Kitabı oxu: «Venezuela migra: aspectos sensibles del éxodo hacia Colombia»

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Venezuela migra: aspectos sensibles del éxodo hacia Colombia / Gabriela Cano [y otros] ; Alexandra Castro Franco (editora). - Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 2019.

444 páginas : gráficos ; 21 cm. (Temas de Derecho Internacional Público ; 2)

Incluye referencias bibliográficas.

ISBN: 9789587900866

1. Derechos de los inmigrantes – Venezuela 2. Medios de comunicación de masas – Colombia 3. Protección de los derechos fundamentales – Venezuela 4. Derechos humanos – Colombia 5. Política de inmigración -- Aspectos jurídicos – Colombia 6. Venezuela -- Emigración e inmigración -- Aspectos constitucionales 7. Derecho internacional público -- Colombia I. Castro Franco, Alexandra, editora II. Universidad Externado de Colombia III. Título IV. Serie.

341.01 SCDD 15

Catalogación en la fuente -- Universidad Externado de Colombia. Biblioteca. EAP.

Marzo de 2019

ISBN 978-958-790-086-6

© 2019, ALEXANDRA CASTRO FRANCO (editora)

© 2019, UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

Calle 12 n.º 1-17 Este, Bogotá

Teléfono (57-1) 342 0288

publicaciones@uexternado.edu.co

www.uexternado.edu.co

Primera edición: marzo de 2019

Diseño de cubierta: Departamento de Publicaciones

Corrección de estilo: Néstor Clavijo

Composición: Álvaro Rodríguez

Impresión y encuadernación: Imageprinting Ltda.

Tiraje de 1 a 1.000 ejemplares

Prohibida la reproducción o cita impresa o electrónica total o parcial de esta obra sin autorización expresa y por escrito del Departamento de Publicacio-nes de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas en esta obra son responsabilidad de los autores.

Diseño epub:

Hipertexto – Netizen Digital Solutions

CONTENIDO

Presentación

Introducción

PRIMERA PARTE: ASPECTOS GENERALES

CAPÍTULO PRIMERO La cobertura de dos medios colombianos a la llegada de ciudadanos venezolanos a Colombia en el periodo 2005-2016

Gabriela CanoOrlando ScoppettaJulián Barrera

CAPÍTULO SEGUNDO Migración de retorno en el contexto de la crisis venezolana

Stéphanie López

CAPÍTULO TERCERO Análisis de política pública de recepción de venezolanos en Colombia

Alejandro Bonil

CAPÍTULO CUARTO El reto de la integración migratoria

Julián Barrera

SEGUNDA PARTE: ACCESO A DERECHOS

CAPÍTULO PRIMERO El derecho a la salud de los migrantes venezolanos en Colombia. Situación actual, retos y recomendaciones

Laura González

CAPÍTULO SEGUNDO La migración venezolana en Colombia y la formulación de una política migratoria laboral

Donna Cabrera

CAPÍTULO TERCERO El acceso efectivo a la justicia: la protección del derecho al debido proceso de los migrantes venezolanos

Irit Milkes

CAPÍTULO CUARTO El acceso a la nacionalidad colombiana: nuevas realidades, nuevos retos

Alexandra Castro

TERCERA PARTE: MIGRANTES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD

CAPÍTULO PRIMERO El refugio como alternativa a la migración forzada de venezolanos en Colombia

Daniela Mayorquín

CAPÍTULO SEGUNDO Vulnerabilidad social en la migración venezolana en Colombia

Milena Núñez

CAPÍTULO TERCERO Breve énfasis en la población vulnerable: mujeres

Felipe Alarcón

Reflexiones finales

Notas al pie

PRESENTACIÓN

Esta obra recoge las reflexiones del equipo de trabajo del Observatorio de Migraciones Internacionales del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia. Corresponde al trabajo de un equipo integrado por estudiantes universitarios, estudiosos independientes del tema, egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad y colaboradores, quienes por más de un año han participado en el esfuerzo colectivo de observar las particularidades de la inmigración de venezolanos a nuestro país y del retorno de colombianos desde una perspectiva pluridisciplinaria, con el ánimo de entender los diferentes matices de este evento migratorio y de contribuir a la construcción de políticas públicas que hagan frente a este y a otros fenómenos presentes y futuros desde Colombia y hacia nuestro país.

El Observatorio de Migraciones Internacionales surgió en el año 2015 como parte de un esfuerzo colectivo de construir un espacio de estudio sobre asuntos migratorios, de reunir a estudiantes y profesionales y sentarlos a reflexionar sobre un fenómeno poco descrito en nuestro medio pero cuya realidad fue cobrando importancia poco a poco hasta convertirse en la actualidad en un asunto neurálgico de obligatoria consideración. Esto nos ha llevado analizar cuestiones como el tránsito de migrantes cubanos por medio de Colombia en 2015, la expulsión arbitraria de colombianos de Venezuela en el mismo año, las particularidades de las políticas públicas dirigidas a nuestros compatriotas en el exterior, el fenómeno del retorno en el contexto del posconflicto y otras situaciones alrededor de las migraciones que hemos tenido la oportunidad de abordar con una mente crítica y una perspectiva pluridisciplinaria.

El trabajo que presentamos hoy recoge las reflexiones que hemos desarrollado durante un año de estudio sobre la situación de los venezolanos en Colombia y del retorno de colombianos de dicho país. Nuestro esfuerzo se ha enfocado en observar la situación de los migrantes, sus necesidades puntuales y la respuesta institucional que se le ha dado a esta realidad buscando ser propositivos y aportar ideas que puedan mejorar la forma como se ha abordado este fenómeno. Esto nos ha llevado a convocar dos grandes eventos de reflexión sobre el tema, con funcionarios públicos, miembros de organizaciones, migrantes y estudiosos regionales de la materia, a participar en iniciativas de la sociedad civil para hacer visible la situación de los migrantes y a acompañar el trabajo de asociaciones que buscan reunir a los venezolanos en nuestro país.

Nuestro equipo de trabajo, aunque tiene una marcada tendencia jurídica, también cuenta con miembros que desde el punto de vista de la ciencia política y la antropología nos aportan a la comprensión de este fenómeno complejo y pluridimensional. Así pues, el producto que hoy les entregamos forma parte de un esfuerzo colectivo de largo alcance de un equipo comprometido con el análisis de fenómenos migratorios que continuará con su labor de investigación con el fin último de contribuir a mejorar la comprensión de las tendencias migratorias y de acceso a derechos de los migrantes como sujetos vulnerables, en muchas ocasiones excluidos e ignorados.

Nuestra obra se compone de once capítulos organizados en tres partes donde se comparten descripciones migratorias teóricas con la muestra de la realidad de los venezolanos en Colombia, buscando llegar a la proposición de medidas que podrían adoptarse con el fin de mejorar la forma como se ha abordado el fenómeno. Nuestra comprensión sobre las migraciones internacionales nos lleva a entenderlas como un evento que representa tanto retos como grandes oportunidades para los Estados en general y en particular para las comunidades de acogida; de ahí el título que hemos seleccionado para nuestra obra. Estamos convencidos de que por medio del pleno respeto y garantía de los derechos humanos se puede gestionar de manera adecuada las migraciones; por eso el especial enfoque en derechos humanos de la obra que hoy presentamos.

En la primera parte presentamos aspectos generales del fenómeno en cuatro capítulos de reflexión. En el primer capítulo Gabriela Cano, Orlando Scoppetta y Julián Barrera quisieron presentarnos un ejercicio de construcción de línea de tiempo en el que analizaron la forma como la prensa ha registrado a lo largo de los años la realidad del vecino país, con el fin de reflexionar sobre la “novedad” de la inmigración de venezolanos a nuestro país, mostrar cómo este fenómeno, a pesar de que ha tenido un aumento exponencial, no resulta ni totalmente novedoso ni impredecible, dado el paulatino deterioro de la situación en el vecino país y su registro en medios. En segundo lugar presentamos una reflexión sobre el retorno de colombianos y familias binacionales desde el vecino país; en esta oportunidad Stéphanie López nos presenta sus reflexiones sobre los retos que representa la acogida de estas personas y las dimensiones de este fenómeno.

En el tercer capítulo, Alejandro Bonil nos habla sobre las políticas públicas migratorias y su aplicación al contexto específico de los venezolanos en el país, buscando señalar los aciertos y las debilidades de ellas y los retos que persisten para construir una verdadera política integral no solo para hacerles frente a situaciones como la de los venezolanos, sino para que pueda afrontar todo tipo de eventos migratorios.

En el cuarto capítulo, Julián Barrera se detiene en la integración de los migrantes en general y en particular en la de los venezolanos en nuestro país. Después de hacer una aproximación teórica a los procesos de integración de los migrantes, describe la necesidad de construir espacios de integración con el fin de mejorar su acceso a derechos y como una forma de atender a la realidad de su presencia en el territorio nacional.

La segunda parte la dedicamos al estudio del acceso de los migrantes venezolanos a algunos derechos. En los capítulos primero y segundo Laura González y Donna Cabrera, respectivamente, nos ofrecen una reflexión sobre el acceso de los migrantes a los servicios de salud y al mercado laboral, señalando una vez más los vacíos, aciertos y desafíos que se han presentado frente a la atención de la población venezolana. Laura González parte de una descripción de la crisis que se vive en el vecino país en el sector de salud y de los múltiples pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre el particular. Donna Cabrera, por su parte, nos ofrece un análisis sobre la necesidad de construir políticas migratorias con un enfoque laboral que atiendan las necesidades en este sector en particular. En el capítulo tercero, Irit Milkes hace una reflexión, a partir del derecho administrativo, sobre el respeto de las garantías del derecho al debido proceso en el marco de los procedimientos que se adelantan para la deportación y expulsión de venezolanos del territorio nacional, subrayando el deber ser en esta materia y contrastándolo con las prácticas de devoluciones y expulsiones de las que da cuenta la prensa. Para cerrar esta segunda parte, en el capítulo cuarto Alexandra Castro nos presenta los estándares en materia de acceso a la nacionalidad que ofrece el derecho internacional de los derechos humanos para contrastarlos con la realidad de los venezolanos en Colombia y describir los riesgos de apatridia que existen para los hijos de venezolanos nacidos en nuestro país.

Para terminar, la tercera parte nos presenta tres capítulos que se centran en la población venezolana particularmente vulnerable. Daniela Mayorquín, en el primer capítulo, analiza el derecho de asilo poniendo especial énfasis en la Declaración de Cartagena y en los demás instrumentos internacionales en la materia y describiendo las dificultades prácticas que existen a la hora de invocar el derecho de asilo en Colombia para los venezolanos que huyen de la crisis humanitaria en su país. En los capítulos segundo y tercero Milena Núñez y Felipe Alarcón reflexionan sobre la población venezolana especialmente vulnerable. Núñez nos ofrece una presentación general sobre la población vulnerable incluyendo a grupos indígenas, mujeres y niños, mientras que Alarcón reflexiona de manera exclusiva sobre la vulnerabilidad de las mujeres migrantes.

Esperamos que esta obra sea de utilidad tanto para la comunidad académica como para los diseñadores de políticas públicas y los responsables en temas migratorios, así como para el público en general, para entender las realidades y los retos de este fenómeno.

Alexandra Castro Franco

Directora del Observatorio de Migraciones Internacionales

Departamento de Derecho Constitucional

Universidad Externado de Colombia

INTRODUCCIÓN

La dinámica reciente entre Colombia y Venezuela es un capítulo más de la historia entre dos naciones que han estado profundamente unidas desde tiempos remotos. Libertadas por un venezolano que muere en suelo colombiano, parte de la misma Gran Colombia, compartiendo el desierto de la Guajira, la Orinoquia e incluso parte del Amazonas, las dos naciones han trazado su historia alrededor del comercio, flujos migratorios y cambios políticos y económicos que han ido entretejiendo las relaciones de vecindad.

Históricamente ha sido Venezuela la que ha servido de puerto de atracción para los colombianos que, atraídos por la bonanza petrolera en los años setenta, fueron a probar suerte al vecino país y también de los que huyendo de la violencia debieron cruzar la frontera y recomenzar su vida del otro lado hasta convertir al país en el segundo destino migratorio de los colombianos (OIM, 2012)1.

En 1998 sube al poder Hugo Chávez, y con su llegada marca el comienzo de un giro político y económico para Venezuela que al momento actual la tiene inmersa en una espiral de corrupción, déficit económico, ausencia de instituciones democráticas y escasez que no parece tener cuándo acabar. Como nunca antes en su historia, Venezuela, tierra de destino de migrantes regionales y extracontinentales, se convierte en país de origen migratorio y, en la actualidad, en un expulsor masivo de sus nacionales.

La realidad actual ha sido calificada como la “migración más grande en la historia de Colombia” (El Tiempo, 2018), quizá soslayando el hecho de que, si estamos hablando de migraciones en general, la mayor migración que hemos tenido es la de salida de nuestros nacionales2. No obstante, la llegada masiva de gran cantidad de venezolanos en un corto periodo ha llevado a que organismos internacionales califiquen la actual situación migratoria como una verdadera catástrofe humanitaria que representa grandes desafíos para los Estados de tránsito y destino. En 2013 no había más de 130.000 extranjeros en Colombia (OIM, 2012), y hoy esta cifra se multiplica por siete por cuenta de la inmigración venezolana.

Ahora bien, las migraciones en su conjunto y la actual manifestación de ellas que estamos viviendo, además de mostrar grandes desafíos, representan enormes oportunidades. Nos permiten enriquecernos culturalmente, dinamizar nuestra economía y demostrar nuestra solidaridad. En Colombia, el gran reto recae en todas las instituciones; en la política migratoria, de carácter precario, con amplias potestades para las autoridades administrativas y pocas garantías para los migrantes en materia de respeto al debido proceso; en las instituciones clásicas de la sociedad, como las autoridades del registro civil, con el fin de adaptarse a las realidades cambiantes y las necesidades actuales; en los servicios básicos del Estado, de por sí saturados, pero que deben enfrentar nuevas realidades apremiantes; y en la sociedad en general, que debe evitar ceder ante la tentación de caer en estereotipos, encasillar a los venezolanos y no contribuir a su correcta integración dentro de nuestra sociedad.

En efecto, un asunto que veremos aparecer de manera transversal en los escritos, de manera expresa o tácita, es la discriminación a los ciudadanos venezolanos: “venecos”, “perezosos”, “acostumbrados a las ayudas sociales” y “enfermos” son solo algunas de las apelaciones contra los nacionales del vecino país. En un país como Colombia, el segundo más inequitativo de la región y con un índice de Gini de 0,53[3], algunas voces se han despertado para denunciar que la solidaridad debería darse primero a los nacionales y no a los extranjeros.

Todos estos desafíos se hacen especialmente apremiantes de cara a un flujo migratorio sin precedentes en la región, la salida masiva de venezolanos en un corto lapso. Las autoridades de todos los niveles han dicho que la institucionalidad colombiana no estaba preparada para afrontar este fenómeno, que no vimos venir. En realidad, los venezolanos no empezaron a llegar a nuestro territorio de la noche a la mañana: la situación del vecino país no se degradó de manera inesperada, y las trochas que hoy se usan para entrar a nuestros territorio no fueron abiertas recientemente. Sin embargo, como lo podremos señalar en esta investigación, los desafíos que implica la correcta gobernanza del fenómeno que tenemos al frente son grandes y exigen medidas de corto, medio y largo plazos.

I. ALGUNAS CIFRAS DE BASE

Obtener y reportar cifras absolutas en materia migratoria resulta una tarea imposible, teniendo en cuenta que las fronteras son espacios vivos y que cualquier labor de registro migratoria, por juiciosa que sea, no resulta exhaustiva. Con esto en mente, Migración Colombia reporta la presencia de 953.593 venezolanos en Colombia a 30 de agosto de 2018[4].

Nuestro país es el principal destino para los venezolanos. El Registro Administrativo Migratorio adelantado entre el 6 de abril y el 8 de junio de 2018 arrojó cifras oficiales sobre la tendencia migratoria según las cuales a la fecha de corte se había reportado 381.735 venezolanos en situación de irregularidad: 45.896 superaron el tiempo de permanencia o ingresaron sin autorización y 442.462 estaban en proceso de regularización (Migración Colombia, 2018).

De las 442.462 personas registradas (equivalentes a 235.535 familias), se estableció que el 50,2 % eran hombres y el 49,8 % mujeres (y el 0,075 % transgénero), el 26 % menores y el 74 % adultos5.

Como ha podido evidenciarse, con este y otros procesos de caracterización de población venezolana en Colombia, a pesar de que las razones para migrar pueden variar entre un caso y otro, se presenta una tendencia a hacerlo motivados por razones de inseguridad, carencias alimentarias (93.420 de los entrevistados en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos ‘RAMV’ reporta haberse quedado en su hogar sin alimentos en los últimos tres meses) o falta de acceso a servicios de salud, entre otras (16.812 personas reportaron sufrir enfermedades crónicas). La caracterización adelantada por el Servicio Jesuita para los Refugiados et al. señala que al preguntarles a las personas sobre las razones para salir del país, reportan “vulneraciones a su derecho a la vida, libertad, seguridad, alimentación, salud, a vivir una vida digna y tener sosiego. Se debate entre la vida, el hambre, la enfermedad y la salud mental”. (Servicio Jesuita de Refugiados, 2018). Este mismo reporte afirma que el 83,6 % de los encuestados ha emigrado buscando ambientes más seguros.

