Kitabı oxu: «La pospandemia en un contexto de desarrollo solidario»

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La pospandemia en un contexto de desarrollo solidario

Claudia Sacristán Rodríguez

(Editora)

The Post-Pandemic in a Solidarity Development Context

Resumen

La pospandemia y los efectos de la pandemia aún presentes han motivado múltiples discusiones, dejando en claro que no se quiere volver a una normalidad cuyos problemas estructurales no han sido solucionados por la economía de mercado a lo largo de varias décadas, sino que, por el contrario, se han agudizado y visibilizado con la propagación de la covid-19. Con el propósito de superar las numerosas consecuencias en sus diversas dimensiones, se impulsan cambios en el modelo económico vigente, de tal modo que permita rebasar sus fallos y reorientar el papel del Estado hacia uno más activo en lo económico, social y ambiental, en donde se otorgue un papel preponderante a las necesidades colectivas, al desarrollo sostenible y a todo lo relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible (ods). El nuevo escenario de pospandemia plantea la necesidad de promover los lazos de solidaridad, cooperación y democracia a través de los diferentes enfoques de la economía social y solidaria (ess) y de sus organizaciones y empresas. Al poseer una gobernanza inclusiva, democrática, participativa, solidaria y sostenible, estas pueden contribuir multidimensionalmente a cerrar las brechas de la desigualdad y la exclusión económica, social, cultural, ambiental y política. Esto es posible en la medida en que se diseñen e implementen políticas públicas, junto a medidas de recuperación económica que incluyan los diversos enfoques de la ess. En este tomo, investigadores de la Universidad Cooperativa de Colombia y de otras universidades analizan los desafíos del contexto de pospandemia y realizan algunas propuestas.

Palabras clave: comercio justo, covid-19, desarrollo local y territorial, economía social y solidaria, pospandemia, propuestas alternativas, renta básica.

¿Cómo citar este libro?

Sacristán Rodríguez, C. P. (Ed.). (2021). La pospandemia en un contexto de desarrollo solidario (vol. 5). Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia. http://dx.doi.org/10.16925/9789587603460

Abstract

The post-pandemic and its effects still present have motivated multiple discussions, making it clear that they do not want to return to a normalcy where its structural problems have not been solved by the market economy over several decades, but on the contrary they have become more acute and visible with the spread of covid-19. In order to overcome the numerous consequences in its various dimensions, changes are promoted in the current economic model, in such a way that it allows to overcome its failures and reorient the role of the State towards a more active one in economic, social, and environmental terms, where a preponderant role is given to collective needs, sustainable development, and everything related to the Sustainable Development Goals (sdgs). The new post-pandemic scenario raises the need to promote ties of solidarity, cooperation, and democracy through the different approaches of the social and solidarity economy and their organizations and companies. By having inclusive, democratic, participatory, supportive, and sustainable governance, they can contribute multidimensionally to closing the gaps of inequality and economic, social, cultural, environmental, and political exclusion. This is possible to the extent that public policies are designed and implemented together with economic recovery measures that include the various approaches to social and solidarity economy. In this volume, researchers from Universidad Cooperativa de Colombia and other universities analyze the challenges of the post-pandemic context and make some proposals.

Keywords: Fair trade, covid-19, local and territorial development, social and solidarity economy, post-pandemic, alternative proposals, basic income.

How to cite this book?

Sacristán Rodríguez, C. P. (Ed.). (2021). La pospandemia en un contexto de desarrollo solidario (vol. 5). Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia. http://dx.doi.org/10.16925/9789587603460

La pospandemia en un contexto de desarrollo solidario

Claudia Sacristán Rodríguez

(Editora)

The Post-Pandemic in a Solidarity Development Context


Catalogación en la publicación – Biblioteca Nacional de Colombia


La pospandemia en un contexto de desarrollo solidario = The post-pandemic in a solidarity development context / autores, Hans Cediel Morales ... [et al.] ; Claudia Sacristán Rodríguez (editora). -- Bogotá : Universidad Cooperativa de Colombia : Centro de Pensamiento Global, 2021.p. – (Colección Pensamiento Global ; Tomo 5)Contiene datos de los autores. -- Incluye referencias bibliográficas al final de cada capítulo. -- Texto en español con resúmenes en inglés.ISBN 978-958-760-344-61. COVID-19 (Enfermedad) - Aspectos socioeconómicos 2. Economía social - 2020-2021 3. Economía solidaria - 2020-2021 I. Cediel Morales, Hans II. Sacristán Rodríguez, Claudia Patricia, ed. III. SerieCDD: 616.2414 ed. 23CO-BoBN– a1084414

La pospandemia en un contexto de desarrollo solidario

© Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia, Bogotá, octubre del 2021

© Claudia Patricia Sacristán Rodríguez (Ed.), Fernanda Caballero Parra, Andrea Carolina Casanova Mejía, Ángela Castillo Burbano, Nadia Eslinda Castillo Romero, Hans Cediel Morales, José Obdulio Cúrvelo Hassan, Mauricio Chamorro Rosero, Martha Rocío Godoy Rodríguez, Douglas Eduardo Molina Orjuela, Hugo Medina Chaves, Daniela Narváez Benavides, Anne Oduber Peñaloza, Nubia Mireya Sandoval Sánchez, José Miguel Segura Gutiérrez, Olga Parra Benavides, Massine Pricila Puerta Rodríguez, Alexander Rojas, Margarita María Rodríguez Ortega, Martha Isabel Rosas Guevara, Deicy Andrea Villarreal Rodríguez.

ISBN (impreso): 978-958-760-344-6 ISBN (pdf): 978-958-760-345-3 ISBN (epub): 978-958-760-346-0

DOI: http://dx.doi.org/10.16925/9789587603460

Colección Pensamiento Global

Proceso de arbitraje doble ciego

Recepción: 14 de octubre de 2020

Evaluación propuesta de obra:

Evaluación de contenidos: 7 de marzo de 2021

Correcciones de autor: 15 de abril de 2021

Aprobación: 5 de mayo de 2021

Fondo editorial

Director Nacional Editorial, Julián Pacheco Martínez

Especialista en Gestión Editorial, Daniel Urquijo Molina

Especialista en Producción Editorial (libros), Camilo Moncada Morales

Especialista en Producción Editorial (revistas), Andrés Felipe Andrade Cañon

Analista editorial, Claudia Carolina Caicedo Baquero

Asistente editorial, Héctor Gómez

Proceso editorial

Corrección de estilo, Guiovana Camila Suárez

Lectura de pruebas, Guiovana Camila Suárez

Diagramación, Ivonne Carolina Cardozo

Diseño de portada, Diego Abello Rico

Impresión, Shopdesign



Contenido

Introducción

La economía social, solidaria y popular como propuesta de desarrollo para las economías locales en tiempos de pandemia: experiencias de México y Colombia

The Social, Solidarity and Popular Economy as a Development Proposal for Local Economies in Times of Pandemic: Experiences from Mexico and Colombia

Hans Cediel Morales

Nadia Eslinda Castillo Romero

Renta básica y desigualdad social: una reflexión sobre la reconfiguración mundial en la pospandemia

Basic Income and Social Inequality: A Reflection on the Post-Pandemic Global Reconfiguration

Mauricio Chamorro Rosero

Ángela Castillo Burbano

Daniela Narváez Benavides

Hugo Medina Chaves

covid-19, hambre y seguridad alimentaria en América Latina: contribuciones para la pospandemia desde la economía social y solidaria

covid-19, Hunger and Food Security in Latin America: Contributions to the Post-Pandemic from the Social and Solidarity Economy

Claudia Patricia Sacristán Rodríguez

Fernanda Caballero Parra

Fortalecimiento del tejido social desde las prácticas solidarias en Colombia durante la crisis socioeconómica derivada de la covid-19

Strengthening the Social Fabric from Solidarity Practices in Colombia during the Socioeconomic Crisis derived from covid-19

Esquemas asociativos para la construcción de país región sostenible, solidario y competitivo en tiempos de crisis

Associatives Schemes to Build a Sustainable Solidary, and Competitvive Country Region during the Crisis

José Obdulio Curvelo Hassán

Martha Rocío Godoy Rodríguez

Nubia Mireya Sandoval Sánchez

Solidaridad global: el rostro de lo individual ante la emergencia viral

Global Solidarity: The Face of the Individual before the Viral Emergency

José Miguel Segura Gutiérrez

Repensar un comercio justo y solidario desde el sur: iniciativas de las Ciudades y Pueblos por el Comercio Justo – Latinoamérica y el Caribe

Redefining Fair-Trade and Solidarity in the South: Latinamerican Fair-Trade Towns Initiatives

Margarita María Rodríguez Ortega

Olga Parra Benavides

Topografías racializadas y racismo estructural en tiempos de covid-19: el caso de las poblaciones afrodescendientes y comunidades negras del litoral Pacífico

Racialized Topographies and Structural Racism in Times of covid-19: The Case of Afro-descendant Populations and Black Communities of the Pacific Coast

Andrea Carolina Casanova Mejía

Martha Isabel Rosas Guevara

covid-19 y problemas socioambientales y culturales en la Amazonía colombiana: solidaridad, desarrollo territorial local y Buen Vivir

covid-19 and Socio-Environmental and Cultural Problems in the Colombian Amazon: Solidarity, Local Territorial Development, and Good Living

Douglas Eduardo Molina Orjuela

Alexander Rojas

Epílogo

Sobre los autores

Introducción

Desde enero del 2020, la mayoría de los países han dirigido buena parte de sus esfuerzos a contener tanto el daño como la velocidad de propagación del coronavirus. Ningún país del mundo estaba preparado para afrontar tan inusitada e inesperada emergencia sanitaria, con imprevistos y graves efectos sobre diversas facetas de la cotidianeidad: la económica, la ecológica, la social y la política. Durante este periodo se ha hecho evidente el empeoramiento de indicadores sociales de pobreza, calidad de vida, equidad e igualdad (raza, género, distribución de los ingresos, en el acceso a asistencia sanitaria), entre otros, con efectos perjudiciales sobre unos grupos poblacionales más que en otros. Se registran altas tasas de mortalidad relacionadas con la covid-19 en las áreas más desfavorecidas, en las que se han visibilizado aún más las profundas disparidades socioeconómicas que podrían explicarse por la imposibilidad que tiene esta población de aislarse.

La pandemia ha provocado la urgencia de afrontar nuevos desafíos y dar respuestas a los requerimientos presentados en las permanentes manifestaciones de malestar social. Las recurrentes cuarentenas han paralizado buena parte de la actividad económica, que ha conducido a la quiebra a miles de empresas, a la pérdida de puestos de trabajo y a la caída de los ingresos nacionales e individuales, limitando el acceso a la alimentación, a la salud, a la educación, a mínimos de bienestar y, en algunos casos, a la imposibilidad de ejercer derechos ciudadanos. En línea con lo anterior, se percibe la persistente concentración de la tierra y de la riqueza en pocas manos en la mayoría de los países de ingresos bajos y medios, así como la aplicación de mayores cargas tributarias ampliamente beneficiosas al capital, con altos niveles de exenciones favorables al sector productivo, que han inducido a los Gobiernos a buscar recursos para financiarse a través de reformas tributarias altamente gravosas al consumo de las clases medias y bajas de la sociedad.

La crisis sanitaria ha reafirmado, aún más, las recurrentes fallas del modelo económico vigente, que no responde adecuadamente a los requerimientos planteados durante la pandemia, lo cual evidencia la urgencia de buscar y evaluar alternativas de solución. Tal escenario invita a formular los siguientes cuestionamientos: ¿debemos esperar respuestas en el modelo económico que hasta la fecha no ha dado o ha sido incapaz de dar respuestas a las necesidades fundamentalmente de los habitantes más pobres de los países?, ¿reestructurar o replantear el sistema? o ¿la covid-19 representa una oportunidad de repensarnos un nuevo modelo económico menos individualista, más incluyente, equitativo y sostenible?

A través de los capítulos presentados en este libro se intenta dar respuesta a otros nuevos interrogantes, como: ¿qué papel puede cumplir la economía social y solidaria (ess) y popular en el desarrollo de las economías locales y territoriales en tiempos de pandemia y pospandemia?, ¿cuál es la importancia y cuáles los aportes que desde los esquemas asociativos se pueden brindar para la construcción de modelos alternativos que permitan superar la crisis económica, política, social y ambiental?, ¿qué respuesta podrían ofrecer los países de América Latina y el Caribe a los efectos de la pandemia para reducir la propagación del hambre y la inseguridad alimentaria en la región desde la ess? o ¿puede la renta básica (rb) ser una estrategia que, además de moderar la desigualdad social, permita agenciar acertadamente la actual pandemia y mitigar la consecuente crisis económica?

Bajo este panorama, es pertinente repensar un nuevo modelo económico o reestructurar el vigente de manera que conduzca a resolver los problemas actuales, proporcionando respuestas de orden subnacional, nacional, regional y global, y donde la adopción de la ess se presenta como un modelo económico complementario o alternativo. Esta coyuntura posibilita replantear el actual modelo económico con nuevas y mejores reglas del juego coherentes con las necesidades socioeconómicas de las comunidades de los diferentes territorios, en las que se evalúe el impacto ambiental en todo momento y, adicionalmente, haga compatibles los procesos productivos, distributivos y de consumo con la sostenibilidad ambiental en cada una de las acciones realizadas por los agentes económicos, para lograr el sostenimiento de una vida digna, tanto para la presente como para las futuras generaciones.

Este libro tiene por objetivo presentar propuestas desde diferentes enfoques de la ess que permitan superar necesidades vitales de las personas peor situadas de las sociedades en el periodo de pandemia y pospandemia, y a mediano y largo plazo posicionarse como un jugador relevante que pone nuevamente en primer plano al ser humano por encima del capital y se privilegie la justicia medioambiental. El nuevo escenario de pospandemia plantea la necesidad de promover la cooperación a través de modelos organizacionales asociativos que estimulen el trabajo decente y que ofrezcan un amplio abanico de bienes y servicios.

Las organizaciones y empresas de ess que poseen una gobernanza inclusiva, democrática, participativa, solidaria y sostenible están en la capacidad de contribuir multidimensionalmente en la medida en que los Gobiernos diseñen e implementen medidas de recuperación y políticas públicas que incluyan los diversos enfoques de ess. Así mismo, los impactos de la ess pueden aumentarse a través de la cooperación internacional sur-sur. Esta obra presenta varios análisis teórico-conceptuales e investigativos desde varios enfoques de la ess para proporcionar respuestas a los desafíos en los ámbitos sociales, económicos y ambientales que enfrentan las sociedades en contexto de pandemia y pospandemia.

Esta investigación se realizó a través de una metodología mixta, esto es, mediante el análisis de datos, enfoques cualitativos y cuantitativos. Para la metodología cualitativa, se utilizan enfoques histórico-hermenéuticos, teórico-conceptuales y el método genealógico y de la antropología jurídica. También se usan técnicas de investigación como las entrevistas semiestructuradas, revisión y análisis de documentación primaria y secundaria. En cuanto a la metodología cuantitativa, se acudió a la geolocalización, georreferenciación y a un análisis de econometría espacial. Por consiguiente, los autores de cada uno de los capítulos abordan el objeto de estudio desde diferentes tópicos y retos generados en contexto de pandemia y destacan la importancia de la ess en la superación de la crisis, a la vez que proponen mecanismos para tener en cuenta para el robustecimiento de los ecosistemas desde la ess, con el fin de contribuir a configurar un desarrollo transformador.

