Kitabı oxu: «Guerra y represión en el sur de España»
GUERRA Y REPRESIÓN EN EL SUR DE ESPAÑA
ENTRE LA HISTORIA Y LA MEMORIA
GUERRA Y REPRESIÓN EN EL SUR DE ESPAÑA
ENTRE LA HISTORIA Y LA MEMORIA
Francisco Espinosa Maestre
Este libro se publica en colaboración con el Cañada Blanch Centre for Contemporary Spanish Studies (London School of Economics and Political Science), cuyo director es Paul Preston.
Esta publicación no puede ser reproducida, ni total ni parcialmente, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea fotomecánico, fotoquímico, electrónico, por fotocopia o por cualquier otro, sin el permiso previo de la editorial.
© Del texto, el autor, 2012
© De esta edición: Publicacions de la Universitat de València, 2012
Publicacions de la Universitat de València
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publicacions@uv.es
Ilustración de la cubierta: Manifestación del 1.° de Mayo de 1966. Fregenal de la Sierra (Badajoz).
Fotografía cedida por José Luis Molero Manso.
Diseño de la cubierta: Celso Hernández de la Figuera
Fotocomposición, maquetación y corrección: Communico, C.B.
ISBN: 978-84-370-9032-0
ÍNDICE
PARTE I: LA DESTRUCCIÓN DE LA II REPÚBLICA
LA RELIGIÓN AL SERVICIO DE LA POLÍTICA: ALGUNAS CLAVES DE 1932 SOBRE LA REPRESIÓN FRANQUISTA EN ALMONTE
EN TORNO A LAS ELECCIONES DE 1936: DENUNCIAS POR MALOS TRATOS EN UN PUEBLO DE BADAJOZ
Introducción
Las denuncias
La instrucción del sumario
El informe del instructor Morín
La instrucción continúa
El informe final
UNA HISTORIA COMÚN: LEPE, 1936
Introducción
La breve experiencia del Frente Popular
Los días rojos (18-28 de julio)
Llega la columna Carranza
La justicia militar y los días rojos (I)
El caso del maestro Juan Luis Freniche Sánchez
La limpieza continúa: depuración de los días rojos (II)
La inacabable venganza: la depuración de los días rojos (III)
Último sumario sobre los «Sucesos de Julio» (IV)
Una historia menor: la falsa denuncia
La extraña historia de Antonio Ambrojo Fernández
Unas palabras de más
La Comisión Provincial de Incautaciones
Epílogo
Anexo I: Víctimas de la represión en Lepe
LA MEMORIA PERDIDA DE LA REPÚBLICA Y DE LOS ALCALDES REPUBLICANOS
RECUERDOS DEL ÚLTIMO ALCALDE REPUBLICANO DE NERVA (HUELVA)
Consejo de guerra
EL DESTINO DE LOS ALCALDES REPUBLICANOS: VILLAFRANCA (BADAJOZ)
Los años republicanos en Villafranca de los Barros (Badajoz)
El golpe militar y los días rojos
La justicia al revés
Una instrucción perversa
Condena y éxodo carcelario
Epílogo
PARTE II: LAS CONSECUENCIAS DEL 18 DE JULIO EN EL SUR DE ESPAÑA
ANDALUCÍA DIVIDIDA: EL 18 DE JULIO Y SUS CONSECUENCIAS
El 18 de julio en Andalucía
Sevilla, capital del golpe military
La represión, principio fundamental del Movimiento
LA LEYENDA DE QUEIPO
Introducción
Intrigas en la División
Queipo y Villa-Abrille
Queipo y Allanegui
Hidalgo y el Estado Mayor
¿Qué fue de los detenidos?
