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Breves comentarios sobre diversos aspectos de derecho privado
Veintidós (15+7) divertimentos jurídicos
Guillermo Montoya Pérez

Montoya Pérez, Guillermo
Breves comentarios sobre diversos aspectos del derecho privado / Guillermo Montoya Pérez. – Medellín: Editorial EAFIT, 2019
102 p.; 27 cm. -- (Académica Z)
ISBN 978-958-720-638-8
1. Derecho civil - Colombia. 2. Obligaciones (Derecho civil). I. Tít. II. Serie
346.861 cd 23 ed.
M798
Universidad EAFIT – Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas
Breves comentarios sobre diversos aspectos de derecho privado
“El derecho de Montoya”
Primera edición: diciembre de 2019
© Guillermo Montoya Pérez
© Editorial EAFIT
Carrera 49 No. 7 sur-50
Tel.: 261 95 23, Medellín
http://www.eafit.edu.co/fondoeditorial
Correo electrónico: fonedit@eafit.edu.co
Diseño: Alina Giraldo Yepes
Diagramación: Luz Marina Zapata Echavarría
ISBN: 978-958-720-638-8
ISBN: 978-958-720-639-5 (versión EPUB)
Imagen de carátula: https:/www.shutterstock.com
Universidad EAFIT | Vigilada Mineducación. Reconocimiento como Universidad: Decreto Número 759, del 6 de mayo de 1971, de la Presidencia de la República de Colombia. Reconocimiento personería jurídica: Número 75, del 28 de junio de 1960, expedida por la Gobernación de Antioquia. Acreditada institucionalmente por el Ministerio de Educación Nacional hasta el 2026, mediante Resolución 2158 emitida el 13 de febrero de 2018
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Con afecto y agradecimiento a la memoria del jurista Ricardo Uribe Holguín
Con notas de amistad y colegaje, agradezco la oposición conceptual de monseñor1 Carlos Julio Arango Benjumea, a quien debo el subtítulo de estos divertimentos jurídicos.
Contenido
Notas introductorias
De un pensamiento compartido
¿Qué es un divertimento?
De una motivación especial
De un “opositor” con rango nobiliario
De unas razones propias
De un claro objetivo racional
Nota bene
Quince divertimentos en negro
Del fenómeno de la reviviscencia normativa
Regulación de los derechos reales en Colombia
De los no sujetos jurídicos con equivocadas pretensiones: decisiones de loco
Del título y el modo: especies de un mismo fenómeno jurídic
1. Posición francesa
2. Posición alemana
3. Posición de la Corte Suprema de Justicia colombiana
4. Posición de los profesores chilenos Manuel Somarriva Undurraga y Guillermo Corre
5. Posición del profesor chileno Arturo Alessandri Rodrígue
Crítica
Posición contemporánea defendida en Colombia por los profesores Fernando Jaramillo Jaramillo y Luis Alonso Rico Puerta
Posición de iure condendo, antes compartida por Montoya
Una nueva posición de iure condendo, en el derecho de Montoya
De una recomendación final sobre título y modo
De las facultades del dominio y sus diferencias con respecto a los derechos de usufructo, uso y habitación
De la aplicación práctica de los artículos 807, 809 y 810 del Código Civil colombiano
Del título en la propiedad fiduciaria
Del modo en la propiedad fiduciaria
De la aplicación del artículo 807 del Código Civil
De la aplicación del artículo 809 del Código Civil
De la aplicación del artículo 810 del Código Civil
De la regulación de los bienes baldíos (una propuesta de lege ferenda)
Título III
De los bienes del Estado colombiano
Capítulo I
Reglas generales
Capítulo II
De los bienes baldíos en particular
Del derecho real de superficie (una propuesta de lege ferenda)
De la muerte como hecho futuro: ¿cierto o incierto? o indeterminado?, ¿plazo o condición?
De un problema constante: la utilización del aire
De la anticresis civil y comercial
Preámbulo
De la anticresis en el campo civil
Concepto
Limitación
Solemnidad
Efectos
De la anticresis en el campo mercantil
Concepto
Amplitud
Solemnidad
Efecto
De una unificación normativa necesaria
De una idea prospectiva
De una figura incomprendida: fiducia mercantil. Patrimonio autónomo
Preliminares
¿Qué es un patrimonio autónomo?
¿Cómo se constituye un patrimonio autónomo en Colombia?
Patrimonios autónomos prohibidos
Temporalidad del patrimonio autónomo
¿Qué sucede durante la existencia del patrimonio autónomo?
¿En Colombia son posibles patrimonios autónomos diferentes a las fiducias mercantiles?
Aclaración especial
De las verdaderas servidumbres en la legislación civil colombiana
Precisiones en torno de las servidumbres de acueducto y alcantarillado
De un esqueleto normativo llamado censo
Siete (7) divertimentos en rojo
Del rompimiento de dos paradigmas que devienen en falacias: personalidad y atributos de la personalidad
El mito de la personalidad jurídica ante la realidad de la sujetividad
El mito de los atributos de los sujetos jurídicos (de la personalidad, según las voces clásicas)
De una precisión conceptual en torno de un gran engaño teórico
De una precisión sobre el artículo 50 del Código Civil
De los modos de extinguir las obligaciones naturales y los casos de pervivencia de ellas
Preliminares
De las obligaciones naturales, su extinción y pervivencia
De la extinción
Pervivencia de las obligaciones naturales
De las fuentes de las relaciones jurídicas de los derechos subjetivos y de las obligaciones: de una correcta lectura del artículo 1494 del Código Civil
De una equivocada regulación normativa: de los cuasicontratos
De la agencia oficiosa o gestión de negocios ajenos (arts. 2304 a 2312 cc)
Del pago de lo no debido (arts. 2313 a 2321 cc)
La comunidad (arts. 2322 a 2340 cc)
De una visión más amplia de los elementos de un contrato
Elementos estructurales
Elementos de la existencia
Elementos de la validez
Elementos de oponibilidad
Elementos de contenido
Elementos esenciales
Elementos de la naturaleza
Elementos accidentales
Elementos determinantes
Oposición de intereses
Concreción de partes
Contenido patrimonial
Efectos propios
De una figura mal denominada y, por supuesto, mal entendida: del autocontrato
Anexo
Sentencia C-501/01
Sentencia C-357/03
Bibliografía
Notas al pie
El ciego criterio de autoridad es el peor enemigo del jurista
Ricardo Uribe Holguín2
Notas introductorias al Derecho de Montoya

De un pensamiento compartido
Quien escribe se adhiere, con puntos y comas, a lo señalado por el maestro Ricardo Uribe Holguín en defensa de sus propios escritos. Dijo el maestro:
Probablemente esté equivocado en varios de mis conceptos. No importa. Lo que he escrito contiene algo de protesta contra el ciego criterio de autoridad. Prefiero exponer de buena fe desaciertos propios que reproducir aciertos ajenos. Es simple cuestión temperamental. Además, mis opiniones que resulten erróneas algún fruto habrán de dejar, puesto que el que descubre el error ha encontrado la verdad.3
¿Qué es un divertimento?
El Diccionario de la lengua española señala que divertimento, expresión italiana, equivale a divertimiento.
El divertimento es una forma musical de estilo desenfadado y alegre, que tuvo su auge en el siglo XVIII.
Dice también el diccionario citado que se llama divertimento a la obra artística o literaria cuyo principal objetivo es divertir.
¿Es posible un divertimento jurídico?
La respuesta, a pesar del acartonamiento de muchos operadores jurídicos, es positiva. Se pueden crear divertimentos jurídicos que permitan sonreír gracias a su contenido, ora por la contundencia, ora por la perplejidad, ora por el atrevimiento.
De una motivación especial
Año 1978: la vida creó la posibilidad de tener en la Academia Antioqueña al jurista Ricardo Uribe Holguín, quien para esa época oficiaba como magistrado de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. En las muchas exposiciones que hizo sobre asuntos de derecho privado brillaban la sapiencia y sus posiciones críticas: era un verdadero iconoclasta.