Por otra parte, se debe tener en cuenta que la covid-19 y sus efectos aún se mantienen activos en buena parte del planeta. Las acciones para contenerla persisten, por lo cual es necesario enfatizar que entre los análisis y propuestas presentadas en este libro puede haber una asincronía debido a los tiempos que conlleva el proceso editorial. Al respecto, desde marzo del 2020, cuando se comenzó a extender la epidemia de la covid-19 por el planeta y se convirtió en pandemia, el Centro de Pensamiento Global (cepeg) de la Universidad Cooperativa de Colombia procedió a preparar con la editorial de la Universidad, una convocatoria abierta para autores interesados en tratar los principales aspectos multidimensionales característicos de este fenómeno con resultado de confinamientos nunca experimentados con anterioridad en el mundo. El resultado fue muy favorable con sesenta y cinco (65) propuestas seleccionadas que, luego de la doble evaluación por dobles pares académicos de los capítulos correspondientes, permitió estructurar siete (7) libros que se distribuyen en dos colecciones: tres libros correspondientes a los tomos 6, 7 y 8, en la colección Gridale y cuatro libros correspondientes a los tomos 3, 4, 5 y 6, en la colección Pensamiento Global.

En la colección Gridale están:

 Tomo 6: La covid-19 y la integración ante los desafíos de un nuevo orden mundial.

 Tomo 7: Impactos de la covid-19 en el sistema internacional y en la integración regional.

 Tomo 8: La covid-19 y los cambios en la integración latinoamericana y europea.

En la colección Pensamiento Global, se encuentran:

 Tomo 3: La pandemia de covid-19 y un nuevo orden mundial

 Tomo 4: La pandemia de covid-19 y los cambios en las condiciones de vida.

 Tomo 5: La pospandemia en un contexto de desarrollo solidario.

 Tomo 6: La pospandemia y políticas públicas para enfrentarla.

Este libro corresponde al tomo 5 de la colección Pensamiento Global y contiene nueve capítulos. En el primero, “La economía social, solidaria y popular como propuesta de desarrollo para las economías locales en tiempos de pandemia: experiencias de México y Colombia”, Hans Cediel Morales y Nadia Eslinda Castillo Romero reflexionan sobre el papel de esta economía en el desarrollo de las economías locales en tiempos de pandemia y pospandemia por la covid-19. Para ello, realizan una revisión de experiencias y un análisis de economía popular en México y Colombia. Concluyen que el contexto de la covid-19 está exigiendo nuevos paradigmas para constituir modelos de economías que se basen en la solidaridad social, la cooperación y la autogestión, poniendo en valor la economía local, para mermar las recurrentes crisis, además de abonar a la resolución de necesidades económicas colectivas y buscan impactar a través de la generación de ingresos y empleos, en la dinamización de la economía local.

En el segundo capítulo, “Renta básica y desigualdad social: una reflexión sobre la reconfiguración mundial en la pospandemia”, Mauricio Chamorro Rosero, Ángela Castillo Burbano, Daniela Narváez Benavides y Hugo Medina Chaves plantean la implementación de la renta básica (rb) como una estrategia que, además de contribuir a combatir la desigualdad social, permite agenciar acertadamente la actual pandemia y mitigar la consecuente crisis económica. Para ello, realizan una amplia revisión teórico conceptual y documental sobre rb, así como de expresiones de políticas y reformas al interior de los Estados. Concluyen que la rb, al ser un tema de política social que rompe con las dinámicas de mercado del pensamiento económico neoliberal, será en la pospandemia un instrumento que permita reducir la brecha de desigualdad y múltiples vulnerabilidades de quienes son sujetos de protección. Consideran la renta básica universal como un derecho social con el propósito de que los recursos monetarios para cada persona sean válidos, eficientes y brinden una respuesta rápida a la recesión económica que deja la pandemia.

En el tercer capítulo, “covid-19, hambre y seguridad alimentaria en América Latina: contribuciones para la pospandemia desde la economía social y solidaria”, Claudia Patricia Sacristán Rodríguez y Fernanda Caballero Parra identifican y caracterizan el desarrollo del Objetivo de Desarrollo Sostenible N.° 2 en América Latina en lo corrido de la última década y ofrecen una respuesta desde la economía social y solidaria (ess) y del Comercio Justo (cj), para reducir la propagación del hambre y la inseguridad alimentaria, que la pandemia ha profundizado en esta región. Mediante un abordaje teórico-conceptual, concluyen que es necesario establecer acciones y políticas que garanticen la seguridad alimentaria, por lo cual los Estados latinoamericanos deben abordar este tema como un objetivo prioritario y no como un subproducto de la recuperación económica. Para ello, se deben fortalecer las organizaciones de ess y cj por medio de redes de colaboración con instituciones académicas, que puedan crear incubadoras para apoyar la creación de nuevos emprendimientos solidarios, con apoyo técnico para conseguir patentes y registros sanitarios; además de potencializar el consumo responsable y solidario entre los diferentes estamentos académicos, socializar esta información y realizar capacitaciones para los grupos de interés.

En el cuarto capítulo, “Fortalecimiento del tejido social desde las prácticas solidarias en Colombia durante la crisis socioeconómica derivada de la covid-19”, Anne Oduber Peñaloza, Deicy Andrea Villarreal Rodríguez y Massine Pricila Puerta Rodríguez analizan 1543 prácticas solidarias desarrolladas en Colombia como respuesta a la crisis socioeconómica acentuada con la pandemia derivada de la covid-19, mostrando su distribución a lo largo del territorio nacional y la forma en que, a través de externalidades positivas, se impacta en procesos sociales que fortalecen el tejido social del territorio. Para ello, utilizan la geolocalización, la georreferenciación y un análisis de econometría espacial. Concluyen que, durante las cuarentenas obligatorias, se desarrollaron iniciativas solidarias que buscaron garantizar el acceso a necesidades básicas, fundamentalmente el derecho a la alimentación de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Adicionalmente, las prácticas que se desarrollan en un municipio impactan positivamente a los municipios cercanos.

En el quinto capítulo, “Esquemas asociativos para la construcción de país región sostenible, solidario y competitivo en tiempos de crisis”, José Obdulio Curvelo Hassán, Martha Rocío Godoy Rodríguez y Nubia Mireya Sandoval Sánchez muestran la importancia de los esquemas asociativos como mecanismo de integración de comunidades, consolidación regional de territorios de paz con equilibrio social, económico y ambiental, culturalmente diverso, competitivo e innovador que, en medio de la crisis avizorada por la pandemia de la covid-19, son una alternativa para lograr una sociedad más justa y equitativa. Para ello, utilizan una metodología mixta, esto es, analizan datos mediante enfoques cualitativos y cuantitativos. Concluyen que el sentido de la asociatividad se entiende como una estrategia comprometida con la sostenibilidad, los modelos económicos, la integración regional, la disminución de las disparidades económicas, que permitirá dar respuestas colectivas a las necesidades comunes de la sociedad.

En el capítulo sexto, “Solidaridad global: el rostro de lo individual ante la emergencia viral”, José Miguel Segura Gutiérrez analiza y da respuesta a la pregunta: ¿qué limita el ejercicio de la solidaridad global frente a la emergencia viral de la covid-19?, con lo cual reflexiona acerca de las consecuencias que la economía de capital, sumada al acelerado desarrollo del mercado, tiene respecto a la dinamización de la solidaridad global ante la emergencia viral de la covid-19. Para ello, hace una revisión teórico-conceptual de las categorías que explican criterio mínimo de solidaridad, basado en el individualismo agéntico. Concluye que la primacía del capital en las economías de mercado, junto a los efectos de la covid-19, visibilizó la necesidad de incrementar la comprensión de lo individual respecto a la organización colectiva que hace frente a esta pandemia. Esta crisis sanitaria ha expuesto la inutilidad de muchos de los productos que ofrece el mercado y ha develado la incapacidad del Estado para dar respuesta a esta emergencia. Finalmente, se invita a favorecer la reflexión sobre la vida frente a la crisis que se sucede a escala global.

En el capítulo séptimo, “Repensando un comercio justo y solidario desde el sur: iniciativas de las Ciudades y Pueblos por el Comercio Justo – Latinoamérica y el Caribe”, Margarita María Rodríguez Ortega y Olga Parra Benavides identifican, caracterizan y analizan el movimiento de Comercio Justo en América Latina y presentan los resultados de iniciativas de incidencia desarrolladas por los participantes en la campaña “Ciudades y Pueblos por el Comercio Justo – Latinoamérica y el Caribe”, en torno a la promoción de un consumo local y regional, bajo principios e intercambios justos, solidarios y sostenibles en acciones que den respuesta a la crisis de la covid-19. Para ello, utilizan un enfoque cualitativo, con una revisión teórico conceptual de las categorías que explican el concepto de comercio justo y su práctica en Latinoamérica. De este análisis concluyen la relevancia y pertinencia del comercio justo en el actual contexto, como movimiento alternativo que ofrece propuestas para reformar el mercado y promover el desarrollo sostenible.

En el capítulo octavo, “Topografías racializadas y racismo estructural en tiempos de covid-19: el caso de las poblaciones afrodescendientes y comunidades negras del litoral Pacífico”, Andrea Carolina Casanova Mejía y Martha Isabel Rosas Guevara analizan la situación que enfrentan las poblaciones afrocolombianas y comunidades negras establecidas en el litoral Pacífico colombiano, de cara a la pandemia de covid-19, cruzando de manera intersectorial información relacionada con las necesidades básicas insatisfechas, el abandono estatal en los territorios, la presencia de grupos armados ilegales y militares, entre otros. Para ello, utilizan el método genealógico y, de manera auxiliar, a la antropología jurídica. Concluyen que la pandemia agudiza los impactos negativos sobre estos sectores poblacionales al estar inseparablemente articulados a manifestaciones estructurales de racismo, basadas en la topografía racializada de la desigualdad, legado colonial que excluyó a estas poblaciones del proyecto de modernidad y ciudadanía desde los albores de la nación.

En el noveno capítulo, “covid-19 y problemas socioambientales y culturales en la Amazonía colombiana: solidaridad, desarrollo territorial local y Buen Vivir”, Douglas Eduardo Molina Orjuela y Alexander Rojas establecen los impactos de la covid-19 como dinamizador de las problemáticas socioambientales y culturales en la Amazonía colombiana desde una perspectiva de desarrollo territorial local y del Buen Vivir. Utilizan un enfoque cualitativo que incorpora técnicas de investigación como de recolección de información y análisis como la antropología digital, revisión de prensa, análisis de coyuntura, revisión y análisis documental. Concluyen que los proyectos de turismo y ecoturismo que se han desarrollado en la Amazonía colombiana han contado con la participación de las comunidades indígenas que se encuentran en su jurisdicción. El sector del turismo a nivel global ha sufrido bastantes consecuencias negativas. Sin embargo, con la coyuntura sanitaria actual, es imprescindible y urgente hacer frente a las necesidades de las comunidades indígenas en todo el territorio nacional, a partir del reconocimiento de su diversidad y su cosmogonía.

Para terminar esta introducción, el quinto tomo de la colección Pensamiento Global se presenta como una contribución para gestionar de la mejor manera la pandemia y la pospandemia valiéndose de todo el potencial de la ess, dado que son agentes clave que fomentan y estimulan la transformación socioeconómica de los territorios desde criterios de solidaridad, sostenibilidad y equidad. La implementación de esta propuesta académica dependerá de las voluntades gubernamentales.

Claudia Patricia Sacristán Rodríguez

Editora

La economía social, solidaria y popular como propuesta de desarrollo para las economías locales en tiempos de pandemia: experiencias de México y Colombia

Hans Cediel Morales

Nadia Eslinda Castillo Romero

Resumen

El presente capítulo tiene por objetivo reflexionar sobre el papel de la economía social, solidaria y popular en el desarrollo de las economías locales en tiempos de pandemia y pospandemia del coronavirus sars-CoV-2, a partir de la revisión de experiencias y un análisis de economía popular en México y Colombia. Para este propósito, se eligieron experiencias de economía social y solidaria y economías populares, concretamente, en las ciudades de Puebla y Bogotá, que por sus expresiones socioeconómicas abonan a la resolución de necesidades económicas colectivas y buscan impactar a través de la generación de ingresos y empleos, en la dinamización de la economía local.

Palabras clave: Colombia, economías locales, economías populares, economía social y solidaria, México, pandemia de coronavirus, sars-CoV-2.

¿Cómo citar este capítulo? / How to cite this chapter?

Cediel, H. y Castillo, N. (2021). La economía social, solidaria y popular como propuesta de desarrollo para las economías locales en tiempos de pandemia: experiencias de México y Colombia. En C. P. Sacristán Rodríguez (Ed.), La pospandemia en un contexto de desarrollo solidario (vol. 5, pp. 21-51). Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia. http://dx.doi.org/10.16925/9789587603460

The Social, Solidarity and Popular Economy as a Development Proposal for Local Economies in Times of Pandemic: Experiences from Mexico and Colombia

Hans Cediel Morales

Nadia Eslinda Castillo Romero

Abstract

The aim of this chapter is to reflect on the role of the social, solidarity, and popular economy in the development of local economies in times of pandemic and post-pandemic of the sars-CoV-2 coronavirus, based on the review of experiences and an analysis of popular economy in Mexico and Colombia. For this purpose, experiences of Social and Solidarity Economy and popular economies were chosen, specifically in the cities of Puebla and Bogotá which, due to their socioeconomic expressions, contribute to the resolution of collective economic needs and seek to impact through the generation of income and jobs in the revitalization of the local economy.

Keywords: Colombia, local economies, popular economies, social and solidarity economy, Mexico, coronavirus pandemic, sars-CoV-2.

El propósito de este capítulo es reflexionar en torno a la propuesta de la economía social y solidaria (ess) en el marco de las economías populares, el cual puede ser un criterio de referencia para mejorar las condiciones socioeconómicas locales y la vida de los que habitan territorios determinados; por lo tanto, potenciar procesos de transición hacia una economía basada en la reproducción de la vida, que garantiza las condiciones de trabajo productivo y pertenencia territorial en la crisis socioeconómica en tiempos de pandemia del coronavirus sars–CoV-2. Para el logro de este objetivo, se presentará un análisis de experiencias de economía social y solidaria y economías populares en dos ciudades de México y Colombia, para así considerar las alternativas que ofrece la ess y popular en el impulso a las economías locales en tiempos de pandemia. Por lo anterior, la pregunta que guiará este capítulo es: ¿cuál es el alcance del campo de la ess y economía popular como propuesta para el desarrollo de las economías locales en tiempos de pandemia de la covid-19?

De acuerdo con lo anterior, consideramos que el impulso a la ess y las economías populares en distintos y diversos territorios abonará, entre otras cosas, a la dinamización de las economías locales a través del análisis en el marco de las economías populares y algunas experiencias asociativas y solidarias que ya existen en algunos territorios, que pueden ser complementarias en respuesta en el contexto de esta pandemia.

