Kitabı oxu: «Desafíos de la formación en TIC para educadores de hoy.»

Capítulo I

1. La política pública de tecnologías de la información y las comunicaciones en el contexto educativo de Colombia

En la actualidad, la política pública de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-, en el contexto educativo de Colombia, presenta retos y desafíos asociados con las tendencias del siglo XXI, en el sentido que la generación y difusión de conocimiento es relevante en la sociedad de la información en plena vigencia, impulsada por la globalización que, aunque pueda ocasionar inconformismo a algunos grupos sociales, es una realidad.

La tecnología, de manera general, y las TIC, de manera particular, juegan un papel protagónico en el campo educativo, por lo que es importante realizar procesos de reflexión que permitan identificar la articulación de esta política en contextos sociales concretos. Ya que el campo educativo se enfrenta a nuevas generaciones que emergen en el marco de la sociedad de la información y es importante analizar la armonía de la política pública de TIC a la luz de las nuevas dinámicas y exigencias de las comunidades.

En este sentido, se ha podido observar que falta mayor visibilidad de la política pública de TIC en el contexto educativo de Colombia, pues si bien existe, se desconoce cómo se ha venido integrando en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, ya que existe una brecha entre la incorporación y su uso. Además, una cosa es lo que se registra desde la política pública referida, mediante la cual se ha intentado responder a los lineamientos planteados por organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas -ONU- y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -Unesco-, y otra es el contexto real donde se implementa dicha política.

En razón al panorama anteriormente señalado, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál ha sido el proceso de formación de la política pública de TIC en el contexto educativo de Colombia?

Por lo anterior, este capítulo tiene como objetivo general determinar el proceso de formación de la política pública de TIC en el contexto educativo de Colombia. Como objetivos específicos se tienen los siguientes: establecer un marco conceptual de políticas públicas, TIC y educación; y analizar el proceso de formación de la política pública de TIC en el contexto educativo de Colombia a partir de 1994, año en el que se expidió la Ley 115, conocida como la Ley General de Educación.

1.1 Marco Coneptual

A continuación, se desarrolla el marco conceptual de políticas públicas, TIC y educación.

1.1.1 Políticas públicas

Una política pública, de manera general, se define como un sistema de decisiones y acciones gubernamentales que orientan la acción del Estado, cuya definición corresponde al gobierno, de conformidad con el artículo 208 de la Constitución Política, el cual señala que los ministros y directores de departamentos administrativos deben formular las políticas atinentes a su despacho, que para el caso puntual de la política pública de TIC en el contexto educativo de Colombia, le corresponde de manera articulada a los Ministerios de las TIC y de Educación Nacional. El carácter de sistema implica que tanto las decisiones como las acciones se encuentran interrelacionadas, situación que conlleva un desarrollo armónico, pues si fallan las decisiones y/o las acciones, fracasa la política.

En la doctrina se pueden encontrar tantas definiciones de política pública, como autores abordan el tema. Roth (2004) señala que política pública hace referencia a un conjunto de objetivos colectivos que deben ser indispensables para un grupo social. Para la materialización de tales objetivos, se requiere de medios y acciones, cuya gestión, así sea en parte, necesita de la participación de entes estatales en aras de atender una situación problemática. Otra definición es: “el conjunto de sucesivas respuestas del Estado frente a situaciones consideradas como socialmente problemáticas” (Salazar, 1999, p. 24).

Al respecto, cabe anotar que en las normas jurídicas no existe una definición puntual de política pública. Sin embargo, la Ley 1098 de 2006 consignó que la política pública de infancia y adolescencia se integra por el conjunto de acciones que adelanta el Estado, con la participación de la sociedad y la familia, para garantizar la protección de los niños y adolescentes. En tal sentido, las políticas públicas se ejecutan a través de la formulación, implementación, evaluación y seguimiento de planes, programas, proyectos, actividades y estrategias.

La Corte Constitucional, a través de sus fallos, con frecuencia se ha referido a políticas públicas, pues es a través de estas herramientas que se garantiza el goce efectivo de derechos. Es así como en la Sentencia T-177 de 1999, señala que la eficacia de los derechos económicos, sociales y culturales, depende de la definición de políticas públicas que los desarrollen, puesto que carecen de aplicación inmediata.

Ante la presencia de conceptos caracterizados por excesiva generalidad, puesto que en su mayoría tratan flujos de decisiones y de acciones del Estado orientados a resolver problemas sociales, soportados en Sánchez e Higuera (2019), puede definirse política pública como el sistema de decisiones y acciones a corto, mediano y largo plazo, que ofrece el Estado a través de sus autoridades competentes investidas de poder y legitimidad, con el propósito de gestionar el conflicto social, para lo cual se requiere movilizar recursos, expedir normas jurídicas y sentencias, establecer procedimientos, utilizar estrategias y líneas de acción; formular, implementar y evaluar planes, programas, proyectos y actividades para alcanzar objetivos y metas, en cuyo proceso de formación debe existir participación de agentes diferentes a las autoridades públicas.