Sobre la Medalla Militar Colectiva
Artillería
Intendencia
Sanidad
Batallón de zapadores-minadores
Centro de Transmisiones
Centro de movilización y reserve
Sección de destinos
Transportes militares
Caja de reclutas
Estación radio de la Guardia Civil
Un teniente de carabineros
Informe del capitán Zacarías Lecumberri
El Requeté
Fuerzas de Asalto y Guardia Civil de Huelva
Conclusiones
QUEIPO DE LLANO, AUGE Y CAÍDA DE UN GENERAL GOLPISTA
BADAJOZ, 1936. CRÓNICA DEL CORONEL PUIGDENGOLAS. COMENTARIOS
Del 25 de julio al 5 de agosto
Día 6
Día 7
Días 8 al 11
Día 12
Día 13
Día 14
Badajoz
Las fuerzas
Los Carabineros
La Guardia Civil
El Cuerpo de Seguridad
Las Milicias
Comentarios al escrito del coronel Puigdengolas
LA INCREÍBLE HISTORIA DE JOSÉ RODRÍGUEZ CORENTO (1916-1951)
RECUERDOS DE MANUEL CARCELA
PARTE III: EL PODER Y LA MEMORIA
POR QUÉ ACABARON CON LA REPÚBLICA Y CÓMO LO HICIERON
18 de julio: golpe militar y plan de exterminio
El pasado oculto
Políticas de memoria/políticas de olvido
EL GOLPE MILITAR DEL 18 DE JULIO DE 1936. CONTRIBUCIÓN ESPAÑOLA AL FASCISMO
PEQUEÑAS HISTORIAS DE UN INVESTIGADOR
Memoria y transición
El punto de partida
Las posibilidades de diffusión
Las palabras y la historia
Las consecuencias de la desmemoria
El poder y el problema de la repressión
El poder y la memoria
LA BATALLA EN TORNO AL PASADO: REVISIONISTAS, LIBERALES Y POSMODERNOS
Revisionistas
Frutos de las políticas de olvido
La herencia de Goebbels
Liberales y posmodernos
SOBRE EL CONCEPTO DE DESAPARECIDO Y LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA
Sobre la Ley de Memoria Histórica
Aspectos destacables
Algo que ha pasado desapercibido
Reflexión final
DOS ARTÍCULOS
De fosas y desaparecidos
Cerrar el pasado
PROCEDENCIA DE LOS TRABAJOS
LA DESTRUCCIÓN DE LA II REPÚBLICA
LA RELIGIÓN AL SERVICIO DE LA POLÍTICA: ALGUNAS CLAVES DE LA REPRESIÓN EN ALMONTE (HUELVA)
Almonte es uno más de los pueblos onubenses en los que la represión afectó solo a una parte. Fueron la columna de Carranza y sus amigos propietarios los que, una vez controlada Sevilla y al tiempo que supervisaban los daños sufridos en sus bienes y propiedades, fueron ocupando estos pueblos de camino hacia Huelva y Ayamonte. Excepto Hinojos, cuyo caso he estudiado aparte,1 todos los pueblos de la zona pagaron una altísima cuota de sangre. Almonte no fue una excepción. Dos son las fuentes para saber qué pasó: la película Rocío, de Fernando Ruiz Vergara, un filme maldito que sigue constituyendo un referente obligado, y el trabajo sobre la guerra en Huelva que realicé en 1996.2
La diferencia de Almonte con los pueblos de alrededor es que en este caso podemos rastrear el origen aparente de la violencia, que no es otro que los «sucesos» de febrero de 1932. Pero ocurre con este tipo de hechos que nos han sido transmitidos tan deformados de manera interesada que exigen una depuración previa. Pondré un ejemplo antes de entrar en el que nos ocupa. En Sevilla circula aún la leyenda –la derecha se regodea en ella de manera incesante sin dejar de recordar aquello de: «Se ha dicho en el banco azul que España ya no es cristiana; podrá ser republicana, pero quien manda eres tú, Estrella de la mañana…»– de que durante la República se intentó acabar con la Semana Santa, hasta el punto de que solo gracias a la valentía de los cofrades llegó a salir la Estrella. Las investigaciones históricas, sin embargo, no nos dicen eso, sino que frente al Ayuntamiento republicano, que apoyaba la Semana Santa por lo que suponía para la ciudad, fue el Consejo de Cofradías el que bloqueó la salida de las hermandades, creando de esta manera un problema que no existía y enrareciendo el ambiente al gusto de las fuerzas de derecha.