La pandemia de la enfermedad por coronavirus (covid-19) golpea a la economía mundial en un proceso de estancamiento que fue consecuencia de la crisis financiera originada en el 2008. Según las estimaciones de crecimiento económico, hay una tendencia a la baja en estos últimos años y muestran una creciente probabilidad de recesión mundial. Las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal) del 18 de marzo del 2020 indican que la tasa de crecimiento del pib mundial podría disminuir del 2,4% al 1,0% y que la recesión se extendería con diferente intensidad entre los países y regiones. Ello resultaría en un aumento del desempleo y reducciones de la producción industrial, las ventas y la rentabilidad empresarial. Este análisis cierra indicando que la magnitud de la recesión dependerá de la duración y la intensidad de la pandemia (cepal, 2020, p. 21), es decir, los efectos que podemos constatar, a finales del 2020, son solo algunos efectos de esta pandemia, pero no tenemos aún la magnitud total de este evento.

De acuerdo con lo anterior, las previsiones sobre la dinámica y los efectos económicos de la pandemia están en permanente cambio. Las primeras estimaciones sobre su efecto en el crecimiento consideraban un escenario en el que habría una caída temporal de la economía china, con efectos sobre el resto del mundo limitados a una menor demanda y a disrupciones en las cadenas mundiales de suministro. Sin embargo, la expansión generalizada del virus a otros continentes ha aumentado significativamente las probabilidades de una recesión mundial. Un escenario realista hoy implica una recesión en los Estados Unidos, Europa y Japón y una marcada desaceleración en China (cepal, 2020, p. 22).

No obstante, para América Latina, la crisis económica y, por tanto, social generada por la pandemia de la covid-19 llegó a la región cuando ya experimentaba una desaceleración económica a nivel regional, aunado a las brechas de desigual y crecientes expulsiones de poblaciones derivadas de formas predatorias constantes, crecientes y no resueltas de la acumulación de capital y del ensanchamiento en los niveles de pobreza y desigualdad.

En los últimos años, la desaceleración del crecimiento de la región se ha ido generalizando a nivel sectorial y de los países. En el 2019, 21 de los 33 países de la región de América Latina y el Caribe y 17 de los 20 países de América Latina experimentaron una desaceleración. También, a nivel sectorial, se observa un aumento del número de sectores cuyo ritmo de actividad se ha contraído: la industria manufacturera, la construcción y el comercio se suman al retroceso continuo que ha venido afectando a la minería en los últimos años. El costo del lento o nulo crecimiento tiene efectos económicos importantes en términos de capacidad productiva y empleos, pero también impactos sociales mucho más duraderos. La experiencia de la crisis de la década de 1980 muestra que, si bien la recuperación de los niveles de producción por habitante tardó 15 años (1980-1995), reducir la tasa de pobreza a los niveles precrisis llevó 25 años (1980-2005; cepal, 2020, p. 26).

Según las proyecciones realizadas por la cepal-fao, la economía en América Latina se contraerá y tendrá implicaciones en el empleo, la seguridad alimentaria, los medios de vida, la salud pública y la seguridad social (cepal-fao, 2020, p. 3). Lo anterior supone cambios para el abordaje de la problemática social y económica que se profundiza. La comparación de las cifras en México y Colombia, en relación con la situación del trabajo previo a la covid-19 y sus proyecciones, señalan que se presencia un momento de oportunidad para la ess.

Según proyecciones realizadas para la región de la cepal y la Organización Panamericana de la Salud (ops), en el escenario pandemia a causa de la covid-19:

El desempleo en América Latina aumentará del 8,1% en 2019 al 13,5% en 2020. Esto elevará el número de desempleados de la región a más de 44 millones de personas, lo que significa un incremento de más de 18 millones de personas respecto a 2019. En este contexto, se prevé que la tasa de pobreza aumente 7,0 puntos porcentuales en 2020 hasta el 37,3%, un incremento de 45 millones de personas (231 millones de personas en total), y que la extrema pobreza aumente 4,5 puntos porcentuales hasta el 15,5%, lo que representa un incremento de 28 millones de personas (96 millones de personas en total). (cepal-ops, 2020, p. 3)

Las medidas de prevención y autocuidado recomendados por los organismos nacionales e internacionales conllevan la limitación de las actividades económicas claves en el desarrollo económico de los sectores sociales, cuyas economías viven la fragilidad de la subsistencia y la debilidad de sostenimiento, como indica la cepal y ops, implica efectos sobre el empleo y los ingresos.

Las medidas de distanciamiento físico necesarias para controlar la transmisión, que incluyen la suspensión de actividades no esenciales y cuarentenas, tienen consecuencias en términos de pérdida de empleos y de ingresos. Un grupo particularmente vulnerable son los trabajadores informales (en su mayoría mujeres), que representan el 54% del empleo total en la región. (cepal-ops, 2020, p. 3)

En este sentido, se considera pertinente estudiar el estado actual de tres experiencias de ess en la ciudad de Puebla, México, y un análisis de las economías populares en un sector periférico de la ciudad de Bogotá, Colombia, para reflexionar en torno al papel que pueden cumplir la asociatividad y la solidaridad en respuesta a estos escenarios y los beneficios que pueden generar en las economías locales. Se considera complementar el análisis a partir de acciones de los actores existentes, emprendidas en tiempos de pandemia en beneficio de la dinamización de una racionalidad económica al servicio de la reproducción de la vida; de esta manera, nuestra reflexión refiere a:

 La propuesta amplia del sector de la economía social y solidaria en México y Colombia para hacer frente a la crisis que profundiza la pandemia.

 Las experiencias existentes en torno a ess en la ciudad de Puebla, México, específicamente, cooperativas de comercialización y consumo: Tianguis Alternativo de Puebla, El Mandadito y la Cooperativa de Consumo Santo Tomás Chiautla.

 Un análisis de las economías populares y el potencial para el desarrollo de un subsistema de la economía social y solidaria en los barrios periféricos del sur de Bogotá, Colombia.

Hacia una racionalidad que reproduzca la vida

La economía social y solidaria como alternativa social y económica nace en la historia reciente de la modernidad occidental, como respuestas a las crisis del capitalismo del siglo xix. Como ya han señalado los economistas críticos en los albores de este siglo, la racionalidad y el modo de producción capitalista contienen en su propio proyecto una contradicción que reproducen recurrentemente: crisis económicas y sociales que atentan contra las propias bases de la vida. Autores como Dierckxsens (2009) señalan cómo la relación entre las fuerzas productivas sociales, las relaciones de producción y la conciencia de estas se manifiestan en conflicto entre el trabajo productivo, el trabajo reproductivo y el improductivo, con impactos sobre la capacidad de reproducción social y la sostenibilidad económica.

Esta relación antagónica entre el trabajo como factor de producción y el capital como finalidad de la economía dominante conlleva tres aspectos por considerar: una racionalidad capitalista que no da cuenta de la reproducción social (Hinkelammert y Mora, 2009), el dominio de la economía especulativa financiera sobre el capital productivo (Nakatami y Herrera, 2001) y la mercantilización de las relaciones y vínculos sociales (Murillo, 2018). Por consiguiente, analizar la crisis actual de la pandemia producida por la covid-19 en el contexto económico global exige, necesariamente, reflexionar acerca de la crisis del trabajo y la reproducción social generada por los factores mencionados.

Paul Mason (2016) señala que la permanencia de este conflicto se agudiza a finales del siglo xx. En consecuencia, los cambios en el mundo del trabajo, como plantea Antunes (2000), sufren una transformación en la composición laboral, con un aumento considerable de los trabajadores en la participación del sector terciario de la economía. Por otro lado, el estudio realizado por Piketty (2013) determina cómo la riqueza originada en el pasado se recapitaliza a mayor velocidad del crecimiento de la producción, por lo tanto, de los ingresos. En este sentido, la sociedad global se enfrenta a una crisis con implicaciones en el mundo trabajo digno en condiciones de estabilidad y en la desigualdad.

En contraste, las crisis recurrentes del modelo económico actual, que inician en el siglo xix, han producido alternativas que hacen posible mejorar las condiciones de los trabajadores, ejemplos de ello se encuentran en experiencias históricas como el mutualismo y el cooperativismo, entre muchas otras. En el caso de América Latina, las resistencias históricas de los pueblos indígenas, campesinos y comunidades organizadas urbanas, motivadas por la necesidad o las prácticas de vida, generaron experiencias económicas asociativas propias como respuesta a la colonización y al capitalismo, ofreciendo formas organizativas y novedades epistémicas, con implicaciones en los territorios y la realidad social.

El surgimiento de esta diversidad de experiencias sugiere paradigmas emergentes a comienzos del siglo xxi que suponen una renovada mirada epistémica en la denominada ess (Chávez y Monzón, 2018). Para Collin (2008), sectores sociales en el mundo vienen planteando la necesidad de impulsar otra economía, afirmación que realizan redes, movimientos y proyectos que tienen como finalidad, la reproducción de la vida en la economía.

La reproducción ampliada de la vida, como plantean Hinkelammert y Mora (2003), como el derecho a vivir todas las vidas en plenitud, incorporando aspectos de accesibilidad y disfrute pleno de condiciones materiales, que sustentan todas sus dimensiones, según las necesidades axiológicas, constituyen el derecho fundamental a una subjetividad liberadora y, por consiguiente, a una ciudadanía íntegra, el punto nodal en la defensa de la vida ante un modelo económico que la destruye (Elizalde, Max Neef y Hopenhayn, 1998).

Hinkelammert y Mora (2003) señalan que la satisfacción de las necesidades hace posible la vida independiente a los gustos de una persona o una colectividad, su factibilidad se trata del respeto al marco de satisfacción de necesidades, pero para satisfacerlas debe haber un entorno de posibilidad. También señalan que estas necesidades no se refieren exclusivamente a aquellas que garantizan la subsistencia física, biológica de la especie, pero desde luego la incluyen. Se trata entonces de las necesidades antropológicas materiales, afectivas y espirituales, sin cuya satisfacción la vida humana no sería posible.

En este sentido, Hinkelammert y Mora (2003) agregan que el punto de partida de toda reflexión teórica es el reconocimiento como un ser natural y social necesitado, el ser humano llega a tener derechos. Por tanto:

Un modelo de economía para la vida sería la ciencia que estudia la reproducción de la vida humana en sociedad a partir de la reproducción de las condiciones materiales de la vida (ser humano y naturaleza). Su campo de acción es el estudio de los procesos económicos (producción y consumo) y estos en relación con el medio ambiente natural: buscando armonizar las condiciones de posibilidad de la vida en sociedad con el entorno natural del cual los seres humanos también somos parte. (Hinkelammert y Mora, 2003, p. 6)

Los modelos sociales –y, por tanto, los modelos económicos de producción– son formas históricamente concretas de organizar el trabajo, es decir, la división social del trabajo. Por ello, el proceso del trabajo es una acción humana cuyo resultado es una condición material, ningún proceso de trabajo individual puede ser considerado de manera aislada, sino se hace dentro de entorno social de posibilidad, es decir, enmarcado en su tiempo histórico en la relación trabajo-capital plasmado en la división social del trabajo.

Por tanto, Hinkelammert y Mora (2003) señalan que una economía para la reproducción de la vida juzga a la libertad humana de sus posibilidades de vida o muerte: el ejercicio de libertad es solamente posible en el marco de la vida humana posibilitada. Su punto de partida es la coordinación del trabajo social y de los criterios de factibilidad de las múltiples actividades humanas necesarias para producir un producto material que permita la supervivencia y el desarrollo de todos, a partir de una adecuada satisfacción de las necesidades humanas.

Ante esto, Coraggio (2013a) propone una alternativa de categorización desde las economías empíricas, valiéndose de la riqueza epistémica y de experiencia histórica de la ess. Esta debe ser entendida como una propuesta de economía del trabajo, siendo una estrategia de transformación de prácticas, instituciones y relaciones que se llevan a cabo en el ámbito de la economía popular para obtener condiciones reales de sostenibilidad y progreso a nivel de los territorios locales; de esta manera, se procura transitar de una economía mixta capitalista hacia una economía mixta de trabajo orientada por la asociatividad y la solidaridad, que supere el enfoque tradicional de la economía del trabajo en la cual se genera riqueza social en condiciones de competencia y en función de la productividad globalizada con tendencia a la disminución del empleo estable y de calidad basada en otra racionalidad cuya finalidad es la vida sostenible, concreta y real.

De acuerdo con lo anterior, se observa que la construcción de otra racionalidad económica que salga de la pulsión de acumulación y explotación supone un cambio mayor en las relaciones de poder: “Un proceso no solo de construcción de lo nuevo, sino de reapropiación de recursos y capacidades que el sistema capitalista ha enajenado: la naturaleza como proceso, el conocimiento como proceso, la autonomía de los trabajadores y el espacio público” (Coraggio, 2009, p. 156).

Economía social y solidaria y pandemia

En este sentido, la pandemia de la covid-19 aceleró y globalizó la crisis estructural del modelo económico planetario basado en la acumulación de capital a costa de la explotación de las personas y del entorno natural. Como se mencionó en el apartado anterior, distintas racionalidades económicas se plantean a favor de la reproducción de la vida en América Latina, por ejemplo, las que se abordarán en el análisis de este capítulo: la economía social, la economía solidaria y las economías populares.

En términos generales, la economía solidaria se deriva de la economía social, pero con el término “solidaria” se acentúa un enfoque más crítico al sistema económico hegemónico y pone énfasis en la necesidad de proteger la vida de las personas y el hábitat natural, a partir de la construcción de proyectos que impactan las economías locales y las comunidades históricamente empobrecidas por la acumulación de capital, por ejemplo, en las zonas rurales e indígenas de Latinoamérica.

Cabe señalar que en las regulaciones en América Latina aparece la economía social, la economía solidaria o bien la economía social y solidaria para identificar a las formas asociativas que se han descrito. Por ejemplo, para los casos de este capítulo, en México se conoce economía social y solidaria y en Colombia se reconoce legalmente a estas iniciativas como economía solidaria.

Dicho lo anterior, aparece la economía social y solidaria como parte de las economías transformadoras, que tienen como motor la reproducción ampliada de la vida, como “otra” racionalidad que se distingue de la racionalidad capitalista en sus postulados. Así mismo, la economía social une dos componentes económicos que han permanecido separados en la economía de capital: el trabajo y la propiedad, en las experiencias de economía social y solidaria los trabajadores son socios y propietarios de sus organizaciones económicas, los medios de producción y de los excedentes que generan.

La ess impulsa, promueve y sostiene la autonomía económica de las mujeres, así como la sustentabilidad ambiental en estas iniciativas. También, las acciones que hacen con los excedentes que generan se reinvierten al interior de la empresa de ess, se integra en un fondo de capacitación y educación para sus asociados, se generan innovaciones sociales y productivas al interior de las organizaciones, se participa activamente en proyectos que tengan como propósito el bienestar colectivo de los territorios en donde inciden, entre otras. Es decir, no se trata de que las empresas de economía social no generen excedentes, al contrario, necesitan generarlos para su sostenibilidad y, también, para satisfacer las necesidades sociales y económicas del colectivo, los excedentes se reparten equitativamente a partir de las acciones señaladas en este párrafo.