Del anterior concepto, se puede deducir que una política pública se conforma por varias decisiones, normas jurídicas, sentencias, procedimientos, recursos y actores. Vale la pena agregar que, el conjunto de elementos antes señalados, se debe complementar con la afirmación de valores. La toma de decisiones corresponde al gobierno, mientras que la implementación de tales decisiones corresponde a la administración pública, razón por la cual, el proceso de formación de una política pública es un papel principal del Estado. Sin embargo, la sociedad, como partícipe y destinaria de la política pública, juega un papel protagónico en el referido proceso, en la medida en que se involucra en los asuntos públicos, dando vía a la materialización del concepto de gobernanza. Por tal razón, la política pública es el resultado de las acciones, procesos e interacciones entre diferentes actores.

Es a través de la formulación e implementación de planes, programas, proyectos y actividades que la política pública previene o soluciona un problema o problemática social. Para lograr dicho cometido, la política pública debe tener bien definido el núcleo y la periferia:

a. El núcleo es el trasfondo, es decir, lo político e ideológico que la soporta, dependiendo del enfoque utilizado para su formación; pues si el enfoque es de derechos, el trasfondo estará constituido por los derechos humanos. Sin embargo, existen otros enfoques para su formación tales como el de riesgos, poblacional, territorial, de género y diferencial. Es decir, el núcleo es la parte estable de la política pública, derivada de valores, tales como la innovación, la ética, prestación del servicio público, calidad, liderazgo e inclusión, entre otros valores.

b. Por su parte, la periferia es la parte flexible de la política pública, es decir, la que facilita la adaptabilidad. Se compone de las redes de actores, instituciones, recursos, normas, procedimientos, estrategias, planes y programas.

De otro lado, analizar una política pública, según Sánchez (2016), implica estudiar su proceso de formación, parte de este o alguno de sus elementos, con énfasis en la identificación de los actores de tal proceso, con el fin de obtener conocimiento sobre la manera en que ocurrieron los hechos, sus causas y consecuencias. La información, resultado del análisis, puede ser útil para ajustar la política o para aplicarla a la formación de nuevas políticas públicas.

De manera general, el proceso de formación de una política pública implica unas fases o etapas que implican el diseño, la implementación y la evaluación, los cuales, en la práctica, no se desarrollan de manera lineal, ya que se generan, casi siempre, al mismo tiempo.

Previamente al diseño o formulación de la política pública, es necesario identificar el problema o problemas que se pretenden evitar o solucionar con esa herramienta. En esta actividad, el diagnóstico es el elemento esencial, que permite establecer la situación en la que se encuentra la población objeto de la política pública, además de proveer información en materia de planes, programas, proyectos y actividades que se han formulado e implementado en el ámbito específico de la política. Dicha información es útil para la toma de decisiones.

Luego de identificar el problema o problemas sociales, estos se deben institucionalizar, es decir, incluirlos en la agenda política. En esta etapa, el problema pasa de social a público pues, al tener el carácter de problema público, recibe la atención necesaria por parte de las autoridades públicas. La selección de los problemas que necesitan debate político e intervención activa de las autoridades públicas competentes corresponde, por regla general, al sistema político; aunque es pertinente señalar que existen diferentes modelos de agenda, particulares para cada política, tales como movilización, mediatización, anticipación, acción corporativa silenciosa, modelo de agenda internacional y modelos de agenda judicial, entre otros.

Para el caso de Colombia, el Plan Nacional de Desarrollo se concreta luego de haber establecido el listado de temas o problemas que integran la agenda política. Esto, según el artículo 339 de la Constitución Política, donde se indica que la parte general del plan, entre otros elementos, está integrada por las políticas; de estas, se pasa a la definición del problema o problemas, etapa desarrollada a través de los planes de acción que todas las entidades del Estado deben formular e implementar, en donde se debe establecer la naturaleza del problema, es decir, determinar en qué consiste, las causas, duración, dinámica, afectados y consecuencias.

Para el desarrollo de estas actividades también contribuye el diagnóstico, pues todo documento de política pública debe incorporarlo, al igual que elementos como los antecedentes, el marco conceptual, los objetivos, el plan de acción, la financiación y las recomendaciones.

En cuanto al diseño o formulación de la política pública, también conocida como la fase de toma de decisiones, debe corresponder con la definición causal de los problemas determinados, según Merino y Cejudo (2013), además de acompañarse de la coalición de actores, en aras de dar legitimidad a dichas decisiones, debe expresarse en una política efectiva de acción, traducida en una norma jurídica, programa o plan de acción. Sin embargo, la toma de decisiones implica riesgos e incertidumbre puesto que puede estar soportada en información incompleta o exceso de información.

El ciclo de la política continúa con la implementación, fase que implica la ejecución de la política, la administración, gestión y la producción de efectos positivos, expresados en una mejor calidad de vida de la población objeto de la intervención estatal. De esta etapa se encarga la administración pública, los agentes públicos no estatales y los actores privados. En lo que respecta a la administración pública, en la medida que esta fase de implementación de políticas públicas se desarrolle de manera eficiente y eficaz, es decir, se logren los objetivos y metas, se hace referencia al concepto de gobernabilidad.

En cuanto a la evaluación, se trata de una actividad permanente, antes, durante y después de la política, la cual arroja información útil para determinar la reacción de actores frente a la acción y juicios en cuanto a los efectos de la intervención del Estado, lo cual sirve para decidir sobre los ajustes, continuidad o terminación de la política. Tal evaluación debe incorporar análisis en los ámbitos económico, político, institucional y organizacional.