Del profesor Ricardo Uribe Holguín aprendió la Academia que es importante el debate racional y razonado, dejando de lado el argumento de autoridad, para buscar explicaciones lógicas sin detenerse en la consideración del derrumbamiento de paradigmas añejos.
No a los aforismos Roma locuta, causa finita ni magister dixit.
Hay que leer verticalmente y luego oficiar de iconoclasta para establecer una posición lógica-jurídica que quede sometida a los avatares de la contradicción y, así, precisar una tesis sostenible.
Hoy, con fundamento en la gratitud y en el recuerdo, quien escribe acepta la invitación, sin pretensiones extracadémicas, y se aventura a proponer varias tesis controversiales y controvertibles sobre algunos puntos del derecho privado, utilizando el divertimento como forma especial para enfrentar al monstruo llamado hoja en blanco.
De un “opositor” con rango nobiliario
Quiso la ruleta de la vida que las casillas de dos soñadores del derecho estuvieran en el mismo espacio del azar, pese a los distintos colores y números: siete rojo, quince negro.
Un noble de la Francia medieval –hoy, monseñor Carlos Julio Arango Benjumea– contradice, casi siempre, las tesis que se escapan a deshoras y con inusitada frecuencia del magín de quien escribe, que fue en otras vidas un bucanero de altamar, sin patria ni destino.
Monseñor Arango Benjumea enaltece la ruta del desvío que recorre el antiguo bucanero: aquel noble que viene de la Francia medieval, con todo el señorío, hace oposición, fuerte pero abierta, y ha signado las tesis, de extraño contenido, bajo el nombre de el derecho de Montoya.
Gracias, monseñor, por estar presto a combatir con quien lo reta en claros y abiertos divertimentos.
De unas razones propias
Hay varias razones para hacer público el contenido de este texto de derecho privado:
• La primera, la pasión por la docencia; los alumnos han de tener la oportunidad de leer y controvertir las tesis del viejo profesor que se revela contra lo tradicional.
• La segunda, la necesidad de avivar el debate abierto; los contradictores tienen derecho a conocer las tesis en la fuente misma y bajo la responsabilidad del autor que las expresa.
• La tercera, el sentimiento de aprecio para con los posibles contradictores; el dicho contra el dicho es un divertimento de academia que regocija la vida, el sueño y la esperanza.
Otras razones existen en la génesis del texto, pero con las dichas basta.
De un claro objetivo racional
Se busca con el texto convocar a todos los operadores jurídicos al análisis de su contenido, con miras a que se abandonen criterios erróneos o para aceptar la novedad, si la hubiere, y para combatir, a muerte si se quiere, las tesis planteadas.
Nota bene
Como ocurre en la filosofía de los juegos de los discapacitados, lo importante en la vida no es ganar, sino participar.
Este texto no aspira a ganar, y si pierde, su autor oirá, en las tardes de verano o de invierno, la voz de Tita Merello interpretando el texto de la milonga Baldosa floja: “No soy constante en amores, / por eso tan solo estoy, / mi carta ya la he jugado / y si he perdido, pago y me voy”.4
Quince (15) divertimentos en negro

Del fenómeno de la reviviscencia normativa
Las normas jurídicas pueden ser excluidas del ordenamiento jurídico de dos formas: a través de un acto legislativo en el que, de manera expresa o tácita, se deroga una norma anterior, o cuando la Corte Constitucional declara que la norma es inexequible.
La norma derogada de la primera forma no revive cuando la norma que la derogó también es derogada, ni revive por la mención que de ella se haga en otra ley. Al respecto, el artículo 14 de la Ley 153 de 1887 establece: “Una ley derogada no revivirá por sí sola las referencias que a ella se hagan, ni por haber sido abolida la ley que la derogó. Una disposición derogada solo recobrará su fuerza en la forma en que aparezca reproducida en una ley nueva”.
Cuando se excluye una norma por la vía de la inexequibilidad, en Colombia, no existe una norma expresa para establecer qué pasa con las normas que fueron derogadas por la norma que se declara inexequible.
Un sector de la doctrina considera que la situación de inexequibilidad es exactamente la misma contemplada en el artículo 14 ya citado. Otro sector considera que hay diferencias entre derogación, expresa o tácita, y declaratoria de inexequibilidad, y que por lo tanto la situación en sede de inconstitucionalidad no puede regirse por la Ley 153 de 1887. Esta última posición plantea un dilema: ¿la declaratoria de inexequibilidad deja un vacío normativo o permite la reviviscencia de la norma derogada?
La posición que sostiene que surge un vacío legislativo ha sido liderada por el exmagistrado Jaime Araújo Rentería, quien considera que la Corte Constitucional no está facultada para establecer la vigencia de una norma derogada; al respecto se pueden consultar el salvamento de voto a la Sentencia C-501 de 2001 y la aclaración de voto en la Sentencia C-357 de 2003 sobre la inexequibilidad del Decreto 1283 de 2002.
Este primer divertimento, en negro, se trae no porque se asuma una posición particular en el derecho de Montoya, sino por la importancia del tema y por el desconocimiento que la comunidad académica tiene del fenómeno referido.
Como una ayuda para el lector, se transcriben los argumentos de las dos posiciones en el anexo que se agrega en la parte final del texto Sentencia C-501/01 y Sentencia C-357/03.
Regulación de los derechos reales en Colombia
En relación con el libro Ii del Código Civil colombiano, titulado “De los bienes”, la jurisprudencia y la doctrina encuentran que ese cuerpo normativo regula no solo lo atinente a los bienes, sino también lo que corresponde a los derechos reales. Tal estimación no es cierta porque allí solo se tocan algunos aspectos del dominio, el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre. De algunos aspectos de los derechos reales de prenda e hipoteca el Código se ocupa en el libro IV, al regular los contratos respectivos. En cuanto al derecho real de retención, las normas están dispersas y corresponden a los casos de aplicación tanto en materia civil como en materia comercial.
Ante tal situación, cabe preguntar ¿en dónde se regulan los derechos reales en el ordenamiento jurídico colombiano? La respuesta, aunque cause asombro, es que los derechos reales, como tales, no están regulados ni en el Código Civil ni en el Código de Comercio; han sido la jurisprudencia y la doctrina las que han tratado de señalar la teoría general y particular de todos y cada uno de ellos, pero se advierte que tanto una como otra se centran, fundamentalmente, en los aspectos de las fuentes de los derechos reales y no en los derechos mismos ni en sus efectos.
Por lo dicho, se impone la necesidad de estructurar una teoría general de los derechos reales señalando los criterios aplicables a todos y cada uno de ellos; tales criterios, según la propuesta que aparece en el texto Teoría general de los derechos reales,5 son los siguientes:
• El concepto
• La naturaleza jurídica
• Los elementos
• La adquisición
• Las características
• La clasificación
• El traslado patrimonial
• La extinción.
En verdad, el libro II del Código Civil colombiano no se ocupa de la relación jurídica entre el titular de un derecho real y la comunidad, sujeto pasivo en cuanto se debe abstener (obligación de no hacer). Tampoco se ocupa de los efectos propios de los derechos reales ni de los elementos de una teoría general, como la propuesta de iure condendo que se señaló anteriormente y que corresponde al derecho de Montoya.
Hay que resaltar que el artículo 665 del Código Civil indica que son derechos reales el dominio, el usufructo, el uso, la habitación, la prenda, la hipoteca, la herencia y la servidumbre activa. Se debe excluir de esta relación el derecho de herencia, y se debe incluir el derecho de retención, por lo siguiente:
• La exclusión del derecho de herencia obedece a que el bien al cual hace alusión el derecho es diferente al bien que tipifica la relación jurídica llamada derecho real. En esta se trata de bienes corporales, singulares, avaluables en términos monetarios y, excepcionalmente, de bienes incorporales con las mismas características. El derecho de herencia, en cambio, se refiere a una universalidad (conjunto de activos y pasivos) en la que se puede encontrar toda clase de bienes; además, se deduce con claridad que el legislador colombiano fue consciente de la imposibilidad de tratar el derecho de herencia con las normas propias de los derechos reales, y por ello dispuso su regulación en el libro iii del Código Civil.
