Kitabı oxu: «Las elites en Italia y en España (1850-1922)»

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LAS ELITES EN ITALIA Y EN ESPAÑA (1850-1922)

Rafael Zurita, Renato Camurri, eds.

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA


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© De los textos: Los autores, 2008

© De esta edición: Universitat de València, 2008

Coordinación editorial: Maite Simón

Fotocomposición y maquetación: Textual IM

Corrección: Communico C.B.

Diseño de la cubierta: Celso Hernández de la Figuera

ISBN: 978-84-370-7099-5

Realización de ePub: produccioneditorial.com

PRESENTACIÓN

Este libro es fruto del Congreso internacional Le élites in Italia e in Spagna (18501922), que tuvo lugar en la Universidad de Verona en marzo del 2006 y que reunió a destacados especialistas en el campo de la historia política. Fruto de las aportaciones y de las discusiones que allí tuvieron lugar, quedó constancia del interés historiográfico por el tema de las elites. Centrados en el período de consolidación y crisis del liberalismo, los textos que aquí presentamos muestran la fecundidad de las investigaciones y reflexiones en torno al papel de las elites políticas y económicas italianas y españolas. Realizamos primero un recorrido por la situación actual de los estudios y la historiografía, planteando posibles perspectivas para nuevas investigaciones. A continuación, se presta atención al papel desempeñado por las elites en la construcción del Estado liberal. Un tercer grupo de ensayos analiza la actuación de los grupos políticos en los respectivos parlamentos, seguido por dos trabajos que establecen la relación dialéctica entre el centro y la periferia del poder político. Las redes asociativas de las elites y la caracterización de las elites económicas del período quedan explicadas en sendos ensayos. Se cierra el libro con tres reflexiones que, con carácter comparativo, plantean el problema de las elites y de la historia política.

Por otra parte, deseamos dejar constancia de que la organización del Congreso fue posible por la contribución de muchas personas e instituciones a quienes deseamos expresar nuestro agradecimiento. En primer lugar, a Silvino Salgaro, director del Departamento de Disciplinas Históricas, Artísticas, Arqueológicas y Geográficas de la Universidad de Verona, por el apoyo que ha dado al Congreso en cada fase de su programación, así como a todo el personal administrativo del Departamento por su colaboración. Un reconocimiento particular merecen Dennis Borin y Andrés Maldonado, de la International Student Union, que se prodigaron en buscar oportuna solución a todos los problemas logísticos y por hacer lo más grata posible su estancia en Verona a todos los participantes. Dedicamos un cálido agradecimiento al amigo Javier Moreno Luzón, que ha compartido con nosotros el diseño científico del Congreso y la propuesta de los ponentes.

Por último, el respaldo de diversas instituciones ha permitido llevar a término esta iniciativa que confirma el beneficioso trabajo de colaboración entre estudiosos italianos y españoles en torno a las elites, iniciado hace algunos años con el primer Congreso desarrollado en Alicante en noviembre del 2001 (publicado como: R. A. Gutiérrez, R. Zurita y R. Camurri (eds.): Elecciones y cultura política en España e Italia, 1890-1923, PUV, 2003). Agradecemos, por tanto, a la Banca Popolare di Verona, a la Azienda per il diritto allo studio Universitario di Verona y al Consorzio per gli Studi Universitari in Verona el haber ofrecido su apoyo económico. Y, lógicamente, a Publicacions de la Universitat de València por llevar a cabo la publicación del texto resultante de dicho encuentro científico. Finalmente, mostrar nuestro agradecimiento a Carlos Aragüez y Andrés González, del Departamento de Humanidades Contemporáneas de la Universidad de Alicante, por su colaboración en la preparación de los textos.

RENATO CAMURRI

Università di Verona

RAFAEL ZURITA

Universidad de Alicante

LAS ELITES ITALIANAS: ESTADO DE LOS ESTUDIOS Y PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN

Renato Camurri

Universidad de Verona

1. UN REPASO A LA HISTORIOGRAFÍA EUROPEA SOBRE LAS ELITES

En Italia, el debate historiográfico sobre las elites ha conocido suertes diversas. Durante mucho tiempo, el tema ha sido objeto de estudio exclusivo de los expertos en política. Fue emblemático, en este sentido, el total silencio con el que los historiadores italianos acogieron la publicación de las Actas del IV Congreso mundial de sociología, que se celebró en Milán en 1959.1

Hubo que esperar varios años para asistir al lento despertar de la historiografía italiana del largo letargo en el que se encontraba sumida. Prisionera de los rígidos límites impuestos por las dominantes historiografías de inspiración idealista y marxista, no lograba comprender el alcance innovador que representaba el diálogo con las ciencias sociales y, en particular, con la sociología. Tomando prestada una famosa expresión de Peter Burke, se podría decir que la relación entre historiadores y sociólogos se corresponde con un perfecto «diálogo de sordos».2

Hasta 1983 no se publicó la primera reseña sobre historiografía de las elites.3 Aun refiriéndose esencialmente al período republicano, Franco De Felice reconocía que este tipo de estudios no había «tenido una acogida sustancial en la renovación historiográfica italiana de la segunda posguerra», ni había «puesto en discusión lo que [era] un pilar de la historiografía italiana, es decir, el privilegio en el análisis de lo ético-político».4

Sin embargo, este grave retraso de la historia italiana contrastaba con la nueva situación creada a nivel internacional durante esas décadas. Nos referimos a la publicación, en 1971, del artículo de Lawrence Stone sobre la utilización del método prosopográfico en la investigación histórica.5 En su aportación, el historiador inglés reconstruía los orígenes de esta metodología de análisis y valoraba críticamente los resultados obtenidos hasta ese momento,6 concentrándose en particular en dos casos nacionales, Estados Unidos e Inglaterra, donde a su juicio el desarrollo de la prosopografía había influido positivamente en los estudios sobre las elites, dedicando, por el contrario, sólo alguna mención a los casos francés y alemán y no mencionando para nada a Italia.7

Mientras que, según Stone, en Inglaterra había prevalecido una orientación de tipo tradicional, entre cuyas mejores aportaciones cabe destacar la del perfil prosopográfico de los parlamentarios a cargo de Lewis Namier,8 en Estados Unidos el caso había sido distinto.

En el contexto científico y académico donde la sociología y las ciencias sociales habían influído mayormente en las disciplinas históricas y donde la informática había conocido un precoz y rápido desarrollo, los estudios de este sector se habían dirigido hacia la creación de algunas grandes bases de datos relativas al comportamiento electoral de cada uno de los condados a partir de las elecciones de 1824.9 No hay que olvidar, de hecho, que desde la década de los 30, gracias a los trabajos de la escuela de Chicago de Harold Lasswell10 y a los siguientes desarrollos de la década de los 50 –pensamos en particular a los trabajos de Charles Wright Mills–11 la teoría de las elites había encontrado en Estados Unidos un terreno especialmente fértil para su desarrollo.12

El cuadro trazado por Stone estaba destinado a modificarse muy rápidamente. Por ejemplo, precisamente desde Alemania, que él no había tomado en consideración, ya a partir de la década de los sesenta llegaron importantes novedades editoriales. Nos referimos en especial al libro de Fritz Fischer Asalto al poder mundial. Alemania en la guerra 1914-1918, publicado en 1961 y traducido en Italia en 1965,13 y al volumen de Dietrich Herzog14 que, estudiando las elites económicas, habían afrontado un punto esencial de la historia alemana, es decir, el de las relaciones entre poder económico, poder militar y alta burocracia; pero también a trabajos que tocan otro aspecto crucial de la historia de la Alemania contemporánea, como la relación entre las elites de la primera posguerra y el nazismo,15 para llegar al final a una serie de investigaciones más recientes de tipo comparativo sobre las elites alemanas y francesas16 o a los trabajos de Heinrich Best.17

También en Francia, a partir de la segunda mitad de la década de los 70, se asiste a un rápido y vivo desarrollo de este campo de estudio.18 Dos trabajos abren el camino hacia una nueva época de investigación: el publicado en 1975 por Guy Chaussinand-Nogaret19 y otro, Prosopographie des élites françaises (XVIe-XXe siècles) –que no por casualidad lleva como subtítulo Guide de recherche–, publicado poco después, en 1980, por el Centre National de la Recherche Scientifique-Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine.

Por su estructura y sus contenidos, este último volumen estaba destinado a convertirse en un instrumento de trabajo indispensable para las investigaciones en el campo de la historia de las elites. Hay que destacar, además, que entre los nombres que integraban el grupo de trabajo que preparó esta «guía» figuraba también el de Christophe Charle, alumno de Pierre Bourdieu, que firmó en los siguientes años algunos de los trabajos más significativos entre los que se llevaron a cabo en Francia en este campo de estudio, tales como: Les hauts fonctionnaires en France au XIXe siècle (París, Gallimard, 1980), Les élites de la République 1880-1890 (París, Fayard, 1987) y La République des universitaires, 1870-1940 (París, Seuil, 1994).20 Como parece evidente a partir de estos títulos que se indican, la investigación en Francia asumió desde el principio algunas direcciones bien precisas. En el centro de las primeras obras publicadas se encontraban los perfiles de las elites burocráticas, de los altos funcionarios del Estado, de las autoridades, de los profesores universitarios, de algunas categorías profesionales específicas y de las elites políticas.

Si la importancia fundamental de los órganos administrativos en la vida política del país empujó pronto a la investigación hacia el estudio de la formación y reproducción de las elites, con una especial referencia a las Grandes Écoles y a la École Nationale d’Amministration (ENA),21 otro terreno de estudio muy fecundo resultó ser, precisamente por la peculiaridad asumida por la relación entre centro y periferia en la historia francesa, el de las elites locales y las relaciones centro-periferia, que a partir de mediados de la década de los 7022 dio vida a una serie de publicaciones importantes.23

La riqueza de esta producción explica también la gran atención que el estudio de las elites francesas ha suscitado entre los estudiosos extranjeros, especialmente en el ámbito anglosajón, desde un libro pionero como el de Howorth-Cerny24 hasta llegar al amplio trabajo de profundización llevado a cabo por un científico social como Ezra N. Suleiman.25

No me detengo en el caso español, para el cual invito a consultar las aportaciones de Javier Moreno Luzón y de Pedro Carasa publicadas en este volumen, limitándome a indicar aquí el hecho de que en poco tiempo la historiografía española ha sido capaz de recuperar el retraso acumulado en los años de la dictadura franquista, y actualmente dispone tanto de obras de corte metodológico, basadas en una perspectiva de tipo prosopográfico,26 como de una amplia e importante serie de monografías sobre las elites locales-regionales que a menudo se han mezclado con las del caciquismo.27

2. LA HISTORIOGRAFÍA ITALIANA

¿Y qué podemos decir de Italia? Fue sólo a finales de los 70 cuando la historiografía italiana empezó a utilizar los instrumentos analíticos experimentados en los estudios sobre las elites, hasta ese momento utilizados casi exclusivamente por los politólogos y aplicados principalmente en los estudios sobre la clase política y parlamentaria de las primeras décadas republicanas. Me refiero, en particular, al ya clásico estudio sobre el parlamento, coordinado por Giovanni Sartori junto con otros estudiosos, entre los que se encuentra el histórico Luigi Lotti;28 o a otro trabajo muy innovador e importante también para los historiadores, como fue el libro de Paolo Farneti,29 o también al de Maurizio Cotta.30 Una línea de estudio, ésta, que todavía no se ha terminado de completar y que llega hasta los trabajos más recientes de Alfio Mastropaolo, el científico político italiano más abierto al diálogo con los historiadores.31

Lo que retrasó el comienzo de una historiografía sobre las elites no fue sólo los ya recordados vínculos impuestos por las historiografías de inspiración cruzada y marxista, sino también la concreta interpretación en clave conservadora de las teorías elitistas desarrollada por una parte de los historiadores de izquierda que no consideraban esta categoría aplicable al estudio de la estructura de clase de la sociedad italiana.32

Añadiría también algunas carencias graves sobre los instrumentos de base, indispensables para estudios de este tipo: aludo, ante todo, a las grandes colecciones y a los diccionarios biográficos. Emblemática resulta la historia del instrumento más importante: el Dizionario Biografico degli Italiani. Promovido en 1925 por el Instituto de la Enciclopedia Italiana, sus publicaciones no se iniciaron hasta 1960, tras un trabajo propedéutico que duró veinticinco años, y prosiguieron entre continuos stop and go y dificultades de todo tipo que ralentizaron la terminación de la obra, prevista en 110 volúmenes, y que ha llegado hasta hoy al número 69.

En 1975 salió, sin embargo, el primero de los siete volúmenes del Dizionario biografico del movimento operaio italiano dirigido por Franco Andreucci y Tommaso Detti, obra que se concluyó en 1979.33 En 1981, a cargo del editor Marietti di Genova, se empezó el Dizionario storico del movimento cattolico in Italia, obra de varios volúmenes que se terminó en 1982. Una mención merece también el Dizionario dell’antifascismo e della resistenza, 1968-1989, fundado y dirigido por Pietro Secchia,34 antepasado del más reciente Dizionario della Resistenza, que vio la luz entre el 2000 y el 2001, en dos volúmenes publicados por la editorial Einaudi. Últimos en orden de aparición son los dos volúmenes del Dizionario del fascismo, publicados en el 2005 también por Einaudi, bajo la dirección de Victoria De Grazia y Sergio Luzzatto.

Durante mucho tiempo, los historiadores italianos dispusieron, por tanto, de un limitado número de obras de consulta necesarias para afrontar estudios de tipo prosopográfico. Algún resultado empezó a verse, en cambio, en el campo de las biografías. Siguiendo algunas indicaciones formuladas por parte de uno de los principales historiadores de la generación que creció entre las dos guerras, como Federico Chabod, ya a partir de la segunda mitad de los años sesenta, la historiografía italiana volvió a interesarse por este género específico;35 el mejor producto de esta nueva fase de estudio fue sin duda alguna la biografía de Cavour escrita por Rosario Romeo y publicada en varios volúmenes entre 1969 y 1984,36 tres años antes de la desaparición prematura de la autora.

3. SOBRE LA CATEGORÍA DE ELITE

En realidad, tras el retraso y el escaso desarrollo que los estudios sobre las elites han conocido en el pasado reciente en Italia, es posible encontrar también una razón más compleja que conduce a la misma categoría de elite y al uso que de ella han hecho las disciplinas históricas.

Así pues, creo que es oportuno introducir alguna aclaración metodológica que pueda allanar el camino y eliminar algunos equívocos:

3.1 En general, podemos decir que la teoría de las elites se propone explicar sobre bases científicas un elemento que ha caracterizado constantemente a todos los sistemas sociales desde la Antigüedad: el hecho, en otras palabras, de que una fracción siempre restringida de personas tiende a concentrar en sus manos una elevada cantidad de recursos (materiales e inmateriales) y a imponerse sobre la gran mayoría de la población, que, en cambio, no los posee. Esta posesión desigual de los recursos se traduce en una desigual distribución de las distintas formas de poder.37 A la luz de estas premisas se puede afirmar, por lo tanto, que la teoría de las elites corresponde a la teoría según la cual el poder político (es decir, el poder de tomar e imponer las propias decisiones) pertenece siempre a un restringido círculo de personas.

3.2 Uno de los problemas que el estudioso de las elites tiene que afrontar es el de la variedad (y carácter contradictorio) de los significados semánticos que este término ha asumido en el tiempo. Esto me parece especialmente real en el caso de nuestra disciplina. Pasando por alto la doble etimología del término (se deriva del latín eligere, llevar a cabo una elección, y por lo tanto de electa, la parte elegida, mientras que el término más usado es el femenino de élit, participio pasado de élire: elegir38), ha sido utilizado a menudo como sinónimo de la clase política, pero también en sustitución de aristocracia, minoría dominante, clase dirigente y oligarquía (término este último muy en boga en la historiografía española). Esto depende, en parte, del mismo uso que hicieron del término los precursores de la teoría sobre las elites. Gaetano Mosca, en su Teorica dei governi e sul governo parlamentare de 1884, utiliza indistintamente los diferentes sinónimos indicados anteriormente, privilegiando el de clase política, mientras que Pareto, tras haber usado (en el Cours d’économie politique de 1896-97) el término de clase dominante, introdujo (en Systèmes socialistes de 1901-02) el uso del término elite que utilizó «como sinónimo de aristocracia y con una mención explícita a las habilidades, a las capacidades y a las cualidades de quienes ocupan la cúspide de la pirámide social».39 En líneas generales, podemos decir que el término elite, por su misma naturaleza, es muy flexible y es más exhaustivo (en sentido horizontal) que el de clase política:40 ello indica, en efecto, una pertenencia no limitada al ámbito netamente político, pero se extiende a todos los niveles más elevados del mundo económico, artístico, cultural, científico, y permite por estas características, conocer mejor la estratificación y la articulación de las relaciones de poder dentro de una sociedad. Además cuenta con una mayor «exportabilidad», es decir, se adapta a contextos históricos y geográficos que no provienen exclusivamente del moderno Occidente.41

3.3 Así pues, es oportuno introducir una clara distinción entre los términos elite, clase política y clase dirigente, para evitar confusiones y yuxtaposiciones. No es casual que este tipo de operaciones las realicen todos los estudiosos que se han ocupado de la teoría de las elites y algunos difusores del elitismo italiano. En particular, pienso en un autor como José Ortega y Gasset, y concretamente en su España invertebrada de 1921 o en un ensayo iluminante como el de Raymond Aron, un gran liberal, quien en un famoso artículo suyo, publicado en 1960,42 especificó de forma magistral el diferente significado de los términos citados anteriormente. Procedo, pues, en este intento de aclaración aludiendo a las siguientes definiciones de Paolo Farneti:43 a) por clase política se entiende un conjunto más o menos organizado y cohesivo de personas que toman (o pueden impedir tomar) decisiones vinculantes para toda la comunidad política a la que pertenecen, estructurando de este modo el ejercicio efectivo de la soberanía; b) clase dirigente indica, en cambio, el conjunto de quienes ejercen no ya la soberanía, sino un poder de hecho (que a veces, como sucede hoy en día, puede ser más eficaz que la soberanía) reconocido por la praxis o la costumbre; c) elite indica el conjunto excepcional de quienes ostentan grandes recursos: dinero, cultura, competencias técnicas, capacidad de invención, todos los bienes que están distribuidos de forma desigual en la sociedad. En otras palabras, podemos decir que elite indica los «mejores» con relación a ciertas cualidades escasas y distribuidas de forma desigual; un gran físico, un gran artista, no entra necesariamente ni en la clase dirigente ni en la clase política, pero puede formar parte de una elite. Esta definición se acerca a la que en otra época elaboró Pierre Bourdieu,44 en la que establecía que la condición básica para identificar una elite tiene que buscarse en su capacidad de utilizar el capital social, económico, con el objetivo de garantizar la propia reproducción.45

4. EL ESTADO ACTUAL DE LOS ESTUDIOS

A partir de estas definiciones de la categoría de elite, podemos intentar delinear el estado en que se encuentran los estudios y progresos realizados por la historiografía italiana en este sector.

Podemos decir enseguida que la parte más importante y determinante de esta producción se remonta más o menos a los últimos veinte años, y que no puede considerarse como el único punto de vista de los estudios. Fundamentalmente, han sido dos las macro-áreas de estudio en las que se han desarrollado los trabajos más significativos: la historia social y la historia política, ambas interesadas en los años de los que estamos hablando por una profunda renovación metodológica.46 La primera ha sido protagonista de un amplio florecimiento de los estudios sobre las burguesías: en la misma línea de los primeros estudios empezados por Raffaele Romanelli,47 Alberto Mario Banti y Marco Meriggi,48 se desarrollaron posteriormente otras líneas de investigación como las de la socialidad burguesa49 y el asociacionismo popular.50 La obra de renovación y desprovincialización de la segunda se puede atribuir, principalmente, al trabajo comenzado por Paolo Pombeni y por el grupo de trabajo reunido alrededor de la revista Ricerche di Storia Politica fundada por él en 1986.51

No cabe duda de que muchos de los más recientes y estimulantes trabajos dedicados a las elites se han resentido positivamente de los influjos derivados de las innovaciones introducidas en el campo de la historia social y la historia política. En otras palabras, han constituido un terreno de encuentro y de relación entre las nuevas orientaciones metodológicas que han surgido en estos dos ámbitos de la historiografía italiana.

