Kitabı oxu: «Historia de la educación en la Argentina IX»
Historia de la educación en la Argentina IX Avatares de la educación en el período democrático (1983-2015)
Historia de la educación en la Argentina IX Avatares de la educación en el período democrático (1983-2015)
Adriana Puiggrós (dirección)
Roberto Marengo
Pablo Pineau
Sandra Carli
Flavia Terigi
Lidia Rodríguez
Índice de contenido
Portadilla
Legales
Introducción
Dolores, tragedias y esperanzas en la educación argentina (1973-2017) Adriana Puiggrós
El Consejo Federal de Educación: posibilidades y alcances del federalismo educativo (1991-2006) Roberto Marengo
El orgullo de enseñar. Formación y trabajo docente en la historia argentina reciente Pablo Pineau
La cuestión de la infancia en democracia (1983-2015). Entre la restitución de derechos y las luchas contra las desigualdades sociales Sandra Carli
La educación secundaria argentina 1983-2015 Flavia Terigi
Educación de adultos/as: entre sueños revolucionarios y utopías de radicalización democrática Lidia Rodríguez
| Historia de la educación en la Argentina IX : avatares de la educación en el período democrático, 1983-2015 / Adriana Puiggrós... [et al.] ; dirigido por Adriana Puiggrós. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Galerna,Archivo Digital: descargaISBN 978-950-556-802-41. Historia de la Educación. I. Puiggrós, Adriana, dir.CDD 370.982 |
© 2021, Adriana Puiggrós
©2021, RCP S.A.
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna, ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopias, sin permiso previo del editor y/o autor.
Diseño de tapa: RMP
Digitalización: Proyecto451
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del “Copyright”, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.
Inscripción ley 11.723 en trámite
ISBN edición digital (ePub): 978-950-556-802-4
INTRODUCCIÓN
La Historia de la educación en la Argentina es una obra que comenzó a publicar Editorial Galerna en 1991 y cuyo último volumen fue terminado en 1996. Casi dos décadas después estamos presentado el noveno tomo, que abarca desde 1983 hasta 2015, respondiendo a la demanda de investigadores, docentes y estudiantes de analizar continuidades, rupturas y articulaciones entre la historia de la educación del siglo XX y los fuertes cambios que ocurren en el siglo XXI. Los textos incluyen referencias necesarias tanto a la dictadura militar, como antecedente, como a hechos educativos recientes.
La colección de la cual forma parte este nuevo libro fue iniciada en los años en los que todavía vivíamos el clima del retorno a la democracia, y resultaba indispensable realizar una revisión de la historia y de la historiografía de la educación argentina, tanto para orientar las investigaciones que volvían a tener lugar en las universidades como para abonar las posturas frente a los cambios político-pedagógicos que acompañaban la reinstauración de la institucionalidad. La producción de los ocho tomos que anteceden al presente contó con la participación de universidades de todo el país, fue motivo de organización de grupos de investigadores de historia de la educación y produjo intercambios y eventos que se siguieron sucediendo en todos estos años.
Es bueno hacer historia en tiempos en los que intenta instalarse la idea de un viraje capaz de borrar cualquier oscuridad del pasado, idea apoyada también en el clima de las nuevas formas culturales posibilitadas por la tecnología y por las nuevas configuraciones económicas y geopolíticas que afectan las finalidades y modalidades de la educación.
La indagación de lo acontecido en las décadas que sucedieron a la dictadura militar (1976-1983) es materia de interés de numerosos investigadores, tesistas y estudiantes, así como de proyectos que se desarrollan en casi todas las instituciones de educación superior. Así es como se han abierto líneas de investigación que están aportando nueva información e interpretaciones sobre el período. Este libro, que abarca algunos aspectos, tiene el sentido de dar continuidad a las líneas de análisis planteadas en los tomos anteriores. Mientras el primero de ellos se interesó en los momentos fundadores del sistema escolar argentino, la escritura del actual termina cuando una política adversa a la educación pública plantea opciones de desescolarización, descalificación laboral y profesional de los docentes y sustitución de la educación común por opciones meritocráticas.
Durante el trabajo de investigación y escritura, los autores debimos cuestionar presupuestos que son comunes en el recuerdo de los acontecimientos recientes, pero que cobran otras dimensiones o sentidos en series históricas prolongadas. Esa situación es especialmente estimulante cuando, como en el caso de los autores, se han tenido distintas responsabilidades académicas y político-educativas: el compromiso como investigadores obliga a revisar y documentar acontecimientos de los cuales han sido actores.
El libro comienza con un panorama general de las políticas educativas del período abarcado: el texto de Adriana Puiggrós, titulado “Dolores, tragedias y esperanzas en la educación argentina (1973-2017)”, analiza la política educativa de la dictadura, las resistencias que se registraron y las plataformas electorales para las elecciones de 1983 hasta llegar al Congreso Pedagógico Nacional dos años después. Sostiene que en ese evento se gestaron las bases de las reformas que sufriría el sistema educativo en la década siguiente. Aborda las luchas de los docentes, la introducción de las políticas neoliberales y las discusiones que se produjeron en la Convención Nacional Constituyente de 1994. Finalmente, se ocupa de temas como el derecho a la educación, la inclusión, el financiamiento de la educación y la relación del gobierno con los docentes durante el último gobierno nacionalista popular, para concluir en un breve avance sobre la restauración neoliberal y sus nuevas características.
En el capítulo “El Consejo Federal de Educación: posibilidades y alcances del federalismo educativo (1990-2003)”, Roberto Marengo se ocupa de repasar la institucionalidad implementada en el período haciendo hincapié en el interjuego de poderes instituidos y en los acuerdos federales alcanzados en el Consejo Federal de Educación. Según el contenido del trabajo, este organismo fue adquiriendo un protagonismo equivalente al Consejo Nacional de Educación en los diferentes momentos de su funcionamiento, hasta alcanzar en la actualidad un lugar rector del sistema nacional con dos características particulares: el carácter vinculante de sus decisiones y el procesamiento de acuerdos con la participación de las provincias. El contenido de las decisiones y las tendencias de las políticas propias del período procuran brindar un panorama del escenario y los argumentos en el cual se debaten las políticas educativas nacionales.
En su trabajo “La educación secundaria argentina 1983-2015”, Flavia Terigi analiza el proceso histórico de este nivel educativo en el período, que comenzó con algunas medidas tendientes a modificar el autoritarismo en las formas de control de la población adolescente y que presenta luego dos reformas estructurales en el marco de sendas ampliaciones de la obligatoriedad escolar: la modificación de la organización de niveles con la Ley Federal de Educación en 1993, el retorno al nivel secundario como estructura institucional con la Ley de Educación Nacional en 2006. El trabajo sostiene como hipótesis que, aunque distintas iniciativas gubernamentales han asumido como problema los efectos de la tradición selectiva y elitista en la neutralización de los procesos de expansión que estaban produciéndose en el nivel desde el primer gobierno peronista, aspectos sustantivos del modelo tradicional de la educación secundaria han quedado relativamente intactos. Todo ello se considera en un marco de profundas transformaciones en la experiencia adolescente en Argentina, que pone en cuestión la propuesta educativa de la escuela secundaria. Se analizan las principales iniciativas del período y se encuentran señales de estancamiento en la capacidad de este nivel educativo de asegurar el completamiento de los estudios.
En el capítulo “El orgullo de enseñar. Formación y trabajo docente en la historia argentina reciente”, Pablo Pineau se ocupa de “la cuestión docente” en el período desde tres registros que buscan dar cuenta de sus dimensiones materiales y simbólicas, y sobre la que hubo y hay mucho consenso en su importancia y mucho disenso en las políticas y medidas a implementar. En primer lugar, la “Formación inicial”, mediante la cual se adquieren los saberes y credenciales básicas para el ejercicio laboral. En segundo lugar, la “Formación en ejercicio”, llamada tradicionalmente “capacitación” y con notorio crecimiento en el período estudiado, y en tercer lugar con las “Condiciones laborales de ejercicio”, en el que se destaca el lugar ocupado por las entidades sindicales.
En “La cuestión de la infancia en democracia (1983-215). Entre la restitución de derechos y las luchas contra las desigualdades”, Sandra Carli recorre el largo período de la inestable democracia argentina a partir de la pregunta por la cuestión de la infancia desde una perspectiva que considera la relación entre distintas temporalidades y escalas. Partiendo del análisis del uso recurrente de la metáfora familiar en los discursos presidenciales del período, indaga las distintas conceptualizaciones sobre los niños y niñas de padres que fueron secuestrados o desaparecidos. Luego reconoce los avances y retrocesos de la educación de la primera infancia. Por último, reconstruye los alcances y sentidos de las políticas sociales destinadas a la infancia, poniendo el foco en la problemática de la niñez de la calle como síntoma de la crisis del modelo de integración social en la Argentina.
Lidia Rodríguez aborda lo que considera los principales aspectos de las políticas públicas y del campo de la educación popular en el período considerado en el tomo en el trabajo titulado «Educación de adultos/as: entre sueños revolucionarios y utopías de radicalización democrática». Inicia con una introducción conceptual para ubicar la perspectiva y con el señalamiento de algunos puntos anteriores al golpe militar de 1976, por la importancia que tuvieron en el desarrollo de la modalidad. Luego ubica procesos de política pública y las luchas que generaron y, por otra parte, se refiere al de las propuestas generadas desde la sociedad civil, más vinculadas al trabajo territorial, durante las presidencias de R. Alfonsín, C. Menem y De la Rúa. Finalmente, ubica el proceso kirchnerista, donde los espacios del Estado y las acciones de los movimientos sociales tendieron a articularse, por lo cual la escritura se organiza en torno a las propuestas de gestión y los programas desde el gobierno. La autora hace una selección de los problemas que presenta el amplio campo pensando en el futuro de la educación de adultos en el nuevo escenario argentino y latinoamericano.
Este libro contiene visiones de carácter nacional, de modo que esperamos que abra la posibilidad de que prosigan investigaciones de los historiadores de las distintas jurisdicciones. Asimismo, debemos decir que los autores, quienes participaron en otros tomos de esta obra, alentamos a investigadores de las nuevas generaciones a continuarla. Debemos agradecer a numerosas personas que accedieron a colaborar con sus recuerdos, testimonios y archivos, así como a la editorial Galerna, que impulsó la escritura de este nuevo volumen.
Los autores
DOLORES, TRAGEDIAS Y ESPERANZAS EN LA EDUCACIÓN ARGENTINA (1973-2017)
Adriana Puiggrós La pedagogía de la dictadura
El régimen dictatorial autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” (1976-1983) tuvo como prólogo el gobierno constitucional del Frente Justicialista de Liberación que había suspendido, durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón (1974-1976), la política educativa popular de los gobiernos anteriores del mismo signo encabezados por Héctor J. Cámpora y Juan D. Perón, y comenzado la persecución y asesinato de dirigentes, docentes y estudiantes.
En 1976, la dictadura presidida por el Gral. Jorge Rafael Videla encontró el campo educativo arado para desplegar una política educativa retrógrada y represiva que continuó en las siguientes gestiones de los generales Roberto Viola, Leopoldo F. Galtieri y Reynaldo Bignone. (1)
Durante todo el gobierno dictatorial primó la convicción de la inutilidad de la inversión en educación para las grandes mayorías, más allá de la educación básica, y la valoración meritocrática de los sectores privilegiados. Sin producir modificaciones estructurales en el sistema, la dictadura terminó de transferir las escuelas primarias a las provincias (ley de facto 21.809/78 y 22367/80), (2) en tanto imponía la persecución, expulsión, desaparición y asesinato en las instituciones de educación pública. Los efectos de la demonización del sujeto popular que produjo la dictadura sobre la memoria histórica y biográfica, la valorización de la política y de los espacios públicos afectó a la cultura de la sociedad con una profundidad que puede medirse en el espejo de la restauración conservadora de fines de la segunda década del siglo XXI.
Sin duda, la dictadura de 1976-1983 fue una expresión militar-cívico-empresarial-eclesiástica, y en ciertas y distintas medidas de sectores no desdeñables de la sociedad. Las rupturas del orden constitucional como el estado de sitio, la suspensión de la vigencia de la Constitución nacional, el golpe de Estado militar, o una suerte de “estado de excepción” (Agamben, 2004) que ejecuta acciones ilegales desde gobiernos surgidos por vías electorales necesariamente requieren de algún tipo de consenso de sectores sociales relativamente amplios.
La anterior evidencia nos enfrenta con la necesidad de analizar las posibles líneas de continuidad o fracturas entre la cultura escolar que en tomos anteriores de esta serie hemos denominado “normalizadora”, y dejar planteada la hipótesis de su posible carácter funcional a las políticas educativas de la dictadura. Pero es posible encontrar, incluso en ese período, cierta dosis de relativa autonomía de docentes democráticos dentro de las aulas. Cabe indagar el destino de la corriente normalista que denominamos “democrático-radicalizada” (Puiggrós, A., 1990), cuyas huellas se vuelven a encontrar en los momentos finales de la dictadura, sobre todo en el movimiento gremial docente en reconstitución.
Las sucesivas gestiones de la dictadura atendieron los problemas del sistema escolar de manera distinta, aunque no menos represiva. Juan Carlos Tedesco observó “un significativo nivel de incongruencia entre la conducción educativa y las restantes, en materia de educación”. Anotó que entre las gestiones de los sucesivos ministros no hubo coherencia, sino que “el eje del acuerdo estuvo más en aquello que era preciso destruir que en la definición, con sentido positivo, de un nuevo modelo curricular.” (Tedesco, 1983: 26) El autor señala la contradicción entre la filosofía personalista y la ideología de mercado que propugnaban quienes conducían la economía. Esa brecha se hizo evidente con la destitución del primer ministro de educación del régimen, Ricardo Bruera, cuya osada operación discursiva concitó cierta opinión pública favorable, pues sectores que tenían puntos de acuerdo no confesados con el gobierno dictatorial encontraron, en el lenguaje pedagógico usado por el ministro, un tema por el cual dar crédito al gobierno. (3) El personalismo destaca a la “persona humana” en el sentido evangélico, en consonancia con la afirmación de la pertenencia occidental y cristiana. Es una teoría elaborada por el educador español Víctor García Hoz, (4) que otorga centralidad a los niños, a los que dice educar para su autocontrol, como meta de un proceso que comienza con la imposición del orden para luego alcanzar una educación con libertad. Bruera siguió esa directiva: fue en su gestión cuando se comenzó el Operativo Claridad y se asesinó a estudiantes secundarios en la Noche de los Lápices. (5)
El intento de Bruera de envolver la represión en un discurso pedagógico atractivo duró poco más de un año, pero es significativo que el personalismo pusiera el eje en el alumno y no en el maestro: en un comienzo, la “técnica” de la dictadura no fue perfeccionar la intervención autoritaria del docente, sino poner el énfasis en el sujeto alumno para socavar el lugar del sujeto docente. Pueden sospecharse dificultades para controlar al conjunto de maestros y profesores, incluidos los “normalizadores”.