Sin embargo, es preciso acentuar que las organizaciones de economía social y solidaria no existen fuera del mercado convencional capitalista y tienen influencia de las relaciones sociales que generan, es decir, un sistema con dominio del capital que las atraviesa y las constituye como formas concretas y complejas.

Las experiencias de economía social viven la inevitable contradicción de nacer dentro de una sociedad cuyos valores hegemónicos reproducen la primacía del capital, en donde sus integrantes tienen que aprender nuevas formas de relación y también entrar a la economía de mercado capitalista. La Economía Social es una alternativa que busca desarticular las estructuras de reproducción del capital y a construir un sector orgánico que provea las necesidades de todos con otros valores, que afirme otro concepto de justicia social que combine el mercado regulado como otros mecanismos de coordinación de las iniciativas, que pugne por redirigir las políticas estatales y en particular la producción de bienes públicos. (Coraggio, 2008, p. 39)

Coraggio (2020), en su participación virtual en el Seminario de Economía Social organizado por la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México el 3 de septiembre, señaló que la economía social y solidaria no puede ser una respuesta de sectores subordinados, históricamente excluidos y/o expulsados, sino que requiere una visión sistémica para construir otro modelo económico. Para ello, será necesario, según Coraggio (2020), un programa de acción para la economía social, solidaria y popular, es decir, para la economía que privilegia el trabajo por encima del capital, un plan de acción eficaz a corto, mediano y largo plazo, que inicie por desmercantilizar las condiciones básicas de la vida, como la alimentación.

La economía social y solidaria como una propuesta y las prácticas de construcción consciente de otro sistema económico, racional desde la perspectiva de la reproducción y desarrollo de la vida, esto requiere disputar la concepción hegemónica de qué es lo económico, pero también de qué es la solidaridad, en suma, una economía con mercado y no una economía de mercado. (Coraggio, 2009, p.156)

Para esta propuesta sistémica, que potencie la construcción de la economía social y solidaria como modelo económico transformador, es preciso mirar los sectores excluidos no solo por la economía de capital, sino por el propio movimiento cooperativista y sindicalista corporativizado y que ha excluido a sectores marginados y otras experiencias de la economía transformadora no necesariamente cooperativa, contribuyendo a la fragmentación del movimiento y, como consecuencia, al debilitamiento en su acción. Este enfoque precisa construir e impulsar una militancia por la democracia participativa, entendiendo con ello la máxima del movimiento zapatista: mandar obedeciendo (Coraggio, 2020).

La propuesta amplia de la economía social y solidaria en México en tiempos de pandemia

En México, a partir del inicio de la pandemia de la covid-19, diversos actores de la economía social y solidaria han planteado distintas propuestas y estrategias de acción con el objetivo de coadyuvar a la dinamización de la economía local en diversos territorios. Por ello, para ilustrar este apartado, se muestran las propuestas generadas por el sector social de la economía, se señalan las necesidades e ilustran las actividades de estas organizaciones y, también, se revisan las demandas planteadas al Gobierno federal para impulsar el fomento de este sector durante la crisis generada por el cierre de gran parte de las actividades económicas por el confinamiento.

Se hará énfasis en el quehacer de tres experiencias de economía social y solidaria en la ciudad de Puebla, México, las cuales son cooperativas de consumo y comercialización de alimentos locales y agroecológicos, estos son: el Tianguis Alternativo de Puebla, El Mandadito y la Cooperativa de Consumo de Santo Tomás Chiautla. Si bien estas iniciativas tienen su origen previo a la pandemia de la covid-19, se revisan las medidas que han implementado para sobrevivir en estos tiempos.

La información presentada en este apartado se obtuvo de comunicados socializados en redes sociales, entrevistas a profundidad con algunos actores y testimonios obtenidos en conversatorios y foros en que han participado representantes de estas iniciativas de economías transformadoras.

Desde las experiencias existentes de economía social y solidaria

En el contexto actual de pandemia de la covid-19, las distintas y diversas experiencias de economía social y solidaria en México han puesto en marcha alternativas de comercialización de sus bienes y servicios de acuerdo con las posibilidades organizativas y empresariales con las que cuentan, es decir, a su entorno de posibilidad. Ante esto, se pueden enlistar algunas de las iniciativas más recurrentes en tiempos de pandemia, que distintas experiencias consolidadas de economía social y solidaria han realizado:

 Reactivación de los canales de comercialización de acuerdo con las condiciones empresariales de cada experiencia (plataformas digitales que permitan promocionar y comercializar sus productos y/o servicios, generación de cadenas de distribución, oferta de nuevos productos y servicios, articulación de circuitos cortos de producción y/o gestión de servicios). Se observa que aquellas experiencias más organizadas y consolidadas pusieron en marcha la comercialización de sus bienes y/o servicios en plataformas digitales, tal es el caso de las grandes cooperativas de café como el grupo cooperativo Yomol A Tel, Tosepan Titataniske y la Unión de Cafeticultores Indígenas de la Región del Istmo (uciri).

 También, al interior de las Cajas de Ahorro y Crédito, se activaron créditos de reactivación económica con el objetivo de impulsar la actividad económica de sus asociados.

 Un aspecto relevante para tener en cuenta al interior de las experiencias de economía social y solidaria ha sido la vigorización de actividades no monetizadas: bancos de tiempo, trueque y faenas. Según el marco teórico existente, estas prácticas no mercantilizadas han sido ligadas tradicionalmente a la economía solidaria.

 También, se observa un impulso con mayor énfasis en la producción local agroecológica-transición de los alimentos, como respuesta a la caída o detención de los flujos de comercialización de alimentos a nivel regional o nacional de algunos productores medianos, pues no hubo trabajo del modo habitual en los centros de abasto regional y se han tenido que ofertar los productos en las comunidades de las que son parte y, también, en algunos casos, impulsando una producción agrícola natural o bien en una franca transición agroecológica.

Desde los distintos procesos organizativos, desde la sociedad organizada

En este segundo apartado, se da cuenta de ejercicios económicos que se han generado en tiempos de pandemia de la covid-19, ya sea para resolver una necesidad vecinal o comunitaria, una necesidad individual para enfrentar el desempleo y/o para apoyar a las organizaciones de la ess para llevar sus productos a los consumidores, sobre todo, en el caso de las experiencias cooperativas de alimentos. En este sentido, se mencionan los ejercicios observables en las ciudades como México, Puebla, Guadalajara y sus zonas conurbadas.

En primer lugar, se puede señalar que ejercicios familiares o vecinales han generado empresas de economía social y solidari para hacer frente al desempleo de algunos de sus miembros, atendiendo, con ello, a las nuevas necesidades sociales que emergieron por el confinamiento, por ejemplo, se hacen compras cooperativas de alimentos vecinal; se generan emprendimientos asociativos de transporte de alimentos, coadyuvando a la permanencia de las cooperativas de consumo y comercialización de productos locales, resolviendo, también, una necesidad y poniendo en marcha un circuito económico local al transportar los alimentos a los consumidores.

Al construir tejidos vecinales y de apoyo mutuo, se observa que la puesta en marcha de actividades no monetizadas ligadas, desde el marco teórico, a la economía solidaria y que se enlistaron, también, en párrafos anteriores: bancos de tiempo, trueque, faenas, ollas comunales que, en sí mismos, se adelantan en momentos de crisis en diversos escenarios.

Un punto fundamental que se ha dinamizado y ensanchado es el papel del consumo local y que se ilustra más con los casos de estudio elegidos para este capítulo. Es decir, a partir del confinamiento, que inició en marzo del 2020, las cooperativas de consumo y comercialización de alimentos han observado un incremento en sus ventas impulsado, también, por estos emprendimientos asociativos y familiares que han generado. En los consumidores de estas iniciativas, se observa el rescate del papel político del consumo apostando por los circuitos cortos de producción y el consumo, privilegiando el comercio de proximidad.

Estas han sido diversas propuestas y peticiones que se han elaborado desde distintos actores de la economía social y solidaria en México a partir del confinamiento provocado por la pandemia de la covid-19 que, entre otras cosas, ha traído una profundización de la desigualdad económica y social. A continuación, se explora el quehacer de tres experiencias de economía social y solidaria en la ciudad de Puebla, México.

Las experiencias de economía social y solidaria en Puebla, México

La información contenida en este apartado sobre el Tianguis Alternativo de Puebla, El Mandadito y la Cooperativa de Consumo de Santo Tomás Chiautla se recogió, sobre todo, de la participación de representantes de estas experiencias cooperativas en el foro virtual “Diálogos por la Economía Social”, que organizó la Universidad Iberoamericana Puebla, México, el 21 de agosto de 2020.

Tianguis Alternativo de Puebla. El primer día de Tianguis fue el 21 de julio de 2007, iniciaron con tres mesas de productores de las cuales dos eran de mermeladas. Esto fue lo que recordó Rocío García, cofundadora del Tianguis Alternativo de Puebla (tap). También comentó que el tap cuenta con distintos comités de operación: gestión del día de plaza, certificación participativa, vinculación, comercialización y formación y sensibilización. Actualmente, al tap concurren 44 familias productoras, tienen vinculación con universidades, voluntarios, grupos de aprendizaje y con redes alimentarias alternativas.

En el 2019 y 2020, previo a la pandemia, asistían al tap entre 350 y 400 consumidores cada sábado. En la pandemia surgió el Tianguis virtual junto con la tienda Tawá. A través de este espacio virtual, se comercializan de 35 a 40 canastas integradas por distintos alimentos comercializados en el Tianguis. Los productores que, por la pandemia, se vieron afectados en sus ingresos por la reducción de sus ventas son quienes trabajan armando las canastas y reciben un porcentaje de la misma por esta labor.

Como parte de los retos que enfrenta el tap, Rocío García (comunicación personal, 21 de agosto, 2020) menciona el área de sensibilización a los consumidores debido a que es un área cancelada durante la pandemia y debido a que el tap es un espacio de formación. En el corto plazo, es necesario fortalecer el trabajo colectivo en comercialización, la formación de productores y, también, la generación de ingresos que permita gestionar salarios, pues, hasta el momento, el trabajo de coordinación se hace de manera voluntaria.

También, García (2020) señaló que en el área de formación de productores resulta necesario intensificar este rubro para ampliar la red alimentaria y, al mismo tiempo, acompañar a otros colectivos para formar su propio mercado y generar una metodología de formación. A largo plazo, un reto es impactar más en la producción y consumo local, en los sistemas alimentarios territoriales. “Una gran ventaja es que la pandemia los ‘agarró’ organizados, es decir, la organización permitió y permite enfrentar la crisis y ser autónomos les permite decidir qué hacer” (R. García, comunicación personal, 21 de agosto, 2020).

El Mandadito. El Mandadito inició en el 2014. Se encuentra ubicado en la comunidad de Tlaxcalancingo en el municipio de San Andrés Cholula en el estado mexicano de Puebla. Lo integran cinco personas, en su mayoría mujeres. Esta experiencia surgió ante la necesidad económica y de salud, sobre todo, de sus integrantes al vender el excedente de la producción familiar de hortalizas. Después de estos primeros esfuerzos organizativos, fueron invitados a recibir acompañamiento empresarial por la Incubadora de empresas de economía social de la Universidad Iberoamericana Puebla. Además de la venta de hortalizas agroecológicas, El Mandadito se dedica a comercializar semillas, compostas y otros abonos orgánicos como la lombricomposta.

En la pandemia se enfrentan a la pérdida del empleo de muchas familias y, con ello, la reducción del consumo, también al cierre de espacios públicos para dar los talleres, reunir a las personas en el campo y hacer visitas a domicilio. Ahora en pandemia dan los talleres y asesorías para generar sus abonos orgánicos y asesoría agroecológica y de alimentación a través de sesiones virtuales. También han hecho alianzas con la Cooperativa de Consumo de Santo Tomas Chiautla para comercializar sus productos: hortalizas, plantas, semillas.

Como uno de sus retos a corto y mediano plazo, se encuentra la generación de más canales de comercialización y también consolidar su organización empresarial, siempre desde la lógica de la economía social y solidaria, poniendo en el centro la reproducción de la vida. Para ello, tienen la necesidad de seguir siendo asesorados por la Universidad Iberoamericana Puebla con el fin de continuar en la estandarización de sus procesos cooperativos y seguir en el camino de formación y capacitación en la generación de espacios de soberanía alimentaria.

Cooperativa de Consumo de Santo Tomás Chiautla. Esta cooperativa nació en marzo del 2019, respondiendo a la problemática de atender la escasez de alimentos sanos en la población de la comunidad de Santo Tomas Chiautla, una comunidad todavía rural que pertenece a la Ciudad de Puebla, capital del estado mexicano del mismo nombre.

Esta cooperativa se inició con un punto de venta Tianguis, que viene del náhuatl, que significa “mercado” y describe a un mercado ambulante. A partir de la pandemia de la covid-19, se entregan a domicilio las distintas despensas que provienen de las 20 unidades de producción, albergadas en este proyecto y cuentan con 200 productos entre alimentos frescos y procesados con un aproximado de 115 consumidores constantes.

A raíz de la pandemia de la covid-19, se “desbordó” la demanda para atender las necesidades específicas de los consumidores. El centro de la actividad de esta cooperativa es impulsar el bienestar individual y comunitario a través del consumo responsable y sostenible. Al ser una cooperativa joven, su principal desafío es generar una planeación estratégica y una estructura organizacional. Actualmente, la Cooperativa de Consumo de Santo Tomás Chiaulta cuenta con nueve socios que realizan todas las actividades operativas necesarias. También piensan iniciar con el acopio de residuos plásticos con los mismos productores que entregan a la cooperativa sus productos a comercializar, con el objetivo de generar circuitos de economía circular (reducir, reutilizar, reparar, reciclar) y, también, darle intencionalidad al proyecto, es decir, darle valor a esa intención.

Breve análisis de las experiencias

Después de haber revisado estas tres experiencias cooperativas de comercialización, consumo de alimentos y de servicios agroecológicos, observamos que el confinamiento derivado de la pandemia del la covid-19 presenta distintos desafíos que se han podido enfrentar gracias a dos atributos que se resaltan en los testimonios citados en este trabajo: el valor de la organización y la innovación en sus servicios de distribución.

En este sentido, se observa que, de acuerdo con el tiempo, el grado de organización y cohesión al interior de estas experiencias de economía social y solidaria, pudieron generar alternativas de comercialización para continuar trabajando durante la pandemia y, con ello, seguir generando ingresos.

De acuerdo con lo anterior, se observa que el Tianguis Alternativo de Puebla, con 13 años de gestión de una forma de comercialización y alimentación basados en los principios agroecológicos, del comercio justo y privilegiando cadenas cortas de consumo, puso en marcha iniciativas que anteriormente no se habían impulsado, debido a que no se apreciaban como urgentes o, por lo menos, como suficientemente necesarias para asegurar un ingreso a los productores que asisten a este espacio. A partir del confinamiento, empezaron a implementar las canastas a domicilio que, como se observó en el testimonio de Rocío García, cubrieron la necesidad de los consumidores de adquirir sus alimentos cada sábado y, también, se generó una cadena de distribución con aquellos productores que, por su actividad económica, resultaron más afectados por la reducción de aforo en el espacio de comercialización.