No voy a aportar un mapa completo de esta producción, sino que intentaré más bien explicar algunas de las líneas que predominan. Una primera observación que podemos proponer se refiere, al menos con referencia al arco cronológico que aquí nos interesa (el discurso sería exactamente opuesto para el fascismo y para la época republicana), al vistoso declive de los estudios dedicados a las elites políticas nacionales. Pocas excepciones en este sentido, entre las que merece señalarse el trabajo de Cammarano y de Piretti sobre los diputados.52

Sin embargo, parece mantenerse estable el interés por las elites políticas locales: tras la «primera generación» de estudios –caracterizados por una orientación entre la historia urbana y la historia de la administración– que vieron la luz a partir de finales de la década de los 80 por obra, entre otros, de Anna Millo,53 Aurelio Alaimo,54 Roberto Balzani,55 Carlotta Sorba,56 Stefano Magagnoli,57 Alfio Signorelli,58 se han añadido más recientemente otros trabajos entre los que destacamos los dedicados a Génova,59 a algunas áreas de la región del Lacio,60 Milán,61 Reggio Emilia,62 Prato,63 Siracusa64 y Mantua.65

Una nueva perspectiva de estudios, olvidada durante mucho tiempo, parece ser la que se abrió con el análisis de las instituciones provinciales, el organismo que en el ordenamiento descentralizado italiano se coloca en un nivel intermedio entre el Ayuntamiento y la Región.66 Junto a obras de corte general sobre la historia de algunas instituciones provinciales individuales,67 especialmente interesantes –y en línea con una nueva orientación surgida en los estudios de historia de la administración–,68 aparecen los primeros intentos de realizar perfiles prosopográficos de los elegidos en los consejos provinciales:69 desde este punto de vista, el estudio de la composición de los elegidos ofrece, de hecho, significativas indicaciones sobre las características de las elites locales, así como igualmente interesantes se están manifestando algunas biografías de alcaldes.70

Excepto para algunos sectores en los que se ha consolidado una buena tradición de estudios, también en Italia, como en el resto de Europa,71 sigue existiendo un fuerte retraso en el estudio de las elites administrativas.72 Podemos afirmar que el único sector de investigación en el que existe una producción que ya tiene una tradición consolidada es el de los prefectos.73 Parecen en cambio todavía frágiles los conocimientos sobre los altos funcionarios de los ministerios,74 mientras que entre los otros aparatos administrativos del Estado merece la pena señalar el importante estudio llevado a cabo sobre los miembros del Consejo de Estado de 1861 a 1948.75

Algunas novedades surgen de otras líneas de investigación: nos referimos en particular al estudio de las elites científicas, en el que se han producido interesantes pasos adelante, tal como se desprende de la documentada reseña publicada recientemente por Giuliana Gemelli;76 al de las de los militares, sobre todo con una referencia específica a los oficiales de los distintos cuerpos;77 y al de las de los magistrados.78

Por el contrario, en otros sectores la investigación ha ido mucho más despacio. Es el caso, por ejemplo, de las elites diplomáticas, que durante los años pasados eran el centro de estudios79 significativos –en la actualidad prácticamente parados–,80 y de los periodistas.81

El estudio de las elites económicas tampoco parece gozar de demasiada buena salud. Por lo que se refiere a un enfoque general de la historiografía de este específico ámbito de estudio, aconsejo tomar como punto de referencia las consideraciones desarrolladas por Andrea Giuntini en su aportación y la bibliografía que en ella se reseña, limitándome a señalar que, al lado de algunos trabajos de corte biográfico, un proyecto preparado durante mucho tiempo como el Dizionario biografico degli imprenditori de la Enciclopedia Italiana nunca se desarrolló y permanece bloqueado desde hace tiempo.

Una mención aparte merecen algunos trabajos dedicados a las elites hebraicas, que por sus características se sitúan en el límite entre los distintos campos de investigación: me refiero al trabajo de Tulia Catalan sobre la comunidad hebrea de Trieste y al de Barbara Armani sobre la de Florencia.82

El sector que ha registrado los resultados más interesantes, abriendo nuevas perspectivas de investigación, es sin duda el de las profesiones. Disponemos de algunos trabajos de conjunto83 y de una importante monografía de tipo comparativo,84 además de una serie de importantes estudios sectoriales sobre las principales profesiones liberales: los abogados,85 los notarios,86 los ingenieros,87 los médicos.88

En conjunto, el cuadro se presenta, por lo tanto, muy variado, con fuertes desequilibrios entre algunas áreas de investigación que aparecen ya bien exploradas y otras que al contrario resultan todavía vírgenes o poco frecuentadas por los historiadores italianos.

5. LOS PROBLEMAS ABIERTOS Y LAS PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN

Partiendo de este cuadro que hemos trazado hasta aquí, podemos intentar determinar algunas de las perspectivas de investigación que permanecen aún abiertas en el estudio de las elites italianas.

Digamos enseguida que estas elites están vinculadas a la superación de algunos problemas de fondo que han limitado hasta ahora el desarrollo de las investigaciones en este sector: las indicaciones facilitadas recientemente en este sentido por Guido Melis se pueden compartir89 ampliamente. ¿Qué se necesita, pues, para hacer que las investigaciones en este sector den un salto de calidad?

Desde una perspectiva que considere también los desarrollos de la investigación en el campo europeo, aparece necesario:

1 colmar las lagunas que se refieren a la cuantificación de las elites a través de datos estadísticos fiables que permitan realizar unos perfiles prosopográficos más amplios;

2 empezar a afrontar la cuestión de la formación y del recambio de las elites: ya se sabe que en Italia, a falta de las grandes estructuras públicas para la formación (como las grandes écoles francesas o las grandes universidades inglesas), la selección de las elites se ha llevado a cabo exclusivamente por cooptación;90

3 analizar la cuestión, directamente relacionada con el punto ilustrado anteriormente, de la continuidad de las elites en las varias fases de la historia de Italia y, de forma especial, en el paso de un régimen a otro (del liberal al fascista y luego al republicano);

4 estudiar la internacionalización de las elites que puede analizarse a partir de un doble punto de vista: en primer lugar midiendo el grado de apertura a la cultura europea: baste pensar en este sentido en el grand tour, entendido como típica experiencia de formación de los hijos de las familias aristocráticas y burguesas, pero también en las relaciones académicas, en el conocimiento de los idiomas, en la lectura de los libros extranjeros; en segundo lugar afrontando la cuestión de la circulación de las elites y de su presencia en algunos networks científicos internacionales o en organismos institucionales, sociedades económicas y financieras, así como de su participación en eventos culturales o en especiales experiencias políticas (el llamamiento más inmediato en este caso se dirige a las elites renacentistas).

Las perspectivas de desarrollo de este sector de investigación siguen siendo importantes, en particular me parece que el campo en que los estudios de las elites pueden expresar todo su valor es el sector de las relaciones centro-periferia, un punto que a mi parecer sigue siendo uno de los fulcros más interesantes de la historia de la Italia liberal.91

Es necesario en este sentido volver a empezar a partir de un nuevo examen de las características del proceso de unificación italiano, del análisis de las fuertes tensiones que en la Italia liberal marcan la evolución de la relación entre estado y sociedad después de la unificación, del estudio de la importancia de los grupos dirigentes regionales y de los mecanismos que regulan el funcionamiento de la relación entre el centro y la periferia del sistema político.

Se puede intuir fácilmente que este tipo de indicaciones se basan en una serie de hipótesis interpretativas que se pueden resumir de la siguiente manera: la periferia de la que hablamos no se limita a «resistir» al centro, sino que lo condiciona continuamente. Por este motivo, el estudio de los canales de mediación y de las modalidades de integración de las elites periféricas en el centro de la vida política e institucional del país tiene una importancia capital para la historia política y social de la Italia liberal. Se podría, en definitiva, comenzar con un interrogante formulado de esta forma: ¿cómo se convierte en nacional una elite periférica?

Éste es, en mi opinión, el camino principal para aprovechar de la mejor forma posible el potencial eurístico de la categoría de elite, que es fundamentalmente el de facilitar el análisis de la estructuración y de la estratificación de las relaciones de poder de una sociedad, para llegar a explicar cómo dichas relaciones nacen, se desarrollan y persisten en el tiempo.

1 AA.VV.: Le elites politiche, Atti del IV Congresso mondiale di sociologia, Bari, Laterza, 1961.

2 Peter Burke: Sociologia e storia, Bolonia, Il Mulino, 1982, p. 18.

3 Franco De Felice: «La storiografia delle elites nel secondo dopoguerra», en Le elites in Francia e in Italia negli anni quaranta, Milán-Roma, Italia Contemporanea-Mélanges de l’École française de Rome, 1983, pp. 127-143.

4 Ibíd., p. 128.

5 Véase Lawrence Stone: «Prosopografia», en Íd.: Viaggio nella storia, Bari, Laterza, 1987, pp. 48-80, trad. italiana del artículo «Prosopography», Daedalus 1, 1971.

6 Ibíd., pp. 61-76.

7 En la producción francesa, Stone se limitaba a citar algunos trabajos precursores de los años 60, como François Bluche: Les magistrats du Parlement de Paris au XVIIIe siècle, París, Les Belles Lettres, 1960; André Corvisier: L’armée française de la fin du XVIIe siècle au ministère de Choiseul: Le soldat, París, Presses Universitaires de France (PUF), 1964; Louis Girard, Antoine Prost y Rémi Gossez: Les Conseillers généraux en 1870: étude statistique d’un personnel politique, París, PUF, 1967. Parece por lo menos singular la omisión de algunos trabajos, como el de Daniel Halevy: La Fin des notables, París, Grasset, 1930, o el de Jean Lhomme: La grande bourgeoisie au pouvoir, 1830-1880, París, Colin, 1960, e incluso el clásico de André-Jean Tudesq: Les Grands notables en France (1840-1849), París, PUF, 1964. Por lo que respecta a Alemania, Stone citaba sólo el trabajo de Matthias Gelzer: Die Nobilität der römischen Republik, Leipzig-Berlín, Teubner, 1912, y Friedrich Münzer: Römische Adelsparteien und Adelsfamilien, Stuttgart, J. B. Metz, 1920; ambos utilizados por el historiador inglés Ronald Syme para su famoso The Roman Revolution, Oxford, The Clarendon Press, 1939.

8 Véase Lawrence Stone: «Prosopografia», en Lawrence Stone: Viaggio nella storia, op. cit., p. 77. El trabajo al que se refiere Stone es por supuesto Lewis Bernstein Namier y John Brooke: The House of Commons, 1754-1790, 3 vols., Nueva York, Oxford University Press, 1964.

9 Véase Lawrence Stone: «Prosopografia», en Lawrence Stone: Viaggio nella storia, op. cit., p. 77.

10 Cuyo manifiesto puede considerarse precisamente el trabajo de Lawrence Stone: Who Gets What, When, How, Nueva York, MacGraw-Hill, 1936. Se detiene ampliamente en el papel que desempeña la escuela americana Giorgio Sola: La teoria delle elites, Bolonia, 2000, pp. 36-37.

11 Véase Íd.: The Power Elite, Nueva York, Oxford University Press, 1956 [trad. italiana: La elite del potere, Milán, Feltrinelli, 1959].

12 Norberto Bobbio: «Teoria delle elites», en Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino: Dizionario di Politica, Milán, Tea, 1990, pp. 352-353, pero toda esta aportación es fundamental para encuadrar el tema.

13 El título original era Griff nach der Weltmacht: die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschland 1914-1918, Düsseldorf, Droste, 1961 [trad. italiana: Assalto al potere mondiale: La Germania nella guerra 1914-1918, Bari, Laterza, 1965], pero del mismo autor, véase también Bündnis der Eliten: Zur Kontinuität der Machtstrukturen in Deutschland 1871-1945, Düsseldorf, Droste, 1979.

14 Nos referimos a Politische Führungsgruppen, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1982.

15 Significativos a este respecto son los volúmenes de Wolfang Zapf: Wandlungen der deutschen Elite. Ein Zirkulationsmodell deutscher Führungsgruppen 1916-1961, Múnich, Piper, 1965; y de Daniel Lerner: The Nazi Elite, Stanford, Stanford University Press, 1951. En esta misma línea de investigación, véase ahora también Norbert Frei: Carriere. Las elites de Hitler después del 1945, Turín, Bollati e Boringhieri, 2003.

16 Nos referimos en especial a dos tomos, a cargo de Rainer Hudemann, Georges y Henri Soutou, Eliten in Deutschland und Frankreich im 19. und 20. Jahrhundert. Strukturen, vol. 1, Múnich, Oldenbourg, 1994; en Íd.: Eliten in Deutschland und Frankreich im 19. und 20. Jahrhundert. Strukturen und Beziehungen, vol. 2, 1996.

17 De los que pueden consultarse, entre otros, Heinrich Best y Wilhelm Weege: Biographisches Handbuch der Abgeordneten der Frankfurter Nationalversammlung 1848/49, Düsseldorf, Droste, 1996; Heinrich Best y Ulrike Becker: Elites in Transition. Elite Research in Central and Eastern Europe, Opladen, Leske-Budrich, 1997; Heinrich Best y Maurizio Cotta: Parliamentary representatives in Europe, 1848-2000: legislative recruitment and careers in eleven European countries, Nueva York, Oxford, 2000. Otras notas bibliográficas sobre el caso alemán pueden encontrarse en Monica Fioravanzo: Elites e generazioni politiche. Democristiani socialisti e comunisti veneti (1945-62), Milán, Franco Angeli, 2003, pp. 16-20.

18 Para una panorámica de los estudios, consúltese la aportación de Jean-Pierre Rioux: «Les élites en France au XXe siècle», en Le elites in Francia e in Italia, op. cit., pp. 13-27. Hay que notar que en estos mismos años se publicaron también trabajos de carácter sociológico que tuvieron un impacto importante sobre la discusión abierta, entre los que destacan: Pierre Birnbaum: Les sommets de l’État. Essai sur l’élite du pouvoir en France, París, Seuil, 1977; Pierre Birnbaum, Charles Barucq, Michel Bellaiche y Alain Marié: La classe dirigeante française. Dissociation, interpénétration, intégration, Vendôme, Presses Universitaires de France, 1978.

19 Véase Íd.: Une histoire des élites (1700-1848). Recueil de textes présentés et commentés, París, Mouton, 1975.

20 Del mismo autor, véanse también algunos textos de considerable importancia entre los que se encuentra el Dictionnaire biographique des universitaires aux XIXe et XXe siècles, París, Editions du CNRS, 1985; Les professeurs de la Faculté des lettres de Paris: dictionnaire biographique, París, Editions du CNRS, 1985-1986; Les professeurs du Collège de France: dictionnaire biographique (1901-1939), en colaboración con Eva Telkès, Institut national de recherche pédagogique, 1988; Les professeurs de la Faculté des sciences de Paris: dictionnaire biographique (1901-1939), en colaboración con Eva Telkes, Institut national de recherche pédagogique, 1989.

21 Sobre este tema sigue siendo imprescindible el trabajo de Pierre Bourdieu: La Noblesse d’État. Grandes écoles et esprit de corps, París, Les Éditions de Minuit, 1989, mientras para un caso de estudio especial como el de la ENA, véase Elise S. Brezis: «Elite schools, circulation of elites and economic development: the ENA case», en Elise S. Brezis y Peter Temin (coords.): Elites, minorities and economic growth, Amsterdam, Elsevier, 1999, pp. 235-248.

22 Entre los primeros trabajos que destacan en estos años está el volumen de Pierre Grémion: Le Pouvoir péripherique. Bureaucrates et notables dans le système politique français, París, Le Seuil, 1976.

23 Para un balance crítico consúltense: Christophe Charle: «Où en est l’histoire sociale des élites et de la bourgeoisie? Essai de bilan critique de l’historiographie contemporaine», France, 1991, pp. 123-134 y sobre todo Christophe Charle: «Légitimités en péril. Éléments pour une histoire comparée des élites et de l’État en France et en Europe occidentale (XIXe-XXe siècles)», Actes de la Recherche en sciences sociales 116117, marzo de 1997, pp. 39-52, especialmente interesante por la comparación entre los casos francés-alemán e inglés. Otras aportaciones interesantes son las de Silvie Guillaume (dir.): Les Élites fin de siècle (XIXe-XXe siècles), Bordeaux, Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, 1992, un trabajo que aporta mucha información útil sobre estudios individuales dedicados a las elites locales, Bruno Dumons, Gilles Pollet y Pierre-Yves Saunier: Introduction générale a Ead. Les élites municipales sous la IIIe République. Des villes du Sud-Est de la France, París, CNRS, 1997, pp. 5-19, volumen con una amplia bibliografía sobre casi todos los temas indicados anteriormente, Jean-Michel Boehler, Christine Lebeau y Bernard Vogler (dirs.): Les Élites régionales (XVIIe-XXe siècles). Construction de soi-même et service de l’autre, Strasbuourg. Presses Universitaires de Strasbourg, 2002, l’Introduzione de Federic Pitou en Íd. (dir.): Élite et Notables de l’Ouest XVIe-XXe. Entre conservatisme et modernité, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2003, pp. 9-19

24 Véase Jolyon Howorth y Philip G. Cerny (eds.): Elites in France: origins, reproduction and power, Londres, Frances Pinter, 1981.

25 De los que se pueden ver: Politics, Power and Bureaucracy in France. The Administrative Elite, Princeton, Princeton University Press, 1974; Elites in French Society. The Politic of Survival, Princeton, Princeton University Press, 1978, y Private Power and Centralization in France. The Notaires and the State, Princeton, Princeton University Press, 1987.

26 Me refiero en primer lugar al trabajo de Pedro Carasa Soto (ed.): Elites: Prosopografía contemporánea, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1994.

27 Pienso en este caso en un trabajo como el de José Varela Ortega: El poder de la influencia. Geografía del caciquismo en España (1875-1923), Madrid, Marcial Pons Historia, 2001, y en cada una de las bibliografías locales que contiene.

28 Giovanni Sartori (coord.): Il Parlamento italiano, 1946-1963, Nápoles, Edizioni Scientifiche Italiane, 1963.

29 Véase Íd.: Sistema politico e società civile. Saggi di teoria e ricerca politica, Turín, Giappichelli, 1971, especialmente en las pp. 115-350.

30 Nos referimos a Íd.: Classe politica e parlamento in Italia (1946-1976), Bolonia, Il Mulino, 1978.

31 Consúltese de este autor el ensayo «Notabili, clientelismo e trasformismo», Storia d’Italia, Annali 17, Il Parlamento, a cargo de Luciano Violante, Turín, Einaudi, 2001, pp. 773-816.

32 Sobre este punto, véase Norberto Bobbio, apartado «Teoria delle Elites», op. cit., pp. 351-352.

33 El diccionario fue publicado en Roma por Editori Riuniti.

34 Esta obra fue publicada en Milán por el editor La Pietra.

35 Vuelve a recorrer el camino realizado en este sector específico de la historiografía italiana la reseña de Emma Mana: «La biografia: alcune osservazioni sulla produzione italiana recente», Ricerche di storia politica 10, 1995, pp. 101-116. Alguna indicación metodológica se encuentra en Mauro Sarnelli (coord.): Biografía: genesi e strutture, Roma, Aracne, 2003.