El ministro Bruera fue reemplazado por Juan José Catalán, un abogado especializado en economía que enfocó su gestión en el reparto a los docentes de manuales para detectar subversivos y anunció un plan para reducir universidades públicas, entre otras medidas. Buscando una gestión que se sostuviera tanto en la represión como en la imposición de una pedagogía integralista, los sectores más conservadores de la Iglesia católica lograron la expulsión de Catalán y el nombramiento como ministro de Educación del abogado Juan Llerena Amadeo, profesor de la Universidad Católica Argentina, secretario de la Corporación de Abogados Católicos San Alfonso María de Ligorio. Llerena Amadeo, que había ejercido como subsecretario de Educación del ministro José María Astigueta durante la dictadura del Gral. Juan Carlos Onganía, elaboró un proyecto de ley de educación de carácter privatizador y proyectó la derogación de la ley 1420 de 1884, que había establecido la educación común, gratuita y obligatoria; procedió al cierre de la Universidad de Luján como parte de un plan de clausura de las universidades públicas (que no pudo cumplir) e impulsó una nueva ley universitaria que, sancionada en 1980, impuso el arancelamiento, cupos máximos y examen de ingreso selectivo y eliminatorio en las carreras universitarias.
La competencia entre posturas de corte tradicionalista y otras modernizantes y tecnocráticas estuvo presente durante toda la dictadura. Carlos Alberto Burundarena, quien reemplazó a Llerena Amadeo al asumir Roberto Viola la presidencia de la Nación, era un ingeniero en telecomunicaciones que había sido rector de la Universidad Tecnológica Nacional. Pretendió dar una orientación tecnocrático-desarrollista a la educación, lo que estaba en franco contraste con la política económica monetarista del gobierno. Su sucesor, Cayetano Licciardo, ministro de Galtieri, fue un economista ligado a la Acción Católica Argentina que había ejercido como ministro de Hacienda y Finanzas durante la gestión dictatorial del Gral. Alejandro A. Lanusse y como decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Las fluctuaciones entre fundamentalismo tradicionalista y modernización tecnocrática ponen en evidencia la falta de orientación y las contradicciones del bloque gobernante, más allá del acuerdo en la “estrategia represiva” combinada con la “estrategia discriminadora” (Pineau, 2006: 74) destinada a crear “circuitos de escolarización” (Braslavsky, 1985) cuyos rastros siguen produciendo efectos hasta el presente.
Un componente importante fue la reinterpretación ad hoc de avanzadas teorías psicológicas, en particular del constructivismo. Su aplicación como didáctica sin tener en cuenta las diferencias epistemológicas entre uno y otro tipo de abordaje influyó en la formación de los pedagogos desde varias universidades públicas y privadas desplazando en alguna medida al conductismo, presente desde la dictadura del Gral. Juan Carlos Onganía, sin que se abandonara el personalismo. (6) La versión del constructivismo utilizada extremaba la rigidez de las etapas evolutivas de la inteligencia, desalentaba la enseñanza a favor del desarrollo natural e individual y excluía el factor social en la explicación y la solución de las diferencias en el aprendizaje. En la traducción pedagógica de aquellas ideas, se inscribió también una interpretación hiperindividualista del pensamiento de la Escuela Nueva, pese a que el interés de esa corriente en promover la actividad del niño nunca se desligó ni de la enseñanza, ni de la vida social escolar. Cabe notar nuevamente la afinidad de una pedagogía exaltadora de la personalidad del niño y del factor individual en el mérito escolar con las expectativas de sectores medios y altos. Al mismo tiempo, ya se notan síntomas de la crisis de la responsabilidad de los adultos en la educación, con la consiguiente desvalorización de la enseñanza y del enseñante. Se trata de una contradicción respecto al éxito de aquellas expectativas, pero también es una justificación de la impotencia ante los cambios de las relaciones intergeneracionales que se busca resolver depositando amablemente el cometido en los alumnos y la culpa del fracaso en los adultos docentes. (7)
La mayor parte de los partidos políticos incluyeron la defensa de la escuela pública en sus plataformas. Pero si la represión marcó el miedo a la memoria y al pensamiento en varias generaciones, la pedagogía “amable” había colaborado en sentar las bases del vaciamiento tanto de la herencia de 1880 como de los logros del nacionalismo popular en la educación. Y contribuyó a preparar el terreno para la educación como mercado.
La construcción de escuelas durante la gestión del brigadier Osvaldo Cacciatore como interventor del gobierno dictatorial en la ciudad de Buenos Aires fue un gesto adecuado a la estética de sectores medios porteños y a los negocios de los más importantes estudios arquitectónicos privados (Pineau, 2006: 79). En el mismo sentido puede interpretarse el nombramiento del crítico teatral y periodista Kive Staiff, un hombre de ideas liberales, al frente del Teatro Municipal Gral. San Martín de la ciudad de Buenos Aires. Staiff había ocupado ese cargo durante el gobierno de Lanusse, entre 1971 y 1973 y desde 1976 hasta 1989, y regresaría entre 1998 y 2010.
Las representaciones político-educativas y estéticas de los sectores medios, especialmente urbanos y de la ciudad de Buenos Aires, requieren ser estudiadas cuidadosamente para entender la trama sociocultural que se condensó durante la dictadura y cuya herencia aporta hoy a la política neoliberal.
Resistencias educativas durante la dictadura
El interés por alternativas pedagógicas ha guiado buena parte de nuestras investigaciones anteriores, y tales aconteceres vuelven a asomar cada vez que encaramos sucesos dañinos para la educación.
Numerosas expresiones contrarias a la política educativa oficial fueron incrementándose en el período dictatorial, con enorme mérito por parte de sus protagonistas. También se cuentan las advertencias provenientes del propio bloque de poder y de diarios liberal-conservadores, como La Nación y La Prensa, frente a la política de privatización educativa: el acuerdo social de sostener la educación pública sellado en la década de 1880 todavía tenía alguna vigencia. En las filas de la Iglesia surgieron voces de denuncia sobre el ataque a los derechos humanos en las instituciones educativas y asomaron posturas liberal-católicas entre algunos obispos. También se expresaron la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y más adelante la Federación Universitaria Argentina. En los últimos años del régimen, existieron organizaciones como la Comisión Permanente en Defensa de la Educación (COPEDE), el Congreso Nacional de la Educación y las actividades educativas del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), entre otras. La magnitud de la represión y el retroceso intelectual impuestos determinaron que las voces se concentraran en la defensa de los aspectos más elementales de la educación. Las asociaciones destinadas a la búsqueda de los desaparecidos, el rescate de los niños secuestrados y la defensa de los presos políticos, como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y más adelante Hijos, realizaron una tarea pedagógica profunda que impactó en la cultura argentina, mucho más allá de la educación formal (Mignone, 2016: 261).
Diversas formas de expresión contra la dictadura emergieron durante el gobierno dictatorial del Gral. Viola, gestándose una vida clandestina de publicaciones, actividades estudiantiles y resistencia pasiva de los docentes a aplicar las normativas dictatoriales, hasta alcanzarse, en vísperas de la guerra de Malvinas, un nivel interesante de producción gráfica, musical, teatral y de comunicación política.
Después de la derrota argentina retornaron al escenario público las fuerzas políticas interesadas en lograr una salida civil a la crisis que vivía el país. El agrupamiento más importante se denominó Multipartidaria. Esta organización fue fundada el 23 de junio de 1982 por la Unión Cívica Radical, el Partido Justicialista, el Partido Intransigente, el Partido Demócrata Cristiano y el Movimiento de Integración y Desarrollo, y poco después se sumaron otros partidos. La búsqueda por parte de la Multipartidaria de un equilibrio entre fuerzas y temas, que permanecían (y permanecen) irresueltos a través de largas décadas de la historia nacional, tuvo una importancia crucial para el futuro de la educación. En tal sentido fue el acuerdo entre las fuerzas políticas y la Iglesia, cuyo profundo compromiso con la dictadura aún no se mencionaba. El documento de la Multipartidaria denominado “Convocatoria al país”, emitido el 28 de agosto de 1981, dio por iniciada la etapa de transición hacia la democracia. El texto finalizaba con la siguiente frase: “Bajo el lema del episcopado argentino: la reconciliación nacional”. Pero el propio documento aclaró que ese objetivo no podría alcanzarse “si no es sobre la base de la verdad” (Multipartidaria, 1982).
El discurso de la Multipartidaria contiene el desplazamiento desde la ideología liberal-autoritaria de la dictadura al liberalismo democrático hacia el que se había inclinado la mayoría ciudadana. Llevaba también los vectores de la cultura política que guio a la sociedad argentina en el pasaje al neoliberalismo. Siguiendo el razonamiento de Gambarota (2017), son muchos los problemas que se obvian en los tres textos de la Multipartidaria, con un motivo razonable, el cual era unir todas las fuerzas sociales y políticas antidictatoriales.
La acción de la Multipartidaria fue un gran acto político-pedagógico, más limitado que los mensajes de las Madres, las Abuelas y demás organizaciones que denunciaban el terrorismo de Estado. Propuso las elementales medidas educativas que sugería el sentido común democrático liberal, lo cual no era poco ni debe desvalorizarse, teniendo en cuenta el terror del que se trataba de salir. Pero no obsta para que analicemos los efectos del mecanismo de negación que menciona el mismo autor, que fue de particular importancia para la educación de varias generaciones, y postergó la reforma institucional y legal que requerían el sistema escolar y la educación superior. En décadas posteriores, los mismos problemas educativos, sin haber encontrado su solución, quedarían rebasados por nuevos conflictos.
El caso paradigmático es el de la relación Estado-Iglesia-Educación. El documento de la Multipartidaria propone un equilibrio entre el Estado, la Iglesia, la familia, las Fuerzas Armadas, las empresas, los sindicatos y otras agrupaciones. Poco después, en los programas elaborados por los partidos políticos para las elecciones de 1983, tomaron alguna fuerza opiniones favorables a la responsabilidad principal del Estado en materia de educación, pero es difícil distinguir la actualización posdictatorial de la tradición democrática argentina en términos retóricos de las opiniones reales gestadas durante el terrorismo de Estado. Ese es también un inconveniente para valorar el peso de la opinión social de la época acerca de la inminente apertura de las puertas de la educación a un nuevo actor, que ya era el mercado.
Desde las plataformas electorales de 1983 hasta el Congreso Pedagógico
El vínculo de la dictadura con aquellos sectores medios que había atraído con un discurso pedagógico-cultural seductor (con lenguaje pedagógico o tecnocrático) fueron líneas de la política educativa nacional que trascenderían esa circunstancia, en el acápite de educación de sus plataformas para las elecciones de 1983.
Es de destacarse que la UCR y el PJ evitaron expresarse de manera directa acerca de los docentes y estudiantes asesinados o desaparecidos y acerca de la manipulación ideológica de la educación; lo hicieron de manera genérica contra el autoritarismo político-educacional con enunciados como el siguiente: “Expresiones políticas y estrategias formuladas por los gobiernos militares han tenido un carácter disolvente, de gran generalidad y escasa profundización”, y acentuaron la crítica a la burocratización del sistema educativo (PJ, 1983: 90).
Los partidos fueron explícitos en la necesidad de refundar la educación sobre bases constitucionales. Coincidieron en rechazar el individualismo y la segregación; prometieron erradicar el analfabetismo, extender la obligatoriedad escolar al nivel inicial y mejorar la educación de adultos, así como implementar la educación permanente. La educación científico-técnica, la introducción de la informática y la vinculación de la educación con los medios de comunicación fueron otros puntos de coincidencia.
También se comprometieron a normalizar las universidades y derogar el arancel. Se trataba de una fuerte demanda de la mayor parte de la clase media, incluido ese sector fluctuante que ha determinado en varias ocasiones el triunfo o el sostenimiento de uno u otro partido o régimen político en el gobierno y que, cuando no había manifestado su apoyo, al menos había tolerado las intervenciones de las universidades en 1974 y 1976.
Entre los partidos identificados con la Multipartidaria había consenso en un proyecto educativo modernizante-democratizador. Usando sus particulares lenguajes, la Unión Cívica Radical (UCR), el Partido Justicialista (PJ), el Partido Intransigente (PI) y el Partido Comunista (PC) advirtieron la subordinación de la educación a la economía monetarista (el PJ ya se refiere al “neoliberalismo”) (Bittel, en PJ, 1983: 20).
Desde 1982 la UCR realizaba actividades vinculadas con la educación, la ciencia y la tecnología en el Centro de Participación Política (Camou, A; Tortti, C.; Viguera, A., coord., 2007) fundado por la tendencia interna denominada Movimiento de Renovación y Cambio, que lideraba Raúl Alfonsín. Este movimiento diseñó la propuesta educativa electoral de acuerdo con las prioridades de consolidación de la democracia, el logro de la estabilidad institucional, el desarrollo socioeconómico y la justicia (UCR, 1983). Los radicales consideraban a la educación una condición para recuperar nuestra identidad y reconstruir la Nación. Desde su postura liberal, optaron por el restablecimiento de la ley 1420, de 1884, y la ley 1597 de 1885, denominada ley Avellaneda. El radicalismo manifestó la voluntad de que se dictara una ley general de educación y prometió elevar el presupuesto educativo al 25% del presupuesto nacional. Respecto a la universidad, fue consecuente con la tradición reformista, y agregó la gratuidad, que había sido una medida tomada por el peronismo en 1949; también se comprometió a estimular la formación libre de asociaciones estudiantiles.
El gobierno de Raúl Alfonsín recibió la pesada herencia de ortodoxia económica, un Estado atado a la deuda externa, debilitadas las instituciones políticas y civiles y un pueblo empobrecido. Reubicó la política educativa en la tradicional línea democrático-liberal y reforzó el papel del Estado, pero una lógica educativa individualista y privatizadora ya había calado hondo, especialmente en los sectores medios, en tanto gente del pueblo acudía a las escuelas de las parroquias y dejaba a los más chicos en jardines de bajo costo, poniendo en evidencia la carencia de instituciones de educación inicial y escuelas de tipo público. En las radios, las revistas, los diarios, la televisión y en el poderoso “boca a boca”, la educación era un tema de conversación cotidiana, en un clima de repolitización. Sin embargo, ya se hacía evidente el desprestigio por lo público en su sentido más abarcador y la preferencia por una supuesta neutralidad de las disciplinas asociadas a la pedagogía, que pasó a formar parte del acervo de varias capas sociales, y permanece.