• La inclusión del derecho de retención obedece al análisis de los puntos que conforman la llamada teoría general de los derechos reales, toda vez que los diversos casos establecidos en la legislación colombiana, de manera asistemática, del derecho de retención permiten ubicarlo como otro derecho real.
En verdad, el derecho de retención responde al concepto general de todo derecho real, que se expresa diciendo que es la facultad que tiene un sujeto jurídico para exigirle a toda la comunidad una conducta de no hacer con referencia a un bien corporal, singular, avaluable en dinero.
El derecho de retención es, por naturaleza, un derecho subjetivo, económico, in rem, como todo derecho real.
El derecho de retención tiene la estructura de una relación jurídica erga omnes en cuanto exige un supuesto normativo, la realización del supuesto y la presencia de sujetos opuestos, y goza de la protección estatal.
El derecho de retención se adquiere por la realización de un modo, como todo derecho real; admite las características y la clasificación de todo derecho real y, finalmente, se puede trasladar de un patrimonio a otro y se extingue de las mismas formas y maneras que los derechos reales.
Una vez establecidos los criterios aplicables a todos los derechos reales, es necesario analizar, en particular, cada uno de ellos, respecto de los cuales se encontrarán semejanzas y diferencias.
Si se enfrenta cada derecho real a cada uno de los elementos de la teoría general propuesta, se encuentra lo siguiente:
Tabla 1.1

El cuadro es del autor.
De los no sujetos jurídicos con equivocadas pretensiones: decisiones de locos
Años 37 a 41 d. C.: el emperador Calígula nombra a su caballo Incitatus cónsul de Bitinia (norte de Turquía)
Desde hace unos años se viene perdiendo la sindéresis en el campo del derecho, porque so pretexto de defender la naturaleza se olvidan los principios jurídicos y las teorías decantadas a lo largo de los siglos.
Se tiene como potestad estatal establecer, frente a todos los entes, cuáles tienen la calidad de sujetos jurídicos y cuáles carecen de ella. Tal potestad es del poder constituyente primario porque en el acto primigenio, la carta política, se indica qué entes pueden actuar como sujetos en el ordenamiento jurídico, sin que ello impida que tal potestad se pueda delegar en los órganos encargados de elaborar las leyes.
La consideración para determinar quiénes son sujetos de derecho implica que el ente pueda tener derechos y, a la vez, obligaciones, de tal manera que se cumpla el paradigma del derecho privado que se expresa diciendo derecho y obligación son las dos caras de una misma moneda.
Cuenta la historia que, entre aquellos gobernantes a quienes siempre se ha calificado de dementes por haber perdido de vista las reglas de la lógica y de lo jurídico, al denominar sujetos a seres irracionales que por supuesto nada podían exigir, y a quienes nada se les podía exigir, salta el nombre del emperador romano Calígula.
En Colombia hay una corriente, de moda, que bajo el pretexto de proteger la naturaleza viene señalando que los semovientes, las especies vegetales y los ríos pueden ser sujetos de derecho, pero solo como titulares de facultades y no como responsables de deberes. Tal tendencia constituye un retroceso en la determinación de sujetos y no sujetos. Los animales no pueden ser sujetos de derecho porque carecen de voluntad, carecen de razón y escapan a los lineamientos generales que indican que en Colombia son sujetos los seres humanos y aquellos otros entes a los que el legislador les reconoce la posibilidad de ser centro de imputación jurídica.
En principio, se podría pensar que, por decisión legal, se les conferirían derechos a los animales, que se podrían “ejercer” por medio de un representante, pero no se puede establecer, jamás, que los animales sean sujetos obligados, porque se tornaría un imposible físico demandar la realización de una conducta como, por ejemplo, obligar a un perro a no morder o, ante el incumplimiento, imponerle a este una sanción.
El argumento de moda, en el sentido de pretender negarles a los animales el carácter de cosa o bien debido a que son seres sintientes, no es más que un desconocimiento de las características propias de los semovientes como seres vivos, porque todos ellos, aunque no lo diga la ley, sienten, y el sentir no les hace perder la calidad de ente no sujeto de derecho. El legislador, ni por curiosidad, miró el diccionario de la Real Academia Española, que define el animal como “el ser orgánico que vive, siente y se mueve por propio impulso”.
Obsérvense, además, los artículos 1o y 2o de la Ley 1774 de 2006:
Artículo 1o. Objeto. Los animales como seres sintientes no son cosas, recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa o indirectamente por los humanos, por lo cual en la presente ley se tipifican como punibles algunas conductas relacionadas con el maltrato a los animales, y se establece un procedimiento sancionatorio de carácter policivo y judicial.
Artículo 2o. Modifíquese el artículo 655 del Código Civil, así: Artículo 655. Muebles. Muebles son las que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose ellas a sí mismas como los animales (que por eso se llaman semovientes), sea que sólo se muevan por una fuerza externa, como las cosas inanimadas. Exceptúense las que siendo muebles por naturaleza se reputan inmuebles por su destino, según el artículo 658.
Parágrafo. Reconózcase la calidad de seres sintientes a los animales.
El artículo 1o indica que “los animales como seres sintientes no son cosas” y, por su parte, el artículo 2o, al referirse a las cosas muebles indica que “son las que pueden trasladarse de un lugar a otro, sea moviéndose ellas a sí mismas como los animales (que por eso se llaman semovientes)”.
¡Valiente legislador el de la Ley 1774! En el primer artículo le quita la calidad de cosa a los animales y, en el artículo siguiente, cuando da un ejemplo de cosas muebles, cita a los animales.
El derecho de Montoya resuelve la contradicción normativa con el principio hermenéutico que expresa que la norma posterior prima sobre la norma anterior. A fuerza de estar en la moda, se vuelve a establecer lo que es lógico y razonable: Los animales solo pueden ser objetos, cosas o bienes, pero jamás sujetos de derecho.
En igual situación se encuentran las especies vegetales, denominadas ahora, por la tendencia que aquí se critica, individuos arbóreos.
La Corte Constitucional de Colombia ha incursionado en la moda que, en verdad, no es más que un retroceso hacia los años 37 a 41 d. C., para comportarse como Calígula. En reciente sentencia6 se ha señalado que el río Atrato es un sujeto jurídico que tiene derechos y que los podrá ejercer a través de una entidad que habrá de crearse para que lo represente. ¿Quién y cómo podrá exigirle al río Atrato que se mantenga en su cauce y que, si se sale, habrá de indemnizar?
Salta a la vista que las consideraciones que se hacen de la fauna, de la flora y, ahora, de los ríos peca contra toda lógica jurídica. La manera de proteger la naturaleza no pasa por convertir cada elemento de ella, de manera absurda, en un sujeto de derecho. La protección de la naturaleza se establece señalando las conductas que atenten contra ella y estableciendo las sanciones en que incurren los sujetos que las realizan.
Pese a las decisiones de las altas cortes y a las manifestaciones contradictorias del legislador colombiano, los animales, las especies vegetales y los ríos seguirán siendo entes no sujetos porque, desde la hermenéutica, en derecho las cosas no son lo que a veces se dice que son, sino que las cosas son lo que son.
Del título y el modo: especies de un mismo fenómeno jurídico
La jurisprudencia y la doctrina discuten sobre la adquisición de los derechos reales para establecer si las legislaciones señalan que todo modo, para producir su efecto natural, que no es otro que hacer surgir el derecho, tiene que estar antecedido por otro fenómeno jurídico, o si el modo, por sí solo, tiene la fuerza para hacer nacer el derecho. Sobre el punto en discusión pueden, hoy, identificarse ocho posiciones diferentes, a saber:
1. Posición francesa
Afirma que los derechos reales, todos, nacen de la manifestación de voluntad o de los hechos sin que sea necesaria más de una fuente. En consecuencia, solo es necesaria la realización de una fuente obligacional (título) para que se entienda que ha surgido el derecho real. Así, por ejemplo, en Francia con solo celebrar el contrato de compraventa el comprador se hace dueño.