En efecto, la situación en Venezuela resulta alarmante: la inflación, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, subirá al 1.000.000 %, situándolo como el país con mayor inflación del mundo (FMI, 2018). El vecino país se sitúa entre los veintiún países más peligrosos del mundo6, y Caracas ha sido reportada como la segunda ciudad del continente más violenta (detrás de los Cabos, en México, con una tasa de 111,19 homicidios por cada mil habitantes)7. En materia de pobreza, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (UCAB, 2017), la pobreza en Venezuela pasó de un 48,4 % en 2014 a un 87 % en 2017, con un 61,2 % de pobreza extrema. Las condiciones en materia de desnutrición y acceso a servicios de salud resultan también alarmantes, tal como lo analizaremos en el respectivo capítulo. Frente a este panorama, la salida de venezolanos se ha dado como una estrategia familiar de supervivencia, frente a un panorama nacional hostil.

El éxodo hacia nuestro país se ha presentado de manera progresiva, empezando por grandes empresarios opositores al régimen de Hugo Chávez, pasando por jóvenes y personas muy bien calificadas, hasta llegar al momento actual, cuando las condiciones han forzado a cientos de miles de personas a salir en un esfuerzo desesperado por satisfacer sus necesidades más básicas. Las primeras llegadas de venezolanos a Colombia pasaron inadvertidas, y como lo veremos, fueron reportadas por la prensa de forma incluso positiva. Estos migrantes fueron absorbidos sin mayores trastornos por la sociedad colombiana; las políticas del Gobierno socialista de Hugo Chávez hacían que el comercio siguiera floreciendo en las regiones de frontera, con las diferencias entre los precios subsidiados y los locales, alimentando sobre todo el contrabando entre las dos naciones. Como una forma de efecto espejo, cuando más se enrarecía el ambiente económico en el vecino país más inversión extranjera llegaba al nuestro, más compañías regionales trasladaban su personal de Caracas a Bogotá, atraídas por la confianza inversionista que no encontraban allá. Es solo en el contexto actual —donde la degradación de las condiciones de vida de los venezolanos los ha forzado a salir masivamente de su país— cuando los gobiernos de la región han tomado conciencia de reaccionar frente a la situación que ha ido consumiendo al vecino país.

Además de esta realidad, en el contexto degradado que se ha descrito son muchos los colombianos que han decidido retornar a nuestro país y muchas las familias binacionales que han decidido venir a Colombia huyendo de las situaciones referidas. Las cifras reportan más de 250.000 retornados de Venezuela, para quienes comenzar de nuevo en un país que les es ahora extraño y el dejar su proyecto de vida atrás después de mucho esfuerzo resulta una tarea complicada.

II. RESPUESTA INSTITUCIONAL

El Estado colombiano ha dispuesto medidas excepcionales y de carácter temporal para hacerle frente al fenómeno, las cuales se han encaminado a formalizar a la población con estatus administrativo irregular mediante campañas temporales de regularización, las cuales les han permitido a los venezolanos acceder a permisos especiales de permanencia (PEP) para poder trabajar de forma regular y acceder a servicios de salud y educativos. El registro administrativo de venezolanos adelantado (RAMV) reportó que en los siete departamentos fronterizos entre Venezuela y Colombia está el 47 % de la población, mientras el otro 53 % está en el resto del país, con lo cual se hizo evidente que la situación no corresponde a un fenómeno de frontera, sino que ha alcanzado todos los confines del territorio nacional, por lo que se ha señalado la necesidad de ampliar la oferta institucional y disponer de recursos para hacerle frente al fenómeno.

Ahora bien, a pesar de los grandes esfuerzos desplegados por el Estado colombiano, al momento de redactar estas líneas se han presentado realidades que escapan a las medidas que ha adoptado la institucionalidad para hacerle frente al fenómeno. Existe una gran cantidad de personas con necesidades de protección internacional y en especiales condiciones de vulnerabilidad, como mujeres migrantes, miembros de comunidades indígenas, niños no acompañados, o migrantes que por las condiciones en las que han decidido emprender el viaje están expuestos a toda clase de peligros, como los llamados “caminantes”, los cuales atraviesan a pie páramos, desiertos y zonas peligrosas con tal de continuar su viaje. Respecto a estas personas los retos son aún mayores, de cara a la ausencia de una perspectiva ni humanitaria ni diferencial en la política de atención propuesta.

La investigación que presentamos se centra en algunos de los aspectos que hemos señalado como “sensibles” frente a esta migración. Somos conscientes de que existen más elementos que vale la pena analizar ante la situación actual, y como Observatorio en eso seguiremos trabajando para continuar cumpliendo con nuestra labor de estudio y análisis del fenómeno migratorio.

REFERENCIAS

Fondo Monetario Internacional (FMI) (2018). World economic outlook, cyclical upswing, structural change. Disponible en <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/03/20/world-economic-outlook-april-2018>.

Migración Colombia (2018). Comunicado oficial del 13/06/2018. Disponible en <http://migracioncolombia.gov.co/index.php/es/prensa/comunicados/comunicados-2018/junio-2018/7584-442-462-venezolanos-identificados-en-registro-ramv-recibiran-regularizacion-temporal>.

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (2012). Perfil migratorio de Colombia. Bogotá.

Servicio Jesuita de Refugiados (2018). Informe sobre la movilidad humana venezolana. Realidades y perspectivas de quienes emigran.

Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) (2017). Encuesta nacional de condiciones de vida (Encovi). Disponible en <https://politikaucab.net/2018/03/02/encuesta-nacional-de-condiciones-de-vida-encovi-2017/>.

ARTÍCULOS DE PRENSA

El Tiempo (2018). Migración de venezolanos en Colombia. Disponible en <https://www.eltiempo.com/especiales/migracion-de-venezolanos-en-colombia-cifras-e-historias-de-vida-72946>.

PRIMERA PARTE:ASPECTOS GENERALES

CAPÍTULO PRIMEROLA COBERTURA DE DOS MEDIOS COLOMBIANOS A LA LLEGADA DE CIUDADANOS VENEZOLANOS A COLOMBIA EN EL PERIODO 2005-2016

GABRIELA CANO*

ORLANDO SCOPPETTA**

JULIÁN BARRERA***

RESUMEN

Este capítulo presenta los resultados de un análisis acerca de cómo dos de los principales medios escritos de comunicación colombianos (Semana y El Tiempo) han registrado el deterioro socioeconómico y democrático de Venezuela y la repercusión de ello en la migración de sus ciudadanos a Colombia.

Nos preguntamos si el encuadre de estas noticias pudo servir a la construcción del imaginario social del venezolano en Colombia, al debate social, político y ético en torno a esta inmigración, e incluso invita a reflexionar sobre si el registro de estos picos migratorios pudieron servir como indicadores tempranos o alertas del posterior éxodo.

Palabras clave: medios de comunicación, nubes de palabras, Venezuela, análisis de prensa, frontera.

ABSTRACT

This chapter presents the results of an investigation about how two of the main written media in Colombia (Semana y El Tiempo) have recorded the situation of Venezuela in the period 2005-2016 and the influence of this on the immigration of Venezuelans to the country, in a timeline between 2005 and 2016, based on the quantitative analysis of 355 articles published by each newspaper. Likewise, we ask ourselves, how the framing of these news could serve to prepare the country for this massive arrival; in other words, ¿was it possible to predict a border migration crisis stemming from the Venezuelan internal conflict and tensions with Colombia?

Keywords: mass media, word cloud, Venezuela, press analysis, borders.

Las diversas iniciativas de política en torno a la migración suelen tropezar con una marcada divergencia entre los beneficios económicos ampliamente probados que aporta la migración y la percepción muy extendida entre la opinión pública de los efectos negativos que entraña. ¿Estamos simplemente ante una asimetría entre realidades objetivas y opiniones subjetivas, o hay algo más en juego? 1

Cuando se pone en la escena mediática un conflicto o una crisis, conceptos como el framing son relevantes para poder entender y analizar el proceso de construcción mediática del problema a partir de los encuadres, marcos de interpretación, personas e instituciones que dieron sentido, desde el discurso, a la realidad de tal conflicto.

En este sentido, autores como Rosanvallon (2007), por ejemplo, equiparan los medios de comunicación con los movimientos sociales como instancias no institucionalizadas de una democracia de la desconfianza y el control en la que se enfrentan diferentes actores como periodistas, opositores, redes virtuales, público interconectado por medio de internet, etc.

Por su parte, David Snow y Robert Benford también definen los medios de comunicación, el Estado y los movimientos sociales como actores productores de una política de significación (Ampar et al., 2012). Así mismo, la llamada teoría de los procesos enmarcadores o teoría del framing2, que tiene su origen y desarrollo en la llamada sociología interpretativa, ha venido estudiando las estrategias comunicativas de los movimientos sociales y de los medios masivos como productores de marcos de percepción y comprensión de acontecimientos y situaciones sociales. Se ha utilizado el concepto de marcos para designar los dispositivos textuales mediante los cuales los periodistas subrayan ciertos aspectos de los eventos, actores o problemas políticos que cubren noticiosamente. Así:

El concepto de framing ha sido empleado por los especialistas en comunicación política, para designar: el proceso por medio del cual una fuente (una historia en medios como los periódicos o la televisión, o quizás un individuo en lo particular) define el problema de fondo que subyace en un problema político particular y subraya un conjunto de consideraciones relacionada con ese tema. A la acción de enmarcar como seleccionar algunos aspectos de una realidad percibida para darles más relevancia en un texto comunicativo, para de esta manera promover una particular definición del problema, una evaluación moral, y/o recomendar un tratamiento o remedio para el problema descrito, y al enmarcado como el proceso mediante el cual una fuente de comunicación, por ejemplo un medio, define y construye un problema político o una controversia (Ampar et al., 2012, p. 88).

Por otro lado, según esta teoría “la mediatización” significa que los medios de comunicación venden espectáculo y esquemas de elaboración de sentido acerca del espectáculo que están vendiendo, a partir de dos factores causales: 1) la importancia de “lo noticiable” para atraer la atención del público y 2) los intereses propios de los medios que representan un papel fundamental a la hora de definir cuáles son los filtros de selección de aquellos asuntos noticiables y, sobre todo, el rasgo del tratamiento de la noticia. Así las cosas, los medios le dan una posibilidad de interpretación a un público que no vivencia una realidad específica valiéndose de metáforas para aplicar marcos interpretativos con los que dicho público suele interpretar las situaciones o los fenómenos (Gómez, 2009).

Ahora, si bien los medios de comunicación constituyen un instrumento al servicio de la participación política y del pluralismo en una sociedad democrática, también desvirtúan su función social cuando se convierten en instrumento de manipulación informativa y propagandismo partidista (Gaitán Moya, Piñuel Raigada y Águila-Coghlan, 2017).

Al respecto debemos señalar que algunos medios de comunicación colombianos en su línea editorial han aprovechado la inédita migración masiva de venezolanos hacia Colombia y la coyuntura política de elecciones presidenciales para difundir mensajes y discursos de rechazo hacia el venezolano, utilizando este éxodo como bandera política para ganar adeptos en un interés de despertar empatía emocional en algunos sectores de la población con ideas irracionales de miedo e intolerancia e incluso acuñando términos como “castrochavismo”, que no es otro que el temor infundado a que seremos como Venezuela, un rechazo a su modelo político y económico y una decisión editorial soportada sobre la mala imagen del presidente Maduro y la posición crítica de los medios colombianos sobre su Gobierno.

I. METODOLOGÍA

Este análisis es de tipo exploratorio; por tanto, no hubo indagación directa con los medios de comunicación seleccionados. La metodología utilizada fue la del análisis cuantitativo de datos textuales a 355 artículos de opinión3 publicados por la revista Semana y el diario El Tiempo entre los años 2005 y 2016, a partir de las siguientes preguntas orientadoras: ¿qué dicen los medios de comunicación digitales de Semana y El Tiempo que ocurrió entre Venezuela y Colombia en el periodo 2005-2016? ¿Pudo ser previsible una crisis migratoria fronteriza derivada de la situación en Venezuela y las tensiones con Colombia? ¿De qué forma puede interpretar lo que sucede entre Venezuela y Colombia un lector que depende tan solo de estas dos fuentes de información?

La elección de los dos medios de comunicación se apoyó en los resultados del Estudio General de Medios Colombia (EGM) llevado a cabo en 2016 por la Asociación Colombiana de Investigación de Medios (ACIM)4 . Según los resultados del ranking que mide audiencia diaria de prensa escrita y audiencia diaria de revistas independientes, El Tiempo y Semana son los medios de comunicación con mayor hábito de consumo diario entre los colombianos.

Por su parte, el análisis de contenido siguió los siguientes tres pasos. 1) selección de artículos a partir de los objetivos de la investigación; 2) construcción de una matriz en la que se incluyeron los artículos seleccionados, el medio y las fechas en las que fueron publicados; y 3) análisis cuantitativo de los datos textuales.

La selección de artículos partió de una aproximación de línea de tiempo definida por cuatro picos migratorios en los que la Universidad del Rosario y Konrad Adenauer Stiftung (2018) logran rastrear la degradación de la situación venezolana y su repercusión en la inmigración de sus ciudadanos hacia Colombia de manera paulatina pero creciente. El primer pico, entre 1999 y 2005 con la primera reelección de Hugo Chávez en el 2000, como una migración de élites que se sintieron amenazadas por el proyecto político denominado socialismo del siglo XXI; el segundo pico, entre 2005 y 2009 tras los despidos masivos en Petróleos de Venezuela (PDVSA), cuando expertos en petróleos y grandes capitales empresariales llegan a Colombia; luego, entre 2012 y 2015 con la tercera reelección de Hugo Chávez en 2012, su muerte en 2013 y la llegada del Gobierno de Maduro en medio de una creciente crisis económica; y el cuarto pico a mediados del 2015 y comienzos del 2016.

Del último pico forman parte los más de dieciocho mil colombianos que regresaron al país tras el cierre de la frontera decretado por Maduro el 19 de agosto de 2015 y que produjeron la primera crisis migratoria. Ellos retornaron con sus familias por el miedo que les produjo la campaña de estigmatización que el Gobierno bolivariano promovió en su contra. El gran éxodo venezolano generó una diáspora de supervivencia que se desplazó hacia Colombia para proteger las condiciones más básicas de vida, con una alta tasa de irregularidad e indocumentación con características humanitarias.

Estos desplazamientos paulatinos también han sido registrados por los datos oficiales colombianos, que reportan la entrada regular de ciudadanos venezolanos a Colombia desde el 2012-2013 a 2016, evidenciando una tendencia de crecimiento lineal (casi exponencial) de esta inmigración; sin considerar los casos de aquellos que entraron por cruces irregulares en la frontera o trochas (figura 1).

FIGURA 1. ENTRADA DE VENEZOLANOS A COLOMBIA ENTRE 2012 Y 2016


Fuente: elaboración propia a partir de datos tomados de Unidad Administrativa Especial Migración Colombia (UAEMC), cálculos del DANE y Migración Colombia (Radiografía de venezolanos en Colombia, 2017).

Una vez identificados los años más relevantes de la inmigración venezolana hacia Colombia (picos migratorios), se hizo un rastreo de la categoría “venezolanos” en la barra de búsqueda de cada medio con los siguientes resultados: un total de 25.543 artículos publicados bajo esa categoría (7.323 artículos de la revista Semana y 18.220 artículos del El Tiempo). De esos 25.543 artículos se escogió una muestra aleatoria a conveniencia de 355 (141 artículos de Semana y 214 de El Tiempo), correspondientes a 1 artículo publicado cada 11 días, así: 63 artículos publicados entre el 2005 y 2012; 69 en 2013; 109 en 2015 y 114 en 2016, y que fueron publicados en línea así: abril-noviembre de 2005, octubre de 2012, marzo-abril de 2013, agosto-diciembre de 2015 y agosto-diciembre de 2016.

Se definió como motor de búsqueda el término “venezolanos”, ya que hace alusión directa a la nacionalidad del éxodo que se pretende analizar. También, teniendo en cuenta que desde un punto de vista técnico las cifras migratorias parten del criterio de nacionalidad de los inmigrantes.

Por otro lado, la descripción del muestreo evidencia cómo la sumatoria de producción de artículos de Semana y El Tiempo, que abordan la temática de venezolanos, ha sido similar a lo largo de estos 18 años (entre el 2000 y el 2017), siendo coincidente la producción de artículos con los picos migratorios tomados en cuenta para este análisis (figura 2).

