Kitabı oxu: «Conflictividad socioambiental y lucha por la tierra en Colombia: entre el posacuerdo y la globalización»

Pablo Ignacio Reyes Beltrán, Catalina Toro Pérez, Ivonne Patricia León
Şrift:

Conflictividad socioambiental y lucha por la tierra en Colombia

Entre el posacuerdo y la globalización


Conflictividad socioambiental y lucha por la tierra en Colombia

Entre el posacuerdo y la globalización

Catalina Toro Pérez

Pablo Ignacio Reyes Beltrán

Ivonne Patricia León

Editores académicos


Instituto Unidad de Investigaciones Jurídico Sociales

Gerardo Molina (Unijus)

Bogotá D.C., 2021


CATALOGACIÓN EN LA PUBLICACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Conflictividad socioambiental y lucha por la tierra en Colombia : entre el posacuerdo y la globalización / Catalina Toro Pérez, Pablo Ignacio Reyes Beltrán, Ivonne Patricia León, editores académicos ; producido por el Grupo de Investigación Política y Derecho Ambiental (PODEA). -- Primera edición. -- Bogotá : Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Derecho Ciencias

Políticas y Sociales. Vicedecanatura de Investigación y Extensión. Instituto Unidad de Investigaciones Jurídico-Sociales Gerardo Molina (UNIJUS), 2021.

Incluye referencias bibliográficas al final de cada capítulo

ISBN 978-958-794-467-9 (e-pub)

1. Medio ambiente -- Aspectos socioeconómicos -- Colombia 2. Conflicto armado -- Aspectos ambientales -- Colombia 3. Acuerdos de paz -- Aspectos socioeconómicos -- Colombia 4. Impacto ambiental -- Aspectos socioeconómicos 5. Afectaciones territoriales 6. Acceso a tierras ancestrales 7. Extractivismo 8. Globalización -- Aspectos ambientales 9. Investigación ambiental – Colombia I. Toro Pérez, Catalina, 1961-, editor II. Reyes Beltrán, Pablo Ignacio,1970-, editor III. León, Ivonne Patricia, 1985, editor IV. Grupo de Investigación Política y Derecho Ambiental (PODEA) V. Serie

CDD-23 363.7056109861 / 2021


Conflictividad socioambiental y lucha por la tierra en Colombia. Entre el posacuerdo y la globalización Colección Gerardo Molina

©Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá

©Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales

©Vicedecanatura de Investigación y Extensión

©Instituto Unidad de Investigaciones Jurídico-Sociales Gerardo Molina, Unijus

©Catalina Toro Pérez, Pablo Ignacio Reyes Beltrán e Ivonne Patricia León, (editores académicos)

Primera edición, 2021

ISBN (impreso): 978-958-794-465-5

ISBN (IBD): 978-958-794-466-2

ISBN (digital): 978-958-794-467-9

Este libro resultado de investigación fue producido por el Grupo de Investigación Derecho y Política Ambiental, PODEA.

Dolly Montoya Castaño

Rectora Universidad Nacional de Colombia

Hernando Torres Corredor

Decano Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales

Alejo Vargas Velásquez

Vicedecano de Investigación y Extensión

Preparación editorial

Instituto Unidad de Investigaciones Jurídico-Sociales Gerardo Molina, Unijus

Pedro Elías Galindo

Director Unijus

Viviana Zuluaga

Coordinadora editorial

Julieth Leal

Asistente coordinación editorial

Hernando Sierra

Asistente coordinación editorial

Fabio Toro

Coordinador académico

Luis Miguel Solórzano

Asesor administrativo y financiero

Felipe Urrego

Corrector de estilo

Marisol del Rosario Vallejo

Diagramadora

Tatiana Roa Avendaño

Imagen de cubierta

Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin la autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales.

Conversión ePub: Lápiz Blanco S.A.S.

Hecho en Colombia

Made in Colombia

Autores

Editores académicos

Catalina Toro Pérez

Profesora asociada de la Universidad Nacional de Colombia. Coordinadora del grupo de investigación Derecho y Política Ambiental. Doctora en Ciencia Política y autora de: Aprendiendo de saberes y haceres: Los nadies en tiempo de pandemia (2020), Los negocios de la naturaleza (neo-colonialismo y neo-extractivismo) en los Estados capitalistas/modernos/coloniales en América Latina y el Caribe. Luchas y horizontes emancipatorios en clave de ecología política (2020).

Pablo Ignacio Reyes Beltrán

Docente de la Universidad Nacional de Colombia. Estudiante del doctorado en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales; magíster en Derecho y politólogo de la misma institución. Miembro del grupo de investigación en Política y Derecho Ambiental. Autor en: Derecho y globalización. Las transformaciones del Estado contemporáneo (2016), Medios de comunicación. Elecciones regionales y proceso de paz (2016), entre otros.

Ivonne Patricia León

Docente de la Escuela Superior de Guerra y de la Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Derecho y politóloga. Miembro de los grupos de investigación Derecho Público y TIC y Política y Derecho Ambiental. Ha participado en las publicaciones: El otro de los estudios ambientales (2017), Escenarios del posacuerdo en Colombia (2016), Identidad y pensamiento latinoamericano (2013), entre otros.

CONTENIDO

Introducción

Posconflicto y conflictos socioambientales en tiempos de globalización. Extractivismo, embestidas contra líderes sociales y medio ambiente y crisis de la democracia

Catalina Toro Pérez

PARTE I.

GLOBALIZACIÓN Y TERRITORIOS. POLÍTICA, LEGISLACIÓN Y EL AMBIENTE

Globalización y ambiente: derecho, economía y territorio en Colombia

Pablo Ignacio Reyes Beltrán

Posibilidades del acuerdo de paz y la normatividad nacional sobre el ambiente

Fabián Andrés Rojas Bonilla

La ética del medio ambiente: implicaciones para la sostenibilidad de la paz

Mariela Inés Sánchez Cardona

Contradicciones y disputas: Ley Zidres y el proceso de implementación de la reforma rural integral

David Antonio Giraldo Vargas, Hugo Ernesto García Gómez

Biocolonialidad, literatura y posacuerdo

Laura Carolina Castañeda Sua, Yilson Javier Beltrán Barrera

PARTE II.

MARCO REFERENCIAL: INSTITUCIONES, CONFLICTOS, POLÍTICA SOBRE EL TERRITORIO, EL ESPACIO Y LEY ZIDRES

Entre la esperanza y el miedo. Rutas de la paz y posconflicto en Colombia

Ivonne Patricia León

Conflictos no-armados en época de posconflicto

Darío I. Restrepo, Diana Carolina Montoya Henao, Arnold Danilo Ojeda Monsalve, William Chavarro-Rojas

Inequidad espacial y de tierras: lectura comparada entre enfoque-territorial y territorios campesinos

William Chavarro-Rojas

Topologías de la naturaleza y naturaleza de las topografías. Lógicas espaciales e implicaciones territoriales de la relación comunidades-naturaleza en Colombia

Milton Pérez Espitia

PARTE III.

IMPACTOS DEL MODELO EXTRACTIVISTA SOBRE EL AMBIENTE EN COLOMBIA

La construcción de hidroeléctricas en Colombia: extractivismo, desplazamiento de poblaciones y ecocidio

Daniel Libreros Caicedo, Miller Dussán Calderón, Yeison Javier Aldana Holguín, Libia Alejandra Pineda Sierra, Tania Carolina Lugo Mendieta

El aplanador discurso a favor del fracking

Tatiana Roa Avendaño, Natalia Orduz Salinas

Conflictividades socioambientales en tiempos de posacuerdo: paz territorial y privatización de territorios comunes en la cuenca alta del río Magdalena (Huila - Tolima)

Camilo Andrés Salcedo Montero, Daniel Santiago Roldán Zarazo, Felipe Ovalle Villarreal

Afectaciones territoriales por los factores subyacentes tras el conflicto armado en los territorios indígenas de los resguardos de Chidima Tolo y Pescadito en la región del Darién chocoano

Niyireth Fernanda Gutiérrez Montenegro

LISTA DE FIGURAS


Figura 1.Títulos mineros en Colombia, 1990-2010
Figura 2.¿Cuál es su nivel de conciencia con el medio ambiente después de haber cursado el módulo de ética y medio ambiente?
Figura 3.¿Cuál es su nivel de cumplimiento con el compromiso de la ética del medio ambiente?
Figura 4.Concentración histórica de la propiedad rural
Figura 5.Mapa sobre el aumento en concentración de la tierra
Figura 6.Vocación y cobertura de las tierras en Colombia
Figura 7.Áreas de referencia como insumo para la identificación de las Zidres
Figura 8.Zonas que presentan altos índices de pobreza
Figura 9.Zonas caracterizadas como aptas para las Zidres más las áreas adscritas al SINAP
Serranía de los Yaraguíes
Ciénaga de Ayapel
Complejo Cenagoso de Zarate Malibú
Figura 11.Humedales en Colombia
Figura 12.Posibles Zidres cruzadas por humedales
Figura 13.Tasa de incidencia de la pobreza e Índice de Gini, Colombia 2008-2016
Figura 14.Monitoreo de cultivos de coca en 2016
Figura 15.El horror de la impunidad, caso de la UP
Figura 16.El mapa de la vergüenza
Figuras 17a y b.Restricciones prediales 2000-2011. Cambio en participación de cada segmento de tamaño
Figura 18.Distribución del ingreso en la producción agroalimentaria mundial (1930-2010)
Figura 19.Distribución explotaciones agrícolas y tamaños de predio, en el mundo
Figura 20.Ocupación territorial de la ganadería en Colombia, 2006
Figura 21.Tierras abandonadas en Colombia, 2012
Figura 22.Proceso de praderización-ganaderización en Colombia, 1500-2000
Figura 23.Uso de fertilizante químico en Colombia, según departamento y municipio, 2014
Figura 24.Uso de control químico contra plagas, malezas y enfermedades en Colombia, según departamento y municipio, 2014
Figura 25.Definición de áreas estratégicas-productivistas según vocación del suelo para Colombia, 2012
Figura 26.Definición de tamaños óptimos de acumulación empresarial de tierras según UAF, 2012
Figura 27.Producto interno bruto (en millones de pesos) de Colombia, 2005
Figura 28.Disposición espacial de Colombia para la extracción capitalista, 2011
Figura 29.Disposición espacial de Colombia según la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA)
Figura 30.Aglomeración urbana en Colombia, 2012
Figura 31.Aglomeración industrial manufacturera en Colombia, 2009
Figura 32.Huella ecológica alimentaria de Bogotá en Colombia, 2002
Figura 33.Alteración de la calidad del agua en Colombia, 2010
Figura 34.Presuntos baldíos en Colombia, 2010
Figura 35.Avance de la titulación minera en Colombia, 1990-2009
Figura 36.Zonas francas en Colombia, 2014
Figura 37.Áreas de reglamentación y protección especial, 2010
Figura 38.Movimientos socioterritoriales en Colombia, 2015
Figura 39.Territorios indígenas, 2012
Figura 40.Territorios de comunidades negras, 2012
Figura 41.Zonas de reserva campesina, 2017
Figura 42.Aspiraciones territoriales de los TCA
Figura 43.Descripción general de la zona de estudio
Figura 44.Conflictos socioambientales en Natagaima y Coyaima
Figura 45.Conflictos y uso del suelo en el Huila
Figura 46.Foto del Grupo PODEA a 2017 en la construcción del mapeo colectivo
Figura 47.Resultado del mapeo colectivo colaborativo con líderes y lideresas sociales en Natagaima sobre los resguardos y alrededores de la región del sur del Tolima
Figura 48.Conflictos y uso del suelo en el sur del Tolima
Figura 49.Resguardos indígenas Chidima Tolo y Pescadito, municipio Acandí, Chocó
Figura 50.Gini para el municipio de Acandí, 2000-2009. Catastro jurisdicción IGAC
Figura 51.Tamaño propiedad e índice Gini de tierras Acandí – Unguía
Figura 52.Distribución de la tierra rural por tamaño de propiedad, 2000 y 2009, en el departamento del Chocó. Porcentaje de área y predios

LISTA DE TABLAS


Tabla 1.¿Cuál es su nivel de cumplimiento con el compromiso de la ética del medio ambiente?
Tabla 2.Tiempos en marco normativo de otorgamiento de licencias ambientales
Tabla 3.Títulos mineros vigentes por mineral
Tabla 4.Pobreza en Colombia (nacional, rural y urbana)
Tabla 5.Gini de tierras histórico, Colombia
Tabla 6.Agricultura familiar en América Latina: predios operativos, superficie y tamaño promedio
Tabla 7.Tamaño promedio predio agrícola (ha), países seleccionados
Tabla 8.Marco normativo para manejo de YNC


INTRODUCCIÓN POSCONFLICTO Y CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN TIEMPOS DE GLOBALIZACIÓN. EXTRACTIVISMO, EMBESTIDAS CONTRA LÍDERES SOCIALES Y MEDIO AMBIENTE Y CRISIS DE LA DEMOCRACIA


CATALINA TORO PÉREZ

Hablar de tierra significa para nosotros hablar del territorio como una categoría que además del subsuelo y el sobresuelo entraña relaciones sociohistóricas de nuestras comunidades que llevan inmerso el sentimiento de patria, que concibe la tierra como abrigo, y el sentido del buen vivir. [...] la titulación de tierras, tal como la ha diseñado el actual gobierno, es una trampa; encarna una suerte de despojo legal a través del cual se busca que el campesino, una vez con el título de propiedad en sus manos, no tenga otra salida que la de vender o arrendar a las trasnacionales y conglomerados financieros, a los que sólo les interesa el saqueo exacerbado de los recursos minero-energéticos que están debajo del suelo. Dentro de su estrategia está la utilización del suelo para extender las explotaciones forestales y las inmensas plantaciones, no para resolver el grave problema alimentario que padece nuestro pueblo, sino para producir agrocombustibles que alimentarán automóviles. [...] Lo aseguramos sin vacilación: la bancarización de la tierra derivada de la titulación acabará “tumbándole” la tierra al campesino. Nos están empujando a la extranjerización de la tierra y al desastre ambiental dinamizado brutalmente por la explotación minero-energética y forestal. La naturaleza como fuente de información genética no puede ser convertida en botín de las trasnacionales. Nos oponemos a la invasión de las semillas transgénicas y a la privatización y destrucción de nuestra biodiversidad y a la pretensión de hacer de nuestros campesinos pieza del engranaje de los agronegocios y sus cadenas agroindustriales. Están en juego la soberanía y la vida misma.

IVÁN MÁRQUEZ, DISCURSO EXPUESTO EN OSLO, NORUEGA, 2012

Ni modelo económico ni doctrina militar están en discusión. En la mesa de negociación no se va a discutir el modelo económico ni la inversión extranjera. Tampoco la doctrina militar o la propiedad privada.

HUMBERTO DE LA CALLE, RESPUESTA AL DISCURSO DE IVÁN MÁRQUEZ EN OSLO, NORUEGA, 2012

Por eso trazamos unas líneas rojas, que las hice explícitas desde el principio, que se han mantenido y se mantendrán hasta el fin del proceso. ¿Y qué significan esas líneas rojas? Que en La Habana no se discute nuestro sistema democrático, ni nuestro modelo económico, ni la propiedad privada, ni el tamaño ni el futuro de nuestras Fuerzas Armadas, ni ningún tema –¡ninguno! – que esté por fuera de la agenda preestablecida. Cada decisión, cada paso, han sido planeados, analizados, estudiados a profundidad, pues desde un principio hemos tenido claro a dónde queremos llegar.

JUAN MANUEL SANTOS, 2015

La Paz no nos representa, ahonda la esclavitud de la madre tierra.

INDÍGENA NASA, 2017

Este diálogo de discursos enmarca el comienzo oficial de las negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), en octubre de 2012. Allí se evidencia que en la agenda está ausente la discusión del modelo de desarrollo económico y político que sustenta las condiciones básicas de la organización de la sociedad colombiana en las últimas décadas (Giraldo, 2017). Este es un modelo basado en la economía especulativa —asociada al auge minero-energético como un valor que ofrece los mayores retornos— y, con ella, al poder corporativo: el poder político de las corporaciones multinacionales soportadas en las bases clientelares de los Gobiernos de turno, que legitiman el asalto permanente de la naturaleza y la devastación de culturas y ecosistemas.

Lo anterior evidencia Una contradicción que va a atravesar desde el primer momento los diálogos de paz, ya que tanto el modelo económico, como el modelo político y el modelo militar van a estar imbricados profundamente en las raíces del conflicto, que tocan radicalmente los problemas de tierra, modelo agrario, participación y reconocimiento de las víctimas de todas las injusticias. Abordar estos puntos sin tocar el modelo de desarrollo vigente produciría una paz ficticia o de apariencia.

El discurso promocional de la paz del expresidente Juan Manuel Santos, sobre todo en sus viajes al exterior; en sus reuniones con empresarios de multinacionales en Norteamérica y Europa; en sus visitas a las grandes compañías petroleras, mineras y agroindustriales, así como con el gran empresariado colombiano, expresa una representación de la paz centrada en los beneficios que esta le traería a la inversión extranjera y a las empresas multinacionales. Se posibilita la explotación de los recursos naturales, principalmente los minero-energéticos, sin el temor a ataques o extorsiones de grupos insurgentes.

El extractivismo extremo se asocia a dos conceptos claves para entender los conflictos socioambientales en el continente: maldesarrollo e injusticia ambiental (Svampa y Viale, 2014). El primero permite abordar el carácter insustentable de los modelos hoy en vigencia: el fracaso del modelo de desarrollo en términos de un modelo de “malvivir” de poblaciones vulnerables —pobres, pueblos originarios, mujeres, niños—. El segundo concepto refiere los costos en términos de pasivos ambientales en estas poblaciones —tierras degradadas, derrames de químicos utilizados por las industrias, derrames de minerales e hidrocarburos que destruyen el suelo y el mar, contaminación del agua potable, represas que se revientan inundando todo a su paso, modificación y destrucción de la flora y la fauna, muerte de animales, desertificación—.

La distribución de estos impactos refleja patrones históricos de injusticia social y ambiental que dan cuenta de profundas desigualdades al interior de nuestra sociedad desde el punto de vista social, étnico, de género. Así mismo, las empresas trasnacionales, con la promesa de invertir en nuestros países, se aprovechan de las legislaciones ambientales más favorables y permisivas para propiciar impunidad frente a la “contaminación” en los mercados de la naturaleza (Svampa y Viale, 2014).

Estos procesos en Colombia, que se profundizan bajo el Consenso de Washington en los años noventa y con los acuerdos de libre comercio a mediados de la primera década del siglo xxi, no son ajenos a la multiplicación de megaproyectos de extracción en el continente, que afectan aquellos territorios y medios de existencia no plenamente mercantilizados. Dichos procesos se manifiestan como ofensivas contra las comunidades indígenas y campesinas, así como contra amplios segmentos de la población urbana, al menos a partir de los siguientes aspectos: 1) un nuevo y ampliado énfasis en las políticas extractivas para controlar, extraer, explotar y mercantilizar todo tipo de bienes comunes naturales —petróleo, gas, minerales, agua, tierra fértil, playas, semillas, recursos genéticos, conocimiento tradicional (Toro Pérez, 2010)—, de la mano del desarrollo de megaproyectos turísticos e infraestructura hidráulica, carretera, ferroviaria, portuaria y aeroportuaria; 2) el impulso de un nuevo sistema industrial agroalimentario, en manos de grandes transnacionales, a costa de la exclusión masiva de los pequeños productores rurales y la desarticulación de las economías campesinas; 3) el reordenamiento de territorios orientado por la lógica del valor, desarrollo de infraestructura y expansión de procesos de urbanización, desarticulando el tejido social y avanzando sobre zonas de cultivo y de conservación (Navarro, 2017).

¿AMBIENTE PARA LA PAZ O PROFUNDIZACIÓN DEL MODELO EXTRACTIVISTA?

La intensidad renovada por la apropiación y explotación de los recursos minerales en Colombia, entre 2002 y 2010 —periodo en el que la actividad minera y de hidrocarburos aumenta su participación en la economía al pasar del 21 % al 82 % hasta llegar al 85 % (Cancino, 2012)— generó la multiplicación de megaproyectos extractivos que afectaron territorios y medios de existencia no plenamente mercantilizados. Este hecho complejizó el contexto del denominado “postconflicto” en términos de la ofensiva contra las comunidades indígenas, campesinas y amplios segmentos de la población urbana, a partir de procesos de control, extracción y mercantilización de los bienes comunes, incluyendo recursos estratégicos claves para la subsistencia de las poblaciones como el agua, la tierra, sus semillas y tradiciones culturales.

Las políticas y discursos de “la minería responsable, para el desarrollo sostenible” y “la paz con un enfoque territorial” (Jaramillo, 2016), se van a encontrar en el Gobierno de Santos (2010-2018) bajo la consigna de la “locomotora energética como motor del desarrollo”, lo que genera grandes fisuras en las movilizaciones sociales que, defendiendo la paz en las calles y pueblos, habían denunciado las disputas históricas sobre la expropiación de recursos que constituyen la matriz esencial de las comunidades rurales, como el agua, el acceso a la tierra y la autonomía alimentaria.

Dado el carácter intensivo y extensivo del modelo extractivo en términos del uso de la tierra, el agua y la naturaleza durante estas dos décadas, en Colombia se van a generar grandes niveles de acumulación de los recursos naturales, y con ello grandes impactos y conflictos ambientales entre los nuevos agentes empresariales, que van a expandir sus actividades bajo patrones agresivos en términos tecnológicos y las comunidades, que tienen otra forma de relacionarse con la naturaleza y entre sí mismas. Los conflictos socioambientales asociados a estas prácticas son entendidos como:

[…] las luchas generadas por los efectos de la contaminación en ciertos grupos o por los sacrificios causados por la extracción de recursos naturales, de los cuales muchos se convierten en incidentes colectivos, que motivan a personas de un lugar concreto a expresar críticas, protestar o ejercer resistencia, presentando reclamos visibles sobre el estado del ambiente físico y los probables impactos en su salud o en su situación económica, que afectarían sus intereses y también lo de otras personas y grupos. (Kousis citado por Pérez Rincon, 2014, p. 77)

Los conflictos socioambientales en estas dos décadas en el país son generados por diferentes tipos de actividades en distintos sectores de la economía, como la agroindustria, la infraestructura, la energía fósil, las fumigaciones aéreas, la generación de energía, la minería, la pesca industrial, el turismo, los residuos sólidos y el transporte marítimo. Estas actividades afectan a distintos tipos de comunidades —población urbana, campesinado, comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes— en ecosistemas y territorios diversos: tierra, agua, páramos, humedales, bosques, ríos, mares, manglares, etc. De allí que las comunidades afectadas desarrollen diferentes tipos de resistencias sociales —movilizaciones, paros, protestas, denuncias, etc.— y recurran a instrumentos legales y jurídicos para defenderse y buscar la justicia ambiental —actos legislativos, consultas populares, acuerdos municipales, tutelas, acciones de cumplimiento, derechos a consulta previa entre otros—.

Por otra parte, los conflictos por el agua se multiplican con la distribución desigual, las dificultades en su acceso, la privatización de playas, manglares, ríos y bosques productores de agua, los impactos sociales y ambientales de las represas, así como la contaminación de sus fuentes y la discriminación en los derechos a la autogestión y representación democrática, donde se retoman las decisiones y se hacen las reglas del agua1.

CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN EL CONTEXTO DE LOS POSTACUERDOS DE PAZ

Mario Pérez Rincón (2014) muestra que, de los 95 conflictos socioambientales recientes inventariados en ese momento en Colombia, 34 estaban relacionados con la minería. Dentro de estos casos resaltó dos conflictos de minería de oro emblemáticos por su magnitud y relevancia para el país, a saber, el del páramo de Santurbán en Santander, con presencia de la trasnacional Greystar, y la mina La Colosa, en Cajamarca-Piedras, Tolima, relacionada con la multinacional Anglo Gold Ashanti (AGA) de Sudáfrica (Flórez, 2012; García, 2012; Toro Pérez, Fierro Morales, Coronado Delgado y Roa Avendaño, 2012). Los casos de extracción y exploración de energía fósil explicaban el 23 % de los conflictos, destacándose el carbón con 12 (12,6 %) y el petróleo con 9 casos que equivalían al 9,5 % de las disputas ambientales. Por las características del sector, sus impactos y conflictos se desarrollaron aun desde los procesos de extracción y transporte hasta su colocación en los puertos de exportación. En diversos trabajos (Fierro Morales, 2011, 2012; Garay, 2013) se destacaron los conflictos de las minas de La Loma en la Jagua de Ibirico (Cesar), los relacionados con la empresa Drummond (EE. UU.), y la mina de El Cerrejón en La Guajira, donde tienen presencia bhp Billiton (Australia), Anglo American (Sudáfrica) y Xstrata (Suiza).

En el tema petrolero, varios casos emblemáticos han sido objeto de investigaciones académicas y científicas: la exploración en territorio U´wa, donde ha habido presencia de la Oxy (EE. UU.), Repsol (España) y Ecopetrol (Colombia), el caso de Pie de Monte Llanero en Meta, en donde varias empresas se encuentran operando desde 2011, entre ellas Ecopetrol, Oxy (EE.UU.) y la British Petroleum Corporation (Gran Bretaña), con continuos conflictos con las comunidades de la zona y una reciente consulta popular en Tauramena contra el uso de su territorio con fines extractivos. A este problema le siguen en importancia la extracción de biomasa en proyectos agroindustriales causantes de conflictos ambientales, que representaban el 14 % de los conflictos, allí se destacan las disputas asociadas con el cultivo de palma y los proyectos agroalimentarios.

ENERGÍA EXTREMA E (IN)JUSTICIA AMBIENTAL EN TIEMPOS DE PAZ

Seis meses antes de que la Corte de La Haya decidiera otorgar el 75 % del mar Caribe reclamado por Nicaragua a Colombia, en noviembre de 2012, frente las protestas del pueblo raizal, fue suspendido el permiso de exploración y explotación de petróleo y gas en las islas de San Andrés. Sin embargo, una vez obtenido el Nobel de Paz el expresidente Juan Manuel Santos el 8 de diciembre de 2016, visitó varias empresas con experiencia en la llamada operación costa afuera (offshore), entre ellas la empresa BP, causante del mayor derrame petrolero marino de la historia (Toro Pérez, 2017a, 2017b).

Dicho derrame causado por la BP sucedió en el Golfo de México y afectó el 80 % del territorio marino y costero de Luisiana, uno de los dos Estados más pobres de Estados Unidos. Aun así, continuaba perforando en el suroeste asiático, tratando de reconstruir en el mar Caspio, con una reputación deteriorada por los enormes impactos ambientales y sociales que se generaron en 2010, hasta que en 2015 tuvo un nuevo derrame en Azerbaiyán. Para ayudar a reconstruir su prestigio, en agosto de 2017 — bajo los auspicios de nuestro Nobel de la Paz— se elige a Felipe Bayón como presidente de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), expresidente regional de BP para el Cono Sur de Suramérica, exdirector de exploración y producción de la misma firma y quien trabaja extendiendo los contratos de concesión en el mar Caribe y Pacífico.