En referencia a los elementos, es preciso señalar que cada política pública tiene sus propios elementos, entre los que se encuentran el diagnóstico, el problema o problemas que pretende solucionar o evitar, la solución, las estrategias que facilitan el proceso de formación, los recursos, la ejecución, los objetivos, las metas, líneas de acción y los mecanismos instrumentales, es decir, instrumentos económicos, jurídicos, regulatorios, administrativos, financieros y de institucionalidad.

Respecto a los actores, es pertinente identificarlos, con el fin de obtener información sobre quiénes se interesan y quiénes se oponen a la política pública, para revisar su viabilidad o inviabilidad. Además, se deben establecer las relaciones entre agentes y la capacidad de incidir en su proceso de formación. Para ello contribuye el análisis que se debe hacer del régimen político.

Existen diversas formas de clasificar los actores de las políticas públicas. Una de ellas es la tipología de actores responsables e incidentes:

a. Los actores responsables tienen la capacidad legal de participar en alguna fase o en varias del ciclo de la política pública. Para el caso de la política objeto de este análisis, entre otros, se encuentran el Congreso de la República, los jueces de la República, el presidente de la República y los ministerios de las TIC y de Educación Nacional.

b. En tanto, los actores incidentes, a pesar de no tener la competencia legal, afectan de alguna manera el proceso de formación de la política, tal es el caso de los beneficiarios de la política pública, los sindicatos, los medios de comunicación y las organizaciones académicas que adelantan estudios y proponen recomendaciones sobre la política pública de las TIC en el contexto educativo de Colombia.

1.1.2 TIC y educación

De manera general, las TIC son aquellas tecnologías, abordadas como sistema, que se soportan en la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones. Galvis (2008) se refiere a las TIC como todos aquellos dispositivos que permiten acceder, procesar, almacenar o difundir información en formato digital e interactuar con otros seres a través de medios digitales. Un concepto más puntual se encuentra consignado en el Artículo 6 de la Ley 1978 de 2019, que las define como el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como voz, datos, texto, video e imágenes. En este sentido, las TIC deben servir al interés general y es deber del Estado promover su acceso eficiente y en igualdad de oportunidades, a todos los habitantes del territorio nacional, pues universalizar el dominio de las TIC coadyuva al proceso democrático.

De otro lado, la educación es un proceso que implica transmitir entre seres problemas de la sociedad y del individuo, y desarrollo de capacidades que, en términos generales, se trata de la herencia social, proceso que debe ir más allá de la capacitación para el trabajo, pues también tiene que incluir la actitud científica y la formación de ciudadanos.

En tal sentido, León (2007) se refiere a la educación como el proceso que implica la preparación y formación tendiente a aumentar el saber, dar sagacidad al pensamiento, aprender de la experiencia y aprender de otros. Es la actividad del ser humano cuyos propósitos son lograr su transformación y aprender a vivir en sociedad.

Por lo antes referenciado, la educación debe pasar del escenario de transmitir, es decir, de replicar conocimiento, al escenario transaccional que implica construir conocimiento y aplicarlo a situaciones reales, para luego pasar al escenario de educación transformativa que requiere crear condiciones de cambio, desaprender, abordar perspectivas múltiples y reflexionar sobre experiencias, entre otros aspectos. En síntesis, la educación, además de informar, debe generar conocimiento, pues el estudiante obtiene información a través de diferentes medios, pero necesita saber organizarla, interpretarla, evaluarla, entre otras actividades, para después construir y generar nuevos conocimientos, proceso al cual coadyuvan las TIC como herramientas pedagógicas.

En atención a las TIC en el contexto educativo, presentan retos y desafíos asociados con las tendencias del siglo XXI, pues la generación y difusión de conocimiento es relevante en la sociedad de la información en plena vigencia, impulsada por la globalización. Por ello, las TIC contribuyen a la forma de enseñar y de aprender, en la medida en que con dichas tecnologías se pueden diseñar, desarrollar y aplicar recursos en procesos educativos, tales como instrumentos de carácter informático, audiovisual, tecnológico, del tratamiento de la información y los que facilitan la comunicación, los cuales contribuyen a materializar los elementos del derecho humano a la educación, en el sentido de que las referidas tecnologías coadyuvan a la generación de cupos educativos, condiciones de acceso a la educación, permanencia en el sistema educativo, eficiencia, mejores oportunidades para aprender y aportan a la calidad de la educación.

Según la Unesco (2008), en un contexto educativo sólido, las TIC pueden ayudar a los estudiantes a adquirir las capacidades necesarias para ser competentes en su utilización, buscadores, analizadores y evaluadores de información, solucionadores de problemas y tomadores de decisiones, usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad, comunicadores, colaboradores, publicadores y productores, y ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la sociedad. En sí, el impacto de las TIC en la educación también genera nuevos medios didácticos que ayudan al docente a potenciar los procesos de enseñanza y de aprendizaje.

Además, las TIC deben contribuir al cambio de actitud de docentes y estudiantes en cuanto a la responsabilidad por la enseñanza y el aprendizaje, ser herramientas para la resolución de problemas, contribuir al trabajo en equipo, la innovación, interactividad y creatividad, para lo cual se requiere cobertura y calidad de infraestructura tecnológica, que genere oportunidades para los docentes y los estudiantes en el aprendizaje.