En cuanto al análisis de contenido de los artículos seleccionados, se usó el paquete de minería de textos “tm” desarrollado en R por Ingo Fereiner. Este paquete, con las librerías complementarias, permite hacer las transformaciones a los textos escogidos para ser tratados como conjuntos de datos. Para ello se sigue un procedimiento que permite establecer y depurar un corpus lingüístico sucesivamente hasta lograr un objeto de R manejable estadísticamente y graficado de acuerdo con los objetivos del analista. Para el caso se escogieron nubes de palabras y dendogramas como herramientas de código abierto que se utilizan para el análisis de contenido.

La depuración del corpus textual incluye la eliminación de preposiciones, palabras de extensión 1, signos, espacios en blanco y números. La primera salida del análisis es la nube de palabras5, la cual se organizó de acuerdo con dos criterios: frecuencia y contigüidad de las palabras. Esta técnica permite analizar el conjunto de palabras que son más usadas en el contexto de cada demarcación establecida, esto es, cada medio de comunicación escogido en cada año seleccionado. Así, es posible encontrar bases para reconocer cuál es la tendencia en el discurso de cada medio con respecto a Venezuela en cada año del análisis.

FIGURA 2. RELACIÓN ENTRE MIGRANTES VENEZOLANOS EN COLOMBIA Y PRODUCCIÓN TOTAL DE ARTÍCULOS DE AMBOS MEDIOS ENTRE EL 2000 Y EL 2017, SEGÚN BUSCADOR “VENEZOLANOS”.


Fuente: elaboración propia a partir de datos tomados de las páginas oficiales de El Tiempo y Semana. Escala logarítmica.

Posteriormente, el análisis de conglomerados (clusters) o dendograma6 afianza la evidencia en función de la cercanía de cada término, conformando grupos o racimos de palabras equivalentes a categorías, definidas por la distancia entre las diferentes palabras.

II. RESULTADOS: ARTÍCULOS PUBLICADOS ENTRE 2005 Y 2012

Este análisis se fundamenta en los contenidos de 63 artículos publicados entre abril y noviembre de 2005 y octubre de 2012, por los medios escritos El Tiempo y Semana mediante la construcción de nubes de palabras.

Al comparar los resultados que arrojaron las nubes de palabras que generó cada medio (figura 3), es evidente que el énfasis del contenido de los artículos, en ambos medios, estuvo puesto en el entonces presidente de Venezuela Hugo Chávez y su Gobierno.

FIGURA 3. NUBES DE PALABRAS GENERADAS POR CADA MEDIO (IZQUIERDA EL TIEMPO, DERECHA SEMANA)


Fuente: elaboración propia.

Al analizar otras palabras que aparecieron con frecuencia en ambas nubes y en los artículos asociados a esas palabras, vemos que existen diferentes prioridades editoriales para cada medio. La cobertura de El Tiempo se distingue por referencias frecuentes al bolívar, precios, moneda, Mercosur y Colombia, además de mencionar otros países de la región como Brasil, Paraguay y Argentina. En particular, este medio se enfocó en el proceso de formalización del ingreso de Venezuela como miembro pleno al Mercado Común del Sur (Mercosur) en 2012, instancia de integración que asocia precisamente a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y las posibilidades comerciales que esto le implicó a Venezuela. También puso foco en el cubrimiento de la nueva moneda denominada “bolívar fuerte” (con tres ceros menos que el bolívar tradicional) a partir del 2007 y su influencia en el mercado cambiario colombo-venezolano especialmente en frontera, pues la supresión de ceros tuvo efectos inflacionarios que afectaron a los consumidores.

En cuanto a Colombia, este medio publicó varios artículos en los que se hace referencia al desabastecimiento de productos básicos, el paso de venezolanos a comprar víveres en Cúcuta y la Guajira y la tensa relación política entre el entonces presidente de Colombia Álvaro Uribe y Hugo Chávez.

En general, la información que produjo este medio se centró en las relaciones económicas regionales con los países con los cuales Venezuela ha tenido lazos históricos fuertes, como medidas para resolver situaciones, especialmente económicas, que ya comenzaban a ser críticas en ese país. Por su parte, en Semana las referencias estuvieron centradas en PDVSA, petróleo y cambio. Sin embargo, no es de soslayar que aparezcan términos como “cáncer/enfermedad y tratamiento”.

Este medio puso interés en el cubrimiento de la toma de PDVSA que hizo el chavismo y el financiamiento de los subsidios por medio del flujo de caja de la empresa, así como en los despidos masivos de más de dieciocho mil trabajadores de la empresa petrolera y de un número importante de políticos que estuvieron a favor del referéndum revocatorio fallido contra Chávez. También se enfocó en las falencias de salud del mandatario venezolano a causa de su cáncer, el comienzo de su tratamiento en Cuba y las posibles repercusiones de esto en el ámbito político venezolano, trayendo incluso a este escenario a políticos como Nicolás Maduro.

A continuación haremos un análisis complementario sirviéndonos de dendogramas semánticos que afianzan la evidencia en función de la cercanía de cada término, conformando grupos o racimos de palabras equivalentes a categorías, definidas por la distancia entre las diferentes palabras. El análisis se hará en sentido horizontal, de izquierda a derecha.

En este sentido, la figura 4 permite identificar cuatro categorías o ideas centrales: la primera alude al bolívar, la moneda, y el cambio, haciendo referencia a la importancia del cambio de moneda en Venezuela y las consecuencias cambiarias para el intercambio comercial fronterizo; una segunda y más amplia se refiere al Gobierno de Hugo Chávez durante este periodo; una tercera categoría muy cercana a la segunda, apunta a Chávez como generador de estas políticas económicas, políticas y sociales en las que Colombia desempeña un papel importante; y finalmente, una cuarta categoría, en la que aparecen otros países de la región y el Mercosur en un ámbito de intercambio comercial y político importante, pero en la que además aparecen (en un mismo nivel jerárquico) las palabras “crisis” y “referéndum”.

La tercera y cuarta categorías de ideas nos llaman la atención, en el sentido de la relación semántica estrecha entre los aspectos políticos y económicos (con más énfasis en los aspectos económicos) del acontecer venezolano entre el 2005 y el 2012.

Por su parte, en los artículos de Semana (figura 5), si bien también identificamos una estrecha relación semántica entre los aspectos políticos y económicos, hay más focalización en las temáticas políticas. Encontramos entonces tres categorías, así: la primera en torno a la economía del petróleo, PDVSA, dólares y producción en una clara referencia a la situación económica venezolana que ya hemos mencionado; una segunda categoría estrechamente relacionada con la primera, referida al entorno económico regional de Mercosur y sus países miembro, con especial énfasis en Nicolás Maduro como canciller y su aporte político al proyecto chavista. Esta categoría es interesante en la medida en que las palabras “Chávez”, “Nicolás” y “Maduro” tienen la misma jerarquía semántica7.

FIGURA 4. DENDOGRAMA DE 48 ARTÍCULOS PUBLICADOS ENTRE ABRIL Y NOVIEMBRE DE 2005 Y OCTUBRE DE 2012


Fuente: elaboración propia.

FIGURA 5. DENDOGRAMA DE 15 ARTÍCULOS PUBLICADOS POR SEMANA ENTRE ABRIL Y NOVIEMBRE DE 2005 Y OCTUBRE DE 2012


Fuente: elaboración propia.

El análisis de los artículos emitidos por ambos medios nos muestra una radiografía en la que el proyecto político chavista denominado “socialismo del siglo XXI” generó nuevas situaciones como las tres reelecciones entre 2002 y 2012, fuertes huelgas empresariales y sindicales, paros petroleros, un referéndum revocatorio fallido y el despido masivo de empleados y políticos especialmente a partir del 2005, además de medidas cada vez más radicales por medio de cambios constitucionales.

Lo anterior generó además un replanteamiento en los ejes de las relaciones bilaterales entre Venezuela y Colombia, como la llegada al país de un número importante de empresarios y profesionales de clases media y alta con voluntad de permanencia que huyeron del chavismo y encontraron en Colombia una posibilidad interesante de hacer empresa y un proyecto de vida. Algunos académicos del Observatorio Venezolano de la Universidad del Rosario han denominado a este periodo “la primera ola migratoria de venezolanos hacia Colombia”.

Hay que recordar que fue el antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) el organismo estatal encargado de realizar la inteligencia y contrainteligencia del Estado y el que además manejó los controles de las migraciones con funciones de Oficina Central Nacional (convenio Interpol-DAS) hasta el año 2011[8]. Ante la ausencia de boletines públicos sobre los datos migratorios, no es de extrañar que hayan sido los medios de comunicación masivos, en este caso la revista Semana (2006), los que hayan registrado la llegada de un número creciente de venezolanos que se radicaron en Bogotá y ciudades cercanas a la frontera como Cúcuta y Bucaramanga, situación que los funcionarios del mismo DAS y de la embajada venezolana desestimaron por considerarlo un número constante en el tiempo y no muy significativo (Echeverry-Hernández, 2012).

Al respecto, Santana-Rivas (2009), en un análisis sobre la geografía de la inmigración venezolana en Colombia entre 1993 y 2008, determinó dos grandes grupos de venezolanos con características diferenciadas, así: un primer grupo de hijos de colombianos que vivieron en Venezuela con redes familiares en el país y sujetos a las migraciones de retorno que se dan entre países fronterizos. Este grupo se concentra en mayor medida en la costa atlántica y la frontera. Han retornado a Colombia porque las migraciones regionales entre países latinoamericanos están sujetas a la variabilidad en las condiciones de vida en estos países; por ello podría esperarse un retorno mayor de colombianos, con sus hijos venezolanos, de seguir aumentando los flujos desde Venezuela.

Un segundo grupo sin vínculos familiares en Colombia, radicado en Bogotá principalmente. Al contrario de lo que sucede para el primero, el número de inmigrantes en este grupo sí parece aumentar y con más intensidad desde 2007, y podría estar compuesto de individuos de clase media que logran costear los gastos de su condición de inmigrantes en Colombia y continúan muy ligados a su país de origen.

A manera de conclusión y en cuanto al análisis del cubrimiento mediático a la movilidad humana de ciudadanos venezolanos hacia Colombia, en este periodo analizado hay que decir que si bien no aparece la palabra “migración”, sí aparece el término “frontera” en la nube de palabras del El Tiempo, aunque de una manera tangencial y más desde la perspectiva económica que desde la movilidad humana, quizá porque la migración aún no tocaba la frontera terrestre, pues como ya se expuso en la identificación de los picos migratorios identificados por la Universidad del Rosario, este primer pico atrajo principalmente a industriales y políticos que se sintieron amenazados por el modelo chavista. Por tanto, cabe la hipótesis de que llegaron a Colombia principalmente por avión, y por esto y por su nivel educativo y social no se percibieron como algo “preocupante” para el discurso mediático.

Aún así, y como se puede apreciar en algunos artículos analizados, la migración pendular fronteriza comienza a ser más frecuente a partir de este periodo, situación que pasó de largo para los que toman las decisiones locales y nacionales.

Algunos de los artículos de El Tiempo que hicieron referencia al término “frontera” lo hicieron de la siguiente manera:

[...] Militarización de la frontera con un argumento que nadie sensato acepta, es claro que se está siguiendo un plan prebélico claramente delimitado, nada espontáneo, y con aspiraciones territoriales mucho más que desafiantes.

[...] Los comerciantes y en especial los cambistas que operan en la frontera hicieron muy pocas transacciones con la nueva moneda, pero no por temor a su depreciación, sino porque los billetes de la denominación que recorta tres ceros empezaron a circular en forma gradual, ya que los bancos venezolanos apenas comenzaron a entregarlos a sus clientes.

[...] Intensos operativos se realizaron ayer en la frontera con Venezuela, luego de que el presidente Hugo Chávez anunció medidas para evitar que los productos subsidiados por el Gobierno venezolano terminen en las tiendas, supermercados y casas de los colombianos.

[...] Escasez en la frontera por fuerte presencia de la Guardia Nacional de Venezuela. El área más afectada es la de Cúcuta. Veinte trochas fueron cercadas por 370 miembros del cuerpo armado. En Maicao faltan alimentos y en Arauca, gasolina.

[...] Nuestros clientes del otro lado de la frontera son una población flotante que no ha cambiado mucho en los últimos años. A pesar de la baja del bolívar, nos siguen comprando, pero con dos diferencias: ahora adquieren alimentos y en grandes cantidades, cuenta un vocero del Éxito.

III. RESULTADOS: ARTÍCULOS PUBLICADOS EN 2013

En este segmento examinaremos el contenido de 69 artículos publicados por Semana y El Tiempo durante marzo y abril de 2013. Al comparar las nubes de palabras generadas por cada medio en este periodo (figura 6), se ve cómo el énfasis del contenido de los artículos, en ambos casos, continúa siendo el presidente venezolano Hugo Chávez, aunque entra en el escenario como segundo actor político Nicolás Maduro. Alrededor encontramos palabras como “Capriles/elecciones /campaña/líder y muerte”.

Ambas nubes evidencian que los artículos asociados a esas palabras pusieron su foco de análisis en el cubrimiento de cuatro grandes acontecimientos en la historia de Venezuela: la muerte de Hugo Chávez y el proceso de duelo e incertidumbre que ello generó, la campaña para elegir presidente a pocos días de la muerte de Chávez que deja a Maduro como ganador por un margen muy estrecho, el comienzo del primer periodo presidencial de Nicolás Maduro (aunque ya era presidente encargado) y la relevancia política de una oposición liderada por Henrique Capriles.

Es de subrayar que en ambas nubes de palabras aparezca, aunque de manera tangencial, la palabra paz, puesto que paralelamente a estos acontecimientos venezolanos en Colombia hacía tan solo cuatro meses (el 4 de septiembre de 2012) había comenzado el proceso de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, y Venezuela es uno de los países que desde el año 2012 fungió como país negociador y acompañante del proceso, lo que para muchos ha condicionado la política exterior colombiana hacia Venezuela ante cualquier situación en la que una salida “en falso” del Gobierno colombiano podría poner en riesgo la negociación en La Habana.

Llama la atención el término “poder” y su ubicación en el núcleo de palabras en la nube de Semana. Al analizar esta palabra, su cercanía semántica a otras como “Maduro”, “Chávez”, “Chavismo”, “presidente” y “Gobierno” y los artículos asociados a esta, nos preguntamos sobre el papel de los medios en la construcción mediática transnacional de la imagen de Chávez y su proyecto de Gobierno. Algunos de los artículos asociados a la palabra “poder” en la revista Semana son:

[...] Es su espíritu rector el que está al mando de la revolución y, los que están ahora en el poder, no son más que sus ejecutores;

[...] Después de 14 años de poder indiscutido en manos de un líder tan carismático como controvertido;

[...] El hombre que convirtió la política en una telenovela amorosa, que convirtió el poder en un inmenso espectáculo;

[...] Es difícil que el aliento de Chávez le permita a Maduro sostenerse en el poder durante los seis años que dura un periodo presidencial en Venezuela;

[...] Los mismos chavistas que depositarán un voto endosado, podrían sacarlo del poder;

La campaña es muy corta y el CNE debe velar por que se dé sin abuso de poder.

FIGURA 6. NUBES DE PALABRAS GENERADAS POR CADA MEDIO (IZQUIERDA EL TIEMPO, DERECHA SEMANA)


Fuente: elaboración propia.

Al pasar al análisis complementario a partir de dendogramas, la figura 7 nos muestra cuatro categorías semánticas centrales en los artículos de El Tiempo, así: una, relacionada con la muerte de Chávez el 5 de “marzo” de 2013 y que podría denotar una idea ambigua de pasado y presente en un mismo tiempo; la segunda categoría se desarrolla a partir de las elecciones presidenciales posteriores a la muerte de Chávez, en las que la oposición, liderada por Henrique Capriles, tuvo una gran relevancia política. La tercera categoría se relaciona con la relación de mando presidencial entre Chávez y Maduro en este periodo de acomodación y traspaso de liderazgo político. La palabra “Caracas” ocupa un lugar intermedio entre las categorías 2 y 3 con todo el sentido, puesto que representa la capital de la República de Venezuela, el principal centro administrativo, financiero, político, comercial y cultural de esa nación, y desde allí se emiten las declaraciones del Gobierno venezolano.

Finalmente, la cuarta categoría contiene el mayor número de palabras y apunta hacia el papel del vicepresidente Nicolás Maduro en el poder político de Venezuela días después de la muerte de Chávez. Más alejadas, pero relacionadas con esta categoría, encontramos las palabras “comandante” y “Cuba”, referidas seguramente al papel fundamental de este país en el tratamiento del cáncer que padeció el entonces presidente y a su figura como el “comandante”. En este sentido, hay que recordar que los seguidores de su movimiento político (Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 o MBR 200) se referían a él como “comandante -presidente”.

Es interesante identificar la palabra más distante desde el punto de vista de jerarquía y cercanía semántica al cuerpo general que conforma el dendograma; esta palabra es “pueblo”.