Sin embargo, el modelo petrolero extremo en Colombia va a evidenciar impactos socioambientales. En marzo de 2018 se produce el derrame petrolero más grande de la historia colombiana, en el pozo 158 del campo La Lizama de Ecopetrol en Santander, donde 550 barriles afectan más de 30 km2 del territorio, contaminando quebradas, caños y ríos, lo cual deja miles de animales muertos y ecosistemas perjudicados, así como un número de pobladores —campesinos y pescadores— sin sus medios de subsistencia. Esta vez, el antiguo funcionario de la BP3, declara que existen fallas de revestimiento en el pozo pero que, en comparación con las tragedias ambientales en América Latina este era solo un derrame menor (Caracol Radio, 2018).

Esto sucedió solo unos días después de la declaración de la directora del Instituto de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, que indicaba que “el petróleo tiene poco o cero impacto ambiental” en Colombia, defendiendo las compañías petroleras en términos de haber “asimilado muy bien” en los últimos veinticinco y treinta años todo el desarrollo del licenciamiento y evaluaciones ambientales en términos de “disminuir costos sociales y ambientales” de los impactos. Desde ese momento la Institución de Investigación Ambiental empieza a obtener ingentes recursos económicos provenientes de las empresas petroleras.

Dentro del marco del extractivismo “extremo” relacionado con los yacimientos no convencionales, ofrecido por el Gobierno de Santos a las empresas trasnacionales en Colombia, se expide la reglamentación para la explotación de nuevos yacimientos de fracking aun conociendo la experiencia de moratoria en Australia, Bulgaria, la prohibición en Francia, así como los estudios de impacto en términos de contaminantes peligrosos —niveles de arsénico, radioactividad y salinidad en proyectos de shale gas— tras veinte años de esta práctica en los Estados Unidos. Solo en la ronda Colombia de 2014 se ofrecieron 98 bloques para explotación de hidrocarburos, de los cuales 19 fueron ofrecidos para hacer fracking de petróleo y gas de esquistos o lutitas.

ESTADO CORPORATIVO Y PAZ: MÁS EXTRACTIVISMO, MÁS AGRESIONES CONTRA DEFENSORES DE TIERRA Y MEDIO AMBIENTE, MENOS DEMOCRACIA

El término extractivismo se ha popularizado en los últimos años en América Latina. En sus usos más comunes se refiere a las explotaciones mineras y petroleras que van a ser exportadas, en algunos lugares desde la colonia, cuando se enviaban metales preciosos hacia las metrópolis. Desde los años cincuenta, el termino extractivismo se asocia con la industria extractiva aplicada al petróleo, el gas y los minerales, como una “industria” generadora de la narrativa del desarrollo a partir de sus contribuciones para superar la pobreza, asegurar empleos y generar crecimiento económico.

El término extractivismo acuñado por Gudynas (2015) aborda el tipo de extracción de recursos de la naturaleza, con mayores impactos sobre el ambiente, como deforestación de la selva para la ganadería o la megaminería a cielo abierto. La intensidad, así como el volumen de la actividad extractiva, van a determinar los tipos de extracción y destino de los recursos naturales. Así, la condición de megaminería será determinada por el volumen de la remoción, más de un millón de toneladas por año, donde se afectan más de mil hectáreas de superficie. Un ejemplo típico es la minería a cielo abierto en Cerro de Pasco en Perú, o el Cerrejón, orientado hacia la exportación global.

En muchos casos la extracción de recursos naturales, como hemos señalado aquí, no solo desencadena impactos sociales y ambientales sino también la violación derechos humanos y de la naturaleza (Gudynas, 2015). La injusticia ambiental, entonces, va de la mano con la violación de derechos, lo que implica distintas ilegalidades, desde incumplimientos en los derechos de información y participación de los pobladores locales hasta problemas con la seguridad, la integridad física e incluso la vida de las personas. Estas violaciones de derechos tienen que ver con formas de represión, desalojo y allanamientos.

En el siglo xxi, la disputa por el control de los recursos en Colombia y América Latina ha generado un gran impacto en la vulneración de derechos humanos de líderes y lideresas ambientales. En Honduras, Guatemala y Colombia ocurren los casos más dramáticos (Global Witness, 2017). América Latina y el Caribe alberga 8 de los 10 países más violentos del mundo. Solo en 2015 se produjeron 185 asesinatos de defensores de la tierra y el medio ambiente: el equivalente al 77 % de los asesinatos de líderes ambientales son latinoamericanos. Esta cifra, la más alta jamás registrada, aumentó del 59 % que se registraba en 2014 (Global Witness). Entre 2002 y 2015, hubo 970 asesinatos relacionados con organizaciones privadas de seguridad contratadas por empresas extractivas, que en algunos casos se vinculan con compañías militares para ofrecer custodias y vigilancias en los emplazamientos (Downey, Bonds y Clark, 2010). En Colombia, entre enero de 2016 y agosto de 2018, fueron asesinados 343 líderes sociales y defensores de derechos humanos y de la naturaleza.

EL LIBRO: CONFLICTIVIDAD SOCIOAMBIENTAL Y LUCHA POR LA TIERRA EN COLOMBIA, –ENTRE EL POSACUERDO Y LA GLOBALIZACIÓN

En los últimos seis años hemos presenciado dos procesos inesperados en Colombia que, probablemente, en el futuro serán considerados como vitales en la construcción de nuestra nación: la firma de acuerdos de paz y las fluctuaciones, derrumbe y repunte de los precios internacionales de materias primas. El primero abrió esperanzas en términos de posibilitar transformaciones de la calidad de vida y la sustentabilidad de algunas regiones estratégicas de Colombia (Giraldo, 2017), ya que los acuerdos incluían posibilidades de reintegración y abrían expectativas de superación de las condiciones del modelo de desarrollo económico, político y social, que generaron el conflicto armado más largo de la historia latinoamericana y al mismo tiempo la crisis y repunte global del modelo extractivista, con los compromisos generados en los acuerdos de libre comercio y las políticas de confianza inversionista.

A través de leyes como la controvertida Ley Zidrez, que hace posible la zonificación de territorios para el desarrollo productivo que responda a los intereses internacionales, se constituye una situación compleja en términos de la relación de dependencia entre los ingresos de divisas al país y la economía extractiva, acompañada de las exenciones tributarias de las empresas transnacionales, las reformas fiscales que afectan el ingreso de las clases medias y trabajadoras y el debilitamiento de la inversión social y ambiental. En esta dinámica, se profundiza el deterioro de los ecosistemas andinos, amazónicos y de la Orinoquía, así como los marinos y costeros del Pacífico y el Caribe del país, lo cual imposibilita la producción de economías sustentables que esperan las poblaciones en territorios en conflicto.

En este libro queremos hacer un balance del proceso de vulneración de derechos de los pueblos en Colombia, en el contexto de la profundización del modelo extractivista en Colombia entre la globalización y el posconflicto. El texto se divide en tres partes: en la primera se reconstruye la problemática sobre la relación entre globalización y su impacto en los territorios, lo que ha afectado la política, la legislación y el medio ambiente. La segunda parte hace referencia a un marco referencial sobre las instituciones, los conflictos, la política sobre el territorio, los debates alrededor del espacio y la implementación a la Ley Zidres. Finalmente, en la tercera parte, se recogen los trabajos sobre estudios de caso, específicamente en relación con los impactos del modelo extractivista sobre en medio ambiente en Colombia.

Pablo Ignacio Reyes, en su artículo, presenta el proceso de globalización como un fenómeno contemporáneo, en la fase neoliberal del capitalismo global, en su relación con el derecho. Esto para explicar cómo, desde la Constitución Política de 1991, se articula en Colombia el territorio nacional con los intereses económicos globales, lo que explica el contexto económico, jurídico y político de las negociaciones y la implementación de los acuerdos de paz en un país que quiere dejar un largo conflicto armado y construir una paz larga y verdadera, con justicia social y ambiental. La transformación de los Estados en términos de la implementación de sus políticas asociadas a la globalización económica entra en contradicción con los compromisos de reconocimiento de sus bienes culturales y ambientales, asumidos internacionalmente. De modo que se sacrifica la riqueza hídrica y ambiental y aumenta escandalosamente sus niveles de corrupción, produciendo más miseria, pobreza y desigualdad.

Fabio Andrés Rojas da cuenta del momento coyuntural que afronta la sociedad colombiana luego de la suscripción del proceso de paz entre el Gobierno y las FARC, como una oportunidad para consolidar una política respetuosa del ambiente en las relaciones cotidianas de los colombianos. El autor plantea que la consolidación de una “paz ambiental” es posible si se entiende la potencialidad y las limitaciones del derecho ambiental colombiano.

Mariela Inés Sánchez reflexiona sobre la problemática de la desconexión del hombre con el mundo, la ética del medio ambiente y su relación con la sostenibilidad de la paz en el ámbito social. Para ello se abordan las posibles causas de la desconexión del ser humano con los problemas de la naturaleza y las acciones que podrían mitigar dichas problemáticas.

David Antonio Giraldo y Hugo Ernesto García proponen mostrar los diferentes momentos de tensión entre la normatividad agraria y la realidad social para abordar las posibles contradicciones que se dan entre el fortalecimiento del modelo neoliberal, que se escenifica en la ley Zidres, y las reivindicaciones subalternas que se podrían lograr con una nueva Reforma Rural Integral. Se trata de un tema que, hasta el día de hoy, es una deuda social y política por parte del Gobierno nacional con la población campesina.

Laura Carolina Castañeda y Yilson Beltrán muestran la potencialidad que tiene tanto la literatura como los mitos de origen de la diversidad onto-epistemológica del mundo para pensar otros modos de relaciones entre los seres humanos y la naturaleza. En este sentido, proponen cambiar el imaginario de “las locomotoras del desarrollo” como políticas de muerte, proponiendo pensar la paz en Colombia, en el marco de los “post-acuerdos” de paz, desde los mitos de origen y la literatura que promueven la vida.

Ivonne Patricia León aborda la profunda crisis de las instituciones con la larga cadena de odios y resentimientos acumulados durante más de cincuenta años de conflictos —que registran 7 millones de casos de desplazamiento interno, 218 mil personas asesinadas y 8 millones de víctimas—, sumado a la creencia de que “todo cambia para que siga todo igual” en la llamada “democracia más antigua” de América Latina. Desde este punto de partida, la autora propone avanzar en la forma en que se ha estructurado el proceso de exclusión y desigualdad, así como en la forma en que los otros son incluidos y excluidos con ocasión del conflicto armado, la lucha ideológica y las propuestas de paz, para explicar las lógicas de desconfianza que subyacen tras el futuro de los acuerdos de paz.

Darío Restrepo, Diana Carolina, Arnold Danilo Ojeda, Daisy Johana Moreno y William Chavarro abordan los conflictos no-armados, en Colombia. Aquellos conflictos socioculturales que trascienden en disputas de clase, raza y que son asociados a modelos de desarrollo extractivista y agroindustrial, guiados por la acumulación, y que operan por medio de políticas de centralización-descentralización, control y ordenamiento del territorio para la concentración del uso de la tierra, el agua y la naturaleza.

William Chavarro plantea un debate crítico al enfoque territorial en el diseño de política agrorrural asociada con el modelo industrial en el modelo de planificación del desarrollo, proponiendo una nueva definición y forma de manejo de territorios rurales y de sus comunidades. Para el autor, la historia de la narrativa de la “desagriculturización” y sus alternativas de integración productiva al mercado —a través de la “bancomundialización” de la agricultura asociada al crecimiento y la acumulación del capital— induce a sobreestimar el escenario de oportunidades para el desarrollo y, al mismo tiempo, subestima la agricultura campesina, heterogénea y variada, que es despojada y desplazada de su territorio.

Milton Pérez Espitia presenta las lógicas espaciales asociadas a la relación entre sociedad y naturaleza en Colombia, evidenciada en unas topografías del territorio, que despliegan algunas comunidades a partir de ciertos elementos espaciales, tales como el latifundio, el capitalismo, las ciudades metropolitanas, los Estados modernos y los asentamientos indígenas, afrodescendientes y campesinos. La visión de la apropiación de la naturaleza como dominio es confrontada con la noción de protección, valoración y cocreación socionatural a partir de las comunidades asentadas en su territorio.

Daniel Libreros, Miller Dussán, Yeison Javier Aldana, Libia Alejandra Pineda y Tania Carolina Lugo realizan un seguimiento a las graves consecuencias sociales y ambientales que ha dejado la construcción de las grandes represas en el país durante las últimas décadas. En el texto se muestra que, lejos de ser fuentes de “energía limpia”, estas obras constituyen una de las expresiones más acabadas del extractivismo. Reivindicar las “víctimas del desarrollo” asociadas a esta problemática constituye una de las urgencias políticas del momento para consolidar el posconflcitio, en medio de la apuesta gubernamental de profundizar el extractivismo.

Camilo Andrés Salcedo, Daniel Santiago Roldan y Felipe Ovalle Villareal, desde el enfoque de la ecología política, indagan sobre las tensiones existentes entre la construcción de la paz territorial —en disputa entre el Gobierno nacional colombiano, las FARC y los movimientos sociales— y los conflictos que campesinos, indígenas y pescadores tienen por la creciente privatización de territorios comunes, por los proyectos piscícolas hidroeléctricos y mineros en la cuenca alta del río Magdalena en los departamentos de Tolima y Huila.

Finalmente, Niyireth Fernanda Gutiérrez Montenegro analiza las afectaciones territoriales por los factores subyacentes al conflicto armado en los resguardos Emberá de Chidima, Tolo y Pescadito en la región del Darién Chocoano —zona norte del departamento del Chocó—, y expone el fenómeno del despojo territorial por parte de colonos y empresarios territoriales a estas comunidades étnicas durante entre los años 2000 y 2006.

Combinamos aquí diversas dinámicas de trabajo, investigación, acción y resistencia de y desde los territorios colombianos, acompañando y reconociendo el rol de las comunidades locales en la investigación, así como reiterando la misión intelectual, social y ambiental que tenemos como profesores colegas, estudiantes, egresados y líderes de organizaciones sociales. Se espera contribuir al debate de la problemática y a las alternativas para una verdadera paz con justicia social y ambiental.

REFERENCIAS

Ahumada Rojas, O. (1 de noviembre de 2016). En Londres, el Gobierno busca impulsar búsqueda de petróleo en el mar. El Tiempo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/politica/gobierno/agenda-de-la-visita- dejuan-manuel-santos-a-reino-unido/16739860

Cancino, A. (2012). La dudosa fortuna minera de Suramérica: los países andinos Colombia, Chile y Perú. En, S. Coronado; J. Fierro; T. Roa y C. Toro (Eds.). Minería territorio y conflicto en Colombia (pp. 59-78). Bogotá: Censat Agua Viva, Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo (PCDHDD) y Universidad Nacional de Colombia.

Caracol Radio. (8 de julio de 2018). ONU determinó que impacto en La Lizama fue menor. En comparación con otros derrames de crudo, el de Barrancabermeja es menor. Recuperado de http://caracol.com.co/radio/2018/07/08/ ecologia/1531072566_733522.html

Downey, L. E. Bonds & K. Clark. (2010). Natural resource extraction, armed violence, and environmental degradation. Organization & Environment, 23(4), 417-445.

Fierro Morales, J. (17 de mayo de 2011). En el seminario Tierra: entre la minería, la seguridad alimentaria y el medio ambiente.

Fierro Morales, J. (2012). La política minera en Colombia: la articulación y potenciación de conflictos alrededor de intereses privados. En, S. Coronado; J. Fierro; T. Roa y C. Toro (Eds.). Minería territorio y conflicto en Colombia (pp. 179-212). Bogotá: Censat Agua Viva, Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo (PCDHDD) y Universidad Nacional de Colombia.

Flórez, M. (2012). En defensa del páramo de Santurbán. En, S. Coronado; J. Fierro; T. Roa y C. Toro (Eds.). Minería territorio y conflicto en Colombia (pp. 465-484). Bogotá: Censat Agua Viva, Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo (PCDHDD) y Universidad Nacional de Colombia.

Garay, L.J. (2013). Minería, Derecho, Políticas Públicas y Gobernanza. Bogotá: Contraloría General de la República.

García, R. A. (2012) La Colosa, primer proyecto de minería a cielo abierto de lixiviación con cianuro en el centro de Colombia. Una lectura alternativa desde el movimiento social y ambiental. En, S. Coronado; J. Fierro; T. Roa y C. Toro (Eds.). Minería territorio y conflicto en Colombia (pp. 445-464). Bogotá: Censat Agua Viva, Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo (PCDHDD) y Universidad Nacional de Colombia.

Global Witness. (2017). Defender la Tierra. Londres: Global Witness.

Giraldo, J. (20 de julio de 2017). Expectativas, logros y frustraciones de un proceso de paz. Desde los márgenes. Página oficial de Javier Giraldo Moreno, S.J. Recuperado de https://www.javiergiraldo.org/spip.php?article264

Gudynas, E. (2015). Extractivismos. Ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la naturaleza. Cochabamba: CLAES, CEDIB.

Jaramillo, S. (13 de marzo de 2016). La paz territorial. Recuperado de http://www.interaktive-demokratie.org/files/downloads/La-Paz-Territorial.pdf

Navarro, M.L. (2017). Despojo capitalista y luchas por lo común en defensa de la vida en México. En, G. Merlinsky, H. Alimonda y A. Escobar. Ecología política latinoamericana. Volumen 2 (pp. 225-240). Buenos Aires: Clacso.

Pérez Rincón, M.A. (2014). Conflictos ambientales en Colombia: actores generadores y mecanismos de resistencia comunitaria. Ecología política, 48, 76-82.

Semana Sostenible. (8 de agosto de 2014). El fracking llegó a Colombia. Recuperado de https://sostenibilidad.semana.com/medio- ambiente/articulo/fracking-llego-colombia/31672

Svampa, M. y Viale, E. (2014). Maldesarrollo. La argentina del Extractivismo y el Despojo. Buenos Aires: Katz Editores.

Toro Pérez, C. (2010). Quince años de negociación de la biodiversidad colombiana. En, C. Toro Pérez y B. Marquardt. Quince años de política ambiental en Colombia (pp. 89-132). Bogotá: Unijus, Universidad Nacional de Colombia.

Toro Pérez, C., Fierro Morales J., Coronado Delgado, S. y Roa Avendaño, T. (2012). Minería, territorio y conflicto en Colombia. Universidad Nacional de Colombia, Censat Agua Viva, Plataforma Colombiana de Derechos Humanos.

Toro Pérez, C. (2017a). El petróleo del Caribe colombiano en la geopolítica hemisférica. En, T. Roa Avendaño, M.C. Roa García, M.C., J. Toloza Chaparro y L.M. Navas Camacho. Como el agua y el aceite. Conflictos socioambientales por la extracción petrolera. (pp. 187-196). Bogotá: Centro Nacional Salud, Ambiente y Trabajo, CENSAT Agua Viva.

Toro Pérez, C. (2017b). La Mosquitia: ¿última frontera imperial? Neocolonialismo y neoextractivismo petrolero y minero en el mundo afro-caribe. En, H. Alimonda, C. Toro Pérez y F. Martín. Ecología Política Latinoamericana. Volumen 2. Pensamiento crítico y horizontes emancipatorios en clave sur. (pp. 116-159). Buenos Aires: Clacso.

Notas

1“Los estudios de justicia hídrica buscan influir en el debate y apoyar las estrategias de la sociedad civil para lograr políticas de gestión del agua más democráticas, mecanismos de resolución de conflictos de agua más efectivos y una distribución más justa de los recursos hídricos” (Kousis citado por Pérez Rincon, 2014, p. 77).

2Datos aproximados. Todavía no se tienen los datos en km2.

3https://caracol.com.co/radio/2018/07/08/ecologia/ 1531072566_733522.html

PARTE I

GLOBALIZACIÓN Y AMBIENTE: DERECHO, ECONOMÍA Y TERRITORIO EN COLOMBIA


PABLO IGNACIO REYES BELTRÁN*

INTRODUCCIÓN

La globalización en sus diferentes manifestaciones —económica, cultural, política y social— es una amenaza a la autonomía y soberanía de los pueblos —naciones— en relación con las decisiones sobre su destino. Los diferentes tratados bilaterales en materia de inversión extranjera han llevado a una relativa pérdida de soberanía de los Estados — principalmente los periféricos o subdesarrollados—, que los conduciría a recurrir, ante un conflicto de intereses, a laudos arbitrales realizados por tribunales privados e internacionales— como el CIADI o la OMPI—. Allí los intereses económicos de los inversores extranjeros —empresas multinacionales— se sobreponen al principio del interés público que representan los Estados, como único sujeto de derecho que encarna el interés nacional.

En este sentido, es necesario realizar una aproximación crítica a las posibles implicaciones de las decisiones arbitrales que tomarían estos organismos respecto a la inversión extranjera directa (IDE) en zonas consideradas estratégicas y protegidas por la legislación colombiana —zonas de reserva campesina, parques nacionales, territorios ancestrales—, en las cuales hay un especial interés de las grandes multinacionales, entre otros factores, por su potencial agrícola, minero, energético, biológico e hídrico.

Existen diferentes instancias estatales y no estatales que impulsan la globalización, como potencias económicas, mercados financieros globales, los tribunales penales internacionales, organismos multilaterales, las empresas transnacionales, el nuevo cosmopolitismo social, los tribunales de arbitramento privado, entre otras. Estas hacen que la soberanía y la autonomía de los Estados sean más vidriosas, ante el elevado crecimiento de la interdependencia con las multinacionales como nuevos actores de origen privado en el ámbito internacional. La formación de instituciones públicas y privadas de origen internacional han multiplicado las fuentes de poder político y jurídico, que ya no tienen como referente el tradicional Estado nacional. Se estructuran una infinidad de actores del orden político, social y privado que participan continuamente en la creación de normas y legislaciones, tanto nacionales como internacionales, que buscan crear una institucionalización que solape o ensamble los distintos niveles del Gobierno: local, bilateral y transnacional, donde interactúen los actores políticos y sociales de estos.

La noción de soberanía —concepción heredada de la conformación del Estado nación en el siglo XIX— se ha empezado a cuestionar, ante las nuevas gestiones compartidas que se establecen en los procesos de integración y que se articulan de manera deslocalizada, como característica fundamental de la globalización. Esta infinidad de procesos económicos, culturales, jurídicos, políticos y sociales, crean una multiplicidad de flujos y sistemas mundiales con objetivos compartidos, que involucran a los organismos gubernamentales y no gubernamentales, los cuales cooperan en redes mixtas público-privadas. Lo anterior, pone en evidencia la fragilidad de los Estados contemporáneos para mantener su soberanía, independencia y autonomía frente a estas interacciones que vinculan lo local con lo global y viceversa. Esto porque se enfrentan a un mundo cada vez más interdependiente e interconectado por prácticas técnicas y administrativas que decodifican los espacios nacionales para re-decodificarlos hacia los ámbitos globales. Allí, las nuevas tecnologías, políticas y actores privados no responden a marcos políticos nacionales sino al acoplamiento entre las relaciones sociales locales y las globales.

En síntesis, la fase de ajuste estructural —políticas de ajuste estructural—, a partir de los ochenta y noventa en la región latinoamericana y adoptada por el Estado colombiano en los noventa, fue el inicio del proceso de redefinición del aparato estatal en una serie de reconfiguraciones adaptativas a la globalización —principalmente la económica—, donde determinados elementos constitutivos del territorio, el Gobierno y el derecho se articulan con novedosos procesos de interdependencias entre los Estados y actores de origen privado provenientes del ámbito global y nacional. Este proceso exige la consolidación de un Estado con mecanismos claros de regulación económica y social en lo interno, además de una fuerte coherencia con los mercados globales en lo externo. Lo anterior, está transformando los conceptos de clásicos de soberanía, autodeterminación y autonomía política, además de afectar la construcción nacional del territorio, la autoridad y el derecho.

En este aspecto, el Estado pierde paulatinamente la autoridad exclusiva sobre el territorio debido a las instancias institucionales supranacionales, por lo que muchos de los procesos globales se encuentran en el ámbito nacional y se produce una desnacionalización especializada, donde el derecho juega un papel fundamental. Ha aumentado la especialización de los frenos y contrapesos de las diferentes ramas del poder público, y se expresa en una mayor autonomía del poder judicial o con la consolidación de autoridades que no dependen del poder ejecutivo —como son los bancos centrales— y la retirada de la soberanía Estatal hacia esquemas de regulación mercantil de índole global y local, la cual es capturada por poderes mundiales fácticos como son los organismos multilaterales, entre los que están: el FMI, el BM y la OMC.

Este amplio espectro de autoridades privadas, que incluye sistemas ya existentes, produce una amplia gama de normas de características privadas —derecho neoespontáneo o lex mercatoria—, las cuales han sido identificadas con un conjunto normativo de carácter supranacional, desligado de los Estados, con la suficiente autonomía, especialización e independencia para incidir en ellos. Los ejemplos más evidentes son los arbitrajes o autoridades privadas —la OMC y el CIADI—, que influencian y orientan los sectores de las economías nacionales, ante los intereses de actores globales, como las multinacionales.

Esta nueva normatividad autorregulada la desarrollan sectores e instituciones influenciados por grandes multinacionales. El reconocimiento de la nueva lex mercatoria del derecho internacional privado, que tuvo sus desarrollos en el siglo XIX (pensamiento jurídico cálcico-pjc), es impulsado por actores de origen privado, como empresas transnacionales —en su mayoría norteamericanas— en el comercio internacional, lo cual configura un cuerpo normativo apoyado por los usos, prácticas y costumbres de esta actividad mercantil, donde el precedente es fundamental.

La entrada en vigor de la nueva Constitución Política, promulgada en el año de 1991, estructura en su articulado las instituciones del derecho mercantil (Narváez, 2002, p. vii). En este sentido, el preámbulo y los principios fundamentales de la nueva carta constitucional tienen estrecha relación con el mercantilismo y las áreas de interés del derecho regulatorio mercantil: el ambiente y los recursos naturales, la protección de los consumidores, la democratización del crédito, la privatización de los activos estatales, la apertura de mercados, entre otros aspectos.

Así, a partir de la promulgación de la Constitución de 1991, el establishment colombiano decide abrirse a la economía global siguiendo la ruta de la apertura económica. En este proyecto político y económico, los recursos naturales —minerales— y ambientales —mercados verdes—, la implementación de megaproyectos agroindustriales —palma, soya, caña de azúcar, entre otros— y, por ende, el territorio, serán los pilares fundamentales de las elites nacionales y transnacionales para enlazar el país con las nuevas relaciones mercantiles globales, en detrimento de los derechos sociales y multiculturales de la población colombiana establecidos en la Constitución de 1991.

Lo anterior origina varios interrogantes: ¿Qué libertad de decisión conservan los Estados nacionales frente al poder de las entidades supranacionales?, ¿cómo se ensambló el país jurídica e institucionalmente, a partir la Constitución de 1991, frente a los intereses económicos privados nacionales e internacionales sobre el territorio? En tal sentido, en el presente artículo se realiza una primera aproximación para responder estas preguntas. Para ello, nos proponemos el objetivo de establecer la forma en que el país se ensambló jurídicamente e institucionalmente, a partir de la promulgación de la constitución de 1991, como proveedor de materias primas mediante el extractivismo dentro de las relaciones globales del mercado.