No obstante, las TIC son un recurso que debe ser abordado como medio, mas no como fin de la educación, pues no son el centro de la enseñanza, razón por la cual, tanto docentes como estudiantes no pueden caer en la dictadura de tales tecnologías, en el sentido de que el proceso de enseñanza y de aprendizaje es, fundamentalmente, un encuentro de seres humanos, es decir, de docentes y estudiantes.

En este sentido, las TIC, docentes y estudiantes deben actuar de manera cooperativa, con la aclaración de que algunas TIC están nutridas de inteligencia artificial, mientras que los seres humanos gozan de la conciencia. Por ello, las TIC deben contribuir al cambio educativo, como uno de los elementos que conforma la educación, que interactúa con otros elementos del sistema como son las técnicas de enseñanza, los principios y los métodos didácticos.

En el contexto de la política pública de TIC en el ámbito educativo de Colombia, es pertinente señalar que la Constitución Política de 1991, en búsqueda de hacer realidad el Estado social de derecho, ha transformado las políticas sociales, cuyo propósito es mejorar la calidad de vida de la población mediante la materialización de derechos, la reducción de la pobreza, la protección de la población vulnerable y la generación de oportunidades, en procura de superar las desigualdades y las exclusiones sociales, de tal manera que se genere desarrollo social, económico y ambiental.

Por lo antes señalado, es responsabilidad del Estado, a través de los ministerios de Educación Nacional y de las TIC, de manera articulada, la toma de decisiones, es decir, la formulación de las políticas públicas, orientadas a fomentar las capacidades de docentes y estudiantes para el uso de las TIC como recurso transformador que debe contribuir a materializar el derecho a la educación, situación que implica tener entornos flexibles y eficaces de formación. Ello se expresa mediante la educación a distancia, la educación virtual, el trabajo no presencial, las comunidades de aprendizaje en línea y el acceso por internet a bases de datos, entre otros beneficios que las TIC generan, tanto a docentes como a estudiantes, para de esta forma, materializar la democratización e inclusión digital.

Sin embargo, en virtud del Estado regulador, los sectores privado y no estatal juegan un papel importante en la implementación de la política pública, razón por la cual, algunos planes, programas, proyectos y actividades en los que se expresa la política de las TIC en el ámbito educativo de Colombia son operados por agentes pertenecientes a los referidos sectores.

1.2 Planes y programas de las TIC en el ámbito de la educación

En razón a que una política pública se traduce en planes, programas, proyectos y actividades; a continuación, se presentan y analizan las principales líneas de acción, planes y programas de las TIC en el ámbito de la educación tanto en el contexto internacional como nacional.

1.2.1 Contexto internacional

Diversos Estados vienen adquiriendo compromisos en materia de TIC. Se resalta la “Declaración de los principios de Ginebra”, firmada por 175 países, entre los que se encuentra Colombia, en el marco de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información del año 2003 en Ginebra, en la cual se expresó el interés de construir una sociedad de la información centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo.

En el contexto educativo, diferentes entidades internacionales, como la ONU y la Unesco, vienen aunando esfuerzos para promover integración de las TIC en los procesos formativos. Las orientaciones de la ONU se encuentran consignadas en los objetivos de desarrollo del milenio y en los objetivos de desarrollo sostenible, fundamentalmente.

Los Objetivos del Milenio fueron el resultado del compromiso que 191 jefes de Estado y de gobierno hicieron, en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, en el año 2000, a través de ocho objetivos y 17 metas, cuyo cumplimiento se debió alcanzar en el año 2015. Entre tales objetivos, se resalta el orientado a lograr la enseñanza primaria universal, situación que requirió ajustar la política educativa y, por supuesto, incorporar las TIC en el sistema escolar.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-, en su Informe 2015 sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en cuanto al cumplimiento del objetivo orientado a lograr la enseñanza primaria universal, si bien es cierto, desde comienzos del nuevo milenio Colombia contaba con una cobertura bruta del servicio de educación básica del 100 %, en materia de cobertura bruta de educación media se ubicó en el 78 % en el año 2015, por debajo de la meta establecida del 93 %.

Con base en los resultados de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en el año 2015, la ONU aprobó la agenda 2030 integrada por 17 propósitos, conocida como Objetivos de Desarrollo Sostenible u objetivos mundiales que pretende poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. De tales objetivos, resalta el número 4, denominado educación de calidad, a través del cual se pretende lograr una educación inclusiva y de calidad para todos, pues la educación es un motor poderoso para garantizar el desarrollo sostenible, razón por la cual, todas las niñas y niños deben completar su educación primaria y secundaria gratuita para el 2030, al igual se debe proporcionar acceso igualitario a formación técnica, eliminar las disparidades de género e ingresos, y lograr el acceso universal a educación superior de calidad. Estos compromisos exigen a los diferentes Estados ajustar sus políticas públicas, entre las que se encuentra la de educación, teniendo en cuenta el ámbito de las TIC.

