotelevisión Autonómica de Murcia) anunciaba en abril de 2014 la privatización total del servicio público o su «gestión indirecta», prometiendo 59,8 millones de euros en subvenciones a las empresas agraciadas por un periodo de seis años, que superaba con mucho el horizonte de su mandato electoral, pero reservándose para el Gobierno la competencia de control y suspensión de cualquier programa.
En cuanto al derecho de acceso, incuestionablemente obligado por la Constitución de 1978 –art. 20.4–, y regulado por la ley de reforma de 2006, RTVE realizó su reglamento pero lo ha convertido después en una vía burocrática e irrelevante, con convocatorias semestrales y programación marginal. Una situación todavía más grave en la mayor parte de las radiotelevisiones autonómicas, que ni lo han regulado ni lo reconocen, con excepciones generales para la Iglesia católica y en algún caso aislado para los sindicatos –como en RTVA.
3.4 Financiación suficiente, sostenible, transparente
No hay contenidos sin financiación suficiente (Nissen, 2006). Financiación pública proporcional a las misiones de servicio público, transparente, controlada por contratos de gestión en sus resultados (Nissen, 2006).
Financiación equilibrada y sostenible; estabilidad económica sin endeudamiento. Financiación pública proporcional y transparente (IRME, 2005: 154-172).
Un mix de público/Estado e ingresos comerciales, en un apropiado equilibrio (UNESCO, 2005).
Transparencia contable y proporcionalidad de la financiación pública con el coste neto del servicio público (Unión Europea, 2009).
Proporcionalidad con coste neto –art. 41–; transparencia –art. 42–, sin endeudamiento –art. 31 (LGA, 2010).
Tras el primer ejercicio de vigencia, se comprobó la dificultad de hacer cumplir las compensaciones privadas previstas legalmente para llenar el brusco vacío dejado por la eliminación de la publicidad –Ley 8/2009, BOE de 31/8/2009–. Y no solo por la denuncia de los operadores de telefonía y el correspondiente expediente abierto por Bruselas, sino por la resistencia de varias cadenas privadas que han minorizado desde entonces sus contribuciones, ocasionando un reguero de expedientes de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones −CMT−y retrasos notables en su percepción. La presunta «independencia financiera» por el Gobierno Zapatero se revelaba tan difícil como la «estabilidad de sus ingresos» que proclamaba el preámbulo del decreto ley. La crisis publicitaria y sus efectos sobre la facturación de los grupos privados han extremado estas dificultades, haciendo caer sus contribuciones en un 40% –de 278 a 167,8 millones de euros– solo en 2013, según el presidente de la corporación.
En sus primeros dos años de gobierno, el PP ha recortado drásticamente los fondos públicos destinados a RTVE: así, ya en su primer consejo de ministros, celebrado en diciembre de 2011, anunció un recorte para 2012 del presupuesto de gastos en 204 millones de euros –17% del presupuesto total, más de un 37% de la subvención comprometida–, y en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 añadió un recorte suplementario de 50 millones de euros. Con pérdidas oficiales de más de 100 millones de euros en 2012 y un déficit de 110 millones en 2013, con un presupuesto reducido de los 1.200 millones de euros anteriores a los 941,6 millones para 2013 y nuevos ajustes anunciados para 2014 –más de 30 millones en gastos de personal–, la Corporación de servicio público entraba así en un periodo de absoluta incertidumbre respecto a su estructura –recortes salariales añadidos, probable nuevo ERE– y su oferta programática. El propio presidente de RTVE declaraba en abril de 2014 ante la comisión parlamentaria mixta de control que el modelo financiero era insostenible.
Pero, además, todos los terceros canales han sufrido asimismo recortes importantes de sus presupuestos –71 millones de euros menos para la CCMA y 58 millones de recorte para la RTVA– que se suman a su fuerte caída de ingresos publicitarios –de 319,6 millones de euros en 2008 a 120,4 en 2013, según Infoadex, 2014– y, en sus casos más extremos, como Murcia o Baleares, Valencia o Madrid, han sido diezmados en sus gastos. En conjunto, y según el informe de la CMT de 2013, en el ejercicio anterior las radiotelevisiones autonómicas habían perdido de nuevo un 8,4% de sus subvenciones y un 33,8% de sus ingresos publicitarios, situándose en un total de 1.005,6 millones de euros de recursos totales, el nivel más bajo en, al menos, ocho años, pero con seguridad superado en su suelo por las cifras de 2014. En todo caso, resultaba difícil respecto a RTVE comprobar si estos dineros públicos eran proporcionales a sus costes netos de servicio público, en ausencia del informe preceptivo anual del Consejo Audiovisual, que la CMT nunca realizó; e imposible en el caso de la mayoría de las radiotelevisiones autonómicas, que carecían de definición legal del servicio público o de contratos programa que concretaran sus misiones. En los exagerados procesos de externalización llevados a cabo por algunos canales regionales, todo control público de esa proporcionalidad resultaba inverosímil por definición.
Por lo demás, la transparencia contable, condición sine qua non para medir esa proporcionalidad, brillaba también por su ausencia en las radiotelevisiones autonómicas, de las que cada año el Observatorio Audiovisual Europeo recababa sin mucho éxito las cuentas anuales, dejando constancia de ello en sus anuarios. Pero esta falta de contabilidad, global y analítica, no ha sido el único fallo de transparencia en el servicio público español, que ha ostentado desde hace años, incluso ante las interpelaciones parlamentarias de la oposición, una opacidad sistemática sobre sueldos y contratos que hacía imposible las tareas de control y frustraba frontalmente el derecho de los ciudadanos a conocer el funcionamiento de sus radiotelevisiones. En términos mucho más modestos, de información básica en internet al ciudadano, los informes del grupo de investigación TRABUCOM (transparencia, buenas prácticas y comunicación) de la Universidad Complutense de Madrid sobre transparencia audiovisual dan cuenta reiteradamente de los fallos en este sentido de las empresas estatales de radiotelevisión, aunque registren una ligera mejora en sus últimos informes (TRABUCOM, 2011).
En marzo de 2014, la CCRTV anunciaba un proyecto de ley que consagraba pioneramente la transparencia contable hacia los ciudadanos, con la paradoja de que en ese mismo proyecto se desprofesionalizaba el Consejo de Administración y se abría la puerta a todo tipo de compatibilidades de sus miembros con los intereses privados. La transparencia se cubría de oscuridades elementales.
3.5 Regulación independiente
Supervisión y regulación independiente: «Condición previa a la organización de todo sistema de medios públicos» (Nissen, 2006).
Independencia y funciones de las autoridades reguladoras, «de forma que supriman los riesgos de interferencias políticas y económicas» –Recomendación 2003, EPRA; Declaración Comité de Ministros Consejo de Europa (28/3/2008).
Instancia independiente: «es una característica común del modelo dual europeo» (Lange, 2012).
Instancia de control, externa e independiente, Consejo Audiovisual de España (IRME, 2005: 144-151).
Como se sabe, el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales –CEMA– previsto por la Ley General del Audiovisual de 2010 nunca se llegó a acordar ni a poner en marcha durante la décima legislatura, por la oposición del PP, pero en medio de una clara desgana del Gobierno de Rodríguez Zapatero por la resistencia frontal de la UTECA y de algunos grupos privados –Telecinco y Digital+, especialmente–. Finalmente, un proyecto de ley presentado al Congreso a finales de 2012 –Diario de las Cortes Generales de 19 de octubre– venía a asestar un golpe decisivo a toda concepción equilibrada del espacio democrático español, al consagrar la supresión definitiva del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales y dejar en el vacío las importantes competencias en el control del cumplimiento del servicio público y en la regulación del conjunto del audiovisual que la ley le atribuía. De forma que este consejo, reclamado unánimemente por el Senado en 1995, exigido por el Informe del Consejo para la Reforma de 2005, repetidamente recomendado por el Parlamento y por el Consejo de Europa, y única carencia de entre los 27 países de la Unión Europea, moría antes de nacer.
Sin embargo, en la nueva ley –Ley 3/2013, BOE de 5/6/2013–, alegando siempre la austeridad y la eficiencia, esa non nata autoridad independiente se subsume en la «Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia», junto a las competencias de las suprimidas autoridades de regulación de las telecomunicaciones, la energía, el transporte, el correo postal y la propia autoridad anterior de la competencia, pese a que tal supresión chocara frontalmente con la doctrina europea de autoridades independientes en campos muy diferentes y haya recibido críticas severas de la Comisión de Bruselas. Además, su proclamación como «independiente» es altamente cuestionable porque sus diez miembros fueron nombrados por el Gobierno –ocho de ellos de confianza del PP–, a propuesta del Ministerio de Economía, y ratificados por el Congreso por mayoría simple, con amplia mayoría de funcionarios estatales y notoria ausencia de experiencia profesional en los campos objeto de regulación, lo que incrementaba la posibilidad, según múltiples análisis, de captura del regulador por los lobbies privados concernidos.
En lo que respecta al campo audiovisual, su inmersión en ese superregulador de título mercantil revela además la concepción gubernamental de la cultura y la información como simple economía, fuera de toda implicación para el pluralismo y la diversidad, que ni siquiera son citados en el preámbulo de la ley. Sus funciones en el audiovisual se limitan, en un solo artículo –art. 9–, al control de las cuotas de obras europeas y de financiación anticipada, a los derechos del menor y los códigos de autorregulación, pero incluyen «la vigilancia del cumplimento de la misión de servicio público». Así, el Gobierno, sin rubor, se convierte en el guardián efectivo de la radiotelevisión pública y de la privada incluso directamente, porque competencias clave como el catálogo de acontecimientos de interés general vuelven a Presidencia del Gobierno, mientras que las licencias privadas y las sanciones contra ellas se desplazan al Ministerio de Industria –disposición adicional 7.ª (Bustamante, 2013b).
4. Conclusiones
Los medios de comunicación como «verdadero campo de batalla», los medios públicos «en el corazón del combate» (Nissen, 8). Necesidad de conciencia y movilización de la sociedad civil: «Un pacto social» entre sociedad –no solo partidos políticos– y medios públicos (Nissen, 2006: 19-20).
Como puede verse en cada apartado de las buenas prácticas internacionales y su contraste con la evolución y la situación española, nuestras realidades de servicio público se configuran como un auténtico manual en negativo en todos y cada uno de los puntos. Y ello no solo en la larga y penosa historia de nuestro sistema radiotelevisivo, sino también en la fotografía de los últimos años.
Sobre la traza histórica de las hipotecas heredadas de un régimen dictatorial y su radiotelevisión de régimen, por encima de las inacabadas transiciones democráticas en este campo, la crisis económica general iniciada en 2008 ha proporcionado la gran ocasión y el supremo pretexto para un acelerado proceso de desregulación de los medios de comunicación, de las reglas que deben seguir los medios privados pero también y especialmente de las funciones y el control de los medios públicos. Cuando más trascendentales resultaban los medios de servicio público, en términos de contrapeso a la concentración privada y a la centralización de la comunicación y la cultura, más han sido debilitados en todos los frentes.
La primera oleada de desarme de la regulación sobreviene ya en la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero, en una actitud que olvida sus promesas de pluralismo para negociar el apoyo, o al menos una menor hostilidad, de parte de los grandes grupos privados. Las múltiples decisiones adoptadas por el Gobierno del PP, en una segunda y consistente oleada legal y económica, son consecuentes por el contrario con el sabor de una ideología neoliberal y neofranquista a un tiempo, que desmantela los medios públicos en tanto que los manipula hasta la extenuación, mientras que refuerza el polo privado y se asegura su plegamiento a sus posiciones políticas y electorales.