Para responder los anteriores interrogantes, el recorrido del escrito será el siguiente: en primer lugar, se teorizará y examinará sobre la globalización y su relación con el derecho. En segundo lugar, se realiza una aproximación a la Constitución de 1991, en tanto es el punto de ruptura desde el cual el país se enfrenta a los intereses de unas elites locales que buscan internacionalizar la economía nacional. Finalmente, se presentan algunas precisiones críticas de cómo se está articulando el territorio nacional con los intereses económicos globales, lo que será de gran importancia para un país que está dejando un largo conflicto armado, y pretende construir una paz larga y duradera, con justicia social.

GLOBALIZACIÓN, DERECHO Y ESTADO

Al no ser el centro de investigación de este artículo, en primera instancia realizaremos una breve aproximación al término de globalización, el cual está cambiando de forma precipitada las relaciones sociales, políticas, económicas y culturales en el planeta. No es fácil ver este concepto desde diferentes perspectivas, puesto que es un fenómeno históricamente reciente y en proceso de consolidación. Esta nueva fase de acumulación económica se caracteriza por la transnacionalización de los procesos productivos y se apoya en los avances científico-técnicos relacionados con la llamada tercera revolución industrial —exploración espacial, desarrollo de la energía nuclear, creación y uso de nuevos materiales (sílice, fibra óptica, fibra de vidrio, entre otros), avances en biotecnología, telecomunicaciones, tecnología satelital, informática, robótica, etc.—. Dicha fase impacta la economía, la política y la sociedad en su conjunto al integrar empresas transnacionales, mercados y consumidores a escala planetaria.

Este fenómeno global —e histórico—, que interconecta y vuelve interdependientes a los Estados nacionales, ha subsumido formal o realmente a los individuos y comunidades, por tanto, el globo terrestre no solo es una figura astronómica sino histórica. Es a partir de la globalización que el mundo comienza a ser taquigrafiado como aldea global o fábrica global, en donde se lleva a cabo un sin número de transacciones comerciales y movimientos de capitales, además, las personas no están atadas a sus, otrora, Estados nacionales. Lo anterior sugiere que estamos ante una comunidad mundial por sus características progresivas, armonizadoras y homogenizadas, donde la organización, funcionamiento y transformaciones de la vida social se producen por los avances técnicos, específicamente electrónicos. En este sentido, para Octavio Ianni (2006), “en poco tiempo las provincias, naciones y regiones, así como las culturas y civilizaciones son permeadas y articuladas por los sistemas de información, comunicación y fabulación agilizados por la electrónica” (p. 5).

La globalización como fenómeno económico, político y social ha sido estudiada desde diferentes perspectivas, que van desde las positivistas, críticas o marxistas hasta aquellas que la dejan en un plano analítico sin tomar posición. En las primeras ubicamos autores como Boaventura de Sousa Santos, Bob Jessop, Antonio Negri, Michael Hardt y Saskia Sassen; en los segundos, tenemos a Niklas Luhmann, Gunter Teubner, Grossi y Paul Berman y, finalmente, ubicamos a Held, McGrew, Goldblatt, Perraton, David Held y Ulrich Beck. Los discursos positivistas y sociojurídicos los trabajaremos en un subapartado, donde se indicará el papel del derecho en la globalización, sin descuidar el diálogo con posturas críticas como la de Duncan Kennedy, Chevallier, Michael Hardt, Antonio Negri, Boaventura de Sousa Santos, entre otros. Finalmente, el apartado termina, desde una perspectiva crítica, en un análisis sobre cómo la globalización incide en la reconfiguración de la forma estatal.

La globalización: la estructuración de la gobernanza global

Desde las perspectivas críticas o marxistas, la globalización como fenómeno social es definido por Boaventura de Sousa Santos (2002) como un “proceso a través del cual una determinada condición o entidad local amplía su ámbito a todo el globo y, al hacerlo, adquiere la capacidad de designar como locales las condiciones o entidades rivales” (p. 56). Boaventura propone dos lecturas sobre la globalización: la paradigmática y la sub-paradigmática. Nos interesa ver la segunda, según la cual la globalización es un proceso de ajuste o transición de un régimen de acumulación y regulación a otro, pero sin abandonar las relaciones capitalistas, donde sus actores —empresas transnacionales (ETN), países desarrollados y subdesarrollados, organismos supranacionales y multilaterales— se adaptan a las nuevas relaciones sociales y económicas (Santos, 2002).

Este proceso de reorganización y reconfiguración de la producción mundial se ha caracterizado por numerosos estudios, como los de la escuela francesa de la regulación, que sostienen que la globalización es una de las tantas respuestas a la crisis del régimen de acumulación fordista-keynesiano, lo que paralelamente fue posicionando un nuevo régimen producción flexible o posfordismo neoliberal. En esta tendencia, Robert Jessop (2011) sostiene como el mundo asiste a la transición de unos regímenes de acumulación a otros. De un modo de regulación —estatista— a otro — transnacional—, que ha cambiado el papel regulativo del Estado nación y ha forzado el retiro de la protección estatal de los mercados nacionales del dinero, el trabajo y las mercancías, lo que originó una profunda reconfiguración y reorganización de la forma del Estado.

Es este el escenario en el que surgen conceptos como aldea global y Estado mínimo, que junto al claro proceso de reconfiguración de las funciones del Estado plantean preguntas sobre su primacía y actualidad, frente a un orden político-institucional mundial, regional y local. De esta manera, desde la década del setenta, con la crisis del modelo de producción fordista —sustentado en el Estado de bienestar— y su tránsito hacia el posfordismo —basado en el modelo de acumulación neoliberal—, la globalización ha generado una infinidad de transformaciones estatales. Como lo manifiesta Robert Jessop (2009), los nuevos procesos económicos en el ámbito global, junto a la nueva institucionalidad supranacional, ejercen presiones políticas sobre los Estados nacionales, desde arriba —organismos multilaterales e instituciones supranacionales— y desde abajo —sociedad civil—, lo cual incide en sus reconfiguraciones institucionales, que los adaptan a las nuevas expectativas globales.

Para Hardt y Negri (2011) la globalización continúa incluso ante la debilidad de controles unilaterales, bipolares y multipolares —concepciones tradicionales de las relaciones internacionales entre los Estados—, donde las nuevas formas de gestión para garantizar el orden en el sistema capitalista global evidencian el surgimiento de nuevos actores de origen social, como las corporaciones multinacionales y organizaciones no gubernamentales (ONG). De modo que, se consolida una red compleja de normas, estructuras y autoridades globales reales, efectivas y que provienen de entidades estatales y no estatales.

En este aspecto, los estudios de Saskia Sassen (2010) sobre las nuevas formas institucionales de control económico y político son una base sólida para entender este nuevo orden global, que no tiene comparación en la historia reciente de la humanidad. Para Sassen, el nuevo orden global no solo se forma fuera de los Estados sino adentro de los mismos, que desnacionalizan determinados componentes de sus estructuras institucionales para orientar su política y su economía hacia las agendas y sistemas globales: lo nacional está dentro de lo global y lo global está dentro de lo nacional. Lo que propone Sassen (2015) es leer este ensamblaje global con unos Estados y un sistema interestatal en competencia con instituciones y autoridades supranacionales, nacionales y no nacionales. El termino para expresar este ensamblaje es la gobernanza. Para Hardt y Negri (2011):

[…] la gobernanza no es un modelo de gestión basado en la unidad de mando de poder y legitimación que se desprende de un único poder encarnado en un uno o varios Estado-nacionales en el orden internacional. Antes bien, es un proceso de negociación continua, de instrumentos de planificación y coordinación consensual en la una multiplicidad de actores estatales y no estatales con poderes sumamente desiguales trabajan juntos […] El orden global se define hoy por una serie diferenciada de normas, costumbres, estatutos y leyes que constituyen un conjunto de demandas y poderes en el horizonte global. (p. 232)

Según Hardt y Negri, los sociólogos y juristas alemanes Niklas Luhmann y Gunter Teubner son autores que ofrecen un análisis útil del término gobernanza en los ámbitos globales, pues hacen hincapié en dos características: la primera es que excede los límites de los sistemas jurídicos fijos y sus estructuras normativas; la segunda, que fragmenta los sistemas jurídicos para enfrentarse a los conflictos que se presentan en la sociedad global, lo que origina disputas entre las distintas normas. El tránsito del gobierno a la gobernanza es visto desde el punto de vista jurídico como un movimiento de una estructura normativa unitaria a una pluralista y plástica. Por tanto, la gobernanza abandona la idea de construir regímenes jurídicos unitarios, para fundar una nueva red jurídica que gestione los conflictos y consiga una coexistencia normativa en una sociedad global fragmentada. Lo anterior es clarificado por Saskia Sassen (2015), quien sostiene que:

En los últimos veinte años, se observa una multiplicidad de sistemas normativos transfronterizos con distintos grados de autonomía con respecto al derecho nacional. En un extremo se encuentran los sistemas centrados claramente en el nuevo dominio público transnacional y, en el otro extremo, se hallan los sistemas que gozan de una autonomía casi absoluta y que, por lo general son privados […] se le concibe como un tipo de legislación desarraigada de los sistemas jurídicos nacionales. (p. 334)

Hardt y Negri (2011) anotan cómo el sistema jurídico supranacional e internacional supone una norteamericanización de las relaciones jurídicas globales, para armonizar y ensamblar las relaciones comerciales. Por ende, en el mundo —cada vez más global— emerge una elite transnacional —gobernanza imperial— que se preocupa por la gestión y la regulación económica dentro de un orden piramidal del sistema imperial consolidado. Estos nuevos poderes no son homogéneos, iguales o colaboran pacíficamente, sino que las jerarquías son manifiestas, donde los Estados dominantes imponen su voluntad y excluyen a otros. Entre tanto, los Estados periféricos o subordinados se organizan para contrarrestar las imposiciones de los poderosos Estados y sus corporaciones, que incentivan, de manera impositiva, medidas comerciales, anti truts, regulaciones financieras, derechos de propiedad y de políticas fiscales que se traducen en nuevas normatividades.

Estas nuevas dinámicas y relaciones globales conformadas por la emergencia de una nueva elite transnacional —conformada por relaciones estatales multilaterales, corporaciones transnacionales, instituciones económicas globales y ONG— necesitan siempre de Estados —potencias económicas y militares— que sean garantes del orden capitalista en consolidación —multilateral, bipolar o unipolar—. La gobernanza imperial necesita de un poder militar, cultural y financiero, que tenga la finalidad de negociar constantemente con estos poderes para asegurarse una inmensa parte de las ganancias del capitalismo en su fase global (Hardt y Negri, 2011).

Por otro lado, las elites de los Estados nación subordinados entran en estas dinámicas bajo el supuesto de la defensa de sus intereses, pero en la mayoría de las ocasiones buscan conseguir una parte de las riquezas, además de ser los que median los intereses de los Estados dominantes y sus corporaciones transnacionales, incluso contienen las presiones de las poblaciones locales y la exigencia de derechos que son violentados por estas nuevas relaciones capitales globales. Al final, lo que une los intereses de las elites transnacionales y las locales es el miedo a la plebe: la amenaza sobre este nuevo orden imperial transnacional no son sus contradicciones o conflictos internos, sino la resistencia de la multitud (Hardt y Negri, 2011).

Las anteriores aproximaciones a las concepciones sobre la globalización evidencian una profunda inserción de los Estados nacionales —dominantes y dominados— al nuevo orden de la gobernanza internacional, lo que incide en la necesidad de crear criterios unificadores, principalmente en las relaciones económicas, con el objetivo de articular las economías domésticas con las internacionales. Las reformas estructurales necesarias para lograr este propósito traen como consecuencia que se replantee y socave conceptos claves que definían a los Estados modernos, como la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos.

Por ello, los lineamientos sobre los ordenamientos económicos, políticos, sociales y jurídicos de los Estados son definidos por organismos multilaterales como el FMI, el BM, la OMC, las ETN, ONG internacionales e inclusive la presión de potencias militares del primer mundo. Hay que advertir, además, que, si bien el mercado ha tomado gran parte del poder en el sistema internacional, aún sigue necesitando del Estado para facilitar los mecanismos necesarios para el libre flujo de capital e inversiones en los territorios nacionales. Igualmente, se hacen evidentes las transformaciones organizacionales marcadas por nuevas técnicas gerenciales, subcontratación y outsourcing, que se apoyan en nuevos regímenes jurídicos de origen privado: lex mercatoria.

Desde una perspectiva analítica, Held, McGrew, Goldblatt y Perraton (2002) ubican la globalización en un continuo entre lo local, lo nacional y lo regional, que implica procesos de cambios espaciotemporales que apuntalan las transformaciones producidas en las relaciones humanas. Se trata de conexiones entre acontecimientos, decisiones y actividades de diferentes partes del mundo cuya aceleración y expansión genera el desarrollo de sistemas de transporte y comunicación globales. Así, los autores definen la globalización como un proceso —o una serie de procesos— que engloba una transformación en la organización espacial de las relaciones y las transformaciones sociales, evaluada en función de su alcance, intensidad, velocidad y repercusión, y que genera flujos y redes transcontinentales o interregionales de actividad, interacción y del ejercicio del poder.

El mismo Held (2007) indica que la globalización es “una ampliación e intensificación de las relaciones sociales, económicas y políticas a través de regiones y continentes. Es un fenómeno multidimensional que abarca muchos procesos diferentes y opera en múltiples escalas temporales” (p. 69). En las investigaciones de Held, se evidencia que su mayor preocupación son los cambios y reconfiguraciones del Estado, específicamente el futuro de la democracia en un mundo cada vez más globalizado e interconectado, donde señala que no estamos asistiendo al fin de esta institución, sino a un nuevo espacio de interacción política conformado por Estados, organismos supranacionales, empresas transnacionales, organizaciones sociales, entre otros.

Desarrollar una definición que logre englobar todos los aspectos que conlleva la globalización es un cometido arduo, además es difícil establecer un criterio exacto de sus ventajas o desventajas en un ámbito general global o específico nacional. Sin embargo, es importante resaltar la posición del sociólogo alemán Ulrich Beck (2004), quien señala que la globalización hace referencia a “los procesos en virtud de los cuales los Estados soberanos nacionales se entremezclan con actores transnacionales y sus respectivas probabilidades de poder, orientaciones, identidades y entramados” (p. 34). Posteriormente, afirma que globalización es “la palabra peor empleada, menos definida, probablemente la menos comprendida, la más nebulosa y políticamente la más eficaz de los últimos y sin duda también de los próximos años” (p. 40). En otro apartado, Beck sostiene que la globalización se caracteriza por una profunda superposición de los Estados con actores internacionales que se estructuran en un proceso de gobernanza global, que surgen a partir de la segunda posguerra mundial y cuyas las consecuencias se observan en los ámbitos económicos, políticos, social y cultural.

De los diferentes discursos sobre la globalización se concluye que esta se apoya en la transformación o reconfiguración de la actividad estatal, para lo cual reduce su accionar en la economía, le da apoyo a la oferta y promueve la productividad y la competitividad de las empresas nacionales. Lo anterior se efectúa mediante la creación de un ambiente sano jurídico e institucional para que los capitales nacionales se inserten en la economía internacional y que, a la vez, la inversión extranjera tenga receptividad en las economías nacionales.

El papel del derecho en la globalización

La globalización como fenómeno social y económico ha generado la supra-nacionalización de los problemas y las políticas públicas, la interdependencia mundial y el surgimiento de nuevos centros de poder globalizado, los cuales han retado los conceptos tradicionales de soberanía y autodeterminación, los dos supuestos esenciales de los Estados nacionales constituidos a partir del pensamiento político y jurídico clásico del siglo XVIII y XIX (Held, 2007).

En este sentido, William Jiménez (2011) sostiene que los conceptos clásicos de soberanía y autodeterminación, fundamentales para los Estados nacionales y su campo de regulación e intervención, se han venido reconfigurando en cuatro aspectos: el primero está relacionado con la desnacionalización ante el vaciamiento del aparato estatal a los ámbitos subnacionales, supranacionales y translocales; el segundo, es la desestatización de los regímenes políticos, que será el paso de un gobierno nacional a una gobernanza global, para cooperar y asociarse con instancias institucionales gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales; en tercer lugar, la internacionalización del Estado nacional y sus subgobiernos, donde se combina el desarrollo local con estrategias de promoción de las exportaciones e internacionalización de la economía; por último, la performativización, al introducir criterios gerenciales y de gestión en la administración del Estado como si fuera una privada.

A partir de lo anterior, es indispensable comenzar este apartado desde una perspectiva analítica sobre la relación entre derecho y globalización, para entender como este fenómeno no se puede consolidar sin la participación del derecho, principalmente el de origen económico, que surgió en el siglo XIX. Duncan Kennedy (2015) sostiene que se han producido tres globalizaciones del derecho, que refieren a dos periodos de transformaciones jurídicas, institucionales y del pensamiento jurídico en occidente, las cuales son:

El ascenso del pensamiento jurídico clásico entre 1850-1914, como del jurídico orientado hacia lo social, entre 1900 y 1968, y a la transformación de los rasgos característicos de estos en dos procesos de difusión diferenciados alrededor del mundo de las colonias y de los estados nacionales recientemente independizados. La tercera parte, más breve que las anteriores, esquematiza un desarrollo institucional y jurídico-teórico similar —una tercera globalización— para el periodo 1945-2000. (p. 26)

La primera globalización (1850-1914) es la culminación del ataque liberal al mercantilismo y a los dueños de las políticas económicas y sociales de la modernidad temprana. La segunda (1900-1968) es un programa político de los críticos del laisses faire, donde el derecho tiene la función de orientar, canalizar y dirigir el cambio económico y social. La tercera (1945-2000) estaba enfocada en pensar sobre la técnica jurídica y, al mismo tiempo, se producía la tendencia de concebir el derecho como garante de los derechos humanos, la propiedad y el orden gubernamental, a través del imperio o supremacía judicial (Kennedy, 2015).

En este artículo nos interesa la tercera globalización del derecho, al ser el periodo en el cual se produce la ruptura en Colombia con la Constitución de 1886 con la reforma constitucional de 1991. La tercera globalización se produce en el contexto del triunfo estadunidense en la segunda guerra mundial (1945) y en la guerra fría (1989), la apertura económica de las fronteras nacionales a los mercados globales —donde las condiciones jurídicas las imponen las empresas multinacionales—, las instituciones multilaterales de regulación y el prestigio de la cultura jurídica de los estados Unidos (Kennedy, 2015).

En la tercera globalización del derecho, se presenta una tendencia que reúne los elementos del pensamiento jurídico clásico (PJC) —primera globalización— y elementos del derecho social —segunda globalización—. Este derecho contemporáneo o pluralista trata de administrar apropiadamente la diferencia o la identidad. En dicho contexto, la comunidad internacional de negocios se adaptó a esta tendencia y logra transformar a los titulares del derecho de propiedad en una identidad minoritaria, la cual es protegida por las legislaciones nacionales (Kennedy, 2015):

[…] a través de la OMC, por ejemplo, las multinacionales reclamaron la protección para los derechos de propiedad intelectual en contra de las prácticas de países del tercer mundo que se reusaban a reconocer patentes o marcas o a prevenir la piratería. (p. 109)

Una de las características de la tercera globalización del derecho es su origen norteamericano, expandido de forma globalizada, heredero del derecho privado de la pjc e introducido en la constitución de los Estados Unidos. Esta conexión contemporánea del derecho con la tradición estadunidense se evidencia en la imposición de instituciones jurídicas en otros países, tales como: tribuales constitucionales, jurisdicciones transnacionales y formas de abogados estrechamente relacionados con una economía globalizada. En cada una de estas instancias se manifiesta la influencia estadounidense, como es el caso del derecho transnacional que regula las actividades de las firmas transnacionales al estilo norteamericano. Lo anterior sucede ante el dominio de las compañías trasnacionales de origen estadunidense en la economía mundial globalizada (Kennedy, 2015).

Según lo anterior, estamos presenciando una compleja combinación de las funcionalidades en el contexto global, que inciden en un nuevo conjunto de actividades de los Estados nacionales y sus legislaciones, por lo cual estas obedecen y responden a la lógica del mercado y a la tercera globalización del derecho, influenciada por la tradición jurídica estadunidense. Esta tendencia de impulsar una acelerada mercantilización de los bienes públicos y sociales por parte de los Estados para adaptarse a las nuevas dinámicas del mercado global ha incidido en el debilitamiento de la soberanía y autodeterminación de los Estados, lo cual afecta inexorablemente su capacidad de diseñar, supervisar e implementar normas que originan las políticas públicas.

El fenómeno más profundo en el cambio político influido por el derecho y producido por la globalización ha sido el declive continuado e indefectible de la soberanía nacional territorial y, en su defecto, la reconfiguración política y jurídica del Estado. Este debilitamiento se evidencia particularmente en los países del tercer mundo o periféricos, sobre todo en las últimas décadas. En palabras de Édgar Varela (2007), son “aquellos que están en los márgenes de las concentraciones y centralización de capital, como son: los movimientos de dinero o los flujos de mercancías” (p. 7).

Este declive se produce por la nueva gestión que mencionamos anteriormente: la gobernanza. Se trata del proceso de autorregulación de intercambios entre actores que crean una jurisdicción plural y poliárquica, donde los Estados siguen siendo los que realizan las conexiones estratégicas entre las diferentes infraestructuras que diseñan las políticas globales a través de una producción jurídica que le arrebata la soberanía a los Estados, adecuándolos al mercado global y sus diferentes actores. La gobernanza, al ser constituida por una multiplicidad de actores, se restringe a un grupo privilegiado — en su mayoría provenientes del sector privado— relacionado jerárquicamente entre sí; su pluralidad y apertura solo se puede explicar a partir de relaciones, estructuras y prácticas de los intercambios mercantiles (Hardt y Negri, 2011). Esta multiplicidad de actores —estatales y no estatales— en un mundo global, según Chevallier (2011), produce una explosión de reglamentaciones jurídicas como consecuencia de la globalización: el derecho extraestatal, el derecho supraestatal y el derecho infraestatal.

El primero, extraestatal, supone el establecimiento de normas requeridas por los operadores para el buen funcionamiento del mercado. Este nuevo orden normativo se forma a partir de los usos del comercio internacional, donde el arbitraje regula los desacuerdos entre las corporaciones y los Estados para darle fuerza obligatoria a estas normas, lo que ha garantizado la coexistencia de otras normas por fuera del derecho estatal. El arbitraje ha generado un desarrollo extraordinario del derecho en la globalización, ante la presión de las law firms estadunidenses que se escenifican en cortes permanentes de arbitraje —como el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), creado por el Banco Mundial en 1966—, en donde las decisiones proferidas obligan a los Estados a reconocerles y garantizar su cumplimiento. Las anteriores manifestaciones jurídicas en la globalización son una versión moderna de la lex mercatoria, que era un derecho instrumental desarrollado por los comerciantes, lo que sugiere que este derecho desarrollado en la globalización escapa a la influencia de los Estados (Chevallier, 2011).

El segundo, el derecho supraestatal, contribuye a limitar la soberanía de los Estados, ya que estos constituyen un ordenamiento jurídico internacional al firmar acuerdos de interdependencia que no se pueden romper unilateralmente. Lo anterior se refuerza por el hecho de que los convenios firmados por los Estados son elaborados por organismos internacionales como la OMC, que negocia e instituye las nuevas formas de intercambio económico en el contexto internacional. De esta manera, las normas de derecho internacional cubren ámbitos políticos y económicos amplios —mercados, relaciones comerciales, políticas públicas, política económica, entre otros—, que trasgreden y se inmiscuyen en los espacios de la soberanía de los Estados, lo que desarrolla verdaderas ramas de un derecho autónomo: los operadores económicos ya no son los destinatarios de las normas internacionales, sino sus coautores, al presionar y hacer parte de su creación (Chevallier, 2011).

El tercero, el derecho infraestatal, está en el interior de los Estados, donde la regulación jurídica tiende a privatizarse o segmentarse. Esta nueva regulación se origina en núcleos múltiples, diversamente arraigados en la sociedad y estructurados en los Estados. Tal regulación jurídica de origen privado incidió en el reordenamiento estatal a partir de los años ochenta, lo que dejó un espacio libre a sectores privados de origen económico transnacional y nacional —corporaciones— y sociales —sindicatos—. Con lo anterior, se ocasionó un policentrismo y una segmentación que tienen implicaciones en la producción del derecho en cabeza del Estado, lo que genera problemas de ajustes y competencias entre estos sectores, ya que cada una de estas estructuras se convierte en una isla de derecho. En todo caso, este estallido de producción jurídica se compensa con la existencia de controles estatales, donde autoridades de los órdenes locales e independientes están sujetas a un control legal, cuando minan la cohesión del Estado (Chevallier, 2011).

Los anteriores factores han generado el declive paulatino de la soberanía de los Estados nacionales —países desarrollados, en vía de desarrollo y subdesarrollados—, palpable en las últimas décadas del siglo XX y las primeras del silgo XXI, ante una economía de mercado que termina uniendo lo nacional a lo global. Así, desde la década del setenta, el mundo es testigo de diversos sucesos que marcaron una mutación sustancial en las relaciones capitalistas y su modo de producción, presentadas con nuevas expresiones lingüísticas asumidas con naturalidad por analistas y teóricos de las ciencias sociales: globalización, apertura económica, privatizaciones, desregulación y eficiencia productiva, descentralización política, ventajas competitivas e intercambios de intangibles, etc.

En lo institucional, aparecen organismos supranacionales cuya finalidad es emanar nuevas regulaciones que trascienden las fronteras de los Estados, debilitando su soberanía y autonomía, como la ONU en lo político, los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y BM en lo económico y las cortes internacionales, regionales y de arbitramiento en lo jurídico. Dicha situación permite descentralizar y deslocalizar los procesos productivos, haciendo prescindible e incluso indeseable la injerencia y regulación de los Estados en la economía, sobre todo aquellos que confluyen en distorsiones del mercado global. Un ejemplo es la imposición de legislaciones internas por parte de los Estados en contravía de las leyes del mercado: legislaciones laborales, regulaciones al comercio, control de los precios, regulaciones monetarias, entre otras actividades económicas susceptibles de generar algún tipo de ganancias o limitaciones en la entrada de capitales foráneos.

De esta manera, en la década de los setenta, el llamado “consenso keynesiano” entró en crisis. Así inicia el declive del Estado interventor y regulador de la economía o Estado de bienestar. El Estado pasa a ser un actor central en la economía nacional y su representante en el ámbito mundial, sumado a que nuevas institucionalidades globales —corporaciones transnacionales, organismos multilaterales, ONG, entre otros—, sustituyen paulatinamente muchas de las funciones que anteriormente eran asumidas por el Estado nación.

Los organismos internacionales herederos de Bretton Woods —FMI, BM y posteriormente la Organización Mundial del Comercio (OMC)—, con institucionalidades de regulación internacional, irán a la par en la construcción de un orden global que, junto a la penetración del modelo económico neoliberal en diversos países, deteriorarían las funciones del Estado por la primacía del mercado libre de toda distorsión o regulación política. Aquí, el derecho juega un papel importante en el proceso de desregulación y adaptación del Estado a las nuevas realidades económicas globales, ya que las reestructuraciones efectuadas en el sistema político están soportadas en reformas legales.