36 Cf. R. Romeo: Cavour e il suo tempo, Bari, Laterza, 1969-1984.

37 Sigo el razonamiento expresado por G. Sola: La teoria delle elites, op. cit., pp. 7-9.

38 Sobre la etimología del término, véase Ibíd.: p. 21 y las indicaciones bibliográficas contenidas en su nota n.º 16.

39 Ibíd., p. 21.

40 Véase a este respecto L. Ornaghi y V. E. Parsi: La virtù dei migliori. Le elite, la democrazia, l’Italia, Bolonia, 1994, pp. 40-41.

41 Ibíd., p. 42.

42 Raymond Aron: «Classe sociale, classe politique, classe dirigeante», Archives européennes de sociologie 2, 1960, pp. 260-281.

43 Me refiero a Paolo Farneti, apartado «Classe política», en Il mondo contemporaneo. Politica e società, 1, Florencia, La Nuova Italia, 1979, pp. 199-233.

44 Pierre Bourdieu y Monique de Saint-Martin: «Le Patronat», Actes de la recherche en sciences sociales, marzo-abril 1978, pp. 3-82.

45 Véase a este respecto Maria Malatesta: «I professionisti», en Guido Melis (coord.): Le elites nella storia dell’Italia unita, Nápoles, Istituto Suor Orsola Benincasa, 2003, p. 19.

46 Por lo que respecta al debate sobre la relación entre historia social e historia política, véase Raffaele Romanelli: «Storia politica e storia sociale: questioni aperte», en Paolo Macry-Antonio Palermo (coord.): Società e cultura dell’Italia unita, Nápoles, Guida, 1978; y para un interesante cuadro comparativo sobre la evolución de las investigaciones en estos dos ámbitos Alfio Signorelli: «Storia politica e storia sociale», en Giovanni Orsina (coord.): Fare storia politica. Il problema dello spazio pubblico nell’età contemporanea, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2000, pp. 27-49.

47 Del cual se puede ver uno de los primeros trabajos que aparecieron sobre el tema, titulado «Sullo studio delle borghesie ottocentesche», en Alfio Signorelli (coord.): Le borghesie dell’ottocento. Fonti metodi e modelli per una storia sociale dell’elites, Catania, Sicania, 1988, pp. 9-43.

48 Cf. Alberto Mario Banti: Terra e denaro. Una borghesia padana dell’Ottocento, Venecia, Marsilio, 1989; Alberto Mario Banti y Marco Meriggi (coords.): Elites e associazioni nell’Italia dell’Ottocento, número monográfico de la revista Quaderni Storici 77, 1991; Alberto Mario Banti: Storia della borghesia italiana. L’età liberale, Roma, Donzelli, 1996.

49 Entre los trabajos más interesantes dentro de esta línea de estudios, véase Maria Malatesta (coord.): «Sociabilità nobiliare e sociabilità borghese», número monográfico de la revista Cheiron 9-10, 1988; Marco Meriggi: Milano borghese. Circoli ed elites nell’Ottocento, Venecia, Marsilio, 1992; Daniela Luigia Caglioti: Associazionismo e sociabilità d’elite a Napoli nel XIX secolo, Nápoles, Liguori, 1996; Maria Teresa Mori: Salotti. La sociabilità delle elite nell’Italia dell’Ottocento, Roma, Carocci, 2000.

50 Para el cual véanse las indicaciones bibliográficas indicadas por Alfio Signorelli: Storia politica e storia sociale, op. cit., p. 42, nota n.º 42; y la reseña de Laura Cerasi: «Identità sociali e spazi delle associazioni Gli studi sull’Italia liberale», Memoria e Ricerca 10, 1997, pp. 123-145, además de éstas se puede citar el importante trabajo de Fulvio Conti: Storia della massoneria italiana. Dal Risorgimento al fascismo, Bolonia, Il Mulino, 2003 y el número monográfico de la revista Venetica 10, 2004, «Spazi Laici. Strutture e reti associative tra Otto e Novecento», a cargo de Renato Camurri y Marco Fincardi, entre cuyos ensayos me permito señalar mi aportación Renato Camurri: «Il mutualismo e la diffusione dello “spirito d’associazione” dopo l’Unità», Ibíd., pp. 23-54.

51 Algunos de los temas que se encuentran en el centro de las investigaciones elaboradas por este grupo, se ilustran en Paolo Pomeni: «La storia come scienza della politica. A propósito de la forma partito» y en la aportación de Gaetano Quagliarello: «Il ritorno della storia politica. Note sui recenti sviluppi dellaricerca», ambos publicados en Gaetano Quaglirello (coord.): Il partito politico nella Belle Époque. Il dibattito sulla forma-partito in Italia tra ‘800 e ‘900, Milán, Giuffrè, 1990, respectivamente en las pp. 61-84 y en las pp. XVII-XXXIX. Para un balance de la primera década de actividad de la revista, véanse Ricerche di storia politica 11, 1996, cf. los ensayos publicados en ella.

52 Cf. Fulvio Cammarano y Maria Serena Piretti: «I professionisti in Parlamento (1861-1958)», en Maria Malatesta (coord.): Storia d’Italia, Annali 10, I professionisti, 1996, pp. 323-589. Véanse también algunos ensayos contenidos en Giovanni Aliberti y Luigi Rossi: Formazione e ruolo delle elites nell’età contemporanea, Nápoles, Edizioni Scientifiche Italiane, 1995; y Silvana Casmirri (coord.): Le elites italiane prima e dopo l’unità formazione e vita civile, Latina, Caramanica Editore, 2000.

53 Anna Millo: L’èlite del potere a Trieste. Una biografia collettiva 1891-1938, Milán, Franco Angeli, 1989.

54 Aurelio Alaimo: L’organizzazione della città. Amministrazione e politica urbana a Bologna dopo l’Unità, Bolonia, Il Mulino, 1990.

55 Roberto Balzani: Un comune imprenditore. Pubblici servizi, infrastrutture urbane e società a Forlì (1860-1945), Milán, Franco Angeli, 1991.

56 Carlotta Sorba: L’eredità delle mura. Un caso di municipalismo democratico (Parma 1889-1914), Venecia, Marsilio, 1993.

57 Stefano Magagnoli: Elites e Municipi. Dirigenze, culture politiche e governo della città nell’Emilia del primo ‘900, Roma, Bulzoni, 1999.

58 Alfio Signorelli: Tra ceto e censo. Studi sulle elites urbane nella Sicilia dell’Ottocento, Milán, Franco Angeli, 1999.

59 Cf. respectivamente Fernanda Mazzanti Pepe: L’amministrazione del comune di Genova tra ‘800 e ‘900, Milán, Giuffrè, 1998; y Luciana Garibbo: Politica, amministrazione e interessi a Genova: 1815-1940, Milán, Franco Angeli, 2000.

60 Cf. Silvana Casmirri (coord.): Lo Stato in periferia. Elites, istituzioni e poteri locali nel Lazio meridionale tra Ottocento e Novecento, Cassino, Edizioni dell’università di Cassino, 2003.

61 Elisabetta Colombo: Come si governa Milano. Politiche pubbliche nel secondo ottocento, Milán, Franco Angeli, 2005.

62 Véase Alberto Ferraboschi: Borghesia e potere civico a Reggio Emilia nella seconda metà dell’Ottocento, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2003.

63 Federico Lucarini: Governare il Municipio. Poteri locali e dinamiche istituzionali a Prato da Depretis a Giolitti (1880-1901), Quodlibet, Macerata, 2004.

64 Salvatore Adorno: La produzione di uno spazio urbano: Siracusa tra Otto e Novecento, Venecia, Marsilio, 2004.

65 Gian Luca Fruci: La politica al municipio. Elezioni e consiglio comunale nella Mantova liberale 1866-1914, Mantua, Tre Lune Edizioni, 2005.

66 Para una visión general sobre este tema cf. Vincenzo G. Pacifici: La Provincia nella storia d’Italia, Roma, GEI, 1995: mientras que para una primera reseña sobre esta nueva producción, invitamos a consultar Gerardo Nicolosi: «Per una storia delle amministrazioni provinciali», Le Carte e la Storia 1, 2000, pp. 158-172.

67 Maria De Giorgi (coord.): Per una storia delle Amministrazioni Provinciali Pugliesi. La Provincia di Terra d’Otranto (1861-1923), Manduria, Lacaita, 1994; Simonetta Merendoni y Giorgio Mugnaini (coord.): La Provincia di Firenze e i suoi amministratori dal 1860 a oggi, Florencia, Olschki, 1996; Aldo Gamba: La provincia di Asti dal 1935 al 1951. Le vicende della provincia di Asti dalla sua istituzione alla prima elezione degli organi rappresentativi, Asti, Provincia di Asti, 2002; Nicola Antonacci: La Provincia di Bari dal 1861 al 1914. Amministrazione e rappresentanza nell’italia liberale, Bari, Progedit, 2001; Elena Fasano Guarini: La Provincia di Pisa (1865-1990), Bolonia, Il Mulino, 2004.

68 Cf., a este respecto, Piero Aimo: «Il potere locale nella storiografia amministrativa: tendenze degli studi e ipotesi di ricerca», en Mariapia Bigaran (coord.): Istituzioni e borghesie locali nell’Italia liberale, Milán, Franco Angeli, 1986, pp. 35-53.

69 Entre éstos merece citarse Gerardo Nicolosi: La provincia di Siena in età liberale. Repertorio prosopografico dei consiglieri provinciali 1866-1923, Siena, Departamento de Ciencias Históricas, Jurídicas, Políticas y Sociales, 2003.

70 Algunas indicaciones sobre esta última producción se encuentran en Renato Camurri: «La dynamique des pouvoirs locaux dans l’Italie libérale. Cas d’études et perspectives de recherches», en Bruno Dumons-Olivier Zeller (dir.): Gouverner la ville en Europe. Du Moyen-Âge au XXe siècle, París, L’Harmattan, 2006, p. 150, nota n.º 51.

71 Cf., a este propósito, las observaciones expuestas por Guido Melis: «Perché non esiste ancora una storiografia europea delle elites amministrative europee», Le Carte e la Storia 2, 2005, pp. 7-12.

72 Cf. Giovanna Tosatti: «Nota sulla storiografia amministrativa in Italia», Le Carte e la Storia 1, 2004, pp. 5-17. Los únicos trabajos que hay que señalar son: Arpàd V. Klimò: Tra Stato e società. Le elites amministrative in Italia e Prussia (1860-1918), Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2002, y Paolo Allegrezza: L’elite incompiuta. La classe dirigente politico-amministrativa negli anni della destra storica (1861-1876), Milán, Giuffrè, 2007.

73 Para una reciente reseña razonada sobre el tema, véanse Giovanna Tosatti: «I prefetti», en Guido Melis (coord.): Le èlites nella storia dell’Italia unita, op. cit., pp. 109-124 y Marco De Nicolò: «Tra Stato e società: i prefetti nella recente storiografia», Le Carte e la Storia 1, 2003, pp. 32-41.

74 Cf. Marina Giannetto, «I direttori generali», en Guido Melis (coord.): Le elites nella storia d’Italia, op. cit., pp. 165-194.

75 Véase Guido Melis (coord.): Il Consiglio di Stato nella storia d’Italia. Biografie dal 1861 al 1948, Milán, Giuffrè, 2006.

76 Véase Íd.: «Gli scienziati», en Guido Melis (coord.): Le elites nella storia d’Italia, op. cit., pp. 213-233.

77 Cf. las notas y las correspondientes indicaciones bibliográficas contenidas en Giorgio Rochat: «Gli ufficiali», ibíd., pp. 39-51; a las que se pueden añadir Nicola Labanca (coord.): Fare il soldato. Storie del reclutamento militare in Italia, Milán, Unicopli, 2008; y Francesco Zampieri: Marinai con le stellette. Storia sociale della regia marina nell’Italia liberale (1861-1914), Roma, Aracne, 2008, pp. 13-89.

78 Un instrumento de consulta fundamental es Pietro Saraceno: I magistrati italiani dall’unità al fascismo. Studi biografici e prosopografici, Roma, Carocci, 1988; mientras otras indicaciones bibliográficas están señaladas en Gian Carlo Jocteau: «I magistrati», en Guido Melis (coord.): Le elites nella storia d’Italia, op. cit., pp. 95-107.

79 Para el cual siguen siendo fundamentales los trabajos de Fabio Grassi Osini: La formazione della diplomazia nazionale. Indagine statistica (1861-1915), Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1986; Íd.: La formazione della diplomazia nazionale (1861-1915). Repertorio bio-bibliografico dei funzionari del Ministero degli affari esteri, ibíd., 1987.

80 Tal como surge de las consideraciones desarrolladas en Íd.: «I diplomatici», en Guido Melis (coord.): Le elites nella storia d’Italia, op. cit., pp. 125-164.

81 Este caso de estudio presenta indudablemente algunos problemas de carácter metodológico que han sido bien tematizados por Adolfo Scotto di Luzio: Tra campo letterario e politica: i giornalisti in età liberale, en Guido Melis (coord.): Le elites nella storia d’Italia unita, op. cit., pp. 195-211.

82 Cf. respectivamente Tullia Catalan: La Comunità ebraica di Trieste (1781-1914), Trieste, Lint, 2000; y Barbara Armani: il confine invisibile: l’elite ebraica a Firenze 1840-1914, Milán, Franco Angeli, 2006.

83 Véase Maria Malatesta (coord.): Storia d’Italia, Annali 10, I professionisti, op. cit.; Angelo Varni (coord.): Storia delle professioni in Italia tra Otto e Novecento, Bolonia, Il Mulino, 2002; y Marco Soresina: Professioni e liberi professionisti in Italia dall’unità alla repubblica, Florencia, Le Monnier, 2003.

84 Maria Malatesta: Professionisti e gentiluomini. Storia delle professioni nell’Europa contemporanea, Turín, Einaudi, 2006.

85 Véase Hannes Siegrist: «Gli avvocati nell’Italia del XIX secolo. Provenienza e matrimoni, titoli e prestigio», Meridiana 14, 1992, pp. 145-181 y Francesca Tacchi: Gli avvocati italiani dall’unità alla repubblica, Bolonia, Il Mulino, 2002.

86 Me refiero a Marco Santoro: Notai. Storia sociale di una professione in Italia, Bolonia, Il Mulino, 1998; y Marco Santoro: Il notariato nell’Italia contemporanea, Milán, Giuffrè, 2004.

87 Michela Minesso: Tecnici e modernizzazione nel Veneto. La Scuola dell’Università di Padova e la professione dell’ingegnere (1806-1915), Trieste, Lint, 1992; Andrea Giuntini y Michela Minesso (coords.): Gli ingegneri in Italia tra ‘800 e ‘900, Milán, Franco Angeli, 1999.

88 Paolo Frascani: «I medici dall’unità al fascismo», en Maria Malatesta (coord.): Storia d’Italia, Annali 10, I professionisti, pp. 147-189; y Marco Soresina: I medici tra Stato e società. Studi su professione medica e sanità pubblica nell’Italia contemporanea, Milán, Franco Angeli, 1998.

89 Cf. Guido Melis: «Introduzione», en Guido Melis (coord.): Le elites nella storia dell’Italia unita, op. cit., pp. 7-16, a las que nos referiremos a continuación.

90 Este es un tema que se vuelve a tratar en todas las intervenciones que en los años más recientes han afrontado la cuestión de las clases dirigentes y de las elites en Italia. Véanse, entre otros: Franco Ferraresi: Un paese senza elites, Turín, Scriptorium, 1996; Antonio Missiroli: Dove nascono le elites?, Milán, Reset, 1997; Carlo Carboni (coord.): Elite e classi dirigenti in Italia, Roma-Bari, Laterza, 2007.

91 Sobre este tema, véanse: Raffaele Romanelli: «La nazionalizzazione della periferia. Casi e prospettive di studio», Meridiana 4, 1988, pp. 13-24; Íd.: «Le radici storiche del localismo italiano», Il Mulino 4, 1991; Íd.: «Centralismo e autonomie», en Raffaele Romanelli (coord.): Storia dello Stato italiano dall’Unità ad oggi, Roma, Donzelli, 1995, pp. 125-186; Marco Meriggi: «La questione locale nella storiografia italiana», Le Carte e la Storia 1, 2002, pp. 15-18.

LA HISTORIOGRAFÍA SOBRE LAS ELITES DE LA ESPAÑA LIBERAL*

Javier Moreno Luzón

Universidad Complutense de Madrid Centro de Estudios Políticos y Constitucionales

LAS ELITES EN LA HISTORIOGRAFÍA ESPAÑOLA

Las elites contemporáneas españolas preocupan a la historiografía desde hace décadas. Los intelectuales de comienzos del siglo habían sentado algunos precedentes, como la denuncia por parte de Joaquín Costa de una oligarquía dedicada a explotar a la nación en su propio beneficio, o las tesis de José Ortega y Gasset acerca de la ausencia de minorías rectoras como problema central de una España invertebrada.1 El renacimiento historiográfico de los años cincuenta, al volver la vista hacia el siglo XIX y los primeros años del XX, comenzó a abordar con rigor el estudio de los grupos dirigentes liberales. Por ejemplo, José María Jover, en su célebre ensayo «Conciencia burguesa y conciencia obrera en la España contemporánea», publicado en 1952, retrató a las diversas burguesías decimonónicas y detectó la aparición en la segunda mitad del Ochocientos de «una nueva elite cosmopolita, poderosa y egregia, atenta a valores fundamentalmente vitales», en expresión de clara raíz orteguiana.2 Jesús Pabón, en su Cambó, cuyo primer volumen se editó también en 1952, acumuló semblanzas de los hombres que habían protagonizado la vida política en la Restauración.3 Jaume Vicens Vives, por su parte, abrió camino al análisis de la burguesía catalana y de sus relaciones con el Estado a través de los trabajos recogidos en Industrials i politics del segle XIX, de 1958.4 Estas primeras obras, aunque respondían a planteamientos muy distintos, apuntaron ya algunos de los rasgos característicos de los estudios sobre las elites de la España liberal: el interés por la suerte de las burguesías, la atención al mundo de los políticos y, sobre todo, la búsqueda de vínculos entre poder económico e influencia en los asuntos estatales.

Sin embargo, el uso del concepto de elite tardó bastante tiempo en cuajar entre los historiadores. Fue Manuel Tuñón de Lara quien promovió de manera consciente y decisiva su empleo en la disciplina al publicar en 1967 el libro Historia y realidad del poder (El poder y las elites en el primer tercio de la España del siglo XX), que se sustentaba en la definición conceptual de términos como poder, grupos de presión y también elite. Así, una elite era «un grupo reducido de hombres que ejercen el Poder o que tienen influencia directa o indirecta sobre...». Inspirado por autores como el sociólogo C. Wright Mills, que había subrayado para el caso de Estados Unidos la concentración de las principales decisiones en estrechos círculos endogámicos, Tuñón localizaba en España varias elites económicas, burocráticas, políticas e intelectuales, y señalaba la interpenetración entre los gobernantes del reinado de Alfonso XIII (1902-1931) y los sectores económicos hegemónicos, formando una compacta y cerrada trama social y familiar. La oligarquía que había descubierto Costa se manifestaba en realidad como «expresión o reflejo de una oligarquía económico-social, asentada en las arcaicas estructuras del país».5 Desde entonces, los debates sobre las elites han ocupado un lugar importante en la historiografía española, a menudo para reafirmar o contradecir las impresiones millseanas de Tuñón. No obstante, y de modo paradójico, las investigaciones sistemáticas sobre personas y grupos concretos han escaseado hasta tiempos muy recientes, cuando, a la vez, la utilización de la categoría de elite se ha generalizado entre nosotros. Preocupación antigua, debates intensos y trabajos monográficos de crecimiento tardío marcan, pues, el desarrollo historiográfico en este ámbito.