2. Posición alemana
Afirma que los derechos reales, todos, se adquieren por los modos consagrados en cada legislación con independencia de las manifestaciones de voluntad y de los hechos que les hayan antecedido. Así, por ejemplo, en Alemania, si se efectúa la entrega de un bien mueble o si se efectúa la inscripción de un bien inmueble, se entienden surgidos los derechos de dominio sin que importe averiguar qué actos se dieron antes de la entrega o inscripción.
3. Posición de la Corte Suprema de Justicia colombiana 7
La Corte recoge las tesis generalizadas de Chile y de España al afirmar que todos los derechos reales necesitan, para su adquisición, de la concurrencia de título y de modo, esto es, frente a todo derecho real se distinguen dos momentos: uno para realizar el título y otro para realizar el modo.
La Corte considera que el título es todo hecho jurídico8 que plantea la posibilidad de llegar a realizar un modo, advierte que en muchos casos el título es la ley que consagra la posibilidad de realizar el modo y entiende por modo la manera en que se realiza o ejecuta el título.
Para la Corte el título es la causa remota para la adquisición de los derechos reales y el modo es la causa próxima en la adquisición de estos. Así, por ejemplo, el comprador se hace dueño del bien material de la compraventa, porque puede demostrar que se realizó una fuente obligacional llamada negocio jurídico mediante el acuerdo de voluntades que recibe, en este caso, el nombre de contrato, y porque el vendedor cumplió con la obligación de trasladar el derecho entregando el bien, si es mueble, o mediante la inscripción del título en el registro inmobiliario si se trata de un inmueble; el cumplimiento o realización del título se llama modo, y en el caso, tradición.
Otro ejemplo dado por la Corte para explicar la posición en comento tiene que ver con la adquisición del derecho de dominio respecto de las cosas abandonadas. El sujeto que aprehende una cosa abandonada se hace dueño porque existe una norma que lo autoriza (título) y porque el sujeto ha realizado lo que la norma dice: ha tomado la cosa con intención de apropiársela, esto es, se ha dado el modo llamado ocupación.
4. Posición de los profesores chilenos Manuel Somarriva Undurraga y Guillermo Correa
Afirma que la concurrencia de título y modo para la adquisición de los derechos reales, en los sistemas chileno, colombiano y español, entre otros, solo se exige cuando de la tradición se trata. Los profesores chilenos argumentan así:
1) El artículo 588 sólo habla de modos de adquirir el dominio y para nada de títulos. De manera, pues, que se deduce de esto que basta con la existencia del modo de adquirir. Ahora, al hablarse de la tradición en el artículo 675, se exige título traslaticio de dominio en forma excepcional; y ya observábamos que más propio es decir que al título traslaticio de dominio debe seguir la tradición, que a la tradición debe preceder un título traslaticio de dominio: porque el solo contrato por sí mismo no tiene fuerza de transferir el dominio y, por esto, viene en su auxilio la tradición, que es un modo de adquirir. En cambio, si examinamos el Libro III, que habla de la sucesión por causa de muerte, veremos que en parte alguna se menciona el título. Y si estudiamos la parte referente a la ocupación, accesión y prescripción, observaremos lo mismo. Por lo tanto, la opinión que no exige título en los otros modos de adquirir la tradición estaría de acuerdo con la legislación.
2) Cada vez que en ciencia jurídica se exigen tales o cuales requisitos o condiciones para que valga un acto jurídico, para que produzca sus efectos, es porque el legislador, la jurisprudencia, o los tratadistas, se ponen en el caso de que puedan faltar los mencionados requisitos. Así, por ejemplo, para que la compraventa sea válida, se requiere que haya cosa y precio, y cuando se trata de bienes raíces, se requiere además escritura pública. De lo dicho se desprende que en el ejemplo propuesto en un momento dado puede faltar la escritura pública, el precio o la cosa vendida. Ahora bien, con respecto al título, tenemos que, en el caso de la ocupación, accesión, prescripción y sucesión por causa de muerte, jamás puede dejar de haber título, ya que, según la afirmación de la opinión contraria, en los tres primeros casos se confunde con el modo de adquirir y, respecto de la sucesión por causa de muerte, se argumenta por esta tendencia que el título puede ser el testamento o la ley, según que la sucesión sea testamentaria o abintestato. Pero a esta argumentación se le pueden hacer las siguientes observaciones: 1) en ninguna parte así lo dice el legislador, siendo esto una mera creación de los tratadistas; 2) cuando se exige un requisito para la validez de un acto, como decíamos, se está indicando con ello que el legislador lo exige, porque puede faltar o no; y en caso de que falte, el acto no produce efectos. Pues bien, en el caso del seudo título [sic] de la sucesión por causa de muerte, jamás puede faltar el título, porque, o se sucede por testamento o por la ley; de lo contrario, no se sucede.
3) Porque en el caso de la sucesión por causa de muerte, según lo estudiaremos en su oportunidad, se puede suceder a una persona parte abintestato y parte testamentariamente. Entonces, si se aceptara la opinión combatida, tendríamos el absurdo de que una persona sucedería a dos títulos, lo cual es errado, porque no pueden concurrir dos títulos en la adquisición del dominio respecto de una misma cosa.
4) La doctrina que exige como requisito general el título es incompleta, desde el momento que pasa por alto el modo de adquirir denominado ley, y ni siquiera se pronuncia acerca de cuál sería el título en este caso.9
5. Posición del profesor chileno Arturo Alessandri Rodríguez
La posición anterior es combatida por el profesor chileno Arturo Alessandri Rodríguez así:
De acuerdo con el sistema chileno, el requisito del título debe aplicarse a todos los modos de adquirir que enumera el artículo 588. Así, se dice que, en el caso de la ocupación, accesión y prescripción, el título se confunde con el modo de adquirir. Y en el caso de la sucesión por causa de muerte, el título puede ser: o bien el testamento, en el caso de la sucesión testamentaria, o bien, la Ley, en el caso de la sucesión abintestato. En cuanto al modo de adquirir denominado Ley, se guarda silencio. [...] No hay en todo el Código Civil ninguna disposición que tal cosa diga; pero no era necesario que lo dijera expresamente, porque de muchas de sus disposiciones y de la combinación de ellas resulta la doctrina aquí expuesta. Así se desprende de los artículos 588, 675, 702, 703 y 704. El artículo 588 se limita a enumerar los modos de adquirir la propiedad; el artículo 675, contenido en el título de la tradición, dice que para que ésta valga se requiere un título traslaticio de dominio, como el de venta, permuta, donación, etc.
Los artículos 702, 703 y 704, contenidos en el título de la posesión, hablan de justo título, clasifican los títulos y terminan diciendo cuáles títulos son justos y cuáles no lo son.10
Crítica
• Las posiciones antes referidas constituyen las llamadas tesis clásicas, pero parte de la doctrina contemporánea ofrece un análisis crítico que es importante conocer para defender un punto de vista sobre el tema.
6. Posición contemporánea defendida en Colombia por los profesores Fernando Jaramillo Jaramillo y Luis Alonso Rico Puerta
Sobre el tema del título y del modo, afirman:
• La tesis generalmente aceptada se contrae a señalar que los derechos personales nacen con la realización de un solo supuesto normativo; los derechos reales nacen con la realización de dos supuestos normativos: título y modo.
• La tesis correcta se contrae a señalar que los derechos personales nacen con la realización de un solo supuesto normativo que da nacimiento al título. Los derechos reales nacen, generalmente, con la realización de un solo supuesto normativo que configura los llamados modos.
• Por excepción, hay casos en los que el derecho real surge del título como el derecho de prenda con tenencia regulado en el Código Civil, y como el derecho de dominio frente al bien dado en mutuo.
• Por excepción, hay casos en los que el derecho real necesita de la realización de dos supuestos normativos, título y modo; estas excepciones se dan frente a los derechos reales que se adquieren por el modo tradición, porque quien tradita tiene que estar obligado, y estarlo impone la preexistencia de un título.
7. Posición de iure condendo, antes compartida por Montoya
Tiempo atrás, el derecho de Montoya compartía la tesis de los profesores Jaramillo Jaramillo y Rico Puerta, excepto en lo que se refiere a la prenda con tenencia, regulada en el Código Civil, y en lo que se refiere al derecho de dominio frente al bien dado en mutuo. Se considera que en ambos casos hay tradición y hay contrato, esto es, hay título y modo; lo que ocurre es que un solo hecho perfecciona el título y el modo, ese hecho es la entrega material del bien.