Con Almonte pasa algo parecido. Aquí la leyenda ha transformado los «sucesos del 32» en una historia acerca de cómo el pueblo reacciona ante las afrentas hechas a los símbolos religiosos. Lo que se nos viene a decir es que los torpes republicanos no supieron ver que con la fe de los humildes no se juega. ¡A quién se le ocurre quitar del salón de plenos los azulejos colocados tres años antes por uno de los alcaldes de la Dictadura! En esta versión pesa mucho la visión de los hechos transmitida por el diario sevillano de extrema derecha La Unión, juez y parte de aquella historia. Pero la realidad es otra muy diferente.
La derecha nunca admitió del todo la pérdida del poder político que sobrevino con la proclamación de la República. Recordemos que lo que esta vino a sustituir era un sistema político en el que habían mandado las mismas elites, con la alternancia de sagas familiares en el poder, desde hacía más de medio siglo. No podía desaparecer fácilmente. Las elites locales y provinciales no soportaban ver a sus enemigos de clase (a simples obreros en muchas ocasiones) ocupando espacios políticos que siempre habían sido suyos y que consideraban como parte de la herencia familiar. Y si grave fue la pérdida del poder político, mucho peor fue cuando la amenaza pasó al terreno económico. Y es aquí, aunque se disfrazara de afrenta a la Virgen, donde hay que buscar la clave de los sucesos de Almonte.
Según escribió Pascual Carrión en 1932 en su clásico Los latifundios en España, Almonte poseía el término municipal mayor de la provincia, con 71.613 ha útiles, que incluían 27.077 pertenecientes a la finca conocida como Coto de Doñana y 15 fincas particulares más, entre ellas tres de gran extensión (una de 8.165 ha, otra de 6.300 y otra de 4.758). Aparte de esto había una finca de propios de 9.487 ha. O sea que el 83% del término lo constituían grandes fincas todas privadas salvo la indicada. Pero estas grandes fincas no habían sido siempre particulares: la verdad era que hasta mediados del siglo XIX el 80% del término era de propiedad municipal.
¿Cómo se había llegado a esta situación? Muy fácil: a partir de la legislación desamortizadora del 1 de mayo de 1855, asociada a la figura de Pascual Madoz, el patrimonio colectivo de Almonte se redujo en 50.000 ha, que pasaron a manos privadas. Finalmente el Ayuntamiento solo conservó las 10.000 indicadas. Pero a partir de 1931, con la proclamación de la República, la cuestión agraria pasó a primer plano y los ayuntamientos republicanos comenzaron a indagar en su patrimonio común (bienes de propios, comunales, dehesas boyales, etc.). En el caso de Almonte empezaron a buscar documentación sobre el origen de aquellas ventas sobre la base de los libros de amillaramientos de 1860 con la idea de poder demostrar qué tierras habían pertenecido al Ayuntamiento hasta 1855 para reclamarlas. Descubrieron, por ejemplo, que el Coto, que en el avance catastral sumaba más de 42.000 fanegas, aparecía en el Registro de la Propiedad con 23.000, y se preguntaron la razón de la diferencia. También descubrieron que la propiedad del Coto había sido inscrita en el Registro de la Propiedad por el conde de Niebla en fecha tan tardía como ¡1877! (el Registro había sido creado poco antes, a partir de la Ley Hipotecaria de 1861). En su escrito de mayo de 1932 sobre los «sucesos de febrero» el alcalde republicano Francisco Villarán también se preguntaba si José María Reales podría acreditar la propiedad de «Las Rocinas».
Sabemos cómo acabó este proceso. En la primavera del 36, en los días del Frente Popular, se estaba tramitando una ley por la que los ayuntamientos podrían recuperar las tierras que les pertenecieron hasta la llamada desamortización civil. Los últimos pasos se estaban dando en los primeros días de julio, poco antes del golpe militar. Pero las bases de este proceso se sentaron en 1931, cuando los ayuntamientos republicano-socialistas enviaron al Gobierno relaciones de las propiedades que les habían pertenecido y listados de sus actuales propietarios. Todo se hizo sobre la base de los archivos municipales, los registros de propiedad y los testimonios orales de las personas de más edad.