Naturalmente, los apartados que hemos desglosado en buenas prácticas internacionales son muy elementales y no pueden agotar este campo. En particular, faltaría una reflexión amplia sobre la declinación del servicio público en la Era Digital, sobre un entorno multimedia y multipantalla que constituye un reto ineluctable para su adaptación y supervivencia. Sin embargo, este desafío, que exigiría otro texto largo, ha sido ya desarrollado en múltiples documentos europeos, como por ejemplo Nissen (2006: 26-29) y Riddinger (2008), e incluso adaptados a la situación española (IRME, 2005: 116-126). Pero las reglas esenciales de buena gobernanza que hemos repasado constituyen también un prerrequisito obligado para su despliegue, que no puede ser suplantado por «hazañas tecnológicas». En todo caso, cabe mencionar que tampoco aquí, ni RTVE ni las radiotelevisiones autonómicas han iniciado siquiera el camino exigido por la normativa europea, ignorando completamente los test de valor añadido público –public value test– para los servicios on-line, como garantía de su coherencia con «las necesidades sociales, democráticas y culturales» de cada territorio, y ello pese a que la regulación española lo menciona expresamente –LGA, 2010, art. 41,3.
En la tradición de las prácticas europeas, este terreno y el de la proporcionalidad y transparencia financieras aparecen como candidatos preferentes a próximos expedientes severos de Bruselas contra España. Pero las cosas están cambiando, felizmente, en la Unión Europea, en donde muchas voces exigen en los últimos años medidas proactivas también en el campo de la democracia y los derechos humanos y no solo en el ámbito del mercado.
Por ejemplo, en abril de 2012, el Diario Oficial de la Unión Europea publicó una resolución solemne, aprobada por el Parlamento Europeo el 25 de noviembre de 2010 –522 votos a favor, 22 en contra y 62 abstenciones–, que proclama el papel fundamental «de un sistema dual europeo realmente equilibrado en radio y televisión» –DOUE, 3/4/2012, 2012/C99 E/11–y «demanda a los Estados miembro que pongan fin a las injerencias políticas en lo tocante a los contenidos ofrecidos por las organizaciones de servicio público». Más tajante todavía, el informe del Grupo de Alto Nivel sobre la libertad de los medios y el pluralismo, nombrado por la Comisión Europea en noviembre de 2011, destaca que pese a ser una competencia de los Estados miembro la Unión Europea y sus instituciones tienen también un papel importante que jugar en caso de que sean traicionados los derechos fundamentales que consagra «cuando un Estado miembro se pone en seria y persistente ruptura con los valores del Tratado» (Vike-Freiberga et al., 2013). Todo dependerá, seguramente, de las correlaciones de fuerzas ideológicas y políticas del Parlamento y la Comisión nacidos de las elecciones del 25 de mayo de 2014.
En fin, en el plano nacional y regional español, solo la sociedad civil podrá, mediante sus movilizaciones y las elecciones próximas, regionales y nacionales, decidir el destino del servicio público, y la puesta en marcha de esas buenas prácticas básicas que hemos tratado y que constituyen condiciones elementales de su existencia y funcionamiento. Un recordatorio que es preciso reiterar cuando en algunos ambientes bienintencionados, especialmente al filo del cierre de RTVV y con la amenaza similar sobre la radiotelevisión de Madrid, se apelaba a algún tipo de consenso intermedio entre los grandes partidos que permitiera su supervivencia en cualquier forma y vía. Olvidando seguramente que el servicio público, aún flexible en medio de una notable diversidad de estructuras europeas, exige límites mínimos que no son negociables.
Sin necesidad de optar entre disyuntivas extremas, entre la supervivencia de unas cadenas o sus pantallas en negro, es preciso proclamar que el «modelo Murcia», y sus contaminaciones frustradas en la RTVV o en marcha en RTVM e IB3, no tienen nada que ver con el servicio público europeo. Son, en todo caso, formulaciones diversas de un capitalismo clientelar y parasitario, hijas aberrantes de un anarcocapitalismo cínico que reclama menos Estado mientras lo utiliza para subvencionar actividades comerciales sin riesgo. Y, sobre todo, suponen el mayor despilfarro imaginable del dinero público, porque están impedidas, por su propia naturaleza, para atender las demandas de pluralismo y diversidad de una sociedad democrática.
Indispensabilidad de la televisión pública en el universo convergente
EMILI PRADO I PICÓ
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
1. La televisión: una mala salud de hierro
La confluencia de dos revoluciones en curso, la de las redes y la digitalización, está cambiado radicalmente el panorama de los medios. El proceso de convergencia que vive la industria audiovisual, propiciado por esas revoluciones, está transformando la propia noción de medios. La oferta de contenidos fluye por diferentes plataformas, adoptando formas ecológicas en función del contexto tecnológico y de la apropiación de esas tecnologías por los públicos en cada latitud. Esto marca una tendencia crossmedia que empieza a dar sus frutos en la industria audiovisual pero cuya plasmación generalizada dependerá de la evolución del sistema audiovisual.
Los cambios en el panorama mediático han estimulado una nueva ola de pronósticos sobre la muerte de la televisión, algo que se produce cíclicamente con cada innovación tecnológica aparecida desde el nacimiento de la televisión. Unos pronósticos alimentados por poderosos intereses de diversos actores entre los que destacan las corporaciones tecnológicas y sus estrategias de marketing para legitimar las ventajas de sus respectivos dispositivos. Estos pronósticos repetidos con insistencia acaban creando un estado de opinión sobre la muerte de la televisión que se acaba filtrando en la producción académica con algunas contribuciones que se suman al cortejo funerario, aunque la mayoría de las aportaciones, bajo el reclamo de la etiqueta muerte, presentan diagnósticos respecto a las acomodaciones de la televisión a las nuevas condiciones de producción, distribución y consumo más que certificados de defunción (Gilder, 1991; Missika, 2006; Pérez Silva, 2000; Piscitelli, 1998).
Sea como sea, los datos son tozudos, la audiencia de la televisión aumenta cada año en todo el mundo. Aumenta también el tiempo que la gente dedica a consumir televisión y eso teniendo en cuenta solo el consumo tradicional. Según datos de Nielsen (2014) para el mercado televisivo más completo del planeta, en el primer trimestre de 2014, los norteamericanos mayores de 18 años dedicaban 37,40 horas semanales a ver la televisión simultáneamente a su emisión, a lo que hay que añadir 3,41 horas de consumo de televisión asincrónicamente a su emisión o 1,16 viendo vídeo en internet.
2. El universo convergente
Pese a la contundencia de las evidencias que certifican su fortaleza, la televisión está sometida a un proceso de cambio radical innegable que debe ser analizado a la luz de las prácticas que encontramos en el universo televisivo convergente. La comprensión de sus rasgos dominantes nos permitirá, por un lado, determinar el estado de salud de la televisión y, por otro, aquilatar el lugar que puede ocupar el servicio público en ese universo y cómo debe orientar sus actividades para seguir cumpliendo con las funciones que se le han encomendado históricamente en las sociedades democráticas.
El análisis debe tener en mente que la televisión ha pasado desde su nacimiento por diferentes etapas y en cada una de ellas dominan unos dispositivos de producción, distribución y recepción que van introduciendo cambios en la generación de contenidos y en las formas de la oferta y el consumo, de lo que se derivan también cambios de sus funciones sociales.
A efectos analíticos, hemos dividido la historia de la televisión en cuatro grandes etapas cuyas fechas son puramente orientativas para describir la realidad televisiva de los países más desarrollados, pero la horquilla temporal puede variar en cada país. Las identificaremos sumariamente.1 La primera, que denominamos Hertziana analógica, se extiende entre el nacimiento de la televisión y 1980, y es la etapa constitutiva de la televisión como gran medio de comunicación de masas, durante la que se configuran sus características esenciales. La segunda, que hemos llamado Analógica multicanal, se extiende entre 1981 y 1995, y supone una primera multiplicación de canales y la incorporación de nuevos soportes para la distribución televisiva con la incorporación del cable coaxial y del satélite de distribución directa. La tercera la denominamos Multicanal digital, y se extiende entre 1996 y 2008, comprendiendo todo el proceso de digitalización de los soportes precedentes, lo que lleva aparejada la multiplicación exponencial de canales. A la cuarta la hemos llamado Todo digital y en red, y situamos su inicio en 2009, dado que es la fecha en la que se produce el primer apagado analógico, en concreto en Estados Unidos y, en consecuencia, toda la televisión disponible es de base digital. Mientras tanto, la red de internet se ha convertido también en un soporte de contenidos videográficos y, de hecho, estos ya suponen el principal elemento de tráfico en la red.
Así pues, en la etapa Todo digital y en red, el universo televisivo está configurado, como refleja el esquema, por la televisión, que utiliza como vía de difusión los soportes tradicionales que fue acumulando en las etapas precedentes (hertziano terrestre, cable y satélite) convenientemente actualizados para la televisión digital, y por las nuevas redes de distribución de señales de vídeo, utilizando el protocolo de internet, también llamado IPTV. El hecho de que las grandes compañías de telecomunicaciones se hayan apropiado de esta sigla para designar sus plataformas de televisión multicanal de abono en red cerrada propietaria nos aconseja utilizar el concepto video over internet protocol para cualquier forma de distribución de vídeo, diferenciando, por un lado, la distribución en redes propietarias cerradas de plataformas de canales televisivos al estilo de las plataformas de cable, designadas IPTV, y, por otro lado, las manifestaciones de video over IP over the top, que simplificando denominaremos OTT.
FIGURA 1
Universo televisivo convergente

Fuente: Elaboración propia.
Las plataformas IPTV se sirven de redes cerradas en las que se pueden aplicar mecanismos de control de la Quality of Service (QoS) para garantizar una calidad de distribución de la señal equiparable a los canales digitales. Por el contrario, las iniciativas OTT se sirven de la red abierta de internet, son accesibles globalmente y pueden establecerse restricciones al acceso o no, en función de cualquier criterio: protección de derechos o pago por acceso a contenidos. Las iniciativas OTT no cuentan con mecanismos de QoS que garanticen la calidad de la difusión.
Inicialmente, los contenidos OTT eran únicamente accesibles a través del ordenador mientras que a las plataformas de IPTV se accedía directamente desde el televisor, procurando al usuario una lean back experience, una experiencia de consumo equivalente a la procurada por la TDT, el cable o el satélite. En contraste, el acceso OTT se hacía desde el ordenador, procurando al usuario una lean forward experience. La difusión de dispositivos móviles, habilitados para la conexión a la red, teléfonos y tabletas, dará lugar al alumbramiento de nuevas experiencias de consumo que denominaremos on the move u on the go, típica de los teléfonos móviles, y curled up, típica de las tabletas.
La familiarización de los usuarios con el consumo de contenidos OTT impulsa una demanda explícita de la posibilidad de acceder a estos en el televisor, a lo que responde la industria con el desarrollo de dispositivos que permiten ver los contenidos OTT en el televisor primero (boxee, roku, etc.) y con el desarrollo de televisores conectados directamente a internet después (smart TV, connected TV). Este movimiento permite al espectador gozar de una lean back experience también en el consumo de contenidos OTT.
Así, la oferta de canales disponibles en el universo televisivo convergente se ha multiplicado hasta el infinito y está poblada por un conjunto de contenidos organizados típicamente por cadenas generalistas, canales temáticos y una amplia tipología de contenidos OTT que se incluyen en la tipología recogida en la tabla 1.
TABLA 1
Tipificación de los servicios de vídeo over the top (OTT)

Fuente: Elaboración propia.
Servicios videográficos OTT
Canales de televisión IP: son canales de televisión creados para su difusión en internet y no utilizan ninguno de los soportes clásicos de difusión televisiva, ni hercianos, ni por cable, ni satélite.
Webs de los canales de televisión: ofrecen acceso a los contenidos difundidos en su soporte tradicional, ya sea en streaming simultáneamente a su emisión, ya sea en catch up, accesibles durante un breve periodo de tiempo tras su emisión, normalmente una semana, o a la carta dando acceso a todo su archivo digital para aquellos productos de los que ostentan derechos.
Repositorios de TV: dan acceso en catch up durante un breve periodo de tiempo tras su emisión a los programas de diferentes cadenas para los que adquieren los derechos y, según los casos, a temporadas completas de programas, normalmente en este caso restringidas a los usuarios subscriptores.
Repositorios de cine: dan acceso a una librería de películas sobre las que tienen derechos, constituyendo auténticas filmotecas virtuales en las que se puede acceder a películas de los más diversos géneros y épocas.
Repositorios de UGC (User Generated Content): acumulan amplias librerías de vídeos generados por los usuarios. Con el tiempo han ido dando cabida también a contenidos generados industrialmente.