En este contexto, los Gobiernos estatales cada vez tienen menos margen de acción para manejar la economía, al adaptar las estructuras políticas y las decisiones en este campo a las presiones e intereses internacionales o locales, de modo que el derecho mediador será el eje articulador del proceso. En el ámbito global se reconoce que el derecho mediador o reflexivo —influenciado por la lex mercatoria— justificó nuevas formas de autoorganización local y global, que están desbaratando o pulverizando el monismo jurídico y político característico del Estado de derecho heredado del siglo XIX. Como consecuencia, se está transitando del derecho público propio del Estado al derecho civil característico de lo global. Este último es más vivo, cambiante y dinámico —basado en el derecho de los contratos o el derecho social— y se basa la siguiente formula: “siempre más sociedad, siempre menos Estado” (Grossi, 2010, p. 105). El mismo Paolo Grossi, caracteriza el derecho contemporáneo desarrollado durante gran parte del siglo XX como:

Un siglo donde el Estado no puede contener ni a la sociedad ni a su no / función de ser la plataforma pasiva de sus propios deseos. Y donde con cada vez más intensidad, debe rendir cuentas con su autoorganización espontanea, la cual se produce a pesar de la férrea —por más que sea extremadamente artificial— anulación oficial de todas las articulaciones y formaciones sociales. Es pues, un siglo que no sólo vuelve a descubrir la sociedad en toda su complejidad. (p.77)

Este derecho plural, que encuentra sus raíces en el derecho privado medieval, se arraiga en las relaciones sociales globales para presionar por cambios institucionales de los Estados, principalmente los periféricos y semiperiféricos, que comienzan a promulgar nuevas constituciones —como es el caso de Colombia con la Constitución de 1991—, leyes y decretos, en ocasiones, subordinadas a intereses particulares ya sea nacionales o internacionales, donde el Estado es el mediador o articulador de estos intereses y su lógica globalizadora. Como lo afirman Hardt y Negri (2005), las decisiones tomadas por los Gobiernos nacionales responden a presiones de organismos multilaterales, los cuales, a su vez, están mediando los intereses de los países desarrollados y sus corporaciones multinacionales. Esto afecta la política, la actividad legislativa y la economía de los Estados, e inclusive los obliga a introducir ajustes estructurales para adaptarlos a las transformaciones del entorno; allí, el papel del derecho es fundamental.

El derecho y la globalización han tenido influencia en temas como la regulación de los flujos mercantiles y financieros y la lex mercatoria como dinamizadora de las nuevas relaciones empresariales y el Estado en el ámbito global. El mismo Boaventura de Sousa Santos (2002) indica que la introducción de ajustes estructurales en los aspectos económicos y constitucionales de los Estados —la descentralización política, la privatización de activos nacionales, la disciplina fiscal y la liberalización de los mercados nacionales, entre otros—ha generado como consecuencia la globalización de lo local y la localización de lo global. De esta manera, las economías locales se han desterritorializado, en la medida que deben adaptarse a las transformaciones que ocurren en otras partes del planeta, además se favorece a los Estados desarrollados y sus empresas multinacionales en el libre tránsito de mercancías, bienes y capitales. Aquí se produce un reformismo estatal, estimulado por sectores sociales con capacidad de intervenir en el andamiaje institucional del Estado, con la clara intención de internacionalizar sus sectores económicos.

Desde otro ángulo de análisis, Paul Berman (2005), Niklas Luhmann (2007) y Gunter Teubner (2003), en una perspectiva funcional sistémica, sostienen que estamos en un proceso histórico donde el derecho de origen privado o social cumple un papel preponderante en las nuevas relaciones económicas globales. Con Luhmann, el papel del derecho supera las limitaciones que le imponía su función de responder a la sociedad derivadas de la concepción de un sistema jurídico abierto hacia las demandas sociales (Parsons, 1976). El modelo se ve abocado, entonces, a reducir la complejidad de manera articulada con la globalización en cuanto el sistema jurídico debe responder solo a sí mismo y bajo sus propias lógicas de creación de sistemas autopoiéticos transnacionales, donde transitamos a un pluralismo jurídico de origen social y global (Luhmann, 2007).

En este sentido, Luhmann (2005) indica cómo el estudio del derecho y su incidencia en la globalización extienden el centro de análisis del derecho internacional tradicional hacia nuevos escenarios de origen privado-social. Entonces, las nuevas fuentes del derecho de origen privado en la globalización pueden aportar puntos de vista útiles para descifrar como las normas promulgadas en el ámbito internacional son diseminadas a finales del siglo pasado y las primeras décadas del presente, ofreciendo cuatro elementos a la hora de estudiar el derecho en la globalización: las instituciones gubernamentales, las fronteras territoriales, la distinción entre derecho público y privado y la soberanía y autodeterminación de los Estados (Luhmann, 2005).

La transnacionalización del derecho supone una influencia de las presiones externas sobre el campo jurídico local, lo que supone la disminución de la exclusividad estatal en el monopolio de la producción jurídica (Santos, 2002). Igualmente, establece la flexibilización del vínculo entre derecho, Estado y nación, lo que tiende a originar una multiplicidad de ordenamientos jurídicos (Twning, 2003). Esto implica un contexto de pluralismo jurídico en los planos nacionales, regionales e internacionales, lo que ha sido adscrito como un derecho global sin Estado (Teubner, 2010). Esta pérdida de exclusividad del derecho por parte del Estado ha incidido en la coexistencia de varios ámbitos: local, nacional, regional, transnacional, internacional y global (Twning, 2003; Grossi, 2011).

En este debate sobre la globalización y sus efectos sobre el Estado, el derecho parece incorporarse a las trasformaciones políticas y económicas de los Estados nación de forma autónoma, lo que nos lleva al análisis de una nueva dimensión de despolitización, descentralización y deslegalización del Estado. Para Teubner (2010) este derecho autónomo —lex mercatoria— es producto de la emergencia de unas subconstituciones —vínculo entre el derecho global con otros subsistemas globales— y tiende a edificar regímenes privados que son producto de los acuerdos entre las empresas multinacionales, las reglamentaciones proferidas por organizaciones internacionales, los sistemas de arbitramiento interorganizativos y los procesos globales de estandarización jurídica.

Las fuentes de este derecho no son las tradicionales emanadas por los Estados nacionales como principales actores —parlamentos nacionales, las instituciones legislativas globales y los acuerdos interestatales—, sino provienes de otros sectores de la sociedad global —las organizaciones internacionales, los tribunales arbitrales, los órganos de mediación, las comisiones de ética y los acuerdos derivados de los tratados comerciales—, los cuales compiten con los organismos tradicionales de producción normativa (Teubner, 2011).

Como se observa en la propuesta de Teubner, el debate sobre el derecho y su incidencia en la globalización, o como parte de ella, critica la visión reduccionista de los economistas y de otras áreas de las ciencias sociales que la ven como un fenómeno fundamentalmente económico, y se centra en el papel que ha jugado el derecho, de forma autónoma, en la consolidación de las nuevas relaciones globales. En este aspecto, es pertinente anotar cómo la globalización le ha generado problemas a la disciplina del derecho, en específico, con el descentramiento de los procesos de creación de normas, ya que el Estado pierde su papel preponderante en esta actividad ante la emergencia de instancias estatales y no estatales, como las instituciones supranacionales: la ONU, el FMI y el BM. Tales organismos estructuran nuevas normatividades cuya pretensión es organizar las relaciones entre los Estados al establecer deberes y derechos que respondan a las relaciones mercantiles globales. En términos de Teubner (2010):

En últimas, en la globalización la creación de normas se está desplazando de los centros del derecho que se habían institucionalizado políticamente en el Estado-nación —parlamento y jueces— hacia la periferia del derecho, es decir, hacia los límites entre el derecho y otros sectores sociales globalizados. (p. 74)

Es importante anotar cómo el derecho positivo hegemónico o dominante emanado del Estado, que construyó la idea de un monismo jurídico, es impactado tanto en lo interno como en lo externo por la existencia de un pluralismo jurídico de origen privado: los arbitrajes comerciales de tendencia privada, las costumbres mercantiles —lex mercatoria—, las normas ambientales y ecológicas, entre otras. Para enfrentar las nuevas realidades de la globalización y su conexión con el aparato normativo de los Estados, el derecho positivo —continental— ha derivado en un sistema dual que ha separado el derecho escrito formal del derecho real o socialmente acatado.

De esta forma, las normas de jerarquía y las constitucionales están siguiendo caminos opuestos según la imposición de la globalización, sin que los operadores del derecho lo cuestionen o lo resistan. Así, la irrupción de normas internacionales de origen mercantil impone un pragmatismo jurídico, que se evidencia en la manera en que los gobernantes y legislativos de turno realizan reformas encaminadas a la flexibilización de las normas jurídicas y sus límites para alcanzar objetivos de modernización y apertura de los mercados nacionales. Lo anterior ha generado crisis en el Estado de derecho, su división de poderes, así como el deterioro de las garantías individuales y sociales de la población.

La globalización y la forma Estado

Los otrora poderosos Estados nacionales, como instituciones de regulación social, han entrado en un proceso de redefinición de la forma-Estado o proceso de reconfiguración del Estado, en una serie de funciones adaptativas a las nuevas relaciones globales instituidas a partir de las décadas de los setenta, ochenta y noventa del siglo pasado. Lo que hoy reclaman los organismos multilaterales, los Estados desarrollados, las empresas multinacionales y las empresas privadas nacionales, es la importancia de consolidar un Estado que regule la sociedad y articule la economía nacional de forma coherente con las nuevas relaciones establecidas por el mercado global. La nueva agenda de los Estados involucra problemas como la democratización, la cual debe ser institucionalizada a través de la participación, trasparencia, lucha contra la corrupción, vigencia de la institucionalidad y el imperio de la constitución y la ley. Lo anterior crea un entorno sano para el buen funcionamiento del mercado y la liberalización comercial de los Estados de las necesidades e intereses de los capitales e inversiones de empresas multinacionales o nacionales.

A partir de los cambios que se están presentando en el mundo como consecuencia de la globalización, el Estado no será ajeno a estas transformaciones, y su estructura básica —heredera del pensamiento clásico político y jurídico del siglo XIX— comienza un proceso de reconfiguración, frente al cual Saskia Sassen (2010) sostiene que “en la actualidad los Estados enfrentan una nueva geografía de poder” (p. 105). Para esta autora, la nueva geografía de poder implica el declive de la importancia del Estado y, por ende, la reconfiguración de su funcionamiento en asuntos como la formulación de la política pública. En palabras de Sassen (2010):

Se observa una reubicación del Estado en un campo de poder más amplio y una reconfiguración del funcionamiento de los Estados. Este campo de poder más amplio está compuesto en parte por la formación de un nuevo orden privado institucional vinculado a la economía global y en parte por la creciente importancia de una variedad de ordenes institucionales que se ocupan de varios aspectos del bien común, entendido de manera amplia, como las redes internacionales de redes no gubernamentales y el régimen internacional de los derechos humanos […] Algunos de estos cambios se suelen expresar mediante la imagen del Estado neoliberal o competitivo de nuestros días en contraste con el Estado de bienestar de la época de la posguerra […] Los rasgos característicos de este nuevo orden internacional que se está formando, y cuya naturaleza es privada en su mayor parte, es la capacidad de privatizar lo que antes era público y desnacionalizar lo que en otro tiempo fueron las autoridades y programas de política pública […] Este nuevo orden institucional tiene también autoridad normativa, la cual proviene del mundo del poder privado, pero aun así se sitúa en la esfera pública y al hacerlo contribuye a desnacionalizar lo que históricamente se ha organizado mediante políticas estatales nacionales […] algunos elementos institucionales concretos del Estado nacional comienzan a funcionar como sedes institucionales del funcionamiento de las dinámicas poderosas constitutivas de lo que podríamos describir como capital global y mercado de capital global. (pp. 106-109)

Por tanto, para Sassen (2010), se está presentando un panorama de ensamblajes emergentes, donde el Estado nación y el sistema interestatal westfaliano son pilares fundamentales, pero no están solos, y se han visto alterados por dominios internos y externos que son los espacios donde se están produciendo los cambios institucionales. Por tanto, se está produciendo una configuración emergente en la que se forman varios ensamblajes especializados de territorio, autoridad y derechos alojados en la estructura del Estado nación, el aparato institucional del Estado y los sistemas globales —economía global corporativa y el sistema supranacional—. El rasgo característico de dichos ensamblajes es que se han desnacionalizado y están en plena construcción.

Según Sassen (2015), debemos esperar una mayor desnacionalización de ciertas actividades del Estado que le son propias, como el manejo de la política cambiaria, monetaria o pública, lo que generará inestabilidad en el orden internacional, a la vez que se producirá un desplazamiento de la normatividad emanada por el Estado nación a escalas de los ensamblajes transfronterizos del territorio, la autoridad y el derecho. Estos últimos son rearticulados por órdenes especializados a la globalización, los cuales conllevan una multiplicidad de nuevos marcos normativos, temporales y espaciales allí donde anteriormente el Estado era el único que organizaba su territorio.

En este sentido, términos como desregulación, disciplina fiscal, privatización, apertura económica, descentralización, liberalización de los capitales financieros, financiarización y control de la inflación son utilizados para describir la reconfiguración de la autoridad estatal en su papel económico. El Estado cede espacios a su capacidad histórica de regular la economía, creando nuevos marcos jurídicos para adaptarse política y económicamente a las nuevas dinámicas mercantiles que depara la globalización. Por tanto, los Estados nación y sus gobiernos han perdido la autoridad sobre las sociedades y las economías nacionales, ante la emergencia de una infinidad de entidades —políticas, económicas y sociales— en el ámbito internacional. El Estado se convierte en un actor más de la anarquía internacional.

Estos nuevos organismos compuestos después de la posguerra en los escenarios económicos, políticos y sociales ahora son más poderosos que los Estados. Se producen nuevas relaciones económicas y políticas en los ámbitos internacionales, donde los dueños de los mercados eran los poderosos Estados, ahora son los mercados están por encima de los mercados. Como lo anunciaba y predecía Susan Strange (2001):

[…] el declive de la autoridad de los Estados se refleja en la difusión creciente de la autoridad en otras instituciones y asociaciones, en órganos locales y regionales, y en una en una asimetría creciente entre los Estados mayores con poder estructural y los Estados más débiles que no lo tienen. (p. 23)

En este aspecto es importante la pregunta que se hacían Bauman y Bardoni (2016): ¿Cuál libertad de decisión conservan los Estados nacionales frente al poder de las entidades estatales? Para los autores, el anterior interrogante surge de la crisis de una entidad que garantizaba a la población la posibilidad de resolver y arbitrar de forma homogénea los diferentes problemas de los tiempos contemporáneos. Las soluciones y arbitramentos se desplazan hacia los ámbitos privados, ante la crisis de los partidos políticos, el resquebrajamiento de la comunidad como el lugar que interpretaba las necesidades de los individuos y el descredito del régimen democrático liberal. Para Bauman y Bardoni, los Estados han quedado limitados a vigilar la ley y el orden capitalista, lo que abre las puertas a una crisis que no sabemos si es definitiva o pasajera.

Cabe anotar que la globalización y su incidencia en el derecho impactan duramente la presencia y existencia de los Estados nacionales, lo que afecta de forma distinta la soberanía y la autonomía de dichos territorios según el grado de desarrollo e influencia internacional. Según Marcos Kaplan (1997), los Estados de los países subdesarrollados o periféricos —entre los que ubicamos a los latinoamericanos—, al mismo tiempo que entran en crisis, sufren un proceso de declinación y desmantelamiento de su institucionalidad, que para muchos teóricos es el preludio de un papel secundario en la regulación de políticas económicas que les eran legítimas, y para otros, solo es el inicio de su fin. Es de esta manera, en algunos países latinoamericanos, desde la década del noventa, se ha desmantelado al Estado, con ello se ha afectado duramente su soberanía y autodeterminación y se han deteriorado las bases de la formulación de proyectos nacionales.

Entonces, es claro cómo la autonomía, soberanía y autodeterminación de los Estados territoriales —con mayor profundidad en los países periféricos y semiperiféricos, con soberanías débiles— se afectan por las políticas económicas unilaterales o multilaterales gobernadas por las grandes potencias y los intereses económicos de las corporaciones transnacionales, los cuales están mediados en el sistema económico global por los organismos multilaterales (BM, FMI, y la OMC). Lo anterior afectó de forma profunda la gobernabilidad global —instauración de la ONU como organismo supranacional que tendrá como finalidad resolver los conflictos entre los Estados territoriales— y la nacional, impulsando teorías que pretenden reemplazar la esfera de lo político por nociones como gobernanza, para ubicar al Estado en un papel subsidiario de instancia coordinadora entre otros muchos actores globales.

LA CONSTITUCIÓN DEL 91: EL ENSAMBLE DEL PAÍS A LA GLOBALIZACIÓN

La constitución de 1991 ha generado una infinidad de tensiones, debates y perspectivas de análisis. Están aquellos que la ven como la más progresiva de la región latinoamericana, al instaurar derechos sociales y culturales; los que consideran que estructuró el modelo económico neoliberal o, finalmente, quienes sostienen que impulsó derechos multiculturales para minorías, colectividades y movimientos subalternos, lo que atenta contra la moral católica y conservadora de la sociedad.

Según Mauricio García (2011), la promulgación de la constitución de 1991 ha suscitado varios debates entre las diferentes tendencias políticas y económicas del país. Por un lado, están los evocan la época en donde los jueces no intervenían en temas políticos y económicos, y los derechos se aplicaban según lo establecido en la ley —no existía la Corte Constitucional y la acción de tutela—. En esta tendencia se ubican economistas, de tendencia ortodoxa, que ven con cierta resistencia cómo las decisiones de los jueces inciden en el manejo del presupuesto de la política fiscal, al garantizar derechos fundamentales como los sociales. Por otro lado, están algunos sectores fundamentalistas —católicos— en contra de una constitución que reconoce la igualdad cultural, de género y credos. Finalmente, están aquellos que ven cómo, después de la Constitución, no se ha logrado la paz con inclusión y justicia social, además de sostener que en su articulado se estructuró el modelo económico neoliberal vigente, el cual creó una sociedad desigual y excluyente, además de legitimar los intereses económicos de las grandes empresas transnacionales y nacionales sobre activos públicos del Estado.

A partir de los años ochenta y noventa del siglo pasado un gran número de tribunales constitucionales de países periféricos y semiperiféricos adoptaron el modelo norteamericano como una estrategia de las elites locales de solucionar contradicciones y conflictos sociales a través de la mediación jurídica. Estos se presentaron por el desmonte del Estado de bienestar y la estructuración del Estado neoliberal, el cual busca ensamblar las economías nacionales a los mercados globales: implementación de las aperturas económicas desde los noventa.

En el contexto del surgimiento y consolidación del neoliberalismo, cuyo origen jurídico se encuentra en el pensamiento jurídico clásico (PJC), apoyado por la derecha neoconservadora de los Estados Unidos y la Europa occidental, se desmantelaron los regímenes sociales herederos de la segunda globalización del derecho. En Latinoamérica, la política económica cepalina de industrialización por sustitución de importaciones (ISI), la cual giraba sobre dos ejes principales: el proteccionismo económico y el desarrollo de una industria nacional propia.

Serán los tribuales constitucionales los que mediarán ente las presiones de una economía neoliberalizada, así como las resistencias sociales ante su imposición. En algunos casos, estos tribunales declaran inconstitucionales medidas sociales por parte de los Estados o, en otros casos, suavizan el contraataque neoliberal, que por las características del mercado afectan los derechos económicos, sociales y culturales (DESC): los discursos constitucionales del neoformalismo contemporáneo del derecho público permiten que las elites locales ejerzan esta mediación (Kennedy, 2015).

En la mayoría de los casos, los jueces constitucionales hacen valer los derechos derivados del Consenso de Washington y, en otros, los reclamos de la población por sus derechos sociales. Las cortes constitucionales, empoderadas con el método de la proporcionalidad, están por encima de las tensiones producidas por el neoliberalismo y la conciencia social de izquierda, lo que ubica el conflicto en la experticia jurídica, bajo un control local suprapolítico, donde las elites defensoras son aquellas que se mueven hacia una posición social cosmopolita y de mercados globales, por tanto, son defensoras del Consenso de Washington (Kennedy, 2015).

En tal contexto, el Estado colombiano no es ajeno a estos cambios. Desde la década de los ochenta, específicamente a partir de la crisis de la deuda de 1982, las instituciones de la economía mundial con sede en Washington —BM, FM, el Tesoro Norteamericano e inclusive el Banco Interamericano de Desarrollo— usaron su poder como un dispositivo sobre el saneamiento financiero de los países endeudados para obtener nuevos créditos. Así, los obligaron a adoptar el Consenso de Washington, el cual incluye la descongestión tributaria de los ingresos altos, el desmonte de las barreras proteccionistas, la liberalización de los mercados financieros, la venta de las empresas públicas a empresas privadas nacionales e internacionales, la disminución de los gastos sociales, reformas fiscales y laborales, entre otros aspectos.

En otras palabras, para responder a los empréstitos provenientes de la banca multilateral, los Estados nacionales de Latinoamérica concertaron y se subordinaron a las recetas y obligaciones adquiridas con estos organismos, al ser los representantes del capital transnacional. Para responder a los cambios económicos y políticos que presionaban los organismos multilaterales, a partir del Consenso de Washington, los Estados latinoamericanos se reconfiguraron y adaptaron al modelo económico impulsado por la globalización. Específicamente en Colombia, este proceso se consolidó con la promulgación de la constitución de 1991, donde se estructura el proceso aperturista y la economía de mercado que se estaban llevando a cabo con las políticas de ajuste estructural (PAE), impulsadas por el gobierno de César Gaviria, a partir de 1990.

Como lo sostiene Jairo Estrada (2006), la consolidación del modelo económico neoliberal se produjo a través de un régimen jurídico-económico impulsado desde los países del primer mundo, organismos multilaterales y la presión de las empresas transnacionales. Por ende, con la Constitución de 1991, el Estado colombiano institucionalizó legalmente la imposición del nuevo modelo económico centrado en el mercado. En la nueva carta constitucional se crean las condiciones necesarias para que los capitales provenientes del extranjero accedieran al mercado nacional, al desmontarse paulatinamente el proteccionismo económico, reorganizar los mercados de capitales, crear la autonomía constitucional del Banco de la República, privilegiar los derechos económicos — mercado— sobre los sociales y culturales, impulsar la descentralización política y administrativa y, finalmente, impulsar decididamente la venta y privatización de empresas estatales y servicios públicos.

Lo anterior evidencia una política de Estado desde finales de los ochenta del siglo pasado, con las primeras reformas planeadas por Virgilio Barco, de shock por César Gaviria, implementadas por Ernesto Samper y Andrés Pastrana, y estructuradas por Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Todos los procesos de introducción y estructuración del modelo económico neoliberal tendieron a reconfigurar la actividad del Estado, al minimizar su papel en la regulación de la economía y su intervención en lo social (Londoño, 2009).

La Constitución de 1991 incluyó tesis liberales, conservadoras y socialdemócratas, lo que era expresión de la Revolución en Marcha de César Gaviria y la consolidación del Estado social de derecho en los nuevos procesos constitucionales de la región latinoamericana (Kalmanovitz, 2002). Así mismo, la carta constitucional logro avances significativos en aspectos ambientales, étnicos y territoriales, en los cuales lo primordial era proteger las riquezas culturales y naturales de la nación a partir de la preeminencia del interés general sobre el particular, la función social de la propiedad, el derecho a un ambiente sano, entre otros aspectos (Fierro, 2012).

La tensión que surge en la Constitución de 1991 entre el modelo neoliberal de mercado y los derechos, económicos, sociales y culturales (DESC) se resuelve en el Gobierno de Álvaro Uribe, bajo el supuesto de que en la organización social y la política se encuentra el sustento de una de sus políticas: la seguridad democrática. Allí está la base para la implementación del modelo económico, ya que la preocupación central de su administración es garantizar la protección de los derechos de propiedad de las transnacionales y de los grupos económicos del país (Estrada, 2006).

Libardo Sarmiento (1995) establece que la introducción del modelo económico neoliberal en 1990 no cumplía con las promesas establecidas constitucionalmente en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ya que el proceso de ajuste y reestructuración económica influida por la ortodoxia liberal se fundamentaba en tres principios: 1) reducir el papel del Estado en favor de una economía de mercado; 2) mantener una política macroeconómica estable, bajo los supuestos de controlar la inflación, la disciplina fiscal y el equilibrio externo; 3) impulsar la apertura económica y facilitar los flujos e inversiones de capital hacia el país. Por tanto, el modelo económico aperturista entra en tensión con una política ambiental y de preservación, donde la naturaleza es mercantilizada por un modelo cuya finalidad es privatizar y garantizar derechos de los particulares bajo la lógica del reinado de los principios del mercado, al despreciar derechos colectivos relacionados con principios de equidad y justicia (Palacio, 2003).

En las últimas décadas de la historia del país, el modelo aperturista y de mercado se ha profundizado y estructurado, ya que los acuerdos multilaterales acordados en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la firma de tratados de libre comercio, firmados en la administración de Uribe y Santos, son convenios de propiedad que buscan despojar de derechos sociales a la población rural. Los efectos de este modelo económico son la reprimarización de la economía, lo que ha ocasionado el desplazamiento forzado, el despojo de la tierra, la implementación de megaproyectos agroindustriales —soya, palma de cera y caña de azúcar—, la perdida de la biodiversidad y su privatización, la implementación de proyectos extractivitas —de minerales e hidrocarburos—.

Según Luis Pardo (2013), el modelo económico que brindó las bases a la política aperturista y extractiva fue delineado por el Consenso de Washington, que posteriormente fue codificado como una política de liberación económica promovida por organismos multilaterales —BM y FMI— como una estrategia para el impulso de las reformas económicas estructurales de países en desarrollo, donde las reformas que se implementaron estaban enfocadas en “la liberación del comercio internacional, la eliminación de las barreras a la inversión extranjera, la política de privatización y ventas de empresas públicas, la desregulación de los mercados y la protección de la propiedad privada” (p. 184), las cuales se extenderán paulatinamente a los sectores agrícolas, mineros y ambientales. Para Pardo, la estrategia del BM era clara en cuanto a crear las condiciones para la inversión extranjera en el país, lo que produjo reformas a los regímenes de inversión extranjera y estatutos tributarios, que fueron adelantadas por préstamos y asistencia técnica de los organismos multilaterales cuyo fin era dar un mayor impulso a las economías de enclave.

De este modo, la vinculación de lo local —territorio— a los intereses económicos globales se estructura a partir de la promulgación de la Constitución de 1991, pues se reconfigura el Estado y pasa del Welfare State al neoliberal o de mercado. Es importante mencionar que lo único que le garantiza seguridad a la inversión extranjera en el país es el aval del funcionamiento efectivo y eficaz del imperio de la ley —así no sea absolutamente soberano en la acepción tradicional—, ya que la observancia de las nuevas condiciones jurídicas y su adaptación de las leyes internacionales es una condición para sobrevivir en unas sociedades globales diferenciadas y cada vez más complejizadas (Reyes, 2017). En este aspecto, la función del Estado sigue siendo interiorizar e intermediar la lógica de competencia capitalista internacional y, como está sucediendo con el país desde 1990, asegurar el cumplimiento, en el terreno local, de los compromisos adquiridos con el nuevo orden mundial transnacional (Garay y Sarmiento, 1999).