Como ha escrito Pablo Pineau:
Las propuestas basadas en la espera, en el cuidado extremo, en la negación de la transmisión, en la confirmación de los destinos sociales prefijados, en la competencia sobre la cooperación, en psicologismos y didactismos asociales, en pedagogías restauradoras de valores perdidos siguen patentes en nuestras aulas y nuestros claustros universitarios (Pineau, 2006: 109).
Uno de los primeros decretos de Raúl Alfonsín (8) fue la creación de la Comisión Nacional de Alfabetización Funcional y Educación Permanente (CONAFEP) en el Ministerio de Educación y Justicia (Decreto No. 2308/84), declarando el Plan de Alfabetización “de emergencia nacional y prioritario”. (9) La gestión del plan fue concedida al grupo conservador del partido. En las universidades, el nuevo gobierno dispuso restituir las cátedras a los docentes expulsados y derogar el examen de ingreso, el arancel y los cupos, acorde con su promesa electoral. En relación con la estructura del sistema escolar, optó por conservar la forma tradicional, con una mayor articulación entre la enseñanza secundaria general y la enseñanza técnico-profesional.
La UCR eludió abordar de manera directa la cuestión de la enseñanza religiosa, tanto en su programa como durante su gobierno, siguiendo la estrategia de la ley 1420 (Puiggrós, A. 2017). En su programa, exigió control estatal sobre la educación privada, pero desde el gobierno no realizó ninguna modificación respecto a lo establecido.
La Iglesia presionaba al gobierno con el objetivo de no perder el poder alcanzado en el aparato educativo, avanzar en la imposición de la enseñanza religiosa y conseguir más aportes estatales para sus instituciones de educación que, sumadas a las de otros signos religiosos o particulares laicas, ya constituían un poderoso subsistema.
La educación privada venía creciendo desde finales del peronismo. Entre 1958 y 1998 se cuadruplicó la matrícula de la educación primaria y se sextuplicó el nivel medio, del sector privado (Gamallo, 2015; Narodowski, Moschetti, Gotau, 2017; MECCyT, estadísticas). Es una de las razones para preguntarse cuán importante era para la mayoría de los votantes de Alfonsín la defensa de la escuela pública. Una significativa parte de los adultos que había cursado estudios durante la dictadura optaba por mandar a sus hijos a escuelas particulares, y es probable que el Plan de Alfabetización fuera de menor interés para ellos que la democratización de las universidades públicas, su tradicional reducto. La sinceridad de la defensa de la escuela pública tendía a reducirse a los sectores progresistas, las generaciones mayores, los docentes y el discurso constitucional-democrático de partidos políticos.
Las diversas tendencias del Partido Justicialista emitieron opiniones coincidentes respecto a la necesidad de contar con un proyecto nacional para elaborar el proyecto educativo: una ecuación inversa a la que planteaba la UCR, que apostaba a la educación como motor del desarrollo. Los conceptos de “ser nacional”, identidad cultural argentina y latinoamericana, liberación o dependencia, cristianismo, antirracionalismo, espiritualismo, así como las referencias históricas al federalismo, a la resistencia y a la proscripción del peronismo, habitaron casi todos los documentos y discursos. Asimismo, se afirmó la vigencia de la “tercera posición”, símbolo de la política internacional del Gral. Perón, que buscaba un lugar equidistante del imperialismo norteamericano y del campo socialista. La educación fue imaginada entre esos límites. La lucha por la “descolonización pedagógica” (adoptando el término usado por Arturo Jauretche) fue ligada al papel de la educación en la recuperación de la justicia social y de la soberanía cultural.
En el PJ hubo diferencias ideológicas de importancia para la escritura de su programa educativo. La tendencia llamada Renovación Peronista (10) valorizó la democracia, aunque la reinterpretó de manera crítica de la acepción liberal y la consideró abstracta si no se alcanzaba la liberación nacional contra la dependencia. En 1985, un grupo de militantes de la Renovación fundó un centro de estudios (CEPARJ) con vistas a la elaboración de la plataforma electoral de Antonio Cafiero como candidato a la gobernación de la Provincia de Buenos Aires. El documento que emitió vincula la educación con la justicia social, con la descentralización y desburocratización administrativa y con la participación popular en la definición de políticas de gobierno.
El sector del peronismo llamado ortodoxo descalificó la discusión sobre la democracia, a la vez que otorgaba prioridad a los valores trascendentes, la cultura hispánica y la lucha contra la penetración antinacional anglosajona. Los “renovadores” defendían la obligatoriedad, la enseñanza pública, gratuita, científica, vinculada al trabajo y el control del subsidio a la enseñanza privada. La derecha peronista hacía hincapié en valores y en la “trascendencia”, una categoría esgrimida firmemente por la Iglesia católica.
La postura oficial surgió del Primer Congreso de Cultura y Educación del PJ, realizado en agosto de 1983. En el proyecto de plataforma electoral de la Comisión de Cultura y Educación se perfiló el diseño de la educación formal: planeamiento de la descentralización y regionalización, documento curricular básico de carácter nacional abierto a adaptaciones regionales, escuelas albergues o nuclearización, escuelas de frontera, hogares escuela siguiendo el programa de Evita.
En el documento no aparece un acuerdo unánime acerca del papel principal o subsidiario del Estado. Este llega a desdibujarse en el informe de algunas comisiones del evento, ocupando su lugar “el sistema educativo formal, la Iglesia y la familia” (PJ, 1983: 67). En el mismo párrafo hay una referencia que es compartida por los distintos sectores: la acción educativa no puede agotarse en aquellas instituciones, sino que requiere continuarse en clubes, cuarteles, sindicatos, asociaciones y medios de comunicación. El concepto de “comunidad organizada”, importante en la construcción discursiva peronista, resuena frecuentemente en las propuestas de 1983, así como el papel conductor del Estado.
En la propuesta del PJ no hay solo una postura pedagógica, sino el despliegue de una discusión de la cual no fue ajena el radicalismo, aunque no aparezca con la misma claridad en los documentos de la UCR. En el mencionado Congreso del PJ, se coincide en la necesidad de una reforma curricular que combine lineamientos nacionales con contenidos provinciales y en el dictado de contenidos mínimos comunes para el ámbito nacional. En una de las comisiones se aconseja “un plan curricular básico, estructurado en base a objetivos” y al mismo tiempo se propone que “el aprendizaje sea activo y enmarcado en lo grupal, que tienda a armonizar la realización personal con la función social, dando prioridad a lo formativo por sobre lo meramente informativo” (PJ, 1983: 74).
La reforma estructural del sistema escolar que se concretó una década después, durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, aparece delineada por el PJ en la campaña electoral de 1983, aunque aquel gobierno la usaría como punto de partida hacia un destino inverso al de justicia social, fundamento del peronismo. En 1983 primó una alta valoración del planeamiento, término que en esos años presidía las directivas de la Unesco y a la vez coincidía con la vocación planificadora de los gobiernos peronistas. El PJ propuso un sistema educativo nacional a la vez que federal, caracterizado por su “unidad normativa y planificadora (concepción centralizada) y ejecución descentralizada en el ámbito regional y local” (PJ, 1983: 91), así como concluir totalmente la transferencia de los servicios educativos nacionales a las provincias, advirtiendo que no se traspasarían a los municipios. La política unitaria, expresada especialmente por la ley Lainez de 1905, quedaría pocos años después desplazada por un federalismo motivado en la reducción del Estado nacional e intereses partidarios antes que en el fortalecimiento político educativo de las provincias.
El Ministerio de Educación de la Nación fue reubicado como un órgano de planeamiento, coordinación y consulta con la opinión pública y las asociaciones civiles. Y adviértase que la modernización completa de los procesos de evaluación fue una de las principales tareas que se le adjudicaron. El Consejo Federal de Educación sería asesor y consultivo y “la herramienta político-ideológica para el logro de la regionalización del sistema educativo” (PJ, 1983: 93). En cuanto a la escuela media, propone ligarla a la educación laboral, así como fortalecer las escuelas técnicas, las escuelas fábrica y las escuelas sindicales.
También en este caso hay una anticipación de la reforma menemista, porque se propone modificar el bachillerato estableciendo una etapa común y luego salidas laborales. En cuanto a los docentes, el PJ insiste en la crítica al normalismo liberal y en el establecimiento de la agremiación obligatoria; propone atender inmediatamente las reivindicaciones del sector.
La defensa innegociable de la responsabilidad principal del Estado y del laicismo fue encarada por el Partido Intransigente y el Partido Comunista. El PI, así como la UCR, sostuvo los principios de la educación común, gratuita y obligatoria, la normalización de las universidades con ideario reformista y la supresión del arancel, y recalcó la necesidad de una ley general de educación. El Partido Socialista Popular y la Confederación Socialista Argentina opinaron en sentidos similares. El Partido Demócrata Progresista consideró llevar a la Constitución los principios de la ley 1420, dictar una ley orgánica de educación y establecer diez años de obligatoriedad escolar. El PC agregó una serie de medidas concretas como becas para los trabajadores y boleto estudiantil gratuito (Aguerrondo, en De Lella C.; Krostch, P., 1989: 102-140).
Solo dos partidos, la Democracia Cristina y el Movimiento de Integración y Desarrollo, se pronunciaron abiertamente por la subsidiariedad del Estado: la DC propició la desburocratización de la educación, la desalienación y desmitificación del acto educativo, a la vez que destacó que el docente es un trabajador. El MID defendió la libertad de enseñanza e identificó la educación como productora de recursos humanos para el desarrollo. La Unión de Centro Democrático defendió la libertad de enseñanza absoluta, acompañada por una educación asistencial. Su propuesta de introducir vouchers o vales de crédito educativo para los alumnos que concurrieran a escuelas públicas o privadas fue pionera en las estrategias político-educativas neoliberales.
Los partidos políticos, en su conjunto, no habían salido indemnes del oscurantismo dictatorial: sus planteos pedagógicos registraban viejas discusiones sin saldar y sus propuestas solamente alcanzaban a solucionar los problemas más inmediatos. El avance de posiciones antidemocráticas era visible dentro de las más importantes organizaciones políticas. La lucha entre una educación retrógrada, antipopular, antidemocrática; la postura conformista con una educación aceptablemente democrática, y una tercera que preparara la niñez y la juventud con ideas democráticas, laicas, nacionalistas, latinoamericanistas y comprometidas con la justicia social marcaría el ritmo de la disputa educacional en los siguientes años.
Pero esa discusión estaría enmarcada en un discurso de mayor potencia que provenía de los organismos internacionales. El Consenso de Washington no solamente había inaugurado una nueva etapa en el marco del capitalismo, sino que sus políticas conllevaban un neocolonialismo intelectual que afectaba profundamente la educación. Deuda externa, déficit fiscal, ajuste estructural, reducción del Estado eran categorías que se superponían de manera contradictoria con las provenientes del desarrollismo, aún presentes en los documentos de la Unesco, la Cepal y Unicef cuando, en 1989, se preparaba la Conferencia de Jomtien, en Tailandia. (11)
El Congreso Pedagógico
En los años siguientes a la caída de la dictadura, el problema educativo se discutía en un ambiente politizado sin que hubieran variado ni el tradicional temario, ni las posturas de los contendientes más poderosos. El gobierno alentaba esperanzas en la potencia de la educación para solucionar casi todo, aunque desde la oposición se le advertían las limitaciones de esa suposición. La apuesta más fuerte de la UCR fue realizar un Congreso Pedagógico Nacional, asumiendo la herencia del Primer Congreso Pedagógico realizado en 1882, e ignorando el segundo, que se realizó en 1900. (12) El 9 de septiembre de 1984 se sancionó la ley 23.114, a iniciativa del Poder Ejecutivo y aprobada por unanimidad en ambas cámaras. Entre esa fecha y el 16 de marzo de 1988, cuando se cerró el evento en la Asamblea de Embalse de Río Tercero, se realizaron debates provinciales, locales y sectoriales con un temario producido por la Comisión Organizadora Nacional con la asesoría de la Comisión Honoraria de Asesoramiento (13) (Comisión Honoraria de Asesoramiento, 1988; Nosiglia, M. C.; Santiago, B., en De Lella, C.; Krotsch, P., 1989). Debe destacarse que miembros de la recientemente creada Academia Nacional de la Educación, de corte liberal-conservador, fueron ubicados en lugares de poder en el Congreso. (14) Los fundadores y varios de los Miembros de Número de la Academia fueron los coordinadores o participaron en la conducción de las actividades de todas las comisiones.
El Congreso registró un curso político inesperado para el gobierno, que había descontado encontrar consenso para el diseño de una nueva ley de educación de corte liberal-democrática como resultado de una discusión abierta a todas las opiniones. De acuerdo con el testimonio de Norma Paviglianiti, “en el proyecto original, la convocatoria, la organización y la ejecución quedaban en manos del Ejecutivo Nacional y estaba planeado como continuidad histórico-ideológica del Congreso Pedagógico de 1882” (Paviglianiti, en De Lella, C.; Krotsch, P., 1989: 73).
Para la UCR estaba implícito que el peronismo, derrotado en las recientes elecciones, y la Iglesia estarían presentes, pero el gobierno mantendría la conducción del evento y el “progresismo” hegemonizaría el resultado final. Los primeros documentos emitidos por la Comisión Organizadora parecen acercarse a esa disposición del poder. Pero la situación fue variando. A diferencia de la dirección centralizada que proponía el proyecto del Ejecutivo, este debió ceder a las jurisdicciones la organización y ejecución de las actividades en sus territorios. El justicialismo, que gobernaba en doce de veintitrés provincias, (15) logró integrar la Comisión Organizadora (aunque como minoría) y que fueran incorporados representantes de los partidos provinciales. Otros partidos, como el PI, la DC, la UCD y el MID, fueron sumados solamente a los equipos técnicos, salvo excepciones personales.
El primer cambio que consiguió el PJ fue quebrar la línea de continuidad liberal con el Congreso de 1884 en el título de Segundo Congreso para acordar simplemente Congreso Pedagógico. (16) El justicialismo emitió documentos en línea con su referida plataforma electoral, subrayando que la educación debía asumir el nacionalismo cultural en el marco de un proyecto político popular y democrático enmarcado en América Latina y el Tercer Mundo. Reafirmó que el peronismo sostenía una concepción humanista y cristiana. Consideró elaborar una “pedagogía nacional”, así como una “ciencia y tecnología propias” y las vinculó con la justicia social y el trabajo. A la planificación del sistema propuesta en la plataforma electoral agregó una estructura de cuatro niveles: inicial (0-5 años), primer nivel o básico (desde los 6 años, extendiéndose gradualmente hasta alcanzar los 9 años de educación obligatoria), segundo nivel o medio de 3 o 4 años con formación diversificada, y el tercer nivel o superior (CINCECYT, 1986: 29).