Repositorios mixtos: la evolución de los usos y las exigencias de monetización han dado lugar a prácticas mixtas en los repositorios, de modo que los de televisión incorporan a sus librerías películas, los de cine incluyen programas de televisión y los de contenidos generados por los usuarios incorporan contenidos procedentes de la industria. Además, algunos de estos repositorios debutan con éxito en la generación de contenidos originales que tienen su primera ventana en los propios repositorios.
Videoblogs: son blogs que utilizan el lenguaje videográfico como herramienta esencial de expresión.
Redes sociales de vídeo: son redes sociales que agrupan a videocreadores y que tienen en el vídeo su leitmotiv. De hecho, se está produciendo una cierta convergencia entre estas y los repositorios de contenidos generados por los usuarios que cada vez incorporan más mecanismos propios de las redes sociales.
P2P (Peer to Peer): permiten el acceso a librerías de contenidos distribuidos en los ordenadores de los usuarios y descargables por sus pares.
Servicios OTT con el vídeo como complemento
Vídeo en las webs de los medios de comunicación: las webs de la prensa y de la radio incorporan cada vez una mayor proporción de vídeos en sus sitios en línea, estableciendo progresivamente secciones fijas y hasta canales que no dudan en etiquetar con el nombre de su cabecera TV.
Vídeo en las webs: pese a que, típicamente, una web tiene un contenido textual y gráfico, el vídeo está incrementando su presencia, cada vez con mayor intensidad en todo tipo de sitios tanto corporativos como institucionales.
Vídeo en los blogs: aunque el blog es una herramienta dominantemente textual y gráfica, también se halla en proceso de incorporación del vídeo como un componente complementario.
El vídeo en las redes sociales: las redes sociales en origen tenían exclusivamente como herramientas de expresión los recursos textuales y gráficos, pero incluyen cada vez con más intensidad el vídeo como recurso.
Facilitadores de acceso a los contenidos OTT
Indexadores de contenidos: son servicios de intermediación que seleccionan y catalogan una serie de contenidos videográficos entre todos los disponibles en la red, proponiéndolos con un criterio editorial para satisfacer las demandas de targets específicos o por afinidad temática. Dada la ingente cantidad de contenidos disponibles, estos servicios tienen cada vez mayor aceptación y se convierten en una especie de guías de programación jugando un rol de modernos gatekeepers.
Motores de búsqueda de vídeo OTT: son motores de búsqueda especializados en la búsqueda de vídeo. Los más avanzados permiten incluso búsquedas sobre el contenido del vídeo y no se limitan a la búsqueda en los repertorios de títulos indexados.
Prácticas furtivas OTT
Repositorios furtivos: acumulan librerías de contenidos audiovisuales producidos profesionalmente sobre los que no tienen derechos y los ponen a disposición de los usuarios de forma gratuita.
Indexadores de contenidos furtivos: tienen una función similar a los indexadores legales pero abren las puertas a todos los contenidos disponibles en la red con derechos satisfechos o sin satisfacer. Es la práctica más pirata, ya que monetizan sus audiencias y evaden sus responsabilidades escudándose en el hecho de que ellos no tienen librerías propias.
Pillaje de directos: es también una práctica furtiva que consiste en captar la emisión directa de un evento por una televisión abierta o de pago y replicarla en la red en streaming simultáneo para su acceso gratuito.
En resumen, visto desde la perspectiva actual, todos los servicios de contenidos OTT se suman a los soportes tradicionales de provisión de contenidos televisivos y las plataformas de IPTV de las compañías de telecomunicaciones, y todo es televisión, lo que requiere un análisis de las características del audiovisual en el entorno convergente.
3. Trazos distintivos del audiovisual convergente
Vamos a sintetizar los rasgos principales de la etapa actual de la televisión, la que hemos denominado Todo digital y en red. Para comprender el alcance de los cambios en curso es necesario interpretarlos en el contexto de las diferentes etapas de su evolución histórica. Una observación detallada de la etapa actual permite detectar las trazas de las etapas anteriores y constatar que siguen en activo muchas de las cualidades que adornaban a la televisión en las etapas precedentes.
En el campo de los soportes, hemos pasado de la tecnología analógica a la digital y del soporte único de la primera etapa al uso de múltiples soportes simultáneamente en la actualidad: hertziano terrestre, cable, satélite, redes IP dedicadas, internet, 3G y 4G. Cada una de estas tecnologías cubre la misma función básica, dar acceso a señales videográficas, y añade algunas cualidades peculiares. Pero lo más relevante no es de qué tecnología se trata, sino el hecho de que nos da acceso a unos contenidos. Y lo más relevante es que hemos pasado de un sistema de coberturas fronterizables a la posibilidad de establecer coberturas universales. Que hemos pasado de una difusión broadcast como única forma de difusión a la superposición de diferentes modalidades que conviven en la etapa actual: broadcast, narrowcast, slivercast, microcast o egocast. De su mano, hemos pasado de un alcance nacional a la convivencia de servicios de alcance nacional con otros de alcance local, transnacional y global.
En cuanto al contenido disponible, hemos pasado de una primera fase de escasez a la etapa actual en la que calificamos la oferta de contenidos como innumerable, lo que no debe encubrir un elevado grado de repetición. Un contenido al que se accedía de forma programada en la primera época y que a estas alturas es accesible de muchas otras formas que conviven con la programada, como la elección entre diferentes opciones programadas, elección entre un repertorio de productos, autoprogramación asistida, autoprogramación sugerida, navegación asistida y navegación autónoma. Y este acceso lo podemos hacer asistidos por un amplio repertorio de dispositivos auxiliares de interfaz, que van del control remoto y nuevos dispositivos de interfaz vocal a los DVR (digital video recorder), los STB (set top box) y aplicaciones como las EPG (electronic programmes guide), los motores de búsqueda en red y los indexadores. Todo ello nos describe la convivencia de dos formas básicas: la televisión de flujo y la televisión de stock.
En el terreno de los dispositivos de recepción hemos pasado del televisor como terminal único, sinónimo del medio, a todo tipo de pantallas habilitadas para la recepción de la señal televisiva, los televisores de pantalla plana y extraplana, de todas las dimensiones, con un ratio de apariencia 16:9, en alta definición y 3D, videowalls, proyectores, PC, laptops, notebooks, tabletas, dispositivos de mano, teléfonos móviles y otros dispositivos personales con pantalla. Un repertorio que desliga el consumo de un lugar concreto, la sala de estar de la primera época, para habilitar literalmente cualquier lugar para el consumo televisivo y el consumo en movimiento. Unos y otros han favorecido el paso de un tipo dominante de consumo en vivo a este, compartiendo protagonismo con el consumo en tiempo diferido, bajo demanda y en cualquier momento.
En cuanto a la experiencia de consumo, hemos pasado del modo embelesado típico de la primera época a una audiencia en la que conviven diferentes formas. Las caracterizadas por lean back experience, propias del consumo en televisores, van acompañadas de una actitud de exploración como el zapping, más compulsivo o relajado. La manifestación extrema de esta categoría sería la llamada couch potato. La lean forward experience caracteriza la posición adoptada por el consumo frente al ordenador inclinada hacia delante, en actitud proactiva y a escasa distancia de la pantalla. La habilitación de pequeños dispositivos de mano y especialmente de los teléfonos móviles, como pantallas de acceso a contenidos televisivos, da lugar a la emergencia a una modalidad de consumo que se denomina on the move u on the go. La aparición de la tabletas ha generado también la opción de consumir televisión en estas pantallas, lo que ha dado lugar a una experiencia de consumo acurrucado que denominamos curled up.
Con lo relativo al tipo de audiencia generada por la televisión, la audiencia masiva, característica del medio desde su inicio, convive con la fragmentada, la segmentada, la micro, la individual y la conectada. Esta última categoría, la audiencia conectada, introduce un nuevo factor de agregación no basado en la contigüidad física, sino en la conexión con otros espectadores simultáneamente al consumo. Es una nueva forma de experiencia compartida que, en la etapa inicial, caracteriza el consumo de la televisión en familia y en los espacios públicos. Este tipo de audiencia da lugar a diferentes manifestaciones, que van de la social TV a la recomendación a los pares, que influye en la generación de menús compartidos que después tendrán repercusión en el establecimiento de la agenda de la comunicación personal, presencial en los grupos de agregación social sobre el territorio y mediada tecnológicamente en los grupos de agregación social en el ciberespacio.
Este entramado de formas televisivas, consumibles en todo tipo de dispositivos y accesibles mediante distintos soportes en cualquier lugar, genera una dificultad añadida para medir las audiencias. La audiometría acompaña a la televisión desde la primera época. Los estudios se han caracterizado por recurrir a muestras para determinar algunas cualidades de las audiencias, pero sobre todo la cantidad. En el contexto de complejidad de la fase actual, la medida eficiente es muy difícil de asegurar con las metodologías fundamentadas en muestras, por lo que hay una tendencia a tratar de recoger datos sobre los universos. La comunicación digital y en red lo permite técnicamente, pero esta eventualidad presenta unos problemas que hay que afrontar relativos a la privacidad.
4. Redefinición de la televisión
Los cambios que acabamos de referir sumariamente son de tal magnitud que han generado una cierta desorientación que afecta, incluso, a lo que debe considerarse televisión.
En la primera etapa, la designación de la televisión fue tecno-determinada y hacía referencia a la transmisión de imágenes en movimiento y sonido utilizando las ondas hertzianas sobre una red terrestre, presentando un flujo organizado de programas que se visionan en un televisor sincrónicamente a su emisión. Después, con la aparición de otros soportes de transporte de las señales, fue suficiente con añadirle un apellido para designar las nuevas modalidades: televisión por cable o televisión por satélite. Otros apelativos ya nos daban otros matices sobre las condiciones de acceso: televisión por abono, televisión de pago por visión, televisión a la carta, etc. Otros, por la capacidad de intervención del usuario sobre la señal: televisión interactiva o vídeo bajo demanda. Hasta aquí seguían implícitos los principios básicos acumulados en las nuevas fórmulas, aunque ya se delimitan dos grandes formas de acceso, lineal o interactivo, y se determinan dos grandes modalidades, la televisión de flujo y la televisión de stock. El elemento que unificaba todo ello bajo el concepto inequívoco de televisión era que se trataba de contenidos profesionalmente producidos con el fin de ser difundidos en alguno de los soportes o modalidades mencionadas.
Ya con la popularización del uso de internet para la distribución de señales videográficas la confusión aumenta, tanto porque el visionado se efectúa en un terminal que no es el televisor, como porque una parte sustantiva de los contenidos accesibles en la red no son producidos profesionalmente y, sobre todo inicialmente, no están organizados en flujos lineales. Esto hacía que las manifestaciones audiovisuales de la red se consideraran como un universo separado del universo televisivo.
En medio de esta confusión no tardaron en reaparecer los diagnósticos que predecían el fin de la televisión y su muerte a manos de internet, pero los datos, como hemos señalado, certifican la vitalidad de la televisión. El tiempo de audiencia no se ha visto afectado negativamente, a pesar de la competencia de nuevas fuentes de entretenimiento. Los datos nos muestran incrementos sostenidos del tiempo destinado a ver televisión en todas las regiones del planeta; no se trata pues de un fenómeno coyuntural. Se sostiene, sin embargo, con mucha frecuencia, que estos datos al por mayor esconden el hecho de que las prácticas de los jóvenes son diferentes y que internet, un territorio propicio para el consumo de las jóvenes generaciones, afecta al visionado de televisión. Pero un análisis detallado de los datos muestra que no es consistente esta teoría, que atribuye una relación directa entre el uso de internet y el declive del consumo de televisión.
TV watching is more frequent among older and lower educated people who typically do not use the internet. However, when comparing internet users and non-users of similar social background, there is no difference in the frequency of TV watching (European Commission, 2009: 37).
Por otra parte, hemos observado cómo una parte creciente del tráfico de internet es ocupada por servicios videográficos y que el tiempo destinado al consumo videográfico en línea coloca en los primeros puestos los servicios televisivos, lo que debe ser interpretado en el sentido de que aumenta el tiempo efectivo destinado por los ciudadanos al consumo televisivo. Un tiempo, por cierto, que se debería añadir a las estadísticas de audiencia.
