Kitabı oxu: «¿Quién escupió el asado?»

La generación ausente y solitaria
La subcultura abuelicida

Ser joven es hoy un delito virtual.

WILLIAM BURROUGHS, The Job, 1969

En esta investigación, adopto el concepto de subcultura2 para referirme a las expresiones juveniles provenientes del underground en la transición posdictadura uruguaya, e identifico aquellas manifestaciones situadas bajo la superficie de la norma y las costumbres, relacionadas a lo que se denominó subversión del orden establecido, a partir de la exploración de formas de vida o expresiones artísticas alternativas que fueron nuevas maneras de comprender y actuar de forma libertaria.

Las experiencias subculturales fomentaron la liberación expresiva a partir de la recuperación del cuerpo y de la abolición del poder en todas sus formas. Para ello, politizaron el sexo y cuestionaron el patriarcado. Tomaron conciencia de las problemáticas medioambientales y de los peligros del progreso que ofrece el proyecto industrializador moderno. Hablaron sin tabúes sobre las experiencias con drogas, encargándose de ensanchar las posibilidades que ofrece el arte como vehículo comunicador. Se organizaron promoviendo lazos de solidaridad a través del trabajo cooperativo, las conductas antiautoritarias, el rechazo a la representación, mediante la autogestión y la máxima horizontalidad. Sin embargo, la configuración de estereotipos, los calificativos erróneos y los anacronismos han sido muchos, desde diversas tiendas y con diferentes intenciones, lo cual no ha permitido pensar las tensiones de la época y significar en el presente las inquietudes que por aquellos años comenzaban a surgir. Estas expresiones han sido omitidas dentro del arco de resistencia a la dictadura y, por tanto, de la construcción de la memoria popular como relato histórico de los partidos políticos, de las organizaciones sociales y de los sindicatos. La historia al servicio de la política o la historia por encargo tiene como fin cohesionar a un vasto y heterogéneo movimiento nacional, omitiendo sucesos, eludiendo discusiones, olvidando conflictos, para construir un relato de conclusiones políticas sobre hechos históricos preestablecidos.

Conoceremos y profundizaremos aquellas expresiones emergentes de la subcultura en la posdictadura, concepto que difiere profundamente del de contracultura. Si bien ambos términos han sido utilizados de manera indistinta por algunos críticos culturales como Alejandro Traversoni3 y Raúl Zibechi (1997), debemos apuntar ciertas características que fundamentan diferencias. Para Abril Trigo (1997), el término contracultura mantiene vivo un maniqueísmo estructural que supone la presunción de representatividad política de aquellos que se posicionan en la vereda de enfrente y que no desestiman la posibilidad de, algún día, acceder al poder para ser parte de la hegemonía cultural y la moral dominante. Podemos ubicar dentro de la contracultura uruguaya de la transición democrática al canto popular, con su binarismo ideológico, sus símbolos, sus mártires y su memoria histórica. Su teleología filosófica y su herramienta política: la izquierda en la partidocracia. Sin embargo, cuando nos referimos a la subcultura, ahondamos en un espacio subterráneo que escapa a la dualidad bueno-malo, fascistas-revolucionarios, conservadores-progresistas, avance-retroceso.

Las expresiones artísticas que he analizado en esta investigación emergen desde espacios políticos que no intentan ser aceptados por la cultura oficial y, por tanto, no se plantean como su antítesis. Habría que recordar el artículo que Jorge Abbondanza escribió sobre el rechazo al premio Florencio Sánchez por los integrantes del Encuentro de Teatro Barrial, en 1982: «Piden a los críticos que no fabriquen un mundo sin bases, donde tan solo se trabaja en pos de una estatua y no por el hombre de nuestras calles, de nuestros barrios» (Ganduglia: 1996).

Aquí «no hay contracultura porque no hay cultura», se oía por aquellos días de los años ochenta. Lo que se comprendió luego como subcultura dionisíaca significaba una subversión contra el orden cultural dominante, además de un ajuste ideológico con la contracultura del insilio. Sin embargo, aún existen interpretaciones que continúan vinculando la escena punk rock de fines de los ochenta y todo el espectro de la subcultura como un movimiento apolítico, implantado por el imperialismo cultural y sin raíces, anti transformación social y participante de la cultura posmoderna. Esta interpretación, creada e impuesta desde una visión académica y adultocéntrica, no ha sabido reconocer la importancia de estas expresiones políticas, de enorme relevancia en la actualidad.