Sobre el punto en discusión se considera, en conclusión, que la exigencia del título como antecedente del modo solo se da de manera excepcional, y que no puede extenderse la exigencia normativa de unos casos a los otros en los que basta con la realización del supuesto normativo que perfecciona el modo. En verdad:
• La ocupación se configura cuando se dan los supuestos normativos sin que pueda afirmarse que la norma o ley es título, porque ello carece de razón y de lógica.
• Igual sucede con la accesión, con la creación, con la usucapión y con la aprehensión.
• Lo dicho impone una conclusión: el título se requiere frente al modo tradición, siempre que esta se entienda en términos del Código.11 A veces, frente al modo sucesión por causa de muerte se requiere del título como antecedente necesario de la muerte; esta necesidad se presenta cuando quien invoca el derecho no fue llamado por la ley, sino que su derecho proviene de la memoria testamentaria.
8. Una nueva posición de iure condendo, en el derecho de Montoya
En la posición anteriormente compartida se encuentran tres afirmaciones que devienen contradictorias:
• El título se requiere frente al modo tradición, siempre que esta se entienda en términos del Código.
• Los modos llamados ocupación, accesión, creación, usucapión y aprehensión no requieren de la concurrencia de título.
• El modo llamado sucesión por causa de muerte a veces exigía la presencia de título y a veces no.
• Surgen tres interrogantes que, al ser resueltos, hacen variar la posición en el derecho de Montoya sobre título y modo:
• ¿Será necesario para adquirir, por cualquier modo, que el sujeto tenga una calidad previa?
• ¿Esa calidad previa, cuando se requiera, está atada inexorablemente al concepto de título?• ¿Cuáles modos, en Colombia, requieren del título y cuáles no?
• Chi va piano va lontano. Si se formulan las dos primeras preguntas, frente a cada uno de los modos, se obtienen las siguientes respuestas:
• Quien pretende adquirir por ocupación no requiere de ninguna calidad previa. Todo sujeto jurídico puede ocupar.
• Quien pretende adquirir por accesión ha de tener una calidad previa: ser dueño del bien que produce o ser dueño del bien principal. Tal calidad va atada inexorablemente al concepto de título, y prueba de ello es que siempre se habrá de preguntar a título de qué se accede.
• Quien pretende adquirir por tradición ha de tener una calidad previa: ser acreedor de una obligación de dar. Tal calidad va atada inexorablemente al concepto de título, y prueba de ello es que siempre se habrá de preguntar a título de qué se adquiere.
• Quien pretende adquirir por constitución ha de tener una calidad previa: ser acreedor de una obligación de dar. Tal calidad va atada inexorablemente al concepto de título, y prueba de ello es que siempre se habrá de preguntar a título de qué se adquiere.
• Quien pretende adquirir por usucapión ha de tener una calidad previa: ser poseedor del bien que se pretende adquirir. Tal calidad va atada inexorablemente al concepto de título, y prueba de ello es que siempre se habrá de preguntar a título de qué se prescribe.
• Quien pretende adquirir por sucesión por causa de muerte ha de tener una calidad previa: ser heredero o legatario. Tal calidad va atada inexorablemente al concepto de título, y prueba de ello es que siempre se habrá de preguntar a título de qué se sucede.
• Quien pretende adquirir por creación ha de tener una calidad previa: ser dueño de la materia prima con la cual se crea un determinado bien. Tal calidad va atada inexorablemente al concepto de título y prueba de ello es que siempre se habrá de preguntar a título de qué el artífice se hizo dueño.
• Quien pretende adquirir por aprehensión ha de tener una calidad previa: ser acreedor vinculado al bien que retiene. Tal calidad va atada inexorablemente al concepto de título, y prueba de ello es que siempre se habrá de preguntar a título de qué se retiene.
• Quien pretende adquirir por adjudicación ha de tener una calidad previa que varía y que puede ser, por ejemplo, rematante o explotador de baldíos con actividades agropecuarias. Tal calidad va atada inexorablemente al concepto de título, y prueba de ello es que siempre se habrá de preguntar a título de qué se le adjudica.
El tercer interrogante permite señalar hoy que todos los modos, salvo la ocupación, requieren de título.
De una recomendación final sobre título y modo
Pese a que la jurisprudencia y la doctrina persisten en tratar el título y el modo como dos instituciones, diferentes, de todo lo dicho en este acápite, se puede concluir que se trata de fenómenos similares; tanto el título como el modo son realizaciones de supuestos normativos cuyos efectos pueden ser diferentes o complementarios, tal como he expresado en el “Liber gratitudinis –Libro de gratitud–”:
Se puede afirmar que los Derechos Reales también se adquieren o surgen de las manifestaciones de voluntad, de los hechos o de la concurrencia de unos y otros, tal y como ocurre con todos los demás derechos subjetivos. Sólo hay que advertir que el legislador, no solamente el colombiano, ha nominado de manera especial algunas de esas fuentes llamándolas “modos” y, en ocasiones, señala la necesidad de que se realicen dos fuentes: Una que corresponde al “modo” y otra, antecedente, que se ha dado en llamar “título”; sustancialmente no hay diferencia, en cuanto a la fuente, entre título y modo.
Se convoca a todos los operadores jurídicos a que analicen las dos propuestas pedagógicas para acoger o señalar los defectos, de ellas. La primera, en el sentido de precisar que las fuentes de las relaciones jurídicas y, por ende, de todos los derechos y obligaciones son unas mismas, en esencia, y que, se repite, son la manifestación de voluntad, el hecho jurídico y la concurrencia de unas y otros. La segunda, en el sentido de simplificar y volver asequible la tortuosa teoría del título y el modo, señalando que no son más que realizaciones de fuentes obligacionales con algunos efectos diferentes, fuentes que cuando concurren frente a la necesidad de adquirir un derecho real se denominan, caprichosamente, título y modo.12
De las facultades del dominio y sus diferencias con respecto a los derechos de usufructo, uso y habitación
El derecho de dominio recibe el calificativo de derecho pleno porque es el derecho real que más amplias facultades confía al titular, ya que este puede disponer, administrar, gozar, usar y abusar del bien.
Cada una de las facultades se puede contextualizar así:
• Disponer: Consiste en la posibilidad que tiene el titular de enajenar el bien, constituir gravámenes sobre él o ceder su tenencia, bien sea a título gratuito u oneroso. La facultad de disponer tiene limitaciones en tanto no se puede ejercer si se atenta contra el ordenamiento jurídico o contra las buenas costumbres.
• Administrar: Consiste en la posibilidad que tiene el titular de utilizar el bien con miras a que le produzca. También consiste en realizar todas las actividades tendientes a mantener el bien en debida forma.
• Gozar: Consiste en la posibilidad que tiene el titular de obtener los frutos, civiles o naturales, que el bien produce.
• Usar: Consiste en la posibilidad que tiene el titular de servirse del bien para el uso racional y obvio del mismo.
• Abusar: Consiste en la posibilidad que tiene el titular de disponer materialmente del bien. Tradicionalmente esta facultad ha sido motivo de discusiones:
- En cuanto al contenido, un sector de la doctrina considera que dentro del abusar está la posibilidad de disponer jurídica y materialmente del bien; pero otro sector considera que hay que diferenciar entre las facultades de disponer y abusar para entender que la primera se refiere al aspecto jurídico, en tanto que la segunda hace referencia al aspecto material.