Hemos podido observar, asimismo, que de las diferentes formas de contenidos OTT, muchas son directamente contenidos televisivos, es decir, contenidos que han sido producidos profesionalmente para los operadores televisivos de todos los tipos de soportes. Otros son contenidos producidos siguiendo los mismos esquemas, aunque tengan como único sistema de difusión la red. Y, además, toda una multitud de contenidos producidos por los usuarios adoptan, cada vez más, estrategias de presentación TV-amigables, como sería el caso de la iniciativa del principal repositorio de UGC con su iniciativa YouTube Leanback, consistente en ofrecer al usuario la posibilidad de consumir sus contenidos en un flujo organizado editorialmente o compuesto por las preferencias de cada usuario y disfrutable en un flujo que emula la programación televisiva.
Por otro lado, hemos observado que existe una demanda de los usuarios para poder disfrutar de los contenidos OTT en sus televisores y que la industria electrónica responde con dispositivos intermediarios para hacerlo posible y, especialmente, con la puesta en el mercado de televisores que se conectan directamente con la red y abren la posibilidad de acceder a todos estos contenidos desde el televisor. También hemos constatado la existencia de widgets asociados a estos televisores conectados, que automatizan el acceso a determinadas regiones del universo OTT, y el anuncio del principal buscador de internet del lanzamiento de Google TV, una iniciativa que persigue llevar todo el universo OTT a los televisores.
Como resultado de todos estos movimientos combinados podemos decir que hay que extender la cobertura del concepto televisión. La evolución del uso de la red para la difusión de contenidos videográficos y las prácticas de consumo generadas han ido poniendo de manifiesto la conveniencia de hacerlo. El concepto de televisión, en un sentido laxo, incluirá ahora, aparte de lo que incluía hasta la eclosión de internet, la IPTV y todos los contenidos accesibles en la red que hemos denominado OTT. El uso creciente de la red para acceder a los contenidos videográficos profesionalmente producidos y la tendencia a la asimilación en las prácticas de consumo de los productos profesionalmente y no profesionalmente producidos así lo aconsejan. Quedarían excluidas del concepto televisión solo las comunicaciones videográficas privadas, personales y corporativas.
¡Y sí! Todas estas formas de distribución y acceso son televisión, porque la televisión es agnóstica de plataforma y pantalla. No importa si se distribuye por vía aérea o terrestre, por cable o por satélite, por redes dedicadas cerradas o por internet abierta. No importa tampoco si se consume en una pantalla de televisión o en un ordenador, una tableta, un smartphone o cualquier otra pantalla de dispositivo móvil. ¡Es televisión!
5. Consideraciones sobre la mutación televisiva
La innegable complejidad que designa el nuevo concepto de televisión requiere la formulación de una serie de consideraciones.
5.1 Sobre la fragmentación de audiencias
Uno de los factores destacados en la etapa del Todo digital y en red es la extraordinaria fragmentación de audiencias y el problema que esto supone para seguir contando con los servicios audiovisuales para prestar las funciones sociales, democráticas y culturales que ha prestado a lo largo de la historia la televisión. La progresiva fragmentación de las audiencias registrada en la segunda y tercera etapa era ya objetivamente un factor que disminuía la capacidad de la televisión para cumplir aquellas funciones, pero sus efectos se veían contrarrestados por diferentes factores. En el campo informativo, por las rutinas productivas que homogeneízan los valores noticia, comparten fuentes y, a pesar de cambiar la óptica, generan agendas compartidas. En el campo programático, la repetición de productos provocada por la falta de correlación entre el crecimiento de canales de difusión y la capacidad de producción de contenidos originales hace que las audiencias agregadas en las diferentes ventanas de distribución de un producto sean equiparables a las conseguidas en la época de escasez de canales, eso sí, sin los efectos de agenda derivados del consumo simultáneo por toda la audiencia de un territorio. Asimismo, la homogeneización de contenidos derivados del recurso a formatos similares contrarresta, en parte, la fragmentación. Estas consideraciones serían extensibles a las audiencias segmentadas que ya empiezan a tener importancia en la última fase de la tercera etapa.
En la actualidad conviven las audiencias de muchos tipos, como las masivas, que todavía consiguen una porción de los programas de los grandes broadcaster y especialmente los grandes eventos, con las fragmentadas, segmentadas, las micro, las personalizadas, las individuales y las conectadas. Ante este panorama, el desempeño de las funciones sociales, democráticas y culturales a las que nos estamos refiriendo entra en crisis en mayor medida y los paliativos mencionados en las otras etapas operan más limitadamente.
De hecho, la exposición a visiones plurales es más difícil en un contexto de audiencias micro, personalizadas o individualizadas, que coinciden con servicios muy orientados. Por tanto, las funciones de refuerzo democrático desempeñadas históricamente por la televisión podrían entrar en crisis si los ciudadanos solo se nutrieran de información y opinión en servicios que coinciden estrictamente con sus afinidades. Cabe decir que no hay que atribuir por defecto esta calidad a los servicios televisivos, donde cada vez se registra una mayor sectarización.
En lo referente a los principios básicos, los servicios audiovisuales tradicionales están regulados y, por tanto, sometidos a control, lo que limita el grado de arbitrariedad, aunque los procesos de desregulación han dejado también estos controles bajo mínimos. En todo caso, hasta hoy la comunicación en la red, y con ella una buena parte de los servicios catalogados en la categoría OTT, se mantiene en un territorio descontrolado, en el que desaparece el principio de responsabilidad editorial, por lo que es factible la sectarización aún en mayor medida que en los servicios televisivos. En este sentido, el mantenimiento de servicios públicos potentes y competitivos, desgubernamentalizados y controlados por autoridades independientes, que mantengan su oferta en todas las plataformas disponibles y en todos los formatos, pasa a ser una prioridad de las políticas de comunicación en defensa de la salud democrática.
En definitiva, habrá que idear formas de contrarrestar los efectos de la fragmentación de las audiencias sobre la capacidad de los servicios audiovisuales de seguir cooperando en la creación de un espacio público en el que la agregación social, las prácticas de participación democrática y la reproducción cultural sean factibles. En este sentido, el uso simultáneo de la segunda pantalla para desarrollar acciones, en relación con el contenido de la televisión que se está viendo en la pantalla del televisor, tanto en relación con el emisor como con otros espectadores, permite desencadenar procesos de agregación social que no deberían despreciarse.
5.2 Sobre la universalización de las coberturas
La fronterización de las coberturas de la televisión se podía hacer de forma muy eficiente en la primera etapa de desarrollo de la televisión (Hertziana analógica terrestre); en la segunda etapa (Analógica multicanal), los desbordamientos inevitables de las huellas de los satélites respecto de las fronteras nacionales ponían las primeras señales de alarma sobre la precariedad del blindaje de las fronteras nacionales a la circulación de los servicios televisivos, y la tercera etapa (Digital multicanal), donde el desbordamiento activo y vocacional de los satélites digitales certifica la emergencia de las iniciativas televisivas transfronterizas y la progresiva habilitación de internet para difundir señales videográficas, muestra la potencialidad de la globalización. Ya en la etapa actual (Todo digital y en red) la extensión de internet y, especialmente, de las conexiones de banda ancha muestra la potencialidad de la universalización de la cobertura y nos pone ante la evidencia de las iniciativas de televisión transnacional y aún más de televisión global. Obviamente, nos encontramos ante una universalización imperfecta, porque la implantación de la red que la permite es universal, en tanto que abarca todo el planeta, pero no lo es en cuanto a su adopción por la población. Es más imperfecta aún debido a que su implantación tiene densidades diferentes para distintas áreas del planeta, creando una extraordinaria diferencia entre regiones ricas y pobres en conexiones y grandes diferencias en el ancho de banda per cápita. Esta imperfección no niega el hecho de que la universalización sea ya un hecho para una creciente proporción de la población del planeta y que sea ya una realidad para la mayoría de la población en los países más desarrollados.
En la práctica, la universalización de las coberturas, aunque sea en su estadio de imperfección, nos confronta a una serie de consecuencias que merecen unas consideraciones.
5.2.1 Permeabilidad de las fronteras
No es posible blindar con efectividad las fronteras nacionales a la circulación de los contenidos digitales. Como consecuencia, hay que repensar todas las reglas de las políticas de comunicación, que se fundamentaban en el hecho de que aplicando principios de soberanía nacional se podían introducir condiciones sobre los contenidos.
Recordemos que las normas básicas de organización del sistema audiovisual, tanto en la Unión Europea como en sus Estados miembro, se contemplan medidas que van desde la consideración de la proporción de obras europeas al respeto de los principios de libertad de expresión, pasando por la protección de públicos sensibles o las normas sobre la publicidad. Obviamente, la efectividad de estas medidas está en relación directa con la capacidad de condicionar la circulación de contenidos en el espacio de soberanía, y eso era posible en la medida en que existía la capacidad de fronterizar la cobertura en el ámbito nacional o de mancomunar principios para la circulación en espacios de soberanía compartida supranacional, como es el caso de las disposiciones contenidas en la directiva europea de Audiovisual Media Services (AVMS). Pero es igualmente obvio que esta efectividad se ve comprometida cuando la cobertura es universal.
Es cierto que aún hoy la forma mayoritaria de aprovisionamiento de contenidos audiovisuales se hace sobre soportes que operan con delimitaciones fronterizas: digital terrestre, cable, plataformas de IPTV, el satélite –en menor medida–, y que a menudo se organizan sus servicios con paquetes caracterizados por satisfacer los gustos de un mercado nacional. Pero también es cierto que, cada vez más, los ciudadanos incorporan en su menú contenidos audiovisuales accesibles en abierto en la red. El hecho de que esta forma de aprovisionamiento sea minoritaria actualmente no debe justificar el aplazamiento de la reflexión sobre sus consecuencias, porque es una forma creciente de acceso a los contenidos audiovisuales y su desarrollo no se puede detener.
5.2.2 Universalización para todos
Ciertamente se abre una serie de oportunidades para las industrias nacionales de producción de contenidos para encontrar vías de difusión más allá de sus mercados. Esto ha de servir de contrapartida para que las políticas de protección de la industria nacional basadas en las cuotas de pantalla, ya sea respecto al origen de la producción, ya sea sobre la presencia de la producción independiente, que aún hoy forman parte de las regulaciones europeas, dejen de tener efectividad en el escenario de cobertura universal. Cobra importancia, pues, desplazar la acción política para la promoción de la industria y la intervención sobre las condiciones de difusión interna a la intervención sobre las condiciones de producción y sobre las condiciones de difusión externa.
La intervención sobre las condiciones de producción requiere el establecimiento de políticas activas de desarrollo de las infraestructuras de producción y las políticas de formación de la competencia creativa. La competencia creativa de excelencia debería influir en la competitividad de la industria nacional de producción de contenidos audiovisuales y, en el nuevo escenario, la competitividad de sus productos será más eficiente en la defensa de la industria que la protección de las cuotas. La competitividad incrementada permitiría hacer crecer la escala de mercado y, en consecuencia, mejorar progresivamente la calidad de la producción. Este factor le permitiría ganar en atractivo para el público nacional, aumentando la oportunidad de pasar a formar parte del menú de consumo confeccionado por el ciudadano.
La intervención sobre las condiciones de difusión externa requiere políticas que intervengan sobre la visibilidad de la producción nacional. La cobertura universal garantiza la oportunidad efectiva de entrar en contacto con públicos de otros mercados además del nacional, pero en un contexto de alta competitividad y de saturación de contenidos, distinguirse en medio de un universo de contenidos innumerables pasa a ser una prioridad.
Las vías de intervención apuntan a diferentes mecanismos. El primero de los mecanismos tiene que ver con la defensa efectiva de la net neutrality, de forma que los productos de los proveedores de contenidos nacionales no se vean discriminados negativamente en su camino por la red hasta el usuario. El tema de la net neutrality es un campo en el que la vigilancia de los reguladores debe ser garantía para evitar la progresiva discriminación de unos servicios sobre otros y, por tanto, de unos contenidos sobre otros.