Debemos ser conscientes de que la historia es un campo de batalla y que, en esta lucha por recuperar la capacidad de recordar, corremos serios riesgos de terminar restaurando una particular memoria democrática, con sus héroes y sus malditos, sus fechas, sus hechos, sus explicaciones y sus intencionales olvidos. Este trabajo tiene como propósito desenterrar esa lista de «muertos e ignorados» (Baltar: 2017) que la cultura uruguaya posterga: esa generación poética, punk y neodadaísta que vino a escupirle el asado a la fiesta democrática Medina-Sanguinetti. Manifestaciones culturales y políticas que fueron repudiadas con dureza, rechazadas, luego disciplinadas y moduladas, para terminar estigmatizadas y pretendidamente olvidadas. Gabriel Peluffo, en una mesa sobre rock realizada por la revista Relaciones, en setiembre de 1987, decía: «No creo que sepan mucho quiénes somos. Sabemos más nosotros de ustedes que ustedes de nosotros […] Para mí no quedó nada claro. Me quedo con ganas de que ustedes sepan, sinceramente» (Forlán Lamarque y Couto, 1987; «Rompiendo estructuras con rock», semanario Jaque n.º 197, p. 25).

La democradura y la cultura de la impunidad

—Si usted fuera joven de nuevo, ¿qué haría? —Mirá, iría otra vez de nuevo a tocar el timbre en la calle Garibaldi 2313.4

LÍBER SEREGNI, recién liberado, 19845

Jugamos a ser vencedores. Surcamos los días con gesto triunfante. Engañamos a nuestros cerebros con frases hechas, creemos distinguir el bien del mal cuando todo es palabrerío amarillento. Saludamos a los ganadores como colegas.

BÉRGAMO BEREDA, 19876

En los años de la primera presidencia de Julio María Sanguinetti, el silencio y la complicidad con los asesinos plasmaron una cultura civil marcada por la impunidad en una democracia tutelada, como gustó llamarle a la generación del 85.

A partir de este año, y como continuidad de las políticas represiva del Estado, comienza a desarrollarse, fundamentalmente en Montevideo, un accionar policial conocido como razzia, amparado en el decreto 680/980, vigente desde el período dictatorial y derogado recién en el primer gobierno del Frente Amplio. Entrada la democracia, Carlos Manini Ríos, ministro del Interior —y otrora embajador de Julio María Bordaberry, Aparicio Méndez y Gregorio Goyo Álvarez—, manifestaba que «la mano más suave significa una pérdida de eficacia represiva» (Caula: 1986).

Esta ley, y el accionar de los comisarios guiados por las directrices emanadas desde la Dirección de Seguridad de la Jefatura de Policía, permitió que el dieciséis por ciento de la población —las juventudes—resultase «un chivo emisario» sujeto de castigo progresivo (Bayce: 1988). Así, cientos de jóvenes fueron abusados física y psicológicamente en dependencias policiales, donde la humillación y las torturas sistemáticas dieron paso a asesinatos. Hacia fines de los años ochenta, los menores de edad eran seriamente violentados al ser sometidos a confinamiento por varios días en las comisarías, porque el Iname (Instituto Nacional del Menor, antes llamado Consejo del Niño), creado en 1988, no contaba con dependencias (Cardozo: 1992). En ese mismo año, para alojar a los menores infractores, se reabre la cárcel de La Tablada, antiguo centro de detención y tortura de la dictadura.7

Estos gurises posan en la vitrina marginal de torturados, violados, suicidas, muertos por crímenes, por sobredosis, en accidentes fatales o ejecutados, y su memoria está ausente en las crónicas que construyen la mesiánica mitología del mártir. La humillación social y la represión del Estado contra las juventudes desbordó las comisarias, llenó las cárceles y los borró del curso de la historia, y de los cursos de Historia. No hemos sido capaces de significar las secuelas de la represión posdictadura y hemos olvidado los crímenes perpetuados por una configuración política mezcla de civismo con claros tintes de doctrina militar.

Para aquellos que le escupieron el asado al proceso democrático posdictadura, el dualismo antes o después, democracia o dictadura, se tornaba relativo y perdía su antagonismo en un presente que continuaba marcado por la violencia estatal. El objeto de la acción policial no era solo moderar a aquellos jóvenes díscolos cuyos comportamientos signados por el consumo de drogas hacían daño a la moral ciudadana y corrompían la vida social. La nueva organización de la represión tenía por objeto perpetuar el miedo paralizador que continuaría legitimando el orden moral conservador, la política de la partidocracia y la economía neoliberal.

En contraposición con el grito juvenil, Esteban Valenti sostenía en 1988 que el claro ejemplo de una democracia tutelada significaba «lo que quiere hacer Pinochet en Chile» o el régimen que quería instaurar la Constitución de 1980 en Uruguay. Para este publicista comunista, el concepto era parte de una estrategia de los partidos que votaron la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (también llamada Ley de Caducidad, a secas, o Ley de Impunidad) para eludir responsabilidades. Valenti afirmaba que en todo caso se asistía a una democracia con imperfecciones, pero no tutelada, argumentando que los militares no irrumpían en la política ni daban visto bueno sobre decisiones esenciales de la vida del país.