Por su parte, identificamos en los artículos de la revista Semana (figura 8) tres categorías semánticas. La primera hace mención a palabras como “Comandante”, “política”, “Gobierno” y poder”, en una clara relación al legado, aún presente, del Gobierno del expresidente Chávez. Con una gran cercanía semántica a la primera categoría, aparece una segunda en la que “presidente”, “Chávez” y Maduro” ocupan la misma jerarquía haciendo una alusión directa a este proceso de transición política y administrativa.

La tercera categoría tiene como palabras centrales a “Capriles”, “campaña”, “chavismo” y “oposición” como focos de análisis. Los artículos asociados a estas palabras se centran en el proceso electoral en el que, como ya se ha dicho, la oposición tuvo un papel fundamental a pesar de haber ganado el “chavismo”.

FIGURA 7. DENDOGRAMA DE 37 ARTÍCULOS PUBLICADOS POR EL TIEMPO ENTRE MARZO Y ABRIL DE 2013


Fuente: elaboración propia.

FIGURA 8. DENDOGRAMA DE 32 ARTÍCULOS PUBLICADOS POR SEMANA ENTRE MARZO Y ABRIL DE 2013


Fuente: elaboración propia.

Como se analizó en la figura 2, el periodo 2012-2013 fue sin duda de los más noticiosos y convulsionados políticamente. La muerte de Hugo Chávez marcó el acontecer político y noticioso de Venezuela, que debió escoger un nuevo presidente a escasos seis meses de haberse realizado la elección. Nicolás Maduro entra a la arena política con una legitimidad muy cuestionada jurídica y electoralmente, pues su candidatura fue posible gracias a una polémica decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que le permitió ser candidato mientras ejercía como presidente encargado, contradiciendo el artículo 299 de la Constitución venezolana. Finalmente fue proclamado ganador con una ventaja muy estrecha de menos del 2 %.

Henrique Capriles, líder de la oposición, fue otro protagonista político al reportar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la impugnación de las elecciones por encontrar al menos 3.500 irregularidades durante el proceso de votación, un día antes de que se hiciera efectiva la salida de Venezuela de esta entidad (9 de septiembre de 2013). Varios sectores de la población respondieron con un “cacerolazo” que derivó en incidentes en diferentes puntos del país, denuncias de quema de sedes de partidos y actos de violencia.

A manera de cierre, se puede decir que los artículos producidos por ambos medios durante este periodo tuvieron un comportamiento similar en el tratamiento de la información, privilegiando el acontecer político y económico venezolano (interno y regional) sobre los acontecimientos sociales.

Los controles de precios y la escasez de divisas terminaron por causar desabastecimiento de productos de la canasta básica, una inflación más alta y la caída de las reservas internacionales. Todos estos sucesos fueron soslayados por la abrumadora realidad política; en efecto, el que palabras como “pueblo” y “gente” ocuparan, en ambos dendogramas, el lugar más alejado de los cuerpos semánticos podría considerarse como una evidencia de ello.

Cabría plantear la hipótesis de que hasta este momento (2013) aún no está en el foco del discurso mediático el efecto de la crisis venezolana en el devenir de las personas, en los ciudadanos venezolanos y la influencia de unas necesidades insatisfechas en la toma de decisiones sobre migrar a otro país. En efecto, la palabra “migración” aún no aparece registrada en los artículos seleccionados para este análisis.

Así mismo, como el perfil de los ciudadanos venezolanos que llegaron durante los dos primeros picos migratorios, según identificó el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, señala un nivel socioeconómico de clase media alta, podría significar que para el discurso mediático no hay un problema migratorio o de movilidad humana configurado en la frontera terrestre entre ambos países. Además, como ya lo hemos dicho, se supone que esta movilidad no se da por vía terrestre, sino principalmente aérea.

IV. RESULTADOS: ARTÍCULOS PUBLICADOS EN 2015

Al analizar el contenido de 109 artículos publicados por Semana y El Tiempo durante agosto a diciembre de 2015 mediante las nubes de palabras generadas por cada medio (figura 9), se evidencia un cambio sustancial en las narrativas cuando se pone como centro del cubrimiento noticioso la temática fronteriza, siendo la palabra “frontera” la más relevante en ambos medios.

En comparación con los dos picos migratorios anteriores, aparecen de manera relevante los términos “colombianos” y “venezolanos” e incluso “personas”, permitiendo entender que el centro del análisis son los ciudadanos de ambos países. Estas palabras aparecen con gran cercanía a otras como “crisis”, “cierre” y “deportados”, de tal manera que se pone en la escena mediática una clara situación de conflicto fronterizo. En efecto, aparecen de manera circundante palabras como “Táchira”, “Cúcuta”, “Guajira”, “Santander” y “Paraguachón”, ciudades que forman parte de la frontera inmediata entre ambos países.

Efectivamente, el deterioro progresivo de las condiciones políticas, económicas y sociales de Venezuela, aunado a la desesperanza de una resolución política pronta, afectó la calidad de vida de su población. Esta situación se agudizó a partir de 2015, y el 19 de agosto de ese año el presidente de Venezuela Nicolás Maduro anunció el cierre de la frontera con Colombia en el estado de Táchira de manera sostenida durante casi un año, aduciendo la presencia de grupos paramilitares, la exacerbación del fenómeno de contrabando de combustibles y alimentos, el alza en las tasas de inseguridad y la desaceleración económica de Venezuela. Esta medida desembocó en la deportaron más de mil quinientos colombianos y el retorno de más de veintidós mil compatriotas (Universidad del Rosario y Konrad Adenauer Stiftung, 2018).

FIGURA 9. NUBES DE PALABRAS GENERADAS POR CADA MEDIO (IZQUIERDA EL TIEMPO, DERECHA SEMANA)


Fuente: elaboración propia.

En los artículos de El Tiempo la relevancia mediática de los presidentes, sobre todo de Maduro, sigue estando en el foco de análisis dando prioridad con ello a la perspectiva política y diplomática. Por su parte, la nube de palabras producida por la revista Semana denota un mayor cubrimiento al drama humano tras las deportaciones de colombianos; así mismo, mientras en los artículos de El Tiempo aparecen solo Cúcuta, Caracas y Táchira como las principales regiones en las que se desarrolla el conflicto, en los artículos publicados por Semana se registran otras tres regiones, dando mayor alcance regional al fenómeno, en especial desde la orilla colombiana.

De manera complementaria, el análisis por dendogramas nos muestra en la figura 10 cuatro categorías centrales en los artículos de El Tiempo, así: la primera categoría gira en torno a la situación de escasez de alimentos y deterioro económico en Venezuela; la segunda aparece focalizada en la situación del cierre fronterizo decretado por el presidente Nicolás Maduro; una tercera categoría, muy cercana en términos jerárquicos a la segunda, se refiere a la crisis derivada precisamente del cierre fronterizo principalmente y de la situación económica venezolana. Según los artículos analizados, esta crisis tiene su centro en dos regiones fronterizas: Cúcuta y Táchira. Las deportaciones aparecen como un tema aledaño a esta crisis.

La cuarta categoría tiene como centro de análisis de nuevo la escasez de productos, la situación económica en frontera y las medidas que desde Colombia lidera el presidente Santos para afrontar la situación. Hay que decir que en un primer intento por buscar espacios de solución diplomática el Gobierno de Colombia lleva el caso ante la Organización de Estados Americanos (OEA) buscando convocar una reunión de cancilleres para tratar el tema al más alto nivel, con un resultado favorable a Venezuela, lo cual fue registrado por los medios colombianos como una derrota diplomática.

FIGURA 10. DENDOGRAMA DE 73 ARTÍCULOS PUBLICADOS POR EL TIEMPO ENTRE AGOSTO Y DICIEMBRE DE 2015


Fuente: elaboración propia.

Finalmente, se evidencia una cercanía semántica y jerárquica estrecha entre las palabras que denotan un contenido político-diplomático como “presidente”, “Gobierno”, “colombianos”, “venezolano”, “frontera”, “cierre” y “crisis”, siendo mucho más lejanas del cuerpo de análisis las palabras con connotación económica como “economía”, “escasez”, “productos” y “precios”.

La figura 11, por su parte, nos muestra que la agenda informativa de los artículos publicados por la revista Semana se centró en cuatro aspectos o categorías, así: una primera categoría se enfocó en el cierre fronterizo decretado desde Venezuela con un especial énfasis en la región colombiana de la Guajira. La segunda, con una distancia jerárquica importante, alrededor de los colombianos y binacionales deportados, la consecuente crisis fronteriza y el papel presidencial en ella, desde ambas orillas. Una tercera categoría tiene que ver con el drama humanitario en frontera y las personas afectadas (colombianas y venezolanas). Finalmente una cuarta, alrededor del tema de contrabando y el entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos.

El cuerpo de análisis tiene su centro en las deportaciones de colombianos y las figuras presidenciales de Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos. Es importante anotar que las deportaciones de colombianos y binacionales residentes en Venezuela fueron registradas por los medios de comunicación colombianos con imágenes dramáticas de familias que atravesaban la frontera por pasos irregulares e improvisados con sus enseres al hombro y un futuro incierto; es decir, como un drama humanitario mayor.

Podría concluirse el análisis de este periodo o pico migratorio diciendo que el cubrimiento mediático de ambos medios puso en la escena pública no solo el comienzo de un proceso de tensiones políticas e ideológicas entre Venezuela y Colombia, sino además el aumento del traslado masivo (cuantitativamente) de personas y bienes en la frontera terrestre de ambos países, incluso aportando términos clave como “crisis” y “humanitario” al análisis.

FIGURA 11. DENDOGRAMA DE 36 ARTÍCULOS PUBLICADOS POR SEMANA ENTRE AGOSTO Y DICIEMBRE DE 2015


Fuente: elaboración propia.

Desde el punto de vista migratorio, hay varias lecturas: según el Gobierno, en agosto de 2015 Colombia vivió una de las “peores crisis migratorias de la historia” a raíz de las deportaciones masivas de colombianos desde Venezuela y del retorno de binacionales por miedo a represalias. Se le denominó crisis, puesto que llevó a replantear el tipo de frontera que el país necesita tener; una frontera con una migración ordenada y segura.

Llama la atención entonces que siendo el 2015 uno de los momentos más candentes desde el punto de vista de movilidad humana entre ambos países, aún no se encuentre la palabra “migración” en las narrativas noticiosas de los artículos seleccionados. Al respecto, si bien el abordaje de las migraciones desde el punto de vista de la gestión fronteriza implica el reto común de facilitar el movimiento legítimo de personas y bienes al tiempo que se mantiene la seguridad de las fronteras, una gestión integral de las migraciones no puede limitarse de manera exclusiva al ámbito fronterizo.

V. RESULTADOS: ARTÍCULOS PUBLICADOS EN 2016

Para este análisis se tuvieron en cuenta 114 artículos publicados en ambos medios entre agosto y diciembre de 2016. Resalta la coincidencia entre ambas nubes al presentar las mismas palabras en el foco del análisis “Maduro/frontera/Colombia/país/personas/Cúcuta/Gobierno y presidente” (figura 12).

Cabe señalar que para este pico migratorio ya aparece la palabra “migración” en ambos medios, aunque de manera tangencial, siendo mucho más relevante y consistente el término “frontera”. Como ya hemos planteado, en un lapso relativamente corto se han desplegado una serie de eventos o acontecimientos que han venido aumentando el flujo migratorio de venezolanos y binacionales hacia Colombia; sin embargo, hay coincidencia en que el aumento estadístico tuvo un primer auge durante el año 2015 y su más alto pico en 2016, como consecuencia de la agudización del conflicto político, social y económico venezolano (Acnur, 2018). En este año Amnistía Internacional diagnostica este éxodo como una crisis humanitaria (Universidad del Rosario y Konrad Adenauer Stiftung, 2018).

FIGURA 12. NUBES DE PALABRAS GENERADAS POR CADA MEDIO (IZQUIERDA EL TIEMPO, DERECHA SEMANA).


Fuente: elaboración propia.

Durante el último fin de semana de julio y el 1.º de agosto de 2016, el Gobierno de Venezuela reabrió temporalmente su frontera para que los ciudadanos de este país puedan cruzar hacia Colombia a abastecerse de alimentos y diferentes productos de primera necesidad. Según Migración Colombia, durante esos dos fines de semana solo por el puente internacional Simón Bolívar cruzaron más de cuatrocientos mil ciudadanos venezolanos residentes en el vecino país.

En cuanto al contexto de las palabras circundantes al foco noticioso en ambas nubes de palabras, si bien Cúcuta fue la ciudad que ocupó el centro noticioso y de los equipos de Gobierno para el cubrimiento de este éxodo (de allí su relevancia en las nubes de palabras), con la reapertura de la frontera Migración Colombia decidió instalar dos nuevos puestos de control migratorios en Norte de Santander, situados en el puente Francisco de Paula Santander y en el municipio de Puerto Santander, que llegaron a sumarse a los cinco que ya existían, para un total de siete puestos de control migratorio en toda la frontera con Venezuela.

Para complementar el análisis de este último pico migratorio, haremos mención a los dendogramas comenzando por el arrojado por El Tiempo, en el que se distinguen dos aspectos (figura 13): el primero tiene que ver con la importancia jerárquica de las palabras que hacen mención a los presidentes de ambos países en el análisis central noticioso (Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos); es decir, dos personajes antagónicos son los grandes protagonistas del discurso mediático. El segundo aspecto y derivado el primero tiene que ver con la prioridad política diplomática en el encuadre del análisis y su circunscripción geográfica al área fronteriza colombo-venezolana.

Finalmente, no es de soslayar el tema de seguridad en la frontera, abordado de manera mancomunada a la luz de la lucha contra el crimen organizado como un asunto trascendental que implica además un refuerzo de la presencia de las fuerzas militares de ambos países.

Por su parte, los artículos seleccionados de la revista Semana indican más amplitud de temáticas abordadas con una mayor cercanía semántica y menor jerarquía de los términos que hacen alusión a las figuras presidenciales (figura 14). El término “colombianos” denota un especial interés en el cubrimiento del retorno de estos connacionales al país.

FIGURA 13. DENDOGRAMA DE 56 ARTÍCULOS PUBLICADOS POR EL TIEMPO ENTRE AGOSTO Y DICIEMBRE DE 2016


Fuente: elaboración propia.

FIGURA 14. DENDOGRAMA DE 58 ARTÍCULOS PUBLICADOS POR SEMANA ENTRE AGOSTO Y DICIEMBRE DE 2016


Fuente: elaboración propia.

CONCLUSIONES

El hecho de que la intensidad de artículos producidos por ambos medios sea coincidente (en gran medida) con los picos migratorios identificados desde diferentes fuentes académicas (figuras 1 y 2), parece significar que efectivamente hubo un cubrimiento mediático en dos sentidos: a la agudización y agravamiento paulatino de la situación política, económica y social de Venezuela y a los hechos particulares acontecidos en la frontera colombo-venezolana derivados de ello, mas no a la inmigración de venezolanos hacia Colombia, lo que en un comienzo pensamos que iba a arrojar este análisis. De allí que el término “migración” fuera marginal en comparación con el término “frontera”, que sí fue protagónico, especialmente en 2015 y 2016.

En este sentido, hay que decir que según datos oficiales de ciudadanos venezolanos del RAMV, el 47,4 % de esta población se encuentra en los seis departamentos que componen las zonas de frontera colombo-venezolana, mientras que en los tres departamentos más grandes del país se encuentra el 41,5 %. Esto indica que ha habido un proceso de internación de los ciudadanos venezolanos al resto del país y no solo en las zonas de frontera que pasó inadvertido en la narrativa de los artículos analizados.

Sin embargo, que se haya dado prioridad a la frontera y no al fenómeno migratorio como tal posiblemente tiene que ver con que son más de 2.219 km separados por líneas invisibles que cobran vida cuando las necesidades surgen, y que además son paso fácil para el contrabando, el narcotráfico y los grupos delincuenciales, que encuentran como “caldo de cultivo” para su supervivencia una ausencia significativa del Estado. Así mismo, existen conflictos relacionados con la doble nacionalidad y la migración irregular. En total, seis departamentos y veintiséis municipios de Colombia comparten puerta con Venezuela. Quizá con esta misma lógica, el Gobierno designó un gerente de frontera y no un gerente migratorio para el abordaje de esta (in)migración.

Se identifican dos momentos importantes en el cubrimiento mediático. El primero, entre el 2005 y 2013, en el que la llegada de ciudadanos venezolanos no fue considerada un problema migratorio, quizá porque por su perfil socioeconómico de clase media alta, se deduce que esta movilidad no se da por la vía de la frontera terrestre, sino por vía aérea. Y un segundo momento, a partir del 2015, en el que los picos de migración coinciden con los momentos de crisis política y económica interna venezolana que estimularon la denominada migración fronteriza de supervivencia; por tanto, el abordaje mediático se caracterizó por un enfoque político-económico centrado casi exclusivamente en la región de la frontera terrestre.

Este segundo momento migratorio cobró especial importancia mediática por tratarse, primero, de ciudadanos colombianos y sus familias venezolanas que se vieron afectados por un cierre de fronteras y sus consecuencias económicas para Colombia y segundo, de un grupo de personas con demandas económicas e institucionales específicas hacia el Gobierno colombiano.