Podríamos decir que de la violación del principio de net neutrality se derivan dos campos de discriminación. El primero afecta al usuario que ve restringida la calidad del servicio en función de que sus intereses coincidan o no con los servicios priorizados en la velocidad por su Internet Service Provider (ISP). El segundo afecta a los proveedores de contenidos, que ven cómo sus servicios son discriminados aplicándoles una calidad de acceso que los hace menos competitivos. Por las dos vías, los ISP estarían convirtiéndose en los nuevos gatekeeper, que determinan poderosamente el repertorio de contenidos consumidos por la comunidad de usuarios a los que provee de acceso a internet, unos usuarios que no le han delegado la función de gatekeeper, ya que lo que le han contratado es un acceso a determinada velocidad y partiendo de la idea de que este servicio se suministra bajo el principio de net neutrality.
El segundo de los mecanismos es relativo a la garantía de neutralidad también de las guía de programación o EPG y, con más importancia aún en el escenario de la cobertura universal, de los motores búsqueda de vídeo, que cada vez intervendrán en mayor medida en la intermediación del acceso del usuario a los contenidos OTT.
El tercero de los mecanismos apunta a la intervención en el campo de los indexadores de contenidos, que tendrán una importancia vital como mediadores de la abundancia. Estos servicios serán mayoritariamente servicios creados por iniciativas privadas, con sesgos específicos marcados por su política editorial o el target al que quieren servir y, por lo tanto, la selección de productos nacionales para integrar sus catálogos no está garantizada. Encontrar la forma de puesta en valor de los productos nacionales para estos nuevos gatekeeper pasa a ser una prioridad, tanto de los actores industriales como de las políticas nacionales de apoyo a la industria. Paralelamente hay que promover la creación de estos indexadores y tratar de establecerlos como punto de referencia para los usuarios internacionales, y además deben convertirse en punto de referencia obligada, por su completitud y eficiencia para el usuario nacional.
Finalmente, en este repertorio de mecanismos la creación de una imagen de marca fuerte para los contenidos generados por la industria nacional es vital para conseguir ser visible en el bosque de la oferta. Este es otro frente en el que las políticas de comunicación de apoyo a la industria nacional pueden encontrar puntos de intervención muy rentables.
5.2.3 Acceso global
La universalización de la cobertura afecta a la capacidad del usuario nacional para acceder a un repertorio de contenidos más amplio que el que tiene a su alcance en la oferta territorializada que le llega por las plataformas fronterizables. Se puede decir que la probabilidad de que los contenidos de la industria nacional, portadores de los valores culturales e identitarios propios, pasen a formar parte del menú de cada ciudadano disminuye exponencialmente.
Los datos corroboran la preferencia de los ciudadanos para encontrar servicios en internet en su propia lengua, pero no hay que fiar a esa ventaja competitiva la defensa de posiciones de los contenidos audiovisuales nacionales. Primero, porque conforme se generalice el acceso universal el número de competidores aumenta y el usuario podrá nutrirse en un creciente número de proveedores de servicios y contenidos equiparables y tenderá a seleccionar siguiendo un principio de gratificación. Segundo, porque el abanico de lenguas francas para el usuario de los países desarrollados tiende a crecer con el nivel de educación. Por ello, el atractivo de los productos nacionales pasa a ser un factor estratégico. Las iniciativas encaminadas a incrementar la calidad y visibilidad de los productos nacionales, mencionadas en el punto precedente, deben ser un factor vital.
La proximidad de los contenidos juega como factor de enganche, en tanto que se refiere al medio del usuario, a su entorno de relaciones personales y sociales, a su universo de cultura compartida. La industria nacional puede jugar con esta ventaja y de paso mantener las funciones de reproducción cultural, defensa de las identidades, generación de la cohesión social y establecimiento del consenso, todas ellas funciones cubiertas por el audiovisual en las etapas precedentes y en el estadio de coberturas fronterizables de forma más destacada.
Un repositorio que reúna el conjunto de la producción nacional, con espacio también para la producción local, sería un mecanismo facilitador del mantenimiento de las oportunidades de contacto del ciudadano con productos portadores de estas funciones y sería también un mecanismo sobre el que trabajar para construir la imagen de marca del audiovisual nacional. Cabe decir que en un país con una larga tradición de producción local no se debería despreciar el impacto que tendría incorporar esa producción a un repositorio de estas características, tanto en cuanto a aumentar el repertorio de productos en la propia lengua, como en cuanto a la transmisión de valores culturales y rasgos identitarios.
Los productos generados por los ciudadanos también incorporan rasgos identitarios y sociales que pueden cooperar en el cumplimiento de aquellas funciones que antes garantizaba solo la televisión de masas; así, la creación de un indexador de contenidos generados por los ciudadanos tendría consecuencias sobre la visibilidad de estos contenidos, que se encuentran dispersos en diferentes repositorios, servicios de vídeo y servidores, aumentando la probabilidad de que los ciudadanos los incorporen a su menú. Esta opción cobra aún más importancia en la perspectiva de crecimiento del consumo de estos contenidos en el televisor conectado.
6. Mantras de los enemigos de la televisión pública
Las transformaciones registradas en el universo televisivo convergente nos muestran que la televisión no ha perdido centralidad, captura más atención de los ciudadanos que nunca y la ampliación del concepto de televisión a los contenidos OTT todavía aumenta la cuota de atención que atrae. En este punto, podemos asegurar que la televisión no está muerta. Está más viva que nunca. Es más accesible que nunca. La televisión ocupa más espacio que nunca en la vida de los ciudadanos. Y los ciudadanos pasan más tiempo que nunca interactuando con los contenidos televisivos. ¿Por qué, entonces, los medios de comunicación públicos iban a ser prescindibles, innecesarios? Solo razones espurias vienen a la mente si analizamos los pretextos repetidos como un mantra por los enemigos de la televisión pública.
Primer mantra. El gran número de canales disponibles ya garantiza la diversidad
Pero multiplicidad no significa necesariamente diversidad, por dos razones. En primer lugar, la industria audiovisual es incapaz de proporcionar contenido original para llenar todos estos canales disponibles, y por lo tanto existe un alto grado de repetición y redundancia a nivel mundial. En segundo lugar, incluso si los canales generalistas incluyen una alta proporción de contenido original, su índice de diversidad genérica es muy bajo. Según datos de EUROMONITOR2 para el proyecto CSO2012-39232, el contenido de las cadenas generalistas de los cinco principales mercados europeos se concentra en un 75% en tres macrogéneros (ficción, información e info-show), mientras que en EE. UU. la proporción es aún mayor, alcanzando el 85% para los tres macrogéneros.
Segundo mantra. El acceso global y abierto a muchos canales garantiza el pluralismo
Lo que garantiza es la fragmentación de las audiencias, pero no que cada oyente se nutra de contenidos en diferentes fuentes, por lo que es muy fácil que un ciudadano consuma solamente productos, informaciones y opiniones proporcionados por medios de comunicación de su misma orientación ideológica.
En la práctica, la multiplicación de canales ha llevado aparejada una extraordinaria sectarización de los contenidos, por lo que aceptando que la multiplicación de canales pueda influir en la diversidad de visiones, esa diversidad llega con dificultades al espectador, que se nutre con frecuencia de las mismas fuentes. En la etapa Todo digital y en red, la posibilidad de que un ciudadano se nutra solo de ofertas audiovisuales que coincidan con su punto de vista es mayor que nunca, lo que tiene efectos segregadores que dificultan la cohesión social. Por ello, se necesita un servicio público con capacidad de atraer a audiencias masivas y que garantice la diversidad interna, la que permite al ciudadano entrar en contacto con distintas ideas de fuentes y de contenidos, en lugar de estar prisioneros de conductas de consumo sectario. En este contexto cobra una importancia capital garantizar la existencia de servicios públicos potentes, competitivos y libres, tanto del control partidista y como de los condicionantes del mercado. Estos servicios públicos deberían mantener una oferta en todas las plataformas, redes y formatos para multiplicar sus oportunidades de contacto con los ciudadanos. Son una necesidad en defensa de la salud democrática.
Tercer mantra. Con internet y las redes sociales los ciudadanos pueden crear y distribuir libremente su propio contenido y no necesitan la mediación del servicio público para ejercer su libre expresión
Es verdad que las redes han puesto al alcance de los ciudadanos comunes una capacidad de expresión sin precedentes. Pero también es cierto que la eficiencia de esa comunicación topa contra muchas barreras. La primera es la alfabetización digital y audiovisual de los ciudadanos; la segunda, el desigual acceso a los recursos de red, y la tercera, la imposibilidad de garantizar la visibilidad de esos contenidos en el bosque de la oferta televisiva y, por tanto, de conseguir una influencia social equiparable a la que ejercen las instituciones y las corporaciones privadas.
Cuarto mantra. Las televisiones públicas ofrecen lo mismo que los canales privados, por tanto no son necesarias
Aunque la televisión pública competitiva no puede abstraerse de la influencia del mercado, los datos muestran que la oferta pública es más diversa y claramente distinta de la oferta privada. Los datos de EUROMONITOR para el proyecto CSO2012-39232 sobre la oferta de las televisiones públicas y privadas de los cinco grandes mercados televisivos de la Unión Europea (UE-5) hablan por sí solos.
GRÁFICO 1
Estructura general de la oferta según géneros de las televisiones públicas y privadas (en porcentaje). Temporada 2011-2012

Fuente: EUROMONITOR y Proyecto CSO2012-39232.
En su conjunto, las televisiones públicas en Europa mantienen un perfil de la oferta dominado por el macrogénero información (45,9%), mientras que las privadas están dominadas por la oferta del macrogénero ficción (35,2%). Además, las televisiones privadas dedican al macrogénero info-show (telerrealidad) un 21,2%, más del doble de tiempo de antena que sus competidoras privadas. El resto de macrogéneros, que se encuentran presentes en proporciones mucho más modestas, muestra cómo las televisiones públicas dedican mayor atención que las privadas al público infantil, y otorgan más espacio a la educación y al deporte.
Quinto mantra. La televisión pública solo debe hacer los tipos de programas que las cadenas privadas no hacen
El argumento tiene la finalidad de mantener a la televisión pública alejada de todos los géneros que resultan más rentables en términos de captura de audiencias. Los operadores privados apelan, para marcar el territorio, a una hipotética naturaleza de los géneros televisivos que permitiría identificarlos con la etiqueta de públicos o con la de comerciales, lo que situaría la discusión en el plano de una peculiar teoría de los géneros que no resiste la prueba de una aplicación empírica.
En su argumentación por legitimar aspiraciones de mayor rentabilidad, los operadores privados introducen un factor de desorientación entre los responsables de las políticas de comunicación, en los reguladores e incluso en la colectividad científica. Una muestra de ello es el requerimiento de la Comisión Europea a las televisiones públicas para que aclaren la naturaleza pública de sus actividades.
La indefinición del requerimiento de la Dirección General IV al hablar de «las actividades comerciales» y de «las actividades de servicio público» no resulta clara y abona una operación interesada, que consiste en separar estructuralmente los contenidos «culturales e informativos» de los contenidos «de entretenimiento». Este planteamiento no tiene en suficiente consideración las actuales condiciones de producción y de programación audiovisual, que más bien tienden a convertir en un artificio esta diferenciación.
La programación es, primordialmente, un sistema y, por lo tanto, sus partes solo gozan de una autonomía relativa. Aislar alguna de las piezas con voluntad totalizadora supone ignorar aquel carácter sistémico y perder de vista que el propio sistema no adopta una forma rígida y estable. En primer lugar, porque de su funcionamiento se derivan nuevas experiencias que, debidamente pulidas, pasan a incorporarse al conjunto de leyes que lo organizan. En segundo lugar, porque es un sistema ecológico que interpreta el entorno en que se ha establecido y organiza su funcionamiento a partir de las interacciones que efectúa con los otros sistemas con los que convive.
La programación es un objeto extraordinariamente complejo ya que, pese a regirse por un conjunto de leyes conocidas y parcialmente controlables, en su plasmación intervienen factores que reclaman del programador la aplicación de conocimientos intuitivos y no totalmente formalizables. Por eso, el programador cuenta con diferentes técnicas y métodos que, debidamente aplicados, le permiten reducir el índice de aleatoriedad característico de las estrategias de programación, pero sin eliminarlo completamente. Necesita, pues, un margen de maniobra dinámico que le permita efectuar las correcciones necesarias para alcanzar los objetivos preestablecidos.