Se advierte que esta americanización de la Constitución solo ha posibilitado una infinidad de reformas en el orden jurídico colombiano, que van en detrimento del bienestar de la población: reformas al régimen de seguridad en salud y pensiones, el sistema de vivienda de interés social, las nuevas regulaciones del derecho laboral y la educación que se profundizan y articulan en dirección de las relaciones mercantiles. Lo anterior evidencia que las relaciones económicas y sociales propias del capitalismo en su fase neoliberal están vigentes. Además, las reformas que se han introducido en la Constitución Nacional, así como las posteriores, reflejan el llamado a prestar los servicios básicos domiciliarios y la producción de artículos de consumo, y allí el Estado deberá orientar y coordinar el papel de los privados (Moncayo, 2004). Víctor Moncayo (2004) advierte:

La Constitución de 1991 ha garantizado la participación del sector privado, la consagración expresa de la internacionalización de la económica, que es la frase que resume la readecuación nacional que está en curso; la mayor flexibilidad para la organización de la estructura administrativa en todos los ámbitos; la trasformación de la rama jurisdiccional; la reordenación de las competencias del órgano legislativo con la ampliación del campo de las leyes orgánicas o estatutarias, para trazar grandes directrices, igualmente flexibles, a la acción ejecutiva; la redefinición de las funciones de las entidades territoriales para completar y perfeccionar las tareas de la particular forma de descentralización que se vienen impulsando en los últimos años, así como la redefinición de sus fuentes fiscales, para poder impulsar la abolición de la dependencia presupuestal de la administración central […] la modernización del régimen de manejo monetario, de planeación y de hacienda pública; la instauración de la responsabilidad estatal en materia de derechos económicos sociales y culturales, dejados a la satisfacción en términos mercantiles. (p. 256)

La Constitución de 1991 se considera toda una redefinición y reconfiguración del funcionamiento estatal colombiano, que será puesta al servicio del mercado y los intereses privados transnacionales y nacionales. En este sentido, es evidente el nuevo ordenamiento social para legitimar, coordinar y aplicar el uso de la fuerza policial y militar con el fin de conservar el orden público interno y preservar una seguridad territorial y la estructura jurisdiccional que vele por los principios rectores y las reglas de juego sobre las conductas y convivencias de la ciudadanía. De esta manera se garantizará el buen funcionamiento del mercado, a través del discurso de la gobernabilidad, la institucionalidad y las reglas claras de juego —seguridad jurídica— para el inversionista privado nacional o internacional (Garay y Sarmiento, 1999). Así, la falta de equidad, la redistribución de la riqueza y la inclusión social se trasformaron en la lucha contra la corrupción, la transparencia administrativa, la vigencia plena de la institucionalidad y el imperio de la constitucionalidad y la ley (Palacios, 2010).

Este discurso neoliberal en el ámbito político es la actualización del liberalismo posesivo del siglo XVII y XVIII de origen angloamericano, que busca garantizar institucionalmente una democracia donde el “individuo es visto esencialmente como propietario de su propia persona o de sus capacidades sin que deba nada a la sociedad por ellas” (Macpherson, 2005, p. 15). En otras palabras, el individualismo posesivo concibe todos los aspectos o atributos del sujeto como propiedades de las que él es dueño, en donde se ha reducido toda subjetividad y objetividad a la esfera económica y, por tanto, puede ser privatizada y mercantilizada. Así mismo, el concepto de lo privado permite lanzar al mismo baúl todas nuestras posesiones, tanto las subjetivas como los materiales, por ende, uno de los pilares de los dispositivos neoliberales es la privatización que, al no ser adoptada por los propios Estados, se dicta por iniciativa de los organismos económicos supranacionales, como el FMI o el BM (Hardt y Negri, 2006). Efectivamente, este liberalismo necesita fundamentarse en un discurso político actualizado, el cual es el funcionamiento pleno de la institucionalidad, la gobernabilidad y el mercado.

Se establece que el modelo neoliberal estructurado en la Constitución de 1991 tiene como finalidad hacer deseable la internacionalización del capital, así como impulsar la liberalización de los mercados nacionales, la privatización de los activos estatales y la descentralización política administrativa del territorio. En tal sentido, los anteriores procesos, desde una perspectiva macroeconómica, buscaban: 1) establecer una estrategia de inserción en el mercado mundial basada en las exportaciones y liberalización de los mercados nacionales, 2) incentivar la inversión extranjera en las economías nacionales, 3) apoyar la iniciativa privada, 4) reducir la intervención estatal en la economía y 5) conseguir disciplina fiscal al reducir los gastos del Estado. Este proceso reformista se escenificará en Colombia de forma gradual en la década de los ochenta del siglo XX. Pero es a partir del Gobierno de César Gaviria que se impulsa la apertura al modelo neoliberal, con políticas económicas de shock (Garay, 2013; Estrada, 2004; Machado, 2013).

GLOBALIZACIÓN, DERECHO Y TERRITORIO EN COLOMBIA

En el capitalismo neoliberal, su fase global, se reconocen dos formas de explotación y pillaje que funcionan mediante la desposesión, que transforma en propiedad privada la riqueza pública y la poseída socialmente en común. Con la primera, se privatiza de forma masiva las industrias y empresas públicas, las estructuras públicas de seguridad social y las redes públicas de transporte, entre otros escenarios. La segunda se produce en las regiones subordinadas semiperiféricas y periféricas —específicamente donde hay estructuras estatales débiles—, allí el neoliberalismo expropia la riqueza del común a través de recursos naturales. Según Hardt y Negri (2011), la segunda forma de explotación se produce en zonas desbastadas por la guerra o conflictos armados internos, donde compañías mineras de capital extranjero extraen riqueza, lo que recuerda los regímenes coloniales del pasado: estamos ante una acumulación primitiva, que coexiste con la producción capitalista transnacional, donde se expropia la riqueza del común.

En este escrito nos interesa profundizar en la segunda modalidad: la expropiación de la riqueza del común en forma de recursos naturales. David Harvey (2004) la define esta nueva forma de acumulación de capital, agenciada globalmente, como acumulación por desposesión, que implica apropiarse de la riqueza existente que le pertenece los pobres o al sector público. Está expropiación se hace por medios legales e ilegales. Aunque no son claros los límites de la legalidad y la ilegalidad, sí es evidente que estas nuevas oligarquías globales acumulan riqueza despojando a los demás.

Esta expropiación se ve apoyada por violencias extraeconómicas, donde las políticas neoliberales son puestas en marcha a partir de algún tipo de conmoción política o económica: golpes de Estado, invasiones militares, desastres ecológicos, dictaduras cívico-militares, recesiones económicas y autoritarismo disfrazados de democracia. Estas crisis internas son generadas por un nuevo poder emergente en red que, según Hardt y Negri (2011), exige la colaboración de los Estados-nación dominantes, las grandes corporaciones, las instituciones económicas y políticas supranacionales, diferentes ONG, conglomerados mediáticos y una serie de distintos poderes que caracterizan la gobernanza global.

En esta perspectiva, Reyes y León (2012) han evidenciado que el modelo de acumulación neoliberal, implementado para ligar el país a la globalización desde la década de los noventa, se caracteriza por implantar una economía de enclave, con la reprimarización de la economía en sectores estratégicos para la economía del país y de los intereses de las corporaciones transnacionales, como son la gran minera, los megaproyectos agroindustriales y los mercados verdes. Para la puesta en marcha de este nuevo modelo de acumulación de capital, se hace necesario redefinir el espacio, reorganizar el territorio en relación con los recursos naturales, estudiar la población y ejercer del poder a través de la vigilancia apoyada con las nuevas tecnologías y el acceso abierto, todo esto sin restricción alguna respecto a los recursos naturales. Lo anterior ha generado efectos perversos en los territorios y sus comunidades, a las cuales se les viola sistemáticamente sus derechos fundamentales, consagrados en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca), que hacen parte del articulado de la Constitución de 1991.

Efectivamente, durante las últimas tres décadas se ha vivido en el país —con mayor ímpetu por las administraciones de Uribe y Santos— un ensamblaje jurídico e institucional ligado a los intereses del gran capital en el territorio colombiano. Se ha impuesto la lógica de la acumulación de capital por desposesión, pues se legalizó —específicamente en el Gobierno Santos— el despojo de tierras obtenidas ilegalmente, se crearon las condiciones para la monopolización comercial mediante la firma de TLC, el modelo extractivista minero-energético se extendió a zonas de comunidades de asentamiento y de reservas ambientales — paramos, reservas forestales e inclusive selvas vírgenes— y, finalmente, se integró la economía colombiana a la lógica especulativa del sistema financiero: la bancarización.

La globalización y la legislación minera en Colombia

La extracción de recursos naturales no renovables se ha convertido, en las últimas décadas, en la base de la política económica de Colombia, ante el fracaso el modelo cepalino de industrialización por sustitución de importaciones (ISI), cuyos antecedentes de implementación en la historia del país se dan en el periodo que va de 1931-1951 con la expansión de la economía del café y la creación de centros urbanos con capacidad de compra para el mercado de la naciente industria del país. Sin embargo, el periodo de 1951 a 1970 se considera como el auge del proceso de sustitución de importaciones, el cual termina en el año de 1990 con la apertura económica, cuando se pensaba que esta le iba a crear una enorme dinámica al sector industrial ante el aumento del consumo de los hogares. Empero, el efecto fue el contrario porque la debacle del sector manufacturero se produjo a finales del siglo pasado —específicamente en el año de 1997—, donde las tasas de crecimiento eran negativas (Misas, 2001).

Con el anterior panorama económico, los últimos Gobiernos del siglo XX y XXI optaron por impulsar una nueva política económica para generar ingresos, dejando de lado al café —este reglón exportador de la economía entró en crisis a finales de los ochenta— e impulsando productos del sector minero como el carbón, el ferroníquel y el oro, que se unen al petróleo, que tiene una larga trayectoria exportadora en Colombia. El nuevo modelo extractivo exportador —minero energético— se caracteriza por el determinante de tamaño y comportamiento del mercado, dado que son productos básicos o commodities, de modo que los precios son determinados por variaciones en el mercado e influidos por los compradores. Los buenos precios generan periodos de bonanza que, en algún momento de los ciclos económicos, exponen a los países que dependen de este sector a la enfermedad holandesa (Bonilla, 2001).

Por lo anterior, para Julio Fierro (2012) el país se estaba perfilando como productor de materias primas y receptor de contaminantes y de pasivos ambientales. El cambio de la política económica se produjo con la expedición de normas mineras impulsadas con el Código Minero del 2001 en el Gobierno de Andrés Pastrana, que establece la política para atraer capitales transnacionales. Sin embargo, fue durante los dos Gobiernos de Álvaro Uribe cuando se aumentaron los títulos mineros en el territorio colombiano de forma exponencial. En la administración Juan Manuel Santos la política económica extractiva fue un eje de su Plan de Desarrollo, al pretender que la locomotora minero-energética se convirtiera en la base del crecimiento del país, tanto para generar empleo como para disminuir la pobreza, lo que no tiene ningún sustento histórico o técnico ante la experiencia de minería de gran escala, como es el caso del Cerrejón en la Guajira. Esto se evidencia en la figura 1.

FIGURA 1. Títulos mineros en Colombia, 1990-2010

Fuente: Sistema de información OTE; Catastro Minero a julio 26 de 2011; Insuasty Rodríguez, Grisales y Gutiérrez León (2013).

En la misma línea de la argumentación, al hacer un recuento sobre la normatividad que regula la actividad minera, observamos que el primer Código Minero se expidió en el año de 1988 con el Decreto 2655, que establecía los recursos mineros como patrimonio de la nación, además, reglamentaba la constitución de empresas mineras de capital público. Igualmente, en este código se regula el acceso a los recursos mineros por parte de particulares a través de diferentes tipos de título: contrato de concesión, licencias de exploración y registros mineros de canteras. En el Código Minero era claro que para ser titular minero se debía tener capacidad económica, pero la forma de hacerlo nunca fue reglamentada. Así mismo, en el Código Minero de 1988 la industria minera se declara utilidad pública e interés social en sus ramas de prospección, exploración, explotación, beneficio, transporte, transformación y comercialización (Fierro, 2012). Para Fierro, esta normatividad genera consecuencias “sociales y ambientales por la posibilidad de decretar expropiaciones de bienes y cambiar el carácter de reserva forestal mediante el proceso de sustracción” (p. 181).

Como hemos anotado anteriormente, en el articulado de la Constitución de 1991 existe una tensión constante entre una economía abierta y el carácter ecológico, social y multicultural. Después de que se publicó la constitución se impulsaron normas en consonancia con los principios del Club de Roma (1968), los Límites del Crecimiento (1972) y la Conferencia de Estocolmo (1972); por tal motivo, la Ley 99 de 1993 reafirma el articulado del Código de Recursos Naturales (1974), inspirado en las anteriores conferencias, pero introduce el concepto de desarrollo sostenible que será visto como una trampa para producir cambios de fondo, ya que se podrá extraer recursos de manera tal que la tasa de extracción no supere la de la regeneración. Según Fierro:

[…] esta definición es imposible para la extracción de recursos naturales no renovables (minerales, carbón, petróleo y gas), pero de manera absolutamente forzada y sesgada se estableció que, para este tipo de bienes, la sostenibilidad era un trípode sostenido en aspectos económicos, sociales y ambientales, lo cual fue avalado por Naciones Unidas a comienzos de la década de 2000. (p. 183)

Las nuevas corrientes de globalización de las economías y el perfilamiento de las economías de América Latina, siguiendo el Consenso de Washington, marcaron el periodo que antecedió la aprobación de la Ley 685 de 2001 o Código de Minas (Pardo, 2013). Esta fue la nueva ley sobre minas impulsada en el Gobierno de Samper, con participación activa de instituciones canadienses que se establecieron los mecanismos para implementar una política económica de desarrollo centrada en el sector extractivo. El nuevo Código de Minas se convirtió en el principal generador de conflictos sociales alrededor de la minería, al poner en riesgo los territorios de las comunidades rurales, el agua, los ecosistemas y las leyes existentes. Igualmente, dicha ley acabó las empresas de carácter público o de capital mixto y le dejó al Estado la tarea de promover y fiscalizar la actividad minera. Para Fierro (2012), el nuevo Código de Minas tiene:

[…] un carácter privado del negocio no modifica la declaratoria de la industria minera en todas sus fases como utilidad pública e interés social y reafirma las disposiciones del Decreto 2655 de 1988, en el sentido de la posibilidad de expropiación para el desarrollo de la industria minera, lo cual asegura el conflicto por la posesión del terreno entre sus legítimos poseedores y los titulares mineros. (p. 185)

En el plan de desarrollo del Gobierno de Juan Manuel Santos se estableció la minería como unas de sus locomotoras, al denominar a Colombia como país minero. Se pretendía planear a largo plazo que la industria minera colombiana fuese una de las más importantes de la región latinoamericana, ampliando significativamente su participación en la economía del país. Para el 2009, la mayor cantidad de títulos mineros se habían otorgado a la extracción de oro y carbón, denotando la influencia del sector transnacional minero de Canadá en la promulgación del Código de Minas.

Entonces, a las empresas extractivistas de carbón en el país —BNP Bilinton, Xstrata, Angloamerican Prodeco, Drummond— se les suman las corporaciones mineras de capital canadiense y sudafricano, interesadas en los yacimientos de oro en el país, entre las que están: Anglogold Ashandi Colombia S. A., Minerales Andinos de Colombia, Gran Colombia Gold, Continental Gold de Colombia, Negocios Mineros S. A, entre otras. Las anteriores corporaciones se benefician de exenciones tributarias, acuerdos de estabilidad tributaria, subsidios a los combustibles, seguridad jurídica —reglas claras para la inversión— y la garantía de seguridad a la infraestructura extractiva prestada por las fuerzas de seguridad del Estado.

En el caso de la extracción del oro en Colombia, para que sea más rentable, requiere de una actividad minera a cielo abierto, con el propósito de generar retornos adicionales de volumen y especulación. Para ello, se necesita seguridad para la inversión, garantías tributarias y reglas jurídicas claras, de modo que los países proveedores acarrean con la mayor cantidad de los costos y riesgos de este tipo de actividad económica, mientras las compañas externas, inversionistas y agentes del mercado de capitales se benefician de la mayor cantidad de ganancias y utilidades. Por tanto, es necesario un marco legal integral y completo, que construya una verdadera política pública que atienda el interés nacional y el bienestar general e intergeneracional, ante la avalancha desbordante del auge minero-energético que se tomó al país en las últimas décadas (Suárez, 2012).

La globalización y los proyectos agroindustriales

En las tres últimas décadas en Colombia —no importa el Gobierno de turno—, no se ha cambiado el modelo económico centrado en el mercado, en el que la disciplina fiscal, la privatización de activos públicos y la apertura económica son las banderas para implementar el neoliberalismo en el país. En este contexto, en la última administración del expresidente Santos, el Gobierno nacional logró un acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc, lo que dio por terminado el conflicto armado con este grupo insurgente. Por tanto, el país entra en un escenario de posacuerdo en el cual los miembros de las Farc dejaron las armas, se reintegraron a la vida civil, crearon un partido político y entraron a disputar cargos de elección popular.

Para los expertos en el conflicto armado en Colombia, hay muchos factores de índole económico, político y social que generaron el alzamiento en armas de la Farc y otros grupos de izquierda y de derecha en la década de los sesenta. En este apartado nos introduciremos en el problema de la concentración de la tierra y, en consecuencia, la ausencia de una reforma agraria como una de las razones del origen y prolongación del conflicto armado en Colombia. Una de las características del país en materia de tenencia de la tierra, como lo manifiesta Fals Borda (1987) en los ochenta, es la consolidación de un Estado latifundista, que históricamente ha favorecido a determinadas familias prestantes —particulares— y compañías extranjeras. La política estatal sobre la propiedad rural ha sido una lucha constante contra una política de baldíos y tierras nacionales que no hace otra cosa que reflejar la naturaleza de clase del Estado señorial y terrateniente, heredado de la colonia.

Como lo muestran Jaime Jaramillo (1970) y German Colmeneras (1989), la disputa por la tierra ha estado presente desde la llegada de los españoles a tierras americanas en el siglo xv. Desde la conquista, la colonia y la república en el siglo XIX, la tierra ha sido fuente de poder político, económico y reconocimiento social. Esta era utilizada como símbolo de poder y prestigio de las clases privilegiadas, pues desde este lugar reafirmaban su posición social de dominio y, por ende, controlaban los cargos de poder político en el Estado en los órdenes locales, regionales y nacionales.

La concentración de la tierra ocasionó exclusión y desigualdad en la sociedad colombiana. Términos como miteños, encomenderos, caudillos, hacendados, terratenientes y latifundistas eran la manifestación de una poderosa clase social que dominaba amplias superficies del país en las zonas de sabana, valles interandinos y montañas. Como lo sostiene José Honorio (2013), “el control de la tierra y su apropiación ha constituido históricamente una de las fuentes de poder político hasta nuestros días, en los cuales grandes terratenientes y sus testaferros controlan miles de hectáreas del territorio nacional” (p. 60). En estas zonas es palpable la precaria presencia de las instituciones estatales, lo que originó el control del territorio y sus pobladores por parte de particulares —legales e ilegales— que utilizan la fuerza para reprimir cualquier tipo de resistencia social organizada.

En el siglo XX la cuestión agraria apareció a partir de las secuelas que dejó la guerra civil de los Mil Días, con la exigencia de tierra por parte de indígenas, aparceros, colonos y arrendatarios, lo que propició la extensión del conflicto en regiones del centro, oriente y occidente del país. El Gobierno de López Pumarejo procuro encontrar una solución al problema de la propiedad de la tierra con la Ley 200 de 1936, que enfrentó la creciente movilización campesina por el derecho a tener tierra.

La Ley 200 declaraba la propiedad de la nación sobre la tierra sin cultivar o explotar. Además, en el artículo 6 establecía que la nación podía expropiar aquellos predios rurales en los cuales se dejará de ejercer posesión, que se relacionaba con el artículo 1 de la misma ley, en donde se fija la propiedad con base en la explotación económica de la tierra. A los diez años siguientes de la promulgación de la ley, se facilitó la titulación de tierra trabajada por parte de aparceros, colonos y arrendatarios; en este escenario la ley impedía el lanzamiento de los nuevos propietarios remitiéndose a la justicia de ocupación de tierra mayor a treinta días, lo que originó una reacción por parte de los terratenientes que expulsaron a los colonos o arrendatarios que pretendieron ser favorecidos con la promulgación de la ley (Gilhodes, 1989a).

Posterior a la publicación de la Ley 200 de 1936, se intentó una nueva reforma agraria en la administración de Alberto Lleras Camargo, con la Ley 135 de 1961 que, al igual que la anterior, intentaba contener los movimientos de campesinos colonos en las diferentes regiones del país. Con esta intentaba prevenir una concentración inequitativa de la propiedad, crear unidades de explotación adecuadas, dar mejores condiciones a los aparceros y arrendatarios, elevar el nivel de vida de los campesinos, fomentar el cultivo de tierras mal cultivadas y aumentar la productividad, entre otras (Gilhodes, 1989b). Los anteriores procesos reformistas de la tenencia de la tierra fueron clausurados en el Pacto de Chicoral, donde la iniciativa por parte de los grandes poseedores era detener los logros alcanzados por la Asociación de Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), quienes se apropiaban de la tierra y, posteriormente, presionaban para su legalización. En palabras de José Honorio (2013):

La respuesta gubernamental inmediata fue la represión y la criminalización del movimiento agrario y la división del mismo. Entre enero de 1970 y abril de 1981 fueron asesinados por agentes estatales y organizaciones privadas 501 campesinos e indignas, la invasión de la tierra se convirtió en un delito castigado con extremas penas de prisión y a organización fue dividida a expensas del gobierno, el cual suprimió los recursos financieros para su funcionamiento. (p. 63)

A finales de la década de los ochenta se excluyó del debate económico y político el concepto de reforma agraria para solucionar el problema de la tenencia de la tierra en el país. Esto se hace evidente en la Ley 30 de 1988, la cual establece el término de comercialización de la tierra, que advertía la imposición del nuevo modelo económico aperturista y de mercado en el país. A través del Instituto Colombiano de la reforma Agraria (Incora), el Estado tenía la función de comprar tierras a los grandes latifundistas para tratar de implementar un programa de redistribución de la tierra en pequeños propietarios dentro de la frontera agrícola, bajo la modalidad de precios comerciales con altas tasas de interés (Tobón, 1990).

A partir de la imposición del nuevo modelo económico en 1990 y la promulgación del nuevo orden constitucional en el año de 1991, según Jairo Estrada (2004) se configura una “constitución política del mercado”, pues el ámbito económico quedó lo suficientemente amplio como para permitir el desarrollo posterior del modelo económico neoliberal, caracterizado por la desregularización económica, la disciplina fiscal, la creación de nuevos mercados, la apertura económica al capital transnacional y la privatización de los activos estatales (Estrada, 2004).

En la década de los noventa del siglo XX, los distintos Gobiernos impulsaron las políticas neoliberales en la economía nacional y, de esta manera, crearon las condiciones de la apertura económica. Se implementaron varios procesos en relación con el sector rural que, según Absalón Machado (2013) fueron, en primer lugar, el desmantelamiento y privatización de la institucionalidad para el sector agrario; instituciones como el Idema, el Inderena, el Himat, el INPA, el ICA, la Caja Agraria, entre otras, desaparecieron y fueron reformadas en instituciones orientadas a implementar la política de mercado en el sector rural, como la Bolsa Nacional Agropecuaria, Finagro, la Corporación Colombiana Internacional y el Banco Agrario de Colombia. En segundo término, la tierra ingresó en un acentuado proceso de mercantilización especulativa reglado por la figura del mercado de tierras. En tercer lugar, las importaciones alimentarias se acrecentaron y el mercado interno de alimentos y semillas fue tomado por las trasnacionales.

Con la Ley 160 de 1994 se concibe una política de desregulación económica y la creación de los nuevos mercados, con lo cual se introdujo el mercado de tierras como una forma de abordar el problema de la distribución de la propiedad rural en el país. En esta ley se plantea otorgar subsidios para la compra de tierras para los pequeños propietarios y, de esta manera, garantizar el acceso a la tierra por parte de la población históricamente excluida de este derecho. Sin embargo, la negociación voluntaria que se produjo entre campesinado y el propietario, en la práctica, ayudó a fraccionar la mediana propiedad y a sobrevalorar la propiedad rural sin tener en cuenta sus capacidades productivas (Machado, 2009).

Con esta ley se obstaculiza cualquier política redistributiva de la propiedad dirigida por el Estado. Paralelamente, en la década del noventa el conflicto armado en Colombia se profundiza y extiende en todo el territorio nacional —inclusive afectando las zonas urbanas—, razón por la cual los índices de la concentración de la tierra se disparan mediante mecanismos como la violencia, el desplazamiento y las masacres, cuyo fin era despojar al campesinado y las comunidades indígenas y negritudes de sus propiedades. Así, fue palpable la alianza entre terratenientes, narcotraficantes y paramilitares para tal fin.

Entonces, para Absalón Machado (2006), la Ley 160 de 1994 operó bajo el supuesto de ser un dinamizador del mercado de tierras en el país que buscaba ampliar el acceso a la propiedad por parte del campesinado, pero terminó por contribuir a la sobrevaloración y concentración de la tierra, que se produjo por el lavado de activos llevado a cabo por los nuevos propietarios, que en su mayoría eran narcotraficantes o tenían alguna relación con este negocio ilegal. Según Machado, la ley permitió la configuración del modelo neoliberal sobre el mercado de tierras, que no pretendía afectar la concentración de la tierra y las desigualdades sociales, pero terminó teniendo el efecto contrario por un elemento con el que no contaba la política estatal: el conflicto armado.

Por tanto, para Machado (2003), el neoliberalismo concibe al agro desde una visión productiva de los mercados, en la que el Estado debe abstenerse de subsidiar o mantener a la población campesina. Así mismo, la preocupación del Estado y los diferentes Gobiernos es aumentar la competitividad del sector agrícola, reducir la intervención del Estado en los mercados agrícolas, promover la iniciativa privada en actividades productivas en el campo y reorientar la inversión estatal en bienes de beneficio general. Las leyes, los planes de desarrollo y las políticas económicas impulsadas por el Departamento Nacional de Planeación desde la apertura económica en los noventa han respondido a un pensamiento tecnócrata sobre el agro, además, son delineadas por organismos internacionales como la FAO y la OMC.