- En cuanto al alcance de la facultad de abusar, históricamente se consideró que el titular del dominio podía disponer arbitrariamente del bien, pero el desarrollo de las políticas estatales llegó, y así se mantiene, a la consideración de que tal disposición no podía ser arbitraria porque hay limitaciones legales y de orden público; por ejemplo, en Colombia, hacia la década del setenta, el sector lechero tuvo una abundante producción, circunstancia ante la cual decidió verter el excedente a los ríos, actitud que fue rechazada por la comunidad y que llevó a la creación de un tipo penal13 en aras de proteger el orden público. Las facultades de gozar y usar se suelen confundir con los derechos reales de usufructo, uso y habitación, a pesar de las claras y abiertas diferencias entre aquellas y estos. En verdad:
• El derecho real de usufructo consiste en la posibilidad que tiene un tercero, y siempre un tercero, de recibir los frutos que produce un bien ajeno. Se puede decir que el recibir los frutos, de un bien, por parte del titular del bien no constituye derecho real de usufructo, es simple aplicación de la facultad que él tiene de gozar del bien.
• El derecho real de uso consiste en la posibilidad que tiene un tercero, y siempre un tercero, de recibir los frutos que produce un bien ajeno, pero limitada la recepción de ellos al monto de las necesidades del usuario y su familia.14
Es claro que nada tiene que ver la facultad de uso con el derecho real de uso; aquella permite, como ya se dijo, que el titular se sirva del bien para el uso racional y obvio del mismo, en tanto que el derecho real de uso está referido a los frutos que produce un bien ajeno.
El derecho real de habitación consiste en la posibilidad que tiene un tercero, y siempre un tercero, de ocupar parcialmente un bien inmueble ajeno para satisfacer su necesidad y la de su familia. Se distinguen la facultad de usar, que tiene el domine, del derecho real de habitación en tres aspectos:
- La facultad de uso surge de manera concomitante con el nacimiento del derecho de dominio, en tanto que el derecho de habitación hay que constituirlo o adquirirlo.
- La facultad de uso se radica en cabeza del titular del bien, en tanto que el derecho de habitación se radica en un tercero y su familia.
- La facultad de uso se refiere a todo el bien, sea mueble o inmueble; el derecho de habitación se refiere solo a bienes inmuebles y está limitado a las necesidades del habitador y su familia. Finalmente hay que señalar que no se puede confundir el derecho de habitación con los contratos de arrendamiento y comodato de un bien inmueble. Si bien es cierto que en todos y cada uno de ellos un sujeto tiene la potestad de usar el inmueble, parcial o totalmente, se diferencian en su naturaleza, en su formación y en las relaciones económicas, así:
• El derecho de habitación es un derecho real, en tanto que del arrendamiento y del comodato solo surgen relaciones personales.
• El derecho de habitación se constituye mediante la concurrencia de título y modo, ya que se requiere un instrumento público (título) y la realización de otro supuesto (modo) que puede ser la tradición o la sucesión por causa de muerte.
• Por su parte, los derechos personales que surgen del arrendamiento y del comodato provienen de un solo supuesto (título), esto es, la celebración del contrato respectivo.
• El derecho de habitación puede ser oneroso o gratuito, en tanto que el arrendamiento es oneroso porque exige contraprestación por el uso (canon o renta). Por su parte, el comodato es, por esencia, gratuito, ya que el comodatario no está obligado a pagar el uso que se le concede.
• El derecho de habitación es oponible a toda la comunidad por ser un derecho real, en tanto que los derechos que surgen del arrendamiento y del comodato solo son oponibles entre arrendador-arrendatario y comodante-comodatario.
De la aplicación práctica de los artículos 807, 809 y 810 del Código Civil colombiano
Los artículos 807, 809 y 810 del Código Civil colombiano se refieren a una misma circunstancia dentro del fideicomiso, pero con consecuencias diferentes.
Las normas citadas regulan la ausencia del propietario fiduciario, así:
En el artículo 807 se indica: “Cuando falte por cualquier causa el fiduciario designado”.
En el artículo 809 se lee: “Siendo dos o más los propietarios fiduciarios, habrá entre ellos derecho de acrecer, según lo dispuesto para el usufructo en el artículo 839”.15
El artículo 810 expresa: “La propiedad fiduciaria puede enajenarse entre vivos, y transmitirse por causa de muerte”.
Las normas transcritas permiten concluir que, ante la pluralidad de propietarios fiduciarios designados, pueden faltar varios o uno. Del artículo 810 se concluye que la propiedad fiduciaria se traslada por causa de muerte (transmisión) o por acto entre vivos (transferencia). La falta de propietario fiduciario trae efectos diferentes en cada una de las normas, y surgen entonces las preguntas de rigor:
• ¿Cómo saber qué norma se aplica en un caso concreto?
• ¿Son las normas referidas contradictorias entre sí?
• ¿Son normas complementarias?
• ¿Son normas independientes, en cuanto regulan situaciones diferentes? Para responder a los interrogantes hay que hacer una breve anotación sobre la propiedad fiduciaria y sobre la forma de adquirirla.
El ordenamiento jurídico colombiano establece que la propiedad fiduciaria es la que está sometida al gravamen de pasar a otro sujeto por el hecho de que se cumplan dos condiciones: la señalada en la constitución de la propiedad fiduciaria, hecho futuro e incierto (art. 1530 cc), positivo o negativo (art. 1531 cc), física y moralmente posible (art. 1532 cc); y la señalada por el legislador en el artículo 799 del Código Civil, en donde se lee que el fideicomiso supone siempre la condición expresa o tácita de existir el fideicomisario o su sustituto, en la época de la restitución.
Como propiedad que es, la propiedad fiduciaria, en tanto derecho real, exige la realización de dos supuestos normativos para que surja, supuestos que según la terminología del Código se denominan título y modo.
Del título en la propiedad fiduciaria
La constitución de un fideicomiso o propiedad fiduciaria es siempre solemne porque exige un instrumento público o un testamento, según lo señala el artículo 796 del Código Civil.
Hay que tener en cuenta la limitación del artículo 795 del Código Civil, en el sentido en que solo se pueden gravar con fideicomiso una herencia, total o parcialmente, y bienes que se puedan calificar de cuerpos ciertos.
Las normas especiales que regulan la propiedad fiduciaria permiten concluir que el primer paso hacia la configuración de ella es la realización de un supuesto normativo, que se llamará título, y la manera de hacerlo no es otra que la manifestación de voluntad, de uno o varios sujetos, que se recoge en el instrumento público o en un testamento.
Del modo en la propiedad fiduciaria
Las normas especiales, que regulan la propiedad fiduciaria, no son claras ni precisas sobre la necesidad de realizar otro supuesto jurídico para que aquella surja como derecho real. Solo en el segundo inciso del artículo 796 del Código Civil se hace alusión al registro del título cuando el fideicomiso se refiere a bienes inmuebles.
La omisión que se acaba de resaltar se suple acudiendo a las normas que regulan la adquisición del dominio o propiedad. El artículo 673 del Código Civil señala que los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la accesión, la tradición, la usucapión y la sucesión por causa de muerte.
Frente a la propiedad fiduciaria se hace necesario agotar los supuestos normativos relacionados con la tradición y con la sucesión por causa de muerte, que son los modos directamente relacionados con los títulos que anteceden la propiedad fiduciaria; de manera tal que, si el fideicomiso se constituye por acto entre vivos (título), se requiere efectuar la tradición para lograr la configuración del derecho real de dominio o propiedad. Para la tradición hay que distinguir si los bienes están sometidos a registro o si por el contrario no lo están. En el primer supuesto la tradición que permite adquirir la propiedad fiduciaria se perfecciona con el registro del título en la oficina correspondiente, según la naturaleza del bien o de los bienes vinculados (oficinas de registro de instrumentos públicos, capitanías de puerto, Aeronáutica Civil, secretarías de tránsito y transporte, y cámaras de comercio). En el segundo supuesto la tradición opera con la entrega del bien por parte del tradente al adquirente. Cualquiera de las formas de entrega aplica en la adquisición de la propiedad fiduciaria (art. 754 cc).
Ahora bien, si la propiedad fiduciaria surge de una memoria testamentaria (título), se debe agotar el conjunto de pasos para que se configure el modo llamado sucesión por causa de muerte; esto es:
• Se debe dar el fallecimiento del testador.
• Se debe agotar el trámite sucesoral.
• Se debe registrar la partición, si hay bienes sometidos a registro, o hacer la entrega de los bienes no sometidos a registro.