Hasta bien entrados los años ochenta del siglo XX, en la historiografía española, como había ocurrido también en otras historiografías occidentales, predominaba el gusto por las estructuras socioeconómicas sobre el análisis de los individuos, debido sobre todo a la presencia de esquemas marxistas en la investigación. Además, cuando se estudiaban las clases sociales y las fuerzas políticas, primaba la atención a los excluidos, no a los más influyentes. Así, lo habitual era interesarse por el movimiento obrero, no por las clases altas, antiguas o modernas; por los partidos marginales dentro del sistema político español y sus dirigentes, no por los ministros o parlamentarios que habían disfrutado efectivamente del poder. Pesaba mucho una concepción militante de la historia, forjada en los círculos izquierdistas de oposición al franquismo, que buscaba antecedentes en las fuerzas radicales del pasado. Lo curioso es que este relativo desinterés por las elites parecía compatible con interpretaciones de la evolución política y social de España que dependían en buena medida de la idea que se tuviera acerca de los grupos privilegiados, en lo económico y en lo político, sobre cuyas espaldas se hacía recaer el destino del país. Destacaban las consideraciones, que llenaron polémicas sin cuento, acerca de la revolución burguesa y del papel representado por la burguesía, motor del cambio social y al mismo tiempo aliada necesaria de la aristocracia y freno de los avances revolucionarios. Como ha observado Manuel Pérez Ledesma, podía hablarse de una burguesía omnipresente, protagonista de todos los dramas españoles entre 1808 y 1936, sin que se supiera con claridad quiénes eran los burgueses.6

Esos planteamientos formaban parte de una visión melancólica de la historia española que iluminaba con pesar las ausencias y lamentaba los fracasos, que se fijaba, más que en lo que había ocurrido, en lo que había fallado o nunca había sucedido. Según ese enfoque pesimista, España había visto, cuando menos, cómo se frustraban todos los grandes procesos de modernización que habían marcado la trayectoria de los países más avanzados de Europa, en especial de Gran Bretaña y Francia: no se habían producido ni una auténtica revolución burguesa ni una revolución industrial; los regímenes liberales habían carecido de autenticidad y no se habían orientado hacia la democracia; el Estado, débil y corrupto, ni siquiera había procedido, se añadió más adelante, a la nacionalización de los españoles. Por tanto, España constituía un caso diferente, anómalo, incluso excepcional, en el contexto europeo. Dicho de otro modo, los historiadores dibujaron una especie de Sonderweg, de camino especial español, con apreciaciones que en ocasiones recordaban a las aplicadas de un modo parecido a Alemania o Italia, países que, por diferentes motivos, también habían acabado mal. En España se fue trazando una senda compuesta de fracasos que desembocó en el fracaso colectivo por excelencia: la guerra civil de 1936-1939, y que se prolongó con la longeva dictadura que había emergido del conflicto hasta alcanzar diferencias intolerables con los vecinos. Pese al énfasis en los factores estructurales, a menudo se hacía responsables de estos fracasos y estas ausencias a los elementos más poderosos del país, se los llamara oligarquía, elites o burguesía: su debilidad crónica, su egoísmo y su miedo al pueblo, su sordera ante las demandas sociales o su falta de voluntad modernizadora o nacionalizadora estaban en la raíz del alejamiento de España respecto al canon del progreso occidental.7

En las dos últimas décadas se ha ido cambiando este paradigma melancólico por otro más equilibrado, que no sólo enfatiza las ausencias sino que también valora los logros. Ciertas posturas triunfalistas han proclamado los éxitos o la normalidad de la España contemporánea, pero en general se rechaza la existencia de un modelo único respecto al cual sea posible establecer qué es normal y qué no, y tiende a considerarse que el caso español, como los demás casos nacionales, albergó algunas peculiaridades pero incluyó los mismos procesos y problemas fundamentales que afrontaron otros países europeos en la era liberal. Algo parecido ocurriría con las elites, descargadas de responsabilidad y de juicios morales más o menos atinados. Con el tiempo, la crisis de las escuelas que preferían las explicaciones estructurales ha permitido otorgar una mayor relevancia a las acciones de los individuos, y el foco historiográfico se ha desplazado desde los grupos subordinados hacia los dirigentes, tanto en el terreno social como en el político. Todo ello ha favorecido la proliferación de estudios sobre las elites españolas, quiénes eran y qué hicieron. El goteo anterior de investigaciones acerca de autoridades o plutócratas ha dado paso a una heterogénea multitud de trabajos difícil de abarcar y someter a clasificación.8

En cuanto al término y al concepto de elite, ambos siguen expuestos hoy a cierta confusión, o al menos a algunas dudas, en la lengua corriente y en los textos académicos. De hecho, el vocablo francés élite no entró en el diccionario canónico de la lengua castellana, el de la Real Academia Española, hasta 1984, transcrito como «elite». El diccionario lo definía como «minoría selecta o rectora» y lo ligaba a otras voces nuevas como «elitista» y «elitismo». Otros diccionarios han ofrecido acepciones similares. Pues bien, todavía existen dudas sobre cómo se escriben estas palabras, y resulta frecuente encontrar las formas «elite» y «élite», con sus respectivos plurales «elites» y «élites», de manera indistinta. Los principales libros de estilo periodísticos discrepan al respecto y, de hecho, el diccionario de la Academia ha acabado por aceptar ambas versiones en su edición del 2001. En cuanto a su pronunciación, las dudas son aún mayores, y lo habitual es que se escriba «elite» y se diga «élite».9 La confusión afecta asimismo al propio concepto. Como señaló Pedro Carasa, elite se usa con frecuencia como un comodín amorfo y pretendidamente inocuo que permite evitar otros conceptos actualmente más polémicos, como burguesía, clase dominante u oligarquía, o se mezcla de forma indiscriminada con ellos, aunque pertenezcan a tradiciones interpretativas diferentes y hasta incompatibles, en un discurso superficial y ajeno a cualquier inquietud teórica.10 Es más, muchos artículos, tesis doctorales y libros incluyen en su título el término elite y después apenas se ocupan de caracterizar o definir a los grupos dirigentes de la sociedad que estudian. Ha habido algunos intentos de depurar el concepto, por ejemplo a través de la búsqueda de su genealogía en las obras de Gaetano Mosca o Wilfredo Pareto, pero lo habitual es que su uso sea meramente descriptivo.11 Es decir, se suele entender que las elites las forman las capas superiores de cualquier colectividad, sin más, o en los estudios más elaborados, quienes poseen y ejercen el poder en sus múltiples dimensiones sociales.

LOS ESTUDIOS RECIENTES

Una aproximación inicial al trabajo de los historiadores en los últimos veinte años podría atribuirle cinco rasgos básicos: la predilección por los protagonistas de la vida política frente a otros personajes, la sorprendente escasez de colaboraciones con otras ciencias sociales que se ocupan de los mismos asuntos, el incremento del número de biografías, el peso enorme de lo local y la preferencia por la Restauración como período clave y por el caciquismo como cuestión fundamental.

En primer lugar, la mayoría de las investigaciones se ha centrado en la descripción de las elites políticas, sobre todo de los parlamentarios y de los ministros, y en menor medida de quienes ocuparon puestos de responsabilidad en instituciones provinciales o municipales. Quizá el mejor indicador de esta tendencia se halle en la edición de diversos diccionarios que recogen una información exhaustiva sobre las trayectorias de diputados y senadores.12 Tanto de los parlamentos como de los ministros, se han procesado datos sobre edad, relaciones familiares y sociales, origen geográfico, formación académica, perfil profesional, vínculos con la nobleza, carrera política, adscripción partidista y estabilidad en el cargo, todo lo cual ha arrojado resultados bastante precisos, en especial sobre el primer cuarto del siglo XX.13 Muy cercanos en su desarrollo se sitúan últimamente los estudios sobre las elites económicas y empresariales, donde el seguimiento de las estrategias adoptadas por las organizaciones corporativas ha ido acompañado de un notable afán por escribir semblanzas biográficas de grandes hombres de negocios, incluyendo algunas enciclopedias especializadas.14 Ha habido asimismo aproximaciones a las elites intelectuales y trabajos aislados sobre jerarquías eclesiásticas y militares. En cambio, los especialistas tienden a olvidar elites que han recibido mucha atención en otros países, como las burocráticas –desde directores generales hasta miembros de altos cuerpos de la administración pública, desde gobernadores civiles hasta profesores universitarios– o las profesionales –por ejemplo, resultan muy tímidas las pesquisas sobre abogados, médicos y sanitarios en general, periodistas o cuadros directivos de empresas–. Es decir, los estudios se difuminan en aquellos entornos sociales que tocan con las clases medias.15 Por último, la aristocracia constituye un caso peculiar: a menudo se le atribuye un gran poder político y social por la persistencia de títulos nobiliarios en la cúspide de las instituciones y por el influjo de su estilo de vida en otras elites, pero se ha estudiado poco y no se han distinguido con nitidez los rasgos que justifican, por encima de su heterogeneidad, su aislamiento como categoría específica. No obstante, unos cuantos autores han indagado en la evolución del patrimonio económico de las viejas casas nobles y de algún sobresaliente advenedizo.16

Entre las obras académicas dedicadas a las elites gobernantes en España puede distinguirse, además, una corriente que, desde la ciencia política, busca generalizaciones acerca de las características sociográficas de los ministros o parlamentarios y de sus posiciones de poder, remarcando las continuidades y discontinuidades entre los distintos regímenes a lo largo del último cuarto del siglo XIX y de todo el siglo XX, y sus implicaciones sobre la consolidación y la estabilidad de los mismos. Se trata de una línea de investigación iniciada en los años sesenta por Juan José Linz, influido por las teorías de Pareto sobre la circulación de las elites y preocupado por las consecuencias negativas que pudo tener la discontinuidad de la clase política, tanto entre la Restauración y la Segunda República como dentro del mismo período republicano, por la escasa experiencia y la falta de solidez del personal parlamentario en la década de los treinta.17 Es una línea que ha seguido viva hasta la actualidad en obras del propio Linz y de sus discípulos, y que ha rendido frutos más que apreciables al caracterizar a las elites y considerarlas como un factor fundamental a la hora de sintetizar la evolución de la España contemporánea.18

Sin embargo, la comunicación entre politólogos e historiadores no ha sido fluida ni constante. Los primeros utilizan normalmente la historiografía como cantera de información, pero no siempre manejan términos históricos adecuados ni ponen al día sus referencias bibliográficas.19 Por su parte, los historiadores, concentrados en etapas cortas, ignoran a menudo los análisis a largo plazo de la ciencia política. No hay pues intercambio de experiencias y puntos de vista. Esta incomunicación resulta sorprendente, porque la historiografía española sí ha importado conceptos provenientes de las ciencias sociales, como el de elite, con las limitaciones ya señaladas. Pero una cosa es utilizar elementos conceptuales extraídos de la literatura sociológica o politóloga, generalmente anglosajona y con frecuencia bastante antigua, y otra muy diferente es traspasar los límites de la propia disciplina y dialogar de forma crítica con las demás. O lo que es más difícil aún: colaborar en la formación de equipos multidisciplinares, algo que apenas existe en las universidades españolas.

Si contemplamos el estudio de las elites en sentido amplio, puede decirse que en España, como en muchos otros países, las investigaciones sobre individuos abundan hoy más que las centradas en algún grupo, es decir, que se cultiva más la biografía que la prosopografía. Sobre todo la biografía de personajes destacados en la escena política y, de manera creciente, también en la económica. Variedades del género cada vez más frecuentadas son, por ejemplo, el seguimiento de las dinastías familiares a lo largo de períodos dilatados, que se concibe como una sucesión de biografías individuales o generacionales, cuyo hilo conductor puede hallarse en una empresa o en una profesión determinada,20 o los ensayos biográficos breves, presentados en colecciones cuya unidad reside en el dibujo de trazas políticas comunes o en el marco temporal elegido.21 Semejante auge se debe a razones tanto académicas como extraacadémicas. Por una parte, entronca con la recuperación de las técnicas narrativas frente al anterior predominio de los análisis estructurales, marxistas o no, y con la simultánea revalorización de lo contingente y lo azaroso frente a lo determinado o necesario, del individuo que se sobrepone a los condicionantes de la vida individual. Pero también se relaciona con el aprovechamiento de la biografía como puerta de acceso a fenómenos históricos amplios, sea una cultura política, un sistema de partidos, un tipo de discurso o una elite. De esa manera, la biografía de un demagogo permite desentrañar las claves del populismo; la de un gran cacique, hablar del clientelismo político, y la de una reina, tratar las formas de poder y la dimensión simbólica de la monarquía constitucional.22 Este giro biográfico se ha realizado, pues, con plena consciencia de sus implicaciones teórico-metodológicas.23 Por otra parte, hay que enmarcarlo en los cambios sufridos por el mercado editorial español, que ahora demanda libros de historia accesibles por parte de un público amplio, y ha atraído hacia él a muchos historiadores profesionales, antes ajenos a la divulgación. En ese terreno, las biografías tienen grandes ventajas sobre otros productos menos cautivadores. Tanto por la transformación de los paradigmas historiográficos dominantes como por su éxito comercial, los textos biográficos se imponen a los prosopográficos, de sabor estructuralista, encerrados en las publicaciones para entendidos y mucho más costosos en cuanto a la relación entre esfuerzo y resultados de la investigación. En la práctica de la prosopografía es posible recoger una enorme cantidad de datos, procesarlos con métodos sofisticados y obtener, como todo premio, una simple tabla numérica, lo cual no ha impedido avances como los indicados más arriba, en absoluto ajenos a reflexiones sobre métodos y fuentes.24

En cuarto lugar, en la historiografía preocupada por las elites, tienen un peso enorme las obras de alcance local, provincial o regional, más abundantes que las de nivel nacional o estatal. Éste es un rasgo que en España afecta a casi todas las especialidades historiográficas y que se ha dejado sentir también en el campo que aquí interesa, lo que no se contradice, aunque parezca lo contrario, con el énfasis señalado sobre las elites parlamentarias –es decir, presentes en el parlamento nacional–, ya que la norma es que cada cual haya estudiado a los diputados de su provincia o de su región, sin buscar generalizaciones que afecten a todo el país. Son éstos unos usos que se corresponden con las fuentes habituales de financiación de las investigaciones y de las publicaciones, puesto que las instituciones autonómicas o locales y las universidades han invertido desde los años ochenta una gran cantidad de recursos en reconstruir el pasado de sus propias comunidades, una invención de la tradición en la que muchos historiadores han participado de manera entusiasta. Pero también se vinculan a la voluntad, expresada por algunos especialistas, de desentrañar las múltiples relaciones entre las instancias políticas y la estructura económica y social a través de las elites, algo que puede hacerse bastante bien en contextos reducidos y abarcables. En vez de hacer del individuo el eje de una cuestión, como en los enfoques biográficos, se elige un territorio para estudiarla a fondo, de manera que, si bien pueden encontrarse fácilmente localismos sin horizonte, también es frecuente hallar monografías en las que se plantean, a nivel local, problemas de relevancia general.25

Para terminar con este repaso impresionista, puede añadirse que los estudios sobre las elites se han centrado ante todo en la época de la Restauración (1875-1923), mucho más que en etapas anteriores o posteriores. Respecto a los períodos previos, cabe señalar avances en la caracterización de la burguesía y de las elites liberales que han hecho aterrizar el debate acerca de la revolución burguesa en una superficie mucho más firme. No han desaparecido las discrepancias, pero abundan ya las voces partidarias de dejarla en revolución liberal, o incluso de cuestionar su naturaleza revolucionaria. Baste recordar, como muestra, los hallazgos sobre el contraste entre las ideas y el comportamiento privado de los notables madrileños, o sobre los políticos y comerciantes valencianos de mediados del XIX e incluso los revolucionarios de 1868, que no constituían una burguesía rupturista e inmersa en la lucha de clases, sino más bien un conjunto de elites profesionales no muy lejanas de quienes las habían precedido bajo el reinado de Isabel II.26 En lo referente a momentos posteriores, menudean los estudios sobre las elites en el primer franquismo (1939-1945), situado fuera de este recorrido cronológico, pues como ya se ha indicado, el grueso de las investigaciones se ha fijado en los tiempos de la monarquía restaurada.

Y hay buenas razones para ello. Porque ese largo período de relativa paz constitucional se ha considerado, desde las propuestas iniciales de Jover y Tuñón, como un tramo decisivo dentro del recorrido histórico español, en el que cuajó la singular fusión de elites que había acarreado el triunfo del liberalismo, y en el que se produjo después el surgimiento de nuevas elites profesionales que disputaron a las viejas la hegemonía en el panorama nacional, coincidiendo con la irrupción de la política de masas. Además, en los años de entre siglos, nacieron las teorías más extendidas sobre el carácter y el papel de las elites políticas en la España liberal, citadas al comienzo de este ensayo: las que, elaboradas y difundidas por los intelectuales llamados regeneracionistas, se resumían en la famosa fórmula de Costa: oligarquía y caciquismo. Según ellas, los dirigentes políticos españoles constituían una minoría parasitaria que se servía de los caciques locales para monopolizar el poder y mantener al pueblo en la ignorancia y la miseria.27 Ya desde entonces, la historia de las elites de la Restauración se ha contado como la historia de la consolidación de una oligarquía y de la defensa de sus intereses particulares frente a los grupos subordinados que se rebelaron contra su dominio. Dicho en palabras de Ortega, los gobernantes formaban una España oficial alejada de los problemas y las esperanzas de la España vital.28 Así pues, los historiadores, siguiendo la estela de aquellos intelectuales, han vinculado a las elites liberales, en especial a las de la Restauración, con la política clientelar y corrupta que dio en llamarse caciquismo. De hecho, la mayoría de los trabajos acerca de las elites políticas y sociales se integran en análisis más amplios del comportamiento político de los españoles, de su carácter más o menos tradicional o moderno, de la política de notables en entornos rurales y su progresivo desplazamiento a las ciudades, y, en general, de los diversos componentes que conforman el proteico fenómeno del clientelismo político.

PODER POLÍTICO Y PODER ECONÓMICO

En este contexto se ha desenvuelto el debate historiográfico más relevante de cuantos afectan a las elites de la España liberal: el que se ha ocupado de las procelosas relaciones entre poder económico y poder político en la Restauración. La polémica ha girado en torno a dos posturas enfrentadas que recuerdan, en líneas generales y salvando las evidentes distancias, a los dos paradigmas enfrentados desde los años cincuenta en la sociología norteamericana de las elites: el elitista o monista, que comparte las impresiones de Wright Mills acerca de una elite del poder cerrada y oligárquica, y que en el caso español se ha mezclado con planteamientos marxistas; y el pluralista, defendido por quienes conciben el poder como un complejo conjunto de funciones, repartido en distintas estructuras y niveles y en manos de elites diversas y grupos de presión que compiten y negocian entre sí sometidos a cambios constantes.29 De manera inevitable, el debate se ha desdoblado en consideraciones sobre la independencia o autonomía de lo político respecto a las fuerzas económicas.

En España, el enfoque elitista fue recogido, como se ha dicho, por los autores que aceptaron la herencia del regeneracionismo y otorgaron a la oligarquía una dimensión socioeconómica. A su juicio, en aquella oligarquía se habían fundido distintos grupos dominantes, como los terratenientes andaluces y castellanos, y los industriales y financieros catalanes y vascos, que ejercían su influencia a través de los partidos gubernamentales. Vicens ya citó estas alianzas, pero fue una vez más Tuñón de Lara el que marcó la pauta interpretativa de mayor alcance, en la que se valió no sólo de Mills sino también de maestros marxistas como Antonio Gramsci o Nicos Poulantzas, para decantar un concepto clave: el de bloque oligárquico de poder, que encarnaba un pacto social entre facciones de las clases dominantes, capaces de aunar poder económico y poder político. La vida pública se ponía al servicio de esos intereses de clase, entre los que predominaban los de los propietarios latifundistas, y de valores aristocráticos llegados del Antiguo Régimen, cuya persistencia parecía abrumadora.30 Los estudios pioneros sobre las elites de la Restauración quisieron probar estas tesis tuñonianas y se dedicaron, por ejemplo, a comparar listas de ministros con listas de consejos de administración de grandes empresas. La mera coincidencia del mismo personaje en ambos consejos probaba la colusión de intereses.