En tal sentido, la Unesco publicó el Consenso de Beijing sobre la inteligencia artificial y la educación, documento que propone consejos y recomendaciones sobre cómo sacar mayor provecho de las tecnologías de inteligencia artificial, con miras a la consecución de la agenda 2030 de educación. El Consenso fue aprobado durante la Conferencia Internacional sobre la Inteligencia Artificial en la Educación que tuvo lugar en Beijing en mayo de 2019, y se produjo después de la Declaración de Qingdao de 2015, a través de la cual, los Estados miembros de la Unesco se comprometieron a sacar provecho de manera eficaz de las tecnologías emergentes con miras a la consecución del objetivo orientado a la educación de calidad.

Además, la Unesco (2008) publicó el documento “Estándares de competencias en TIC para docentes”, el cual se sustenta en tres enfoques: alfabetización en TIC, profundización de conocimiento y generación del conocimiento; y define los indicadores de desempeño de los formadores del aprendizaje en las que todos los actores participan en el proceso educativo. Desde esta perspectiva, los docentes son aprendices expertos y productores de conocimiento, permanentemente dedicados a la experimentación e innovación pedagógica, para producir nuevo conocimiento sobre prácticas de enseñanza y de aprendizaje.

También la Unesco (2011), en el informe “Transformando la educación: el poder de las políticas TIC”, señaló que las TIC ofrecen muchas oportunidades a la educación al permitir transformar la pedagogía y dar lugar a experiencias de aprendizaje atractivas que van más allá del salón de clase. Sin embargo, la incorporación de tales tecnologías en el proceso educativo requiere de infraestructura, desarrollo de capacidades de los docentes y seguimiento de las acciones propuestas.

La referida transformación implica un cambio coordinado de todos los componentes del sistema, es decir, en el desarrollo profesional de los docentes, el currículo, la pedagogía, la evaluación y la organización escolar, razón por la cual, la política de las TIC en el ámbito de la educación debe articularse a los componentes del sistema.

Finalmente, la Unesco (2013) difundió el documento “Enfoques estratégicos sobe las TIC en educación en América Latina y el Caribe”, en donde hace propuestas para el diseño de un nuevo paradigma educativo, en el cual las TIC deben integrarse al proceso de enseñanza y de aprendizaje, para contribuir al desarrollo de sociedades más justas, democráticas e integradas. Tales propuestas surgen de un diagnóstico que señaló la baja contribución, en los últimos 20 años, de las TIC sobre la calidad educativa en la región de América Latina y el Caribe, debido a la falta de claridad, tanto de los objetivos pedagógicos, como de las estrategias o herramientas que facilitan la acción para alcanzarlos.

Al incorporar las TIC al sistema educativo, es necesario actualizar su práctica y contenidos, en función de la sociedad de la información vigente, situación que implica introducir tales tecnologías a las aulas y al currículo, la capacitación de docentes, infraestructura y el proceso de formación de políticas públicas que aseguren la implementación sistémica de reformas que impactan el sistema educativo de manera integral.

1.2.2 Contexto nacional

En este contexto, son varios los planes y programas que se han formulado e implementado en materia de las TIC en la educación, fundamentalmente a partir de 1999, cuando el Estado comenzó la incorporación en la agenda política de las TIC en diversos sectores como estrategia para modernizar la sociedad, contribuir a la competitividad nacional y promover transformaciones sociales. Sin embargo, la revisión y análisis de la política pública de TIC en el contexto educativo de Colombia se aborda a partir de 1994, año en el que se expidió la Ley General de Educación.

El Plan Nacional de Desarrollo 1994-1998 “El salto social”, delimitó el eje temático de TIC en educación en su Capítulo 6, denominado “Competitividad para la internacionalización”, el cual, dentro de sus componentes, desarrolló la Política Nacional de Ciencia y Tecnología, que a su vez estableció dos estrategias principales en el desarrollo del tema de estudio, las cuales fueron, en primer lugar, la estrategia de desarrollo y fortalecimiento de la capacidad nacional en ciencia y tecnología, que comprendió los programas de formación de los recursos humanos para la investigación y el desarrollo tecnológico, la creación y consolidación de centros de investigación y la integración a las redes y programas de investigación y desarrollo tecnológico. Mientras, la segunda estrategia correspondió a la integración de la ciencia y la tecnología a la sociedad y la cultura colombiana, con lo cual se buscó poner en marcha programas de popularización de la ciencia y la tecnología y de actividades científicas juveniles, fomentar el uso de la informática con fines educativos y articular al país con redes de información.

El balance de este Plan, con respecto al componente TIC, se relacionó con esfuerzos tendientes a la financiación de proyectos en el área de sistemas de información, fortalecimiento del recurso humano e inversión en infraestructura científica y tecnológica, especialmente. A finales de 1994, mediante el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social -CONPES 2739 se aprobó la Política Nacional de Ciencia y Tecnología 1994-1998 que tuvo por objetivo fomentar el desarrollo científico y tecnológico, como elemento clave de la política de internacionalización de la economía.

Asimismo, es importante resaltar la incorporación de las TIC en el currículo, mediante la Resolución No. 2343 de 1996, del Ministerio de Educación Nacional -MEN-, como uno de los elementos de la fase de integración de la política pública de TIC en la educación, en donde se establecieron los indicadores de logros curriculares para los grados de primero a undécimo, en Tecnología e Informática.