Para dar una idea de la dimensión de la concentración de la tierra como consecuencia de una política agraria contrarreformista impulsada desde los años ochenta del siglo XX y de la imposición del modelo agroexportador en los noventa, podemos observar información del Catastro Nacional (IGAC y Corpoica, 2002) que establece lo siguiente:

[…] el 0,4 de los propietarios (15 273), poseen el 61,2 % del área predial rural registrada en Colombia, equivalente a 47 147 680 hectáreas (ha) —que en su totalidad corresponden a predios mayores de 500 ha—, mientras que el 24,2 % del área predial rural nacional (18 646 473 ha) se encuentra en manos del 97 % de los propietarios registrados, dentro de los cuales son predominantes aquellos con predios menores de 3 ha (57 %). Los demás poseedores de propiedad rural (2,6 %) poseen el 24,6 % restante de la superficie registrada en catastro. (p. 26)

Según Fajardo (2014), el Estado colombiano desde los noventa del siglo pasado optó por un desarrollo rural que favoreció el modelo económico neoliberal, implementado en el país a partir de la década de los ochenta, sin afectar la estructura de concentración de la propiedad y como alternativa a la reforma agraria que reclamaban sectores académicos y sociales. Este proceso reformista por parte del Estado, establecido en la ley, buscaba la modernización y mercantilización de la propiedad, lo que implica garantizar prácticas de intensificación tecnológica, contempladas en la lógica de la revolución verde, encaminadas a limitar al campesino a su pequeña propiedad sin interferir en las lógicas latifundistas, lo que favorece al monopolio transnacional y convierte a dichas herramientas tecnológicas en la única forma de producción posible para ingresar a los mercados internacionales. Para Luis Jorge Garay (2013):

[…] el proceso actual de titularización de bienes agrícolas y recursos naturales en los mercados mundiales de capitales, la adquisición masiva de tierras, el licenciamiento extensivo del subsuelo para la explotación de recursos naturales no renovables, la implantación de modalidades para la mercantilización del uso de la tierra como el Derecho Real de Superficie (DRS) y la apertura a la inversión extranjera, y acaparamiento del uso del suelo y del subsuelo y/o de la propiedad de tierras en países en desarrollo, por parte de capitales extranjeros y nacionales poderosos, productivos y financieros, es uno de los rasgos distintivos de la etapa contemporánea de la globalización capitalista. (pp. 15-16)

En el proceso de paz entre las Farc y el Gobierno nacional, y la ulterior firma del acuerdo, uno de los ejes transversales para solucionar el problema de la tierra era la creación de un fondo de tierras para posteriormente implementar la Reforma Rural Integral (RRI) en aquellos territorios recuperados a favor de la nación (Planeta Paz, 2012). Paralelamente a la firma del acuerdo, el Gobierno nacional impulsó en el Congreso de la Republica la Ley 1776 de 2016 o Ley Zidres. Esta busca introducir una herramienta que facilita la mercantilización de la tierra, ya que crea los medios jurídicos para privatizar activos públicos por medio de la adjudicación de territorios baldíos para la explotación productiva por parte de empresarios nacionales e internacionales.

Entonces, el Gobierno nacional en su momento dio unas directrices contrarias a la agenda establecida en los diálogos de paz de La Habana y, aún más, a las agendas llevadas a la mesa por los movimientos socioterritoriales. En el tema agrario y territorial, el Gobierno ha objetado leyes orientadas a distribuir baldíos a familias pobres, lo que se había establecido en la Ley 46 de 2011, además de promover la citada Ley Zidres que ha promovido la concentración de la tierra, ante el argumento de la supuesta incapacidad de los pobres —comunidades campesinas— para producir. Por ende, en la Ley Zidres se hace evidente el problema sobre los bienes comunes de la nación, pues en el parágrafo del artículo 14 se especifica que “para la explotación de los bienes inmuebles de la nación se podrá hacer uso de las alianzas públicos privadas, para el desarrollo de la infraestructura pública y sus servicios asociados, en beneficio de la respectiva zona” (Congreso de la Republica, Ley 1776 de 2016).

Como se estableció en la Ley 1776 de 2016 y el Decreto 1273 de 2016, así como en las implicaciones de la Sentencia C-077 de 2017, la zonificación de áreas potenciales para la implementación de las Zidres será conformada por predios identificados previamente por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), lo que se puntualizó en el documento Zonificación de áreas potenciales para el proceso de identificación de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social Zidres (UPRA, 2017). Por lo anterior, la aprobación de una Zidres requiere de un informe que integra como mínimo un plan de desarrollo rural integral y un plan de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural, los cuales son indispensables para la implementación de proyectos productivos que se enmarque en los mercados nacionales e internacionales (Decreto 1273, art. 2.18).

Con la formulación de la Ley Zidrez se ponen en duda los acuerdos logrados en la Habana, ya que esta va en contravía con el punto uno del acuerdo denominado “Hacia un nuevo campo colombiano. Reforma Rural Integral”, que busca democratizar la propiedad sobre la tierra, además de reducir la concentración su en el país. De esta manera, dicha ley es una muestra de que las elites del país siguen perpetuando la inequidad en el sector rural, además de crear las condiciones para acceder a la tierra por parte del capital extranjero. En el articulado de la Ley Zidres se crea una nueva categoría de derecho agrario: mercado de tierras, la cual reemplaza el término de reforma agraria. Allí también se especifican cuáles son aquellos territorios con capacidad agrícola, pecuaria, forestal y piscícola, para el desarrollo de proyectos productivos capaces de responder a los desafíos de la internacionalización de la economía y de garantizar la soberanía, autonomía y seguridad alimentaria del país (Conpes, 2018).

Las anteriores leyes y planes de desarrollo sobre el campo impulsados desde los noventa han desconocido las formas de producción campesina (FPC), ya que su proceso y discurso de modernización y, por ende, adaptación productiva a los mercados globales, pone en riesgo la soberanía y seguridad alimentaria familiar, local, regional y nacional. En este sentido, lo que se observa en las últimas décadas, es una mayor productividad de mercancías, la implementación de nuevas tecnologías y rotación de cultivos atendiendo a las demandas del mercado y la rentabilidad, además de la vinculación de trabajo asalariado. Este proceso de introducción de nuevos elementos internos y externos del mercado por parte de las FPC, posibilito su adaptación y evolución hacia nuevas estrategias de producción e interacción con los mercados abiertos, la tecnología, la administración, los recursos naturales y su entorno ecológico, lo que les ha permitido integrarse a los mercados nacionales y globales (Vélez, 2015).

La globalización y el extractivismo verde

A finales del siglo XX e inicios del XXI se ha producido toda una ofensiva jurídica contra lo público, como fueron y son los casos relacionados con la privatización de empresas públicas del Estado, que anteriormente prestaban servicios públicos —subsidios— a la población y, paulatinamente, se han transferido al sector privado. La privatización como elemento central de la ideología neoliberal se ha ampliado a otros dominios de la vida que anteriormente se consideraban propiedad del común, a través de patentes, derechos de autor y otros instrumentos legales (Hardt y Negri, 2006).

Para Hardt y Negri (2006) la privatización implica expandir la propiedad a los recursos comunes de la vida que se privatizan, como los conocimientos tradicionales, las semillas e incluso el material genético. Así, asistimos a un periodo de tiempo donde el paradigma económico dominante se ha desplazado de la producción de bienes materiales a la producción y explotación de la misma vida. De esta manera, los poderes económicos transnacionales quieren entrar a privatizar y mercantilizar el conocimiento, sometiéndolo a las leyes del beneficio privado. Para Hardt y Negri (2006):

[…] las semillas, los conocimientos tradicionales, el material genético e incluso las formas de vida se están privatizando mediante el sistema de patentes. Estamos ante una cuestión eminentemente económica, en primer lugar, porque se reparte beneficios y riqueza, y en segundo lugar, porque a menudo se restringe el libre uso y el intercambio, que son necesarios para el desarrollo y la innovación. Pero también es, obviamente, una cuestión política y una cuestión de justicia, porque la propiedad de esos conocimientos se mantiene sistemáticamente en los países ricos del hemisferio norte, con exclusión del sur global. (p. 326)

Las evidencias históricas nos han enseñado que una economía abierta y sin restricciones, solo favorece al capital transnacional. Bajo su liderazgo, el Estado se pone en contra de la nación, facilitando la reducción del poder adquisitivo de los asalariados, la reducción de la protección social, la privatización de los servicios públicos, el ablandamiento de las leyes ambientales, el remate de los bosques públicos, el acceso a los recursos naturales y el conocimiento humano e inclusive la privatización del genoma humano. Las empresas transnacionales consideran a los gobernantes y sus Estados como simples intermediarios encargados de vender sus países por segmentos.

En la década de los ochenta, los jefes de Estado de Inglaterra, Margaret Thatcher, y de los Estados Unidos, Ronald Reagan, dimitieron a las transnacionales globales y les instruyeron a los gobernantes de los países, lo que en la práctica significan los neologismos de la privatización y desregulación de los activos estatales. En la misma lógica, prescribieron la reducción de los gastos públicos, comenzando por los sectores fácilmente comprensibles como la salud, la educación, la cultura, la vivienda y el medio ambiente.

De esta manera, en Colombia en los últimos años se ha impulsado toda una ofensiva liderada por el Estado y Colciencias, con el apoyo de la académica y el derecho, para establecer mecanismos jurídicos que regulen esta nueva actividad privatizadora, desconocida en nuestro medio, ya que sus desarrollos están prácticamente monopolizados por los países del norte, los cuales utilizan su poder e influencia en organismo multilaterales como la OMC y el derecho que expide sobre el libre comercio o de patentes, regulado por los acuerdos de propiedad intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que rige para los países miembros desde 1995.

El derecho de patentes y los derechos de autor constituyen una realidad cotidiana en nuestras vidas, ya que los cultivos transgénicos, los fármacos génicos, el genoma humano o la biodiversidad de los países del sur son regulados y privatizados por parte de un derecho de origen internacional, que solo favorece a las grandes farmacéuticas transnacionales y sus países de origen. Los desarrollos de estos nuevos avances tecnológicos conllevan discursos y promesas de bienestar social, pero los beneficios son para unos pocos, pues los interrogantes que surgen son: ¿Los organismos modificados genéticamente son inofensivos para el medio ambiente? ¿Los medicamentos biotecnológicos serán de acceso para toda la población mundial? ¿Las grandes multinacionales de alimentos estarán consolidando un nuevo monopolio a nivel en el ámbito mundial? (Toro, 2007).

Los intereses de los pueblos indígenas y las comunidades locales no hacen parte de las prioridades de la política sobre biodiversidad de los últimos Gobiernos nacionales. Las decisiones de las administraciones de Uribe y Santos en materia de biodiversidad han tendido a marginar a los pueblos indígenas y a las comunidades locales. El Gobierno de Santos incluyó la biotecnología y la biodiversidad como una de las locomotoras para el crecimiento económico, tal como aparece en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo: Hacia la Prosperidad Democrática: Visión 2010-2014 (DNP, 2010).

En el Conpes 3697 de 2011 se concibe la biodiversidad del país como un insumo para las industrias cosmética, farmacéutica, agroalimentaria, así como para ingredientes naturales bajo condiciones económicas, técnicas, institucionales y legales que fomenten la inversión de capital. El Gobierno nacional, al promulgar este Conpes, confirma que “Colombia es reconocida como uno de los países megadiversos del mundo” (Conpes, 2011). Por tanto, estamos al frente de una política económica similar a las del extractivismo minero, donde el conocimiento ancestral sobre las plantas que han pervivido como una dote de conservación por parte de las comunidades nativas es exportado a los centros ubicados en los países del norte, para ser patentado y posteriormente ser mercantilizado a precios descomunales en los mercados mundiales y nacionales.

La megadiversidad del país sería una oportunidad para el desarrollo de una industria biotecnológica farmacéutica nacional, sin embargo, la política de los Gobiernos nacionales es crear las condiciones para el capital extranjero; más cuando en los acuerdos ADPIC, establecidos por la OMC, la propiedad intelectual aumenta en derechos a favor de los titulares y de menos obligaciones para el beneficio social de las comunidades directamente afectadas. Además, en el TLC entre Colombia y Estados Unidos se prevé que las partes signatarias permitirán patentes sobre plantas o animales, lo que afectará de forma directa el conocimiento ancestral de las comunidades de asentamiento. Por esta razón, la diferencia entre invención y descubrimiento y el proceso de desnaturalización de la propiedad intelectual se desequilibra para garantizar derechos de protección para los titulares, mientras el beneficio social se restringe cada vez más por la promulgación de normatividades de origen nacional e internacional (Nemogá, 2013).

CONCLUSIONES

La fase neoliberal del capitalismo global en la que actualmente nos encontramos repercute en el orden mundial con múltiples consecuencias, que se evidencian en los siguientes aspectos: primero, la redefinición del espacio; segundo, la reorganización del territorio en relación con sus recursos naturales y ambientales —tangibles e intangibles—; tercero, están los estudios milimétricos de las poblaciones y sus cuerpos, y el ejercicio de un nuevo poder a través de una vigilancia constante mediante el desarrollo e implementación de las nuevas tecnologías de la información; por último, el acceso sin restricción a todo tipo de recurso natural, ya sea ambiental, mineral o humano, del cual pueda sacarse algún beneficio económico para su mercantilización.

En la fase neoliberal de la globalización existe una infinidad de fuerzas que interactúan, con características multicéntricas, multiescalares y multitemporales. A partir de los anteriores rasgos del proceso globalizador, se colige que son una infinidad de fuerzas que actúan en muchas escalas, que necesitan ser coordinadas tanto en el contexto nacional como en el global, y de ahí el papel del Estado en esta organización transnacional. Por tanto, en el ámbito político, los Estados nación como instituciones de regulación social entraron en un proceso de reconfiguración, donde se produce una serie de funciones adaptativas a las nuevas relaciones globales. Lo que hoy reclaman organismos multilaterales, Estados desarrollados, empresas privadas nacionales y multinacionales, es la importancia de consolidar un Estado como mecanismo de regulación económica y social, bajo una fuerte y coherente articulación con los mercados internacionales, lo que se le conoce como economías abiertas.

De esta manera, los Estados se transforman continuamente y su nueva situación de reconfiguración se explica por la disminución reguladora de algunas políticas económicas asociadas a la globalización económica: la desregulación de los mercados nacionales, la privatización de empresas estatales estratégicas para la inversión privada, la descentralización política administrativa, la implementación de una política monetarista y la disciplina fiscal, entre otras. En este proceso aperturista, los Estados periféricos se ven sometidos a reestructurar su política económica desarrollista —modelo cepalino— e implementar una política económica que facilite la inversión extranjera en el sector primario ya sea minero, agrícola o ambiental, en el que se titulan y concesionan millones de hectáreas que incluyen zonas protegidas como reservas forestales, páramos y resguardos indígenas. Esta situación agudiza los conflictos sociales existentes y genera otros nuevos, aunque también genera prácticas de resistencia por parte de la población civil en defensa de sus derechos, los recursos naturales y su cultura.

El total desconocimiento de los bienes ambientales y socioculturales en Colombia ha llevado a los últimos Gobiernos —Pastrana, Uribe y Santos— a considerar la apuesta minera como un negocio a largo plazo, colocando en riesgo la supervivencia de un gran un gran número de comunidades rurales, además de afectar el ecosistema y el agua como el bien más preciado del planeta. Por tanto, se dejan de lado los compromisos internacionales relacionados con la protección ambiental, la defensa de las minorías étnicas y el cambio climático, ante una política económica extractiva que no beneficia al país y sus poblaciones sino al capital extranjero.

Entonces, es sintomático que la política económica y la legislación nacional creen las condiciones para una actividad minera totalmente perversa para el país, ya que sacrifica la riqueza hídrica, ambiental y sociocultural de la nación, para que el grueso de la extracción, exportación y ganancia derivados de esta actividad sea realizado por empresas extranjeras, cuyo ciclo económico es ajeno al nacional y, por ello, no genera ningún tipo de riqueza económica pues, como lo han documentado numerosos economistas, ambientalistas y académicos, las exenciones suman entre el 120 % y el 160 % de las regalías directas e indirectas. Además, la mayoría de los dineros provenientes de las regalías que dejan la actividad minera en las regiones se gasta alimentando la corrupción de las elites locales, regionales y nacionales, lo que sume en una profunda pobreza, miseria y desigualdad a las comunidades locales expuestas a este tipo de actividad económica, en donde la falta de presencia estatal ha generado el aumento de la violencia, en muchas ocasiones es financiada y patrocinada por las corporaciones extranjeras.

De igual modo, son muchos los debates sobre cómo beneficiarse mejor beneficio con la megadiversidad de los países del sur, así como acceder a sus recursos genéticos y al conocimiento ancestral asociado a estos. Así, se han planteado esquemas de contratación y participación en los beneficios derivados del acceso para las comunidades nativas, indígenas, afroamericanas y raizales campesinas. De igual forma, la incorporación de ingeniería genética a los cultivos tradicionales para desarrollar nuevas y mejores variedades, más resistentes y productivas ha sido objeto de investigación por parte de científicos, quienes plantean que lo importante es que dichas técnicas respondan a las necesidades nacionales y no sean un mero receptáculo trasplantado de países, líderes en tecnología, pero con otra realidad climática.

Todos estos importantes aspectos, así como la discusión en torno a los riesgos ambientales y sanitarios de los transgénicos, organismos modificados genéticamente, que en aras de imponer límites al capital financiero devolviéndole a los Estados el control de sus flujos, gravar la especulación y sancionar los paraísos fiscales, debería ser una preocupación de la OMC. Además, se debe atender los intereses de un sector estratégico para el posicionamiento tecnológico y científico del país, se desconocía la estrecha interrelación entre los pueblos indígenas, las comunidades negras y locales, su cosmovisión, cultura, prácticas y usos con la biodiversidad. Los pueblos indígenas y las comunidades locales, cuando son tenidos en cuenta, son incorporados solo como contexto de la biodiversidad, pero no como actores cuyos derechos han de ser reconocidos y respetados.

REFERENCIAS

Bauman, Z. y Bardoni, C. (2016). Estado de crisis. Madrid: Editorial Paidós.

Beck, U. (2004). ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización. Buenos Aires: Paidós.

Berman, Paul (2005). From international law to law and globalization. Columbia journal of transnational law, 43, 486-556. Recuperado de: http//isr.nellco.org/uconn_wps/23/

Bonilla, R. (2001). De la monoexportación a la diversificación: los retos del país. En, G. Misas, G. Desarrollo económico y social en Colombia (pp. 365-398) Bogotá: Universidad Nacional de Colombia-Editorial Unibiblos.

Chevallier, J. (2011). El Estado posmoderno. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Colmenares, G. (1989). La economía y la sociedad coloniales, 1550-1800. En, J. Jaramillo J. (Ed.). Nueva historia de Colombia. Tomo 1 (pp. 223-300). Bogotá: Editorial Planeta.

Congreso de La República. (29 de enero de 2016). Ley 1776: por la cual se crean y se desarrollan las zonas de interés de desarrollo rural, económico y social, Zidres. DO: 49 770. Recuperado de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ ley_1776_2016.html

Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes). (2011). Política para el Desarrollo Comercial de la Biotecnología a partir del Uso Sostenible de la Biodiversidad. Documento Conpes 3697. Bogotá:

Departamento Nacional de Planeación. Recuperado de http://www.cbd.int/doc/measures/abs/ post-protocol/msr-abs-co-es.pdf Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes). (2018). Áreas de referencia como insumo para la identificación de las zonas de interés de desarrollo rural, económico y social (Zidres). Documento Conpes 3697. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación. Recuperado de https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/ Econ%C3%B3micos/3917.pdf

Departamento Nacional de Planeación. (2010). Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 Bases del Plan Nacional de Desarrollo: Prosperidad para todos. Recuperado de https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/ PND-2010-2014/Paginas/Plan-Nacional-De-2010-2014.aspx

Estrada, J. (2004). Construcción del modelo neoliberal en Colombia. Bogotá: Editorial Aurora.

Estrada, J. (2006). Las reformas estructurales y la construcción del orden neoliberal en Colombia. En, A. Ceceña. Los desafíos de las emancipaciones en un contexto militarizado (pp. 247-285). Buenos Aires: Clacso-Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

Fajardo, D. (2014). Las Guerras de la Agricultura Colombiana. Bogotá: ILSA.

Fals Borda, O. (1987). Historia de la cuestión agraria en Colombia. Bogotá: Carlos Valencia Editores.

Fierro, J. (2012). La política minera en Colombia: la articulación y potenciación de conflictos alrededor de intereses privados. En, C. Toro, J. Fierro y T. Coronado (Ed.). Minería, Territorio y Conflicto en Colombia (pp. 179-212). Bogotá: Universidad nacional de Colombia.

Garay L. J. y Sarmiento A. (1999). Construcción de una nueva sociedad. Bogotá: Tercer Mundo Editores.

Garay, L. J. (2013). Globalización/glocalización, soberanía y gobernanza. A propósito del cambio climático y el extractivismo minero. En, L. J. Garay (Ed.) Minería en Colombia, Fundamentos para superar el modelo extractivista (pp. 9-21). Bogotá: Contraloría General de la Nación.

García, M. (10 de junio de 2011). La Constitución y sus críticos. El Espectador. Recuperado de http://www.elespectador.com/opinion/la-constitucion-y-sus-criticos-columna-276646

Gilhodes, P. (1989a). La cuestión Agraria en Colombia (1900-1946). En, A. Torado Mejía y J. O. Melo y J. A. Bejarano. La Nueva Historia de Colombia, Volumen 3 (pp. 307-337). Bogotá: Editorial Planeta.

Gilhodes, P. (1989b). La cuestión Agraria en Colombia (1958-1985). En, A. Torado Mejía, J. O. Melo y J. A. Bejarano. La Nueva Historia de Colombia, Volumen 3 (pp. 339-370). Bogotá: Editorial Planeta.

Grossi, P. (2011). El novecientos jurídico: un siglo posmoderno. Madrid: Editorial Marcial Pons.

Hardt, M y Negri, A. (2005). Imperio. Barcelona: Paidós Ibérica.

Hardt, M y Negri, A. (2006). Multitud. Barcelona: Debolsillo.

Hardt, M. y Negri, A. (2011). CommonWealth. El proyecto de una revolución del común. Madrid: Ediciones Akal.

Harvey, David (2004). El nuevo imperialismo. Buenos Aires: Ediciones Akal.

Held, D., McGrew, A., Goldblatt, D. y Perraton, J. (2002). Transformaciones globales: política, economía y cultura. México: Oxford University Press.

Held, D. (2007). ¿Hay que regular la globalización? La reinversión de la política. En, La globalización y el orden jurídico. Reflexiones contextuales (pp. 69-85). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Honorio, J. (2013). La reforma agraria como deuda histórica en Colombia. Revista Espacio Crítico, (21), 60-69.

Ianni, O. (2006). Teorías de la globalización. Madrid: Editorial Siglo XXI.

IGAC y Corpoica (2002). Zonificación Agroecológica de Colombia. Bogotá: IGAC y Corpoica.

Insuasty Rodríguez, A., Grisales, D. y Gutiérrez León, E. (2013). Conflictos Asociados a la Gran Minería en Antioquia. El Ágora usb, 13(2), 371-397.

Jaramillo, J. (1970). Algunos aspectos de la personalidad histórica de Colombia. Revistaun, de la Universidad nacional de Colombia, (7), 57-75.

Jessop, R. (2009). Desarrollos recientes en la teoría del Estado. Enfoques, problemas y agendas. Madrid: Libros de la Catarata.

Jiménez, W. (2011). Globalización del derecho, Aspectos jurídicos y derechos humanos. Revista Nova Et Vetera, 20(64), 17-28.

Kalmanovitz, S. (2002). Constitución y modelo económico. El debate a la constitución. Bogotá: Banco de la República.

Kaplan, M. (1997). Crisis y reformas del Estado latinoamericano. Revista clad Reforma y Democracia, (9), 6-18.

Kennedy, D. (2015). Tres globalizaciones del derecho y del pensamiento jurídico, 1850-2000. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Londoño, E. A. (2009). Contrahegemonías étnicas en el neoliberalismo. Resistencias y propuestas alternativas al modelo neoliberal en Colombia. Revista Ciencias Políticas, 4(8), 69-81.

Luhmann, N. (2005). El derecho de la sociedad. México: Editorial Herder.

Luhmann, N. (2007). La sociedad de la sociedad. Barcelona: Editorial Herder.

Machado, A. (2003). La cuestión agraria frente al neoliberalismo. En, D. Restrepo. La falacia Neoliberal. Críticas y alternativas (pp. 269-282). Bogotá: universidad Nacional de Colombia.

Machado, A. (2009). La reforma rural, una deuda social y política. Bogotá: CID-Universidad Nacional de Colombia.

Machado, A (2013). La política de reforma agraria y tierras en Colombia. Bogotá: Centro de Memoria Histórica.

Macpherson, C. B. (2005). La teoría política del individualismo posesivo. Madrid: Editorial Trotta.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2016). Decreto 1273 de 2016: Por el cual se adiciona una parte al Libro 2 del Decreto 1071de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural relacionada con las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres). DO: 49 954.

Misas, G. (2001). De la sustitución de importaciones a la apertura económica. La difícil consolidación de la industria. En, G. Misas (Ed.). Desarrollo económico y social en Colombia (pp. 111-134). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia-Editorial Unibiblos.

Moncayo, V. M. (2004). El leviatán derrotado: reflexiones sobre teoría del Estado y el caso colombiano. Bogotá: Editorial Norma.

Narváez, J. (2002). Derecho Mercantil Colombiano. Volumen I. (9ª ed.). Bogotá: Legis Editores.

Nemogá, G. R. (2013). Investigación Genética y Política sobre Biodiversidad: Espacios para el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural. Colección resultados de investigación. Bogotá: Ibáñez Editores.

Palacio, G. (2003). Neoliberalismo, ambientalismo y política ambiental. En, D. Restrepo. La falacia Neoliberal. Críticas y alternativas (pp. 509-530). Bogotá: universidad Nacional de Colombia.

Palacios, G. (2010). Ecología política y gobernanza de la Amazonía: Hacia un balance crítico del régimen Uribe. En, P. Palacios. Ecología política en la Amazonia. Las profusas y difusas redes de la gobernanza (pp. 25-56). Bogotá: ILSA; Ecofondo; Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonia.

Pardo, L. A. (2013). Propuestas para recuperar la gobernanza del sector minero colombiano. En, L. J. Garay (Ed.) Minería en Colombia, Fundamentos para superar el modelo extractivista (pp. 175-208). Bogotá: Contraloría General de la Nación.

Parsons, T. (1976). El sistema social. Madrid: Editorial Revista de Occidente.

Planeta Paz. (2012). La cuestión agraria en Colombia: tierra desarrollo y paz. Recuperado de http://www.hss.de/fileadmin/americalatina/Colombia/ downloads/cuestion_agraria.pdf

Reyes, P (2017). Derecho y globalización Las transformaciones del Estado contemporáneo. Bogotá: Editorial Unibliblos.

Reyes, P. y León, I. (2012). Las nuevas ‘guerras justas’ y la política (neo) extractivista global. En, C. Toro, J. Fierro y T. Coronado (Ed.). Mine- ría, Territorio y Conflicto en Colombia (pp. 109-134). Bogotá: Universidad nacional de Colombia.

Sarmiento, L. (1995). Reformas y desarrollo social en los noventa. En, F. Leal Buitrago (Comp.). En busca de la estabilidad perdida (pp. 25-48). Bogotá: IEPRI-Colciencias-Tercer Mundo.

Santos, B. de S. (2002). La globalización del derecho. Los nuevos caminos de la regulación y la emancipación. Bogotá: Universidad nacional de Colombia, ILSA.