En el caso de El Mandadito y la Cooperativa de Consumo de Santo Tomás Chiautla, se observa que la pandemia aumentó sus actividades al interior de estos ejercicios, tanto de recopilación de distintos alimentos, ya sea hortalizas o bien aumentando la oferta de frutas, verduras y alimentos variados en las llamadas “Canastas” que entregan en los domicilios. Este aumento en las actividades de producción de hortalizas, en el caso de El Mandadito, y de recopilación de alimentos en ambas cooperativas ha aumentado la actividad al interior de estas iniciativas y, con ello, la necesidad de implementar e innovar en canales de distribución de estos alimentos para que llegaran a los consumidores. Debido a esta innovación en sus cadenas de distribución, las iniciativas señaladas en este capítulo indican que han mejorado los ingresos que tenían antes de la pandemia de la covid-19. Así mismo, haber implementado un uso consistente de las plataformas digitales y redes sociales para ofertar productos y servicios ha sido una ventana de oportunidad para continuar dinamizando su actividad cooperativa y garantizar un ingreso a los miembros de estos ejercicios de economías transformadoras.

De acuerdo con lo anterior, se puede observar que las acciones que realizan estas experiencias cooperativas y solidarias han sido soluciones emergentes que, de acuerdo con su grado de organización y cohesión, han implementado para mantener el empleo y los ingresos en todos los integrantes de estas iniciativas, ante la caída de la actividad comercial de estos mercados solidarios. Las iniciativas implementadas serían acciones a corto plazo para resolver la emergencia; no obstante, son medidas que podrían convertirse en permanentes una vez que la apertura de todas las actividades económicas y de la creciente movilidad ciudadana en medio de la pandemia y sin ninguna vacuna aún. Estas medidas formarían parte de lo que Coraggio (2020) llama un programa de acción para la economía popular, el cual implique un plan que contemple acciones de corto, mediano y largo plazo. Esto permitiría avanzar en la desmercantilización de las condiciones básicas de la vida, como en este caso la alimentación, rubro principal de las experiencias cooperativas desarrolladas en este apartado.

Finalmente, se observa que si bien el confinamiento social y la disminución de las actividades económicas ocasionó pérdidas de empleos a los trabajadores asalariados y reducción de fuentes de ingresos a los trabajadores populares, no asalariados, también ha generado un campo de oportunidad a aquellas experiencias de economía social, solidaria y popular dedicadas sobre todo, a la producción, distribución y comercialización de productos básicos como los alimentos, lo que permitiría revisar e indagar cómo en estos espacios microeconómicos se pueden construir alternativas económicas solidarias en favor de la reproducción de la vida, sin que se dependa de los indicadores macroeconómicos que dicta la economía de capital, a partir de ejercicios alternativos de valoración de los intercambios, lo que ilustra la posibilidad de ir transitando a entornos económicos sociales solidarios y cooperativos a pequeña escala, es decir, de ir construyendo espacios que favorezcan una racionalidad económica en beneficio de las personas y sus territorios.

Por lo anterior, desde el lado de la sociedad, se requiere dinamizar estos mercados a través del consumo, devolverle al consumo su apuesta de participación política, consciente y responsable en la construcción de una nueva racionalidad económica atravesada por una ética de responsabilidad de nuestras acciones de consumo con respecto a sus consecuencias sobre el conjunto de la vida.

Las economías populares y el potencial para el desarrollo de un subsistema de la economía social y solidaria en los barrios periféricos del sur de Bogotá, Colombia

La caracterización de la economía popular adquiere relevancia en las últimas décadas en América Latina. La crisis de categorías que dan cuenta de las economías empíricas en los territorios lleva a que la compresión de estos hechos económicos con base territorial no logren trascender a estrategias públicas o de las propias organizaciones socioeconómicas, para comprender la realidad compleja donde se desempeñan; por lo tanto, producir estrategias sostenibles, en especial, del trabajo en condiciones dignas o decentes en el contexto de crisis actual, implica promover niveles de distribución de la riqueza producida socialmente y las garantías plenas a derechos sociales.

Los conceptos de economía informal versus economía formal, categorías que explican las relaciones de dependencia y legalidad de las organizaciones económicas frente a la ley, son asumidas por las instituciones con la declaración de la Organización Internacional del Trabajo (oit) de 1972 en el debate que enfrentaban ante un escenario poskeynesiano en esta década, el cual limitaba la comprensión de las crecientes dinámicas de economías urbanas. Este fenómeno de la economía informal se definió como:

Una forma urbana de hacer las cosas cuya marca distintiva incluye: pocas barreras a la entrada para el empresario, en términos de habilidades y capital requerido; empresas de propiedad familiar; operación en pequeña escala; producción de trabajo intensiva con tecnología adaptada, y un mercado no regulado y competitivo. (Salcedo, Moscoso y Ramírez, 2020, p. 1)

Para Kalmanovitz (2015), la economía informal se tipifica como “aquella que no está regulada por la ley; sus trabajadores no reciben el salario mínimo, no cotizan a la seguridad social, no están organizados sindicalmente y laboran en establecimientos de menos de 10 trabajadores” (p. 14). Por lo tanto, esta mirada de la economía informal comprende un tipo de relación formal que cumplen las actividades económicas de manera puntual y localizada; por eso, esta concepción reduce la mirada de la heterogeneidad económica a partir de un ejercicio de poder institucional que regula y que no da cuenta de los diversos principios y motivaciones que orientan acciones económicas, más allá de la establecida por la normatividad y la ordenación gubernamental, en especial, sobre el trabajo reconocido por el contrato, y las garantías sociales de una actividad de trabajo en particular (Cediel, 2018).

En Colombia, el sector económico denominado como “economía informal” viene aumentando en los últimos años y con aceleración debido a la crisis financiera producto de la crisis por la covid-19. Este sector de la economía constituye uno de los sectores de la economía que produce mayor número de trabajos en la sociedad. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (dane), la proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas más importantes por cantidad de habitantes en Colombia fue del 46,3% para el trimestre móvil mayo-julio del 2020. Para el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas registra un 47,0%. Esto indica que casi la mitad de la población en edad de trabajar se desempeña en actividades económicas de carácter informal.

Esto demuestra la gravedad de la situación a corto plazo; sin embargo, cualquier estrategia que se asuma para reducir el impacto sobre este sector requiere nece- sariamente de una reflexión sobre la categoría de economía informal, que no necesa- riamente logra captar todos los hechos económicos complejos que existen en los territorios urbanos. La propuesta de nuevas categorías como las que ofrecen las economías populares y la economía social y solidaria, en su concepción de reproducción ampliada de la vida con base territorial, tiene la posibilidad de dar cuenta y orientar estas realidades localizadas en un proceso de sostenibilidad socioeconómica hacia la asociatividad, en que la incidencia política desde este campo produzca transformaciones positivas, de tal manera que se puedan garantizar los bienes comunes, la constitución de un sector incluyente y articulado entre los distintos actores y las garantías sociales hacia los trabajadores del campo popular.

Para el caso de Colombia, a continuación, se presenta el análisis de algunos resultados del estudio de las economías populares en la localidad de Usme en el sur de Bogotá, realizados en el marco de investigación hecha en este sector de la ciudad, el cual permite tener un acercamiento a las realidades económicas de los sectores populares. Una realidad urbana compleja resultado de más de 50 años de ocupación (autogestión) ilegal del espacio. Este análisis permite reflexionar en posibles alternativas para el desarrollo de los territorios urbanos solidarios en un contexto de alto desempleo y crisis estructural evidenciada por la covid-19.

Las economías populares en el contexto actual

Las expresiones económicas de los sectores populares históricamente han sido invisibilizadas y estigmatizadas negativamente, a pesar de la importante presencia en los sectores subalternos urbanos y rurales, que dieron cuenta de la reproducción social. Las expresiones de las economías de los sectores populares dejaron de ser relevantes para las concepciones de la economía dominante que se desarrolló durante el siglo xx y en la última etapa del proyecto neoliberal. A pesar de la evolución de los conceptos que explican estas realidades heterogéneas y en lo relativo al desarrollo estructural, el marco referencial no ha logrado dar cuenta de una propuesta de subsistema trascendente. La herencia de una observación de estas economías como atrasadas se abordó desde una mirada de desarrollo de una economía popular cuyos cambios se determinaban por acciones filantrópicas que implican el paternalismo, la responsabilidad social empresarial y una economía para pobres (Cediel, 2018).

El subsistema de las economías populares

La evolución de las economías humanas permite determinar que las expresiones populares que producen formas productivas comunitarias y locales en el ámbito urbano fueron relegadas y vistas especialmente por la economía moderna, bajo el modelo industrial y neoliberal como expresiones económicas que no aportan al progreso de la sociedad, gracias al concepto de progreso instalado desde la modernidad que implantó una racionalidad instrumental y una visión lineal de la dinámica social con una forma de economía en particular; esto redujo la visión del mundo de la economía. La economía en el modelo de libre mercado como en el Estado de bienestar comprendió la situación de las economías empíricas que las comunidades excluidas enfrentaban en las periferias y en las poblaciones subalternas, como aquellas expresiones que deberían ser subsumidas por la economía capitalista, determinándolas como atrasadas, inviables, ilegales y subdesarrolladas. El sector denominado solidario, que incluía expresiones históricas como el cooperativismo, las mutuales, las asociaciones de productores y consumidores, solo por dar algunos ejemplos, igualmente fueron vistas por la economía dominante como sectores marginales que no lograban proponer estrategias que superaran la lógica de la economía capitalista en el marco de una economía ampliada (Cediel, 2018).

Aníbal Quijano (2007), en este sentido, plantea desde finales de la década de 1960 un análisis de este fenómeno, relacionado con la exclusión de los sectores populares del mundo del trabajo bajo el modelo de “desarrollo industrial”, como una tendencia acelerada a causa de la tensa relación capital-trabajo que dejaba por fuera las relaciones formales y el empleo asalariado a una amplia población creciente de trabajadores, expulsados hacia las periferias geográficas y de participación directa en el mundo económico. Este autor definió este fenómeno creciente con los conceptos de “marginación” o “polo marginal” de la economía, en los cuales las relaciones entre mercado y reciprocidad eran heterogéneas, precarias y dinámicas. En esta línea, Sarria y Tiriba (2004) consideran que las economías de la periferia urbana y rural que no subsisten en relaciones de formalidad, compuesta por aquellos sectores sociales que desarrollan actividades y procesos económicos por fuera de la normatividad del Estado, crean un vacío conceptual que no da cuenta de la complejidad y diversidad de los sucesos económicos que ocurrían en la creciente urbanización y las nuevas configuraciones territoriales. En este sentido:

La categorización entre formalidad e informalidad en la economía es una categoría que viene desde el propio interés del poder que establece una forma única de concebir los fenómenos económicos y relaciones sociales establecidos en los territorios gobernados a partir de un ejercicio normativo de poder. (Cediel, 2018, p. 158)

Es así que la relación entre formalidad e informalidad fragmenta expresiones y prácticas económicas que tienen el potencial de resolver problemas de reproducción en los sectores populares y que al poder no le interesa incluir dentro de sus categorías y marcos referenciales. La relación entre formalidad e informalidad de las expresiones económicas populares acarrea una categorización que fracciona el sector de los trabajadores populares con aquellos que logran ventaja en el sistema de competencia con lo cual logra acceder al sistema normativo y tributario. Por otro lado, esta concepción desconoce la complejidad de expresiones económicas que suceden en la vida concreta y que podrían ser potenciales aliados en el cumplimiento de los objetivos de las instituciones y en función de cierto progreso social.

Por lo tanto, la economía informal fue insuficiente para contribuir y explicar las iniciativas socioeconómicas de los sectores populares que requieren de un análisis de sentido y racionalidad explicativa. El aporte de Coraggio (2007) es significativo al concebir la importancia que tiene la economía popular más allá de la denominación como economía informal, pues la primera representa un sector vivencial, dinámico y diferenciado dentro de la economía plural que toda sociedad contiene. Este autor ubica y diferencia la economía plural en tres sectores o subsistemas claramente diferenciados: el sector de la economía de carácter privado cuya finalidad es el lucro representado por el sector financiero y las empresas de capital; la economía del sector público que propende por el “cuidado de lo común”, no obstante, en muchos casos, su motivación se basa en la búsqueda de acumulación del poder político cuya acción se da a través de los partidos que cumplen una función similar a la del capital en la economía de mercado, aunque su función social sea la de proveer bienes y servicios según un acuerdo social, y un tercer subsistema denominado de la economía popular o de los sectores populares. Estos tres sectores pueden actuar simultáneamente, contrapuestos o complementarios, en distintos niveles y con variada magnitud, como se ve en la figura 1.

La economía popular, para Coraggio (2007), es el conjunto de relaciones existentes en que los poseedores de la capacidad de trabajo, los trabajadores, pueden ser los poseedores de los bienes y servicios producidos, logrando el objetivo de disponer de los medios que sustentan la vida en sociedad en las mejores condiciones posibles según su noción de calidad de vida. Con esto no se afirma que, dentro de la economía popular, no existan prácticas negativas de sujeción y explotación del trabajo o prácticas no éticas; la economía popular busca suplir la insuficiencia del mercado y del Estado, los cuales solo ven como única vía la generación de empleo asalariado formalizado.

Figura 1. Subsistemas de la economía


Fuente: adaptado de Coraggio (2013b).

La economía popular comprende una diversidad de expresiones económicas que integran diversos principios y valores, los cuales representan un conjunto inorgánico y desarticulado de actividades, donde coexisten formas solidarias y de competencia, de subordinación parcial o directa, a la economía del capital y al asistencialismo de Estado. Para Coraggio (2007), las estrategias de este subsistema se enmarcan dentro del habitus de sus actores, para quien las estrategias son diversificadas, reactivas y transitorias, permitiéndole desarrollar comportamientos que se adaptan cognitivamente a habitus, valores y tradiciones.

Sarria y Tiribia (2004) señalan cómo algunos autores denominan “economía popular de solidaridad” o “economía popular solidaria” a aquellas prácticas en el ámbito popular que comparten principios y actitudes solidarias. De tal manera, al analizar las actividades económicas que suceden en los sectores populares, se descubre que ellas se pueden convertir en un gran potencial contra la exclusión política, cultural y social del mundo popular y su precaria economía, permitiendo la articulación alternativa económica que relaciona la economía con la cultura, con organizaciones y movimientos sociales (Nyssens, 1998).

La heterogeneidad de las prácticas económicas presentes en los sectores populares expresan su fuerza en la unidad doméstica. Si la microempresa es la unidad básica del subsistema del capital privado, en contraste, la unidad doméstica es la unidad básica de la economía popular. La unidad doméstica orienta el conjunto de capacidades de trabajo que ejercen los miembros cercanos, con el fin de resolver solidariamente condiciones de reproducción ampliada (Coraggio, 2007). Es así que el uso del fondo de trabajo (producción o comercialización de bienes o servicios), realizado por miembros con relaciones de confianza, como familias cercanas y extendidas, miembros de comunidades o trabajadores contratados en pequeñas unidades productivas o asociados, despliega capacidades para hacer posible la reproducción y el mejoramiento de la calidad de vida; por otro lado, el fondo de trabajo como recurso disponible, el cual Coraggio (2010) clasifica analíticamente en el contexto de reproducción propiamente dicha, aquella producción para autoconsumo, para el consumo de las personas de una comunidad o el trabajo que se realiza para formación y capacitación.