Por otro lado, desde los años setenta surgió una escuela liberal que ponía en duda estos supuestos y predicaba la independencia de los políticos respecto a los poderes económicos. Sus orígenes hay que buscarlos en el magisterio del hispanista Raymond Carr, autor de una historia política de España llena de sugerencias e inspirador de numerosos estudios empíricos sobre elites militares, económicas y políticas.31 El autor que fustigó con más éxito el concepto de bloque de poder fue un discípulo de Carr, José Varela Ortega, quien pensaba que la política clientelar, sustentada sobre maquinarias caciquiles que explotaban a la administración pública para repartir favores entre sus miembros, permitía a los notables de la Restauración vivir a salvo de las presiones de las grandes organizaciones económicas y gobernar sin someterse a ellas.32 Algo similar a lo que sostuvo más tarde Linz al asegurar que en España la política tenía precedencia sobre los intereses.33

Tras una década de descripciones poco concluyentes, en los años noventa la historiografía dio un salto muy importante basado en estudios regionales o provinciales del comportamiento político en los que las elites representaban un papel protagonista. Puede hablarse desde entonces de una nueva historia política, que aúna sobre todo tres cualidades fundamentales. Primero, subraya la centralidad de la política como un mirador adecuado para observar, interrelacionar y dar sentido a múltiples dimensiones de la realidad social, económica y cultural. Segundo, utiliza un lenguaje común que se apropia de conceptos procedentes de la sociología, de la ciencia política y, en menor medida, de la antropología, en particular de la literatura académica sobre el clientelismo político, empleada de forma un tanto ecléctica.34 Y tercero, muestra también un cierto afán comparativo, más o menos explícito, que contrasta la vida política española con la de otros países y la aproxima, por ejemplo, a la de Italia o Portugal, donde podían encontrarse fenómenos comparables a los españoles. Más que una excepción, España constituye una variante dentro de la Europa meridional.35El panorama más acabado de esta visión puede encontrarse en el libro El poder de la influencia, resultado de un ambicioso proyecto dirigido por Varela Ortega y publicado en el 2001, en el cual se dilucidan las mismas materias región por región para llegar a unas conclusiones globales sobre el ejercicio del poder político en la Restauración.36

Esta nueva historia política ha hallado uno de sus objetos preferentes de investigación en las elites, sobre todo en los parlamentarios y notables que ejercían de mediadores entre los entornos locales y el poder central. Aunque, como ya se ha señalado, se estudia quiénes eran sin desvincularlo de qué hacían y cómo lo hacían, es decir, las elites se ven estrechamente ligadas al comportamiento clientelar.37 Se han establecido así sus perfiles socioprofesionales, distintos en las diversas regiones, que, como en toda la Europa anterior a la profesionalización de la política, se correspondían con personajes que disfrutaban de una posición económica independiente. Entre ellos había propietarios agrarios, y destacaban no sólo los rentistas sino también los dedicados a cultivos comerciales con contactos funcionales en la administración; profesionales, especialmente abogados que ascendieron gracias a su dominio de la burocracia, y también hombres de negocios, presentes sobre todo en las zonas industriales, como Cataluña y el País Vasco. Se trataba de gentes muy vinculadas a sus respectivos entornos económicos locales, a los sectores más dinámicos de cada región, desde la agricultura comercial hasta el ferrocarril o la minería. A veces controlaban múltiples ramas de la economía regional, pero lo normal es que abundaran los medianos empresarios que, junto a propietarios y profesionales, configuraban –según Carasa– una alta mesocracia en permanente evolución, en la cual, con el tiempo, retrocedieron los propietarios y avanzaron los profesionales y hombres de negocios.38 La nobleza de viejo cuño ocupaba un puesto marginal entre las elites, de modo que resulta difícil mantener que revelaran la persistencia del Antiguo Régimen. Además, se ha comprobado el peso de las relaciones de parentesco en la perpetuación de algunos grupos, como ha destacado María Antonia Peña.39

Ahora bien, a pesar de los múltiples vínculos y solapamientos hallados no puede hablarse de una identificación plena entre elites políticas y elites económicas –es decir, de un bloque de poder– en la España de la Restauración, sino que sería más adecuado aludir a la dispersión y fragmentación de unas elites bastante heterogéneas. Y tampoco queda probada la subordinación de la política a los intereses económicos. Más bien habría que asumir una relación compleja, cambiante y de doble sentido entre poder Cabrera y Fernando del Rey han denominado su instrumentación recíproca. De este modo la nueva historia política confluye con la historia empresarial, que ha llegado por su lado a conclusiones similares y ha construido, a partir de enseñanzas como las de Linz, modelos muy precisos y matizados, no exentos de carga polémica.40 Incluso cuando las elites económicas y políticas coincidían, éstas utilizaban, en palabras de María Sierra, diferentes argumentos de poder, no necesariamente confluyentes, según el momento.41 Es decir, los nuevos historiadores de la política, aunque defienden la autonomía de lo político, se hallan a medio camino entre las dos posiciones encontradas hasta ahora sobre este tema: la que separaba por completo las actitudes políticas de las presiones económicas y la que hacía depender las primeras de las últimas.

Al margen de esta nueva historia política, ha habido intentos de mostrar las numerosas connivencias entre buscadores de negocios ilícitos o monopolistas y políticos complacientes, lo cual debería abrir camino a averiguaciones concretas sobre formas de corrupción.42 Pero la respuesta a la corriente principal reseñada ha procedido ante todo de otra tendencia interpretativa, que podría denominarse historia social agraria, asentada en supuestos distintos, como la preferencia por la pequeña comunidad rural como ámbito de análisis, la consideración del poder político como un mero instrumento en manos de las oligarquías locales para perpetuar su hegemonía social –es decir, para lo que se llama reproducirse socialmente– y la identificación de estas oligarquías con los propietarios de los medios de producción, especialmente de la tierra.43 Algo que coincide con un renovado interés por las elites agrarias, que vuelven a situarse en el centro de la escena. De hecho, la historia agraria o rural puede ya considerarse como una disciplina cuasi independiente, y muchos de los historiadores que se dedican a su estudio, que a menudo proceden de la historia económica, han actualizado las viejas tesis marxistas sobre el bloque oligárquico de poder, pero circunscribiéndolas ahora al ámbito local y desprendiéndolas de la obsesión por la excepcionalidad española.

Los esfuerzos de estos historiadores han dado fruto en dos campos de estudio estrechamente relacionados entre sí: el poder local y las elites agrarias. El análisis de los ayuntamientos ha mostrado las características socioeconómicas y profesionales de sus miembros, concejales y alcaldes, que ratifican la perpetuación en los cargos de los mayores contribuyentes de cada localidad, cuya riqueza provenía de la tierra. Dicho de otro modo, estos trabajos han mostrado cómo el acceso al poder local en la España liberal estaba determinado por condicionamientos de clase. Las oligarquías agrarias utilizaban los resortes municipales para controlar elementos cruciales en la vida de las comunidades rurales, como la mayor parte de los impuestos, el reclutamiento para el servicio militar, el reparto del agua para el regadío, la gestión de los bienes comunales –privatizados por esas oligarquías– y el aparato judicial, que les permitía contener y reprimir las protestas de las clases subordinadas. Más aún, los poderes locales servían para regular las transformaciones económicas en el campo, manteniéndolas bajo el control de los poderosos. Por otra parte, las prácticas clientelares entre propietarios y campesinos permitían una gran extensión del fraude electoral, lo cual facilitaba a su vez la continuidad de los terratenientes en los puestos de mando.44 Sin embargo, algunos historiadores han introducido matices en esta imagen monolítica al señalar que el sistema no permaneció inmóvil, que en muchos lugares las instituciones locales vivieron conflictos políticos agudos entre facciones rivales y que la existencia de mecanismos legales de representación abrió la posibilidad de que vecinos no pertenecientes a las elites agrarias se hicieran con el poder local, lo que ocurrió con frecuencia conforme progresó la politización del campo. Además, los dirigentes locales, más allá del cuidado de sus propias fortunas, buscaron legitimarse a través de la representación de los intereses generales de sus comunidades.45

Por otro lado, recientemente han proliferado los estudios sobre elites agrarias, tanto sobre pequeñas elites locales como sobre grandes familias propietarias. En ellos, la política ocupa un lugar secundario, ya que la atención se centra en la gestión económica de los patrimonios agrarios y en las estrategias familiares –matrimonios, herencias– que emplearon para conservar y ampliar dichos patrimonios. El protagonismo político de estas elites se concibe como una consecuencia casi automática de su relevante posición social. No obstante, hay algunos aspectos de estos estudios que afectan de lleno a la conceptualización del sistema político, ya que la endogamia de las oligarquías se trasladaba a las instituciones públicas y su influencia a nivel local se reforzaba gracias a sus contactos políticos a nivel estatal. Se han señalado asimismo diferencias entre las elites agrarias en cuanto a su adscripción ideológica o partidista: así, los nobles terratenientes solían adherirse a los sectores más conservadores y los medianos propietarios, a los progresistas. Del mismo modo, el análisis de las elites agrarias ha detectado continuidades y discontinuidades entre el Antiguo Régimen y la época liberal, subrayando la renovación de las elites que provocaron los procesos de desamortización y desvinculación de bienes eclesiásticos, municipales y nobiliarios a mediados del siglo XIX.46 Las reformas agrarias trajeron consigo en varias regiones españolas la emergencia de nuevas elites procedentes de grupos subordinados con anterioridad a la aristocracia –aunque en algunos casos lograran emparentar con ella– que hallaron su apogeo en la Restauración. En general, la historia social agraria rechaza el supuesto fracaso de la revolución liberal-burguesa en España y subraya –contra lo que hacían sus antecedentes marxistas– el completo dominio a lo largo el siglo XIX y comienzos del XX de los valores y las instituciones característicos de la sociedad capitalista, aunque fuera agraria, no industrial, sobre los restos feudales del Antiguo Régimen.

A pesar de sus evidentes diferencias, ambas interpretaciones comparten algunas características comunes: subrayan las estrechas relaciones entre poder político y poder económico, aunque poniendo el acento en uno o en otro a la hora de señalar precedencias. Remarcan asimismo las múltiples v inculaciones económicas, profesionales, familiares y de clientela de los políticos de la España liberal con sus respectivos entornos locales y electorales, cuyos intereses representaban en el parlamento. Y valoran especialmente la importancia de las elites periféricas respecto al poder central. Los miembros de estas elites hacían de intermediarios entre sus respectivas comunidades y el gobierno, como sus equivalentes de otros países europeos. Con ello se pone en cuestión la clásica división que establecieron los intelectuales entre España oficial y España vital. Las elites no vivían al margen sino en contacto permanente con las preocupaciones del país, o por lo menos de la población más activa en la vida política.

* * *

Así pues, puede afirmarse que las elites de la España liberal, sobre todo de la época de la Restauración, han ocupado un lugar central en la historiografía española de las últimas cuatro décadas y han originado hallazgos y debates más que notables. El futuro de este campo de estudio depende del remedio que se ponga a sus deficiencias, de la profundización en algunos terrenos ya explorados y de la entrada en él de nuevos enfoques. Para ello convendría incrementar los contactos de los historiadores con otros especialistas en ciencias sociales e inducir un diálogo crítico con las teorías sociológicas recientes acerca de las elites, más allá del conocimiento de los clásicos; asimismo, habría que analizar grupos sociales hasta ahora desatendidos.

Las controversias sobre los lazos entre poderes económicos y políticos seguirán, previsiblemente, llenando páginas, más y más atinadas cuanto más avance la exploración de períodos relativamente olvidados y aumente el aporte de fuentes primarias y obras de referencia. A este respecto, está en marcha la elaboración de un gran Diccionario biográfico de los parlamentarios españoles, que sin duda marcará un hito en el examen de las elites políticas. Pero, hoy por hoy, las perspectivas más prometedoras proceden de una posible historia cultural de las elites que, en íntimo contacto con la historia social, la antropología cultural y la historia cultural de la política, se adentre en el mundo de lo simbólico y calibre su peso en el ejercicio del poder, describa los rituales y lenguajes asociados al mismo, los ámbitos de sociabilidad frecuentados por las elites, los espacios domésticos y públicos en que se movían y, en general, sus modos de vida y sus costumbres. En definitiva, la manera en que las elites se percibían a sí mismas y se veían reconocidas como tales.

Como ponen de manifiesto las contribuciones a este volumen, la historiografía española se ha liberado ya de generalizaciones sin base empírica y de complejos excepcionalistas, pero aún queda mucho por hacer.

* En este texto se recogen y ordenan algunas reflexiones surgidas con motivo del coloquio «Le elites in Italia e in Spagna (1850-1922)», sin ánimo alguno de realizar un recorrido historiográfico exhaustivo.

1 Joaquín Costa: «Memoria de la sección» (1901), en Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España. Urgencia y modo de cambiarla, vol. I, Madrid, Revista de Trabajo, 1975, pp. 1-98. José Ortega y Gasset: «España invertebrada. Bosquejo de algunos pensamientos históricos» (1922), en Obras Completas, tomo III (1917/1925), Madrid, Taurus/Fundación José Ortega y Gasset, 2005, pp. 421-512.

2 José María Jover: «Conciencia burguesa y conciencia obrera en la España contemporánea» (1952), en Política, diplomacia y humanismo popular en la España del siglo XIX, Madrid, Turner, 1976, pp. 45-82 (cita en p. 68).

3 Jesús Pabón: Cambó, 1876-1918, Barcelona, Alpha, 1952.

4 Jaume Vicens Vives y Montserrat Llorens: Industrials i polítics del segle XIX, Barcelona, Teide, 1958.

5 Manuel Tuñón de Lara: Historia y realidad del poder (el poder y las elites en el primer tercio de la España del siglo XX), Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1967 (citas en pp. 15 y 26). Charles Wright Mills: La élite del poder, México, Fondo de Cultura Económica, 1957 (1.ª ed. 1956).

6 Miguel Á. Cabrera: «Developments in Contemporary Spanish Historiography: From Social History to the New Cultural History», The Journal of Modern History 77, 2005, pp. 988-1023. Manuel Pérez Ledesma: «Protagonismo de la burguesía, debilidad de los burgueses», Ayer 36, 1999, pp. 65-94.

7 Santos Juliá: «Anomalía, dolor y fracaso de España», Claves de Razón Práctica 66, 1996, pp. 10-21, y «La Historia Social y la historiografía española», en Antonio Morales Moya y Mariano Esteban de Vega (eds.): La historia contemporánea en España, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1996, pp. 183-196. «El Sonderweg», en David Blackbourn y Geoff Eley: The Peculiarities of German History, Nueva York, Oxford University Press, 1984, y Paul Corner: «The Road to Fascism: an Italian Sonderweg?», Contemporary Euro-pean History 11, 2, 2002, pp. 273-295.

8 Una aproximación temprana, en Guillermo Gortázar: «Investigar las elites: nuevas perspectivas», Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, H.ª Contemporánea 3, 1990, pp. 15-24.

9 Diccionario de la lengua española, Madrid, Real Academia Española, 1984, 1992 y 2001. El Libro de estilo de ABC, Barcelona, Ariel, 1993, recomendaba «elite», «hispanizándola definitivamente; y, por supuesto, sin acento, para evitar la pronunciación esdrújula antietimológica» p. 102; mientras que el Libro de estilo El País, Madrid, El País, 1996, prefería «élite» porque «el uso de los hablantes, aunque erróneo, ha confirmado la acentuación esdrújula» p. 296.

10 Pedro Carasa: «De la Burguesía a las Elites, entre la ambigüedad y la renovación conceptual», Ayer 42, 2001, pp. 213-237.

11 Juan Pro Ruiz: «La formación de la clase política liberal en España (1833-1868)», Historia Contemporánea 23, 2001, pp. 445-481.

12 Los más importantes son los de Joseba Agirreazkuenaga Zigorraga, Susana Serrano Abad, José Ramón Urquijo Goitia y Mikel Urquijo Goitia: Diccionario biográfico de los parlamentarios de Vasconia (1808-1876), Vitoria, Parlamento Vasco, 1993, y Pedro Carasa (dir.): Elites castellanas de la Restauración. I. Diccionario biográfico de parlamentarios castellanos y leoneses (1876-1923), Salamanca, Junta de Castilla y León, 1997.

13 Véanse algunos ejemplos. Sobre parlamentarios, José Luis Gómez-Navarro, Javier Moreno Luzón y Fernando del Rey Reguillo: «La elite parlamentaria entre 1914 y 1923», en Mercedes Cabrera (dir.): Con luz y taquígrafos. El Parlamento en la Restauración (1913-1923), Madrid, Taurus, 1998, pp. 103-142, y Francisco Acosta Ramírez: La cámara elitista: el Senado español entre 1902 y 1923, Córdoba, Ediciones de la Posada, 1999, pp. 269-382; «Ministros», en José Manuel Cuenca Toribio y Soledad Miranda García: El poder y sus hombres: ¿por quiénes hemos sido gobernados los españoles?, 1705-1998, Madrid, Actas, 1998.

14 Fernando del Rey Reguillo: «La historia empresarial y la historia política en la España contemporánea», Ayer 50, 2003, pp. 333-353. Véase como muestra Eugenio Torres Villanueva (dir.): Los 100 empresarios españoles del siglo XX, Madrid, LID, 2000, dentro de una nutrida colección de historia empresarial.

15 Entre las excepciones debe citarse a Francisco Villacorta Baños: Profesionales y burócratas. Estado y poder corporativo en la España del siglo XX, 1890-1923, Madrid, Siglo XXI, 1989.

16 Ejemplos de ambos tipos en Juan Carmona: Aristocracia terrateniente y cambio agrario en la España del siglo XIX. La casa de Alcañices (1790-1910), Salamanca, Junta de Castilla y León, 2001, y Martín Rodrigo Alharilla: Los Marqueses de Comillas 1817-1925. Antonio y Claudio López, Madrid, LID, 2001.

17 El primer trabajo importante publicado por Linz sobre las elites españolas fue «Continuidad y discontinuidad en la élite política española: de la Restauración al régimen actual», en Elías Díaz y Raúl Morodo (eds.): Estudios de Ciencia Política y Sociología. Homenaje al profesor Carlos Ollero, Madrid, Carlavilla, 1972, pp. 361-423.

18 Juan J. Linz, Pilar Gangas y Miguel Jerez: «Spanish Diputados: From the 1876 Restoration to Consolidated Democracy», en Heinrich Best y Maurizio Cotta (eds.): Parliamentary Representatives in Europe 1848-2000: Legislative Recruitment and Careers in Eleven European Countrie, Oxford, Oxford University Press, 2000, pp. 371-462, y Juan J. Linz, Miguel Jerez y Susana Corzo: «Ministers and Regimes in Spain: From the First to the Second Restoration, 1874-2002», en Pedro Tavares de Almeida, Antonio Costa Pinto y Nancy Bermeo (eds.): Who Governs Southern Europe? Regime Change and Ministerial Recruitment, 18502000, Londres, Frank Cass, 2003, pp. 41-116.

19 Es el caso de William Genieys: Las elites españolas ante el cambio de régimen político. Lógica de Estado y dinámicas centro-periferias en el siglo XX, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2004.

20 Véanse Pablo Díaz Morlán: Los Ybarra. Una dinastía de empresarios, 1801-2001, Madrid, Marcial Pons Historia, 2002, y Gabriel Cardona: Los Milans del Bosch, una familia de armas tomar. Entre la revolución liberal y el franquismo, Barcelona, Edhasa, 2005.

21 Muestras significativas, en Isabel Burdiel y Manuel Pérez Ledesma (coords.): Liberales, agitadores y conspiradores. Biografías heterodoxas del siglo XIX, Madrid, Espasa, 2000; Javier Moreno Luzón (ed.): Progresistas. Biografías de reformistas españoles, 1808-1939, Madrid, Taurus, 2006, y Rafael Serrano García (coord.): Figuras de la Gloriosa. Aproximación biográfica al Sexenio democrático, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2006.