Los asuntos internos colombianos no tuvieron mayor relevancia a la hora de tratar la información sobre la (in)migración venezolana en Colombia, pues si se hubiera tratado el tema desde el punto de vista de una crisis migratoria en estricto sentido, habrían tenido relevancia, entre otras temáticas: la ausencia de una política pública migratoria o cómo las normas sobre fronteras, incluyendo la Ley 191 de 1995, no han respondido a la necesidad de promoción, protección y consolidación de los derechos humanos fundamentales de las personas, sino que se han enfocado, casi exclusivamente, en los temas económicos y comerciales.

Llama la atención cómo el cubrimiento mediático pareció dar mayor protagonismo a las figuras presidenciales y a los modelos económicos y políticos de Gobierno de ambos países que a las repercusiones sociales y humanas de la crisis de estos modelos. Podría plantearse incluso que el foco de las narrativas noticiosas fue la crisis de un modelo político económico y no una crisis migratoria.

En primera instancia, la importancia de Venezuela parece radicar en su relevancia como representante de un proyecto político específico que contrasta no solo con el modelo colombiano, sino con la mayoría de los modelos de la región. Por esto las repercusiones económicas en el país son mencionadas en repetidas ocasiones, ya que se traza un vínculo entre un modelo socialista y una economía en decrecimiento.

Nicolás Maduro y sus diferentes medidas convocaron la atención de los medios, sin reflejar de manera detallada la incidencia en la vida de las personas, por lo cual no se dimensiona la influencia de los factores políticos y sociales en la emigración de los venezolanos. La migración de venezolanos hacia Colombia parece percibirse para el discurso mediático como un aspecto de intervención social que debe suplir el Gobierno colombiano, puesto que el proyecto político de Venezuela fracasó y con ello la economía del país.

Finalmente, los picos migratorios y de información aquí descritos, especialmente a partir del 2013, debieron capitalizarse como indicadores tempranos o alertas migratorias, posibles nuevas fuentes de política pública e incluso como una oportunidad para la creación de instrumentos de protección y de gestión de las migraciones en todos sus aspectos (inmigración, emigración, tránsito y retorno). Los relatos noticiosos de estos dos medios han venido registrando paulatinamente unos desplazamientos humanos soportados en datos estadísticos que generan importantes insumos para un cambio en el paradigma de que Colombia es un país solo de emigración.

Este sería un reto fundamental para una adecuación normativa e institucional acorde con la realidad migratoria actual y con los acuerdos internacionales en materia migratoria, así como también un aporte al discurso ético y social que ve la migración como un fenómeno positivo para la sociedad y para el desarrollo del país y entiende que el otro extranjero no es otra cosa que el espejo de nuestros propios connacionales que también se han ido del país buscando mejores oportunidades o salvaguardando su vida y sus bienes.

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CAPÍTULO SEGUNDOMIGRACIÓN DE RETORNO EN EL CONTEXTO DE LA CRISIS VENEZOLANA

STÉPHANIE LÓPEZ*

Uno siempre vuelve a los viejos sitios donde amó la vida

RESUMEN

La migración de colombianos a Venezuela es un flujo que data de los años setenta durante la bonanza petrolera del vecino país. Así mismo, muchos colombianos se refugiaron allí del conflicto armado en los años noventa. Hoy, la crisis política, económica y social que vive Venezuela ha llevado a muchos de sus ciudadanos a migrar del país en búsqueda de oportunidades, pero también huyendo de esta crisis; los colombianos que vivían allí han tenido que regresar a Colombia y otros han sido deportados. Este capítulo tiene como objetivo describir la situación de los colombianos que han retornado de Venezuela poniendo énfasis en los desafíos que se encuentran al momento de regresar y en las medidas adoptadas por el Gobierno para esta población.

Palabras clave: migración de retorno, políticas migratorias, Venezuela, crisis humanitaria.

ABSTRACT

Colombian migration to Venezuela goes back to the seventies during the neighbor country’s oil boom. Also, during the nineteen’s many Colombians sought asylum in Venezuela fleeing the inner conflict. Nowadays, the political, economical and social crisis has forced many Venezuelans to migrate in search of opportunities and also fleeing the crisis; the Colombians living there, are also coming back to Colombia and others have even been deported from the neighbor country. This article aims to highlight the situation of those Colombians who have returned, empathizing the challenges and the decisions that have been taken by the government to face this situation.

Keywords: return migration, migration policies, Venezuela, humanitarian crisis.

Emigrar es un verbo conocido para los colombianos, que han sido tradicionalmente una población migrante a causa del conflicto armado y de factores económicos: los colombianos han huido del conflicto, pero también han buscado mejores condiciones de vida en otros países desde los años setenta y hasta el hoy los nacionales colombianos siguen saliendo del país. Una de las mayores migraciones de colombianos ha sido a los países vecinos, principalmente Ecuador y Venezuela. Ecuador es el país con el mayor número de refugiados, mientras que Venezuela es uno de los principales países de destino de los colombianos que cuentan con refugiados (reconocidos y de facto) nacionalizados (binacionales), residentes y migrantes en situación irregular.

Colombia y Venezuela se consideran países hermanos. En esa medida, las relaciones económicas, sociales y culturales han estado marcadas por una cercanía que parece perdurar desde antes de sus independencias. Incluso recién independizados, estos dos países firmaron un acuerdo que data de 1833 con el objetivo de fijar las fronteras y reglamentar el comercio (López y Sánchez, 2007). Desde entonces, la interdependencia que existe entre ambos países y el compartir una extensa frontera han hecho que las migraciones transfronterizas sean parte de su cotidianidad: muchos colombianos que trabajaban en Venezuela regresaban a Cúcuta a dormir en la noche, repartiendo su vida entre ambos países. Si bien en los años setenta y ochenta el flujo de migrantes colombianos a Venezuela aumentó, en los tiempos actuales son los venezolanos los que vienen a Colombia buscando un mejor futuro y huyendo de un país que ya no puede ofrecerles un bienestar. En este flujo también se sitúan los colombianos que migraron en su momento al vecino país.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la migración de retorno se refiere al “movimiento de personas que regresan a su país de origen o a su residencia habitual, generalmente después de haber pasado por lo menos un año en otro país. Este regreso puede ser voluntario o no. Incluye la repatriación voluntaria” (OIM, 2006, p. 39). Cuando se refiere a un retorno no voluntario, este es definido como “Deportación: Acto del Estado en el ejercicio de su soberanía mediante el cual envía a un extranjero fuera de su territorio, a otro lugar, después de rechazar su admisión o de habérsele terminado el permiso de permanecer en dicho Estado” (ibid.). Junto con estas definiciones, es preciso indagar sobre las causas y consecuencias de este retorno en diferentes niveles: desde el país de origen al país de retorno, desde el individuo hasta la comunidad y desde lo local hasta lo nacional y lo transnacional, pasando por los ámbitos económico, social, político y cultural.

Así las cosas, se pretende situar la migración colombiana de retorno desde Venezuela mediante la caracterización de la población y de la normativa que rige actualmente sobre los retornados. De este modo, en un primer momento se abordará un contexto descriptivo del perfil de los colombianos que residen en Venezuela y de las condiciones en que han retornado desde la crisis; en un segundo momento se abordarán las principales herramientas dispuestas por el Gobierno para esta población y, por último, se hará una reflexión sobre los retos que enfrentan tanto los migrantes como el Gobierno para su (re)integración a la sociedad.

I. LA MIGRACIÓN COLOMBIANA HACIA VENEZUELA Y SU RETORNO

La migración colombiana a Venezuela es de larga data y se remonta a los años setenta, según datos recopilados por la Universidad del Rosario:

Las personas nacidas en Colombia pasaron de conformar la tercera parte de la población de origen extranjero en Venezuela (30,20 % en 1971) a constituir más de la mitad de esta (51,79 % en 1990). El gran salto cuantitativo se efectuó durante la década de los setenta, estimulado por los precios altos del petróleo1.

Así, la bonanza petrolera permitió que los colombianos emigraran gracias a la demanda de trabajadores en este sector, pero también en infraestructura y servicios, mejorando sus condiciones de empleo2. Esto ha incidido en que muchos de estos colombianos tengan doble nacionalidad y sus hijos sean nacionales venezolanos. A finales de los años noventa se estimaba que un 31 % de la población colombiana en el exterior residía en Venezuela (Gómez y Rengifo, 1999) y desde entonces se recomendaba formular una política migratoria regulatoria de estos flujos.

Históricamente, el fenómeno de la migración ha estado presente en las relaciones colombo-venezolanas, pero su motivación estuvo principalmente influida por causas económicas. Sin embargo, la agudización de la crisis política y el conflicto armado que vive Colombia desde el siglo pasado están agravado la radicalización y degradación de los movimientos migratorios, lo cual origina el desplazamiento interno (Colombia) y una migración forzada hacia los países vecinos (Álvarez, 2004).

Es importante anotar que Venezuela ha sido el principal receptor del desplazamiento forzado desde Colombia en lo que se conoce como el éxodo transfronterizo y que ha sido documentado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, que recoge en un informe esta problemática por lo general invisibilizada. El informe se centra en el departamento de Arauca, pero también analiza las demás fronteras. Se calcula que hay más de doscientos mil refugiados de hecho (CNMH, 2014), en contraste con los 4.340 refugiados reconocidos, porque es una población flotante y se dificulta su registro por la extensión de la frontera entre ambos países. Así, “Miles de familias y personas, principalmente campesinos, indígenas y afrodescendientes, no solo de las regiones fronterizas, sino de cualquier parte del país, hacen uso de la enorme extensión y posibilidad de acceso al vecino país para huir del conflicto armado y la violencia generalizada en Colombia” (CNMH, 2014).

Según la OIM, para el censo de 2011 había en Venezuela 684.040 colombianos (Organización Internacional de Migraciones, 2013), siendo Venezuela el quinto país en otorgar protección internacional a colombianos, a pesar del subregistro existente de casi 90 % (Carreño Malaver, 2014). Cifras no oficiales cuentan más de cuatro millones de colombianos que residen en Venezuela, incluyendo los hijos de estos migrantes, es decir, los migrantes de segunda generación con opción de doble nacionalidad; según el presidente Nicolás Maduro, serían más de cinco millones3, pero el subregistro es tal que de momento la cifra oficial queda en menos de un millón de colombianos que residen en Venezuela.

A pesar de que los datos sobre el retorno de migrantes a Colombia son insuficientes, con algunos estudios se puede deducir que este retorno no es reciente y viene dándose desde años atrás. No solo el aumento del poder de Maduro y la crisis socioeconómica que se ha agudizado han sido motivos para regresar al país: también la subida al poder de Hugo Chávez y su posterior reelección llevaron a los colombianos de más altas cualificaciones a emigrar de nuevo a Colombia. Según una encuesta de 2008, del total de retornados, 28,2 % lo hicieron desde Venezuela y después de Estados Unidos, que ocupa el primer puesto como país desde el cual retornan los colombianos, con el 31,4 % (Observatorio Colombiano de Migraciones, 2009). De estas cifras se puede inferir que el retorno desde Venezuela no es reciente y, de manera más amplia, que las migraciones transfronterizas son la norma entre ambos países, por lo que este retorno bien puede representar una reemigración. No es posible saber si este retorno se da de manera voluntaria o forzada por la situación socioeconómica y política del vecino país.

Con la intensificación de la crisis venezolana, en agosto de 2015 miles de colombianos fueron expulsados de Venezuela4 bajo la premisa de que eran residentes ilegales, tras el cierre de la frontera de parte del presidente Nicolás Maduro, lo que se convirtió en una crisis diplomática. Durante esta última crisis, el Gobierno calculó la llegada de colombianos en poco más de dos mil deportados y más de veinte mil retornos (Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 2018b), mientras que Naciones Unidas reportó que habían llegado más de veinticuatro mil. La atención humanitaria de emergencia facilitó albergues, y la fuerza pública ayudó a los habitantes de la frontera a pasar sus pertenencias por trochas con camiones destinados para ello.

Si bien esta crisis tuvo una respuesta, es cierto que muchos colombianos vivían con miedo a ser deportados5: la política de deportaciones no era nueva. En años anteriores, el Gobierno venezolano había expulsado a 4.386 colombianos entre 2013 y 2014 por encontrarse indocumentados, mientras que en años anteriores las deportaciones no habían superado las trescientas personas. Algunos académicos, en un comunicado binacional emitido con posterioridad a la crisis, señalaron:

Hay seis tipos de situaciones diferentes: 1) personas que nunca intentaron resolver su migración irregular; 2) quienes hicieron los trámites en la Misión Identidad, esperaron varios años y no tuvieron respuesta; 3) quienes obtuvieron cédulas de nacionalización que les permitían ser electores y recibir subvenciones sociales pero les vienen siendo retiradas en los últimos años o aparecen como “auditadas-rechazadas”; 4) aquellos que recibieron cédula de residencia pero al vencerse no se las renovaron; 5) algunos que tienen su cédula en regla; y 6) quienes solicitaron refugio y debían recibir protección humanitaria (Ramírez, 2015, p. 6).

De estos últimos, es decir, quienes solicitaron refugio, algunos fueron expulsados durante esta crisis. Según un estudio del Centro de Migraciones de la Congregación Scalabriniana en Cúcuta, los retornos durante la crisis estuvieron marcados por una deportación masiva durante la crisis de 2015 (Corporación Scalabrini ‘Corposcal’ y Acnur, 2015). Según cifras de la Cancillería, desde ese momento hasta junio de 2017 han retornado 2.415 colombianos de Venezuela, registrados en el Registro Único de Retornados (en adelante, RUR); sin embargo, esta cifra es mayor puesto que existe un subregistro: corresponde al 52 % de los que han regresado en Colombia, seguida por España y Estados Unidos.

A partir de los datos del RUR se evidencia este retorno desde Venezuela: a julio de 2017 habían retornado 1.690 personas (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2017), y a julio de 2018, 1.474 personas (Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 2018c). La situación de retorno de colombianos desde Venezuela persiste a 2018, aunque se desconocen las cifras; el Gobierno calcula que podrían ser entre 30 y 35 % del flujo migratorio total desde Venezuela, además del 40 % estimado que cuentan con la doble nacionalidad6. Muchos de ellos regresan al país por sus propios medios, así que es un reto conocer cuáles son sus necesidades en el corto y el medio plazos, más allá del conocimiento de la situación de vulnerabilidad en el caso de los retornos más recientes. Además, se puede observar un subregistro si se cuenta solo con los que están registrados en el RUR.

Paralelamente al análisis que puede hacerse sobre la migración de venezolanos, la migración de retorno de colombianos podría dividirse en dos categorías: por un lado, la de quienes regresaron en los primeros años del chavismo, en una situación económica favorable, y por otro, la de los que están regresando en condiciones menos favorables y de mayor vulnerabilidad desde 2015. Entre estos casos se puede subrayar la situación en el departamento del Atlántico, que de por sí es uno de los más vulnerables desde el punto de vista de la pobreza que allí se encuentra. El retorno a diferentes municipios del departamento ya generaba a principios de 2017 una preocupación7 en varios sentidos: la atención en salud, el acceso a la educación de niños que regresaron por falta del registro civil y los asentamientos de esta población en zonas ilegales.

Además, aunque se sabe que existen procesos de reemigración tras volver a Colombia, no hay cifras que lo demuestren; solo dos tendencias parecen demostrarlo: por un lado, el aumento de la demanda de pasaportes de venezolanos recién nacionalizados colombianos8 y por otro, el incremento del flujo de migrantes colombianos que atraviesan la frontera hacia Ecuador9, de los cuales un porcentaje viene de Venezuela.

Hoy día la migración de colombianos a Venezuela persiste; así queda expuesto por la Asociación de Colombianos en Venezuela, que calculó 120.000 entradas10, cifra considerable con respecto a los venezolanos que han salido del país. Por ello, también es necesario saber que las migraciones son bidireccionales y no han frenado en ninguno de los dos lados de la frontera.

II. ACCIONES EMPRENDIDAS PARA LA POBLACIÓN RETORNADA

En el contexto latinoamericano en el que se empezaron a mediados de los años dos mil a formular y reformar las políticas migratorias, Colombia empieza un trabajo al respecto emitiendo el Documento Conpes 3603 de Política Integral Migratoria en el 2009, el cual llevaría a adoptar unas leyes al respecto11. Entre las herramientas dispuestas por el Gobierno colombiano para los retornados está la Ley 1465 de 2012 o Ley de Retorno, que establece cuatro tipos de retorno: solidario, laboral, humanitario y productivo. Podría calificarse el retorno desde Venezuela como humanitario, en particular en el caso de los deportados en la crisis de 2015 y años posteriores. Esta ley les permite a los retornados registrarse como “retornados” para obtener beneficios tributarios, entre otros; también pueden acceder a ofertas laborales y a créditos por medio del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Esta ley de retorno no incluye la migración irregular, que es gran parte de la que proviene de Venezuela. Si bien aún no se han establecido unos perfiles de las personas que han regresado a Colombia, podríamos aventurarnos a decir que existen, por un lado, colombianos que eran refugiados en Venezuela y que requieren condiciones de seguridad para garantizar su protección en Colombia, y por otro lado, familias binacionales que necesitan acompañamiento para trámites de registro o cedulación, muchas de ellos con niños, niñas y adolescentes (NNA) en riesgo de apatridia. Se necesita una caracterización de esta población para garantizarles los derechos de una mejor manera12.