Las economías en Danubio Azul, barrio periférico del sur de Bogotá

Las economías reales analizadas en este apartado comprenden distintas expresiones que demuestran la heterogeneidad de principios y motivaciones que estos tres subsistemas comparten en la economía plural y que se dan en todo contexto social urbano, como es el caso de los barrios populares, específicamente, en el barrio Danubio Azul de la localidad de Usme en la ciudad de Bogotá. En este barrio, el sector privado, siendo el que domina, somete al sector público y su política al interés del capital “invertido” en el territorio, sea a través de programas puntuales de “seguridad ciudadana” o sea tolerando y manteniendo ambivalencias con el capital ilegal (ventas de droga, préstamos gota a gota, satélites, entre otros). Esta convivencia beneficia a la institucionalidad en cuanto que es una forma de control social a las reivindicaciones que pueden surgir espontáneamente ante una comunidad insatisfecha. En ese sentido, las instituciones garantes de “derechos” despliegan acciones puntuales que no generan mayores alcances, ni para las unidades productivas y comerciales familiares, ni para otras expresiones de la economía popular.

La relación entre los tres sectores o subsistemas, según el análisis de las economías empíricas realizado, señalan que la economía privada de capital, la pública y la popular mantienen un desequilibrio en que domina el sector privado, y las formas en que este actúa, que dista mucho de un modelo generador de bienestar y progreso. El sector público, si bien presente, no resuelve problemas de necesidades de los habitantes, sino que su rol como instancia de redistribución y garantías no cuenta con mecanismos suficientes y eficientes; las políticas que promocionan la producción económica local que impliquen mejorar la situación socioeconómica se ven solo en la intervención de política focalizada que no resuelve los problemas de fondo (Cediel, 2018).

La seguridad a la inversión, ya sea por las grandes superficies o por el comercio local, es el eje articulador entre el sector privado y el público. La acción institucional tiene como propósito la defensa de la inversión y la propiedad comercial y productiva; sin embargo, no es suficiente para garantizar los derechos sociales de sus trabajadores ni de sus habitantes. La relación entre el sector privado y las economías populares no expresan una clara posición de contraste, las acciones nacen de comprenderlas donde se ubican como emprendimientos mercantiles que no afectan necesariamente su actividad; sin embargo, lo que arroja esta investigación es que las pequeñas unidades comerciales y productivas familiares se benefician del fondo de trabajo y las relaciones de confianza de las unidades domésticas para su sostenibilidad. La importancia de estas radica en que el fondo de trabajo, los medios materiales y de producción básicos con que cuentan la propia unidad doméstica, como también las redes de confianza familiares y de relaciones comunitarias cercanas, ponen en valor las oportunidades y el desarrollo positivo de las actividades económicas. Se puede afirmar que si no fuera por el aporte de la fuerza de trabajo familiar y las condiciones de producción y confianza, no habría sostenibilidad socioeconómica para estas unidades en condiciones de libre mercado.

En términos de la relación entre el sector público y las economías de los sectores populares, hay una negación estructural histórica. La relación entre las economías populares y las instituciones públicas se basa en términos de medidas restrictivas y acciones puntuales como reubicación del lugar de ventas para la recuperación del espacio público y la formación para la formalidad empresarial en condiciones de competencia. La mirada de las unidades económicas y de las familias trabajadoras en las economías populares se basa en priorizar el sector empresarial privado y su visión que ordena el mundo de lo económico, el cual se entiende como la principal fuente de satisfacción del acceso a bienes y servicios y garantía de ocupación laboral.

En este sentido, en un contexto de destrucción de la economía local a causa de la recesión económica y la circunstancia de la pandemia de la covid-19, la economía social y solidaria pone en valor la unidad doméstica y el fondo de trabajo como recurso disponible fundamental presente en los territorios urbanos, para la reproducción de la vida material y social de las familias en los sectores populares, el cual puede convertirse en una estrategia que pone en valor relaciones de confianza y solidaridad mutua; sin embargo, existe un riesgo de ser instrumentalizados a la conveniencia del sector privado. La confianza y el trabajo puesto en común en las unidades domésticas son la garantía para el buen funcionamiento y la sostenibilidad de muchos de los negocios mercantiles y productivos del capital privado.

Bajo estas condiciones, la solidaridad económica, basada en el fondo de trabajo y la unidad doméstica, se convierte en una opción para realizar una transición de una economía mixta del capital hacia una economía mixta de trabajo. Coraggio (2013a) critica los enfoques tradicionales de economía de trabajo, señalando la dificultad que tienen estos enfoques en la realidad, a consecuencia de promover trabajo que genera riqueza social y sostenibilidad en condiciones de competencia. Los contenidos de este enfoque son propuestas de carácter individual, puestos en juego en litigio a la hora de atraer capitales públicos o privados de inversión. Este enfoque propone el trabajo en función de la productividad globalizada, con tendencia a la disminución del empleo estable y de calidad, por consiguiente, aumenta la tensa relación capital-trabajo.

El vacío existente, y la contradicción, entre el sector público y el sector privado para resolver las necesidades de las economías de los sectores populares van de la mano de la falta de una propuesta de integración económica desde los sectores populares, que logre articular las actividades económicas a las unidades domésticas y a las unidades económicas locales con base en el fondo de trabajo. En los sectores populares del sur de Bogotá, los trabajadores y los miembros de las unidades domésticas no tienen acceso pleno al disfrute de seguridad social y, en menor medida, a otros derechos sociales, lo que señala que su garantía por parte del Estado obedece a la orientación neoliberal de dejar que el propio mercado de trabajo y la voluntad individual supediten el acceso a estos derechos. La mediación de estos derechos está dada por la capacidad monetaria autogestionada por los trabajadores.

Cabe afirmar dos elementos fundamentales en el análisis de las economías reales. En primer lugar, el fondo de trabajo se convierte en el principal recurso con que cuentan los habitantes de estos sectores como única posibilidad de acceso a ciertos ingresos que garantizan la sobrevivencia y reproducción. La diversidad de oficios que se ofrecen (cuidado, protección, seguridad, construcción, reventa, entre otros) demuestra la riqueza de trabajos locales que dan respuesta a necesidades de vida. Sin embargo, estos trabajadores están dispersos, no cuentan con algún tipo de articulación que los represente o algún tipo de derecho social que garantice el acceso a la salud, pensión y protección de riesgos profesionales.

Si bien las familias cuentan con el fondo de trabajo, la inestabilidad de las relaciones contractuales y los trabajos sobre tareas específicas en cortos periodos de tiempo son una constante incertidumbre y generan poca capacidad de ahorro y mejora durables de las condiciones de vida. El trabajo doméstico ayuda en las mejoras habitacionales, las garantías alimentarias y el equilibrio psicológico de las familias.

En estas poblaciones, el trabajador por cuenta propia debe obtener mayores ingresos para lograr igualar el nivel de los trabajadores con relación salarial formal, lo que compromete que los trabajadores, para sostenerse con mínimos aceptables, no logran tener una capacidad adquisitiva que les permita mantener capital de ahorro suficiente para la sostenibilidad y proyectos a futuro. A los trabajadores a cuenta propia le son rentables sus actividades económicas en tanto la no formalidad de sus actividades económicas. El no pago de impuestos y los trámites burocráticos les da cierta rentabilidad, lo que justifica el desinterés de dar pasos en esa dirección.

La unidad doméstica aún cumple un papel importante a la hora de cuidar, proteger, distribuir, ahorrar, invertir, prestar, trabajar conjuntamente, mejorar las condiciones habitacionales, como también en la construcción de confianza, planificar y garantizar el futuro, y por consiguiente, de reproducir la vida, incluso en vínculos sociales más extensos dentro del barrio. En el ejercicio de indagación, se presenció la existencia de acciones de solidaridad que logran hacer la vida más llevadera en casos de accidente o calamidad, o en actividades culturales locales que afirman la identidad local. Existe en estos barrios una memoria de ocupación solidaria y acceso a derechos sociales, como derechos adquiridos por la organización y exigibilidad de derechos.

Por otro lado, el movimiento cooperativista y mutualista con una amplia historia mantiene una mirada similar a la economía dominante, al considerar estas expresiones de economías como actividades no motivadas por la solidaridad; por lo tanto, no integradas a su historia y cuerpo orgánico. La mirada limitada solo ve en estas expresiones algo ajeno a la tradición y a los principios institucionalizados del cooperativismo y, a nivel internacional, los ha llevado a perder pertinencia y capacidad de respuestas a los desafíos del mundo de los trabajadores en los sectores populares, desconociendo la potencialidad que contienen estos sectores para los cambios sociales, y más en el contexto actual de pandemia. A pesar de la amplia legislación que rige al sector de la economía solidaria en Colombia, es limitada la promoción y creación de nuevas organizaciones y formas asociativas solidarias territoriales, a partir de las solidaridades naturales que realizan los que habitan los territorios. El marco de las economías populares se convierte en una categoría de acción para este sector, el cual es una necesidad que requiere la acción articulada de las distintas instituciones, organizaciones y universidades a favor del bien común y la economía local.

La economía social y solidaria hoy se plantea como una alternativa por sus principios orientadores, por las formas heterogéneas de expresión y por los impactos trasformadores localizados, con el potencial de facilitar acciones públicas y de las organizaciones sociales, frente a la necesidad de respuestas ante la crisis actual. En este sentido, comprender el marco de las economías empíricas que suceden en los territorios es fundamental para una acción coherente y transformadora donde tiene lugar una propuesta económica fundamentada en la solidaridad. Los habitantes de estos sectores periféricos, en el caso del barrio Danubio Azul de la localidad de Usme en el sur de Bogotá, mantienen en la memoria la forma en que accedieron a medios de vida material como los lotes para autoconstrucción, la autogestión de recursos, la articulación asociada entre vecinos para el acceso a servicios públicos y la exigencia colectiva para lograr mejoras en infraestructura y bienes comunes. Basarse en las solidaridades naturales que trae la memoria de estos barrios desde el proceso de ocupación territorial, así como las solidaridades intrínsecas en la unidad doméstica y el fondo de trabajo, como recursos disponibles a nivel local, pueden ser una base orientadora de la política pública que puede garantizar la reproducción social en términos del sostenimiento de las condiciones de vida materiales y simbólicas, en y desde los territorios periféricos urbanos.

Conclusiones

Después de haber realizado el recorrido por distintas experiencias de economías sociales, solidarias y populares, en las ciudades de Puebla (México) y Bogotá (Colombia), enmarcadas en construir racionalidades económicas que favorezcan la reproducción ampliada de la vida en tiempos de pandemia por covid-19, se observa que las experiencias y casos estudiados en este trabajo y el análisis realizado de las economías del campo popular actúan de acuerdo con su entorno de posibilidad, en un marco político y económico igual al que tenía lugar antes de la pandemia, es decir, a lo largo de este escrito se observa que el comportamiento de estos ejercicios ha estado acotado por su entorno de posibilidad, sobre todo, con la fortaleza organizativa al interior de estos ejercicios que les permitiera resolver sus necesidades sociales y económicas en un entorno social e institucional marcado por la reproducción de capital.

En este sentido, con la exploración de ese entorno de posibilidad, se recurre a un actor central en la reproducción de la racionalidad económica: los Estados y, en concreto, los Gobiernos, que generan instituciones, legislaciones y entornos de posibilidad, teniendo en cuenta que deben facilitar ecosistemas que hagan más fluido el quehacer de la ess. Esto quiere decir: transitar de programas de gobierno a verdaderas políticas de Estado que articulen políticas públicas que enmarquen y fomenten el crecimiento de la ess como modelo económico, a partir de realidades heterogéneas concretas.

En palabras de Coraggio (2020), hay una necesidad de debatir el sentido del Estado, es decir, continuar con un Estado que reproduzca la racionalidad del capital o bien un Estado con representación de lo nacional popular que contribuya en la construcción de la racionalidad económica, la cual reproduzca un modelo en favor de la vida concreta.

De acuerdo con lo anterior, en el caso de México y Colombia, se encuentra la necesidad de crear un andamiaje legislativo que fomente y accione ecosistemas de economía social y solidaria. Derivado de esto, también es necesaria la creación de un marco jurídico diferenciado que respalde y fortalezca la expansión de la economía social y solidaria; para ello, es necesaria la creación de una Agenda Pública de las instituciones de Gobierno, en donde se destaquen, por lo menos, los siguientes ejes de acción:

 Legislar para hacer efectiva la Ley de Economía Social y Solidaria a través de la creación de fomento a la creación política de gobierno y políticas públicas integrales de fomento a la economía social y solidaria, por ejemplo, que contemple la creación de una política fiscal diferenciada con el objeto de eliminar la paridad con las empresas tradicionales o sociedades anónimas, debido a que buscan objetivos distintos. Este es el caso, por ejemplo, de las economías populares, que sostienen formas solidarias no formales.

 Así mismo, resultaría necesario que las cajas de ahorro y préstamo dejen de estar reguladas por las comisiones bancarias y de valores, para volverse verdaderos brazos financieros del sector social de la economía.

 Poner en marcha centros de producción y distribución cooperativa y, también, poner en marcha plataformas digitales, pero especializadas para el sector de la economía social y solidaria.

Consideramos que poner en marcha estos aspectos desde las instituciones estatales permitiría reflejar con mayor claridad los impactos de las economías transformadoras, en favor de la reproducción social, en el bienestar de los territorios y no solo en los emprendimientos cooperativos y solidarios que se observan hasta ahora en las experiencias vigentes como las estudiadas en este trabajo. Es decir, las distintas y diversas experiencias que se identifican y agrupan alrededor de estas economías transformadoras no son una suma de microemprendimientos, sino una construcción compleja, y su sostenibilidad es política, multidimensional y multifactorial, lejos de reducirse al balance contable de entradas y salidas que indica la economía de capital, sino la construcción de un sistema económico que pone en el centro el trabajo en lugar del capital.

Por tal motivo, consideramos que las experiencias de economía social y solidaria (ess) expuestas en este trabajo son espacios de dignidad y resistencia microeconómica que, continuamente, ensayan nuevas formas de hacer economía, en un espacio que privilegie el trabajo y la sostenibilidad de la vida, para construir continuamente, y de manera colectiva, escenarios en donde el trabajo reproductivo encuentre un valor nodal en las relaciones sociales, teniendo su principal desafío en que esta construcción se hace en un entorno objetivo y subjetivo de reproducción del capital a costa de la vida.