En agosto de 1986, las presiones militares intentaron cambiar magistrados de la Suprema Corte de Justicia, infiltrando adeptos respecto a «las contiendas de competencias», recurso que pretendía habilitar la acción de la justicia militar como único órgano que revisara los hechos sucedidos en dictadura. Problema que se solucionó con la amnistía parlamentaria a través de la Ley de Caducidad, sancionada el 22 de diciembre de 1986. Es necesario recordar que las fuerzas armadas, a través de sucesivos pactos y presiones, asentaron un régimen de carácter cívico-militar en el que aún continuaban sosteniendo cuotas importantes de poder. Cuando el curso de los acontecimientos escapaba o sobrepasaba la conducción y el control del gobierno, los militares presionaban ampliamente sobre las instituciones en diferentes ámbitos de la vida política nacional. Sancionada la Ley de Impunidad, mientras se publicaba el Informe Sambucetti,8 e iniciado el proceso de referéndum, Matilde Rodríguez Larreta (1988) sostenía: «Tenemos conciencia de altos mandos que han visitado a ministros de la Corte [Electoral] directamente, ni siquiera a través del Partido Colorado, para que eso sucediera».

La partidocracia no solo realizó esta concesión, sino que además preservó el Cosena (Consejo de Seguridad Nacional) y la figura del estado de insurrección hasta 1986. Restringió la elección de los altos mandos de las fuerzas armadas y violó el secreto que merecen las investigaciones de las comisiones parlamentarias, trasladando legajos a la Justicia Militar sobre el caso Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. A su vez, el presidente Sanguinetti aplicó el derecho a veto en todas las ocasiones que pudo, permitió la actuación de grupos paramilitares, como el caso Paladino,9 el grupo naso10 y la formación anticomunista y ultraconservadora Tradición Familia y Propiedad,11 y promovió también la creación de las empresas de seguridad a cargo de exrepresores de la dictadura.12

Así, la sociedad permitió que, frustrada la «discusión» parlamentaria, el presupuesto quinquenal impuesto por el Ejecutivo en 1985 dedicase más del 40% del pbi al Ministerio de Defensa Nacional y al Ministerio del Interior, cuando países que en aquel momento se encontraban en conflicto, como Nicaragua y Marruecos, recibían un 38% y un 32%, respectivamente. Se difundió que las inversiones en las fuerzas armadas se reducían en un 65%, que las tropas en la Aviación, la Armada y el Ejército disminuían sus ingresos, que el parque automotor era llevado a un 50% de su capacidad y el consumo de combustible disminuía en un 30%. La propaganda mediática respecto a los recortes en el presupuesto militar ahogaron cualquier intento por discutir la insuficiencia que significaba la reducción de los montos que la sociedad destinaba a las instituciones de represión, omitiéndose también cualquier referencia respecto al despilfarro y al estrepitoso manejo de los fondos públicos administrados por las cúpulas militares y civiles durante la dictadura.

Se intentó evadir el asunto orquestando una campaña que enmascaró la figura del soldado como un ciudadano de uniforme, y las fuerzas armadas como un complejo multidisciplinario en proceso de integración a las instituciones democráticas, con un rol determinado en la defensa nacional. Después de la supuesta «guerra civil», las fuerzas armadas aparecían de nuevo colaborando con el «desarrollo nacional», pero desde la labor científica —con el Instituto Antártico Uruguayo—, o a través de la ejecución de tareas comunitarias en intendencias y entes públicos, conjuntamente con el despliegue social a través de programas como Invierno 85 o el Plan de Alimentación Complementaria.

En este marco de impunidad, tuvo lugar la ampliación del sistema carcelario, consolidando su función como espacio represivo y de exclusión social. Como corolario de todo esto, se votó la solución frente al revisionismo: la Ley de Impunidad, que además creó consigo una de las agencias de la inteligencia militar, la Dirección General de Información de Defensa (DGID), encargada de vigilar la democracia tutelada. Todo este accionar «democrático» fue constantemente monitoreado por el teniente general Hugo Medina, quien participó de todas las negociaciones y utilizó a discreción a cada uno de los sectores políticos, para terminar asumiendo el cargo de ministro de Defensa en noviembre de 1987. Así fue el proceso por el cual el poder militar vigiló desde los cuarteles el curso de unos acontecimientos en los que estaban plenamente involucrados. Nunca permitieron investigar y esclarecer los crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura, ni tampoco asumieron una revisión sobre la nefasta herencia económica del régimen.