En su momento, el Gobierno atendió la crisis con decretos circunstanciales (cuadro 1) y declaró el estado de emergencia en los municipios fronterizos con Venezuela13. Estos decretos se centraron en la salud, el empleo, la vivienda y la reunificación familiar, pero la vigencia del estado de emergencia duró solo treinta días y a partir de ese momento se empezó a aumentar también la llegada de venezolanos.

CUADRO 1. DECRETOS ADOPTADOS EN EL MARCO DE LA CRISIS FRONTERIZA DE 2015


Decreto 1768 de 2015Por el cual se establecen las condiciones para la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud de los migrantes colombianos que han sido repatriados, han retomado voluntariamente al país o han sido deportados o expulsados de la República Bolivariana de Venezuela.
Decreto 1770 de 2015Por el cual se declara el estado de emergencia económica, social y ecológica en parte del territorio nacional.
Decreto 1771 de 2015Por el cual se levantan algunas restricciones legales existentes para incluir a las personas afectadas por la situación en la frontera colombo-venezolana en los registros de datos de programas sociales y se establecen criterios que permitan focalizar y priorizar el gasto público social en esa población.
Decreto 1772 de 2015Por medio del cual se establecen disposiciones excepcionales para garantizar la reunificación familiar de los nacionales colombianos deportados, expulsados o retornados como consecuencia de la declaratoria del estado de excepción efectuada en la República Bolivariana de Venezuela.
Decreto 1814 de 2015Por el cual se reglamenta el Decreto 1772 de 2015, “por medio del cual se establecen disposiciones excepcionales para garantizar la reunificación familiar de los nacionales colombianos deportados, expulsados o retornados como consecuencia de la declaratoria del estado de excepción efectuada en la República Bolivariana de Venezuela”.
Decreto 1819 de 2015Por el cual se dictan disposiciones en materia de vivienda para hacer frente a la emergencia económica, social y ecológica declarada en parte del territorio nacional.

Fuente: elaboración propia.

Es importante señalar en el tema de la nacionalidad lo establecido en el Decreto 1814 de 2015, que permite la reunificación familiar ya que muchos hijos de colombianos han adquirido la nacionalidad de sus padres en aras de beneficiarse de los derechos de los ciudadanos colombianos y de los beneficios otorgados por la ley de retorno. También muchas de las parejas venezolanas de colombianos pudieron tener acceso a la nacionalidad mediante este decreto. En total, se han beneficiado 387 familias (cuadro 2).

CUADRO 2. NÚMERO DE RESOLUCIONES DE INSCRIPCIÓN POR AÑO PARA OTORGAR LA NACIONALIDAD COLOMBIANA


AñoNúmero de resoluciones de inscripción
201524
2016304
201748
2018*11
Total387

*Con fecha de corte al 13 de junio.

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (2018b, p. 14).

Tras el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV) realizado a los venezolanos que se encontraban en el país de manera irregular, se decretaron otras medidas para los migrantes que retornaron de Venezuela (Decr. 1288 de 2018) tales como el fortalecimiento de la Comisión Intersectorial para el Retorno y programas de apoyo al retorno, haciendo mención a darle cumplimiento a lo establecido en la Ley de Retorno. Se definió que la Comisión Intersectorial para el Retorno debía reunirse al menos una vez al mes y se le solicitó a la Cancillería cumplir con lo establecido en la Ley de Retorno en cuanto a los programas de apoyo al retorno: “Los programas y planes de apoyo y acompañamiento para el retorno serán formulados en coordinación con las entidades competentes en cada uno de los temas, y se implementarán con cargo a los recursos y programas de los que estas dispongan” (Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 2018a).

En esta reciente normatividad se pone especial énfasis en el retorno humanitario desde Venezuela, que implica presentar una declaración por escrito del tiempo que se ha permanecido en el exterior para quedar registrado en el Registro Único de Retornados (RUR), lo cual facilita el acceso a los beneficios de la Ley 1565 de 2012. También se hace referencia al tema educativo y de convalidación y acceso al sistema de parte tanto de venezolanos como de colombianos retornados. Se supone que la normatividad existente en la materia es aplicable a los retornados desde Venezuela.

III. RETOS PARA LA (RE)INTEGRACIÓN DE LOS RETORNADOS

Uno de los principales desafíos que enfrenta hoy la sociedad colombiana es la integración de los venezolanos; sin embargo, es necesario pensar la (re)integración de los colombianos, muchos con doble nacionalidad, que han regresado al país, no solo desde el punto de vista del Estado, sino también de la sociedad civil, para abrir espacios que les permitan un retorno sostenible. Hay tres situaciones que se identifican de la salida de colombianos de Venezuela: 1) el retorno de migrantes que eran refugiados, es decir, los repatriados; 2) el de los que salieron a comienzos del chavismo; y 3) quienes están regresando por la intensificación de la crisis en años más recientes.

Primero, en cuanto a las víctimas en el exterior y las que vivían en Venezuela que hayan retornado al país, no se conocen las medidas adoptadas; no obstante, desde el punto de vista del regreso es importante acentuar que se deben dar unas condiciones de seguridad. Al respecto, el Gobierno

Se ha propuesto generar y promover las condiciones socio-políticas necesarias que, garantizando una efectiva promoción y protección de los derechos humanos en el territorio nacional, motiven el retorno de nacionales colombianos que han solicitado protección internacional en un segundo país, mediante la figura de refugio. (Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 2018b, p. 120).

Algunas organizaciones de la sociedad civil han exhortado al Gobierno colombiano a “construir un plan especial de atención que permita a las víctimas del conflicto armado que desean retornar proveniente [sic], acceder a ayudas humanitarias y de programas de integración diferenciales” (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, 2018, p. 42) entre otras recomendaciones, entre las que se incluyen la protección especial de los refugiados que decidan retornar y tomar medidas para evitar las expulsiones colectivas y arbitrarias de colombianos.

En este caso del retorno de migrantes que han tenido que salir de sus países de origen por el conflicto armado se concluye sobre varios puntos o retos a partir de un estudio realizado en Afganistán, aplicable al caso colombiano (Van Houte, 2014). Esta autora propugna una integración multidimensional o “embededness” para explicar algunos factores del proceso; se refiere específicamente a la manera en que un sujeto encuentra su lugar en la sociedad y al sentimiento de pertenencia y participación en ella (Davids, 2008, en Hebinck, Slootweg y Smith, 2008).

Van Houte (2014) plantea también una visión alternativa partiendo de este concepto y de la premisa de que no solo se debe estudiar la agencia y la estructura; con ello se refiere a un estudio de las migraciones que comprenda la estructura, la agencia y la relación entre las dos. Esto es, que no solo se tengan en cuenta los factores macro- del proceso, como puede ser la situación social, política y económica en origen, sino también factores micro-, entre los cuales los recursos con que cuenta el retornado. La (re)integración se estudia desde las dimensiones económica, redes sociales e integración psicosocial, que se interrelacionan.

En segundo lugar, algunos de los que han retornado desde hace más años, es decir, cuando subió Hugo Chávez al poder, señalan la dificultad de vivir entre dos países, pues cuando la migración es de larga data, se dificulta el proceso de integración14. En efecto, muchos de los colombianos que emigraron a Venezuela duraron más de cuarenta años allí15, lo cual dificulta el proceso ya que cuantos más años se está fuera del país de origen, más se deshacen las redes existentes. Esto dificulta la consecución de objetivos vitales para los retornados, como conseguir una vivienda y un empleo.

La ventaja de este grupo de retornados es que aún no se encontraban en una situación vulnerable y muchos de ellos pudieron preparar el regreso en los términos que plantea Cassarino (2004), es decir, que tenían un nivel de preparación y pudieron movilizar unos recursos. El nivel de preparación puede ser de tres tipos: alto, bajo o inexistente, e incluye dos variables: el deseo de retornar y el nivel de preparación. En cuanto a los recursos que movilizan los migrantes, se clasifican en: recursos tangibles, recursos intangibles y capital social. Ambos factores están influidos por las circunstancias (institucionales, políticas, económicas, sociales) tanto de los países de origen como de los receptores; en el caso estudiado, y para este grupo de migrantes, son las circunstancias políticas las que inciden en su retorno.

En tercer término, quienes han retornado de manera reciente, en particular desde la crisis del 2015, llegan por el empeoramiento de las condiciones socioeconómicas en Venezuela. A ello se suma que muchos fueron expulsados, por lo cual salieron de sus viviendas sin un proyecto definido, sino más bien sin rumbo cierto, sin preparación y sin recursos. Debe tenerse también en cuenta el sufrimiento social por el movimiento migratorio mismo (Speroni y Petroff, 2018), que comprende las rupturas familiares y necesita un apoyo psicológico. Al respecto, es importante subrayar las acciones de la sociedad civil; en particular, la Organización Deportados sin Fronteras reúne a un grupo de estos deportados y de los que han regresado con el objetivo de facilitarles el acceso a los beneficios de la Ley de Retorno y de la Ley de Víctimas mediante orientación sobre estos procesos y otros como el de la reunificación familiar.

En lo que concierne a su integración en la sociedad, uno de los retos en este proceso es el tema de la xenofobia hacia los venezolanos, pues muchas familias son binacionales y se han enfrentado a este problema. Al respecto, algunas organizaciones16 han empezado a implementar estrategias comunicativas contra la xenofobia entre las cuales destaca la campaña Somos Panas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur)17, que propende a contrarrestar los argumentos generalmente expuestos en contra de la migración de venezolanos.

Si bien el Gobierno está implementando algunos programas para la reintegración socioeconómica de estos migrantes, aún se dificulta por el subregistro. Un ejemplo de estos programas es el que se está implementando en Arauca para emprendedores con la ayuda de la Cámara de Comercio de este departamento18.

No obstante, el retorno de estos migrantes puede no ser sostenible en la medida en que, por ser una migración de larga data, puede que el proceso de (re)integración a la sociedad colombiana se dificulte a pesar de la cercanía cultural entre ambos países. En efecto, hay que anotar que algunos de los que han retornado eran refugiados en Venezuela y aún no se encuentran las condiciones de seguridad para su repatriación en los términos del Estatuto de 1951, lo cual dificulta su situación para permanecer en el país.

La respuesta estatal ante este retorno ha sido circunstancial: los decretos del Estado de emergencia no fueron suficientes ni lo serán, en la medida en que el flujo de migrantes desde Venezuela continúe. Ante estos retos, debe haber una atención integral a las familias que pase por su reincorporación socioeconómica pero también psicológica que sea sostenible, pues al menos en el corto y el medio plazos no hay un panorama de reemigración hacia Venezuela. La caracterización de estas personas que han retornado se hace necesaria para poder implementar acciones que vayan en línea con las capacidades y experiencias propias de cada migrante pero que además les brinden un apoyo al menos en el primer año de su regreso al país. Deben implementarse unos mecanismos de seguimiento a las acciones que se han formulado y puesto en marcha hasta el momento, pues esto permite reformular las políticas de acuerdo con las necesidades que los migrantes vayan presentando en su proceso de reintegración a la sociedad en los diferentes ámbitos.

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CAPÍTULO TERCEROANÁLISIS DE POLÍTICA PÚBLICA DE RECEPCIÓN DE VENEZOLANOS EN COLOMBIA

ALEJANDRO BONIL*

RESUMEN

Este capítulo presenta los principales hitos en el proceso de construcción de una política pública migratoria, desde sus primeras manifestaciones hasta las recientes medidas adoptadas para afrontar la llegada de venezolanos a Colombia, señalando sus aciertos y los desafíos que se presentan con aquella.

Palabras clave: política pública, gestión, gobernanza migratoria, política migratoria.

ABSTRACT

The document presents the main milestones, in the public policy construction process, from the first attempts until the recent decisions taken in order to face the arrival of Venezuelans to Colombia. The challenges and opportunities of this process will be pointed out.

Keywords: public policy, gestion, migration governance, migration policy.

Desde una perspectiva de derechos, se podría decir que Colombia, como Estado, no es ajena a la protección de su población migrante. Desde una perspectiva de política pública, por el contrario, se cuestiona constantemente la existencia de un marco general de acción para la protección, promoción, gestión y gobernanza de los flujos migratorios. Sin embargo, en muchos análisis se desconoce la manera como el Estado colombiano ha respondido de manera formal (planes, programas, proyectos y marco normativo) a las variaciones en sus flujos migratorios internacionales y a las específicas particularidades sobre las cuales este ha evolucionado. Siendo así, para entender la reacción del Estado colombiano frente a una modificación abrupta de su flujo emigratorio e inmigratorio, es necesario entender el razonamiento del Estado (y los gobiernos) en el pasado, las fuentes de política pública que se encuentran en juego y la consolidación de un marco general para la atención a esta población.

De aquí que este capítulo tenga como objetivo conocer cómo se ha gestionado y materializado la acción del Estado colombiano de cara a la gestión eficiente de la migración internacional. Para ello se requiere entender cómo se estructura la acción pública en el país, cómo esta se deriva en la existencia de políticas públicas y finalmente cómo se han implementado acciones puntuales del Estado de cara a la llegada de migrantes desde la República Bolivariana de Venezuela. Se espera así responder a los siguientes interrogantes: ¿cómo se ha estructurado la política nacional de migraciones de Colombia? ¿Qué efectos ha tenido un aumento del flujo migratorio desde Venezuela hacia el territorio nacional en el modelo de acción del Estado para la atención a población inmigrante? ¿Cómo ha afectado la respuesta (de corto plazo) para el diseño de instrumentos de política pública (largo plazo) en la política nacional de migraciones de Colombia? ¿Es la migración de población venezolana la única fuente de información para el diseño de instrumentos de política que busquen atender la inmigración en Colombia? ¿Cuáles son los resultados más evidentes de la implementación de instrumentos de política pública para la población inmigrante en Colombia? ¿Cuáles son las necesidades más apremiantes de cara a la reestructuración o diseño de esta política?

Este análisis de política pública se elaboró como marco conceptual que entrelaza la información detallada de cada uno de los artículos de esta publicación del Observatorio de Migraciones Internacionales del Departamento de Derecho Constitucional de nuestra alma mater.

INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

Mucho se ha dicho del cambio en el paradigma de la migración internacional en Colombia. Al parecer, pasar de considerarnos el país de los emigrantes, los desplazados y los refugiados en América Latina a ser el principal receptor de migrantes de la región ha sido una transición relativamente tranquila. Esto se debe principalmente a que la modificación en el flujo migratorio colombiano está ligada no solo a la crisis económica, social y política venezolana, sino a cambios sustantivos en el sistema internacional y a la manera como es visto nuestro país en el ámbito internacional. A partir de esta visión y del papel que desempeñamos en el sistema internacional, Colombia se ha dedicado a forjar un marco normativo y de política para la atención de sus flujos migratorios.

Con muchos aciertos y desaciertos, Colombia ha diseñado y puesto en marcha su política nacional de migraciones (PNM). De manera muy sorprendente, la documentación de esta parece manifestar una perspectiva optimista de los flujos migratorios y los interpreta como fuente de procesos de desarrollo. De la misma manera, opta por una perspectiva trasnacional reconociendo los nexos que existen entre quienes migran y sus territorios de salida. La constitución de la diáspora y el fortalecimiento de sus redes son en últimas lo que ha permitido evidenciar que la PNM es diaspórica al propender al establecimiento de una relación constante del Estado con sus connacionales en el exterior.

Comprensiva en cuanto a la necesidad de fortalecer y promover las dimensiones de desarrollo de la población colombiana en el exterior, en el marco de la política se habla de integración, de la promoción de una migración ordenada y de la necesidad de actualizar constantemente la información sobre la población que se encuentra en movimiento. Todo esto bajo el entendido de que los colombianos son migrantes económicos que salieron del país por la imposibilidad de romper con dificultades estructurales, pero que mantienen una relación estrecha con sus redes dentro del país.

A pesar de que se han encontrado vacíos sustanciales en la política vigente en Colombia, estos se relacionan principalmente con la poca capacidad del Estado colombiano de hacer respetar los acuerdos con otros países para la protección de su población migrante y con la profundización del problema de ausencia de información sobre quienes migran. También se reconoce que se ha recorrido un camino importante en el establecimiento de la migración como tema de agenda y de la necesidad de acción del Estado como elemento determinante para la gestión eficiente de los flujos migratorios.

Enfrentados a la migración de personas provenientes de Venezuela y reconociendo la existencia de la política nacional de migraciones, el Estado colombiano se ha encaminado a responder, desde la institucionalidad, a este nuevo paradigma. Cabe notar que esta respuesta se da en el marco de restricciones estructurales históricas del Estado colombiano, de la ausencia de capacidades y al hecho de no haber podido solucionar los problemas de información relacionados con los flujos migratorios nacionales.

I. LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL COMO FENÓMENO QUE SE HA DE INTERVENIR EN COLOMBIA Y EL DESARROLLO DE UNA POLÍTICA PÚBLICA

Desde la independencia de Colombia se ha hablado de migración internacional en su agenda pública1. Si bien en algunos periodos la migración internacional fue relevada a ser un tema de baja importancia en el debate, hacia el año 2003 este cobró mayor visibilidad en diferentes ámbitos gubernamentales. A partir de esta fecha, y estableciendo una especie de relación entre escaladas de violencia con la salida de colombianos hacia el exterior, se habla de migración internacional como un elemento de vital importancia para algunos grupos de interés. También el aumento sostenido de los flujos de capitales entre los colombianos en el exterior y sus conexiones con el país han alimentado el debate sobre Colombia como un país emisor de migrantes. Remesas internacionales, pérdida de capital humano, fuga de cerebros y desplazamiento forzado hacia el exterior son los principales elementos que se han discutido en espacios públicos y concernientes a la sociedad civil. Entonces a partir de estos temas se decide tomar acciones concretas de parte del Estado para atender las necesidades de una población tradicionalmente relegada.

Con el fortalecimiento y profundización del debate, así como las manifestaciones de algunos grupos de interés, se decide tomar acción concreta, centralizada en un solo instrumento, para la atención de los colombianos en el exterior y los extranjeros en Colombia. A partir de ello se estructura y aprueba el Conpes 3603 de 2009[2], bautizado como Política Integral Migratoria (PIM). Este documento tiene en cuenta todos los esfuerzos previos del Estado colombiano para establecer una relación con los connacionales en el exterior, tanto por medio de las secciones consulares como de planes, programas y proyectos concretos. De la misma manera, se integran en este documento todos aquellos antecedentes institucionales, de política pública, jurídicos y constitucionales pertinentes, con el fin de unificar en una sola toda la acción del Estado dirigida a esta población. Como resultado, se obtiene un plan centralizado, interinstitucional y orientado a “[g]arantizar una atención suficiente, efectiva y coordinada sobre todas las dimensiones de desarrollo3 de la población colombiana en el exterior y los extranjeros en Colombia” (Conpes, 2003).

Ahora bien, en el proceso de consolidación de la migración internacional como tema de agenda pública, esta pasó a ser un elemento clave en la definición de la política exterior colombiana (PEC) por medio de su integración a los planes nacionales de desarrollo subsiguientes (Bonil Vaca, 2016). Esto lleva a pensar entonces que el fenómeno migratorio y los colombianos en el exterior son un grupo de interés de vital importancia para el desarrollo de las buenas y eficientes relaciones de Colombia con el mundo. De la misma manera, se busca integrar a este segmento poblacional en los procesos de desarrollo del país. Según la OIM (2018, p. 4):

La estrategia migratoria ha sido integrada en el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia. El plan actual se llama “Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un Nuevo País” y fue emitido en 2014. Específicamente, el plan promueve acciones encaminadas a mejorar las estadísticas y el monitoreo de la migración, fortalecer la cooperación entre agencias del Gobierno y otros actores de la sociedad, favorecer la migración ordenada y el acceso a la seguridad social, entre otros aspectos […].

Con el paso del tiempo y la finalización de los recursos establecidos para la implementación de la PIM, se puso en marcha una nueva iniciativa estatal, la política nacional de migraciones (PNM). Dentro de este nuevo conjunto de planes, programas y proyectos se integraron las directrices establecidas por la PIM, los decretos que regulan la emisión de visados y la promoción de los colombianos en el exterior, entre otros. A este proyecto, integrado al quehacer de diferentes instituciones gubernamentales, se le denominó política, puesto que en ella se distingue un “[c]onjunto de acciones implementadas en el marco de planes y programas gubernamentales diseñados por ejercicios analíticos de algún grado de formalidad, en donde el conocimiento, aunado a la voluntad política y los recursos disponibles, viabilizan el logro de objetivos sociales” (Ordóñez-Matamoros, 2013).

En esta evolución, tanto normativa como de política pública, se evidencia de manera clara un desequilibrio de voluntad política para la atención de los inmigrantes. Se favorece de manera concreta la promoción de los colombianos en el exterior y se descuida la promoción de los extranjeros dentro del país, según el discurso que han manifestado tanto los actores políticos como los agentes estatales sobre la migración internacional. Para esta época estos actores no reconocían el cambio de paradigma de un Estado de emisión a un Estado de tránsito y destino de las migraciones, además de hacer una somera mención a los extranjeros en Colombia, establecer un procedimiento para un ordenado cruce de fronteras de parte de extranjeros (resolución de visas) y la visibilización de necesidades (o falta) de información sobre esta población, no se cuenta con un marco de acción para la garantía de sus derechos dentro del territorio. Incluso se puede decir que a la fecha no se han hecho declaraciones concretas de parte del Estado colombiano que tiendan a interpretar la migración (internacional) como un derecho humano y la necesidad de su garantía. Tampoco se ha manifestado una voluntad política por reconocer a la persona migrante como sujeto de derechos dentro del territorio nacional4.

En suma, se entiende que el objetivo social de la actual política nacional de migraciones de Colombia se fundamenta en la promoción de los colombianos en el exterior y no en el equilibrio de la protección y garantía de derechos tanto para los inmigrantes como para los emigrantes. Sin embargo, esto tiene una estricta relación con las cualidades del flujo migratorio internacional colombiano, que hasta el año 2015 gozaba de altos excedentes emigratorios. También se entiende que esta política ha sido desde su creación proactiva5 en cuanto a su voluntad de canalizar algunos aspectos resultantes del proceso migratorio, como el flujo de remesas, y garantizar procesos de desarrollo.

Desde otra perspectiva, se podría decir que, en lo formal, la PNM tiene implícito un elemento básico en el desarrollo de políticas migratorias para países expulsores: voluntad de generar una relación directa entre el Estado y sus connacionales en el exterior (Bermúdez, 2014). Esto la hizo pionera en la época en la que se implementó y sentó algunas bases para nuevos análisis de la gobernanza migratoria en Latinoamérica. Como resultado, existe hoy un aumento de ciudadanías trasnacionales6 de parte de los colombianos en el exterior, una estrecha relación entre Colombia y sus emigrantes y una perspectiva optimista7 de la migración como factor que puede generar procesos de desarrollo.

Cabe notar que no todo lo establecido tanto en la PIM como en la PNM se ha llevado a cabo. Es decir, todavía se presentan problemas graves de implementación de la política, instrumentos que no se han llevado a la realidad y elementos necesarios para la gobernanza de la migración que aún solo se encuentran en lo formal. Este es el caso del Observatorio de Migraciones y de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones8. En el primero se buscaba disminuir la brecha de información que sobre el tema existe en Colombia, y en el segundo, generar un espacio de concertación entre la sociedad civil y los organismos encargados de implementar la política pública. Estas han sido reemplazadas por otros instrumentos de política como el Sistema Nacional de Migraciones (SNM) y la Comisión Nacional Intersectorial de Migración (CNIM). La ausencia de estos elementos, por un lado, le resta visibilidad a la existencia de la política, y por el otro disminuye la eficiencia con la que esta puede llegar a tener para lograr su objetivo social. De la misma manera, resulta relevante la transferencia de la PNM a los Gobiernos locales. De ello depende la transferencia de capacidades a las entidades descentralizadas y la armonización de las acciones del Gobierno nacional con las de las entidades territoriales. Según la OIM (2018), “Colombia hace esfuerzos para mejorar la armonización de la política migratoria entre los departamentos descentralizados del país. Esta es una de las responsabilidades del Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería)”. Hoy algunos departamentos, municipios y distritos han incorporado la gobernanza de la migración internacional como eje de trabajo en sus planes locales de desarrollo.

El desequilibrio encontrado en la voluntad política y en el objetivo social de la PNM, su baja capacidad reactiva y los elementos faltantes en su implementación nos llevan a pensar que cualquier modificación que se presente en el flujo migratorio colombiano tendría una consecuencia directa frente a la política nacional de migraciones y en los programas que dentro de ella se vienen implementando. Este es el caso de las olas de alto flujo migratorio que se han dado desde países como Cuba y Haití, el retorno de colombianos (crisis financiera de 2008) y más recientemente, con énfasis en su efecto político y social, desde Venezuela. Así, resulta entonces importante abordar de nuevo el debate público para la modificación de la política, la revisión exhaustiva de las fuentes para su reformulación y la implementación de medidas reactivas para una buena gobernanza y la mitigación de los riesgos identificables.

II. CAMBIOS EN LA POLÍTICA NACIONAL DE MIGRACIONES Y SUS INSTRUMENTOS (DESDE 2016)

La diferencia entre una política pública y sus instrumentos radica en que los unos componen a las otras. Es decir, una política está compuesta de instrumentos que facilitan su implementación y por tanto el cumplimiento de su objeto social. Los instrumentos, por su parte, pueden ser planes, programas o proyectos. Incluso nuevas normas y leyes para atender un tema pueden ser considerados como instrumentos para la consecución del objeto social de una política. De aquí la importancia de que una política tenga claro su objeto social y el efecto que se desea pueda tener sobre su población. Este objeto social en últimas representa la voluntad política de las partes interesadas hacia un objetivo común. Aquí cabe acentuar que la sumatoria de los resultados individuales de cada instrumento de política pública es igual el resultado final de la política y que la sumatoria sistemática de resultados de la política en el tiempo (largo plazo) se considera la repercusión que esta tiene de cada al cumplimiento de su objeto social.

De la misma manera, se entiende que el debate público que enmarca la formulación de una política —y el establecimiento de su objetivo social— tiene unas fuentes. Estas pueden ser las demandas de un grupo social específico, acciones previas del Estado, la inclusión de un derecho en el ordenamiento jurídico o incluso la suscripción de tratados y acuerdos internacionales. Así, las fuentes llegan a concretarse en una política formal, desde la estructuración de instrumentos en los tres ámbitos del poder público, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Algunos llaman a estas fuentes jurídicas (tratados internacionales, ordenamiento jurídico nacional, Constitución Política y organización institucional, entre otros), fuentes de política pública (planes nacionales de desarrollo, política exterior colombiana, acuerdos institucionales vinculantes) y fuentes de resultados (instrumentos de política implementados previamente) (Conpes, 2009).

Para entender los cambios en la PNM y sus instrumentos se debe entonces analizar cuáles han sido las modificaciones sustanciales que se han dado en función de fuentes de política, en las variaciones de la voluntad política a la hora de intervenir en los flujos migratorios y el nuevo objetivo social que ha sido formalizado para ella, bajo un nuevo contexto de migración: Colombia como un país de recepción de migrantes.

A. Ámbito internacional

Desde el año 2016, la migración venezolana se ha convertido poco a poco en un fenómeno regional. Si bien ha llegado a diferentes países y continentes, los principales receptores de este flujo han sido países fronterizos y los que tradicionalmente han atraído migración internacional intrarregional en América Latina. Así pues, en el entorno regional han surgido espacios de concertación y análisis del fenómeno, tanto desde una perspectiva de derechos humanos, pasando por una perspectiva de ayuda humanitaria (protección internacional de refugiados) y finalmente, desde una perspectiva de la acción que debe tomar el Estado (política pública).

En la región se han presentado amplios y diversos avances en la inclusión de la migración como derecho humano a las políticas públicas nacionales. En especial cabe mencionar los marcos políticos y de acción estatal de países como Argentina, Chile, Perú, Brasil y México (García, 2016). De la misma manera, en los procesos de integración regional (Mercado Común del Sur ‘Mercosur’, Comunidad Andina ‘CAN’, Unión de Naciones Suramericanas ‘Unasur’) hay evidencias claras de una búsqueda de equilibrios entre la regulación hacia la emigración y hacia la inmigración, además de compromisos claros para la atención de extranjeros en los propios países, ya sea por voluntad propia, por principio de reciprocidad o por ambas. También se ha entendido la necesidad no solo de garantizar el derecho a la movilidad humana, sino a la protección de los otros derechos que tiene la población migrante dentro de un territorio específico (García, 2016).

Todo el trabajo en derechos humanos en el marco de los procesos de integración [latinoamericanos], los consultivos de migraciones y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos parecen ir a contrapelo de las tendencias europeas y estadounidense. Los posicionamientos de los países latinoamericanos frente al tratamiento deparado a sus nacionales pusieron en evidencia el que ellos mismos daban a otros migrantes (igualmente latinos) en sus territorios, lo cual contribuyó también al reemplazo de legislaciones migratorias restrictivas y la incorporación de derechos humanos para las personas migrantes (García, 2016, p. 129).

Ahora bien, la llegada de población proveniente de Venezuela a los diferentes países de la región se ha denominado “El desplazamiento internacional masivo más importante de América Latina”, con aumentos en la cantidad de desplazamientos de hasta 900 % en periodos interanuales y semestrales (El País, 2018). Dada la magnitud del flujo y las principales preocupaciones de los Estados para atender a los inmigrantes, desde una perspectiva de derechos, de seguridad nacional y de gobernanza de los flujos se han propiciado diferentes iniciativas para el fomento del dialogo internacional. Entre ellas se encuentran la creación del Grupo de Lima, para el análisis de la estabilidad institucional venezolana, el lanzamiento del Plan de Acción Regional de la Organización Internacional para la Migraciones (OIM) y el Centro de Información Venezuela Situation (VenSit), del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Además, se propició una cumbre ministerial en la ciudad de Quito para atender la emergencia humanitaria —trece países participantes— y se ha tenido un amplio periodo de sesiones en el marco de la asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La declaración de Quito reconoce los esfuerzos de todos los países de la región en cuanto a la atención de la población migrante proveniente de Venezuela. De la misma manera, solicita en primera instancia la acción por parte de la República Bolivariana para la atención de su población y así mermar la salida de personas (perspectiva proactiva), así como propender por [sic] el fortalecimiento de los espacios de cooperación técnica y financiera en la OEA, el Mercosur y la Unasur como espacios de concertación regional. (Declaración de Quito, 2018, p. 2).

A pesar de estos esfuerzos, al tratarse de declaraciones, estas no tienen fuerza vinculante de cara al derecho internacional. Esto quiere decir que no existen consecuencias jurídicas para los Estados que no emprendan acciones conjuntas para dar solución a problemáticas humanitarias o de otra índole relacionadas con los flujos migratorios venezolanos.

En todos estos espacios de discusión se ha puesto sobre la mesa la acción individual que ha emprendido Colombia, tanto en su marco regulatorio como en el desarrollo de instrumentos de política pública para atender a la población inmigrante. Allí incluso se ha discutido la pertinencia de estas acciones reactivas, de cara a la protección de derechos, a las garantías de no devolución y a la posibilidad de atender este flujo como de refugiados y no de migrantes.

En esta línea, cabe señalar cuáles han sido los instrumentos de derecho internacional ratificados por Colombia. Resulta importante tener en cuenta que la garantía de los derechos consignados en estos instrumentos se debe hacer de manera progresiva y depende de la capacidad institucional de cada Estado (cuadro 1).

CUADRO 1. INSTRUMENTOS DE DERECHO INTERNACIONAL RATIFICADOS POR COLOMBIA


Nombre de la convenciónRatificación
Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97)No
Convención sobre el estatuto de los refugiados, 1951Sí (1961)
Convención sobre el estatuto de los apatridas, 1954No
Convención para reducir los casos de apatridia, 1961Sí (2014)
Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143)No
Convención sobre los derechos del niño, 1989Sí (1991)
Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, 1990Sí (1995)

Fuente: Organización Internacional para las Migraciones (2018).

A pesar de las características arriba mencionadas, aquellos convenios a los que Colombia ha adherido y que versan sobre derechos humanos son hoy parte del bloque de constitucionalidad y por tanto sirven como marco para la protección de los derechos de los migrantes dentro de su territorio. Este es el caso de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Convención sobre la Protección de todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares.

B. Ámbito nacional

Si bien la política nacional de migraciones no ha sido modificada, es decir, el centro de acción sigue siendo la protección y promoción de las dimensiones de desarrollo de la población colombiana en el exterior, a esta se la han sumado una serie de instrumentos que de una u otra manera amplían el espectro de acción de este supraobjetivo. Desde el año 2016, la normatividad, los planes, programas y proyectos relacionados con los flujos migratorios han prestado especial atención a las necesidades de los extranjeros en el país, desde una perspectiva de reciprocidad por la protección de connacionales en otras latitudes.

Estos nuevos elementos, que hoy constituyen una nueva fuente de política, son a toda luz elementos reactivos, que buscan dar una solución a los conflictos que se vienen generando alrededor del proceso migratorio en el país. En otras palabras: no responden a la voluntad del Estado para orientar el flujo migratorio, sino a una necesidad puntual de atender su abrupto cambio.