Sassen, S. (2010). Desnacionalización de las políticas estatales y privatización de la producción de normas. En, G. Teubner, S. Sassen y S. Krasner. Estado, Soberanía y Globalización (pp. 103-122). Bogotá: Siglo del Hombre Editores y Universidad de los Andes.

Strange, S. (2001). La retirada del Estado. La difusión del poder en la economía mundial. México: Editorial Icaria.

Suárez, A. (2012). El oro como commodity (producto básico), especulación financiera y minería a cielo abierto. En, C. Toro, J. Fierro y T. Coronado (Eds.). Minería, Territorio y Conflicto en Colombia (pp. 137-150). Bogotá: Universidad nacional de Colombia.

Teubner, G. (2003). El derecho como sistema autopoiético en la sociedad global. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Teubner, G. (2010). Regímenes privados globales: ¿Derecho neoespontáneo y constitución dual de los sectores autónomos? En, G. Teubner, S. Sassen y S. Krasner. Estado, Soberanía y Globalización (pp. 65-102). Bogotá: Siglo del Hombre Editores y Universidad de los Andes.

Tobón, G. (1990). La reforma Agraria y la apertura democrática. Revista de Ensayos de Economía, (1), 115-149.

Toro, P. C. (2007). Seguridad hemisférica, propiedad intelectual y biodiversidad en el marco de las negociaciones del TLC andino. Revista Pensamiento Jurídico, (18), 73-101.

Twining, W. (2003). Derecho y globalización. Bogotá: Siglo del Hombre Editores-Instituto Pensar, Universidad de los Andes.

Unidad Planificadora Agropecuaria (UPRA). (2017). Zonificación de áreas potenciales para el proceso de identificación de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social Zidres. Recuperado de https://www.upra.gov.co/documents/10184/13821/ Metodolog%C3%ADa_Zidres

Varela, E. (2007). La soberanía transformada. Cali: Universidad del Valle, Ediciones ECOE.

Vélez, L. D. (2015). Adaptabilidad y persistencia de las formas de producción campesina. Medellín: Universidad Nacional de Colombia.

Notas

*Docente del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia. Miembro del grupo de Investigación podea de la Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Derecho y Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Contacto: pireyesb@unal.edu.co


POSIBILIDADES DEL ACUERDO DE PAZ Y LA NORMATIVIDAD NACIONAL SOBRE EL AMBIENTE


FABIÁN ANDRÉS ROJAS BONILLA*

INTRODUCCIÓN

Un estudio del Pew Research Center sostenía que las máximas preocupaciones de la humanidad estaban relacionadas con el terrorismo del Estado islámico y el cambio climático (Pew Research Center, 2017). Si esto es cierto, el tema del presente artículo toca los puntos más sensibles de la agenda global —la violencia y el ambiente— desde una perspectiva local. Se sostiene la tesis de que el momento coyuntural que afronta la sociedad colombiana luego de la suscripción del acuerdo de paz entre el Gobierno nacional y las Fuerzas Armas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) resulta ser una oportunidad inmejorable para consolidar una política respetuosa del ambiente en las relaciones cotidianas de los colombianos.

A la pregunta ¿cuál es el impacto del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC-EP en el derecho ambiental colombiano?, se responde que se trata de una situación favorable para superar las limitaciones sociales, jurídicas y axiológicas del tratamiento del ecosistema. Es, si se quiere, la posibilidad de establecer un hito en la consolidación de una “paz ambiental”. En otras palabras, la hipótesis con la que se trabajará consiste en que el acuerdo puede configurar un punto trascendental, como en su momento lo fue la Constitución de 1991, en la protección del ambiente, siempre y cuando se sepan aprovechar sus potencialidades y se superen sus limitaciones.

Para tal efecto, a continuación, se presentará un panorama del derecho ambiental colombiano, luego se esbozará su relación con el conflicto armado y, finalmente, se reflexionará sobre algunos paradigmas que pueden contribuir a la consolidación de una “paz ambiental”, pues se entiende que el acuerdo solamente es un punto de partida de un largo camino que enfrenta la sociedad colombiana en el propósito de alcanzar la tan anhelada convivencia pacífica.

EL DERECHO AMBIENTAL EN EL CONTEXTO COLOMBIANO

A pesar de que nadie discute la importancia que ha adquirido el derecho ambiental en la agenda política nacional de los últimos cincuenta años, existen algunos disensos en torno a su génesis, los cuales dan cuenta de dos posturas claramente diferenciables. Así, en primer lugar, la postura restrictiva propone que el origen del derecho ambiental colombiano corresponde con la legislación local que fue adoptada inmediatamente después de la divulgación de 1) la Declaración de Estocolmo de 1972, proclamada en el marco de la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano de ese mismo año y 2) la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, promulgada en la Cumbre de la Tierra de 1992 (Rodríguez, 2012). En segundo lugar, la posición progresista sostiene que, a partir de una acepción amplia de la ciencia jurídica en la que se aceptan las “conductas, normas, previsiones, restricciones, límites y autorizaciones para acceder o no a los elementos ambientales, [el derecho ambiental colombiano] siempre ha sido parte de la cultura y por lo tanto […] es mucho más antiguo […]” (Mesa Cuadros, 2010, p. 7).

Al margen de la anterior discusión académica que, en lo fundamental, cuestiona las fuentes del derecho, y dadas las limitaciones propias de este acápite, se ha optado por trabajar con la postura restrictiva y tradicional. Ello porque se considera que esta visión delimita y concreta de mejor manera el objeto de estudio para los efectos que aquí interesan, aun cuando se reconoce que esta decisión puede restringir el objeto de estudio al campo de la validez jurídica (Mejía Quintana, 2006).

Hecha la anterior salvedad, puede hacerse un mapa general de las disposiciones normativas del derecho ambiental colombiano desde la óptica del objeto regulatorio o desde etapas históricas más importantes. Según el objeto regulatorio, siguiendo la propuesta de Pantoja (2016), las disposiciones normativas del derecho ambiental se pueden clasificar en cinco grupos, a saber: 1) las que definen la política ambiental (Ley 99 de 1993), 2) las que establecen definiciones ambientales básicas (Decreto Compilatorio 1076 de 2015), 3) las que contienen mecanismos sancionatorios administrativos (Ley 1333 de 2009), 4) las que regulan la responsabilidad eminentemente de carácter civil (Ley 23 de 1973) y 5) las que sancionan penalmente a aquellos sujetos que ejecutan los verbos rectores de las conductas punibles (Ley 590 de 2000).

Por otra parte, a la luz de hitos históricos, las disposiciones se pueden agrupar en tres momentos: un antes, un durante y un después de la Constitución Política de 1991, así:

1. Antes de la Constitución de 1991, las relaciones de los seres humanos con el medio ambiente fueron reglamentadas por la Ley 23 de 1973, el Decreto Ley 2811 de 1974 y el Decreto 1541 de 1978. Dichas disposiciones incorporaron por primera vez en la legislación colombiana las pautas de conducta que debían sostener las personas en su interacción con el ambiente y, como era de esperarse, lo hicieron desde una perspectiva jurídica que, si bien superó el desinterés y olvido en el que estaba sumido el tema e impuso obligaciones ciudadanas respecto al ambiente, también significó superar el modelo antropocéntrico profundamente arraigado en la tradición occidental.

2. Posteriormente, los artículos 79 y 80 de la Constitución Política de 1991 consagraron, respectivamente, que:

[…] todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. (art. 79)

El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas. (art. 80)

Tales mandatos constitucionales están acompañados de una gran cantidad de herramientas institucionales que pretenden garantizar la materialización de dichas aspiraciones, como lo son, entre otros, los artículos 289, 300, 317, 331, 333, 334 y 361, en virtud de los cuales se asignan responsabilidades a los entes gubernamentales para que adopten medidas que resulten acordes a la protección y conservación del ambiente. 3. La importancia de las anteriores disposiciones normativas sería reconocida tiempo después por la Corte Constitucional, a través de lo que algunos juristas denominan subreglas de derecho (López, 2002) o normas adscritas (Bernal, 2005), las cuales concretan el carácter indeterminado y abstracto de la ley (Guastini, 2010). Así, el máximo tribunal constitucional afirmó que estábamos ante una constitución “verde” o “ecológica”:

[…] en primer lugar al conjunto de normas específicas en las que el Constituyente plasmó mandatos de protección al ambiente; en segundo término, a un eje transversal de la Carta y un valor implícito en el sustrato axiológico del orden normativo y, por último, a un derecho fundamental, a la vez colectivo y autónomo. (Sentencia T-411 de 1992)

El anterior criterio fue ampliado en la Sentencia C-449 de 2015, en la que se explicó que:

[…] la defensa del medio ambiente sano constituye un objetivo de principio dentro de la actual estructura del Estado social de derecho. Bien jurídico constitucional que presenta una triple dimensión, toda vez que: es un principio que irradia todo el orden jurídico correspondiendo al Estado proteger las riquezas naturales de la Nación; es un derecho constitucional (fundamental y colectivo) exigible por todas las personas a través de diversas vías judiciales; y es una obligación en cabeza de las autoridades, la sociedad y los particulares, al implicar deberes calificados de protección. Además, la Constitución contempla el “saneamiento ambiental” como servicio público y propósito fundamental de la actividad estatal (arts. 49 y 366 superiores). (Sentencia T-449 de 2015)

En ese orden de ideas, se puede concluir preliminarmente que el ambiente ha recibido una protección progresista por parte de las autoridades gubernamentales colombianas. De una ausencia absoluta de reglamentación, se ha pasado a un ámbito de amparo mínimo que adquirió relevancia con la entrada en vigor de la Constitución de 1991 y los posteriores pronunciamientos de la Corte Constitucional. Empero, lo anterior no es suficiente, pues existen muchos aspectos por mejorar. Así, por ejemplo, desde la institucionalidad, no basta con tener tipos penales que castiguen las conductas atentatorias del medio ambiente (artículos 328 y subsiguientes del Código Penal), además, la Fiscalía General de la Nación y los jueces deben procurar judicializar a los máximos responsables de dichas conductas.

Infortunadamente, la práctica judicial enseña que, en el caso concreto de la minería ilegal, la mayoría de los operativos dejan como resultado trabajadores capturados por situaciones de flagrancia, cuyas oportunidades se reducen única y exclusivamente a trabajar en yacimientos mineros que no cuentan con permiso de las autoridades competentes. Aunque el hecho puede ser altamente reprochable, lo cierto es que antes de desplegar todo el sistema penal en su contra, lo ideal sería brindar oportunidades educativas y laborales a estos ciudadanos y a sus familias, para que la explotación ilícita de yacimientos sea una decisión libre y no, como actualmente sucede, una imposición producto de las necesidades de la población vulnerable. Aunado a ello, el máximo tribunal constitucional podría fortalecer la esfera de protección si reestructura su propia jurisprudencia. Las instituciones también podrían hacer mayor pedagogía y las estructuras sociales como la familia, los colegios, universidades, etc., podrían concientizar, educar, guiar y acompañar en la construcción de la paz ambiental.

EL DERECHO AMBIENTAL Y EL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

La relación entre el conflicto armado y la disputa por los recursos naturales escasos se encuentra ampliamente documentada (Bouvier, 1991). En lo que sigue se expondrán algunos elementos de los vínculos del conflicto armado colombiano con el medio ambiente. Para ello se recomienda la obra La paz ambiental de César Rodríguez, Diana Rodríguez y Helena Durán (2017), quienes, en el marco de publicaciones que ha adelantado el Centro de Estudios Dejusticia a propósito de la implementación del acuerdo de paz, analizaron el diagnóstico, los desafíos y las propuestas para el momento histórico en el que se encuentra avocado el Estado colombiano.

Inicialmente, es pertinente indicar que la distribución de los recursos naturales, al lado de la crisis democrática, ha sido considerada una de las causas eficientes de uno de los conflictos bélicos internos más largos de la humanidad. Así lo reconoce el Centro Nacional de Memoria Histórica (2013) cuando afirma que “la apropiación, el uso y la tenencia de la tierra han sido motores del origen y la perduración del conflicto armado” (p. 21). De hecho, como bien lo concluye el profesor Jaramillo (2016) en su artículo Hablemos de reforma agraria:

[…] el problema no permite pensar que se trata simplemente de una cuestión de orden público cuya solución debe ser de corte policivo, sino que es más bien fruto de la descomposición de las relaciones sociales en el campo cuyo origen está, a su vez, en el monopolio y la consiguiente subutilización de la tierra agropecuaria. (p. 60)

El texto mencionado es un artículo publicado a mediados de los años ochenta, mediante el cual, el profesor Jaramillo denuncia una política de Estado “antirreformista” en materia de distribución de tierras. En él se rememoran las experiencias de los años setentas y, a partir de allí, se trata de encontrar justificaciones para los brotes de violencia que reaparecieron en el país durante la década siguiente. Y no es para menos. Basado en datos estadísticos, evidencia la magnitud del conflicto y la indiferencia institucional por superarlo, pues a pesar de que varias disposiciones normativas consagran políticas a favor del movimiento campesino desposeído de tierras, lo cierto es que, debido a los trámites burocráticos y a la aquiescencia del Gobierno del presidente Belisario Betancur, los grandes terratenientes habían visto en el marco jurídico de tierras la mejor oportunidad para venderle al Estado parcelas no adecuadas para el agro a precios muy elevados, muchas ubicadas en zonas de conflicto armado. Así las cosas, se concluye que en Colombia no ha habido una verdadera reforma agraria y que la política de tierras imperante en la época, paradójicamente, resultaba favoreciendo a los grandes latifundistas que durante años habían concentrado la tierra.

Con los anteriores trabajos de investigación se evidencia, entonces, el papel protagónico de la distribución de la tierra como causa del origen del conflicto armado. El propósito de este artículo no es el de auscultar por los orígenes de la violencia en el territorio nacional, sino simplemente vislumbrar la estrecha relación que guarda su génesis con la inequitativa distribución de la tierra. Vemos que la presencia de grupos armados al margen de la ley en el territorio colombiano ha traído consigo efectos paradójicos para el ambiente. Algunos han llegado a afirmar que el ambiente no necesariamente es víctima del conflicto, sino que muchas veces también ha sido beneficiado de este (Londoño y Martínez, 2013).

A la pregunta sobre cuándo el ambiente puede ser considerado víctima del conflicto, la doctrina nacional da cuenta de las siguientes situaciones, que, con fines ilustrativos, se agruparán como los efectos derivados de la actividad militar directa, que son producto de labores de financiación del conflicto:

•Efectos negativos de la actividad militar directa: en primer lugar, la presencia en parques naturales y/o zonas de protección por parte de los actores armados, tanto militares como insurgentes, trae consigo la deforestación, la caza de animales, el mal manejo de desechos y el uso, consumo y contaminación de fuentes hídricas. En segundo lugar, los atentados contra la infraestructura petrolera, particularmente contra los oleoductos, ha causado que las aguas se contaminen, lo que ha afectado a la población humana, los animales y las plantas, que pueden ver en peligro su salud y vida misma. En tercer lugar, aunque menos documentado, la pérdida de biodiversidad producto del intercambio de disparos entre un bando y otro (Rodríguez, Rodríguez y Durán, 2017).

•Efectos negativos de las labores de financiación del conflicto: en primer lugar, la sustitución de vegetación natural por cultivos de coca, lo que implica el empleo de químicos que contaminan y la exposición a respuestas gubernamentales que dañan el ambiente, por ejemplo, la aspersión o fumigación con glifosato, que afecta la fauna de los ecosistemas asperjados, especialmente a los peces y anfibios (AIDA y Red de Justicia Ambiental, 2014). En segundo lugar, la minería ilegal ha generado alta contaminación en las fuentes hídricas por la presencia de aceites combustibles y mercurio, lo que en últimas resulta atentando contra la vida animal y humana por su consumo directo o por la contaminación de alimentos (Rodríguez, Rodríguez y Durán, 2017).

De igual modo, existen otras circunstancias que afectan de manera colateral el ambiente y que han provocado lo que se ha denominado “daños indirectos”, que son aquellos que “surgen de acciones que, si bien no están encaminadas a generar una afectación física, terminan haciéndolo” (Rodríguez, Rodríguez y Durán, 2017, p. 31). De ellos se destacan los procesos migratorios que conlleva la explotación minera, agrícola y ganadera en algunas regiones a las que llegan más personas en busca de mejor calidad de vida y ven, por ejemplo, en los cultivos ilícitos una posibilidad de garantizar su manutención básica. Adicionalmente:

[Algunos] programas de sustitución o estrategias de desarrollo alternativo también han derivado en prácticas dañinas para el medio ambiente. Por ejemplo, en el Putumayo los programas del Gobierno se han enfocado en el fomento de la ganadería o de monocultivos que tienen efectos medioambientales y sociales que también son nocivos. (Ortiz, 2003, citado en Rodríguez, Rodríguez y Durán, 2017, p. 32)

En contraste, a la pregunta sobre cuándo el ambiente puede ser considerado beneficiario del conflicto, la doctrina se remonta a la protección de algunos territorios que tradicionalmente no resultaban atractivos para las grandes empresas extractoras de recurss naturales y que ahora lo son. Un ejemplo es lo que sucede en la Sierra de la Macarena, en la que la empresa Hupecol Operating Co. solicitó una licencia ambiental para explotar 150 pozos petroleros cerca de Caño Cristales, aprovechando el retiro de las tropas de las FARC-EP, quienes tradicionalmente ocuparon dicho territorio. Dada la presión mediática del tema, el Gobierno canceló la licencia ambiental y ahora se ha demandado a la nación por algo más de 83 000 millones de pesos (El espectador, 2017). Nótese como el anterior caso evidencia que el conflicto armado también puede crear ciertas “fronteras” para que las grandes empresas se abstengan de extraer recursos de zonas altamente biodiversas y que resultan fundamentales en el equilibrio del ecosistema.

En síntesis, históricamente, el ambiente ha sido causa, financiador, víctima y, paradójicamente, hasta beneficiario de la confrontación armada entre las fuerzas del Estado y los grupos insurgentes. El reto al que se encuentra avocada la sociedad colombiana consiste en erradicar cualquier forma de violencia contra el ambiente, para lo cual no solo se deberá dejar de realizar acciones que atenten contra él, sino que, adicionalmente, deberá reforzar las que lo benefician, tales como la consolidación de fronteras —ya no de carácter bélico, sino institucional— para evitar la presencia de multinacionales que practican la extracción masiva de recursos.

LAS POSIBILIDADES Y LOS RETOS EN EL POSACUERDO

El acuerdo de paz entre el Gobierno nacional de Colombia y las FARC-EP consagra cinco puntos, a saber, 1) la política de desarrollo agrario, 2) la participación en política, 3) el fin del conflicto, 4) la solución al problema de las drogas ilícitas y 5) la reparación a las víctimas (Presidencia de la República de Colombia, 2017). El medio ambiente adquiere un papel protagónico y transversal en los anteriores puntos. Las partes plantearon la importancia de construir una Colombia en paz que permita alcanzar una sociedad sostenible, “unida en la diversidad, fundada no solo en el culto de los derechos humanos sino en la tolerancia mutua, en la protección del medio ambiente, en el respeto a la naturaleza, sus recursos renovables y no renovables y su biodiversidad” (p. 20).

En el tema de la política agraria, por ejemplo, se plantearon obligaciones en torno a la delimitación de la frontera agrícola y la protección de las zonas de reserva, de las que se destaca la construcción de un plan de zonificación ambiental que deberá ser adoptado e implementado con las comunidades. Dicha metodología, sin lugar a dudas, representa una gran potencialidad para la incorporación de la democracia deliberativa (Ovejero, 2012) en la toma de decisiones que afectan a la población rural. Sin embargo, debe tratarse con sumo cuidado para evitar poner en peligro el desarrollo del país. Los riesgos que conlleva el uso excesivo de las consultas populares los expone Moisés Wasserman (2017), quien cuestiona la legitimidad, la ilustración, el grado de vinculatoriedad y los conocimientos con los que la población acude a las consultas populares para decidir sobre la explotación minera, dado el impacto e importancia económica de este sector para las finanzas públicas.

Al respecto, se considera que se debe plantear un punto de equilibrio entre las posturas radicales que sostienen que todo debe ser consultado y aquellas que dicen que nada debe ser consultado. Es fundamental que la explotación de recursos naturales renovables y no renovables se realice en el marco del desarrollo ambiental sostenible, que hace parte del núcleo básico del derecho a un ambiente sano. Como bien lo sostiene Amaya (2012):

[…] todos estos documentos (la jurisprudencia) constituyen avances en el proceso que ha conducido de una concepción que veía como cuestiones enteramente disociadas el desarrollo económico y los derechos civiles y políticos a otras que entiende que el verdadero desarrollo es inseparable de la efectividad de los derechos humanos (los civiles y políticos, pero también los económicos, sociales y culturales). Este punto de llegada que se denomina desarrollo sostenible es objeto de dos derechos humanos de índole finalística: el derecho humano al desarrollo y el derecho humano al medio ambiente. (p. 179)

El derecho al ambiente sano también se condicionó al principio de desarrollo sostenible, el cual consagra la obligación de proteger y mejorar el ambiente para las presentes y futuras generaciones (Rodríguez, 2012). Por tal razón, se estima que lo ideal es consolidar una política nacional que logre el anhelado equilibrio entre el desarrollo y la explotación de los recursos renovables y no renovables, la cual, necesariamente, deberá ser construida y debatida con la población, de la que se espera un grado de ilustración suficiente para la respectiva deliberación.

En cuanto a la participación en política, en el acápite que se refiere a la política para el fortalecimiento de la planeación democrática y participativa, los combatientes llegaron al consenso de que uno de los temas fundamentales que debía abrir las puertas del debate y garantizar la participación ciudadana era el del medio ambiente. Específicamente, el Gobierno se comprometió a:

[…] fortalecer los diseños institucionales y la metodología con el fin de facilitar la participación ciudadana y asegurar su efectividad en la formulación de políticas públicas sociales como salud, educación, lucha contra la pobreza y la desigualdad, medio ambiente y cultura. (Cursivas agregadas. Presidencia de la República, 2017, p. 30)

Entre las medidas que se deben adoptar para dar por finalizado el conflicto armado, se destacan la identificación de necesidades y la adopción de acciones positivas para garantizar la reincorporación de los insurgentes. Para ello, es necesario instruir en la protección del medio ambiente, máxime si se tiene en cuenta que esta población habitó muchos años en zonas de protección ambiental y, en consecuencia, tienen un conocimiento de estas que puede ser utilizado en favor de su conservación.

Respecto a la problemática de las drogas ilícitas, se acordó que “el territorio nacional esté libre de cultivos de uso ilícito teniendo en cuenta el respeto por los derechos humanos, el medio ambiente y el buen vivir” (Presidencia de la República, 2017, p. 60). Para ello se pactó un Programa Nacional de Sustitución de Cultivos, en el que se prioriza la atención a la población campesina de escasos recursos, víctima de la persecución y estigmatización de este flagelo. Se prioriza la erradicación manual, pero el Gobierno:

[…] de no ser posible la sustitución, no renuncia a los instrumentos que crea más efectivos, incluyendo la aspersión, para garantizar la erradicación de los cultivos de uso ilícito. Las FARC-EP consideran que en cualquier caso en que haya erradicación esta debe ser manual. (Presidencia de la República, 2017, p. 63)

En esto último hay una limitación del documento. De hecho, en este punto parece que las partes no llegaron a un consenso, por lo que se puede concluir que hay una limitación del acuerdo final en relación con la erradicación de los cultivos ilícitos. La posición del Gobierno parece ser de respeto a sus compromisos internacionales de lucha contra la siembra de cultivos de coca, particularmente con los Estados Unidos. Líneas atrás se ha planteado que este tipo de acciones en contra de los cultivos ilícitos son altamente perjudiciales para el ecosistema, en la medida que contaminan fuentes hídricas, son tóxicas para los animales y plantas y, adicionalmente, estimulan la deforestación. Por tal razón, es necesario que en la implementación de este punto se vea realmente la aspersión como una última ratio en la lucha de los cultivos, so pena de atentar contra el ambiente. Al parecer, con las recientes declaraciones del Gobierno nacional, ello no será así. Finalmente, en materia de reparación a las víctimas, se espera:

[La celebración] de actos de reconocimiento y de contrición en los cuales el Gobierno, las FARC-EP y diferentes sectores de la sociedad que puedan haber tenido alguna responsabilidad en el conflicto, reconozcan su responsabilidad colectiva por el daño causado y pidan perdón, asumiendo cada uno lo que le corresponde, como expresión de voluntad de contribuir a un definitivo Nunca Más. (Presidencia de la República, 2017, p. 48)

Acá hay una gran posibilidad para el ambiente. Reconocerlo como sujeto titular de derechos y como víctima del conflicto armado, da la posibilidad de cambiar de paradigma en cuanto a su protección. Nussbaum (2007), desde la óptica de las teorías de la justicia, sostiene que las actuales tendencias en el derecho buscan el reconocimiento de derechos a personas con discapacidad, de los migrantes ilegales y de la protección del ambiente. Sobre este último aspecto, en palabras de Rodríguez, Rodríguez y Durán (2017):

[…] para analizar cómo el medio ambiente puede ser una víctima del conflicto armado acogemos la propuesta de Stone (1972) de considerar el medio ambiente como una entidad jurídica, titular de derechos. Si bien la legislación colombiana aún no lo reconoce de esa manera, considerar el medio ambiente como sujeto de derechos tiene asidero teórico y constitucional (Rodríguez Garavito, 2015) […] hay que preguntarse: ¿por qué los seres humanos son los únicos titulares de derechos?, ¿es posible extender la noción de sujeto de derechos constitucionales para incluir, de manera siquiera limitada, a otros como los animales no humanos? (p. 26)

Desde el punto de vista jurídico y, particularmente, desde la óptica constitucional, vale la pena reflexionar en torno al alcance del ambiente como titular de derechos han tenido las constituciones de Bolivia y Ecuador.

Para alcanzar el anterior objetivo, se tomará como referencia la obra de la profesora Catherine Walsh (2012), quien en el texto Interculturalidad crítica y (de)colonialidad intenta describir y caracterizar los más importantes elementos de las constituciones de Ecuador y Bolivia. La selección de estos países obedece a que sus cartas políticas pretenden ser construidas desde abajo, de manera histórica, insurgente y trascendental para irradiar a toda América latina, dejando atrás la visión homogénea y unitaria donde existe la dominación económica, política, social y cultural que alienta los intereses del mercado y del capital. La autora afirma que los procesos constituyentes fueron producto de luchas de movimientos ancestrales que propendían por un nuevo modelo de Estado y de Sociedad. Tal lucha es epistémica porque cuestiona, desafía y enfrenta las estructuras dominantes del Estado y, adicionalmente, porque pone en escena conocimientos, conceptos y lógicas que trasgreden el modelo de la “razón occidental” y alientan modos de vivir, pensar, estar y saber radicalmente diferentes.