Algunos factores fueron más determinantes que las propuestas partidarias respecto al curso que seguiría el Congreso. Radicalismo y justicialismo llegaron a la asamblea final con un núcleo de coincidencias básicas, elementales después del terror dictatorial, sin reconocer ni formalizar un acuerdo; por el contrario, exhibieron una fuerte retórica de diferencias ideológicas. El radicalismo no tuvo vocación de provocar una amplia movilización en torno al Congreso. El PJ, considerando que la organización era excesivamente centralizada y vertical, convocó a la participación popular en las asambleas de base, pero no consiguió suficiente presencia de la militancia. Entretanto dos actores muy destacados tomaban posiciones: los gremios docentes y la Iglesia católica.
En 1988, en momentos del lanzamiento de las asambleas de base del Congreso, se estaba gestando un conflicto con los docentes que el gobierno no atinaba a solucionar. Las principales demandas eran un salario único en todo el país: a igual trabajo, igual remuneración (nomenclador básico común para docentes nacionales y provinciales) y una ley nacional de educación. Al mismo tiempo los docentes avanzaban en privilegiar la convención colectiva de trabajo o paritaria sobre el estatuto del docente: se trataba de un tema profundo referido a la identidad como profesionales (de tipo corporativo) o como trabajadores de la educación (Yaski H., en Vázquez, 2005).
El tratamiento de esa cuestión tuvo enorme importancia, pues en su curso alcanzó su unidad definitiva la Confederación de Trabajadores de la República Argentina (CTERA). A la lucha se sumaron la Unión de Docentes Argentinos (UDA), Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) y contó con la activa participación de profesores y estudiantes de universidades públicas.
El temario dispuesto para el Congreso Pedagógico resultó abstracto sin la consideración de las demandas de los docentes y, en consecuencia, su baja participación. El Congreso se cerró el 6 de marzo de 1988 y el 18 de mayo comenzó una “marcha blanca” de protesta de los educadores desde todas las provincias hacia la Capital, que culminó en un acto el día 23. Junto a la dirigente Mary Sánchez, cerró el evento el secretario general de la CGT, Saúl Ubaldini. La Marcha Blanca fue una gesta que marcó la historia.
Entretanto, la amplia y organizada presencia de la militancia católica incidió en que el Congreso Pedagógico fuera el lugar donde se manifestaron (o quizás se terminaron de acordar) los cambios que tendrían lugar pocos años después. La Iglesia comprendió la ambivalencia ideológica del momento y la debilidad de la trama discursiva de los partidos y vio su oportunidad de sellar nuevos pactos sobre la educación. En nombre de la educación de “todos los hombres”, convocó a los pastores, a las familias, a los docentes de escuelas privadas de todo signo, a los médicos, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, y se constituyó en la fuerza política más organizada del Congreso.
La grey católica militante aceptó en las asambleas de base la conducción de una jerarquía eclesiástica conservadora que le proponía “en primer lugar” distinguirse de concepciones antipersonalistas, materialistas, hedonistas o ambiguas, para abordar la educación de la persona humana en su totalidad, teniendo como mira la trascendencia hacia los valores y hacia Dios (Equipo Episcopal, 1985: 9-10). Personajes que tuvieron responsabilidades de primer orden durante la dictadura participaron activamente en ese bloque. Sus posturas extremadamente tradicionalistas y conservadoras quedaron registradas en dictámenes de disenso del informe final de la Asamblea de Embalse de Río Tercero, donde culminó el Congreso (Asamblea Nacional, 1988: 73).
En su principal documento, la Iglesia nombró a Latinoamérica, el neocolonialismo, la dependencia y el “aprender a ser” (lema difundido por la Unesco) (Equipo Episcopal, 1985: 17, 25), a la vez que advertía que nuestra identidad estaba en riesgo de disolución. En un llamativo párrafo, manifestó el “imperioso anhelo” de una sociedad “justa, libre y organizada”, que superara las fracturas internas. Agregaba que “surgen a menudo en ese clima regímenes dominantes, a menudo represivos”, como toda definición de la reciente dictadura de la cual fue copartícipe. La educación debería ser personalista, trascendente y enseñante de la autoconducción, en la búsqueda del proyecto personal de vida. En momentos en que se aprobaba la ley de divorcio, por amplia mayoría, con la concurrencia de legisladores católicos, la jerarquía eclesiástica enarbolaba en el Congreso Pedagógico los más arcaicos principios sobre el matrimonio, el género y la educación sexual. (17) Mientras los docentes asumían definitivamente su identidad de trabajadores de la educación, la Iglesia definía al educador como una persona portadora de un mensaje de salvación, testigo de la fe en la escuela (Equipo Episcopal, 1985: 66-68).
No obstante, o bien el sector confesional registraba en su interior posturas contrapuestas, o bien entendió la posibilidad de avanzar en algunos objetivos mediante una negociación que no presentaba dificultades mayores. Así fue como, después de combatir durante un siglo la Ley 1420, la Iglesia católica consideró que aquella norma contenía el mayor acuerdo posible. Interpretó que el art. 14 de la Constitución nacional establecía como natural el derecho de enseñar dentro y fuera del sistema escolar y a asociarse con esa finalidad, reconociendo al Estado la capacidad de fijar “condiciones mínimas” morales y técnicas.
De todas maneras, el sector confesional insistió en el principio de subsidiariedad del Estado y avanzó hacia la unidad público-privada en un solo sistema educativo, dentro del cual estuviera garantizada la libertad de enseñanza y diluida la diferencia entre el financiamiento a las escuelas estatales y el subsidio a las privadas. La Iglesia, contando como intelectuales orgánicos a miembros de la Academia de la Educación, con fuertes vinculaciones con el gobierno, asegurada por la reafirmación cristiana del peronismo y ante la insuficiencia de una fuerza laica (que únicamente podrían haber potenciado los docentes estatales), logró pactos favorables con los demás sectores.
Los propietarios de instituciones educativas que participaron en el evento lo hicieron aliados a la Iglesia católica. Tomarían vuelo propio en el futuro. En el Informe elevado en 1988 al presidente Alfonsín, la Comisión Honoraria se refirió a las posibles reformas del sistema educativo, y consignó que
para un miembro de esta Comisión (Dr. Avelino Porto) tanto la enseñanza “estatal” como la “no estatal” revisten un carácter público y nacional. Ambas tendrían fines sociales comunes y sus responsabilidades, independientemente del sector que las imparta, conformarían una unidad conceptual en cuanto a misiones, estructura, compromisos institucionales y obligaciones de índole jurídica y moral, frente a los trabajadores de la educación, la familia y los alumnos.
Para el propietario de la Universidad de Belgrano y miembro fundador de la Academia Nacional de la Educación, “en el ámbito de la educación, el Estado tendría competencia supletoria” (Comisión Honoraria de Asesoramiento, 1988: 42, 48).
Desde los consensos del Congreso hasta el menemismo
Los dictámenes de consenso unánime, los dictámenes de mayoría y las disidencias del informe final de la Asamblea reflejan un alto nivel de acuerdo del conjunto de los actores, lo cual permite dudar de que la Iglesia se haya impuesto completamente sobre los demás. Su voz disidente se inscribe en casi todos los dictámenes de las comisiones, pero a la vez participa de las votaciones por unanimidad. También se encuentran disidencias de los sectores progresistas laicos (Ejemplo: Comisión Honoraria de Asesoramiento, 1988, Punto 6, Comisión 1: 94). Lo que resulta importante es que el Congreso produjo acuerdos en los que se articulan las posturas básicas de todos los sectores, lo cual habla de una voluntad colectiva, en la cual hay que anotar una (y no menor) ausencia: los docentes estatales.
Además de las coincidencias entre el PJ y la UCR señaladas más arriba, las comisiones acordaron en la afirmación de la “democracia”, “la independencia nacional, la soberanía política y la justicia social” (Comisión 1, ibídem: 68). La reivindicación de la identidad nacional contra el neocolonialismo fue vinculada con la soberanía en las islas Malvinas con el dramatismo persistente desde la reciente guerra, así como con la exaltación del ser nacional y las culturas aborígenes.
Quienes participaron de las distintas actividades del Congreso Pedagógico tienen opiniones y recuerdos muchas veces disidentes sobre el tipo de hegemonía que se gestó y el poder de uno u otro de los actores. Desde los sectores progresistas del peronismo y la izquierda es frecuente el testimonio de una presencia avasallante del sector eclesiástico en las asambleas de base; desde este último llega una resignada satisfacción por lo logrado. El radicalismo considera el Congreso entre los más importantes logros del gobierno de Alfonsín.
A cuarenta años de aquel evento resulta notable, además de las señaladas coincidencias y diferencias, la construcción discursiva de las conclusiones, en especial la aceptación de algunos términos, ya fuera ocultando o confesando la verdadera postura en los dictámenes en disidencia. Tres conceptos clave para explicar esas operaciones fueron trascendencia, federalismo y educación pública.
El término trascendencia forma parte de casi todos los informes unánimes de las comisiones. Irrenunciable para la Iglesia, fue aceptado al menos por radicales y peronistas, aunque refiriéndolo a las dimensiones cultural, histórica, social, religiosa, según las “propias opiniones” (Comisión Honoraria de Asesoramiento, 1988, Comisión 1: 69; Comisión 2: 111).
El federalismo, un significante cargado por el histórico atraso y la subordinación de la educación formal de las provincias a la Nación, circuló resignificado como una estrategia de descentralización del sistema educativo. Los organismos internacionales contribuyeron a ello. El radicalismo no fue más allá del sentido que le otorga al federalismo la Constitución de 1853, es decir, dejando la cuestión sin solucionar, en tanto el peronismo lo remitió a la mitología nacional popular, al mismo tiempo que veía la provincialización de la educación como una herramienta política para los gobernadores de su signo. En línea con el reclamo por la disminución del poder educativo del Estado nacional, la Iglesia propuso la descentralización del sistema hacia las provincias e incluso los municipios, acercando los centros educativos al territorio donde contaba con mayor influencia con vistas al cumplimiento de su propósito misional.
El tercer tema de interés fue el concepto de educación pública. El sector eclesiástico y dos pequeños partidos se declararon decididamente afines a otorgar un papel secundario al Estado; el peronismo fue ambiguo, y el resto, excepto la izquierda, sustentó en términos declarativos la principalidad del Estado. La “unidad de servicio con la enseñanza oficial” y la propuesta de “designar a la escuela privada como escuela pública de iniciativa privada” fueron cuestiones abordadas con naturalidad. La educación “pública” entendida como “estatal” recibiría su golpe de gracia pocos años después (Cirigliano, G. F. J. en De Lella, C.; Krotsch, C. P., 1989: 29-46).
Por otros carriles transitaba el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde había triunfado el PJ con la fórmula Antonio Cafiero-Luis Macaya en diciembre de 1987. La nueva gestión recategorizó los servicios de educación privada privilegiando los que llegaban a los más necesitados, constituyó comisiones distritales con participación gremial, supervisores y consejeros escolares, consideró la escuela un centro comunitario mediante el programa Consejos de Escuela, entre otras medidas. (18)
El desembarco del neoliberalismo (19)
Disminuir el poder del Estado nacional en la educación, desburocratizar y descentralizar el sistema y conformar un solo sistema público-privado fueron ideas que adquirieron legitimidad en el Congreso Pedagógico, participando de la racionalidad propia del neoliberalismo. (20) Con los conceptos de eficiencia, eficacia, calidad y participación ya asomaba una nueva formación discursiva que calaría hondo en la comunidad educativa. Paradójicamente, las opiniones dominantes en aquel evento convocado por el radicalismo no movilizaron a su gobierno, sino que fueron los vectores de la política educativa del gobierno peronista que lo sucedió.
¿Cuáles fueron las características específicas de la política educativa del gobierno de Carlos S. Menem? En primer lugar, su alineamiento explícito con las directivas de los organismos internacionales, cediendo un enorme poder a los expertos del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), produjo la desarticulación del sistema de educación con vistas a dejar atrás el proyecto de 1880.
Los organismos de financiamiento habían generado importantes bancos de datos y contratado investigadores de numerosas nacionalidades para estudiar la educación de los países destinatarios de los préstamos. La estrategia consistía en el otorgamiento de fondos por parte del BM y el BID destinados a realizar el paquete de las reformas. En el Ministerio de Educación de la Nación se instaló una unidad especial para trabajar con esos organismos. La reforma fue conducida por “técnicos” en educación y economía de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), el Programa Nacional de Asistencia Técnica a los Sectores Sociales (PRONATASS), el L’Oréal-Unesco, la Universidad Católica Argentina, la Universidad de El Salvador y universidades estadounidenses. Fue importante la influencia de la reforma educativa española y de los ideólogos de la reforma chilena, así como decisivos documentos de la CEPAL y la Unesco. (21)
En 1992 se dictó la Ley de Transferencias de los Servicios Educativos (Ley 24.049) y el 11 de septiembre de 1993, aniversario del fallecimiento de Sarmiento, en cumplimiento del artículo 63 de dicha ley se firmó, en la ciudad de San Juan, el Pacto Federal Educativo, que estableció los compromisos de financiamiento del Estado nacional con las provincias en función de la transferencia de establecimientos y funciones, quedando a cargo de estas últimas aproximadamente el 60% del gasto educativo. En 1994 fue reformada la Constitución nacional (Ley 24.195); en el mismo año se dictó la Ley Federal de Educación y en 1995 la Ley de Educación Superior (Ley 24.521). Debe anotarse que en 1994 la Organización Mundial del Comercio aprobó el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS), soporte de la liberalización internacional de bienes sociales como la educación. La nueva legislación hizo efectiva la descentralización de la mayor parte de las funciones educativas nacionales hacia las jurisdicciones, cambió de la estructura del sistema (nivel inicial, educación general básica, polimodal, educación superior, nivel cuaternario), estableció contenidos básicos comunes, cobertura básica universal de nueve años obligatorios y programas focalizados para adultos y otros sectores.
Durante la década se continuó la derivación de fondos al sector privado tradicional y se fueron multiplicando las ONG, tanto con fines sociales como empresariales. Se legitimó la evaluación externa. Se intentó (con poco éxito, salvo la Coneau) establecer organismos “independientes” de certificación; se propició “el desacoplamiento entre la enseñanza media y la universidad” (Cepal, 1992: 143).