Por otra parte, la categoría de economía popular plantea un nuevo marco de referencia para el análisis de las realidades heterogéneas invisibilizadas por la economía dominante. Estas contienen ricas expresiones solidarias que se dan en la unidad doméstica y el fondo de trabajo, sin olvidar los procesos históricos de acceso a derechos colectivos. Estos elementos pueden ser la base para el diseño de políticas e instituciones públicas que respondan a las realidades sociales y económicas de los sectores marginales, subalternos y populares de las grandes ciudades latinoamericanas. En este sentido, este marco de referencia y las experiencias que suceden en muchos lugares pueden ser una alternativa viable para recuperar el sentido social en los territorios y orientar la acción política hacia horizontes que tienen como base la subjetividad individual y colectiva. Más allá de tecnicismos, fórmulas y salidas formales a los problemas de fondo de estos sectores, que limitan el desarrollo económico y social, este marco referencial y las experiencias que se llevan a cabo pueden ser un primer paso para la constitución de un subsistema a nivel de la mesoeconomía que dispute sentido, a modelos basados en la apropiación del trabajo ajeno y la riqueza social producida, que expulsa de las condiciones de vida a miles de hombres y mujeres en los territorios de vida.

El contexto de la covid-19 que vivimos a nivel global está exigiendo nuevos paradigmas y puntos de referencia, para constituir modelos de economías que se basan en la solidaridad social, la cooperación y la autogestión, poniendo en valor la economía local, no solo para mermar una crisis recurrente y profunda del capital, sino para superar una racionalidad económica que lleva a los límites la propia reproducción de la vida física y cultural de miles de personas a nivel global. Por lo tanto, esto requiere reflexionar sobre nuevas categorías y acciones concretas que no solo resuelvan los problemas de reproducción social, sino que aspiren a cambios paradigmáticos y sistémicos más profundos.

Los impactos potenciales que se pueden lograr en las economías locales, a partir del reconocimiento de las expresiones solidarias, por lo tanto, las implicaciones sobre el sistema político y las correspondientes acciones de las organizaciones comunitarias lleven a cabo, pueden ser claves para resolver la crisis económica producto de la pandemia de la covid-19, siendo una estrategia muy importante para resolver crisis económicas recurrentes que afectan la reproducción de la vida en lugares determinados e históricamente marginados. Las experiencias mexicanas pueden ser una alterativa importante para reconocer acciones que las organizaciones comunitarias pueden llevar a cabo con el fin de resolver aspectos vinculados con la producción, el intercambio y el consumo, con lo cual logran inspirar a comunidades que enfrentan situaciones económicas adversas en pandemia. Por otro lado, el análisis de las economías populares puede ayudar a comprender de manera más eficaz y pertinente el marco en el que se desarrollan estas alternativas, siendo una posibilidad para la constitución de un subsistema articulado de una economía orientada por la tasa de ganancia del capital hacia una economía orientada por la reproducción de la vida de los trabajadores y habitantes de estos sectores periféricos de las grandes ciudades latinoamericanas.

Finalmente, Coraggio (2020) señala que estos sujetos de la economía social, solidaria, popular, es decir, transformadora, pueden ser los movimientos sociales y los sectores marginados por el cooperativismo y sindicalismo corporativizado, en donde se construya una militancia por procesos democráticos en la vida cotidiana, vivenciando la máxima zapatista “mandar obedeciendo” en la construcción de una racionalidad económica solidaria y cooperativa en favor de la reproducción ampliada de la vida.

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Renta básica y desigualdad social: una reflexión sobre la reconfiguración mundial en la pospandemia

Mauricio Chamorro Rosero

Ángela Castillo Burbano

Daniela Narváez Benavides

Hugo Medina Chaves

Resumen

La pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus ha develado (una vez más) la magnitud de la desigualdad social y sus inclementes repercusiones para la población mundial. En el marco de esta coyuntura epidemiológica, algunos autores han evidenciado que la pandemia no afecta a todos por igual, siendo la población pobre la más damnificada. Por esa razón, a partir de una amplia revisión documental, el presente capítulo plantea la implementación de la renta básica (rb) como una estrategia que, además de combatir la desigualdad social, permite agenciar acertadamente la actual pandemia y mitigar la consecuente crisis económica. Así, el capítulo inicia con la discusión teórica sobre la rb y continúa presentando algunos casos emblemáticos a nivel mundial, que han incorporado la rb como una expresión de políticas y reformas al interior de los Estados. Más adelante, se desarrolla una discusión concentrada en el sentido e implementación de la rb y las acciones jurídicas y económicas que tomaron algunos países latinoamericanos a fin de afrontar la pandemia ocasionada por la emergencia mundial de la covid-19. En ese sentido, se evaluaron políticas que constituyeron la declaratoria del estado de excepción como un instrumento para afrontar el control del contagio e introducir el debate de la rb, dejando abierta la posibilidad de una nueva deliberación y el análisis discursivo sobre algunas medidas asistenciales que pretenden la materialización de acciones concretas para cumplir los principios de superación de desigualdad social, al igual que los objetivos igualitarios y democráticos que persigue la rb.

Palabras clave: América Latina, covid-19, desigualdad social, pospandemia, renta básica.

¿Cómo citar este capítulo? / How to cite this chapter?

Chamorro Rosero, M., Castillo Burbano, Á., Narváez Benavides, D. y Medina Chaves, H. (2021). Renta básica y desigualdad social: una reflexión sobre la reconfiguración mundial en la pospandemia. En C. P. Sacristán Rodríguez (Ed.), La pospandemia en un contexto de desarrollo solidario (vol. 5, pp. 53-73). Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia. http://dx.doi.org/10.16925/9789587603460

Basic Income and Social Inequality: A Reflection on the Post-Pandemic Global Reconfiguration

Mauricio Chamorro Rosero

Ángela Castillo Burbano

Daniela Narváez Benavides

Hugo Medina Chaves

Abstract

The pandemic caused by the new coronavirus revealed (once again) the magnitude of social inequality and its inclement repercussions for the world’s population. In the context of this epidemiological situation, some authors have shown that the pandemic does not affect everyone equally, with the poor population being the most affected. For this reason, based on an extensive documentary review, this chapter proposes the implementation of basic income (bri) as a strategy that, in addition to combating social inequality, allows for the successful management of the current pandemic and the mitigation of the resulting economic crisis. Thus, the chapter begins with a theoretical discussion on br and continues by presenting some emblematic cases worldwide that have incorporated br as an expression of policies and reforms within the States. Later, a discussion is held on the meaning and implementation of br and the legal and economic actions taken by some Latin American countries to address the pandemic caused by the global emergence of the covid-19. In this sense, policies that constituted the declaration of the state of emergency were evaluated as an instrument to face the control of the contagion and to introduce the debate of the br, leaving open the possibility of a new deliberation and the discursive analysis on some welfare measures that pretend the materialization of concrete actions to fulfill the principles of overcoming social inequality, as well as the egalitarian and democratic objectives that the br pursues.

Keywords: Latin America, covid-19, social inequality, post-pandemic, basic income.

Aunque la creciente concentración de la riqueza provocada en el marco del capitalismo había sido advertida desde el siglo xix (Marx, 2012), solo a partir de la década de los noventa, tras la instauración del modelo neoliberal, el debate sobre la desigualdad social empezó a ocupar un lugar privilegiado en la agenda de las ciencias económicas y sociales (González-Casanova, 1990; Harvey, 2007; Piketty, 2015; Bauman, 2014). El modelo neoliberal ha favorecido el incremento de las ganancias por parte de las empresas multinacionales; sin embargo, no ha sido efectivo para controlar la pobreza e indigencia, especialmente, en los países del sur global. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal), entre 1980 y 2016, el número de personas en situación de pobreza y pobreza extrema creció cerca de 50 millones. Estos datos indican que en América Latina las ganancias se incrementan al mismo ritmo que la concentración de la riqueza. Igualmente, estas políticas no han podido contrarrestar la desocupación, la cual, pese a las variaciones porcentuales que se han presentado entre 1990 y 2019, se mantiene en una cifra cercana al 8,1%, lo que implica que hay más de 26 millones de desocupados en la región. Esta cifra se agudiza en el caso de las mujeres y los jóvenes, quienes han alcanzado una tasa de desocupación cercana al 10,4% y 19,5%, respectivamente (Organización Internacional del Trabajo [oit], 2019).

La persistencia e incremento de la desocupación ha producido varias consecuencias directas sobre los trabajadores, como el aumento del trabajo informal, la precarización del empleo y el debilitamiento o desaparición de los sindicatos (Domínguez, 2013). Según la oit, en el 2016, hubo 134 millones de trabajadores con empleo informal no agrícola en América Latina, lo que indica que cerca del 47,7% de la población económicamente activa pertenece a la denominada economía informal. El empleo informal incluye tanto a los trabajadores informales que realizan sus actividades en empresas del sector formal y empresas del sector informal, como a los empleadores y trabajadores por cuenta propia que trabajan en sus propias empresas del sector informal (oit, 2016).

Si bien el incremento del empleo informal propicia una disminución de la tasa de desocupación, esto no se relaciona con una mejora en las condiciones de vida de las personas, ni con la reducción de la desigualdad social. Varios informes oficiales han concluido que la informalidad perpetúa la pobreza, coarta la productividad, obstaculiza el crecimiento económico y desafía la gobernabilidad democrática. Es importante tener en cuenta que, gracias al discurso del espíritu emprendedor, aclamado por algunas tendencias neoliberales, el número de trabajadores por cuenta propia ha crecido en la última década; no obstante, el 84% de estos trabajadores son informales (oit, 2016). Así, la informalidad se ha convertido en la nueva forma de la sociedad civil y de la política social, “una forma que busca la sustitución de la solución social por la solución privada y familiar de los problemas” (González Casanova, 1990, p. 71). La eliminación de políticas sociales y la privatización de los servicios básicos defendidas por el modelo neoliberal ha propiciado que el Estado deje de garantizar los derechos fundamentales y los derechos económicos, sociales y culturales. Esta nueva realidad ha agudizado la desigualdad social, representando una compleja condición para afrontar la pandemia.

En la actualidad, las distintas perspectivas preocupadas por la desigualdad social han favorecido que este tema se sitúe en el centro del debate público y, además, promovieron algunas propuestas para contrarrestar su progresiva expansión. Entre estas ideas, las cuales han sido inspiradas tanto en posturas reformistas del neoliberalismo que han propuesto la modernización de la infraestructura institucional de la economía de libre mercado y la reforma institucional del sector financiero (Burki y Perry, 1998; Kuczynski y Williamson, 2003), como por algunas perspectivas críticas que ven en el capitalismo un sistema incompatible con la lucha contra la desigualdad social (Amin, 2001; Borón, 2005), se encuentra el establecimiento de la renta básica (rb).

A grandes rasgos, la rb consiste en una cantidad de dinero que se paga regular e incondicionalmente a todos los individuos con la intención de garantizar su seguridad económica esencial, sin detrimento de las demás prestaciones y servicios sociales concedidos por el Estado (Standing, 2018). Desde su aparición en la célebre obra Utopía, escrita por Tomás Moro a principios del siglo xvi, la rb ha sido un tema incidental en varias discusiones políticas y académicas; no obstante, las recientes crisis del capitalismo, especialmente la crisis financiera del 2008 y la actual crisis económica originada por la pandemia, propiciaron la emergencia de un gran número de personas que ven en esta propuesta una alternativa de primer orden para combatir la desigualdad social a nivel mundial. Adicionalmente, en el contexto de la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus, el debate sobre la rb también ha sugerido que esta podría constituir un elemento fundamental para contrarrestar el incremento de contagios e impulsar el crecimiento económico.

De esta forma, el presente capítulo desarrolla tres temas principales. Inicialmente, se realiza una aproximación teórica sobre la renta básica y su implementación, a fin de ubicarla como un instrumento vinculado a distintas formas de organización sociopolítica y decantar sus características. Posteriormente, se presenta una descripción de cómo los Estados tratan la pandemia con la declaratoria de estados de excepción. Finalmente, retomando algunos casos emblemáticos de América Latina, se presentan las experiencias de algunos Estados que incorporaron medidas dictadas en marcos de excepción con la intención de profundizar o crear medidas asistencialistas, que ejemplifican una tendencia a privilegiar la protección social para superar la focalización de grupos vulnerables. Estas medidas configuran lo que podría denominarse pre-sistemas de rb, el cual desempeñará un papel fundamental en los debates del periodo pospandemia.

El debate sobre la renta básica y su implementación

Como se mencionó anteriormente, Tomás Moro fue la primera persona que hizo alusión a la rb y su contribución a la sociedad. La idea principal de Moro fue que el acceso a la rb representaría un instrumento mucho más eficaz para luchar contra la criminalidad que la pena capital. Posteriormente, Thomas Paine y Thomas Spence contemplaron la rb como un derecho natural; y, más adelante, algunos escritores socialistas del siglo xix, entre los que se encuentran Charles Fourier, Joseph Charlier y François Huet, fortalecieron este postulado. De la misma manera, la discusión sobre el bono estatal, el crédito social y la garantía universal de subsistencia que emergió después de la Segunda Guerra Mundial, sumado a la puesta en práctica del Estado de Bienestar, hicieron visible y aportaron a la conceptualización de la rb. De esta manera, aunque no fue aprobada por el legislativo, durante la década de los sesenta se consideró a la rb como una salida al desempleo estructural que se vivía en los Estados Unidos. Finalmente, en la década de los ochenta, la red internacional Basic Income European Network (bien), actualmente llamada Basic Income Earth Network, posicionó con mayor fuerza el debate de la rb en espacios académicos y políticos.

El debate sobre la rb tiene un carácter bicéfalo, pues sus defensores se identifican con las posturas igualitarias o libertarias. No obstante, existe un consenso en puntualizar que el debate de la rb representa una respuesta a las injusticias y desigualdades de las políticas sociales y económicas actuales, las cuales se encuentran relacionadas con trabajos inseguros e inestables, la falta de identidad ocupacional, salarios reales en declive y crecientemente volátiles, la pérdida de prestaciones sociales y el endeudamiento crónico (Standing, 2018). En las últimas décadas, aumentó la tendencia global de desigualdad por el aumento de los rendimientos de las competencias en el mercado laboral, los cambios tecnológicos y los cambios de política que favorecen a los poseedores de riqueza (Piketty y Zucman, 2014), las cambiantes circunstancias del mercado laboral colocan en condiciones inseguras a algunos grupos poblacionales.

En una definición simple, podemos decir que la rb hace referencia a una cantidad de dinero pagado incondicionalmente a los individuos de forma regular o periódica (bien, 2016), también se la llama “renta básica universal” (rbu) en el sentido de que se puede otorgar a todo el mundo. El término “básica” cumple la función de suficiencia en temas de alimentos, vivienda, educación y asistencia sanitaria; dicho de otra forma, la rb asegura la participación ciudadana de manera plena. El término “universal”, por su parte, alude a que cualquier ciudadano puede recibirla, lo cual implica una decisión política que debe atender las dinámicas de movilidad internacional y la migración. Así, la rb contempla criterios de igualdad, en cuanto se propone pagar a cada individuo independientemente de su estatus marital, familiar o doméstico (Van Parijs, 1991). De igual forma, la rb tendría una cualidad de “incondicionalidad”, ya que no debería ser condicionada por temas de renta, gasto o comportamiento, lo cual la diferenciaría de algunas políticas de asistencia social, como es el caso de las transferencias condicionadas que se han implementado en varios países del mundo.