Si se acepta que la televisión pública, para cumplir su misión, debe conseguir altos índices de penetración en la audiencia, los programadores deben disponer de todas las herramientas que están a su alcance. El ecosistema audiovisual en el que se desarrollan las actividades de televisión pública es cada vez más competitivo y, considerando las demandas de cumplimiento de funciones que le son encargadas, no se pueden añadir más limitaciones a la tarea de los responsables de la oferta que las relativas a la calidad, la responsabilidad social, el desarrollo cultural o la información independiente. Los programadores de la televisión pública tienen que poder contar con todos los géneros disponibles para utilizarlos en sus estrategias de programación.
Todo lo que precede sería suficiente para desacreditar los intentos de discriminar tópicamente, en función de su género, las piezas de una programación consideradas de servicio público (géneros informativos, educativos o culturales) de las que no lo serían (géneros de ficción, deporte, concursos o shows). Esta separación acaba considerando el entretenimiento escindido de la cultura. Opción que únicamente puede explicarse atendiendo a los criterios economicistas de quien la plantea. No podemos eliminar el entretenimiento del repertorio de la producción cultural y menos aún del consumo cultural.
No es posible aplicar una distinción entre programas de servicio público y otros que no lo son, en cuanto se integran en una estructura de programación y han sido ideados o adquiridos para cumplir con unos objetivos marcados en un contrato programa. No es adecuado, pues, tratar de diferenciar entre programas de servicio público y programas comerciales ya que, por definición, una vez establecida con claridad la misión de la televisión pública todas sus emisiones responderán a la consecución de los objetivos marcados, es decir, al criterio de servicio público.
Todo lo anterior no supone la inexistencia de elementos de cualificación de la televisión pública. No. Pero las diferencias recaen en aspectos cualitativos que se manifiestan en los contenidos, los tratamientos y las funciones.
Sexto mantra. Las televisiones públicas hacen competencia desleal al tener acceso a dos fuentes de financiación
Independientemente de que las televisiones públicas en Europa tienen diferentes porcentajes de acceso a la publicidad, desde ninguno a diferentes limitaciones de volumen y periodos de emisión, el argumento trata de deslegitimar a la televisión pública, ya que en los mercados en los que no tienen acceso a la publicidad o lo tienen muy limitado siguen reclamando las limitaciones para que las televisiones públicas no puedan acceder a los programas más competitivos en términos de captura de audiencias. Cuando en un mercado, como el español, consiguen que se suprima la publicidad como forma de financiación de la televisión pública, la inversión publicitaria que se canalizaba a través de la televisión pública no va automáticamente a las arcas de las televisiones privadas. Si la televisión pública consigue retener su audiencia o incrementarla al suprimir la publicidad, los anunciantes tratan de impactar en ese segmento de audiencia por otras vías, que no son las televisiones privadas, y por tanto la inversión publicitaria en televisión decrece. Entonces reclaman que los canales públicos no puedan acceder a contenidos de éxito en el mercado y que las subvenciones públicas desciendan con la esperanza de que pierdan audiencia en beneficio de las privadas que, entonces sí, se beneficiarán de la inversión publicitaria que antes tenía la televisión pública.
Séptimo mantra. El mercado televisivo no necesita regulación, sus propias leyes son suficientes para garantizar la presencia de diferentes opciones
La historia nos demuestra que en ausencia de barreras legales la concentración es la resultante natural de la ley del mercado. Siempre que desaparecen esas barreras se producen procesos acelerados de concentración. El caso español resulta paradigmático. Estamos plenamente inmersos en un mercado con dos operadores dominantes que concentran la mayoría de las audiencias. Desde el punto de vista de la diversidad ideológica esta concentración es una amenaza.
7. A modo de conclusión: decálogo sobre la indispensabilidad de la televisión pública
Después de analizada la debilidad de los argumentos de los enemigos de los medios de comunicación de servicio público, vamos a tomar un momento para identificar algunas de las razones de su indispensabilidad. Tomando en consideración, como hemos mostrado, que la televisión posconvergencia conserva un carácter central en la dieta mediática de los ciudadanos, y teniendo en cuenta también que las características del universo de televisión convergente permiten a los ciudadanos el acceso a una gran cantidad de contenidos de terceros y que los contenidos coherentes con su identidad cultural son enterrados por la abundancia de una oferta que se caracteriza por una baja diversidad y por promover la homogeneización cultural, la televisión pública sigue siendo indispensable para:
1.Poner a disposición de los ciudadanos de cada país un amplio repertorio de contenidos que lleve los rasgos de su identidad cultural.
2.Proporcionar información de todas las áreas, desarrollada con criterios profesionales independientes, lo que permitirá a los ciudadanos interpretar la realidad compleja y actuar en su entorno.
3.Propiciar la diversidad programática en un contexto de abundante oferta regida por la ley del mercado que provoca la homogeneización de la oferta, tanto a nivel nacional como a nivel mundial.
4.Permitir la experimentación e innovación en el uso de los géneros, del lenguaje y de la televisión, dando tiempo al espectador para familiarizarse con las innovaciones y contribuir a la educación social del gusto.
5.Desempeñar el papel de motor de la industria audiovisual nacional y local.
6.Fomentar la participación de todos los ciudadanos y grupos sociales, dando visibilidad a sus ideas y creaciones, utilizando todos los nuevos recursos disponibles.
7.Asegurar la visibilidad al talento creativo nacional.
8.Poner en valor la memoria audiovisual y organizar los repositorios de la producción nacional, más allá de sus propias producciones, y facilitar el acceso de todos los ciudadanos a ese patrimonio.
9.Liderar la producción multiplataforma.
10.Garantizar el pluralismo ideológico y la independencia editorial. Un pluralismo interno, que permite a los ciudadanos entrar en contacto con las diferentes ideas y los diferentes puntos de vista que existen en la sociedad, para contrarrestar el sectarismo que se puede derivar del pluralismo externo, que es el único que podría garantizar hipotéticamente la multiplicación de canales.
Para conseguir todos estos objetivos la televisión pública necesita:
1.Contar con un presupuesto estable, proporcional a la dimensión de sus objetivos.
2.Ser juzgada con criterios de rentabilidad social.
3.Medir el éxito de sus programas en términos de cumplimiento de los objetivos. No por la cuota de pantalla indiscriminada.
4.Disponer de un sistema de gestión que garantice su independencia y la aplicación de criterios profesionales en la toma de decisiones.
Por lo tanto, una televisión pública fuerte y competitiva es esencial, ahora como en el pasado, para cumplir las funciones de refuerzo de las identidades, la defensa de las lenguas, la promoción de la cohesión social, el fomento de la participación democrática y la creación de consenso.
*Este texto se nutre de las aportaciones de diferentes investigaciones dirigidas por el autor en el seno del GRISS-UAB, grupo de investigación consolidado, reconocido y financiado por la Generalitat de Catalunya, 2014SGR1013, que actualmente trabaja en «La regulació de l’audiovisual en l’escenari de la convergència tecnológica», investigación financiada por el Consell de l’Audiovisual de Catalunya y el proyecto de I+D+i, CSO2012-39232, financiado por el MINECO.
1.Una caracterización más detallada de estas etapas se puede encontrar en E. Prado: «Del Flujo al Stock. Desafíos de la digitalización para las políticas de comunicación», en IEC (ed.): Pensar los medios en la era digital, Buenos Aires, La Crujía Ediciones, 2010.
2.EUROMONITOR es un observatorio permanente de la televisión en Europa creado por un grupo de investigadores europeos (Paolo Baldi, Ian Connell, Claus Dieter Rath y Emili Prado), con el apoyo del servicio VQPT de la RAI y operativo desde 1989. Hasta 1995 tuvo su base de coordinación en Ginebra y a partir de esa fecha se trasladó a la Universitat Autònoma de Barcelona, donde opera bajo la dirección de Emili Prado, catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad. El equipo de la sede central también incluye como coordinadoras de informes nacionales a las profesoras titulares Matilde Delgado, Núria García-Muñoz y Gemma Larrègola. El observatorio realiza informes regulares para los principales operadores televisivos de Europa y Norteamérica, así como publicaciones científicas y seminarios académicos, talleres de programación con la industria y asesoramiento a instituciones y autoridades reguladoras. EUROMONITOR clasifica los contenidos televisivos con una tipología de tres niveles que contempla Macrogéneros, Géneros y Microgéneros. Se puede encontrar una actualización de esta tipología en E. Prado y M. Delgado: «La televisión generalista en la era digital. Tendencias internacionales de programación», Telos, 84, Madrid, Fundación Telefónica, 2010.
La crisis de la radiotelevisión pública autonómica
JUAN CARLOS MIGUEL DE BUSTOS
MIGUEL ÁNGEL CASADO DEL RÍO
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
1. Introducción
Las televisiones autonómicas españolas constituyen una excepción dentro del sistema audiovisual europeo. En ningún país de Europa –salvo Alemania, Bélgica o Suiza– se puede encontrar un sistema televisivo equiparable al servicio público autonómico español. Desde la primera emisión de ETB, en 1983, las televisiones autonómicas se han extendido hasta llegar a 13 en las 17 comunidades autónomas. Solo cuatro de ellas –Cantabria, Castilla y León, La Rioja y Navarra– no cuentan ni han contado con un servicio público de radiotelevisión autonómico. A estas debe sumarse el reciente cierre de Canal Nou, con lo que pasarían a ser cinco las comunidades.
En 2011, la radiotelevisión pública autonómica empleaba a cerca de 10.000 trabajadores,1 y en 2013, sumaba más de mil millones de euros de presupuesto. Más que RTVE o que incluso el conjunto de las privadas. Sin embargo, salvo en el caso de los trabajos pioneros de Moragas y Garitaonandia (Moragas Spà, Garitaonandia Garnacho y López, 1999; Moragas Spà y Garitaonandia Garnacho, 1995) y el más recientemente proyecto coordinado por Juan Carlos Miguel de Bustos,2 pocos trabajos han considerado a las autonómicas en conjunto como objeto de estudio. Esto se explica, en gran medida, por la naturaleza heterogénea de los diferentes entes que forman el sistema autonómico de televisiones: podemos encontrar entes como la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), con 1.700 empleados, 295 millones de presupuesto, 6 canales de TV y una audiencia cercana al 15%, frente a estructuras completamente externalizadas con apenas presupuesto o empleados (Campos Freire, 2012).
El estudio de la actual situación de las autonómicas requiere una visión panorámica que, sin olvidar las notables diferencias entre ellas, permita explicar la actual situación. Por ello, este capítulo analizará las principales causas que han llevado a las radiotelevisiones autonómicas a la situación más complicada desde su nacimiento. O, en otras palabras, cómo se ha pasado de la puesta en marcha de nuevas televisiones autonómicas y de concederles un papel protagonista en el desarrollo regional y en la creación de riqueza, a los ERE, las privatizaciones y los cierres. Para ello, en primer lugar se presenta una caracterización de las radiotelevisiones autonómicas a partir de su evolución, para posteriormente analizar su problemática a partir de su gestión económica y política.
1.1 El desarrollo de la televisión autonómica en España
El actual sistema televisivo autonómico se ha configurado a través de un proceso escalonado que comenzó con las emisiones del canal autonómico vasco en 1983. Guimerà y Blasco presentan este proceso como consecuencia de «unas políticas de comunicación estatales cambiantes y de unas políticas autonómicas descoordinadas y muy diferentes entre sí» (Guimerà y Blasco Gil, 2012: 33). Entre 1983 y 1985 se produjo el nacimiento de los tres primeros canales de televisión autonómica: ETB en Euskadi, TV3 en Cataluña y TVG en Galicia. En los tres casos se trata de televisiones que nacen con una voluntad de conseguir la normalización lingüística, aunque «en el caso de los dos primeros se iba más allá de la normalización lingüística y se buscaba crear unos medios que fueran instrumentos tanto de profundización del autogobierno como de reconstrucción y de reafirmación nacional tras la dictadura franquista» (Guimerà y Blasco Gil, 2012: 38-39). También apuntan que, a diferencia de la televisión vasca o catalana, la televisión de Galicia comenzó a emitir ya dentro del marco de la normativa del tercer canal y fue promovida por Alianza Popular, mientras que los canales vasco y catalán fueron promovidos por PNV y CiU, partidos nacionalistas.