Este marco en el que «está el Partido Colorado y están las presiones militares atrás» (en palabras de Matilde Rodríguez)13 impidió que la sociedad tomara conciencia de las atrocidades cometidas por el terrorismo de Estado. No hubo justicia sobre los criminales, y se produjo un relato histórico gestado desde el escenario de la partidocracia, según el cual la «voluntad general» se hizo «voluntad de la mayoría electoral», el «proyecto común» de la sociedad antidictatorial fue sustituido por el proyecto del partido de gobierno (Álvaro Rico: 2005) y la democratización se limitó a acuerdos, pactos y concesiones (Pacto del Club Naval, 1984, y de Anchorena, 1985).

La resistencia popular frente a la dictadura y la lucha clandestina profundizada a inicios de los ochenta terminaron siendo parte de un cauteloso relato gestado desde la partidocracia. Se intentó crear la idea de que no existieron vencedores ni vencidos, y se transitó por un «cambio en paz»14 —con mucha paz y pocos cambios—en el marco de una coparticipación política de «entonación nacional».15 Queda claro que la derrota a la dictadura nunca fue consumada, ni real ni simbólicamente. «¿Qué nos queda del penal de Libertad o del Año de la Orientalidad? Más que silencio. ¿Qué nos queda del silencio de los mayores y sus miedos? Solo nos quedan los miedos y represión en la que crecimos.» (Peveroni: 1988; «La generación del miedo», Cable a Tierra n.º 2).

En el Uruguay posdictadura se transitaba a través de un sistema político que continuaba reproduciendo rasgos autoritarios propios de una sociedad inmersa en la cultura del miedo, en la que el nuevo enemigo se perpetuaba en la figura del joven y el discurso de la seguridad ciudadana legitimaba un régimen de excepción denominado por muchos democracia tutelada. Este miedo continuó paralizando una sociedad moralmente conservadora, en la que lo nuevo era sinónimo de peligro y amenaza, y la democracia no lograba canalizar las inquietudes y las necesidades de las mayorías empobrecidas ni de las minorías marginadas. Y donde la impunidad reinante permitía que se continuaran reproduciendo medidas represivas en un Estado que, silenciando y enmascarando, aún buscaba disciplinar cuerpos y mentes.

¿Qué queda ahora de aquellos silencios, mentiras y los prohibidos? Nos queda miedo. El terror está entre nosotros y muchos lo queremos ocultar, pero está. Aquellos que fuimos apaleados en Dieciocho de Julio sentimos la violencia y nuestro miedo […] Lo sentimos en un profesor, en un adscripto. Muchos se resignan y se encierran en sus casas sin entender nada, otros salimos a la calle a decir que entendemos y a hacer algo por cambiar. (Peveroni: 1988; «La generación del miedo», Cable a Tierra n.º 2).

En este marco, comenzaron a surgir tímidamente unas formas de resistencias culturales que emergían desde los bordes del discurso imperante. Los agentes de este cambio eran jóvenes que transitaban una etapa en la que el orden castrense se reconfiguraba, abriendo paso, al mismo tiempo, al conservadurismo de la restauración sesentista. Hacían evidente lo que entendían como una irremediable brecha generacional entre la gerontocracia, identificada con la Universidad y sus rinocerontes, y las nuevas generaciones, los gurises que se sentían desfasados y a quienes no se les permitía forjar sus espacios. El escritor Sarandy Cabrera, en una conferencia en la Biblioteca Nacional para presentar su libro Poesía libertina (1988) —con el seudónimo Pancho Cabrera—, señalaba que existía en Uruguay un único debate: la polémica generacional entre lo viejo y lo nuevo.

Estas muchachas y muchachos encontrarían sus obstáculos no solo en la academia; rinocerontes también existían en las organizaciones sociales y en el sindicalismo. Un abanico de nuevas discusiones, planteos y reflexiones que impulsaron estos jóvenes fueron deslegitimados por una generación de militantes que en ese nuevo escenario político intentaban tomar el sartén por el mango, restaurando viejos paradigmas del Estado liberal. «Utilizaron una política que rompieron [sic] con todo lo que había logrado durante la dictadura. Ese movimiento que había durante la dictadura a nivel de cooperativas de vivienda hoy ya no existe» (en palabras de Tato Martínez).16 La academia, los partidos políticos de izquierda y de derecha, y gran parte del sindicalismo, la prensa escrita de gran tiraje, el periodismo y la gran mayoría del espectro intelectual intentaron ignorar y soterrar las formas autogestionarias, la horizontalidad, la antirrepresentatividad y la participación directa, la abolición dirigencial y la voluntad explícita de no formar estructuras permanentes.