De la aplicación del artículo 807 del Código Civil
El artículo 807 del Código Civil es del siguiente tenor: “Cuando en la constitución del fideicomiso no se designe expresamente el fiduciario, o cuando falte por cualquiera causa el fiduciario designado, estando todavía pendiente la condición, gozará fiduciariamente de la propiedad el mismo constituyente, si viviere, o sus herederos”.
La situación se refiere única y exclusivamente a los casos en los que se ha realizado el supuesto normativo llamado título, pero no se ha realizado el segundo supuesto normativo, llamado modo. Así, por ejemplo, si se ha otorgado la escritura pública pero el designado como propietario desaparece antes de que se haya realizado el modo, serán propietarios fiduciarios el constituyente o sus herederos: Antonio Arbeláez Arango vende, mediante escritura pública, a favor de Zoila Zarzamora Zuleta, el gato Kelsen (debidamente identificado), señalando que el día en que Beatriz Barreneche Botero se case la propiedad del gato Kelsen pasará al señor Carlos Castillo Casas. Zoila Zarzamora Zuleta fallece antes de que se le transfiera, antes de que se le tradite el bien. En tal supuesto, la propiedad fiduciaria sigue en cabeza de Antonio Arbeláez Arango, si existe; si no existe, serán propietarios fiduciarios los herederos del señor Arbeláez Arango.
De la aplicación del artículo 809 del Código Civil
El artículo 809 del Código Civil expresa: “Siendo dos o más los propietarios fiduciarios, habrá entre ellos derecho de acrecer, según lo dispuesto para el usufructo en el artículo 839”.
La situación del artículo 809 se refiere, como en el caso del artículo 807, a los eventos en que se ha realizado el supuesto normativo llamado título, pero no se ha realizado el segundo supuesto, llamado modo; a diferencia de la situación del artículo 807, se han designado dos o más propietarios fiduciarios, como cuando se otorga escritura pública designando dos o más propietarios fiduciarios y uno o varios de estos desaparecen antes de que se haya realizado el modo, así: Dora Durango Durán vende, mediante escritura pública, a favor de Elena Espinosa Escobar, Fany Ferro Fernández y Gabriel Gómez Gallón, el burro Marquitos (debidamente identificado), señalando que el día en que llueva en la ciudad de Lima (Perú) la propiedad del burro Marquitos pasará a la señora Hortensia Henao Hernández. El señor Gabriel Gómez Gallón fallece antes de que se perfeccione la tradición; cuando esta se realice se hará en favor de Elena Espinosa Escobar y Fany Ferro Fernández, por mitades, ya que lo que le habría podido corresponder al fallecido acrece a las otras propietarias fiduciarias designadas.
De la aplicación del artículo 810 del Código Civil
El artículo 810 del Código Civil señala:
La propiedad fiduciaria puede enajenarse entre vivos, y transmitirse por causa de muerte, pero en uno y otro caso con el cargo de mantenerla indivisa, y sujeta al gravamen de restitución, bajo las mismas condiciones que antes.
No será, sin embargo, transmisible por testamento o abintestato, cuando el día fijado para la restitución es el de la muerte del fiduciario; y en este caso, si el fiduciario la enajena en vida, será siempre su muerte la que determine el día de la restitución.
La situación se refiere, al contrario de los casos de los artículos 807 y 809, a los eventos en que se han realizado los dos supuestos normativos llamados título y modo, con independencia de que sean varios o uno los propietarios fiduciarios, como cuando se otorga escritura pública en favor de uno o más propietarios fiduciarios, se realiza la tradición respecto de aquel o de estos y, con posterioridad, fallece o fallecen: Irma Idárraga Ibáñez vende, mediante escritura pública, a favor de Josefina Jiménez Jaraba, la vaca Lola (debidamente identificada), señalando que el día en que el club Deportivo Independiente Medellín quede campeón de la Copa Libertadores de América la propiedad respecto de la vaca Lola pasará al señor Kamel Kámara Keops. La señora Irma Idárraga Ibáñez tradita la vaca Lola a la señora Josefina Jiménez Jaraba y esta fallece con posterioridad a la entrega. En este supuesto, la propiedad fiduciaria se trasmite a los herederos de la señora Jiménez Jaraba hasta tanto se cumpla el hecho futuro e incierto estipulado.
De todo lo dicho, se puede concluir que en el derecho de Montoya la aparente contradicción entre los artículos 807, 809 y 810 del Código Civil, en cuanto a la determinación de los sujetos que han de sustituir al propietario fiduciario designado, cuando este falta, se aclara y precisa al ubicar el tipo de negocio y fijar el momento de la falta en relación con la realización del título y el modo.
Con lo dicho, se responden los cuestionamientos formulados al inicio de este divertimento. Por un lado, queda claro cuándo se aplica cada una de las normas; por otro lado, se responde en cuanto al contenido de las normas precisando que no son ni contradictorias ni complementarias porque, como bien se dijo, son normas independientes pues regulan situaciones diferentes.
De la regulación de los bienes baldíos (una propuesta de lege ferenda) 16
El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, con miras a implementar los llamados “Acuerdos de La Habana”, creó una comisión para elaborar proyectos de ley agrupados bajo la denominación genérica de Ley de Tierras.
Dos de los proyectos hacían referencia, de mala forma y manera, a la regulación de los bienes baldíos y al llamado derecho de superficie. Quien escribe fue encargado de la revisión de esos apartados del proyecto, y para concretar la normativa propuso una modificación y adición al libro segundo del Código Civil, de manera tal que se regularan todos los aspectos de ambas instituciones. En este divertimento y en el siguiente se abordan los temas mencionados, empezando por la regulación de los bienes baldíos; en consecuencia, la regulación de estos tiene que comprender todos los aspectos y adecuar los artículos del Código Civil y demás normas concordantes que, de una u otra forma, resultarían afectadas por el nuevo régimen. Por lo dicho, el derecho de Montoya propuso que el texto normativo del proyecto fuera el siguiente:
Artículo 59. Regulación de los bienes baldíos. Modifíquese el título iii del libro segundo del Código Civil, así:
Título III
De los bienes del Estado colombiano
Capítulo I
Reglas generales
Artículo 674. Son bienes del Estado colombiano:
1. Los bienes de uso público
2. Los bienes adjudicables
3. Los bienes de reserva
4. Los bienes fiscales
Artículo 675. Son bienes de uso público aquellos cuyo uso pertenece a todos los habitantes del territorio.
Parágrafo 1. Los ríos y todas las aguas que corren por cauces naturales son bienes del Estado, de uso público en los respectivos territorios. Se exceptúan las vertientes que nacen y mueren dentro de una misma heredad: su propiedad, uso y goce pertenecen a los dueños de las riberas, y pasan con estos a los herederos y demás sucesores de los dueños.
Parágrafo 2. El uso y el goce que, para tránsito, riego, navegación y cualesquiera otros objetos lícitos, corresponden a los particulares en las calles, plazas, puentes y caminos públicos, en ríos y lagos, y generalmente en todos los bienes del Estado de uso público, estarán sujetos a las disposiciones de este Código y a las demás que sobre la materia contengan las leyes.
Parágrafo 3. No se podrán sacar canales de los ríos para ningún objeto industrial o doméstico, sino con arreglo a las leyes respectivas.
Parágrafo 4. No obstante lo prevenido en este capítulo y en el de la accesión, relativamente al dominio del Estado sobre los ríos, lagos e islas, subsistirán en ellos los derechos adquiridos por particulares, de acuerdo con la legislación anterior a este Código.
Artículo 676. Son bienes adjudicables aquellos que están destinados a que el Estado colombiano, antes de los trámites de ley, los transfiera a otros sujetos jurídicos.
Artículo 677. Son bienes de reserva aquellos que están destinados a ser conservados por el Estado con miras a la preservación del medioambiente.
Artículo 678. Son bienes fiscales aquellos respecto de los cuales el Estado se comporta, de manera general, como cualquier sujeto jurídico.
Parágrafo 1. La administración de los predios rurales que tengan la calidad de fiscales estará a cargo de la Agencia Nacional de Tierras, la cual estudiará, de manera preferente, la posibilidad de asignarlos a las personas que los ocupan, reservándose la potestad de asignarlos en propiedad o uso y recuperarlos según corresponda, de conformidad con lo consagrado en la Ley de Tierras.