Podemos imaginar el cuerpo que se les puso a los selectos propietarios de las 50.000 ha que en los últimos 80 años habían pasado a manos privadas cuando empezaron a ver el derrotero que tomaba la cuestión agraria. Esta y no la decisión de quitar los azulejos del salón de plenos fue la causa de los «sucesos de Almonte», organizados de tal manera que el ayuntamiento republicano quedara descalificado y humillado, y el exalcalde Reales apareciera como el verdadero jefe natural que la comunidad reclamaba para su buena marcha. Todos fueron conscientes de la gravedad de lo ocurrido, un verdadero motín de carácter político, que además tuvo lugar en el momento clave en que se discutía la Ley de Reforma Agraria. Imaginemos, frente a lo que ocurrió en ese momento, cómo hubiera sido disuelto un acto similar solo unos años antes.
Es curioso observar cómo lo primero que hacen los amotinados es apoderarse de los atributos de mando de la autoridad civil y entregarlos a la Guardia Civil, cuerpo de carácter militar creado precisamente al mismo tiempo que se iniciaba la desamortización aludida y que constituyó la verdadera salvaguarda del inmenso trasvase de propiedad realizado (el 20% del territorio nacional). Y cómo la Guardia Civil es la que llama a Reales para que «pacificara» la situación. También cómo, de paso, aprovechan e imponen de nuevo el crucifijo en las escuelas. Propiedad y religión, como siempre, unidas.
Las denuncias realizadas por las autoridades tuvieron suerte diversa. La realizada por el alcalde Villarán debido a la inquietante actuación de la Guardia Civil, que se inhibió, fue neutralizada en la Auditoría de Sevilla nada menos que por su auditor, el jurídico militar Francisco Bohórquez, hermano mayor de La Macarena durante años, enterrado en la basílica no muy lejos de Queipo y que fue el que dio el visto bueno a las sentencias de los miles de consejos de guerra de la II Región Militar.
Por el contrario, la denuncia realizada ante el Gobierno Civil por el alcalde Villarán y el primer teniente de alcalde Martín Audén Peláez se resolvió por la jurisdicción civil con fuertes multas de 500 ptas. al cura del Valle y a seis más (Gordillo, Escolar, Báñez, Roldán, Torres y Valladolid). El recurso que presentaron fue rechazado.
Pero no fue este el epílogo de esta historia. En realidad hubo dos epílogos. El primero fue el golpe de Sanjurjo del 10 de agosto de 1932, que triunfó en Sevilla, y que constituye el verdadero episodio final de la movida antirrepublicana que había dado lugar a los sucesos de Almonte y a otros muchos en los que la intencionalidad política se disfrazó de religión. Y el segundo y definitivo: el golpe militar de julio del 36, donde muchas de las víctimas de los sucesos del 32 fueron definitivamente hechas desaparecer sin trámite alguno: me refiero a gente como Francisco Acevedo Salguero, Martín Audén Peláez, Joaquín Díaz Millán, Leoncio Espinosa Colino, Pedro Guitar Mendoza, Manuel López González y Manuel López Mojarro. Todos ellos miembros de la corporación de 1931. En relación con los «sucesos», debe de haber más represaliados, pero hace falta la historia local para sacarlos a la luz. En total, en Almonte, fueron asesinadas cien personas.
Fue así, en un descampado y víctimas del fascismo agrario, como acabó la verdadera historia de los eufemísticamente llamados «sucesos de Almonte», golpe de estado local orquestado por quienes no se resignaban a dejar sus poltronas municipales, y ahí mismo empezó la leyenda del atentado a la Virgen y la reacción ejemplar del pueblo, leyenda cuyo objetivo no era otro que ocultar el verdadero trasfondo de lo ocurrido. Resulta evidente que lo han conseguido y que a 70 años de los hechos muy pocos recuerdan los nombres de las verdaderas víctimas o la realidad de una historia de sabor puramente agrario. Hecho este en el que también debe de haber influido mucho la machacona insistencia de la historiografía tradicional desde entonces hasta nuestros días en explicarnos los llamados «sucesos de Almonte» según la versión de La Unión y el ABC.