La segunda fase se extiende desde mediados de los ochenta hasta finales de los noventa. En ella nacen los canales de Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana; todos comienzan sus emisiones en 1989.3 Durante este periodo se ponen también en marcha los segundos canales de las televisiones vasca (ETB 2, en 1986) y catalana (Canal 33, en 1987), así como el de la valenciana (Punt 2, en 1989). Frente a la primera etapa, marcada por aspectos más lingüísticos e identitarios, en esta segunda fase se ponen en marcha televisiones en comunidades sin lengua propia, de forma que los objetivos de servicio público se fundamentan en otros aspectos.
La tercera fase se sitúa entre los años 1999 y 2011 y lleva a la actual configuración del sistema televisivo público autonómico. Durante este periodo aparecen entes de televisión autonómicos en siete comunidades –Canarias, Castilla-La Mancha, Asturias, Baleares, Extremadura, Murcia y Aragón–. Pero sobre todo aparece un nuevo factor: el proceso de implantación de la TDT, que amplía la oferta de los entes autonómicos hasta llegar a más de treinta canales.
Debe considerarse el nacimiento de una etapa, la cuarta, caracterizada por la acumulación de dificultades (bajas audiencias, problemas de gestión, en algún caso de dimensionamiento, de externalización extrema y de gobernanza), a las que se une el descenso de los ingresos, como consecuencia de la crisis económica estructural. En esta nueva etapa tiene lugar el cierre de la Radiotelevisión Valenciana.
1.2 La radiotelevisión autonómica en el marco del sistema televisivo español
Desde que comenzaron las televisiones autonómicas, el entorno audiovisual ha cambiado radicalmente; en su inicio ni siquiera habían comenzado a emitir las televisiones privadas. Los nacimientos de Tele 5 y Antena 3, en 1989, supuso un cambio en el panorama televisivo español. Se produjo una leve fragmentación de las audiencias y se acentuó la competencia por los ingresos publicitarios, con la conocida deriva hacia los contenidos de carácter más comercial. Idéntico efecto se produjo de nuevo, años después, con la llegada de Cuatro y La Sexta, aunque esta vez con un impacto mayor para las audiencias (tabla 1).
Indudablemente, el factor que más ha afectado a la oferta de televisión en abierto ha sido la implantación de la TDT. Sin entrar a analizar el proceso, el largo y complejo desarrollo normativo de la TDT en España (Reig, Ramos Castro y Barriga Cano, 2012; Badillo Matos, 2011), en lo que respecta a las televisiones públicas autonómicas se puede señalar que cada una de ellas acabó siendo adjudicataria de un múltiplex en sus respectivos territorios, lo que le daba la posibilidad de llegar a emitir hasta cuatro canales. En el caso de Cataluña fueron tres múltiplex, y a la hora de redactar el presente texto debe desprenderse de uno de ellos.4 La TDT amplió la oferta y produjo una fragmentación de las audiencias que ha supuesto un importante golpe para muchas de las cadenas autonómicas cuyos datos han pasado a ser casi testimoniales.
Hoy, el sistema televisivo español está dominado por dos grandes grupos de comunicación: Mediaset –controlado por el grupo italiano propiedad de Silvio Berlusconi, Fininvest– y el español Atresmedia. Entre ambos controlan 16 de los 32 canales existentes en el ámbito español desde la implantación de la TDT en abierto; mientras que TVE opera 5 de los 8 que tiene asignados. A principios de septiembre de 2013, dichos grupos acaparaban el 28,6 y 29,6% de las audiencias de TV, respectivamente. En publicidad constituyen un duopolio, ya que suponen el 88% de los ingresos publicitarios de TV.5 Por el contrario, todos los canales de TVE suman el 16,4% de la audiencia de TV. En suma, el paisaje es el siguiente: la audiencia acumulada de los canales de estos grupos privados fue cercana al 60%; le seguían los servicios públicos de ámbito español y autonómico (25%); a distancia, los canales de pago (Digital Plus, cable, satélite y ADSL), y con un porcentaje reducido –rondando el 3%– en emisión abierta en TDT correspondiente al resto de grupos privados.6 Por su parte, las televisiones locales han pasado a ser un fenómeno marginal, si bien relevantes en localidades puntuales.
TABLA 1
Audiencias de las televisiones autonómicas (% share)

Fuente: Noticias de la comunicación (2013).
Este resultado se deriva de la improvisación del Gobierno socialista, en julio de 2010, con la distribución de canales con ocasión de la plena implantación de la TDT. Sin estudios de impacto económico ni sobre el pluralismo ni sobre la diversidad, multiplicó por tres el número de operadores privados en abierto (de 2 a 6) y por doce la oferta de canales privados de ámbito estatal en abierto, en 5 años (de 2 a 24).7 Resultaba difícil pensar que había espacio para todos en ese modelo. Era una concentración anunciada, que se realizó mediante fusiones, o mejor absorciones (absorción de los canales de Cuatro pertenecientes al grupo Prisa por Fininvest; y los canales de la Sexta por Antena 3, del grupo Planeta).
Era tan previsible como necesario revisar el rol de RTVE; también era necesario estudiar el impacto en las televisiones autonómicas. Sí se reflexionó sobre la televisión pública, a través de una comisión de expertos que elaboró el conocido como «Informe de los sabios», pero únicamente se refería a la televisión pública estatal. La multiplicación de canales y la dependencia de las subvenciones implicaban un modelo poco sostenible. Pero, además, se instaló la crisis, para largo, lo que hace aún más difícil la sostenibilidad del modelo, considerado en su conjunto, ya que las autonómicas reflejan situaciones de programación, gestión y de gobernanza muy heterogéneas.
2. La cuarta fase: crisis del sistema de radiotelevisión autonómico. Factores económicos y políticos
Hasta 2011 puede hablarse de una expansión del modelo autonómico. En torno a estas fechas comienzan los recortes en muchos entes, y a partir de ese año la interacción de varios factores lleva a varias cadenas autonómicas a una situación crítica. El primer factor que debe considerarse es la propia transformación del escenario audiovisual, con la multiplicación de actores descrita en el punto anterior. A este factor deben agregarse otros de índole económica y política: el descenso de las subvenciones y la austeridad como norma general en todos los servicios públicos y el descenso en los ingresos publicitarios. Además están los problemas de endeudamiento y de gobernanza de algunos entes. En este clima de dificultades, las televisiones privadas, a través de su lobby UTECA, atacan, año tras año, a las televisiones públicas en general, y a las autonómicas en particular, argumentando sobre la carestía de las radiotelevisiones autonómicas. Repiten el mismo argumento buscando el desmantelamiento del sistema de radiotelevisión autonómico, sin el más mínimo análisis o referencia a su misión y objetivos.
2.1 Economía de las televisiones públicas autonómicas
De la misma manera que en la crisis económica se juntan múltiples crisis8 (de la deuda privada y de la deuda pública, del tejido productivo, de la financiación pública, del paro), en la crisis de las radiotelevisiones autonómicas interaccionan varias crisis o dificultades.
En 2011, la financiación de las radiotelevisiones autonómicas provenía en un 75-80% de subvenciones públicas, en un 15% de la publicidad y el resto a través de la venta de programas. La crisis hace que las dos principales fuentes de financiación vean reducidas sus magnitudes, de manera que pueden comprometer el futuro de las radiotelevisiones autonómicas públicas. Esta situación va a resultar difícil de cambiar, al menos a medio plazo. Aumenta también la proporción de las subvenciones en los ingresos totales.
TABLA 2
Financiación de las televisiones autonómicas (2013, millones de €)

Fuente: elaboración propia, a partir de varias fuentes.
TABLA 3
Ingresos publicitarios del sector televisivo (en millones de €)

Fuente: SGAE. Informe 2013, capítulo 3 (TV), p. 62.
La financiación por publicidad se reduce drásticamente: en siete años experimenta un descenso del 30% en las televisiones de cobertura nacional y de un 66% en las autonómicas. No solo se han reducido los ingresos en publicidad de las televisiones autonómicas, sino que también han visto recortada la principal fuente de sus ingresos: las subvenciones. Esto es consecuencia directa de la crisis, que ha mermado los ingresos de las administraciones e imposibilitado la devolución de la deuda acumulada en muchos casos. El problema es preocupante porque la deuda acumulada de las autonomías, en 2012, suponía 145.000 millones de euros, o lo que es lo mismo, unos dos tercios de la deuda pública total.9
Con el fin de garantizar un mejor cumplimiento de la Ley Orgánica 2/12, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se establecieron una serie de obligaciones a los prestadores de titularidad pública del servicio público de comunicación audiovisual de ámbito autonómico, entre las que cabe destacar la fijación de un límite máximo de gasto para un ejercicio económico, que no podrá rebasarse, y la obligación de presentar un informe anual en el que se ponga de manifiesto que la gestión de estas televisiones se adecúa a los principios de la citada ley orgánica.
La obligación contraída por España para la reducción del déficit público llevó a los gobiernos autonómicos a emprender recortes en casi todos los servicios públicos, dentro de los cuales las televisiones autonómicas ocuparon un lugar prioritario. En las comunidades autónomas se han reducido drásticamente los presupuestos de cultura, que incluyen los de las televisiones autonómicas. Así, en Cataluña, la reducción experimentada en el presupuesto de cultura, en 2013, fue del 32%, y en Aragón, del 79%.10 A esto deben sumarse las reducciones en los presupuestos del Estado relativos a la cultura, que se reducen a la mitad entre 2009 y 2013. Estos presupuestos recogen, entre otras partidas, las ayudas a la producción audiovisual.
En algunos casos, las dificultades han colocado a las televisiones autonómicas en la quiebra, o cerca de ella. Canal 9 y Telemadrid, gestionadas por gobiernos del Partido Popular durante los últimos 15 años y responsables de cerca del 90% de la deuda que arrastraban los canales autonómicos, han sido los grandes exponentes del alcance de los recortes. En el caso de la primera, la desestimación judicial del ERE que se planteó fue utilizada por el Gobierno para su cierre, mientras que en el segundo, el ERE eliminó a cerca de 300 trabajadores.
Pero no son los únicos canales que han atravesado graves dificultades. Canal Sur, además de cerrar su segundo canal, negoció una importante reducción salarial para la plantilla.11 La catalana CCMA, tras una reducción de plantilla de cerca de 200 trabajadores, negoció también con los trabajadores un descenso de los salarios,12 situaciones que se repiten en casi todos los canales.13 Las reducciones de salarios de los trabajadores públicos decretada en 2010 afectó a todas las televisiones autonómicas. Desde entonces los salarios no se han incrementado.
Los costes, considerados de manera aislada, se utilizan como argumento para negar la existencia de las televisiones autonómicas –tal y como suelen hacer los informes de UTECA–, sin establecer relación alguna entre costes y objetivos. Sin embargo, incluso considerando el coste por habitante de manera aislada (tabla 4), se observa que es más barato que en la práctica totalidad de las televisiones europeas, si bien, si se considera el canon por hogar, es similar al francés, como consecuencia de que los hogares españoles tienen más componentes que los franceses. Los países en los que el coste por hogar es más barato son Bulgaria, Letonia y Lituania (menos de 10 euros). El máximo se da en Suiza (175). Los datos sobre el canon por hogar son similares, siendo Dinamarca el máximo, en torno a 300 euros.
TABLA 4
Coste de la televisión pública por autonomías (año 2011)

Fuente: Campos Freire (2012).
2.2 Política y gobernanza
Aunque materializada en recortes económicos, la situación a la que han llegado las televisiones públicas tiene motivaciones fundamentalmente políticas. Determinados sectores (televisiones privadas) o partidos políticos abogan por la eliminación o la privatización de las televisiones autonómicas. La privatización entronca perfectamente con el ideario liberal del PP, que desdeña el papel de estos servicios que, sin embargo, han sido utilizados, sin ningún reparo, como altavoz de propaganda.