22 Me refiero a José Álvarez Junco: Alejandro Lerroux. El Emperador del Paralelo, Madrid, Síntesis, 2005 (1.ª ed. 1990); Javier Moreno Luzón: Romanones. Caciquismo y política liberal, Madrid, Alianza, 1998, e Isabel Burdiel: Isabel II. No se puede reinar inocentemente, Madrid, Espasa, 2004.

23 Isabel Burdiel: «La dama de blanco. Notas sobre la biografía histórica», en Burdiel y Pérez Ledesma (eds.): Liberales, agitadores y conspiradores, pp. 17-47.

24 Pedro Carasa (ed.): Elites. Prosopografía contemporánea, Valladolid, Universidad de Vallado-lid, 1994.

25 Véase, por ejemplo, el monográfico dedicado a «El poder local en la España contemporánea», Hispania 201, 1999, pp. 7-111.

26 Jesús Cruz: Los notables de Madrid. Las bases sociales de la revolución liberal española, Madrid, Alianza, 2000; Isabel Burdiel: La política de los notables. Moderados y avanzados durante el régimen del Estatuto Real 81834-36, Valencia, Alfons el Magnànim, 1987; Anaclet Pons y Justo Serna: La ciudad extensa. La burguesía comercial-financiera en la Valencia de mediados del XIX, Valencia, Diputació de València, 1992, y Gregorio de la Fuente Monge: Los revolucionarios de 1868. Elites y poder en la España liberal, Madrid, Marcial Pons Historia, 2000.

27 Costa: «Memoria de la sección», Oligarquía y caciquismo.

28 José Ortega y Gasset: «Vieja y nueva política» (1914), en Obras Completas. Tomo I (1902-1915), Madrid, Taurus/Fundación José Ortega y Gasset, 2004, pp. 707-737.

29 Francesco Regalzi: «L’élite del potere de Charles Wright Mills (1956-2006). Cinquant’anni di interpretazioni», Teoria política 22, 1, 2006, pp. 137-172. William Genieys: «Nouveaux regards sur les elites du politique», Revue Française de Science Politique 56, 2006, pp. 121-147.

30 Ricardo Miralles y José Luis de la Granja: «Poder y elites en la obra de Manuel Tuñón de Lara», Historia Social 20, 1994, pp. 115-133.

31 Raymond Carr: España 1808-1939, Barcelona, Ariel, 1969 (1.ª ed. 1966). Frances Lannon y Paul Preston (eds.): Elites and Power in Twentieth-Century Spain. Essays in Honour of Sir Raymond Carr, Oxford, Clarendon Press, 1990.

32 José Varela Ortega: Los amigos políticos. Partidos, elecciones y caciquismo en la Restauración (1875-1900), Madrid, Marcial Pons Historia, 2001 (1.ª ed. 1977).

33 Juan J. Linz: «Política e intereses a lo largo de un siglo en España, 1880-1980», en Manuel Pérez Yruela y Salvador Giner (eds.): El corporatismo en España, Barcelona, Ariel, 1988, pp. 67-123.

34 Javier Moreno Luzón: «Teoría del clientelismo y estudio de la política caciquil», Revista de Estudios Políticos 89, 1995, pp. 191-224.

35 Por ejemplo, Rosa Ana Gutiérrez, Rafael Zurita y Renato Camurri (eds.): Elecciones y cultura política en España e Italia (1890-1923), Valencia, Universitat de València, 2003, y Manuel Baiôa (ed.): Elites e Poder. A crise do Sistema Liberal em Portugal e Espanha (1918-1931), Évora, CIDEHUS, 2002. También se ha comparado la España de la Restauración con la Argentina del mismo período: Claudia Elina Herrera: Elites y poder en Argentina y España en la segunda mitad del siglo XIX, Madrid, Universidad Complutense, 2003.

36 José Varela Ortega (dir.): El poder de la influencia. Geografía del caciquismo en España (1875-1923), Madrid, Marcial Pons Historia/Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001.

37 Rafael Zurita Aldeguer: Notables, políticos y clientes. La política conservadora en Alicante. 18751898, Alicante, Generalitat Valenciana/Instituto «Juan Gil-Albert», 1996.

38 Carasa (dir.): Elites castellanas de la Restauración. II. Una aproximación al poder político en Castilla, pp. 7-123.

39 María Antonia Peña Guerrero: Clientelismo político y poderes periféricos durante la Restauración. Huelva 1874-1923, Huelva, Universidad de Huelva, 1998.

40 Mercedes Cabrera y Fernando del Rey Reguillo: El poder de los empresarios. Política e intereses económicos en la España contemporánea (1875-2000), Madrid, Taurus, 2002, y «De la oligarquía y el caciquismo a la política de intereses. Por una relectura de la Restauración», en Manuel Suárez Cortina (ed.): Las máscaras de la libertad. El liberalismo español 1808-1950, Madrid, Marcial Pons Historia / Fundación Práxedes Mateo Sagasta, 2003, pp. 289-325.

41 María Sierra: La política del pacto. El sistema de la Restauración a través del Partido Conservador sevillano (1874-1923), Sevilla, Diputación de Sevilla, 1996.

42 José A. Piqueras Arenas: «Negocios y política en el siglo XIX español», en Javier Paniagua y José A. Piqueras (eds.): Poder económico y poder político, Valencia, UNED, 1998, pp. 11-52.

43 Salvador Cruz Artacho: «Clientes, clientelas y política en la España de la Restauración», Ayer 36, 1999, pp. 105-129.

44 M. González de Molina: «La funcionalidad de los poderes locales en la economía orgánica», Noticiario de Historia Agraria 6, 1993 pp. 9-25. Salvador Cruz Artacho: Caciques y campesinos. Poder político, modernización agraria y conflictividad rural en Granada, 1890-1923, Madrid, Ediciones Libertarias, 1994.

45 Lourenzo Fernández Prieto, Xosé M. Núñez Seixas, Aurora Artiaga Rego y Xesús Balboa (eds.): Poder local, elites e cambio social na Galicia non urbana (1874-1936), Santiago de Compostela, Parlamento de Galicia/Universidade de Santiago de Compostela, 1997. Isabel Moll y Pere Salas: «Las pequeñas elites agrarias y su participación en la vida política durante la segunda mitad del siglo XIX», Ayer 48, 2002, pp. 159-183.

46 María Dolores Muñoz Dueñas (ed.): «Las elites agrarias en la Península Ibérica», Ayer 48, 2002, pp. 9-221. Jesús Millán García-Varela: El poder de la tierra. La sociedad agraria del Bajo Segura en la época del liberalismo 1830-1890, Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1999. Rosa María Almansa Pérez: Familia, tierra y poder en la Córdoba de la Restauración, Córdoba, Universidad de Córdoba, 2005.

LAS ELITES POLÍTICAS Y LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL EN ITALIA (1861-1901)

Fulvio Cammarano

Universidad de Bolonia

A diferencia de lo sucedido en otras realidades europeas, la construcción de la «nación», realizada sobre la base de un complejo mosaico de sistemas políticos y estadios de desarrollo social, planteó a las clases dirigentes liberales italianas un difícil problema de legitimación. Desde el punto de vista político-institucional, la unificación en absoluto resultó una empresa fácil. Debe recordarse en primer lugar que, tras el proceso político-diplomático que había conducido al nacimiento del Reino de Italia, no existía ningún bloque social unificador, empezando por la aristocracia, débil y ausente, carente de todo vínculo con sus propios orígenes rurales, y por tanto incapaz de presentarse como referente ético-político ante las clases populares.

Desde el punto de vista institucional la situación no parecía menos problemática. Faltaba, partiendo de la cumbre, una Casa real prestigiosa.1 La admiración de la comunidad liberal por el mantenimiento del Estatuto albertino por parte de los Saboya, incluso tras el fracaso de los alzamientos de 1848, se había transformado en desilusión a causa de las dificultades e incertidumbres puestas de manifiesto en los años sucesivos y de su escaso prestigio internacional. La precoz muerte de Cavour había sustraído de la escena a quien, unánimemente, era considerado el único personaje político de nivel europeo capaz de dirigir el intricado proceso de unificación. Las instituciones políticas y administrativas saboyanas que, de la noche a la mañana, se convirtieron en instituciones nacionales no eran vistas como especialmente modernas y liberales por las comunidades y los estados «piemontizados» del centro-norte de Italia, mientras que en los antiguos territorios borbónicos eran consideradas opresoras y violentas. Además, el miedo palpable de los grupos dirigentes hacia el «pueblo en armas», junto a la cada vez más evidente debilidad del ejército del reino, volvía improbable toda referencia idealizada a cualquier tipo de virtud militar. Por último, el Senado, debido a las limitaciones propias de la aristocracia, de la cual frecuentemente provenían sus miembros, tampoco llegó a constituir en ningún momento un centro vital de referencia.

En semejante contexto, la clase política liberal acabó representando, a su pesar, la principal articulación institucional de este difícil proceso de legitimación de la nueva realidad político-estatal. En mi opinión, en Italia, a partir de la unificación, dirigentes y clase política asumieron un papel de suplencia de instituciones poco legitimadas y por tanto, casi inmediatamente, se afirmaron como primaria, aunque débil, fuente de legitimación de las frágiles instituciones nacionales.2

A tal peculiaridad, que favoreció la emergencia de una centralidad institucional de la clase política italiana, debe añadirse otra de carácter político-ideológico, originada por la doble legitimación con la que se desarrolló el proceso de unificación del país. Por un lado, el elemento diplomático-realista construido en torno a la herencia ideal de Cavour; por otro, el «accionista» que se reconocía en las aspiraciones mazzinianas. Una distancia considerable separaba estos dos elementos que, tras 1861, se vieron obligados a convivir debido a la no programada, pero decisiva, contribución garibaldina. Ninguna de las dos partes, en efecto, había conseguido deslegitimar a la otra. No sólo eso. Ambas formaciones se erigían en representantes del mismo segmento del universo del imaginario político: revolucionarios que luchaban por el progreso. Un fenómeno asimismo propiciado por el hecho de que ninguno de ellos podía interpretar el papel de «conservador» sin resultar aplastado por una fuerte corriente de deslegitimación reservada a las fuerzas sospechosas de simpatizar con el clericalismo antiunitario. Para el moderado Romualdo Bonfadini, de hecho,

[t]odos nuestros partidos parlamentarios tienen un origen común –el origen revolucionario–. Aquellos que fantasearon (...) con una Izquierda bandera de progreso y una Derecha bandera de conservadurismo, han aplicado denominaciones de índole extranjera y de cosas ajenas a los hechos italianos, que no supieron ver o no supieron juzgar (...). Ningún historiador que quiera ser imparcial podrá encontrar el martirio patriótico de las altas clases inferior, en toda Italia, al de los democráticos.3

Los excluidos de la legitimación constitucional (católicos y mazzinianos) eran también los portadores de una cultura política y social alternativa a aquella del progresismo de matriz positivista. De este modo, el parlamento del Estado unitario no se convertiría únicamente en la sede de la representación política del país legal, sino también en el símbolo de una «revolución» que, en cierto modo a la vez, se reconocía carente de alternativas al refuerzo de las instituciones monárquicas. La centralidad del parlamento se convirtió en el dique destinado a separar de modo cada vez más claro la visión revolucionaria mazziniana de aquella democrático-parlamentaria. Si en 1862 para Agostino Depretis, prestigioso exponente de la moderada izquierda subalpina, era natural afirmar que «todas las fuerzas del país, tanto las monárquicas como las democráticas, todas tienen como única representación el rey y el parlamento»,4 menos evidente pareció, en 1864, a la Cámara, la afirmación de Francesco Crispi, líder de la izquierda democrática, según la cual «la monarquía es lo que nos une, la república nos dividiría»5 y, en consecuencia, no existían «partidos hostiles en este recinto».6

Una tendencia confirmada por el fracaso sustancial, entre 1863 y 1864, del proyecto de Agostino Bertani y Giovanni Nicotera de provocar la dimisión, en clave de protesta, de todos los diputados de la izquierda. Fue el último gran intento de desplazar el epicentro político del parlamento al país. Incluso los adversarios de la derecha, por otro lado, reconocían

como, poco a poco, las pasiones partidistas van cediendo su lugar al frío raciocinio y (...) como los hombres de la oposición se han convencido de la necesidad de combatir al gobierno, no en las plazas o en las columnas de algún periódico sectario, si no en las aulas del Parlamento.7

La centralidad de la clase política parlamentaria, al imponerse por falta de alternativas, no implicó una legitimación real, la cual hubiese requerido, al menos, una mayor participación crítica del pueblo en los acontecimientos político-institucionales de la época: los más informados de los intelectuales y políticos reconocían que la debilidad del sistema nacía de la ausencia de una opinión pública fuerte y consciente.

No obstante este hecho, hasta los años setenta, el conflicto entre las dos grandes formaciones parlamentarias había producido una evidente contraposición que parecía abocada a institucionalizar, sobre el patrón de un supuesto –más que real– modelo británico,8 la auspiciada división bipartidista del sistema político. Algunos datos relativos a los votos de confianza nominales evidencian la existencia hasta 1876 de una fractura bastante clara y, consecuentemente, una tendencia más bien marcada hacia el «voto de partido».9 Tal división encuentra su inspiración en las divergencias reales que habían separado, a partir de 1861, a las dos grandes formaciones parlamentarias y que se alimentaban de las insalvables diferencias respecto al modo de completar el proceso de unificación nacional. Con Roma ocupada y una vez concluida la epopeya del Risorgimento, semejante división había perdido su aspereza original, reapareciendo, aún así durante algunos años, como dinámica fisiológica de un moderno sistema parlamentario. De este período breve, pero significativo, encontramos una confirmación precisa incluso fuera del parlamento.

Lo revela de manera emblemática la caída, en 1876, del gobierno de Marco Minghetti. Tal «revolución», que debería haber abierto las puertas del poder a una parte de aquel personal político, tan sólo pocos años atrás calificado de peligroso por sus originarias simpatías radicales y republicanas, no activó ninguna alarma real ni provocó un discurso público sobre crisis «destructivas». La Derecha, a través de su órgano de mayor crédito, no sólo renunció a anticipar obscuros escenarios futuros sino que, al contrario, optó por apoyar al ejecutivo formado por sus adversarios:

No querría que en torno al nuevo Ministerio –escribía La Perseveranza– se crease de golpe una atmósfera de implacable hostilidad. No lo querría incluso si esta atmósfera pudiese apagarlo: pues (...) consideraría un grave daño al futuro del país y al prestigio de la política moderada, la vuelta inmediata de nuestros hombres al poder.10

Incluso en la derrota, se alababa un sistema capaz de garantizar una alternancia real: «feliz el país que encuentra, sin dudar, una doble fila de hombres aptos, con distintos métodos, para guiar por el camino de la prosperidad y del prestigio a un joven pueblo!».11

En realidad, para esta clase política no existía el problema del partido. Las etiquetas de derecha e izquierda histórica12 congregaban heterogéneos grupos parlamentarios, a menudo unidos sobre la base de lógicas regionales o de la fuerza de atracción de personalidades políticas individuales. La derecha toscana y la véneta, la izquierda meridional, la «Consortería» emiliana, sólo por enumerar algunos ejemplos, representaban la coherente expresión de un universo liberal que no necesitaba de la organización, y mucho menos del partido, para vitalizar la esfera de una «política» cuyo sentido se agotaba en la extenuante actividad de mediación del debate en el parlamento, en apoyo o no del gobierno.

Siguiendo el guión del pensamiento liberal europeo, además, la cultura política liberal italiana también consideraba extremadamente insidiosa cualquier perspectiva de partido organizado. Uno de los liberales más versátiles y cosmopolitas, el moderado Ruggiero Bonghi, recordaba que «los partidos políticos son esencialmente los partidos que dividen la clase que gobierna». ¿Cómo debería ser esta clase?

La clase política no debería vivir en el aire, quiero decir, debería tener de cualquier modo raíces y ejercitar acciones en el pueblo. Aquel que quiera ocuparse de política, no debe vivir de ello. El hombre político debe ser un señor, que es siempre la mejor profesión, o un profesor, o un abogado, o un médico, o un comerciante,

o un científico, o un hombre de letras, y esta clase política es mejor, cuanto más abastecida se encuentre de cada una de estas posiciones sociales en las proporciones de influencia que aquellas tengan en el país. (...) El mayor peligro que se puede correr está en esto: que de la vida política se alejen con nausea todos los que tienen y saben.13

La composición social del Parlamento en los años de gobierno de la derecha muestra cómo, desde el inicio del reino de Italia, la columna vertebral por excelencia de la clase política parlamentaria estuvo representada por la propiedad terrateniente y por la categoría de los doctores en leyes. Esta última, que representaba algo menos de la mitad del total de los diputados por legislatura, se preparaba para convertirse en la categoría de mediación política por excelencia en la Italia liberal. En vísperas de la reforma electoral de 1882, más del 47% de los diputados poseían un diploma en jurisprudencia, mientras que, en el campo de las profesiones liberales, sólo el 5% eran licenciados en medicina y un porcentaje similar en ingeniería. Estas proporciones permanecieron más o menos inalteradas (pero con un posterior aumento de doctores en leyes) hasta el final del siglo.14

Justo antes de la reforma de 1882, en los 508 distritos en los que se dividía el Reino, se contabilizaron 369.627 votantes (sobre 621.896 electores y una población de casi 29 millones de habitantes). Desde el punto de vista de los votos necesarios para acceder a un escaño, hasta la XIV legislatura, bastaba un promedio de 500 votos, cantidad relativamente modesta que producía el frecuente recurso a una segunda vuelta. Con la ampliación del sufragio, el electorado superó los dos millones, con el consiguiente aumento del número de votos necesarios para obtener el escaño. La media se situaba en torno a los 4.800 pero las cifras reales demostraron que, por ejemplo, en Novara II el primero de los elegidos obtuvo 12.918 votos y en Turín V 12.600, mientras que en Grosseto un candidato accedió a la Cámara con 1.441 votos y en Nápoles II con 1.999.15

En lo que respecta a la carrera parlamentaria, parece significativo el hecho de que, de 1861 a 1880, el 53% de los diputados conservaran su escaño por tres o cuatro legislaturas y el 17% por cinco o seis. Tras la llegada al poder de la izquierda, esta tendencia a la permanencia siguió igualmente patente, pues el 61% de los diputados elegidos en 1876 conservaron su mandato en 1880. La reforma electoral de 1882, tras la introducción del escrutinio de lista y la ampliación del sufragio, provocó una renovación notable de la clase parlamentaria (del orden del 40%), aunque poco después se constató un fenómeno de estabilización, ya que el 48% de aquellos que eran diputados en 1882 estaba aún presentes en la Cámara en 1892. Hasta la reforma electoral de 1882 fueron sin duda los límites del sufragio los que favorecieron el fenómeno de la continuidad en el mandato.16

El contacto directo entre candidato y electores premiaba la óptica de notabilidad de las relaciones políticas, es decir, una perspectiva en la que exclusivamente podían emerger personalidades, difícilmente sustituibles, capaces de utilizar su propia autoridad social en los restringidos ámbitos de distritos uninominales, volviendo superflua la dimensión organizativa y, en gran parte, también, la político-ideológica.