La historia que se ha contado constituye la prueba de la enorme dificultad que entraña recuperar la realidad de un hecho histórico totalmente velado por la leyenda y por las versiones interesadas. Máxime cuando forma parte de la historia medular de un fenómeno complejo como la romería del Rocío.
1 Véase F. Espinosa: Contra el olvido, Crítica, Barcelona, 2006.
2 F. Espinosa: La guerra civil en Huelva, Diputación Provincial, Huelva, 4.a ed., 2005.
EN TORNO A LAS ELECCIONES DEL 16 DE FEBRERO DE 1936: DENUNCIAS POR MALOS TRATOS EN UN PUEBLO DE BADAJOZ
INTRODUCCIÓN
En medio de un amplísimo y complejo proceso de recuperación de la memoria histórica de los vencidos, se han cumplido recientemente 72 años del fallido golpe militar del 18 de julio de 1936 y de la larga y trágica guerra civil que siguió a su fracaso. Dicha eclosión de memoria, que en ocasiones ha tenido carácter de verdadera catarsis y cuyos primeros síntomas pueden rastrearse en 1996, no es gratuita. Sin duda alguna, durante las últimas décadas, se ha asistido a un considerable avance en el conocimiento de aquellos hechos, y esto ha sido posible, pese a la lenta apertura de los archivos, gracias al desarrollo pausado pero imparable de la investigación histórica, y muy especialmente de la llamada –no siempre con buenas intenciones– historia local. Desde luego, sin las numerosas monografías locales, comarcales y provinciales de los años ochenta y noventa no hubieran sido posibles los trabajos de divulgación que sobre la represión y la guerrilla alcanzaron gran éxito a partir de 1999. Es más, sin la renovación de los estudios sobre la guerra civil y la superación de la propaganda franquista, no sería posible entender la eclosión aludida ni hechos hasta ahora inimaginables como el proceso de apertura de fosas comunes y de identificación de restos humanos.
Este artículo quiere ser una contribución al conocimiento y la comprensión de aquel tiempo y concretamente de un periodo aun más desconocido que el ciclo abierto con el golpe militar del 18 de julio: los cinco meses del Frente Popular, es decir, los breves e intensos 153 días transcurridos entre la victoria electoral del 16 de febrero y la sublevación de julio. A estas alturas, esta etapa clave de la historia de la II República sigue lastrada por la mala conciencia de sus protagonistas, marcados para siempre por el desastre de la guerra civil y, sobre todo, por lo que los vencedores nos contaron de ella con el objeto de justificar el golpe militar y legitimar el régimen de Franco. No hay que olvidar que los golpistas, por medio de la llamada Comisión sobre ilegitimidades de los poderes actuantes en 18 de julio de 1936, presidida por el entonces ministro del Interior Ramón Serrano Súñer, declararon ilegales tanto las elecciones de febrero como los gobiernos que siguieron, así como sus actuaciones. Estamos, pues, ante la etapa más maldita de la experiencia republicana. Tanto es así que la investigación histórica apenas la ha afrontado.
La documentación utilizada procede del Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla, antigua Auditoría de Guerra de la II División. El expediente que ha servido de base a este trabajo atraviesa por completo los meses del Frente Popular.1 Los hechos que lo motivaron se produjeron en torno a las elecciones generales de febrero de 1936 y las diligencias finales están fechadas el viernes 17 de julio de ese mismo año. Sin duda alguna, este expediente abierto por denuncias de supuestos malos tratos debió de ser muy importante en la localidad, hasta el punto de constituir la línea de choque de los sectores obreros e izquierdistas de Villafranca, de una parte, y de la Guardia Civil y la Guardia Municipal en representación de la derecha que perdía el poder, de otra. Esos sectores izquierdistas, aunque ajenos al movimiento revolucionario de octubre del 34, se vieron muy afectados por las consecuencias que acarreó su fracaso entre dicha fecha y la crisis que dio al traste con el llamado Bienio Negro (1934-1935). La revolución fue en Asturias pero la represión cayó sobre toda España. De modo que si el primer bienio republicano (1931-1933) había sido insatisfactorio para la gran masa jornalera y el segundo desastroso para la izquierda en general, las expectativas con las que se llegó a las elecciones generales de febrero del 36 hacían predecible el futuro inmediato: la República parecía decidida a llevar a término las reformas iniciadas en el 31, especialmente la ansiada reforma agraria.