Además, el Plan Decenal de Educación 1996-2005, con el propósito de elevar la eficiencia y la calidad de la educación, consignó el programa de medios de comunicación y recursos telemáticos, con el fin de incentivar y apoyar su utilización en el proceso de enseñanza y de aprendizaje.

En referencia al balance del Plan Decenal de Educación 1996-2005, según el MEN (2006), en cuanto a las TIC, se resalta el avance que se logró durante esa década en la dotación de recursos informáticos y la formación de docentes para su utilización en los procesos de aprendizaje, resultados sintonizados con la fase de integración de la política pública en este ámbito.

El Plan Nacional de Desarrollo 1999-2002 “Cambio para construir la paz”, consignó como prioridad el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones. Como materialización del plan, en 1999 se expidió el Plan Nacional de Servicio Universal -PNSU-, período 1999-2009 y el Programa de Telecomunicaciones Sociales -Compartel-. En el año 2000 se formuló la Agenda de Conectividad y en el año 2002 se establecieron los lineamientos de la Política Social en Telecomunicaciones.

El propósito del PNSU fue universalizar el acceso a servicios de telecomunicaciones en el territorio nacional, soportado en cuatro lineamientos de política: promoción de servicios de telecomunicaciones socialmente prioritarios en localidades no atendidas por ser áreas de alto costo, cobro de tarifas asequibles y no discriminatorias, desarrollo de programas de uso de tecnología e infraestructura de telecomunicaciones, en conjunto con otras entidades del gobierno, y asignación de los recursos para el desarrollo de telecomunicaciones sociales de manera eficiente, transparente y competitiva para viabilizar planes de negocio.

A partir de la elaboración del PNSU y con base en los documentos CONPES 3032 de 1999, 6063 de 1999, 3072 de 2000 y 3171 de 2002, el gobierno nacional implementó el programa Compartel, mediante el cual se ejecutó parte de la política de telecomunicaciones sociales en Colombia.

A través del documento CONPES 3032 de 1999 se institucionalizó el programa Compartel, cuyas prioridades fueron la provisión de teléfonos comunitarios en aquellas localidades que no contaban con acceso al servicio de telefonía básica en el territorio nacional, promoviendo el acceso universal rural e incentivando la competencia en el sector a través de la vinculación de nuevos operadores a la provisión del servicio de telefonía rural comunitaria.

El documento CONPES 3171 de 2002 estableció los lineamientos de Política de Telecomunicaciones Sociales. A través de este documento, el gobierno nacional presentó nuevos lineamientos para avanzar en la reducción de la brecha de acceso y universalización de los servicios de telecomunicaciones.

En el ámbito de la educación, el plan contempló un componente denominado “Los compromisos fundamentales de la sociedad: reconstrucción del tejido social”, en la sección “Un plan educativo para la paz”, donde se indicó que la política de ciencia y tecnología se constituía en un punto de entrada fundamental para la educación superior y para los propósitos contemplados en el Plan de Desarrollo. A la vez, señaló que la formación de la estrategia de desarrollo científico y tecnológico requerida para la construcción de una sociedad del conocimiento, debía demandar una articulación con el desarrollo universitario. Por tal sentido, la articulación de los sistemas de ciencia y tecnología y de educación superior debían responder a cuatro grandes desafíos: educar para la ciencia y la tecnología, formar investigadores científicos y tecnológicos, hacer investigación científica y tecnológica, y preparar los recursos humanos de alto nivel en los diferentes campos requeridos por la competitividad de la sociedad colombiana.

Del análisis al plan, es posible evidenciar que fue desarrollado desde una óptica amplia de la tecnología en el contexto educativo sin que se relacionaran programas sobre TIC de manera específica. Lo anterior debido a que la informática principalmente iniciaba a desarrollarse de manera prematura en la educación colombiana.

Sin embargo, el gobierno nacional, a través del Departamento Nacional de Planeación -DNP, firmó el 31 de mayo de 1999, un memorando de entendimiento para el “Desarrollo y aplicación de tecnologías de información y comunicaciones” en el sector educativo, con el Ministerio de Industria de Canadá, toda vez que resultaron llamativos para el gobierno, los programas de Schoolnet y Computers for schools implementados en aquella nación.

Es así que, por medio del documento CONPES 3063 de 1999, se estableció el programa de donación masiva de computadores a colegios públicos denominado Computadores para educar, soportado en los componentes de acceso a TIC, apropiación pedagógica y aprovechamiento ambiental. Dicho programa se enmarcó en la Agenda Nacional de Conectividad, que consignó estrategias para masificar el uso las TIC, apoyando la gestión educativa, fundamentalmente desde la perspectiva pedagógica, por medio de la utilización de los equipos de cómputo como herramienta de enseñanza en colegios y escuelas públicas.

Posteriormente, para complementar el marco jurídico de este programa, se expidieron el Decreto 2324 de noviembre del 2000 y la Directiva Presidencial 02 de 2001, así como, el documento CONPES 3072 de 2000, que se estableció la Agenda de Conectividad – Un salto a Internet, con el fin de facilitar el desarrollo económico y social del país, por medio de la masificación de las TIC. Dicha Agenda estableció como estrategias a seguir: acceso a la infraestructura de la información, uso de las TIC en los procesos educativos y capacitación en su utilización, uso de las TIC en las empresas, fomento a la industria nacional de las TIC, generación de contenido, y gobierno en línea. Como se puede observar, el sector educación fue abordado por la Agenda con gran relevancia, al incorporar como ruta de acción el uso de las TIC como herramienta educativa.

El Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 “Hacia un Estado comunitario”, aprobado por la Ley 812 de 2003, propuso cualificar al país para competir con otras economías, razón por la cual, estableció la Agenda de Conectividad como política de Estado, con el fin de masificar el uso de las TIC, por ende, insertar a Colombia en la sociedad del conocimiento.

En el ámbito de la educación, el Plan contempló, en el Capítulo 3 “Construir equidad social”, el programa de mejoramiento de la calidad de la educación preescolar, básica, media y superior, en armonía con la Agenda de Conectividad, con lo cual se propuso impulsar la expansión del sistema internet II como plataforma, para facilitar la ampliación del ancho de banda y lograr que todo el sistema educativo tuviera acceso fluido y oportuno a las nuevas ofertas de conexión, a bases de datos genéricas y específicas, disponibles a escala global.

Ahora bien, respecto a los resultados del Plan, según el DNP (2006), el nivel de implementación del programa Computadores para Educar fue significativo, según se puede apreciar en la Tabla 1.

Tabla 1.

Implementación del programa Computadores para Educar, 2002-2006

Fuente: Elaborado con base en el documento correspondiente al Balance de Resultados de Plan Nacional de Desarrollo 2002–2006 del DNP.

Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, “Estado comunitario: desarrollo para todos”, aprobado por la Ley 1151 de 2007, propuso alcanzar la inclusión digital y en dicho Plan se inició a manejar la expresión TIC. Para ello, el Ministerio de Comunicaciones debía fortalecer los programas de acceso universal a las TIC, promoviendo así el aprovechamiento de estas tecnologías en todas las regiones del país. En particular, el programa Compartel continuó vigente, con el fin de generar conectividad a instituciones públicas, entre las cuales se referenciaron las instituciones educativas, de manera que, para el año 2010, el 45 % de los planteles educativos oficiales de todo el país, contarían con acceso a esta infraestructura, pasando de una cobertura de 48 alumnos por computador el 2006, a 20 alumnos por computador en el 2010.

En desarrollo de lo antes expuesto, se expidió el documento CONPES 3457 de 2007, el cual consignó los lineamientos para reformular el programa Compartel. Tales lineamientos de política fueron: eficiencia y adaptación a las condiciones del entorno, mejoramiento de la calidad de los servicios, articulación entre los programas y vinculación de otras instancias de gobierno, fomento al uso y apropiación de las TIC en los proyectos del programa Compartel, promoción de la competitividad y continuidad de los programas de alto impacto social.

Además, definió los siguientes proyectos del programa Compartel: telefonía social adaptada al nuevo entorno de mercado, conectividad en banda ancha para instituciones públicas, telecentros comunitarios, mejoramiento de la calidad de los servicios del programa Compartel, promoción de la competitividad regional mediante la reposición y ampliación de redes para prestar servicios de telecomunicaciones en banda ancha, y estrategia de apropiación de la infraestructura de acceso universal a las TIC instalada por el programa Compartel.

En el año 2009, el programa fue reorientado mediante el documento CONPES 3759, el cual consignó nuevos objetivos: definir el esquema de comunicaciones satelitales del Estado colombiano para disminuir costos y riesgos, buscando un acceso más equitativo a la conectividad y garantizar las condiciones para ejercer la soberanía en el territorio; y determinar los mecanismos de coordinación institucional para contar con la sostenibilidad de las comunicaciones satelitales.

Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo señaló que el programa Computadores para Educar continuaría con la provisión de infraestructura computacional en las sedes educativas oficiales del país, con el apoyo del sector privado y de los entes territoriales, para lo cual se estipuló la entrega de 187.810 computadores durante la vigencia presidencial 2006 – 2010.

En el marco de la materialización del Plan Nacional de Desarrollo, también es pertinente resaltar el Plan Nacional de Tecnologías de la Comunicación formulado en el año 2008, en el que se reconoció el impacto de estas tecnologías en la competitividad que, para el caso de la educación, señaló la necesidad de incorporar las TIC en el proceso educativo y de formación, para apalancar la cobertura y calidad del sistema. En este contexto, además, el MEN elaboró en el año 2007 el Programa Nacional de Uso de Medios y Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, el cual definió cuatro componentes: infraestructura (computadores y conectividad), capacitación de los docentes, uso de las TIC y gestión de contenidos.

Posteriormente, en el año 2009 se expidió la Ley 1341, mediante la cual se definieron principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las TIC, entre otras disposiciones, en cuyo desarrollo se formuló el documento CONPES 3670 de 2010 que definió los lineamientos de política para la continuidad de las iniciativas que promueven el acceso, uso y aprovechamiento de las TIC.