Ecuador y Bolivia se autoproclaman como plurinacionales e interculturales, producto de asambleas constituyentes que tomaron en cuenta las demandas de los pueblos indígenas. Ambas constituciones pretenden desestabilizar la hegemonía de la lógica, dominio y racionalidad occidentales, desde la diferencia que va más allá del multiculturalismo y las políticas de inclusión. Así, la Constitución de Bolivia se centra en la plurinacionalización, en un refundar concebido desde una mayoría indígena que pretende hacer resaltar y respetar la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural para reorganizar la estructura institucional desde y con relación a elementos que dan una nueva centralidad —no exclusividad— a los pueblos originarios. Por su parte, para la constitución ecuatoriana, lo importante está en la interculturalización porque es un Estado con prevalencia mestiza. Algunos de los aspectos más relevantes son:

1. La ciencia y el conocimiento. En el caso ecuatoriano, la ciencia y el conocimiento no son singulares ni únicos y no dependen de políticas educativas del Gobierno central. De hecho, se habla de conocimientos científicos y tecnológicos en enlace con los conocimientos ancestrales como un ataque a la “colonialidad del saber”. Los saberes ancestrales tienen el estatus de conocimiento y se vinculan con los saberes del buen vivir (sumak kawsay), lo cual representa un cambio de epistemología que ahora enseña que se llega al conocimiento desde el mundo: el buen vivir es epistémico.

En el caso boliviano se mantiene la diferenciación entre “los conocimientos universales” y “los saberes colectivos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos”, lo que da la impresión de superioridad de los primeros sobre los segundos. En compensación, en términos de educación se habla de lo intracultural, intercultural y plurilingüe con mayor rigurosidad, pues se tiene a la conciencia social crítica como un objetivo de la educación.

2. Los derechos de la naturaleza. En un ataque a la lógica cartesiana, se dice que la pacha mama es titular de derechos, tales como la restauración, el respeto a su existencia y mantenimiento. Emergen entonces nuevas formas de ver el mundo derivadas de la concepción de la naturaleza, la cual se considera un ser vivo con inteligencia, sentimientos y espiritualidad de la cual los seres humanos son elementos. La naturaleza está enraizada en la visión de integralidad. En la visión ecuatoriana, la naturaleza es susceptible de derechos, mientras que en la boliviana el hombre sigue siendo un mero guardián de ella.

3. El Sumak Kawsay o buen vivir. Es el hito trascendental de la Constitución ecuatoriana. Lo importante no es “tener” sino vivir bien en armonía con un buen suministro de agua, alimentación, cultura, ciencia, educación, hábitat y vivienda. Ese buen vivir comprende los derechos a la salud, el trabajo, los derechos de la naturaleza, la colectividad, la participación y control social, la integración latinoamericana, entre otros. En el modelo boliviano, el vivir bien se da en relación con la organización económica del Estado, y su ataque es frontal contra el capitalismo.

Lo importante de las constituciones no es la introducción de nuevos elementos sino de las nuevas lógicas y formas de conocer, pensar y vivir bajo parámetros radicalmente distintos que permiten nuevas insurgencias ciudadanas. Ambos modelos constitucionales invitan a reflexionar en torno a dejar de lado los discursos coloniales del ser y de la madre naturaleza. Lo primero porque desde occidente se maneja un discurso de subalternidad, deshumanización e inferiorización en el marco de la relación entre razón-racionalidad y humanidad. Y lo segundo porque desde occidente se niega la existencia de la relación milenaria, espiritual e integral con la madre naturaleza como aquella que establece y da orden y sentido al universo de vivir.

CONCLUSIÓN SOBRE EL DERECHO AMBIENTAL COLOMBIANO

Como se ha expuesto, el Congreso de la República y la Corte Constitucional no han desatendido su obligación de emitir mandatos para garantizar la protección del ambiente y la interacción de los humanos con él; sin embargo, al igual que sucede en el campo de la protección de los derechos humanos, la mera consagración en el texto escrito no es suficiente, puesto que se requieren acciones concretas, enmarcadas en una adecuada política pública, que traslade los buenos propósitos e intenciones de la ley y la jurisprudencia a la vida real. En palabras de Habermas (2001), se requiere evolucionar del campo de la validez al de la eficacia.

Con todo, lo dicho no significa que la normatividad y la jurisprudencia estén acorde con el postulado ideal de las relaciones de los humanos con el ambiente. De hecho, aún existen puntos que pueden ser mejorados como, por ejemplo, que las providencias judiciales reconozcan que el derecho a un ambiente sano no solo es un derecho “fundamental”, sino que puede adquirir la connotación de derecho “humano”, en su concepción intercultural (Santos, 2010). Esto sería más adecuado para lograr un estándar de protección universal, independiente de las fronteras y de las voluntades de los gobernantes. Aunque algunos autores ya lo sostienen, lo ideal sería que el máximo tribunal constitucional colombiano diera ese paso. Algunos académicos afirman que:

[El] derecho al ambiente sano es un derecho humano fruto de reivindicaciones sociales surgidas ante la grave crisis ambiental. Como derecho humano debe ser protegido y garantizado por los medios idóneos y en condiciones iguales a los demás derechos humanos, en orden a garantizar el respeto de la dignidad humana. (Sánchez Supelano, 2012, p. 68)

No se puede desconocer la importancia de la promulgación de la Constitución de 1991 y los precedentes del tribunal de cierre de la jurisdicción constitucional, ya que marcaron un hito en la historia del derecho ambiental nacional, toda vez que por primera vez elevaron a rango de derecho constitucional —fundamental, mas no humano— el goce de un ambiente sano y las obligaciones del Estado de realizar acciones positivas para garantizar su pleno ejercicio y el deber de abstenerse de afectarlo.

Empero, aún quedan puntos sobre los cuales reflexionar y que, dada la importancia del acuerdo entre el Gobierno y las FARC-EP, vale la pena reevaluar de cara a esta nueva oportunidad de construcción de país. La interpretación que se haga de las cláusulas del acuerdo, de los decretos reglamentarios y, en general, de las disposiciones normativas, será trascendental para aprovechar las potencialidades del acuerdo y superar sus limitaciones, particularmente en temas de uso de territorio, de condiciones económicas para las poblaciones campesinas e insurgentes desmovilizados, de barreras institucionales para la participación de las comunidades en la toma de decisiones, etc.

Es importante destacar la diferencia entre disposiciones normativas y normas. Tal como lo consagra Crisafulli (1964), las primeras son signos que per se no dicen nada, mientras que las segundas constituyen la interpretación de dichos signos, motivo por el cual estas últimas son las que realmente contienen los mandatos deónticos. En el fondo, la discusión debe estar en la manera como los signos lingüísticos de la Constitución y la ley nacional sobre el ambiente, por un lado, y las expresiones consignadas en el acuerdo de paz; así mismo, deben interpretarse armónicamente con una norma que respete el paradigma biocéntrico, holístico y complejo del ambiente y, en consecuencia, superar el modelo antropocéntrico que tradicionalmente ha marcado la historia normativa colombiana. Los procesos constitucionales de Ecuador y Bolivia pueden consolidarse como un importante referente.

RECORDANDO EL CONCEPTO DE JUSTICIA AMBIENTAL

El concepto de justicia también ha sido tradicionalmente occidentalizado. El posacuerdo nos brinda la oportunidad de ampliar el horizonte en esta materia. Existe una idea arraigada en la institucionalidad y en la academia sobre la importancia de una “justicia antropocéntrica”, con lo cual se descuida el tema de la “justicia ambiental”. Muestra de ello son los múltiples estudios que se han desarrollado al respecto desde la antigua Grecia hasta la época contemporánea.

Así, por ejemplo, a Platón se le atribuye un significado metafísico de la justicia a partir de su teoría de las ideas, según la cual, existen valores absolutos en una esfera inteligible, inaccesible para los hombres, que deben tratar de ser realizados en el mundo de los sentidos. Una de dichas ideas es la justicia, identificable con lo bueno pero que el mismo pensador griego admite estar en imposibilidad de definir. También se imputa a uno de los siete sabios de Grecia la conocida frase que afirma que la justicia significa “dar a cada uno lo suyo” y a la sabiduría popular conceptos tales como que la justicia es “bien por bien, mal por mal” (Kelsen, 1953).

De manera más reciente, Kant (1921) invoca el imperativo categórico como un modelo de justicia en la medida que los seres humanos se deben conducir conforme aquella máxima que desearían que se convirtiera en ley general. De otra parte, Amartya Sen (2016), premio nobel de economía en 1998, afirma que “la justicia guarda relación, en última instancia, con la forma en que las personas viven sus vidas y no simplemente con la naturaleza de las instituciones que las rodean” (p. 15).

A partir de lo anterior, entonces, se debe reconocer que el tema de la justicia hoy en día sigue siendo un tema central en el debate académico. Empero, tal como lo reconoce el mismo Amartya Sen, su papel protagónico se ha exacerbado gracias a los aportes de John Rawls, quien, desde mediados del siglo XX elaboró importantes ideas al respecto en ensayos tales como La justicia como equidad y escritos tempranos sobre “procedimientos de toma de decisiones (Sen, 2016).

A continuación, se pretende realizar una exposición de las ideas de Rawls, Dworkin y Alexy sobre el concepto de justicia, para luego, apoyado en los análisis de Amartya Sen, sostener que los avances al respecto son necesarios, pero no suficientes para la pretensión de una teoría integral de la justicia. Se destaca, por consiguiente, que el análisis se llevará a cabo sobre aquellas teorías que dan cuenta de la justicia como procedimiento y dejan de lado la pregunta ontológica de qué es la justicia y quiénes son los sujetos sobre los que esta recae.

La teoría de la justicia de John Rawls

El punto de partida desde el cual John Rawls (1997) edifica su teoría tiene que ver con la idea de justicia como imparcialidad, que le da título primer capítulo de su obra Teoría de la Justicia. En virtud de esta concepción, que él mismo adscribe afín a las teorías contractualistas de Locke, Rousseau y Kant, la justicia social es alcanzable, única y exclusivamente, en la medida que se excluyan los prejuicios, se tengan en cuenta las prioridades y preocupaciones de otros y, correlativamente, se evite la influencia de intereses propios en la toma de decisiones. Lo anterior se logra cuando las personas se ubican en la posición original, definida como la situación ideal de igualdad o “el statu quo inicial apropiado que asegura que los acuerdos fundamentales alcanzados en él sean imparciales” (Rawls, 1997, p. 29), pues personas racionales, carentes de interés particular alguno o posiciones ventajosas entre ellos, se ven obligadas a “escoger principios justos” que los regirán como sociedad.

Como es de esperarse, la selección de los principios demanda que los participantes manifiesten sus opiniones sobre la buena vida, a lo que el autor denomina “preferencias comprehensivas”, que son racionales y equitativas porque se adoptan bajo el “velo de ignorancia” que se impone a los actores para que, se insiste, sus intereses particulares no influyan en la decisión. En lo que atañe al procedimiento, Rawls sostiene que es viable en la posición originaria porque, al erradicar los intereses, será posible garantizar la deliberación, en términos muy similares a los de Habermas, quien afirma que ese es el mejor modelo para la adopción de decisiones en una sociedad1.

Una vez ubicados en la posición original e impuesto el velo de ignorancia, se agotarán varias etapas que garantizan el establecimiento de instituciones justas. La primera de ellas es la selección de principios. A su juicio, en condiciones de igualdad los actores tomarán los siguientes principios de justicia: 1) cada persona ha de tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas que sea compatible con un esquema semejante de libertades para los demás; 2) Las desigualdades sociales y económicas habrán de ser conformadas de modo tal que a la vez que a) se espere razonablemente que sean ventajosas para todos, b) se vinculen a empleos y cargos asequibles para todos (Rawls, 1997). En una segunda etapa debe existir una reflexión y desarrollo de un equilibrio reflexivo en el que hay evaluaciones personales sobre bondad y rectitud. En el texto El liberalismo político (1996), Rawls sostiene que los ciudadanos solo pueden establecer los parámetros de justicia que les regirán en la medida que tengan una concepción política razonable de dicho concepto, y aunque reconoce que allí pueden existir discrepancias, confía en que las mismas se superarán con la deliberación. Finalmente, en la última etapa, debe existir un consenso entrecruzado que tiene que ver con complejos modelos de nuestros acuerdos y desacuerdos de los que depende la estabilidad social: al existir un consenso en el punto fundacional, los sujetos se comportarán de manera adecuada en sus relaciones individuales.

Una vez establecidas las instituciones justas, estas podrán establecer “correctivos especiales” para las “necesidades especiales” como la discapacidad y la desventaja. Rawls es particularmente sensible ante las desventajas. Para tal efecto, retoma el elemento central a partir del cual se edifican sus principios: los bienes primarios. Los bienes primarios son medios de uso múltiple que constituyen el indicador primario para juzgar la equidad en la distribución. En otras palabras, los bienes primarios son medios para que cada individuo pueda perseguir sus propios fines en las sociedades democráticas desarrolladas, a cuyo disfrute aspira toda persona razonable (Orellana, 1999).

La teoría de la justicia de Ronald Dworkin

Dworkin sostiene que el concepto de justicia está estrechamente ligado con el concepto de igualdad. En el libro Virtud soberana (2003) afirma que la igualdad de consideración —que es superior a la igualdad de bienestar y de recursos— exige que el Gobierno aspire a una forma de igualdad material que ha denominado igualdad de bienestar y de capacidades (Dworkin, 2003). Para ello apela a un ejemplo:

[…] supóngase que un hombre acaudalado tiene varios hijos, uno de ellos es ciego, el otro un playboy de gustos caros, un tercero es un político de ciernes de ambiciones caras, otro es un poeta cuyas necesidades son modestas y otro un escultor que trabaja con materiales caros. (Dworkin, 2003, p. 22)

La pregunta que hace Dworkin es: ¿cómo hará su testamento de forma justa? La respuesta dependerá de si se tiene una idea de igualdad como bienestar, de igualdad de recursos o como una mezcla de ambas. El autor norteamericano incorpora el concepto de mercado imaginario de seguros, en virtud del cual las personas en la posición original y bajo el velo de ignorancia entran en un mercado y adquieren seguros para precaver tales desventajas, de tal manera que más adelante, en caso de materializarse alguna desventaja, podrán tener compensación. La igualdad de capacidad equivale a la igualdad de bienestar (Sen, 2016).

La teoría de la justicia de Robert Alexy

Robert Alexy (2007) pretende establecer una teoría sobre los derechos fundamentales. Para ello apela, entre otros elementos, a la razón práctica y a la pretensión de corrección del derecho. En una oportunidad anterior (Rojas, 2015), mencioné que el profesor alemán defiende una idea kantiana sobre el razonamiento práctico, según la cual, toda decisión debe ser tomada desde una teoría del discurso que exija el agotamiento de un procedimiento argumentativo dotado de sus propias reglas. Estas pueden ser, por mencionar algunas, la no contradicción, la universalidad, la claridad lingüístico-conceptual, la verdad de las premisas utilizadas, la completitud deductiva de los argumentos, la consideración de las consecuencias, las ponderaciones, el intercambio de roles, la posibilidad de que todo hablante puede cuestionar cualquier aserción, el hecho que todos pueden introducir cualquier aserción en el discurso, la prohibición de que algún hablante pueda ser coaccionado para no ejercer las anteriores potestades, etc.

Ahora bien, si al momento de adoptar una norma se tienen en cuenta las anteriores reglas, se podrá sostener un señalamiento del siguiente talante: “una norma puede encontrar aprobación universal en un discurso solo si las consecuencias de su cumplimiento general para la satisfacción de los intereses de cada individuo pueden ser aceptadas por todos sobre la base de argumentos” (Alexy, 2005, p. 138). En este ensayo me concentraré en la pretensión de corrección, pues a partir de esta se edifica el vínculo entre derecho y moral, lo cual, a su turno, garantizará que las decisiones que adopten los jueces sean justas; sin que ello signifique desconocer el concepto de la teoría argumentativa de Robert Alexy. En torno a la pretensión de corrección desde el punto de vista del discurso racional, Alexy (2005) ha manifestado:

[…] quien asevera algo frente a otro se encuentra pues prima facie bajo el deber de fundamentar frente a él su aseveración cuando así le sea requerido. En esta medida, la manifestación de una aseveración significa ingresar en el ámbito de la argumentación. Quién fundamenta algo admite, por lo menos, por lo que respecta a la fundamentación con igualdad de derechos y que no ejercerá coacción o se apoyará en una coacción ejercida por un tercero. Pretende, además, que puede defender su aseveración no sólo frente al respectivo destinatario sino también frente a cualquiera. A estas pretensiones corresponden las reglas específicas del discurso que garantizan el derecho de cada cual, a participar en discursos, como así también la libertad y la igualdad en los discursos. (p. 141)

El autor retoma el ejemplo con el que Hart (1961) cuestiona la tesis de Austin sobre el concepto del derecho, esto es, el famoso caso sobre la diferencia entre un sistema de reglas de una banda de ladrones y las del sistema jurídico. En el texto Teoría sobre los derechos fundamentales, Alexy (1997) menciona que existe un criterio empírico y uno normativo para establecer si una norma corresponde o no con una norma de derecho fundamental. El criterio empírico sostiene que las normas adscritas de derecho fundamental “son aquellas que la jurisprudencia y la ciencia del derecho realmente adscriben a las normas de derecho fundamental estatuidas directamente” (p. 28). Sin embargo, a su juicio, tal postura resulta indeseada porque no permite establecer cuáles adscripciones son realizadas conforme al derecho. Así pues, una verdadera adscripción conforme a derecho se lleva a cabo cuando “la norma adscripta [sic] puede ser catalogada como válida [esto es] si para su adscripción a una norma de derecho fundamental estatuida es posible dar una fundamentación iusfundamental correcta” (Alexy, 1997, p. 39).

CONCLUSIONES: NECESIDAD DE UNA JUSTICIA AMBIENTAL

Una vez esbozadas algunas de las ideas más influyentes en torno a la justicia, es imperioso mencionar que estas, si bien evidencian su papel protagónico, se han concentrado en la búsqueda de instituciones justas, mas no de las relaciones entre las personas y de estas con el ambiente. Así, por ejemplo, Rawls plantea un modelo de justicia a partir de la posición original en la que los ciudadanos, bajo el velo de ignorancia, están en capacidad de elegir racionalmente los principios de justicia, gracias a su fundamento sobre los bienes primarios básicos, lo que, a la postre, desembocará en la consolidación de instituciones justas.

Dichas ideas serán complementadas por Dworkin, quien, tal como se acaba de evidenciar, apuesta por un modelo justo en virtud del concepto de igualdad. Tal concepto, implica una posición hipotética del mercado de seguros, en el que los ciudadanos podrán ser compensados en casos de encontrar desventajas. En el fondo, desde su perspectiva, la igualdad es la virtud soberna del buen Gobierno. El profesor Amartya Sen (2016) ha catalogado las dos anteriores teorías como “trascendentalistas institucionales”, pues comparten el propósito de “identificar reglas e instituciones justas” y descuidan las relaciones de las personas entre sí. Lo importante, entonces, desde la óptica del premio Nobel, no es identificar esquemas sino realizaciones. A esto último se le debe adicionar que se trata de teorías que desconocen al ambiente como un sujeto de derechos, o por lo menos no lo tienen en cuenta. Esa invisibilización, anulación y subestimación lleva a una teoría de la “justicia antropocéntrica”, según la cual solo los seres racionales deben ser tenidos en cuenta al momento de definir qué es lo más justo.

En lo que atañe a Alexy, cabe anotar que su modelo de justicia está materializado en la sentencia judicial en la medida que alcance en la pretensión de corrección. Este modelo también podría ser calificado como insuficiente para una definición integral de la justicia, porque se limita a elevar una fórmula vacía en la que se carece de una definición unívoca sobre esta.

En cuanto a las críticas que recaen sobre la teoría del discurso como teoría de la corrección, según Alexy (2005), Weinberger afirma que la corrección de una tesis no depende únicamente de que se aduzcan buenas razones, pues el juicio del partícipe es un presupuesto lógico para llegar al consenso, so pena de avalar las decisiones adoptadas durante las “psicosis de masas”. Del mismo modo, Tugendhat sostiene que no toda fundamentación resulta ser comunicativa, porque aun cuando la decisión es individual se debe buscar un punto de equilibrio entre los intereses no comunes o particulares, a lo que se arriba en la medida que se aduzcan argumentos en los que se tome en serio al otro como individuo.

Ante tal panorama, la conclusión es que es necesario ampliar el espectro en materia de la concepción de la justicia, pues más allá de ser un tema que concentre la atención del derecho y las instituciones, deberá, también, tomar en cuenta lo que al respecto enseñan disciplinas como la sociología y la economía.

REFERENCIAS

AIDA y Red de Justicia Ambiental. (2014). Respuesta oficio optb-783/2014 concepto técnico acción de tutela expediente T-4.245.959. Bogotá: Corte Constitucional.

Alexy, R. (1997). Teoría sobre los derechos fundamentales. (Trad. E. Garzón Valdés). Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.

Alexy, R. (2005). Una concepción teórico-discursiva de la razón práctica. (Trad. J. M. Seña). Barcelona: Gedisa.

Alexy, R. (2007). Teoría de la argumentación jurídica. (Trad. M. Atienza e I. Espejo). Lima: Palestra Editores.

Amaya Navas, O. D. (2012). El desarrollo sostenible y el derecho fundamental para gozar de un ambiente sano. Bogotá: Editorial Universidad Externado de Colombia.

Bernal Pulido, C. (2005). El derecho de los derechos. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Bouvier, A. (1991). La protección del medio ambiente en periodo de conflicto armado. Revista Internacional De La Cruz Roja, 16(108), 603-616. doi: 10.1017/S0250569X00001096

Centro Nacional de Memoria Histórica (2013). Basta ya. Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad. Informe General del Grupo de Memoria Histórica. Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica.

Congreso de Colombia. (19 de diciembre de 1973). Ley 23 de 1973: Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código de Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones. DO: 34 001.

Congreso de Colombia. (22 de diciembre de 1993). Ley 99 de 1993: Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. DO: 41 146.

Congreso de Colombia. (10 de julio de 2000). Ley 590 de 2000: Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresa. DO: 44 078.

Congreso de Colombia. (21 de julio de 2009). Ley 1333: Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones. DO: 47 417.

Corte Constitucional de Colombia. (17 de junio de 1992). Sentencia T-411 de 1992. [M.P. Alejandro Martínez Caballero].

Corte Constitucional de Colombia. (16 de julio de 2015), Sentencia T-449 de 2015. [M.P. Jorge Iván Palacio Palacio].

Crisafulli, V. (1964). Disposizione (e norma). En, Varios Autores. Enciclopedia del Diritto, Tomo xii (pp. 196-209). Milano: Guifré Editores.

Dworkin, R. (2003). Virtud soberana. La teoría y la práctica de la igualdad. (Trad. F. Aguilar y M. J. Bertomeu). Barcelona: Paidós Estado y Sociedad.

El Espectador (1 de marzo de 2017). Corte ordena revisar impacto ambiental por explotación de carbón por El Cerrejón en La Guajira. El Espectador. Recuperado de https://www.elespectador.com/noticias/judicial/corte- ordena-revisar-impacto-ambiental-por-explotacion-de-carbon-por- el-cerrejon-en-la-guajira/

Guastini, R. (2010). La interpretación de la Constitución. En, Ortega, S. (Ed.). Interpretación y razonamiento jurídico. Volumen ii (pp. 23-48). Perú: Ara Editores.

Habermas, J. (2001). Facticidad y validez. (Trad. M. J. Redondo). Madrid: Trotta.

Haddad, Y. (2010). La democracia deliberativa. Perspectiva crítica. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Hart, H.L.A. (1961). El Concepto de Derecho. (Trad. G. R. Carrio), Buenos Aires: Abeledo-Perrot.

Jaramillo, J. (2016). Constitución, democracia y derechos. Textos escogidos de Juan Jaramillo. Bogotá: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia.

Kant, I. (1921). Fundamentación de la física de las costumbres. Madrid: Alianza Editorial.

Kelsen, H. (1953). ¿Qué es la justicia? México: Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política.

Londoño Holguín, M. C. y Martínez Agudelo, L. J. (2013). El medio ambiente, otra víctima del conflicto armado (tesis de grado). Universidad de Manizales, Manizales, Colombia.

López, D. (2002). El derecho de los jueces. Bogotá: Legis-Uniandes.

López Medina, D. E. (2006). El derecho de los jueces. Bogotá: Legis.

Martí, J. (2011). La paradoja de las precondiciones de la democracia deliberativa en Nino. En, García, L. Cuadernos de investigación (pp. 41-54). Medellín: Universidad Eafit.

Mejía Quintana, O. (2006). La norma básica como problema iusfilosófico. Tensiones y aporías del positivismo y las apuestas pospositivistas de superación. En, N. Gil (comp.). Filosofía del derecho y filosofía social: memorias tercer congreso Nacional (pp. 5-38). Bogotá: Grupo editorial Ibáñez.

Mesa, C. G. (2010). Quince años no es nada. Historia actual de la política y la legislación ambiental en Colombia. En, C. Toro Pérez y B. Marquardt (Eds.). Quince años de la política ambiental en Colombia (pp. 227-260). Bogotá: Instituto Unidad de Investigaciones Jurídico-Sociales Gerardo Molina-Unijus. Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Universidad Nacional de Colombia.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (26 de mayo de 2015). Decreto 1076 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. DO: 49523.

Ministerio de Agricultura. (26 de julio de 1978). Decreto 1541 de 19: Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto Ley 2811 de 1974: “De las aguas no marítimas” y parcialmente la Ley 23 de 1973. DO: 35078.

Nussbaum, M. (2007). Las fronteras de la justicia. Consideraciones sobre la exclusión. Barcelona: Paidós.

Orellana, V. (1999). El liberalismo político de John Rawls (tesis doctoral). Universidad de Málaga, Málaga, España. Recuperado de http://www.biblioteca.uma.es/bbldoc/tesisuma/ 16284999.pdf

Ortiz, C. (2003). Agricultura, cultivos ilícitos y medio ambiente en Colombia. En, M. Cárdenas y M. Rodríguez Becerra. Guerra, sociedad y medio ambiente (pp. 297-352). Bogotá: Foro Nacional Ambiental.

Ovejero, F. (2012). Deliberación y democracia. En, J. E. Ugarriza Uribe, I. Cuervo y A. Hernández (eds.). El giro deliberativo en la democracia. Teoría y evidencia empírica (pp. 33-74). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Pantoja, C. (2016). Regulación de pasivos ambientales: defensa jurídica de la función ambiental de la propiedad, la reparación y la justicia ambiental (tesis de maestría). Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.

Pew Research Center. (2017). Globally, People Point to isis and Climate Change as Leading Security. Recuperado de http://www.pewglobal.org/2017/08/01/globally-people-point-to- isis-and-climate-change-as-leading-security-threats/

Presidencia de la República. (27 de enero de 1975). Decreto 2811 de 1974: Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. DO: 34 243.

Presidencia de la República de Colombia. (2017). Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Recuperado de http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y- conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016 NuevoAcuerdoFinal.pdf

Pulsuz fraqment bitdi.

Pablo Ignacio Reyes Beltrán
və s.
Mətn
0,0
Kitabı dəyərləndirin
0
Rəy bildirmək
4,74 ₼

Janr və etiketlər

Yaş həddi:
0+
Litresdə buraxılış tarixi:
22 oktyabr 2025
Həcm:
687 səh. 63 illustrasiyalar
ISBN:
9789587944679
Naşir:
Müəllif hüququ sahibi:
Bookwire
Yükləmə formatı:

Bu kitabla oxuyurlar

Oxşar kitablar

Müəllifin digər kitabları