El expediente aludido –sintomático de lo ocurrido en muchos pueblos en esos días de elecciones decisivas– revela uno de los grandes problemas de fondo de nuestra historia contemporánea: el problema de la militarización del orden público, al que incluso la República fue incapaz de sacar de la órbita militar. Recordemos que el estado de alarma, por el que quedaban en suspenso la libertad de prensa y los derechos de reunión y manifestación, fue proclamado el 17 de febrero y prorrogado el 20 de marzo. No hay duda de que si alguna obsesión tuvo la República fue el orden público. ¿Qué hacían jurídicos de la Guardia Civil o del Ejército instruyendo y juzgando casos que afectaban a civiles y que pertenecían claramente a la jurisdicción civil? Aun así, como veremos, incluso esos instructores percibían la imposibilidad de convivencia entre guardias civiles y obreros, convivencia lastrada por años de tensa y violenta relación en la que casi siempre los segundos se llevaron la peor parte. Hasta tal punto era esto así que hubo pueblos donde las autoridades frentepopulistas pensaron crear una guardia cívica con el objetivo de no tener que recurrir a la Guardia Civil, es decir, para evitar cualquier contacto entre el elemento obrero y las fuerzas de dicho cuerpo después de la experiencia del Bienio Negro y tras los roces y enfrentamientos habidos con motivo de las elecciones de febrero del 36.
Hay que decir también que Villafranca –uno de los lugares de la provincia con más paro al comienzo de la República (con unas 16.000 fanegas de término, en marzo del 36 el censo de obreros agrícolas sin empleo fijo era de 2.500 personas y la población de 15.659 habitantes) y donde la izquierda ganó incluso en las elecciones generales de 1933, que dieron el triunfo a la derecha– fue una de las tres localidades de entre las catorce que formaban el Partido Judicial de Almendralejo donde triunfó la izquierda en febrero del 36. Con un censo de 8.920 electores y un número de votantes de 6.857, 3.384 lo hicieron por la derecha y 3.473 por la izquierda, es decir, que la izquierda ganó por un ajustado margen de 89 votos. Desde luego era evidente, siguiendo los datos publicados en HOY,2 que aunque en la provincia la izquierda ganó en 87 localidades y la derecha en 70, hubiera sido necesaria la inmediata convocatoria de unas elecciones municipales que repartieran equitativamente el poder local, hecho que de paso hubiera mantenido en la órbita republicana a amplios sectores sociales ahora excluidos del escenario político y lanzados en manos de los sectores antirrepublicanos. Pero en contra de esta lógica jugaba el recuerdo de octubre del 34, cuando la derecha aprovechó la situación para cesar en casi todo el país a las corporaciones elegidas democráticamente en 1931. Por ello, en general, a partir de febrero del 36 se repusieron las antiguas corporaciones excluyendo a los republicanos de derechas y dando espacio a los grupos más representativos del Frente Popular.