Respecto a la reducción de la brecha en apropiación de las TIC, es decir, el acercamiento de las comunidades al conocimiento y uso de las TIC, el Plan Nacional de Desarrollo propuso la apropiación de capacidades en TIC y de competencias básicas que permitieran a la población, entre ellos a los estudiantes y docentes, la adquisición y utilización adecuada de la información y las TIC. Con base en lo anterior, el Plan indicó que el Ministerio de Comunicaciones, en coordinación y cofinanciación con el MEN y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, adelantarían un plan de alfabetización en TIC mediante el cual: se definirían las competencias básicas en TIC que serían necesarias en cada uno de los niveles de educación; se promovería la incorporación de las competencias básicas en TIC en los programas educativos y se definirían acciones para el fortalecimiento del bilingüismo en los alumnos y maestros de las instituciones públicas educativas. Asimismo, estas entidades acompañarían a escuelas oficiales con conectividad en el desarrollo de las habilidades en TIC de los estudiantes y profesores.

Finalmente, en relación con los territorios digitales y programas regionales de apropiación de TIC, se indicó que el Ministerio de Comunicaciones acompañaría a los departamentos en la definición de estrategias regionales de alfabetización, apropiación y uso de TIC que, dentro de una estrategia nacional de desarrollo y uso de TIC, articulara los esfuerzos locales destinados al aprovechamiento de estas tecnologías.

Ahora bien, el balance de resultados del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, según el DNP (2010), se indica que, en el marco de la política de acceso y servicio universal de TIC, el Ministerio de las TIC desarrolló programas sociales para mejorar las conexiones a internet, la apropiación de TIC y la masificación de computadores. Igualmente, se relaciona que Compartel, responsable de la conectividad a internet, presentó resultados positivos en conectividad, gracias a la instalación de más de 2.000 km de fibra óptica y a alianzas Nación–entidades territoriales en materia de cofinanciación. Se señala que, para el 2010, fueron conectadas 3.222 entidades públicas, entre las que se encontraban 2.283 sedes educativas, tanto urbanas como rurales.

Además, se establece que el Ministerio de las TIC realizó esfuerzos estratégicos para lograr la alfabetización, apropiación y aprovechamiento de las TIC, entre otros, en la comunidad educativa. En este sentido, para 2010 fueron capacitados 74.672 docentes.

De igual manera, con el objetivo de brindar acceso a las TIC, a través de la promoción de su uso y aprovechamiento en los procesos educativos, para el año 2010, el programa Computadores para Educar, entregó 60.387 computadores que beneficiaron a 5.744 instituciones educativas públicas en todo el país, acompañado de una estrategia de asistencia técnica y desarrollo de aplicativos para los docentes en temas educativos y culturales.

De otro lado, el Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016, consignó como desafío la renovación pedagógica y uso de las TIC en educación, cuyos propósitos se orientaron a dotación e infraestructura, evaluación y estándares de calidad, fortalecimiento de los procesos lectores y escritores, fortalecimiento de procesos pedagógicos a través de las TIC, innovación pedagógica e interacción de los actores educativos, fortalecimiento de los proyectos educativos y mecanismos de seguimiento, y formación inicial y permanente de docentes en el uso de las TIC. Los anteriores propósitos fueron desagregados en el Plan a nivel de metas y acciones.

En cuanto a los avances y logros del Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016, según el MEN (2017a), mediante los programas de Conexión Total y Computadores para Educar, se generó una capacidad instalada que permitió pasar de 40 niños por computador en 2006, a 8 niños por computador en 2016. Además, en la segunda mitad de vigencia del Plan, se impulsó el desarrollo de proyectos educativos que permitieron la transformación de las prácticas educativas de los maestros, mediante el uso pedagógico y apropiación de las TIC, como respuesta a las dinámicas cambiantes de las comunidades educativas en los diversos contextos, pues la apropiación y uso de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje en todos los niveles educativos, se asumió como una política transversal orientada al mejoramiento, pertinencia, flexibilización y expansión de la oferta educativa.

Más recientemente, el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, “Prosperidad para todos”, aprobado por la Ley 1450 de 2011, abordó las TIC como herramientas indispensables para la transformación productiva del país, al contribuir al aumento de la productividad y a mejorar en competitividad, al igual que generar, transmitir y potenciar la creación de conocimiento, razón por la cual registró el compromiso del gobierno nacional de implementar el plan Vive Digital, formulado por el Ministerio de las TIC, cuyo objeto ha sido impulsar la masificación y el uso de Internet, a través del desarrollo y uso eficiente de infraestructura y la promoción y apropiación de los servicios TIC.

En el ámbito de la educación, el Plan consignó que las TIC serían una plataforma tecnológica para mejorar la cobertura, calidad y pertinencia de los procesos educativos, pues estas herramientas debían promover la generación y uso de contenidos educativos. Asimismo, se registró que se promovería el acceso a las TIC con una estrategia de continuidad en la conectividad de las sedes educativas oficiales, contenidos, reposición de equipos, así como soporte y mantenimiento de los mismos. De igual manera, se indicó que se promovería la innovación pedagógica y el uso de nuevas TIC para la formación de competencias laborales generales y buscaría que las TIC se integraran al proceso pedagógico de los docentes y estudiantes, a los procesos de mejoramiento de las instituciones educativas, para lo cual, el gobierno nacional promocionaría políticas para fortalecer las capacidades de TIC, desde los currículos de la educación técnica y superior en competencias del sector TIC.