La formación de los docentes fue una de las primeras experiencias de “tercerización” a manos de organismos y grupos públicos y privados, en una suerte de shopping de cursos denominado Red Federal de Formación Docente Continua a los cuales el Ministerio nacional habilitaba y otorgaba puntaje. Debe consignarse que en aquel, como en otros programas oficiales, la presencia de una gran cantidad de profesionales planteó contradicciones y avanzó líneas epistemológicas críticas del conductismo, en especial enfoques didácticos influidos por el constructivismo, postura que también fue asumida por los gremios docentes. (22) Pese a la fuerte discusión sobre teorías del aprendizaje que enfrentó a los discípulos de Jean Piaget, representados por la psicóloga Emilia Ferreiro, con los seguidores de Lev Vygotski, encabezados por la Lic. Berta Braslavsky, ambas corrientes contribuyeron a aminorar la penetración de las versiones neoliberales del conductismo, que ya estaban instaladas en otros países de la región.
El paquete de la reforma incluía el dictado de Contenidos Básicos Comunes (CBC), que fueron aprobados por los ministros de las jurisdicciones en el Consejo Federal de Educación. Su discusión trascendió ese ámbito para tornarse un violento enfrentamiento entre la jerarquía eclesiástica y el grupo de Flacso, que participaba activamente de la reforma, pero proponía una modernización curricular. La solución decidida por el ministro de Educación Jorge Rodríguez fue ecléctica: la teoría de Darwin y la “trascendencia” convivieron en los CBC.
En el segundo período del gobierno de Menem, era evidente, estadística y políticamente, el fracaso de la reforma respecto a las finalidades que había enunciado, así como la incongruencia de finalidades, como por ejemplo mejorar la calidad a la vez que disminuir el gasto público en educación y tener mejores maestros a la vez que llevar el valor del salario a niveles de pobreza.
La Convención Nacional Constituyente
La convocatoria a una Convención Nacional Constituyente fue habilitada por el Pacto de Olivos, un acuerdo entre la UCR y el PJ que ratificó la existencia de coincidencias de las mayorías (que votaron favorablemente aquella convocatoria) en no modificar aspectos doctrinarios de corte liberal del texto constitucional. Los dos partidos mayoritarios aprobaron un “núcleo de coincidencias básicas” y avanzar en materia de derechos, de la inclusión de los pactos internacionales y de la modernización de los poderes republicanos. Ya comenzadas las sesiones, por presión de los partidos Frente Grande y Unidad Socialista, un grupo de sindicalistas radicales (y por la gestión personal de Raúl Alfonsín), se incluyó “Educación” en la Comisión de Coparticipación Federal, cuyos miembros eran los gobernadores o sus representantes directos, y se concibió el tema como de interés de las provincias antes que de la Nación. La Convención concluyó modificando el artículo 75, inc. 19 de la Carta Magna mediante un texto que habilitó al gobierno a distribuir la gratuidad en forma equitativa, es decir, eliminando el derecho universal a la enseñanza gratuita. Otorgó carácter constitucional a la autonomía universitaria, pero sumándole el término “autarquía”, que modifica el anterior habilitando operaciones entre las universidades públicas y el mercado, así como distendiendo los controles sobre el uso de los fondos presupuestarios y los del “propio producido” en las universidades.
Contradicciones de la reforma y resistencia de los docentes
La información que concentraron los organismos internacionales no modificó sus juicios previos, anclados en la lógica financiera, respecto a las causas y soluciones viables para el problema educativo argentino. Caminando las aulas, encontramos que la aplicación de los programas del BM y el BID aumentaron la separación entre la práctica escolar y las directivas ministeriales, agravados por la ajenidad de los docentes, a quienes se trataba como simples aplicadores de directivas.
En 1989 se realizó la Primera Convención Colectiva del Trabajador de la Educación de la República Argentina. Pero el salario sufrió en los años siguientes una de las mayores depreciaciones de su historia. También la capacitación profesional. El rechazo a la política educativa oficial fue creciendo (SUTEBA, 1999). El 2 de abril de 1997 los educadores instalaron una Carpa Blanca frente al Congreso de la Nación, donde cientos de ellos emprendieron un ayuno que se prolongó 1003 días y del que participaron 1380 docentes; la sociedad seguía conservando algún lugar de su corazón para la educación pública, lo cual quedó de manifiesto en el enorme apoyo que recibieron. La Carpa Blanca fue un símbolo que condensó los fuertes reclamos sociales contra los efectos de diez años de políticas neoliberales, lo cual obligó a impulsar la Ley 25053, sancionada el 10/01/98, que creó el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). El Congreso creó un impuesto que gravaría con el 1% anual a los automotores, aviones y embarcaciones, con asignación a dicho fondo. Las dificultades económico-políticas para aplicar dicha ley provocaron la renuncia de la ministra de Educación, Susana Decibe. (23)
Cabe señalar que en la década de 1990 Chile y Colombia habían aplicado a fondo el programa del BM, alcanzando una privatización casi completa de la educación por diversos mecanismos —subsidios, charter schools (modalidad de privatización de las escuelas públicas), préstamos bancarios y vouchers—. En la Argentina, una parte de la tarea estaba hecha: la decisión de subvencionar a la vez que controlar a las escuelas privadas databa de la Ley 13.047 de 1947. La resistencia de los docentes y una conciencia remanente de la importancia de lo público impidieron que se avanzara en la desestructuración del sistema educativo. De todas maneras, había seguido creciendo la educación privada de todas las categorías, hecho que alerta respecto al ambivalente comportamiento social, especialmente de los sectores medios, como ya observamos en referencia al comienzo de la etapa constitucional.
Desde la Alianza hasta el nombramiento de Néstor Kirchner
En los años finales del segundo gobierno de Menem la situación económica y social reflejó duramente las consecuencias de la política monetarista, la concentración del ingreso, el estrechamiento del Estado y la debacle de la educación. Con vistas a la elección presidencial de 1999, la UCR y el Frepaso hicieron un acuerdo político: la Alianza para la justicia, el trabajo y la educación. El Instituto de Estudios Programáticos de la Alianza produjo un conjunto de programas para las áreas sociales y la educación, opuestos a las directivas del BM y a las políticas de Menem, que reflejaba la inclinación de un importante colectivo hacia los principios aprobados en la Convención Constituyente. El grupo financiero-mediático-académico y el discurso de la “sociedad del conocimiento” exaltador de la globalización mostraron su fuerza dando en tierra con ese programa, en el mismo momento de la asunción de la fórmula Fernando de la Rúa-Carlos “Chacho” Álvarez, quienes nombraron sucesivos ministros de educación declaradamente neoliberales, cuyas posturas contrastaban con el mencionado programa. (24)
A fines de 1999 se había vuelto insostenible para el gobierno la presión de los docentes y el creciente apoyo social que recibían los ayunantes en la Carpa Blanca en reclamo de una solución sustentable del tema salarial. En diciembre de aquel año se sancionó la Ley 25.239, que eliminó el impuesto al automotor, derivando el financiamiento del FONID a “rentas generales” del presupuesto nacional. Dada la mayor sustentabilidad que se otorgaba al fondo, los docentes levantaron la Carpa Blanca, concluyendo así un destacado episodio de sus luchas. (25)
En diciembre de 2001 cayó la Alianza, arrastrada por una crisis económica y social que su gobierno solo había atinado a profundizar. El grito colectivo “¡que se vayan todos!”, que llenó las calles y los caminos del país, reflejaba un nuevo acuerdo social tácito, esta vez signado por la negatividad. En la fragua del movimiento espontáneo se mezclaban elementos antagónicos de la cultura política, cuyo nicho social es difícil distinguir por el carácter inestable, no solo de los sectores medios, sino de la opinión pública en su conjunto. Es pensable que en la crisis del 2001 hubo aprendizajes colectivos, pero en la trama profunda siguieron vitales las posturas antagónicas, que se harían visibles en 2015.
En el contexto educativo, un buen ejemplo es que el maestro y la familia del alumno compartieron la esquina de la protesta del 2001, pero el hecho de que el abandono de la educación por parte de los gobiernos afecta el derecho de los educandos y sus familias no fue entendido cabalmente por los ciudadanos. Sumando el individualismo creciente, interpretaron los reclamos docentes como actos de abandono, con melancólicas referencias al antiguo apóstol del saber.
Siguió a la renuncia de De la Rúa una sucesión de cuatro presidentes en menos de un mes, hasta que el Congreso eligió al senador Eduardo Duhalde como presidente provisional de la Nación. El gobierno de Duhalde abordó la educación con los mismos criterios y con el mismo equipo que lo habían acompañado durante su gestión como gobernador de la Provincia de Buenos Aires, la jurisdicción que fue el motor de la aplicación del programa del BM y el BID durante la década anterior. (26)
Derecho a la educación, inclusión y financiamiento
Los gobiernos del Frente para la Victoria, presididos sucesivamente por Néstor C. Kirchner (2003-2007) (27) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011; 2011-2015) (28) hicieron frente a los graves problemas educativos en línea con las políticas nacionales y populares que signaron más de una década en varios países latinoamericanos. Es de particular interés la coincidencia en el enfoque de la educación hacia los sectores populares, así como en la inscripción histórica de las reformas que se llevaron a cabo en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Venezuela, en alguna medida en Nicaragua y El Salvador y, aunque con estrategias de corte más neoliberal, en Ecuador. Partieron de difíciles situaciones propias heredadas y se fueron encaminando hacia la formación de un bloque regional que mostró tener posibilidades de impacto en la coordinación de políticas educativas. (29)
Los gobiernos de Néstor y Cristina F. de Kirchner retomaron los principales objetivos de las administraciones peronistas (1946-1952; 1952-1955; 1973-1974): crear condiciones para la inclusión de los sectores populares en todos los niveles de la educación obligatoria y en el nivel superior; devolver al Estado nacional su función planificadora de la educación y garante de la igualdad educativa; mejorar la infraestructura del sistema; vincular la educación con el trabajo, el desarrollo y las prioridades nacionales y orientarla hacia la defensa de la soberanía nacional.
Entre sus primeras medidas, Néstor Kirchner encaró la solución del conflicto docente, cuyos salarios recibieron importantes incrementos. Los tres gobiernos del Frente para la Victoria aceptaron establecer la convención colectiva de trabajo de orden nacional con los trabajadores de la educación, avanzando hacia la equiparación entre las provincias en materia salarial, el concurso como condición de acceso a la docencia y el derecho a la estabilidad laboral, medidas que aportaron a la rearticulación de la educación transferida por administraciones anteriores. Con criterio federalista, se sostuvo la Ley de Transferencia de 1992, pero se derogó la Ley Federal de Educación, sustituyéndola por la Ley de Educación Nacional (LEN, 26206/06), que reguló las responsabilidades de la Nación y las 24 jurisdicciones.
Concurrieron también a la reconstrucción del sistema educativo nacional el Consejo Federal de Educación (CFE), cuyas resoluciones adquirieron el carácter de obligatorias para todas las jurisdicciones, la convención colectiva de trabajo, nuevas instancias como el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD), el acuerdo del CFE sobre Núcleos de Aprendizajes Prioritarios y la resolución de cumplir 180 días de clase en todos los establecimientos de educación obligatoria (Ley 25.864/2003). La LEN y las leyes de Financiamiento Educativo (LFE) y Educación Técnica y Formación Profesional (LETF) constituyeron el nuevo sostén legal del aparato escolar.
La LFE (No. 26.075/06) estableció como meta alcanzar el 6% del PBI en el año 2010, un programa de Compensación Salarial Docente con fondos nacionales destinado a superar las desigualdades en el salario inicial en las provincias menos favorecidas. Las metas de la Ley de Financiamiento fueron cumplidas casi en su totalidad, con la única excepción de la jornada escolar extendida. La inversión educativa superó el 6,70% del PBI, lo que se potenció con el aumento muy significativo de ese indicador, y sumó aportes extra en infraestructura, becas e investigación.
A diferencia de los habituales decretos o leyes impuestos por gobiernos civiles y militares a la comunidad educativa, la LEN fue producto de la convocatoria del Ministerio de Educación de la Nación y de los ministerios provinciales, especialmente la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires (que concentraba cerca del 40% de la matrícula nacional) a todos los sectores que actúan en el campo educativo, y aquellos de relevancia política y social. El Congreso de la Nación recibió un proyecto que se basaba en un documentado consenso.
El rasgo innovador de la LEN es la legitimidad con la que cuenta respecto a sus predecesoras, a la vez que denota un nuevo acomodamiento de los sectores volátiles de la clase media y la persistencia de la necesidad de sostener la educación pública por parte de sectores populares. La LEN estableció a la educación como un derecho personal y social, y a la educación y el conocimiento como bienes públicos; reguló el derecho a enseñar y aprender, inscritos en el artículo 14 de la Constitución nacional y en los tratados internacionales que esta incluye, y afirmó la responsabilidad principal del Estado en la educación y la gratuidad y la restituyó de los cuatro niveles del sistema. Incorporó ocho modalidades, reconstituyendo la enseñanza media (que había partido en dos ciclos el menemismo) y ampliando a trece años la educación obligatoria. El texto promueve una cultura productiva vinculada al trabajo y la incorporación de los sectores marginados y de la población de zonas desfavorecidas. Crea el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD); en los programas de capacitación participaron 1.341.597 entre 2014 y 2015 docentes de escuelas estatales y privadas. (30) Se designó como responsable de los programas de evaluación al Consejo Federal de Educación, rechazando la insistencia neoliberal en crear un órgano autónomo con tal finalidad.
El marco teórico-político de la LEN, así como de la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires, rechaza el conductismo y sus derivaciones neodarwinistas y predomina un constructivismo modificado por la atención a la incidencia del factor social y el efecto del significante “inclusión”, eje de la política educativa oficial. En contradicción con la orientación pedagógica mencionada, el gobierno decidió aplicar evaluaciones estandarizadas, aceptando la aplicación del PISA (Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos) que produce la editorial Pearson e impone a los países miembros la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). No obstante, el Ministerio de Educación realizó Operativos Nacionales de Evaluación, tratando de avanzar con criterios más participativos y cualitativos.
El fortalecimiento de los sectores populares con programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la extensión de la obligatoriedad de asistencia escolar a los niños/as de cuatro años (Ley 27.045) y la obligación del Estado de brindar el servicio educativo a los niñas/os desde los 3 años determinó un crecimiento de la matrícula del nivel en un 24,2% en el período 2011-2013, con una matrícula nacional del 81,5% en la sala de cuatro años y un 96,3% en la de cinco años. El Plan Progresar y un conjunto de políticas sociales colaboraron en que la matrícula neta de educación primaria alcanzara del 99,8%. Se trata de un acontecimiento histórico, pues ambos niveles llegan de tal manera a la universalización (Batiuk, V., Coria, J.; 2015).