La politización de las televisiones autonómicas y el escaso rigor que ha caracterizado la gestión de algunos de estos entes han sido uno de los principales argumentos que se han empleado para su desprestigio. Al nacer a imagen y semejanza de RTVE, las televisiones autonómicas copiaron su sistema de gestión –que deja en manos de los políticos los consejos de administración y la elección de los directores–. En su análisis del gobierno de las televisiones autonómicas, Fernández Alonso y Fernández Viso (2012) muestran las consecuencias de la falta de independencia y de credibilidad que genera esta subordinación a los intereses políticos; dicha subordinación viene además acompañada por una marcada debilidad –cuando no inexistencia– de mecanismos de control. También existe falta de transparencia de la mayoría de estas televisiones (Linares Rodríguez y Porto Pedrosa, 2012).
Esta situación choca de lleno con las exigencias comunitarias contenidas en la comunicación de la Comisión de 2009 sobre ayudas a medios públicos de comunicación. Ante la presión de la iniciativa privada, la Comisión Europea creó diferentes medidas destinadas a fiscalizar la acción de las radiotelevisiones públicas de forma que su acción no contraviniese en ningún momento las normas de competencia comunitarias. Bajo la premisa de que la financiación pública se destinase únicamente a los contenidos del servicio público, se establecieron diferentes medidas para el control de los entes públicos: contratos programa, contabilidad analítica, órganos de control y monitoreo estrictos de la eficiencia de los servicios públicos.
Estos aspectos se incorporaron a la normativa española en la Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual. Azurmendi et al. analizan el impacto de la Ley General del Audiovisual sobre las televisiones autonómicas,
que induce a una reforma de las radios y televisiones autonómicas en aspectos como la redefinición de su misión de servicio público; el equilibrio entre externalización y producción propia exigido por la calidad demandable a la radiodifusión pública; la financiación y, dentro de ella, la oportunidad o no de la publicidad y el requerimiento de transparencia empresarial que haga legítima la subvención pública (Azurmendi, López Vidales y Manfredi, 2011).
Sin embargo, la mayoría de los entes autonómicos ignoraron estas herramientas de control o las hilvanaron de forma meramente nominal. Como señalan Bustamante y Corredor (2012: 306),
la mayor parte de los canales autonómicos, salvo Cataluña (BOPC 136, 08-10-2007), Andalucía (BOPA 780, 14-12-2007) y Asturias, se habían resistido todos estos años tanto a una regeneración democrática como al saneamiento y transparencia de sus cuentas en el sentido realizado por RTVE. En Galicia, la Ley 9/2011 sigue un modelo inspirado en la CRTVE con una mayor eficiencia en la gestión, el refuerzo del control externo y una mayor independencia de sus órganos internos.
Por otro lado, deja su control en manos de una autoridad audiovisual aún por concretar (López Cepeda, 2012).
2.2.1 La puerta a la privatización
Es en este contexto de extrema debilidad económica y de resistencia a la necesaria regeneración democrática de estos entes en el que el Gobierno abre las puertas a la privatización de las televisiones autonómicas. La Ley General de la Comunicación Audiovisual ya suavizaba los criterios de externalización de la Ley del Tercer Canal y daba «cobertura legal» a los operadores que comenzaron su actividad en los últimos años, «apostando por fórmulas de externalización que claramente excedían los límites legales» (Sarabia Andúgar, Sánchez Martínez y Alonso Fernández, 2012: 106).
En efecto, la Ley 6/12, de 1 de agosto, de modificación de la Ley 7/10, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, para flexibilizar los modos de gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual autonómicos, establece en el párrafo 3 del preámbulo:
La situación económica y la necesidad por parte del conjunto de las Administraciones Públicas de acometer actuaciones que faciliten la consolidación presupuestaria y el saneamiento de las cuentas públicas, aconseja dotar a las Comunidades Autónomas de mayor flexibilidad en la prestación de su servicio de comunicación audiovisual.
Y en los párrafos 4 y 5:
Las Comunidades Autónomas podrán decidir sobre la prestación del servicio público de comunicación audiovisual, pudiendo optar por la gestión directa o indirecta del mismo a través de distintas fórmulas que incluyan modalidades de colaboración público-privada. Si deciden no prestar el servicio público de comunicación audiovisual, las Comunidades Autónomas podrán convocar los correspondientes concursos para la adjudicación de licencias.
Además, las Comunidades Autónomas que vinieran prestando el servicio público de comunicación audiovisual podrán transferirlo a un tercero de acuerdo con su legislación específica.
El punto 3 del artículo único de la citada ley señala que:
Las Comunidades Autónomas que acuerden la prestación del servicio público de comunicación audiovisual determinarán los modos de gestión del mismo, que podrán consistir, entre otras modalidades, en la prestación del servicio de manera directa a través de sus propios órganos, medios o entidades, en la atribución a un tercero de la gestión indirecta del servicio o de la producción y edición de los distintos programas audiovisuales, o en la prestación del mismo a través de otros instrumentos de colaboración público-privada, de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia y concurrencia, así como no discriminación e igualdad de trato. Asimismo, las Comunidades Autónomas podrán acordar transformar la gestión directa del servicio en gestión indirecta, mediante la enajenación de la titularidad de la entidad prestadora del servicio, que se realizará conforme con los principios citados anteriormente.
Esta ley instaura la filosofía de la externalización. Esta es una práctica que ha sido adoptada de manera unidimensional, y que se identifica únicamente con aspectos positivos. Es cierto que puede permitir realizar economías, pero su utilización ha estado más relacionada, muchas veces, con la gestión de los recursos humanos. El contratar producciones audiovisuales con empresas externas puede resultar más económico como consecuencia de los menores costes de estructura y de personal; además, los despidos o nuevas contrataciones de personal son mucho más simples que en una televisión autonómica pública, que debe cumplir los convenios, en la que hay presencia sindical, a veces importante, etc.
En algunos casos, como en la televisión vasca, la externalización se ha realizado a través de la creación de sociedades mixtas, en las que el ente público tiene una parte del capital. Esto le permite un mayor control de las actividades de la empresa externalizada, pero puede ser una fuente de problemas cuando deba procederse a restructuraciones, como ocurrió en 2014.14
Antes de la ley, varias televisiones autonómicas –Canarias, Murcia, Baleares y Aragón– ya tenían externalizadas determinadas producciones. Así, Canarias se ha relacionado durante muchos años con Videorepor (de Vértice 360) y también con Secuoya. En Murcia, el Grupo Empresarial de TV de Murcia es un consorcio de empresas locales (hoteles, canteras, alimentación e inversiones).
Aragón, desde 2006, subcontrata a Factoría Plural, con más de 6,5 millones/año. En 2011 cambió a Chip Audiovisual (socia de Vértice 360). Ambas, Chip Audiovisual y Factoría Plural tienen los mismos accionistas –un mix de empresas locales (Caja de Ahorros y Heraldo de Aragón, con Ibercaja y Prisa)–, así como idéntico director. Factoría Plural tiene también contratos con la televisión extremeña. En 2013, Aragón contrata con Inevent (33% de Videoreport), TSA (Telefónica) y Heraldo de Aragón, por un valor de 37,4 millones, durante 2 años. En Baleares, Secuoya produce los informativos. Asturias es un caso curioso al tener dividido el territorio en 13 zonas o corresponsalías. Cada zona tiene una empresa local adjudicataria; por ejemplo, en Madrid, TSA (Telefónica) es la corresponsal.
El problema es que al introducir una dinámica única de contención de gasto, especialmente si la producción externalizada afecta a los informativos, se puede perder la lógica de localidad y de cercanía que justifica las cadenas autonómicas.
2.2.2 Implicaciones de la externalización
Las externalizaciones fraguan un nuevo paisaje de la producción audiovisual, que se desplaza a Madrid y que hace temer por las pequeñas productoras que se han constituido en torno a las televisiones autonómicas. Por un lado, se situaría Vértice 360, que tiene como clientes a Canarias, Baleares (IB3), Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha, Valencia, Canal Sur y Telemadrid. No obstante, si se observan las cifras que declaraba en 2013, que son 40 millones, el 90% corresponden a Aragón. Por otro estaría Secuoya. Además de Vértice 360 y Secuoya, podrían posicionarse, en un futuro cercano, otros como Telefónica o Vocento, que ya han concursado con otras productoras locales.
Cabe pensar que el modelo del consorcio de productoras locales que concursan con alguna de las grandes citadas pudiera consolidarse en la mayoría de las televisiones autonómicas y que las alianzas que se establezcan van a cambiar el panorama que hasta ahora ha caracterizado a la industria audiovisual: una radiotelevisión pública autonómica y varias empresas que trabajan únicamente para ella. Este posible movimiento de alianzas con productoras más potentes va a ser impulsado por la actual crisis que afecta a las productoras autonómicas. En la medida en que los ingresos de las televisiones disminuyen, se recortan las producciones propias y de encargo, de forma que se coloca en dificultades a las productoras, que tienen que o bien desaparecer o bien ampliar sus mercados. Las alianzas, absorciones y fusiones pueden comenzar a estar en el orden del día.
Una externalización masiva y mal gestionada –la que únicamente considera los costes–significa la renuncia, de hecho, a una de las misiones del SP autonómico, cual es la generación y consolidación de un tejido industrial audiovisual de la región, ya que las licitaciones públicas las va a ganar alguna de las grandes productoras –por ejemplo Secuoya o 360–, que son las que van a disponer de los medios administrativos –preparación de contratos, cálculo de costes o posibilidad de ofertas a la baja, que compensan con otros contratos en otras zonas–, en detrimento de las pequeñas productoras.
Sin embargo, una externalización equilibrada es deseable y necesaria para el desarrollo de la actividad de las televisiones autonómicas. Entre las misiones irrenunciables de un servicio público de televisión ha de estar la emisión de obras audiovisuales que reflejen la cultura, la identidad o la idiosincrasia de ese país o región, para lo cual resulta imprescindible el asentamiento de una cierta estructura empresarial que sea capaz de facilitar esos contenidos. La promoción y la difusión de la cultura han sido siempre reconocidas como uno de los elementos fundamentales de la misión encomendada a los servicios públicos de radiotelevisión. Sin embargo, esta labor de difusión de la cultura debe ser entendida más allá de la mera emisión de contenidos estrictamente «culturales» y ha de tener en cuenta la importancia que tienen las industrias culturales en nuestra sociedad. Tal y como señalan Moragas y Prado,
las radiotelevisiones públicas tienen un papel «motor» diferente en cada contexto audiovisual (por razones históricas, económicas, culturales o demográficas), pero en todos los casos tienen un gran protagonismo en el futuro del desarrollo de las políticas audiovisuales y, por tanto, de las políticas culturales de sus países (Moragas y Prado, 2000: 63).
Para Zallo, por su parte, «el apoyo al sector audiovisual con presencia de géneros televisivos y de cine, y una especial sensibilidad para la producción independiente, con el consiguiente fomento de la creación y de la producción de contenidos propios» es también una de las finalidades principales de una televisión autonómica (Zallo, 2011: 332). En la actualidad estos aspectos son reconocidos por la mayoría de las leyes o contratos programa de las radiotelevisiones públicas.
Una estructura audiovisual sólida y con una demanda constante como la procedente de una televisión autonómica es una buena base para el desarrollo del sector audiovisual. Esto propicia el crecimiento y en otros casos el nacimiento de un sector. En la medida en que estas televisiones han de responder a una demanda de contenidos de proximidad para el reflejo de la identidad de la región, las productoras locales se convierten en su principal proveedor.
3. El valor de la televisión autonómica
Al margen de las cifras, la cuestión primera que surge es que existe una contradicción entre los discursos que hasta hace poco imperaban sobre la importancia de la cultura, y en especial sobre su peso económico, como industria, que en su dinámica genera empleo y riqueza; sin embargo, la realidad muestra unas administraciones avaras en sus asignaciones a la cultura. Otra cuestión paralela que suscitan las reducciones es que el modelo de las autonomías, admirado en Europa, por la descentralización tan importante que conlleva, camina entre dificultades. La crisis económica es aprovechada por el Gobierno del PP para reclamar una recentralización, con la excusa de reducir costes.15 Indudablemente, desde un punto de vista estrictamente en términos de costes, es más caro un modelo descentralizado que un modelo centralizado, pero lo que resulta claro es que los costes deben estar referidos a los objetivos que se planteen.
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