Vale la pena mencionar que, en torno al debate sobre la rb, se presentan fuertes críticas que consideran que esta es una medida poco realizable en términos fiscales, pues es imposible extender pagos públicos a las personas con altos ingresos, y el potencial para aumentar la rotación en el sistema de impuestos y transferencias (Cowan, 2017). Algunos analistas también se han preocupado por el impacto que la rb podría ocasionar al mercado laboral, pues se conseguirían desincentivar el trabajo y los desafíos prácticos y políticos para su implementación. De igual manera, algunos teóricos consideran que las corrientes filosóficas que justifican la rb no convalidan la redistribución coactiva de los recursos. Así, la rb como propuesta para distribuir la renta es considerada como injusta e inmoral (Rallo, 2015).

Pese a todas las críticas que ha suscitado el debate sobre la rb, algunos países han incorporado abiertamente algunas medidas relacionadas directamente con este debate. Entre los casos más emblemáticos a nivel mundial, se encuentran Finlandia, Australia y Cuba. En el caso de Finlandia, el primer ministro de Gobierno, Juha Sipilä (2015-2019), decidió lanzar un experimento de rb durante un tiempo determinado, desde el 1 de enero del 2017 hasta el 31 de diciembre del 2018, con el fin de analizar si un modelo de seguridad social basado en una rb podría promover la participación social y proporcionar un incentivo para trabajar más fuerte que el sistema contemplado hasta el momento. El modelo elegido fue el de una rb parcial con una cantidad determinada de 560 eur al mes, se seleccionaron, de forma aleatoria, 2000 personas para realizar dicho experimento (Blomberg-Kroll et al., 2019). Las evaluaciones preliminares del experimento señalaron que la rb en Finlandia no tuvo ningún efecto sobre la situación laboral de las personas que recibieron el dinero, dado que su comportamiento fue similar al grupo de personas que han recibido ingresos por concepto de seguro al desempleo o similares. Sin embargo, con la rb se destacan mejoras en el bienestar de las personas por encontrar de forma significativa menos problemas relacionados con la salud, el estrés y la capacidad para concentrarse, más confianza en su propio futuro y en su capacidad para influir en los problemas sociales (Blomberg-Kroll et al., 2019). El caso de la rb finlandesa se acerca a la visión libertaria, en la medida de que se busca una alternativa más efectiva que los servicios sociales ya existentes. Finlandia aún sigue evaluando a la rb como herramienta efectiva para dinamizar el mercado laboral y el bienestar, los estudiosos del caso aseguran que la rb puede tener elementos a favor o en contra; sin embargo, es una medida oportuna para enfrentar la inseguridad en tiempos difíciles (Blomberg-Kroll et al., 2019) y vuelve a tomar relevancia con la pandemia de la covid-19.

El debate de la rb en Australia es un referente a nivel mundial por la amplia producción investigativa y académica interdisciplinaria sobre el tema. La rb en dicho país puede entenderse como un mecanismo que valora el trabajo productivo no remunerado, el cual recae principalmente sobre mujeres y los pueblos indígenas. Algunas investigaciones sobre el tema demuestran cómo la rb, fomentada por algunos proyectos, brindó seguridad económica y permitió a la población latina e indígena afrontar la pobreza (Altman, 2016; Commonwealth of Australia, 1975).

En los últimos años, Australia ha sido testigo de una disminución en la seguridad laboral; el porcentaje del empleo a tiempo completo es menor y se evidencia una mayor precarización de los puestos de trabajo, principalmente, por la gran variabilidad en los trabajos casuales que se asocian a bajos niveles de formación, escasas oportunidades de carrera y ocupaciones adversas por temas de salud y seguridad (Marston, McDonald y Bryson, 2014). El pago por desempleo en Australia es la Newstart Allowance, que es un pago sujeto a rigurosas pruebas de ingresos y activos, pero el nivel de Newstart para una sola persona también ha caído en los últimos tiempos.

El sistema de apoyo a los desempleados en Australia se realiza bajo la hipótesis de la economía liberal de que el desempleo es un fenómeno temporal (Fraser, 2010), con la evidencia empírica de los últimos años dicha hipótesis se rechaza; razón por la cual, en el 2018, líderes del partido verde australiano propusieron la rb y los retos para actualizar y afrontar los crecientes problemas de la red de seguridad, argumentando de una manera más amplia el sistema de bienestar como un sistema moderno flexible y receptivo que posibilite la resiliencia de las personas, sin marginación (Di Natale, 2018). En la actualidad, se debaten reformas a los programas de ingresos básicos y se siguen planteando cuestiones filosóficas sobre cómo sería una adecuada implementación de la rb, lo cual se ve reflejado en las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia, la aprobación de un pago único en efectivo a personas de bajos ingresos, mayores y veteranos por un valor de 400 eur.

El caso de Cuba y la rb es relevante por cuanto incluye una variante en su metodología de implementación y en los esfuerzos económicos para cumplir los criterios de redistribución. La rb es contemplada como un mecanismo en especie que se hace efectivo a través de una canasta alimentaria, la cual junto con los servicios de educación y salud conciertan un el conjunto de componentes del sistema de bienestar (Fernández, 2002). Los precios de los productos de la canasta alimentaria aseguran que ninguna persona carezca de lo necesario para una alimentación básica. En la aplicación de la rb, Cuba cumple con los siguientes criterios: 1) individual, es decir, que se concede a cada ciudadano; 2) e independiente, lo que significa que no excluye otro ingreso y no exige contraprestación social. Pese al bloqueo económico que afronta Cuba, se destina un porcentaje significativo de su pib a temas de bienestar social, lo cual se convierte en una evidencia empírica de que es factible su implementación, más aún para otros países que cuentan con un mayor ingreso nacional.

Estos tres casos emblemáticos develan la heterogeneidad en la incorporación de la rb, a la vez que promueven una lectura más profunda y crítica sobre las conceptualizaciones académicas. En el contexto de la pandemia producida por el nuevo coronavirus, el debate sobre la rb nuevamente ha ocupado un lugar importante; no obstante, las críticas siguen siendo intensas debido, principalmente, a la imposibilidad fiscal de los Estados. Sin duda, incorporar directamente la rb conlleva una profunda restructuración, que es un proceso de largo aliento, pero la coyuntura epidemiológica ha generado las condiciones para que algunas medidas relacionas con la rb empiecen a introducirse en los países, amplificando el debate.

El estado de excepción como un instrumento para afrontar la pandemia e introducir el debate de la rb

En el marco de la coyuntura epidemiológica ocasionada por la covid-19, los Estados se han visto obligados a plantear algunas alternativas para brindar mayor control del contagio y, paralelamente, evitar la intensificación de la crisis económica. Aunque no todos los Estados han acertado en la promulgación de políticas relacionadas con la reducción de la pandemia y el crecimiento económico, es muy interesante que dentro de las alternativas para alcanzar estas metas se plantee la rb. La implementación de la rb implicaría que los Estados deben reestructurar, temporal o definitivamente, sus presupuestos a fin de formalizar una mayor protección social que combata la pobreza y el desempleo de quienes deben mantenerse en aislamiento para prevenir el contagio del nuevo coronavirus, incorporando ayudas monetarias que permitan cubrir las necesidades básicas de la población. En la mayoría de los casos, esta restructuración solo es posible tras un prolongado debate que concluya en un acuerdo democrático entre las fuerzas políticas de cada país, siendo inusual que las condiciones extraordinarias que emergen a partir de esta coyuntura epidemiológica permitan que ciertas medidas, las cuales podrían ser relacionadas con la rb, se hayan incorporado directamente a las políticas estatales.

Una vez que la Organización Mundial de la Salud (oms) determinó que la covid-19 debía considerarse una pandemia (11 de marzo del 2020), la mayoría de los países afectados optaron por la declaratoria del “estado de excepción” con el propósito de rescatar y conservar el orden social en el marco de la coyuntura epidemiológica. Siguiendo a Alessandro Fontana (1999), se considera que el estado de excepción “se sitúa en una franja ambigua e incierta, en la intersección entre lo jurídico y lo político” (p. 16), siendo una cuestión que establece medidas excepcionales como consecuencia de los periodos de crisis. Es así que esta figura se ejecuta con el fin de dar un mejor manejo a las perturbaciones del orden público, especialmente, cuando se trata de contrarrestar hechos amenazantes del orden económico y social que, por su naturaleza, tienen un carácter restrictivo, y que debe equilibrar las normas de excepción y las garantías constitucionales dentro de un estado de derecho.

Desde una perspectiva histórica, es posible asegurar que los Gobiernos siempre han pretendido impulsar acciones excepcionales que permitan restablecer cualquier situación que haya incidido o generado un desbordamiento del orden público. Durante la República romana, por ejemplo, se creó la dictadura comisarial para que un funcionario público lograra restaurar el orden social que se había declarado a partir de la creación de disposiciones jurídicas, que pretendían regular situaciones de conflictos internos o externos, y en las cuales era necesario establecer un orden jurídico temporal través del cual las autoridades públicas pudieran superar las situaciones de peligro derivadas de insurrecciones o de guerra exterior (Schmitt, 1985). Así mismo, durante la Edad Media y el Renacimiento, los monarcas demandaban un poder soberano que implicaría la expedición de leyes jura imperio o jura dominationes, las cuales se aplicaban con el objetivo de oponerse a la insurrección y la guerra. Tras los procesos posteriores de la era del constitucionalismo moderno, así como durante las dos guerras mundiales, se vio la necesidad de que los Estados comenzaran a tomar medidas de emergencia que implicarían la expansión de las tropas militares y policivas, al igual que la suspensión del procedimiento de hábeas corpus y la restricción de las libertades individuales que generaría una contradicción a los principios democráticos contemporáneos.

En el caso latinoamericano, para Héctor Gros Espiell (1966) y Diego Valadés (1974), el estado de excepción, también calificado como la suspensión de garantías, estado de sitio o medidas prontas de seguridad, puede comprenderse bajo dos puntos de vista:

Éste puede considerarse patológica (que desafortunadamente ha sido la más utilizada, especialmente por las dictaduras castrenses), puesto que su propósito no fue la conservación del régimen democrático en estas situaciones excepcionales, en particular respecto de graves conflictos internos, sino que tuvieron el objeto totalmente contrario, es decir, la destrucción del orden constitucional, el que se sustituía por legislación violatoria de los principios y valores fundamentales, expedida directamente por el Ejecutivo. (Gros, 1966, p. 619)

Las situaciones de emergencia o de excepción se han establecido de acuerdo con los procedimientos prescritos por los ordenamientos constitucionales, precisamente con el objeto de preservar el ordenamiento constitucional democrático. Este último aspecto, o sea, es el que se ha denominado gráficamente por la doctrina como dictadura constitucional, significa que las declaraciones de emergencia encuentran coherencia con la regulación constitucional, por medio del otorgamiento de facultades excepcionales, tanto al Legislativo y especialmente al Ejecutivo. (Valadés, 1974, p. 123)

Ya en su aplicación, entre las características principales del estado de excepción también se han resaltado que “el gobernante, no obstante su mayor poder discrecional, está sujeto a control en todos los actos que, dentro de la nueva situación realice”, y de igual manera “la restricción de las libertades y derechos fundamentales ha de tener como propósito esencial la preservación de esos mismos bienes, que de ninguna manera pueden ser destruidos sino provisoriamente limitados” (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C – 179 de 1994).

En ese sentido, se entiende que el término estado de excepción mantiene una íntima relación con la expresión “plenitud de poderes”, respecto de la cual se fundamenta el ejercicio del poder gubernamental que es desarrollado por el poder ejecutivo a través de la expedición de normas especiales, como una medida extraordinaria que le otorga el poder legislativo, en concordancia con los presupuestos constitucionales que pretenden la recuperación del orden social. Históricamente, esta figura ha sido considerada como la “dictadura constitucional”, ya que:

El régimen democrático, con su complejo equilibrio de poderes, es concebido para funcionar en circunstancias normales; en tiempos de crisis y el gobierno constitucional debe ser alterado en la medida en que sea necesario para neutralizar el peligro y restaurar la situación normal. (Agamben, 2005, p. 35)

Las circunstancias sociales y economías que propició la pandemia configuraron un contexto legítimo para que varios países declararan el estado de excepción con el fin de dictar el confinamiento de sus ciudadanos, el cierre de fronteras y la suspensión de actividades comerciales para controlar la amenaza del coronavirus (Aşkın Kıyağan, 2020). Sin embargo, estas medidas no fueron suficientes para brindar garantías de protección social y asistencias económicas a la ciudadanía, ya que, si bien estas se encuentran destinadas a evitar el incremento del contagio, no proveen la cobertura de las necesidades básicas que fueron afectadas por causa de la misma emergencia. No obstante, en algunos casos, la figura del estado de excepción también ha permitido transformar los programas asistenciales que se requieren para avanzar hacia al control y supervisión de las etapas de pandemia y pospandemia. Así, aunque el panorama es variopinto, en el marco de los estados de excepción se incorporaron, directa e indirectamente, ciertas medidas de protección social que podrían relacionarse con el extenso debate sobre la importancia de la rb para las sociedades contemporáneas.

De los estados de excepción a la incorporación de medidas relacionadas con la rb: la reconfiguración del escenario pospandemia para América Latina y el Caribe

Las medidas de protección social adoptadas por los Estados para enfrentar la pandemia ocasionada por la covid-19 manifiestan una moderada tendencia hacia lo que podríamos denominar pre-sistemas de rb. Ante la declaratoria de los estados de excepción, algunos países pusieron en marcha programas asistenciales dirigidos a la población focalizada históricamente y a una población no catalogada dentro de la línea de pobreza, lo que constituyen pisos mínimos de protección social que podrían representar un tránsito de políticas asistenciales hacia procesos escalonados de rb.

Los pre-sistemas de rb se refirieren al conjunto de políticas públicas, programas y procedimientos de protección social adoptadas por los Estados con el propósito de asegurar ingresos mínimos a un mayor número de población. La idea de denominar pre-sistemas de rb parte de las siguientes justificaciones: 1) para llegar a la instalación de la rb el proceso puede ser escalonado, de esta manera, los Estados podrán adoptar medidas tendientes a asegurar ingresos mínimos focalizados e ir ampliando la cobertura hasta llegar al total de la población; 2) la rb puede tener un origen en pisos mínimos de protección social que se ampliaron, por ejemplo, a partir de medidas adoptadas en coyunturas históricas excepcionales como las dictadas en los estados de excepción; y 3) al adoptarse paquetes de políticas públicas para poblaciones históricamente no incluidas en las líneas de pobreza, su mantenimiento a través de su inclusión como legislación permanente o iniciativas legislativas, convergerán en nuevos pisos de protección con rentas diferenciadas. En todo caso, las medidas adoptadas en contextos de estados de excepción –decretados para combatir la pandemia– generan una coyuntura propia para la emergencia de la rb, especialmente en los países de América Latina y el Caribe donde las decisiones excepcionales y la política redistributiva del Estado han adoptado, inclusive, nombres genéricos de rentas básicas transitorias para enfrentar la pandemia.

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9789587603460
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