La reforma emprendida en la educación media avanzó en el orden nacional mediante la LEN, pero las culturas políticas jurisdiccionales determinaron significativas diferencias. Por ejemplo, mientras la Provincia de Buenos Aires reformó los currículos de todos los niveles e introdujo el área Educación de Ciudadanía (educación sexual integral, concepto de género, derechos humanos y ciudadanía), Salta dictó una Constitución provincial que incluía la educación religiosa en las escuelas públicas y limitaba la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral (26.150/2006). (31)
Una importante novedad de la educación media fue el programa Fines, lanzado por el gobierno de Cristina F. de Kirchner en 2008. El Fines acercó el programa al territorio donde residen o trabajan los potenciales alumnos, sumando en su tarea universidades, cooperativas, clubes barriales, sociedades de fomento, instituciones religiosas e incluso casas de familia. Desde 2008 hasta 2015 pasaron por el Fines 1.617.222 jóvenes y adultos y alcanzaron la titulación 430.054, según cifras oficiales. Debe señalarse que el Fines fue apto para una educación dialógica y menos escolarizada, pero no impactó sobre la escuela secundaria tradicional. Al no preverse la vinculación estratégica entre ambas opciones, el plan quedó en peligro de convertirse en un circuito de escolarización de menor prestigio social y fue rápidamente desarticulado por el gobierno neoliberal de Mauricio Macri.
La Ley de Educación Técnica y Formación Profesional (28.058/05) reordenó y revivió una rama de la educación que había sido abandonada durante varias décadas, que estaba poblada de instituciones dispersas, pero que en especial había sufrido las políticas de desfinanciamiento de la década anterior. Una fuerte inversión produjo cambios en la modalidad, coherentes con la política de reindustrialización y formación técnica.
Desde 2003 hasta 2015 se construyeron 1824 escuelas. Se distribuyeron 80 millones de libros, que aportaron a la cultura familiar y apoyaron a las pequeñas y medianas editoriales nacionales. Se fomentaron las orquestas estudiantiles, repartiéndose instrumentos musicales para 113 orquestas y 139 coros. Se encaró la modernización tecnológica de la educación, optando por un programa de aplicación universal, denominado Conectar Igualdad, que fue puesto en marcha en el año 2010 usando un software de producción nacional. En julio de 2015 se habían entregado cinco millones de computadoras a estudiantes de enseñanza secundaria, educación superior y docentes. Se crearon los canales de televisión Encuentro y Pakapaka, del Ministerio de Educación. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522/2009), elaborada también a partir de una amplia consulta popular, abrió la posibilidad de acceder a radios en escuelas secundarias e institutos de formación docente y técnica; la Televisión Digital Argentina y el tendido del cable coaxil conectaron a sectores populares de escasos recursos o territorios alejados y les permitieron alcanzar el servicio de televisión.
Es necesario señalar que, pese a la extensión de las políticas públicas, la matrícula en la educación de gestión estatal disminuyó cerca de un 8% para el año 2015 a favor de las escuelas privadas, pudiendo marcarse una tendencia creciente en ese sentido. Por otro lado, siguieron multiplicándose las instalaciones educativas de tipo social sin objetivos de lucro (guarderías, jardines, bachilleratos populares, universidades populares). Al mismo tiempo, empresas internacionales que ofrecen educación mediante ONG y fundaciones siguieron entrando al país y ofreciendo servicios a las instituciones educativas públicas y privadas: campus informáticos de las universidades públicas, administración de sus cuentas sueldo, de sus sistemas de seguridad, de sus aulas virtuales, capacitación de docentes, formación de “líderes”. Algunas se asociaron con empresarios nacionales interesados en realizar inversiones en el campo educativo. Hacia finales del período, la tercerización espontánea de espacios de la educación pública era un hecho.
La LEN había designado cuatro tipos de gestión educativa: pública de gestión estatal, pública de gestión privada (con y sin aporte del Estado), cooperativa y social. Este último tipo, que aún requiere ser reglamentado, alberga una variedad de formaciones educacionales y, por su magnitud, representa un área nueva en la educación argentina y una serie de problemas aún no contemplados por la legislación.
En cuanto a la educación superior (que incluye la formación docente), hubo un importante incremento de la inversión: (32) se crearon veintidós nuevas universidades y un Instituto Universitario, se realizó una fuerte inversión en infraestructura, en investigación y desarrollo y en repatriación de investigadores. Si bien en 2008 la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación realizó una consulta a la comunidad universitaria de amplitud sin precedentes con vistas a dictar una nueva ley, solo al final del período el Congreso de la Nación aprobó una ley modificatoria de la Ley de Educación Superior (LES) dictada durante la gestión de Menem. La Ley 24.5217 de 2015 estableció la responsabilidad y obligación de financiamiento del Estado en la educación superior pública y la supervisión y fiscalización de las nacionales y privadas. Garantizó el carácter gratuito de la educación superior, la prohibición de cualquier otra forma de cobro y el ingreso sin restricciones, estimulando actividades de nivelación u orientación. La modificatoria prohibió a las instituciones de la educación superior de gestión estatal suscribir convenios que alienten formas de mercantilización y avanzó en un régimen de transparencia del uso de los fondos por parte de las universidades.
El regreso del neoliberalismo
El gobierno de la coalición Cambiemos, formada por los partidos Propuesta Republicana (PRO) y la Unión Cívica Radical (UCR) y encabezado por el presidente Mauricio Macri, (33) instaló una política educativa de continuidad con la de Carlos S. Menem, y acorde a los lineamientos establecidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), que incorporaron a la educación como un bien transable, y por el FMI. El gobierno encaró la reducción del aporte estatal, a la vez que la apertura a la tercerización de la educación pública. Estimula la participación de ONG y fundaciones privadas en las escuelas y el trabajo de esas instituciones en la formación de “líderes” destinados a reemplazar a los trabajadores de la educación. Promueve la modalidad estatal-privado en programas educativos mediante convenios con empresas nacionales e internacionales.
Si bien durante los tres primeros años el gobierno de Macri no fueron cambiadas las leyes de educación vigentes desde los gobiernos kirchneristas, el gobierno produce situaciones de hecho que encaminan la gestión educativa fuera de esas normas, en el marco de una modalidad de “estado de excepción”. La fuerte desinversión de la educación en el presupuesto 2019 refleja de manera objetiva esa orientación, a lo que debe agregarse una inflación presupuestada del 34,8%. La inversión pública en 2013 había llegado al 8,5%, en tanto el pago de la deuda externa a 6,0% del PBI. En el presupuesto 2019 la inversión en educación desciende a 6,8% y el pago de la deuda asciende a 14,9%. Los programas del Ministerio de Educación sufrirán una variación real de -39,3%, recayendo especialmente en obras de infraestructura en jardines de infantes, formación docente, becas y políticas socioeducativas. En tanto la afectación de estas últimas será de -59,9%, el rubro “Fortalecimiento territorial y acompañamiento de organizaciones educativas” será favorecido con el 673%. El crecimiento de este último ítem favorece el aporte estatal a las ONG y otras organizaciones privadas que buscan extenderse territorialmente.
El gobierno decidió desconocer la Ley de Financiamiento Educativo en sus puntos principales: el Programa Nacional de Compensación Docente, que creó el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y que se mantiene congelado desde 2016 (artículo 9º.), y la convención colectiva de trabajo nacional (artículo 10º.) Esas medidas provocaron una situación de permanente conflicto con los docentes y estudiantes, así como un grave deterioro de las condiciones de enseñanza-aprendizaje, profundizadas por la reducción presupuestaria en todos los rubros.
Desde un punto de vista pedagógico, la gestión de Cambiemos tiene una orientación disciplinadora y conductista; utiliza una versión degradada de la neurociencia como instrumento de segregación social y concentra su atención en la evaluación que efectúa a través de pruebas estandarizadas nacionales e internacionales, en especial la mencionada PISA. Fueron desestructurados los equipos técnico-pedagógicos del Ministerio de Educación, el INFOD, el INET, el programa Conectar Igualdad y el Programa Nacional de Lectura.
El conjunto de la concepción y la política educativa de “Cambiemos” tiene el signo opuesto a la proyectada desde la Constitución de 1853 y en relación con el requisito de un sistema de educación pública como pilar de soberanía nacional.
Bibliografía (34)
Agamben (2004), Estado de excepción, Buenos Aires, Adriana Hidalgo.
Asamblea Nacional (1988) Informe final de la Asamblea Nacional, Buenos Aires, Ministerio de Educación y Justicia.
Batiuk, V.; Coria, J. (2015), Las oportunidades educativas en el nivel inicial en Argentina: aportes para mejorar la enseñanza, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura; Unicef, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Braslavsky, C. (1985), La discriminación educativa en la Argentina, Buenos Aires, Miño y Dávila.
Camou, A.; Tortti, C. y Viguera, A. (coords.), La Argentina democrática: los años y los libros, Buenos Aires, Prometeo.
Cepal/Unesco (1992), Educación y Conocimiento: eje de la transformación productiva con equidad, Buenos Aires, Naciones Unidas.
Comisión de Educación de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (2011), Hacia una nueva Ley Nacional de Educación Superior, CABA, HCDN.
Comisión Honoraria de Asesoramiento (1988), Informe sobre posibles reformas del sistema educativo, Buenos Aires, Ministerio de Justicia y Educación.
CINCECYT (Consejo Interprovincial para la Cultura, la Educación, la Ciencia y la Tecnología) (1986), El peronismo participa del Congreso Pedagógico, Buenos Aires, Ed. del Sur.
De Lella, C.; Krotsch, P. (1989), El Congreso Pedagógico, Buenos Aires, Sudamericana.
Equipo Pastoral de Educación Católica (1985), Educación y proyecto de vida, Buenos Aires, Conferencia Episcopal Argentina.
Enkvist, I. (2003), La educación en peligro, Rosario, Ovejero Martin.
Feldfeber, Miriam; Robinson, Susan; Duhalde Miguel y otros, (2018), La privatización educativa en Argentina, Buenos Aires, Ctera/Internacional de la Educación.
Filmus, Daniel (2015), Seis años de transformaciones: las leyes que promovieron el cambio, Buenos Aires, HSN.
Gamallo, G. (2015), “La ‘publificación’ de las escuelas privadas en Argentina”, Revista SAAP, vol. 9, mayo.
Gambarotta, E. (2017), “La Multipartidaria y su división de lo político. Análisis de discursos de los partidos políticos en la transición a la democracia argentina”, Postdata, vol.22, núm. 2.
Guadagni Alieto; Boedo, Francisco (2015), La educación Argentina en el siglo XXI, Buenos Aires, El Ateneo.
Hillert, Flora (2015), Un balance de la política educativa del kirchnerismo, Tesis 11, núm. 115, 2 de octubre.
Meirieu, P. (2001), Frankenstein educador, Barcelona, Laertes.
Mignone, E. F. (2016), Textos de educación, política y sociedad, INIPE.
Ministerio de Hacienda, Presidencia de la Nación, Buenos Aires, Presupuesto 2019, https://www.minhacienda.gob.ar/onp/presupuestos/2019
Multipartidaria (1982) La propuesta de la Multipartidaria, Buenos Aires, El Cid.
Narodowski, M. (2016) Un mundo sin adultos, Buenos Aires, Debate.
Narodowski, M.; Moschetti, M.; Gottau, V. (2017), El crecimiento de la educación privada en la Argentina: ocho explicaciones paradigmáticas, Buenos Aires, en http://www.scielo.br, 20 de julio.
Nosiglia, M. C.; Santiago, B. (1989), “El Congreso Pedagógico: su organización desarrollo”, en De Lella, C.; Krotsch, P. (comps.), Congreso Pedagógico Nacional, Buenos Aires, Sudamericana/IDEAS.
Pineau P., Mariño, M., Arata N., Mercado B. (2006), El principio del fin. Políticas y memorias de la educación en la última dictadura militar (1976-1983), Buenos Aires, Colihue.
PJ, Comisión de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología, (1983) Tres Congresos para la Liberación, Buenos Aires, Partido Justicialista.
PJ, (1983) Plataforma. Proyecto de la Comisión de Cultura y Educación (fotocopia).
Puiggrós, A. (2017), Adiós, Sarmiento, Buenos Aires, Colihue.
— (1990) Sujetos, disciplina y curriculum, Buenos Aires, Galerna.
Rodríguez C., Cobres, A., (1991), “Una nueva actitud para trabajar. Constructivismo ¿Moda o necesidad?”, Canto Maestro, año 2, núm. 3, marzo- abril, pp. 10-12.
Rodríguez, Laura Graciela, “Los ministros de educación en argentina (1854-2015): análisis de los perfiles profesionales de las elites políticas”, História da Educação, vol. 21, núm. 51, enero-abril, 2017, pp. 397-417, Rio Grande do Sul, Brasil, Associação Sul-Rio-Grandense de Pesquisadores em História da Educação.
Salonia, A. (1996), Descentralización educativa. Participación y democracia, Buenos Aires, Academia Nacional de Educación.
SUTEBA (1999), La Educación en Nuestras Manos, Buenos Aires, SUTEBA, especialmente año 6, núm. 47, septiembre de 1997, núm. 57 agosto-septiembre.
— (2004) Una aproximación a la historia del incentivo docente, Suteba, febrero.
Tedesco, J. C.; Braslavsky, C.; Carciofi, R. (1983), El proyecto educativo autoritario. Argentina 1976-1982, Buenos Aires, Flacso.
The World Bank (1994), Decentralization and Improvement of Secundary Education Proyect. Human Resources Operation Division, LA and Caribbean Region, Washington, World Bank.
UCR (1983), Plataforma electoral de la UCR para las elecciones presidenciales de 1983, http://archivohistorico.edu.ar
Vázquez, Silvia (coordinación) (2005), Paritaria: conquista y derecho de los trabajadores, Buenos Aires, Cuadernos de formación sindical, Secretaría de educación, Ctera.
Wanschelbaum, C. (2014), “La educación durante el gobierno de Alfonsín”, Buenos Aires, Ciencia, Docencia y Tecnología, vol. XXV, núm. 48, mayo, pp. 75-112.
1- Los seis ministros de educación de la dictadura fueron Ricardo Bruera, Juan José Catalán, Juan Llerena Amadeo, Albano Harguindeguy (interino), en la gestión de Videla; Carlos Burundarena, en la gestión de Viola y la de Galtieri, en la cual le sucedió Cayetano Licciardo, quien ejerció el cargo hasta el final de la dictadura.