La amnistía general decretada tras las elecciones de febrero, obligada reparación a los atropellos que el Bienio Negro cometió con docenas de alcaldes y concejales, puso también en la calle a lo más granado del pistolerismo nacional de todo signo. Los choques entre los elementos izquierdistas más radicalizados y la Falange fueron numerosos. Precisamente esos cinco meses de Frente Popular soportaron el gran ascenso del fascismo español y, en este sentido, Villafranca no constituyó una excepción. Los introductores de esta ideología en la localidad fueron Diego Hernández-Prieta Aguilar y Francisco Corredera Vaca, quienes en los primeros meses del 36 consiguieron captar a unos cuantos jóvenes –unos veinticinco–, entre quienes cabría citar a Ventura Arroyo Moreno, José Espinosa Moro, Manuel Gallego Godoy, Antonio Jiménez Lairado, Francisco Lemus Pinilla, Fabián Márquez García, José Rodríguez Martín, Félix Rodríguez Vega, Catalino Soler Pintor y Manuel Zambrano Lanzo.3 Durante esos meses del Frente Popular, Falange se vio implicada en un gran escándalo debido al descubrimiento de treinta y tres porras de acero recubiertas de cuero, asunto por el que pasaron a disposición judicial Lemus Pinilla, Gallego Godoy y Zambrano Lanzo. Sufrieron además en varias ocasiones la imposición de severas multas de 250 pesetas por parte del Gobierno Civil por provocar disturbios en pueblos cercanos. Unos días antes del golpe, por ejemplo, un grupo de falangistas de Villafranca pasó por Corte de Peleas dando vivas al fascismo. Normalmente, estos núcleos falangistas, sostenidos habitualmente con aportaciones económicas de los propietarios de derechas, intercambiaban sus acciones con los de otros pueblos. Su misión en esos meses consistió en crear el ambiente propicio que justificara el golpe que ya se tramaba desde que se supieron los resultados de las elecciones. Aunque las autoridades republicanas estaban convencidas de que constituían grupos minoritarios perfectamente fichados y controlados, lo cierto es que a las pocas semanas de las elecciones de febrero los falangistas de la provincia de Badajoz sumaban casi tres mil personas. Sin embargo, carentes de una verdadera base social, ilegalizados, privados de sus líderes y diluidos en la avalancha de afiliaciones de la primavera del 36 –coincidente con el gran avance de la reforma agraria–, el fascismo español se vio abocado a depender de quienes lo subvencionaban y de los núcleos militares que conspiraban.
Creo que conviene también recordar a aquellas autoridades, cargos políticos o personajes secundarios a quienes les tocó vivir aquellos hechos. El alcalde Jesús Yuste Marzo,4 los tenientes de alcalde Manuel Borrego Pérez y Ramón Marcos Claro;5 Ángel Medel Carrera,6 Fernando Molano Segura, Blas Mesa González7 y Florián García García, todos ellos cargos políticos representativos. Otros, como Miguel Hernández Mena El hijo de la Noche, Manuel García Mancera Pirulín, Antonio Díaz Morales Patilla, Pedro Morán del Valle Perico el de la Fonda, no aparecen pero están. Y lo sabemos porque esta es una historia en la que desde el principio sabemos el final: casi todos los que aparecen tras las denuncias, desde los denunciantes a los políticos locales, desaparecieron en cuestión de meses. De unas muertes quedó constancia en el juzgado; otras están aún por legalizar.
En ningún modo quiere ser una historia de buenos y malos –obsérvese, por ejemplo, cómo varios de los denunciantes fueron sospechosamente compensados por las nuevas autoridades frentepopulistas–, sino simplemente una exposición lo más objetiva posible, muy pegada al documento de referencia –un mirador privilegiado–, sobre un momento histórico donde lo que estaba en juego se veía muy claro. Sin un trabajo de historia oral que hubiera podido completar y depurar los datos que aquí se ofrecen, solo podemos aspirar a ser espectadores de una investigación orientada por instructores militares, evidentemente con resultados muy diferentes a los que hubiera producido la jurisdicción civil. Esta militarización de la sociedad civil era, sin duda, terreno ya ganado para los que laboraban por el proyecto involucionista, pues por más diferencias que hubiera entre lo que había y lo que vino, la gente ya estaba acostumbrada a la omnipresencia de la justicia militar.
No obstante, hay que señalar que la sociedad española no superaba en conflictividad a ninguna de las de su entorno europeo. E igualmente conviene decir que los sectores más extremos, asociados unos a la experiencia soviética de 1917 y otros a los modelos fascistas surgidos en la Europa de los años veinte, nada hubieran podido hacer por sí solos frente a la tendencia moderada de la mayoría de la sociedad española, más partidaria de reformas legales que de avances violentos. Fueron sin embargo los sectores civiles, eclesiásticos y militares antidemocráticos los que, angustiados por la puesta en marcha del programa del Frente Popular y decididos a salvaguardar sus intereses a costa de lo que fuera, se lanzaron por la pendiente del golpismo.