Por otro lado, la realidad de la notabilidad, más allá de las modalidades de selección de los miembros del Parlamento como rito de transposición de la tradicional jerarquía social al campo político, garantizaba a niveles más amplios el funcionamiento de la relación de obligación política, esencial para la legitimación del sistema.17 Un tipo de relación que muchas veces prescindía de las distinciones políticas, geográficas y de la propia tendencia al puro y simple «voto de intercambio». Una percepción similar del «deber» era manifestada incluso por aquellos que no debían «cuidar» distritos, como el véneto Fedele Lampertico, senador y por tanto extraño a las maniobras para conseguir consensos electorales. En este caso representativo de una percepción muy extendida del papel de la clase política, las relaciones de notabilidad, estando desligadas de un resultado utilitarista inmediato, demostraban, con evidencia aún mayor, la complejidad de la relación entre obligación social y legitimidad política.18 La telaraña de relaciones personales a las que la derecha primero y la izquierda después confiaban su predominio electoral estaba de todos modos unida al uso abusivo de las instituciones públicas. Prefectos, magistrados y funcionarios, nombrados y ascendidos sobre la base de méritos políticos, no olvidaron asegurar su apoyo determinante a los candidatos del «partido de gobierno», según las lógicas «amistosas» y de grupo existentes dentro de la fragmentada galaxia de las formaciones políticas.19 La figura clave de tal sistema, incluso tras la reforma de 1882, era por tanto la del «gran elector», en torno a la cual se concentraban las esperanzas de los diputados y la irritación de quienes comenzaban a advertir que la política requería una buena dosis de manipulación.

¿Cómo se hacen las listas? –se preguntaba Bonghi– todos lo sabéis: las listas son hechas por los comités situados en el centro o en los centros de los distritos electorales. ¿Y cómo hacen los comités las listas? Las hacen de varios modos (...). No son listas que salgan del corazón de los electores y asciendan de éstos a los comités; son listas que descienden de los cálculos de los comités y van hasta los electores. ¿Pero quiénes forman los comités? Son los grandes electores los que constituyen los comités, que se entrometen entre los candidatos y los electores

(...) Como entonces se fuerza al diputado a ser intermediario de favores a los grandes electores frente a los ministros, así los grandes electores se convierten en intermediarios de los favores del diputado a los demás electores del distrito. Se crean auténticas oligarquías que intentan conservar todo el poder del distrito entre sus manos.20

En Módena, en 1886, el prefecto declaró abiertamente que:

el carácter predominante de las elecciones fue, en gran parte de la provincia, la casi completa indiferencia respecto al carácter político de éstas. La actitud de los electores fue determinada bien por el poder de algunas personas importantes bien por uniones especiales con candidatos ajenos a su fe política (...). Son por tanto poco acentuadas las diferencias entre partidos políticos, y no es raro que, salvo algunos líderes que están ya muy comprometidos con su pasado, el resto de miembros oscile continuamente, por muchas razones personales, o sea que intenten hacer de la política un oficio perenne.21

El desencanto, el cinismo y la indignación, más o menos interesados, por el funcionamiento de la esfera política empezaron, entre finales de los años setenta y principios de los ochenta, a evolucionar hacia un primer esbozo de análisis del funcionamiento del sistema parlamentario y administrativo, que intercalaba observación científica y polémica política.22

Fuera del Parlamento, hasta 1876, la dimensión ideológico-organizativa de la política siguió siendo, para las fuerzas constitucionales, una perspectiva marginal y reservada a realidades locales más dinámicas, como en Milán, donde en 1865 surgió una Sociedad patriótica, con la intención de asumir «la opinión pública en el sentido del partido liberal unitario y constitucional».23 Este evidente límite organizacional se vio agudizado, entre otras razones, por la limitada dinámica política de las administraciones municipales y provinciales que, hasta la reforma de Crispi de 1888, se definían institucionalmente sólo en el marco de una lógica sustancialmente patrimonial.

Un panorama éste que, tras la aparente imagen de «normalidad» del sistema parlamentario moderno, escondía una realidad en rápida mutación. En el país, los dos actores «antisistema» más fuertes, católicos y socialistas, no sólo no parecían inmediatamente susceptibles de ser integrados por las dinámicas institucionales, si no que se presentaban, por el contrario, en viva fermentación. En efecto, católicos y socialistas, desde distintos puntos de vista, continuaban cuestionando la legitimidad de las instituciones, en nombre y por cuenta del «país real» privado de voz por el «individualismo egoísta» de los liberales. En las fantasías de una estrecha y temerosa opinión pública liberal, todavía trastornada por las resistencias violentas al nuevo régimen que se habían manifestado en algunas áreas del Mezzogiorno con el bandidaje, estos actores antisistema se convertirían muy pronto en las temibles pesadillas de «partidos extralegales» bien organizados, con toda la carga de inquietud que la idea de organización «sectaria» despertaba en el imaginario liberal. Esta inseguridad, más allá del verdadero potencial organizativo y subversivo de tales realidades, habría proporcionado tempranamente la base, en el campo político, del proyecto transformista, es decir, de la necesidad de transformar los partidos parlamentarios históricos, con el fin de crear un «partido nuevo» que defendiese los resultados de la «revolución» liberal de la obra trastornadora de los negros y de los rojos. El recambio producido en la gestión del poder, en 1876, aceleró dicha hipótesis en nombre de un nuevo, más «moderno», modo de sentir la cosa pública:

basta de nombres históricos, ¡ligados a las viejas cuestiones del Risorgimento! Hoy los partidos (...) deben ser las ideas que los constituyen, y de las ideas deben tomar el nombre.24

Éste fue el auspicio que de un modo u otro se convirtió en el constante pero vacío leit-motiv de la vida política en la Italia liberal. En realidad fueron precisamente la debilidad de las ideas y la ausencia de conflictos reales y duraderos entre las fuerzas constitucionales lo que propició exactamente lo contrario, es decir, la tendencia, que iba emergiendo entonces en muchas partes de Europa, a pensar la política en términos de «ejecutivo» más que de «conflicto», tendencia que, desde 1883, asumió en el vocabulario político de la época el nombre de transformismo.

En este sentido, sólo se puede entender el tema del transformismo en el contexto de una fase histórica europea, las últimas tres décadas del siglo XIX, con fuertes tensiones políticas e ideales acerca del papel del Parlamento en el constitucionalismo liberal. Esta nueva manera de entender la relación entre Gobierno y Parlamento marcaba la toma de conciencia de que una época, la del liberalismo elitista y del parlamentarismo oligárquico, se acercaba a su fin.

Por eso la propuesta transformista parece hoy una respuesta política general que se impuso no por las características de la vida política italiana, ni a causa de los límites «éticos» de la clase política, sino que más bien constituyó el atajo a través del cual las clases dirigentes intentaron reconducir en una síntesis eficaz la relación entre el Parlamento, insustituible centro de compensación de crecientes y conflictivos intereses de las numerosas realidades económicas, sociales y culturales de la geografía nacional, y el ejecutivo, cuya importancia estaba creciendo en proporción a la demanda –cada vez más frecuente– de «gobierno» por parte de la esfera social y el contexto internacional.

El transformismo, tal como lo entendieron Depretis y Minghetti, no fue la simple convergencia de los diputados hacia un centro político genérico, sino la tentativa de hacer del Gobierno el centro del sistema, apartándolo del conflicto político y transformándolo en una especie de órgano de mediación/compensación administrativa. Así el proyecto transformista, reivindicando la homogeneidad sustancial de la clase política en el momento en el que las antiguas diferencias palidecían frente a los mucho más radicales desafíos de las fuerzas antisistema, no representaba tanto una política de mediación entre la derecha y la izquierda histórica, ni una franca llamada al moderantismo25 o al conservadurismo, como, más bien, un intento de definir una vía política alternativa al government by discussion, pilar de la modernidad política del siglo XIX, sin deber renunciar por eso a la energía legitimadora del parlamentarismo.

Aquel proyecto transformista, entonces, más allá de las tentativas contingentes y muy pragmáticas de las alquimias de Depetris, intentaba sobre todo reforzar el papel del Gobierno, en respuesta a las exigencias de la época, limitando sin embargo al mismo tiempo la pujanza de su proyecto (reducida casi únicamente al requerimiento de cerrar filas en torno al ejecutivo frente al temido peligro de la disgregación nacional) y rebajando su carga reformadora, a la que algunos sectores más avanzados de la izquierda no pretendían renunciar, hasta el punto de haber incluso favorecido la revitalización de las «temibles» facciones radicales. La esencia última del transformismo no debe buscarse de todos modos en la invitación a romper las filas del partido para colocarse junto al Gobierno. En este sentido existieron otras tentativas abortadas de reposicionamiento de algunos segmentos de las tradicionales reagrupaciones parlamentarias. Debe señalarse, por ejemplo, la convergencia Carioli-Sella en 1878, cuyo objetivo había sido el de resaltar el hecho político del conflicto (tanto en el interior de la clase política liberal, como respecto a las culturas antisistema) asumiéndolo como elemento de fuerza identitario. La razón del éxito de la proposición de Depretis debe buscarse en la lógica opuesta, en la capacidad de convencer a la opinión pública de la urgente necesidad de preservar al Gobierno de los conflictos entre las partes, de efectuar un abordaje seguro para todos en el tempestuoso mar de los cambios en curso en la sociedad. Tal elección, neutralizando el significado político del Gobierno como «agente de una única parte», permitió a Depretis realizar la sofisticada operación de asegurarse el voto favorable no de una corriente en mayoría sino de una mayoría de las corrientes, erosionando sólo de modo muy lento la identidad político-ideológica de los diputados a los que no se pedía la abjuración.26 Así, una parte consistente de la clase política liberal pudo continuar pensando en términos de proyección ideal y ser todavía percibida como «revolucionaria» (incluida la derecha), aun apoyando a un gobierno cuya realidad política consistía en la congelación de las reformas. El Gobierno, en fin, presentándose como «partido» nacional progresista, hacía de la «transformación de las partes» un baluarte natural con el que fracturar la demanda de aceleración democrática proveniente del pueblo. En muchos aspectos, la de Depretis fue una obra maestra táctica y estratégica que ligaba los diputados al Gobierno, dejándoles, en el fondo de su herencia política ideal, la convicción de ser mejores y superiores al gris pero necesario ejecutivo de Depetris.27

Con el transformismo, el Parlamento comenzó a perder no sólo la aspiración de encarnar el papel de «educador» sino, sobre todo, en Italia como en otros sitios, el de legislador real. Aumentaba el porcentaje de proyectos de ley de iniciativa gubernamental mientras disminuía el de los proyectos liderados por los parlamentarios. En conjunto, entre 1861 y 1890, el ejecutivo presentó 3.499 proyectos de ley, mientras que los diputados se limitaron a 892 (el 25,5% del total). En el Senado fueron 333 frente a los 15 presentados por los senadores.

El transformismo, además, se había revelado, no por casualidad, como la fórmula política más eficaz para excluir definitivamente del horizonte político italiano toda posibilidad de una «última llamarada» democrático-radical. El acuerdo Depretis-Minghetti, de hecho, había enterrado formalmente la única alternativa real dentro del universo político liberal, la del Gobierno Cairoli-Zanardelli, que, entre 1878 y 1880, había jugado todas sus cartas para la recuperación de un proyecto político basado en la libertad y el garantismo.28 En este contexto los notables parlamentarios, tras haber rechazado la propuesta Carioli, llegaron a formular un primer proyecto parcial de nacionalización de las masas que, en la interpretación de Crispi, se convertiría en la primera aproximación orgánica de la clase política liberal a la cuestión de la democracia. Una aproximación drásticamente alternativa a la de Carioli y Zanardelli, centrada en la discrecionalidad autoritaria del hombre de Estado y la intensificación del instrumento administrativo con el fin de una modernización de la esfera pública. Un cortocircuito, activado por el incremento de los gastos públicos y el refuerzo del ejército para objetivos propios de una gran potencia, capaz de iniciar los procesos de nacionalización e integración de las clases populares prescindiendo de la cuestión de las libertades públicas, abandonadas, en el fondo, al inmovilismo, sujetas a la usura de la cultura discrecional de la «praxis». Es probable que Carioli y Zanardelli planteasen, al enfatizar el tema del garantismo, la cuestión de la hegemonía de la clase dirigente liberal sobre el arriesgado terreno de la aceptación, al menos parcial, del conflicto abierto con todos los actores políticos dispuestos a reconocer la legitimidad de la revolución del Risorgimento.29 Se trataba, en otras palabras, de afrontar el ya ineludible recorrido de legitimación del Estado liberal, valorizando y no suprimiendo, mediando o neutralizando, los mecanismos de politización del sistema.30

Un intento abocado al fracaso, en cuanto expresión de un liberalismo más avanzado en contradicción con las nuevas exigencias de la burguesía nacional, la cual, a partir de los años ochenta, empezó a desarrollar un sentimiento de inseguridad frente a las presiones democráticas existentes. Este sentimiento coincidió con las primeras veleidades expansionistas de importantes sectores de la propia burguesía, fatales para un gobierno como el de Cairoli que, también en política exterior, proponía la cauta tolerancia demostrada en política interna. No fue casualidad que la política italiana interna, el papel del soberano y de los círculos de la corte, la función del gobierno, el peso del ejército, el arraigo también en Italia de un nuevo modelo de derecho público, centrado en la administración más que en la «revolución liberal» y el gasto público, conocieran una rápida y excepcional intensificación precisamente en el terreno de la política exterior, es decir, tras la decisión de unirse a la Triple Alianza. Todas las incertidumbres sobre qué tipo de desarrollo y, por tanto, de legitimación política era más eficaz, se desvanecieron frente al ingreso «armado» de Italia en el grupo de las grandes potencias.

Desde el punto de vista de los intentos de legitimación del sistema, podemos por consiguiente destacar un continuum, brevemente interrumpido por el experimento Carioli-Zanardelli, que unió el proyecto jacobino-pedagógico de la derecha, el transformismo, el crispismo y el proyecto autoritario de final de siglo. Un continuum que, aún con resultados y objetivos diversos, encontraba su baricentro en la voluntad de ampliar las bases del Estado, y por tanto completar el proceso de nacionalización de los italianos, acentuando el factor administrativo y el papel del ejecutivo. Semejante perspectiva nunca había sido realmente discutida, ante la urgencia de hacer adaptar las exigencias de legitimación, nutridas con ansia por la clase política, y la cada vez mayor demanda de integración de las masas populares. Observada con atención, esta perspectiva confirma cómo la «pedagogía» liberal contenía en su interior, tanto la hipótesis «excéntrica» de la exaltación de las virtudes educativas del conflicto regulado, como la «armónica» de la prevención del conflicto mediante la «buena administración» y por tanto, la centralidad de la dirección política. Será este último el camino que intentará encauzar Crispi, conjugando el aspecto decisionista del antiguo «accionismo» garibaldino con la aspereza estatalista del hegelismo de la derecha.

El que fuera conspirador mazziniano se presentó como símbolo de una recuperación moral y política del país, puesta en práctica esencialmente a través de una progresiva extensión del margen legal de la autoridad estatal. En este sentido, pasión política, «jacobinismo» y cultura jurídica, aspectos destacados de la personalidad del estadista siciliano desde los tiempos de las aventuras garibaldinas, aparecían ahora, para las clases dirigentes nacionales, como las características ideales de un atajo a través del cual relanzar la iniciativa política del Estado, llegando así a una cauta y formalizada ampliación de las bases sociales de la vida pública, sin ceder a las perspectivas de democracia política apartadas en la sombra, también, por parte de algunos sectores del liberalismo más avanzado. A Depretis por tanto, sucedió un hombre que, fuerte gracias al amplísimo consenso inicial de la Cámara y del país, no traslucía ningún temor al transitar por la senda de una intensa actividad reformadora. El objetivo declarado era el de restituir fuerza al ejecutivo sin tener que incrementar los privilegios de la Corona («es necesario que el rey permanezca en la esfera sublime y serena en la que la Constitución lo ha situado»). Así, la mejor garantía de libertad para el gobierno sería, en teoría, una mayoría estable y homogénea, determinada sobre la base de las ideas y del programa. Consecuentemente, más que en la división de partidos en cuanto tal, Crispi, una vez en el gobierno, parecía interesado en una sólida mayoría que le garantizase una amplia libertad de maniobra. Para obtenerla, no obstante su formal aversión por el método Depretis, la vía más fácil seguía siendo apostar por la ya enraizada predisposición transformística del Parlamento, actuando para dislocar toda incipiente reagrupación de aquella oposición de tipo británico tan a menudo invocada por él mismo.

El transformismo, así, demostraba toda su ductilidad, preparándose para convertirse en el respaldo parlamentario a la «revolución administrativa» de Crispi, mientras permanecía intacta la exigencia de fondo, para una clase dirigente dotada de escasa legitimación, de perfilar un proyecto de neutralización del desafío político producido por las incesantes alteraciones de los equilibrios sociales. Semejante exigencia, como ya se ha señalado, era simbolizada por el rechazo liberal del partido entendido como instrumento de intervención política de una parte. Más adecuado al objetivo debió de parecer, para amplios sectores de la burguesía liberal, el control de aquel particular tipo de poder aparentemente neutro y «situacional» representado por el Estado y su administración. Se trató de una elección de grandísima relevancia en cuanto que permitió el comienzo de un peculiar proceso de «alienación de la política» entendido como rechazo de institucionalizar el recurso a medios exclusivamente políticos (como era intención del gobierno Carioli-Zanardelli) en el proceso de nacionalización del país.

En este sentido, la ausente parlamentarización, es decir, la coherente transformación de los conflictos sociales en conflictos políticos que reconducirá al consenso a través de la mediación entre partidos y la cultura de la asamblea, tomó la forma del parlamentarismo, es decir, de la primacía de una clase parlamentaria dedicada a «representar», y por tanto cristalizar, la conflictividad social, evitando su emancipación en sentido político. El parlamentarismo se convertía en símbolo del fraccionamiento geográfico y de la impotencia política de la burguesía nacional, fuente de descontento y frustración, principalmente para una considerable parte de la intelligentsia que, precisamente a partir de estos años, acabó por identificar el Parlamento con el reino de las miserias particularistas y por tanto ajeno, si no hostil, a los auténticos procesos de homogeneización cultural y política del país. La función y la propia composición de la Cámara, «parcial y ficticia representación del pueblo (...), multitud de intereses esencialmente privados, cuya suma está muy lejos de formar el interés público»,31 daban pie en los ambientes liberales a una ansiosa incertidumbre acerca de la capacidad de resistencia de las instituciones representativas frente «a la corriente de las ideas democráticas que cada vez las invade más».32

Fue precisamente a partir de este estado de desorientación cuando maduraron, en la segunda mitad de los años ochenta, el proyecto crispino y una nueva orientación hacia el derecho público que postulaba, mediante la obra pionera de Vittorio Emanuele Orlando, una dimensión más racional del estado de derecho al que demandar la resolución de la perpetua discrepancia entre los principios del liberalismo y su puesta en práctica. Si la propuesta gobernativa de Depretis tendía a asegurarse la mayoría transformando la Cámara en la terminal de una compleja red de mediaciones políticas del ejecutivo, la de Crispi tendía sin embargo a hacer del Parlamento el inerte espectador de una dirección política centralizadora, presentando su personalidad como insustituible síntesis de partido, gobierno y proyecto político capaz de reunir una mayoría estable.

La confianza en las capacidades y el patriotismo de Crispi se convirtió, no por casualidad, en un estadio obligado de la formación de mayorías plasmadas por la fascinación por el hombre fuerte y la ausencia de alternativas realistas. La dualidad institucional entre Gobierno y Parlamento asumía cada vez más la forma de una relación de base personal. Al Parlamento, cuya «competencia se extiende a todo lo que tiene por objetivo crear derechos y determinar deberes de los ciudadanos; es decir, hacer las leyes generales» y «vigila todo lo que se hace en el Estado», se contraponía para Crispi lo que declaraba en 1887, «el temple del hombre que dirige los asuntos del Estado».

Este planteamiento no provenía de improbables tentaciones dictatoriales, sino de una bien definida imagen de las relaciones entre ejecutivo y legislativo: contra la «escuela» que «[quería] el gobierno de las asambleas», Crispi auspiciaba aquella según la cual era necesario «que el parlamento y el poder ejecutivo [tuviesen] cada uno una potestad distinta. El gobierno de las asambleas no es el que prefiero. Las asambleas deben legislar; el rey y sus ministros deben, uno reinar, los otros gobernar». Una posición formalmente irreprochable, que situaba a Crispi dentro de la corriente del liberalismo europeo que estaba replanteando de modo crítico los supuestos del tradicional equilibrio constitucional centrado en la mediación parlamentaria. De hecho, la gestión «fuerte» del ejecutivo no podía evitar entrar en colisión con las enraizadas tradiciones y las consolidadas costumbres parlamentarias que Crispi sustancialmente despreciaba, en cuanto herencia de los tiempos en los que las asambleas eran quienes «gobernaban» interponiendo infinitos obstáculos a la acción del gobierno.