2- La política de transferencia de escuelas nacionales a las provincias ya tenía como antecedentes el Decreto-Ley Núm. 7977/56, las leyes de presupuesto Núm. 15021/60, 155796/61, 16432/62, los convenios bilaterales entre la nación y las provincias firmados hasta el Decreto Núm. 495/62, que dispone completar la transferencia de todos los establecimientos de educación primaria dependientes hasta entonces del Consejo Nacional de Educación (Salonia, 1996).
3- La revista Gente, perteneciente a la editorial Atlántida, de la familia Vigil, publicó en abril de 1978 un artículo titulado “Doctor Catalán: esto debe preocuparle”. Ubicándose como vocero de sus lectores frente al gobierno militar, instaba al ministro a prohibir textos que aún circulaban, como Las edades modernas y contemporáneas, de los profesores J. Bustinza y G. Rivas, publicado por la editorial Kapelusz (Sadop 14/3/18, www.sadop.net). Gente, en ese entonces una de las revistas de mayor tirada en el país, tenía como lectores amplios sectores de la clase media. La revista Para ti, del mismo grupo editorial, invitaba a los lectores y a las familias a enviar postales al exterior contra la supuesta campaña “antiargentina”.
4- Víctor García Hoz (1911-1998) fue un eminente pedagogo español, catedrático de la Universidad de Madrid y miembro del Opus Dei. Fue autor de la teoría de la educación personalizada o personalismo, que concentra la atención en el alumno como individuo, destacando su singularidad y autonomía, así como su trascendencia como persona en relación con Dios.
5- Se conoce como la Noche de los Lápices la operación de secuestro de estudiantes secundarios del Colegio Normal 3 de la ciudad de La Plata el 16 de septiembre de 1976, por parte de la policía bonaerense, comandada por el Gral. de brigada Ramón Camps. La Operación Claridad fue un plan destinado al espionaje y la represión en el sistema educativo y en la cultura. Entre otras acciones fueron prohibidos libros como El principito, de Antoine de Saint-Exupéry, y numerosa literatura y textos escolares.
6- El conductismo (Watson, Pavlov, Skinner y numerosas versiones actuales), el constructivismo (Piaget, Vigotski) y el personalismo (García Hoz) son teorías del aprendizaje, pero han sido reinterpretadas desde diversos discursos político-educativos.
7- El retiro de los adultos ha sido abordado desde posturas antagónicas: P. Meirieu (2001); I. Enkvist (2003); M. Narodowski (2016).
8- Fueron ministros de Educación y Justicia de Raúl Alfonsín Carlos Alconada Aramburu, Julio Rajneri, Jorge Sábato y José Dumón.
9- Ver texto de Lidia Rodríguez en este volumen.
10- Esta corriente del peronismo se desprendería en direcciones distintas, lo que se verificó en la competencia interna entre Antonio Cafiero y Carlos Saúl Menem por la Presidencia de la Nación el 9 de julio de 1988, en la cual resultó elegido candidato este último.
11- La Conferencia Mundial que se realizó en Jomtien, Tailandia, entre el 5 y el 9 de marzo de 1990, aprobó la Declaración Mundial de Educación para Todos (1990) CEFA, NY. https://unesco.unesco.org. Ver texto de Roberto Marengo en este volumen.
12- El 2º. Congreso Pedagógico Nacional se realizó en la Biblioteca Nacional de Maestros entre el 2 y el 10 de diciembre de 1900. El discurso inaugural estuvo a cargo del educador positivista J. Alfredo Ferreyra y concurrieron destacados intelectuales, educadores y funcionarios del sistema educativo nacional.
13- Se formaron seis subcomisiones: 1) La educación y el hombre que queremos formar. Fines y objetivos de la educación. Educación, ciencia, tecnología y humanismo, coordinada por el Prof. Adelmo Montenegro; 2) Derecho a la educación: fundamento e implicancias, coordinada por el Dr. Héctor F. Bravo, 3) Estructura del sistema educacional, coordinada por la Prof. Gilda Lamarque de Romero Brest; 4) Gobierno y administración de la educación, coordinada por el Prof. Buenaventura Bueno; 5) Calidad de la educación, coordinada por la Dra. Berta P. de Braslavsky; 6) Financiamiento de la educación, coordinada también por el Dr. Héctor F. Bravo. (Comisión Honoraria de Asesoramiento, 1988: p. 17-20)
14- La Academia Nacional de la Educación fue fundada el 22 de abril de 1984 por Avelino José Porto, Gilda Lamarque de Romero Brest, Antonio Francisco Salonia, Héctor Félix Bravo, Alfredo Manuel van Gelderen y Luis Ricardo Silva y los primeros miembros de número fueron, además de los nombrados, María Celia Agudo de Córsico, Juan Carlos Agulla, Jaime Bernstein, Guillermo Pedro Blanco, Ana María Eichelbaum de Babini, Américo Ghioldi, Élida Leibovich de Gueventter, Mario Justo López, Fernando Martínez Paz, Adelmo Montenegro, Ricardo Nassif, Oscar Oñativia, Fernando Storni, Alberto C. Taquini (hijo), Gregorio Weinberg y Luis Jorge Zanotti.
15- Tierra del Fuego era un territorio nacional. Fue reconocido como Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en 1990. La ciudad de Buenos Aires adquirió autonomía en la reforma constitucional de 1994.
16- El Segundo Congreso Pedagógico Argentino se realizó en 1900, en la sede de la Biblioteca Pedagógica del Consejo Nacional de Educación y fue presidido por el educador positivista J. Alfredo Ferreyra.
17- La Ley de divorcio vincular (Núm. 23515) fue aprobada el 3 de junio de 1987.
18- La gestión educativa, que estuvo a cargo del ministro Antonio Salviolo (demócrata cristiano) y la subsecretaria de Educación Irma Parentella (PJ), se encontró con grados superpoblados, turnos reducidos, alta deserción. Afrontó graves dificultades económicas y falta de apoyo de los gobiernos nacionales para solucionar el conflicto gremial docente. No obstante, los docentes participaron en nuevos programas, como los comedores escolares, los Consejos de Escuela, las comisiones distritales y jornadas sobre salud del docente. La participación de la comunidad fue uno de los objetivos fuertes de la gestión. El gabinete educativo fue itinerante y se vinculó con la comunidad educativa de los distritos. Si bien la reforma pedagógica solo se comenzó, una lógica de lo educativo participativa, dialógica y nacional popular caracterizó el período de Cafiero.
19- Fueron ministros de Educación de Carlos S. Menem Jorge Rodríguez, Susana Decibe y Manuel García Solá.
20- Documentos de la Comisión Económica para América Latina y la Unesco (Cepal, 1992), ampliamente difundidos entre los equipos de conducción de los gobiernos latinoamericanos, expresaban la decadencia del discurso desarrollista, dando paso a las categorías neoliberales y recordando con un dejo de melancolía a la Alianza para el Progreso. La productividad, la competitividad, el “fortalecimiento de la base empresarial, la infraestructura tecnológica, la apertura a la economía internacional y, muy especialmente, la formación de recursos humanos” (Cepal, 1992: 13) se proponían como vectores de la propuesta educativa para la siguiente década. La educación de nuestra región fue considerada deficiente, sus contenidos carentes de relevancia, un “vago discurso moralista” que no asumía la “integración productiva de los estudiantes al mundo moderno” y a las demandas empresariales (Cepal, 1992: 39), el estilo de gestión estatal burocrático y centralizado y los docentes excesivamente sindicalizados y los estudiantes politizados. Las urgencias, lograr que los sistemas educativos respondiesen con eficiencia y eficacia al cambio tecnológico, a las nuevas formas del trabajo y a la globalización de la economía
21- Entre los ideólogos de la reforma de los 90 se destacaron funcionarios de esos organismos como J. C. Tedesco, J. J. Brunner y Cristian Cox. Uno de los documentos de mayor circulación fue Educación y conocimiento: eje de la transformación productiva con equidad, de CEPAL/Unesco, publicado en Santiago de Chile en 1992.
22- Las revistas de los gremios asociados a CTERA difundieron el constructivismo desde una mirada social. Rodríguez C. Cobres, A., (1991)
23- En el marco de las dificultades mencionadas, los gobiernos provinciales acordaron ceder el 7% de la primera recaudación del FONID, lograda en el primer trimestre de 1999, a favor de las ocho provincias donde los salarios docentes estaban más atrasados: Misiones, Corrientes, Chaco, Jujuy, Salta, Formosa, Entre Ríos y Chubut, para que alcanzaran un piso semejante al de la Capital Federal. Este acuerdo es un antecedente del artículo 9 de la Ley de Financiamiento Educativo (26.075/06) que establece el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente.
24- Fueron ministros de la Alianza sucesivamente el economista Juan Llach, el médico Hugo Juri y el sociólogo Andrés Delich.
25- En septiembre de 2001, la CTERA promovió una acción judicial por falta de pago que terminó con una conciliación cuando el gobierno canceló las cuotas atrasadas. En marzo de 2002, el presidente Eduardo Duhalde vetó el incentivo docente del Presupuesto 2002, de acuerdo con el planteo del FMI. Los docentes reiniciaron su lucha, y lograron el 1 de abril de 2003 que se aprobara la Ley 23.773 que estableció un monto de 726 millones para la deuda del 2002, mediante el impuesto al cheque. Las cuotas atrasadas recién se comenzaron a cobrar a fines de 2003. (SUTEBA, 2004)
26- Fue su ministra la abogada Graciela Giannettasio.
27- Fue ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de Néstor Kirchner el sociólogo Daniel Filmus.
28- Fueron ministros de Educación de Cristina Fernández de Kirchner el pedagogo Juan Carlos Tedesco y el profesor y abogado Alberto Sileoni.
29- Argentina, Brasil, Venezuela, Nicaragua, Uruguay, Ecuador, Chile y El Salvador enfrentaron la deuda externa, el avance de los medios de comunicación monopólicos, los ataques a la soberanía y la grave situación social. Su cooperación se vio reflejada en la fundación y el estimulo de organismos como el Unasur, el Mercosur, el Parlamento Latinoamericano y el ALBA
30- El programa nacional de formación docente permanente Nuestra Escuela fue creado por Res. 201/13 el 21 de agosto de 2013, con acuerdo paritario firmado por los cinco sindicatos con representación nacional con el Poder Ejecutivo Nacional el 29 de noviembre de 2013.
31- El artículo 8, inc. 13 de la Ley 8391 de educación de la provincia de Salta fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de la Nación en un fallo fechado el 12 de diciembre de 2017.
32- En 2003 el presupuesto universitario representaba el 0,33% del PBI; en 2014 superó el 1%; el incremento fue de 1.489%. En 2001 el país tenía 1.412.999 estudiantes universitarios; en 2013 alcanzó a 1.912.406, o sea que se incrementó la población universitaria en un 35%. La fundación de universidades en el conurbano bonaerense comenzó a solucionar el problema de superpoblación que afecta a la Universidad de Buenos Aires y generó un horizonte de progreso para los miles de estudiantes que habían sido los primeros de su familia en terminar el secundario o en ingresar a una universidad. En 2015 había más de 499.000 nuevos alumnos universitarios en la Argentina, de los cuales el 78% estudiaba en universidades públicas, y el 22% en privadas. En 2001 se graduaron 65.104 estudiantes y 175.374 en 2013, o sea que se registró un incremento porcentual interanual entre 2001 y 2013 del 80% de graduados por año.
33- Los ministros de educación de Macri han sido Esteban Bullrich y Alejandro Finocchiaro, sucesivamente.
34- Agradezco la colaboración de Irma Parentela, Ana Lorenzo, Verónica Piovani, Mónica Fernández y Alejandra Birgin, quienes me brindaron generosamente sus testimonios y archivos.
EL CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN: POSIBILIDADES Y ALCANCES DEL FEDERALISMO EDUCATIVO (1991-2006)
Roberto Marengo
Así como en los inicios de la organización del sistema educativo nacional en el siglo pasado se establece que el órgano rector de la educación institucionalizada será el Consejo Nacional de Educación (CNE), en el período estudiado y hasta la actualidad (después de un largo proceso de decisiones políticas y de producción de normativas), esa función la ejerce el Consejo Federal de Educación (CFE). (1)
Pero si repasamos la historia, las atribuciones y los alcances de sus decisiones, nos encontraremos con muchas diferencias y algunas similitudes. Incluso con diferencias que se relacionarán con los alcances de las decisiones de otros organismos intervinientes: el Congreso de la Nación, el Poder Ejecutivo Nacional y las autoridades provinciales.
En este apartado trata sobre la actuación del CFE desde la transferencia de las prestaciones educativas de nivel secundario y superior a las provincias por ley 24049 sancionada el 6 de diciembre de 1991, hasta la sanción el 14 de diciembre de 2006 de la Ley de Educación Nacional 26206, lo que nos revela la complejidad de la naturaleza de este sector del Estado nacional y cómo esa complejidad (ya planteada desde el inicio de la organización del sistema educativo) requiere de un esfuerzo por dar cuenta de procesos históricos integrales y cualitativos para explicar su funcionamiento, los niveles delimitados y los elementos alcanzados por las decisiones políticas centrales.
Cuando Sarmiento concibe el primer organismo rector para la provincia de Buenos Aires y lo plasma en la Ley 988 de 1875, expresa la necesidad de generar decisiones políticas acordadas en ámbitos colectivos, que no fueran privativas de un solo funcionario o gobernante. Este modelo estuvo inspirado en el funcionamiento de la Junta de Educación (Board) de Massachusetts, que Sarmiento observó en su viaje a EE. UU., y cuyo secretario era quien constituye una referencia mayúscula para la organización de la educación de su país: Horace Mann. (2)
Luego, esta forma de gobierno colegiado que se inicia en la provincia de Buenos Aires fue plasmado en la Ley 1420 en la creación del Consejo Nacional de Educación (CNE), lo que se mantendrá constante a lo largo de la historia, atravesó diferentes momentos de tensión con los gobiernos ejecutivos, relacionados con la autonomía de sus decisiones respecto a las políticas implementadas. (3)
Más recientemente, la función del CNE fue asumida progresivamente por el Consejo Federal de Educación (CFE), creado durante la presidencia de facto de Alejandro Lanusse, en el Decreto Ley 19682 de 1972, (4) que daba cuenta de modificaciones formales de las políticas educativas que se insinuaban con anterioridad. Efectivamente, se establece una mayor intervención de las provincias en las decisiones sobre políticas educativas, de cara a otros dos organismos intervinientes: el Ministerio de Educación y el Poder Legislativo.