1. Resolución de visas

El 2 de agosto de 2017 se emitió la Resolución 6045 del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante la cual se modificó la manera como el servicio exterior colombiano clasifica y emite visas de todo tipo para los extranjeros que deseen ingresar al país. Dicha resolución entró en vigencia el 15 de diciembre de dicho año. El objetivo de la resolución es “Establecer los tipos de visa, el alcance y particularidades de cada una, además de las condiciones, requisitos y trámites para su solicitud, estudio, decisión, cancelación y terminación” (Salazar Giraldo, 2017, p. 2).

La principal modificación que resulta evidente en la resolución fue la clasificación de todas las visas en tres grandes ramas: tipo V como visitante, tipo M para migrante y tipo R para residentes. Esto permite reducir la dispersión en los tipos de visa requeridos para entrar a Colombia y los requisitos para ellas. Ahora, se presenta también una modificación sustancial en los requisitos para acceder a una visa y los permisos que emanan de cada una (trabajo, estudio, residencia, etc.).

Las visas tipo V son las que se otorgan para estadías cortas de cualquier tipo; permiten trabajar dentro del territorio nacional por periodos cortos, estudiar o hacer recorridos turísticos. Las visas tipo M son para largas estadías, y se otorgan por un periodo no mayor de dos años y pretenden que sus beneficiarios desarrollen actividades sostenidas dentro del territorio. En esta modalidad se encuentran las principales modificaciones que pueden representar restricciones a los procesos migratorios. De acuerdo con la resolución, un extranjero que tenga una visa tipo M puede beneficiar a miembros de su grupo familiar (cónyuges, hijos, etc.); sin embargo, estos no tienen derecho a realizar las mismas actividades dentro de Colombia, como trabajar o realizar estudios superiores. Si este es el caso, entonces el beneficiario deberá solicitar una visa individual9. Este tipo de visa se otorga por un periodo no mayor de tres años consecutivos.

Las visas tipo R se otorgan a quienes deseen permanecer en el territorio nacional de manera indefinida. Son para ciudadanos que en el pasado hayan renunciado a la nacionalidad colombiana (fomentando el retorno), sean padres o madres de un nacional colombiano por nacimiento y hayan permanecido en el territorio nacional por más de dos años con una visa tipo M vigente.

Por otra parte, cabe mencionar que la nueva resolución de visas aumenta los costos de transacción para la regularización del estatus migratorio en el país. Este elemento es de vital importancia para la gobernanza de la migración venezolana, un flujo que en la actualidad cuenta con un alto nivel de precariedad económica. Por un lado, el costo monetario para acceder a una visa tipo M y la regularización de las cédulas de extranjería superan los trescientos (300) dólares americanos10. Por el otro, los requisitos documentales también suponen un costo alto para los inmigrantes, en especial los venezolanos, quienes deben pagar costos excesivamente altos para recibir un pasaporte o una apostilla que certifique la veracidad de un documento público.

Este elemento es vital para la gobernanza migratoria y de los flujos. Además de consolidarse como una expresión de la soberanía territorial del Estado, representa una fuente (tanto jurídica como de proyectos) de política pública para una posible modificación o restructuración de la PNM.

2. Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF)

Como medida para el control de la porosidad de la frontera y el constante flujo pendular entre Colombia y Venezuela, el Gobierno colombiano ha implantado una serie de medidas muy populares en el exterior y que le permitió conocer de manera detallada el flujo fronterizo. Inicialmente bautizada como Tarjeta de Frontera y evolucionada en la Tarjeta de Movilidad Fronteriza, es un instrumento que se apoya en la necesidad de permitir los flujos controlados y regulares de personas que residen en zonas de frontera y que históricamente han pertenecido a un mercado fronterizo compartido.

Con la TMF un no nacional que resida en alguna entidad territorial de frontera puede permanecer en Colombia de manera regular por un periodo no mayor de siete días hábiles, realizando actividades no remuneradas o de tránsito por el territorio nacional. Este permiso es otorgado por dos años y se solicitaba demostrar residencia en alguno de los municipios venezolanos seleccionados. Mediante Resolución 1846 del 23 de octubre de 2017, se amplió la emisión de dicho permiso por dos años más. Esta decisión es tomada bajo la premisa de que la migración de personas desde Venezuela se constituye principalmente en los territorios fronterizos y que esta no tiene voluntad de permanencia. Esta premisa sería posteriormente eliminada como fuente de acciones del Estado colombiano dirigidas a proteger los derechos de esta población.

Resulta de vital importancia subrayar que la TMF se expide por medio de un registro electrónico de los migrantes. Así se logró contar con información primaria relacionada con la cantidad de personas que cruzan la frontera de manera regular y las características del mercado fronterizo (tipo de bienes tranzados, comercio, magnitud del flujo pendular y la existencia de familias trasnacionales).

Como fuente de política pública, la TMF permite entrever que el Estado reconoce la porosidad de la frontera y la necesidad de gestionar el flujo sin detenerlo. Así mismo, se considera la constitución de un mercado binacional fronterizo que depende de la movilidad de personas, productos y servicios en los departamentos de La Guajira, Norte de Santander y Arauca, principalmente. De la misma manera, se tiene información sobre los flujos de personas indígenas, especialmente de la comunidad wayú, la más poblada en la zona de frontera.

La TMF se consolida entonces como una fuente de política pública orientada a proyectos. Ofrece información pertinente para entender el flujo y por otro lado comprender las dinámicas de frontera (mercado común, porosidad y flujo constante de personas). En oposición a esto, la implementación de la TMF entiende que la dinámica fronteriza no está orientada a una migración circular que incluye trabajo ocasional, formal e informal de quienes participan en el flujo. En febrero de 2018 se detuvo el proceso de otorgamiento de la TMF tras comprobar casos de fraude y falsificación del documento.

3. Permiso Especial de Permanencia (PEP)

El Gobierno saliente de Colombia ha revisado, a raíz de varias discusiones con diferentes entidades no gubernamentales e internacionales, la posible implementación de medidas para regularizar a la población venezolana con voluntad de permanencia en el territorio nacional. De esta manera surgió el Permiso Especial de Permanencia en el año 2017, como medida para promover la regularización. De acuerdo con las resoluciones 5797 y 1272 de 2017 (Migración Colombia), solo quienes hayan entrado de manera regular al país, tengan un pasaporte en su poder, no tengan un pasado judicial y no se encuentren enfrentándose a una medida administrativa de deportación podrán acceder a un permiso especial, válido por tres meses, extensibles hasta por dos años para permanecer en Colombia. De la misma manera, el permiso le da derecho a su poseedor a trabajar dentro del territorio nacional, acceder al sistema de seguridad social y a garantizar la mayoría de sus derechos básicos. El permiso también requiere que las personas hayan entrado al país en un periodo específico. Inicialmente, el Gobierno colombiano propuso la expedición de un máximo de cien mil permisos.

Si bien su implementación pretendió la vinculación laboral formal de las personas provenientes de Venezuela y evitar la entrada directa a la informalidad, los requisitos para acceder este permiso dan como resultado altos costos de transacción para los migrantes. Por un lado, no todas las personas provenientes de Venezuela han entrado al país de manera regular, sino que muchas de ellas no tienen acceso a un pasaporte. Por el otro, si bien algunas entraron de manera regular, no lo hicieron en los tiempos propuestos por el Gobierno nacional para acceder a dicho permiso. Estos costos de transacción generaron que se emitiera un menor número de permisos de los inicialmente presupuestados.

El carácter innovador del Permiso Especial de Permanencia provocó la necesidad de promover un cambio institucional en la formalización del trabajo, la vivienda y el acceso a la seguridad social como derechos humanos. Hasta la fecha de su implementación, solo aquellos extranjeros poseedores de una cédula de extranjería podían acceder a un ingreso formal a todos los sistemas tributarios y protección de derechos dentro del país. Aun así, no se tuvo en cuenta el carácter temporal del permiso para garantizar estos derechos. El proceso de adaptación para muchas organizaciones tanto públicas como privadas fue difícil. Se necesitó un acompañamiento constante del nivel central y de entidades descentralizadas para que, en efecto, a los poseedores de un PEP no se les vulneraran los derechos. Se presentaron acciones de tutela, derechos de petición y la solicitud de acciones de acompañamiento constantes durante toda su puesta en marcha.

Cabe anotar que tanto para la atención de la situación humanitaria como para la implementación del PEP como medida de regularización, el Gobierno central colombiano emitió desde 2017 una serie de circulares conjuntas y comunicados desde diferentes instituciones estatales con el fin de aclarar los procesos y procedimientos que se deben seguir para garantizar los derechos de la población migrante, en particular a la educación (para niños, niñas y adolescentes, salud en situaciones de emergencia, acceso al trabajo, a la bancarización y a la vivienda). Hoy existen rutas de atención diferenciadas para las entidades territoriales de frontera y para contextos urbanos de alta concentración.

Imitando la metodología de emisión de las TMF, el PEP cuenta con una amplia base de datos que le permitió al Gobierno obtener más información sobre la magnitud del flujo. Esto desencadenó una segunda tanda de emisión de PEP durante el año 2018 (Res. 0740 de 2018, Migración Colombia).

Durante la implementación de esta segunda fase, el Gobierno recibió información de diferentes organismos sobre las características del flujo y en especial de las necesidades humanitarias que se estaban presentando en zonas de concentración de la población venezolana. Sin embargo, esta información resultó dispersa y poco organizada para las necesidades de los tomadores de decisión. En esta línea se implementó el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en Colombia (RAMV), con el apoyo de diferentes organizaciones. Mediante su implementación se obtuvo información valiosa para la identificación de necesidades humanitarias de la población que entraba al país, de la magnitud del flujo y de manera definitiva, la magnitud de los índices de irregularidad administrativa de los migrantes dentro del país.

Por esta razón, a partir del RAMV, para mediados de 2018 se tomó la decisión de flexibilizar los requisitos para la obtención del Permiso Especial de Permanencia. En otras palabras: regularizar a quienes se inscribieron en el Registro, con el fin de prevenir aumentos en el mercado laboral informal y garantizar la protección de los derechos de quienes ingresan al país en búsqueda de una mejor calidad de vida. Esta medida se tomó solo para la regularización de migrantes económicos, diferenciando los procesos de regularización para personas con necesidades de protección internacional y para los retornados que necesiten regularizar su nacionalidad.

Sin lugar a dudas, como instrumento el PEP constituye la principal fuente de política pública para la política nacional de migraciones. Por un lado, representa la voluntad política de quienes deciden de tomar acciones concretas para la atención de población extranjera dentro del país y para gobernar sobre los flujos migratorios. Se trata de un instrumento reactivo, hito para la regularización como método de control migratorio y del levantamiento de información sobre personas migrantes como expresión de la soberanía. Ambos elementos están claramente definidos en la actual política, orientados a conocer el flujo migratorio de colombianos en el exterior. Esta modificación es entonces vital para entender a Colombia como un país receptor de flujos migratorios.

C. Diseño de planes, programas y proyectos para la inmigración venezolana en Colombia

A partir de la implementación de la Constitución de 1991, Colombia se ha caracterizado por ser una nación solidaria. Esta solidaridad parte por un lado de un estándar ético que caracteriza a los colombianos y las responsabilidades que el país ha adquirido internacionalmente. En el aspecto interno, con el nacimiento del marco jurídico para la atención a víctimas del conflicto armado y los diferentes programas y proyectos en funcionamiento, el marco jurídico nacional se presta para generar espacios de ayuda humanitaria y de respuesta para situaciones de emergencia.

Tanto la migración venezolana como la de otros países que han tomado Colombia como país de tránsito y destino se caracterizan por ser una migración en red. La resultante de esta característica es el establecimiento de espacios geográficos con altas concentraciones de población migrante. Dadas las características de los centros urbanos nacionales y de pobreza con las que Colombia convive, las concentraciones de población migrante suelen darse en territorios con bajo acceso a servicios públicos, en parques y aceras e incluso bajo la premisa de invadir propiedad privada que no está dispuesta como habitacional.

La numerosa presencia en “albergues no planeados”, principalmente en espacios públicos, ha llamado la atención de las comunidades aledañas. Es este el caso de la Cancha Sevilla Hotel Caracas en Cúcuta, Cuatro Caminos en Riohacha y el surgimiento de Villa Caracas en Barranquilla. El fenómeno se ha extendido a ciudades como Bucaramanga, campamento en la plaza de Bolívar, Bogotá con el campamento de la Terminal de Transportes y a Medellín. De la misma manera, los procesos de identificación de los migrantes en el territorio nacional concluyeron que la población venezolana está teniendo un flujo muy parecido a la población desplazada en Colombia, en cuanto a los sitios de recepción y concentración de personas.

Después que los medios de comunicación se comenzaron a pronunciar sobre las necesidades que tiene la población venezolana que se aloja en espacios públicos, desde el Estado se planteó una respuesta conjunta a manera de ayuda humanitaria. La idea es por un lado reubicar a las personas que lo necesiten, buscar opciones de regularización y la entrega de kits de emergencia inmediata.

1. Albergues y atención humanitaria

El concepto de albergue humanitario para población migrante no es nuevo en Colombia. Durante la segunda ola migratoria de Venezuela a Colombia en el año 2015, caracterizada por la expulsión no administrativa y sistemática de ciudadanos colombianos residentes en las zonas de frontera, se establecieron campamentos de paso en las ciudades de Cúcuta y Maicao. Si bien se trataba en su mayoría de ciudadanos colombianos, estos campamentos fueron el primer precedente de acción en emergencias para la atención de población migrante internacional en el país.

Seguido a esto, para el año 2016 se presentaron casos de población en tránsito que fue alojada en bodegas del municipio de Turbo en Antioquia. Estas personas eran en su mayoría víctimas del delito de trata de personas que perdieron sus elementos de identificación y se encontraban atrapadas en Colombia sin poder desplazarse hacia sus países de destino. En su mayoría migrantes de nacionalidad cubana (también se encontraban haitianos y nacionales de países africanos) no podían desplazarse hacia Panamá como consecuencia del cierre de la frontera terrestre entre ambos países, que se tradujo en el abandono de parte de los traficantes.

Alojados en bodegas de propiedad de personas naturales, permanecieron alrededor de tres meses en situación de emergencia. El barrio donde se encontraban fue bautizado como Calle Ocho11. Como respuesta a la crisis (se encontraban cerca de mil trescientas personas alojadas en los albergues no planeados) se tomó la decisión de que el Estado debía entrar para garantizar la protección de los derechos de los extranjeros en Colombia. La solución final a la crisis se redujo en un proceso acelerado de deportación administrativa o de devolución al último puerto de salida. Para la época no se comunicó la instauración de medidas de protección internacional para esta población.

La respuesta del Estado colombiano para la época puede tomarse hoy como fuente de política pública. Durante el año 2017 y el primer semestre de 2018 se han tomado medidas de intervención para los asentamientos informales de población proveniente de Venezuela en diferentes ciudades. Se ha hecho visible la acción del Estado en la atención de las necesidades de emergencia de la población. La circular conjunta del año 2017 permite que ciudadanos de cualquier país que se encuentren en el territorio nacional tengan derecho a la atención en salud si se trata de situaciones de emergencia. De la misma manera, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a asistir al sistema público de educación primaria, media y secundaria. Estas disposiciones se sumaron a las jornadas de atención en salud (vacunación y revisión de enfermedades crónicas y contagiosas) y a la ampliación de cobertura del sistema educativo.

A diferencia de la crisis del 2016, para 2018 el Estado colombiano ha permitido la creación de alberges formales patrocinados por organizaciones de la sociedad civil. Algunos de paso, otros establecidos para una permanencia prolongada, se trata de espacios donde los recién llegados reciben ayudas de emergencia para continuar hacia su destino final, tanto dentro como fuera del país. Las oficinas en Colombia de la Organización Internacional para las Migraciones y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados apoyan con recursos financieros y en especie dichos alberges. Organizaciones de la Sociedad Civil como el Consejo Noruego para los Refugiados, el Servicio Jesuita para los Refugiados, la Misión Escalabriniana y la Pastoral Social han puesto en marcha programas y proyectos para la atención de la población, con el beneplácito del Gobierno nacional. Incluso alcaldías y gobernaciones tanto de frontera como de contextos urbanos dentro del país han activado sus procedimientos de emergencia para darles atención a los migrantes.

En cuanto a la regularización de personas migrantes, se ha presentado un aumento desproporcionado de los procesos de deportación y expulsión de ciudadanos extranjeros del país. Tanto en las zonas tradicionales de frontera (Norte de Santander, La Guajira y Arauca) como en otros puntos colindantes se han presentado casos en los que las autoridades devuelven a ciudadanos venezolanos, so pretexto de que estos desean salir voluntariamente del territorio nacional. En la actualidad se presentan evidencias de que ningún proceso administrativo o judicial se está realizando para estos casos en los territorios fronterizos12. Si bien no se ha mostrado voluntad del Gobierno central por realizar estos procedimientos, agentes estatales en las zonas de frontera son quienes los realizan; se trata principalmente de funcionarios que ejercen cargos de elección popular y autoridades policiales y militares.

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22 oktyabr 2025
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9789587903195
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