Si el período entre 1887 y 1891 representó un gran giro, éste alcanza su auténtica maduración, dentro de la clase dirigente nacional, con la toma de consciencia de que la cuestión social debía ser afrontada orgánicamente sobre el terreno de la legitimación política y que el desafío de la democracia exigía una respuesta nueva, no prevista por los cánones del liberalismo clásico; dicha respuesta debía consistir en una intervención más eficaz del instrumento estatal para controlar las dinámicas sociales adecuándose a la creciente demanda de participación política. El crispismo, entendido como concepción política principalmente interesada en reforzar todo el orden administrativo del Estado, parecía la coherente expresión política de aquellos sectores sociales y económicos heterogéneos (unidos y emblematizados por la tarifa aduanal de 1887), pero unánimes a la hora de institucionalizar la intervención estatal en los procesos de desarrollo de la sociedad civil. Dicha realidad contenía una fuerte dosis de proyectualidad política, la con vicción, por primera vez teorizada, de que la política no era el producto de la natural explicación de los factores sociales sino, al contrario, el terreno de la proyección de los medios a través de los que adaptar la sociedad al turbulento curso de la historia y a las exigencias de la «ciencia».

En el escenario de la crisis de fin de siglo ésta parecía la visión vencedora, la única en todo caso considerada capaz de garantizar el necesario apoyo a las emergentes fuerzas económicas nacionales y de afrontar, sobre el terreno del progreso y de la modernización, la radical diversidad del desafío democrático-socialista. La persistente debilidad de toda perspectiva hegemónica de la burguesía nacional transformó, de hecho, gran parte de la aventura crispina en un gigantesco y sólido intento de racionalizar la administración del Estado, consumando sus veleidades residuales democrático-jacobinas con el extenuante proceso de anticipación/represión de la iniciativa de las clases populares. Todo el aparato reformador crispino debe por tanto inscribirse dentro de una lógica que podemos definir de modernización autoritaria: correspondía al Estado la resolución de los retrasos sociales y políticos y, mientras se hacía cargo de las expectativas de participación y de democracia que esto comportaba, ampliaba, legalizándolos, tanto sus competencias como su poder; de este modo preservaba a la burguesía «revolucionaria» de los posibles peligros de una conflictividad política debida a la participación de las «plebes», ajenas a las tradiciones del Risorgimento, en la vida pública. La idea de que el Risorgimento fuese una revolución burguesa aún por completar fue varias veces reiterada por Crispi.

Cuando, con la derrota colonial de Adua, Crispi salió definitivamente de escena, terminó con él el proyecto político de gobierno más ambicioso que hubiese sido propuesto en Italia desde el de Cavour. Las bases de aquel proyecto se encontraban en la relación, que el estadista siciliano había mantenido y después desarrollado de modo original, con la cultura mazziniana y accionista que despreciaba los intereses materiales del presente en nombre de fines morales más altos. En este sentido Crispi, dando aún voz, también desde los bancos del ejecutivo, a la insatisfacción por el Risorgimento «traicionado», personificó en su figura no sólo la imagen del poder en su acepción más clásica, sino también la de orgullosa oposición al tradicional orden político. Su dirección de la cosa pública siempre se basó en la afirmación de una fuerte voluntad de poder cuyo objetivo transcendía la pura defensa de los equilibrios existentes. Al contrario, se trataba, para el político de Ribera, de la necesidad de escapar de una visión «simplista» de la unificación (centrada sobre las pequeñas virtudes del recogimiento y el bienestar de la vida material) para restituir a Italia un auténtico orden moral en su interior y el «lugar que le es debido» en el mundo.33 Por tanto «la unidad sería inútil si no nos procurase fuerza y grandeza».34 Con Crispi, por primera vez desde la toma de Roma, se volvía a hablar de «misión de Italia». Esto arrebataba a la idea de nación aquella capa de abstracción compartida, sedimentada tras el agotamiento de las polémicas post-unitarias sobre la nación armada, y la transformaba en un corrosivo y conflictivo agente político. Frente a la grave crisis económica, el crecimiento de las ansias por la cuestión social y las difíciles condiciones internacionales, Crispi acabó por acentuar el factor voluntarista de su acción de gobierno, presentándose a sí mismo como garante de la conservación del principio nacional unitario encarnado por la monarquía: «yo soy un principio, yo soy un sistema de gobierno del que puede depender el avenir de la patria».35

Una solución cesarística que pretendía hacer de la primacía del gobierno no tanto un método codificado o una polémica doctrinaria como una necesidad pedagógica frente a las instituciones que demostraban no estar a la altura de la herencia risorgimental. Un gobierno «fuertemente constituido» pondría freno a las descompuestas pretensiones de los «estómagos», fuesen éstos burgueses o plebeyos, incapaces de ir más allá de sus mezquinos intereses, bien representados, por otro lado, por las «alquimias parlamentarias» y por las conspiraciones que se organizaban en los recovecos del Montecitorio. El gobierno parlamentario, en cuanto tal, seguía siendo para el estadista siciliano una visión ideal pero inadecuada para Italia, país en construcción donde tal sistema no podía aún ser tomado «en consideración» pues «faltaban los hábitos de la libertad, la disciplina».36 Crispi había ofrecido una versión «romántica», centrada sobre su persona y por tanto difícilmente repetible, del primado de la nación. Su fama de patriota y de líder de la izquierda había permitido la legitimación política de una idea de nación hasta entonces solamente soñada por intelectuales y espíritus inquietos como Alfredo Oriani y sintéticamente elaborada, al inicio de 1893, por el constitucionalista Zanichelli en los términos de «ente eterno, por cuyo bien el pueblo, como conjunto inorgánico de individuos, debe sacrificarlo todo».

La multiplicación de los intereses en juego era percibida como un elemento de desintegración que Crispi, vista la escasa eficacia de los procesos de nacionalización de los distintos componentes de la burguesía italiana, pensaba poder detener llamando virtualmente a todos «a las armas». Un llamamiento que pretendía reunir a burgueses y plebeyos, enmarcados por jerarquía de conciencia patriótica, en torno al sagrado deber de transformar la entidad resultante en 1870 de la «destrucción de siete estados» en una respetada potencia europea.

Las cuestiones de reconstituciones de partidos, las luchas de cifras por el orden de los equilibrios, las promesas y palabras lisonjeras para la solución del problema social son –apuntó Crispi– argumentos hechos para engañar a la opinión pública. Ahora, ante estas trifulcas, es necesario contraponer los hechos y de los hechos el más lógico, el más serio, es el de la existencia nacional, la cual es puesta en peligro por los politicuchos de profesión (...). Ahora la base de la existencia nacional es la fuerza nacional (...).37

Acosado, en el territorio de la política interior, por las dificultades causadas por los escándalos financieros y la crisis económica, a Crispi sólo le quedaba la esperanza de poder sustituir el sistema transformístico de legitimación política, único intento parcial de mediación de los intereses regionales hasta entonces realizado, con la consagración de un guía carismático y desvinculado del Parlamento. Tal perspectiva, estrechamente ligada al plan colonial de refundar las bases de la legitimación con los grandes escenarios previstos en los altiplanos africanos, fracasó, determinando el fin de su proyecto político.

El período que se abrió tras la derrota de Adua representó, desde muchos puntos de vista, casi un ajuste de cuentas entre las dos distintas visiones constitucionales existentes. Se dio, en otras palabras, un intento de modificar la interpretación parlamentaria del Estatuto albertino, predominante desde los tiempos en los que Cavour era presidente del Consejo del Reino de Cerdeña. No es difícil imaginar, por tanto, cómo en aquellos años las contingentes, coyunturales, crisis políticas podían, frente a la intensificación de la cuestión social, comenzar a evolucionar y a adquirir un carácter particular, en mutación, implicando por parte de los grupos dirigentes en el gobierno una cada vez más acentuada tentación de crisis general cuyo objetivo consistía en la transformación más profunda de los caracteres hegemónicos de la vulgata constitucional dominante. Tal intento tuvo su momento culminante entre 1896 y 1900, en la convulsa fase más tarde definida como «crisis de fin de siglo».38 De hecho, Giustino Fortunato recordaba en su impetuoso análisis que

casi todos coinciden en afirmar que de este modo ya no se avanza, y si en los italianos la diligente gratitud por la Casa de Saboya es fuerte, no es menos cierto que «se espera de lo alto una excepcional energía»; es decir, en lenguaje llano, algo que se parezca a un «golpe de estado».39

Fue en esta fase, como es sabido, cuando algunos sectores de la clase política italiana, mostrando un creciente deseo de presencialismo político de la Corona, intentaron abiertamente desplazar el eje constitucional mediante una recuperación estatutaria de los poderes reales en la gestión del ejecutivo, evitando de este modo que la Cámara electa fuese, como dijera Sonnino a sus electores en 1897, «la única base de la autoridad política del Estado». Con la derrota de aquel proyecto, que tomó cuerpo sobre todo en los gobiernos presididos por Luigi Pelloux, se cerraba, en los umbrales del siglo XX, el más vistoso intento de gobierno del «orden» basado en la extrema y coherente aplicación de la tradicional visión de gestión del orden público, la que desde los tiempos de la derecha reivindicaba la exigencia de «prevenir para no reprimir». Para el general saboyano era efectivamente necesario «no sólo que con las leyes se pueda mantener el orden, si no que es necesario, y aún más, que las leyes sean de tal forma que el orden no pueda no ser mantenido».40 En este camino el consenso de los principales elementos políticos del liberalismo debía ser conquistado recurriendo a una buena dosis de ductilidad, en cuanto que, de repente, el problema no parecía ser el de los principios, sino el de la medida y el equilibrio. Prevaleció sin embargo en los ambientes de la corte, de la que el presidente del Consejo se había convertido en expresión a todos los efectos, la impaciencia por un ajuste de cuentas esperado desde la derrota de Adua. Escándalos bancarios y fracasos coloniales se consideraban, de hecho, las causas del incontrolable desbordamiento de un derrotismo insolente frente a las instituciones, que había acabado por amplificar la propaganda y el crecimiento de los partidos antisistema. Aquello que debía ser atacado en su raíz, por tanto, no era tanto el movimiento socialista como una «cultura de la libertad» considerada por los moderados el motor del desorden que se daba en el país. La inflexibilidad de la línea era así parte integrante del proyecto gubernamental, del cual Sonnino se convirtió paso a paso en mente política. La salida de escena de Pelloux y el eclipse de Sonnino no fueron sin embargo tan sólo la derrota de un plan político y de las esperanzas de revancha de la corte, sino que representaron la confirmación de que una parte consistente de la clase política, fortalecida por las nuevas corrientes democráticas presentes en el país, consideraba aún esencial proseguir por el camino de la mediación político-parlamentaria, con sus irrenunciables, aunque molestos, «apéndices» de la libertad de prensa y de asociación. Era ésta la dirección de un nuevo camino que parecía ya anunciado.

La larga fase que estaba a punto de nacer, bajo la dirección de Giovanni Giolitti, confirmó la centralidad de la Cámara como centro de compensación de intereses, y de la administración como instrumento de mediación entre éstos, restituyendo así a las crisis políticas su dimensión «coyuntural», es decir, esterilizándolas de toda perspectiva de abordar de frente la cuestión social y aquella, relacionada, de la fallida politización de la nación.

1 P. Colombo: Storia costituzionale della monarchia italiana, Roma-Bari, Laterza, 2001.

2 F. Cammarano: «Crisi politica e politica della crisi: Italia e Gran Bretagna 1880-1925», en P. Pombeni (dir.): Crisi, legittimazione, consenso, Bolonia, Il Mulino, 2003, pp. 81-131.

3 R. Bonfadini: «I partiti parlamentari in Europa», Nuova Antologia, 1894, p. 627.

4 A. Depretis: Discorsi parlamentari, Roma, 1891, vol. IV, p. 259.

5 F. Crispi: Discorsi parlamentari, Roma, 1915, vol. I, p. 451.

6 S. Spaventa: Discorsi parlamentari, Roma, 1913, p. 5.

7 La Nazione, 16-11-1865.

8 F. Cammarano: Strategie del conservatorismo britannico nella crisi del liberalismo. National Party of Common Sense (1885-1892), Manduria, Lacaita, 1990, pp. 24-49. Íd.: To Save England from Decline, Lanham, University Press of America, 2001, pp. 21-40.

9 Véase F. Cammarano, M. S. Piretti y V. Zappetti: «I deputati», en G. Melis (dir.): Le élites nella storia dell’Italia unita, Nápoles, CUEN, 2003, pp. 53-70. Sobre el funcionamiento del sistema y los procedimientos parlamentarios en la Italia liberal, véase F. Rossi: Saggio sul sistema politico dell’Italia liberale. Procedure fiduciarie e sistema dei partiti fra Otto e Novecento, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2001.

10 «Lettere parlamentari», La Perseveranza, 25-3-76.

11 «Lettere parlamentari», La Perseveranza, 19-3-76.

12 Sobre la derecha, véase A. Berselli: Il governo della Destra. Italia legale e Italia reale dopo l’Unità, Bolonia, Il Mulino, 1997. Sobre la izquierda, véase G. Carocci: Agostino Depretis e la politica interna italiana dal 1876 al 1887, Turín, Einaudi, 1956; L. Mascilli Migliorini: La Sinistra Storica al potere, Nápoles, Guida, 1979; y F. Cammarano: «Sinistra storica», en B. Bongiovanni y N. Tranfaglia (eds.): Dizionario storico dell’Italia unita, Bari-Roma, Laterza, 1996, pp. 825-840.

13 Cf. A. Salvestrini: I moderati toscani e la classe dirigente italiana (1859-1876), Florencia, Olschki, pp. 75-76.

14 Cf. F. Cammarano y M. S. Piretti: «I professionisti in Parlamento (1861-1958)», Storia d’Italia. Annali 10, 1996.

15 15. F. Cammarano: Storia politica dell’Italia liberale, Bari-Roma, Laterza, 1999.

16 16. Sobre el perfil de los diputados de la época liberal ver F. Cammarano: «Une occupation agréable et rentable: recherche historique et prosopographie des députés de l’Italie libérale», en Jean Marie Mayeur (dir.): Les parlementaires de la Troisième République, París, Publications de la Sorbonne, 2003, pp. 399-410; F. Cammarano, M. S. Piretti y V. Zappetti: I deputati, op. cit.

17 Sobre el tema de la notabilidad, véase P. Pombeni: Autorità sociale e potere politico nell’Italia contemporanea, Venecia, Marsilio, 1993; E. Franzina: La transizione dolce. Storie del Veneto tra ‘800 e ‘900, Verona, Cierre, 1990; R. Camurri: «Tra clientelismo e legittimazione del potere: il notabilato veneto in età liberale», en L. Ponziani (dir.): Le Itale dei notabili: il punto della situazione, Nápoles, ESI, 2001, pp. 73-112, y F. Cammarano: «Le notable à l’époque libérale», Mefrim 114, 2, 2002, pp. 673-678.

18 R. Camurri (dir.): La scienza moderata. Fedele Lampertico e l’Italia liberale, Milán, Angeli, 1992.

19 L. Musella: Individui, amici, clienti. Relazioni personali e circuiti politici in Italia tra Otto e Novecento, Bolonia, Il Mulino, 1994.

20 R. Bonghi: Discorsi parlamentari, Roma, vol. II, 1918, p. 713.

21 Cf. M. Piretti: «Mostrare i denti: il notabilato come forma di controllo del governo. Il caso dell’Emilia Romagna 1861-1919», Rivista di Storia Contemporanea, 1993, pp. 541-568.

22 Entre otros, M. Torraca: Politica e morale, Nápoles, 1877; M. Minghetti: I partiti politici e la ingerenza loro nella giustizia e nell’amministrazione, Bolonia, 1881; G. Arcoleo: Il Gabinetto nei governi parlamentari, Nápoles, 1881; P. Turiello: Governo e governati in Italia, Bolonia, 1882, y A. Brunialti: Le Scienze politiche nello Stato moderno, Turín, 1884. La sistematización de una parte de tales reflexiones correspondió a Gaetano Mosca que, con su Sulla teorica dei governi e sul governo parlamentare, Palermo, 1884, aportó la primera contribución científica al estudio de la clase política.

23 Cf. M. Meriggi: Milano borghese. Circoli ed élites nell’Ottocento, Venecia, Marsilio, 1992, p. 182.

24 Discorso di Piero Puccioni pronunziato in un’adunanza elettorale convocata in San Sepolcro il 1 settembre 1876, Florencia, 1876, p. 23.

25 Sobre la relación entre moderantismo y liberalismo, veáse «Il declino del moderantismo ottocentesco. Approccio idealtipico e comparazione storica», en C. Brice (dir.): Les familles politiques en Europe occidentale au XIXe siècle, École Française de Rome, 1997, pp. 205-217.

26 Ver F. Cammarano: «Un centrisme, le transformisme libéral en Italie et en Grande-Bretagne au XIXe siècle», en S. Guillaume et J. Garrigues (dirs.): Centre et Centrisme en Europe aux XIXe et XXe siècles. Regards croisés, Bruselas, P. I. E. Peter Lang, 2006, pp. 39-48.

27 Véase F. Cammarano: Il progresso moderato. Un’opposizione liberale nella svolta dell’Italia crispina (1887-1892), Bolonia, Il Mulino, 1990, p. 159.

28 G. Carocci: Agostino Depretis e la politica interna italiana dal 1876 al 1887, Turín, Einaudi, 1956; C. Vallauri: La politica liberale di Giuseppe Zanardelli dal 1876 al 1878, Milán, Giuffrè, 1967; Ibíd.: Benedetto Cairoli, Milán, Marzorati, 1970; L. Mascilli Migliorini: La Sinistra Storica al potere, Nápoles, Guida, 1979; Ibíd.: «Benedetto Cairoli: modelli ed elementi interpretativi di una politica interna», Clio 2, 1993, pp. 283-296.

29 F. Cammarano: «Liberalismo e democrazia: il contesto europeo e il bivio italiano (1876-80)», Annali de la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, 2003, pp. 159-187.

30 Sobre la cuestión de la politización del sistema, véase F. Cammarano: «Nazionalizzazione della politica e politicizzazione della nazione. I dilemmi della classe dirigente nell’Italia liberale», en M. Meriggi y P. Schiera (dirs.): Dalla città alla nazione. Borghesie ottocentesche in Italia e in Germania, Bolonia, Il Mulino, 1993.

31 G. Mosca: Sulla teorica dei governi e sul governo parlamentare, Palermo, 1884.

32 D. Zanichelli: «Le difficoltà del sistema rappresentativo-parlamentare. Prelezione al corso di diritto costituzionale (1885-86)», en Íd.: Studi politici e storici, Bolonia, 1893, p. 95.

33 F. Crispi: Pensieri e profezie, Roma, 1920, p. 168.

34 F. Crispi: «Ultimi scritti e discorsi extra-parlamentari (1891-1901)», L’Universale, Roma, 1912, p. 309.

35 F. Crispi: Pensieri e profezie, op. cit., p. 202.

36 Ibíd., p. 45.

37 Ibíd., p. 206.

38 Véase G. Guazzaloca: Fine secolo. Gli intellettuali italiani e inglesi e la crisi tra Otto e Novecento, Bolonia, Il Mulino, 2004.

39 Discorso di G. Fortunato pronunciato a Melfiil 31 maggio 1900, Roma, 1900, p. 10.

40 Cf. U. Levra: Il colpo di stato della borghesia. La crisi politica di fine secolo in Italia 1896-1900, Milán, Feltrinelli, 1977, p. 300.

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