En la actuación y el alcance de la intervención política del CFE se diferencian al menos dos momentos diferenciados, que quedarían reflejados en la normativa del Sistema Educativo Nacional (SEN). (5) Esta intervención, que al comienzo tuvo un carácter consultivo, con la sanción de la Ley 26206 de Educación Nacional (LEN), adquiere un carácter ejecutivo, al establecer que sus resoluciones son de carácter vinculante para las administraciones educativas de las provincias. La serie de problemas formales de competencia federal y que requieren de una política concertada que armonice el resultado de las prestaciones se vinculan con la convalidación de estudios y titulaciones y con las estructuras curriculares, de manera que se asegure una misma educación o equivalente para todos los estudiantes y, por lo tanto, la validez de alcance nacional de sus certificaciones, que no solo resuelva la validación interjurisdiccional, sino también la homologación dentro del ámbito internacional.
Con esta nueva configuración (e incluso intervención con la participación de los ministerios provinciales), amerita detenerse en el tipo de composición del CFE y observar qué tipo de asuntos se tratan y acuerdan en su ámbito, para especificar sus tareas y la legitimidad de sus decisiones. Esto no excluye postular que el CFE por momentos tiende a funcionar como un ámbito de legimitación federal de decisiones nacionales, o como el ámbito donde se compatibilizan las situaciones locales, o aquel donde los problemas locales son tratados de manera colaborativa con la concurrencia de los recursos nacionales. Estas posibilidades de funcionamiento van a marcar las características de las decisiones en cada momento histórico.
Atribuciones distribuidas
La Constitución de 1994 establece en su art 75º inciso 19 la facultad del Congreso de la Nación para sancionar leyes generales de educación, (6) lo que establece la atribución del Congreso de la Nación para sancionar leyes generales de educación, que brindan marcos generales de la organización de esta, para luego ser tomados por los organismos legislativos y ejecutivos provinciales. (7)
A la vez, las leyes generales de educación sancionadas durante este período asignaron facultades al Ministerio de Educación de la Nación (MEN), como la convalidación de títulos y la acreditación de planes de estudios; y al CFE, la intervención sobre cuestiones curriculares u otras comunes a las prestaciones del país.
Si comparamos las dos leyes generales sancionadas luego de la promulgación de la Constitución Nacional en 1994 (Ley 24195 Federal de Educación y LEN de 2006), se visualizan los alcances tanto del MEN como del CFE y de las provincias. (8) Ahí tenemos una muestra acabada de las atribuciones centrales de la Nación, representado por el MEN, y la participación federal de las provincias que tienen a sus ejecutivos representados en el CFE y su representación política en el Congreso, con mayor peso en la Cámara de Senadores. (9)
Otro tema que interviene sobre las políticas educativas es el que establece los alcances de las legislaturas provinciales, dictado por las respectivas constituciones jurisdiccionales, que habilita la sanción de leyes de educación para cada una de ellas.
Esta primera aproximación da cuenta de la situación de la etapa donde la cuestión del federalismo atraviesa el cuadro de intervenciones sobre la educación, y lo que fue característico: el avance de las jurisdicciones provinciales en su participación en los asuntos educativos. A la vez, ese avance va a poner en uno de los primeros planos de la agenda política educativa el tema del financiamiento, tanto en el plano de la distribución de los recursos nacionales como del sostenimiento por parte de recursos provinciales propios.
Este tema y las fuentes de recursos destinados a la educación, dada su importancia por la magnitud y las consecuencias para el sostenimiento del SEN, tendrán en el período variedad de situaciones, entre las que destacamos, en los períodos críticos, las directivas de los organismos internacionales de crédito respecto a la situación fiscal del país, y que progresivamente incrementarán su atención a la organización de los sistemas educativos nacionales.
El Ministerio de Educación y el CFE en la Ley Federal y en la Ley Nacional
Tanto la LFE como la LEN incluyen en su redacción la delimitación de funciones y atribuciones de tres órganos intervinientes en materia educativa: el CFE, el Ministerio de Educación de la Nación, y las autoridades de las provincias. Al comparar estos textos legales, la modificación más notable es la ampliación de autoridad del CFE: mientras que en la LFE actuaba como órgano consultivo con la atribución de formular recomendaciones, en la LEN tiene la facultad de promulgar resoluciones con carácter vinculante de cumplimiento obligatorio. Esta ampliación genera un cambio notable en el carácter de la norma, y le confiere a esta el carácter de federal (10). (11)
En relación con la distribución de atribuciones, tanto en la normativa como en la producción de decisiones, el Ministerio Nacional en la LEN se reserva funciones ligadas a dar coherencia funcional y orgánica al sistema, dejando las decisiones sobre las prestaciones en manos de las provincias y delimitando como asuntos propios del CFE lo que comprende a aspectos curriculares y políticas específicas por niveles y modalidades.
El Congreso Nacional se reserva la sanción de las leyes generales vinculadas a programas de interés nacional, por ejemplo Educación Sexual, o especificaciones que no están presentes en la LEN y se vinculan con otras leyes o con otros sectores del Estado, como es el caso de la Educación Inicial (donde se establece la intersectorialidad entre Desarrollo Social y Educación), o, por ejemplo, en la educación en contextos de privación de libertad (en la que interviene la Ley de Ejecución de la Pena), o también el caso de la Ley de Discapacidad (que debería armonizarse con la modalidad de Educación Especial). Todas estas articulaciones son tareas del nivel legislativo, con lo cual, el orden de atribuciones y delegaciones de autoridad tiene al menos esta división de tareas que se evidencia desde el análisis de las producciones de estas instituciones durante el período. (12)
En la LFE, el ME tiene también una extensa enumeración de atribuciones, muchas de ellas en coincidencia con la LEN. Sin embargo, se ponen en evidencia algunas diferencias que responden a políticas educativas específicas de ese período que se caracterizó de manera diferencial en la consolidación de la descentralización como política (que se concretó con la transferencia de las prestaciones de niveles secundario y superior a las provincias) y en la evaluación como una política asociada al “control de calidad” del sistema, lo que debe ser “concertado” con las provincias.
La LEN agrega un tema central que recorre las políticas educativas del período: el financiamiento (que no había sido mencionado en la LFE). Este componente es incorporado como una función propia del Estado Nacional habida cuenta de la emergencia económica que afecta a la Nación, sobre todo desde fines de la década de los 90, y de las dificultades económicas presentadas en las provincias que afectan el funcionamiento de las prestaciones educativas. (13)
Sobre este tema ya se había legislado en la Ley 26075 de Financiamiento Educativo (LF), (14) tal como lo reconoce la LEN, y constituyó una de las decisiones impulsadas por el Poder Ejecutivo Nacional que posibilitaron un crecimiento sustantivo de la inversión en el SEN, con recursos tanto de las provincias como nacionales, pactados mediante acuerdos bilaterales, que establecen metas para el desarrollo de las prestaciones educativas en las provincias. A su vez, esta ley establece (entre otros elementos destacables) la creación de un Fondo de Compensación de Desigualdades que se vincula directamente con las dificultades en el plano salarial docente, para que cada provincia pueda llegar a solventar los mínimos salariales establecidos en acuerdos nacionales.
Los instrumentos normativos generados en ese momento a partir de constituir a los recursos presupuestarios como una línea política central de la gestión nacional marcan una decisión de distribución de esos recursos a las provincias con una perspectiva incremental, lo que generó una dinámica de desarrollo del sistema y la posibilidad de ir menguando las desigualdades. Esta perspectiva incremental no estaba presente en las leyes anteriores vinculadas al financiamiento (como las de subvenciones nacionales 463 y 2737 de 1871 y de 1890 respectivamente), dado que los incrementos estaban relacionados con los aportes de recursos presupuestarios por parte del Estado Nacional. En la LF se los vincula con el crecimiento de la economía nacional en su conjunto, expresada en el PBI (lo que mantiene una tendencia regional en lo referente a la fijación de recursos para la educación de ese período y que la Argentina acompaña activamente).
En síntesis, comparando las dos leyes: LFE y LEN, el CFE pasa a tener una relevancia significativa como ámbito de acuerdo, especificación y direccionamiento de las políticas educativas, lo que va en tono con la atribución establecida en la LEN al delegarle la atribución de producir acuerdos de cumplimiento obligatorio para las provincias. Aun así, las provincias con sus propias legislaturas se reservan una cuota de decisión nada desdeñable, y otro tanto sucede con el Congreso de la Nación, que de hecho siguió con la producción de leyes para el sector educativo con reserva del consentimiento por parte de las provincias (lo que se traduce en que cada una de esas normas deben ser convalidadas en los poderes provinciales).
De hecho, las provincias produjeron sus propias normas de educación, y en su contenido mantuvieron los aspectos centrales de las leyes nacionales, pero aportaron particularidades que no son propias del territorio nacional, y se ajustan de mejor manera a las realidades provinciales. (15)
La transferencia
El período al que nos referiremos en detalle es el que se inaugura durante la presidencia de Carlos Menem, con la sanción de la Ley 24049, promulgada el 2 de enero de 1992, y que se titula: “Facúltese al P.E.N. a transferir a las provincias a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires los servicios educativos administrados en forma directa por el Ministerio de Cultura y Educación y por el Consejo Nacional de Educación Técnica y las facultades y funciones sobre los establecimientos privados reconocidos”. Este extenso título se simplifica en la fórmula “Ley de Transferencia de los Servicios Educativos” (LTE).
Efectivamente, a partir de la facultad otorgada al Poder Ejecutivo mediante este instrumento, se inaugura un proceso de confección de convenios con las jurisdicciones, que asumirán la totalidad de la administración y sostenimiento de los servicios educativos que estaban bajo la jurisdicción nacional. Al término del proceso, el Ministerio de Cultura y Educación (MCyE) solo quedaría a cargo de algunas funciones específicas: la administración de algunos servicios educativos nacionales (generalmente de nivel superior) y de las Universidades (que, en este proceso y por mandato de la Constitución Nacional de 1994, tomarían el carácter de unidades autónomas y descentralizadas de la Administración Pública Nacional, con autarquía en el uso de sus recursos, tal como lo reafirma la Ley 24521 de Educación Superior, sancionada el 10 de julio de 1995).
Los antecedentes (16) de la transferencia se pueden encontrar en el Decreto Ley 7977 del año 1956, que restablece al CNE (17) como autoridad educativa de los servicios educativos nacionales de nivel primario y que impulsa una serie de intentos que se fueron concretando parcialmente, hasta que, en 1978, se dicta el Decreto Ley que transfiere estos servicios, quedando en el ámbito nacional los de nivel secundario y nivel superior (que luego son alcanzados por la LTE de 1992). (18)
Estas dos últimas decisiones se aplican de manera total y producen una nueva situación organizativa del sistema educativo, que da lugar a la necesidad de convergencia de las autoridades nacionales y provinciales para mantener una coherencia nacional de la actividad educativa.
El CFCyE es la instancia de acuerdo y concertación que, además de las atribuciones conferidas por las leyes ya mencionadas, se dedicará de manera más específica a formular el contenido de los acuerdos requeridos para mantener una “unidad descentralizada”. (19)
El tema de trasfondo en este proceso que se inicia con la aplicación de la LTE es la manera en que se financiarán y sostendrán en el tiempo las instituciones transferidas. Varias son las cuestiones implicadas y recorren tanto el costo de las prestaciones a transferir, como el de las estructuras burocráticas y técnicas que deberían involucrarse, y si existe ahorro de recursos o, en los términos en que se presenta esta decisión, si se produce una mayor eficiencia en el gasto.
Es decir, aquello que, se supone, produciría un menor gasto de la administración pública nacional en realidad debería considerarse bajo la óptica de la nueva inversión, que quedaría a cargo de las provincias para mantener la prestación educativa en los territorios provinciales. O sea que no es solo una modificación en el plano institucional, sino que, además, implica el pasaje de responsabilidades presupuestarias (de la nacional a las provinciales). Estas decisiones son apoyadas en informes analíticos del Banco Mundial direccionados a dar cuenta del estado de situación de la educación en Argentina y exponer su opinión para el mejoramiento, lo que suele traducirse en líneas de crédito para el sector. (20)
La mínima enumeración de cuestiones implicadas en una política de transferencia da cuenta de la complejidad del proceso que alude a las decisiones que serían dirimidas en el seno del CFCyE, y en acuerdos entre los funcionarios nacionales y los provinciales con la expectación de las legislaturas correspondientes. La resolución CFCyE Nº 8 expresa esta necesidad y procura poner en diálogo a los legisladores con los funcionarios miembros del organismo, para alcanzar el consenso requerido para la transferencia de las prestaciones educativas, y asegurar el financiamiento mediante un Fondo Federal. Esto se tradujo al texto legislado, donde se establecieron precisiones presupuestarias específicas que quedaron contenidas en los artículos que van del 14º a 19º de la Ley 24049.
El 3 de octubre de 1991 se alcanza el acuerdo (21) que apoya al contenido del proyecto de ley y manifiesta que los aspectos promovidos por el CFCyE fueron tenidos en cuenta en el producto a legislar. Se enumeran nueve aspectos que se consideró que debían ser atendidos, incluyendo aspectos presupuestarios, de administración de la docencia y de infraestructura. Quedan pendientes los pedagógicos hasta tanto se sancione una nueva ley general de educación, pero durante el proceso de transferencia se mantendría la vigilancia para la continuidad de las prestaciones, y la intención de preservar la unidad del sistema educativo nacional.
Un acuerdo anterior (22) crea la Comisión Permanente de Descentralización del Consejo que en el acta N° 1 del 2 de agosto de 1990 se llega a consensuar (23) una serie de cuestiones asociadas a establecer garantías mínimas para la unificación educativa del nivel en todo el país. La evaluación de esta transferencia ejecutada en el año 1978 es algo que los funcionarios deberían tener muy presente con esta nueva etapa de transferencia, ya que en esta involucraría a dos niveles, secundario y superior (con especial atención en la formación docente), que no fueron concebidos como prestaciones a cargo de las provincias. De esta manera, la descentralización se puede observar en sus efectos, los que al menos presentan dos problemas difíciles de salvar: la dispersión del sistema en prestaciones determinadas por las dinámicas locales; y la formación de docentes que mantuviera, desde su práctica, aspectos combinados de lo unificado general y de lo local. La idea de región se presenta como una solución intermedia que sugiere un grado de agregación entre lo nacional y lo jurisdiccional.
Es a partir de estas coordenadas donde el CFCyE toma la tarea de alcanzar acuerdos sobre el funcionamiento del sistema educativo, y sobre los efectos de las políticas de transferencia ejecutadas para el nivel primario e inicial en el año 1978 para definir lo común, lo nacional, y delimitar lo diferente (regional o provincial). Será un tema para alcanzar acuerdos en ese sentido la tarea que se da el CFCyE que se expresa en posteriores resoluciones y recomendaciones. (24)
Pulsuz fraqment bitdi.