Si los bienes no se encuentran ocupados, serán objeto de programas de adjudicación de acuerdo con la Ley de Tierras, teniendo en cuenta que la selección de beneficiarios se hará atendiendo a las unidades agrícolas familiares.
Parágrafo 2. En los bienes fiscales que tengan la calidad de inmuebles rurales se podrán desarrollar asignaciones de propiedad o uso en beneficio de asociaciones o cooperativas de campesinos, ligadas a un proyecto productivo colectivo, en concurrencia con adjudicaciones o autorizaciones individuales, sin que ello implique que la entrega es en común y proindiviso. Artículo 679. Los puentes y caminos construidos a expensas de personas particulares, en tierras que les pertenecen, no son bienes del Estado, aunque los dueños permitan su uso y goce a todos los habitantes de un territorio.
Lo mismo se extiende a cualesquiera otras construcciones hechas a expensas de particulares y en sus tierras, aun cuando su uso sea público, por permiso del dueño.
Parágrafo. Nadie podrá construir, sino por permiso especial de autoridad competente, obra alguna sobre las calles, plazas, puentes, playas, terrenos fiscales y demás lugares de propiedad del Estado.
Artículo 680. Las columnas, pilastras, gradas, umbrales y cualesquiera otras construcciones que sirvan para la comodidad o el ornato de los edificios, o hagan parte de ellos, no podrán ocupar ningún espacio, por pequeño que sea, de la superficie de las calles, plazas, puentes, caminos y demás lugares de propiedad del Estado.
Los edificios en que se ha tolerado la práctica contraria estarán sujetos a la disposición de este artículo, si se reconstruyeren.
Artículo 681. En los edificios que se construyan a los costados de calles o plazas no podrá haber, hasta la altura de tres metros, ventanas, balcones, miradores u otras obras que salgan más de medio decímetro fuera del plano vertical del lindero; ni podrá haberlos más arriba que salgan del dicho plano vertical sino hasta la distancia horizontal de tres decímetros.
Las disposiciones de este artículo se aplicarán a las reconstrucciones de dichos edificios. Artículo 682. Sobre las obras que con permiso de la autoridad competente se construyan en sitios de propiedad del Estado no tienen los particulares que han obtenido este permiso sino el uso y el goce de ellas, y no la propiedad del suelo.
Abandonadas las obras o terminado el tiempo por el cual se concedió el permiso, se restituyen ellas y el suelo, por el ministerio de la ley, al uso y el goce privativo del Estado, o al uso y el goce general de los habitantes, según prescriba la autoridad soberana. Pero no se entiende lo dicho si la propiedad del suelo ha sido concedida expresamente por el Estado.
Artículo 683. Se entiende por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes.
Artículo 684. Todo lo atinente a la conformación, el uso y la desafectación del espacio público se rige, en especial, por las leyes 9a de 1989 y 388 de 1997, y por las demás que les sean concordantes.
Capítulo II
De los bienes baldíos en particular
Artículo 684A. Los baldíos son bienes inmuebles rurales que carecen de dueño particular y por ello pertenecen al Estado colombiano para ser adjudicados o para ser reservados, según la decisión de las autoridades competentes.
Parágrafo. Los bienes inmuebles urbanos que carecen de dueño particular son bienes fiscales que pertenecen al municipio donde se encuentran; cada entidad territorial destinará tales inmuebles en beneficio de la comunidad.
Artículo 684B. Los bienes baldíos pueden tener el carácter de originarios cuando no han estado nunca en el patrimonio de los particulares; o pueden tener el carácter de derivados cuando habiendo estado en el patrimonio de particulares regresan al dominio de la nación en virtud de la aplicación de los procedimientos establecidos en la ley que tenga prevista dicha consecuencia.
Parágrafo. El aprovechamiento económico de los predios rurales, de conformidad con la Ley de Ordenamiento Social de la Propiedad y Tierras Rurales, y las presunciones que se deriven de dicho aprovechamiento no modifican la naturaleza de los baldíos de las tierras aprovechadas, y en tal orden, no constituyen fundamento para declarar la procedencia de prescripciones adquisitivas.
Artículo 684C. El dominio privado sobre bienes inmuebles rurales se acredita y configura a través de alguna de las siguientes formas:
1. Con certificación de la oficina de registro de instrumentos públicos y con copia auténtica del título originario expedido por el Estado colombiano que no haya perdido su eficacia legal, referidos al inmueble respectivo. Se entiende por título originario el documento preciso, concreto e inequívoco mediante el cual el Estado transfirió una determinada extensión territorial.
2. Con certificación de la oficina de registro de instrumentos públicos y con copia auténtica del instrumento público en el que conste la negociación entre particulares, siempre y cuando la inscripción en la oficina de registro se hubiere hecho antes del 4 de agosto de 1994.
3. Con copia auténtica de la sentencia de prescripción adquisitiva de dominio y con la certificación de su inscripción en la oficina de registro de instrumentos públicos, siempre y cuando la inscripción en la oficina de registro se hubiere hecho antes del 4 de agosto de 1994.
Parágrafo 1. En aplicación del numeral 10 del artículo 375 del Código General del Proceso, las sentencias de prescripción adquisitiva expedidas sobre baldíos con posterioridad al 4 de agosto de 1994 serán examinadas por la Agencia Nacional de Tierras o por el juez agrario y rural, según corresponda, en el marco de la clarificación de la titularidad, por cuanto su sola expedición no sanea vicios, ya que fueron expedidas en contravención a la legislación agraria. En ningún caso estos títulos constituirán un medio válido para acreditar la propiedad privada respecto de terrenos no adjudicados, reservados o destinados para cualquier servicio o uso público.
Parágrafo 2. Las disposiciones del presente artículo se refieren exclusivamente a la propiedad territorial superficiaria y no tienen ninguna aplicación respecto del subsuelo.
Artículo 684D. Salvo las situaciones que queden comprendidas dentro del numeral 2o del artículo anterior, la configuración de la propiedad sobre los terrenos baldíos adjudicables solo puede adquirirse mediante título originario de dominio, debidamente registrado en la oficina de registro de instrumentos públicos correspondiente, otorgado por el Estado a través de la Agencia Nacional de Tierras o de la entidad en la que se haya delegado la facultad de titulación.
Parágrafo. La ocupación de los baldíos no genera ninguna expectativa legítima y la Agencia Nacional de Tierras se reserva la potestad de asignarlos en propiedad o uso, y de recuperarlos según corresponda, de conformidad con lo previsto en la Ley de Ordenamiento Social de la Propiedad y Tierras Rurales.
Artículo 684E. Con el fin de preservar la soberanía nacional, no se podrán adjudicar los baldíos que se encuentren en las áreas limítrofes del país.
Del derecho real de superficie (una propuesta de lege ferenda)17, 18
En relación con el derecho de superficie, la propuesta desde el derecho de Montoya se contrajo a señalar que los artículos 31 a 37 del proyecto de ley se debían modificar y complementar para que se tuviera una regulación clara y completa del derecho de superficie que, pese a estar pensado respecto de la propiedad rural, también debía tener aplicación en la propiedad urbana porque no sería lógico resolver de maneras distintas los problemas surgidos de un mismo fenómeno.
En consecuencia, la normativa que dé cuenta del derecho real de superficie tiene que regular todos los aspectos y adecuar las normas del Código Civil que, de una u otra forma, van a resultar afectadas por el nuevo derecho real. Por lo dicho, el derecho de Montoya propuso que el texto normativo del proyecto fuera el siguiente:
Artículo 31. Concepto y enumeración de derechos reales. Modifíquese el artículo 665 del Código Civil, el cual quedará así:
Artículo 665. El derecho real es la facultad que tiene un sujeto jurídico, cuyo nombre varía según el derecho, para exigir de toda la comunidad una conducta de abstención en relación con un bien corporal, excepcionalmente incorporal, singular, avaluable en términos monetarios.
Son derechos reales el de dominio, usufructo, uso, habitación, servidumbre activa, prenda, hipoteca, retención y superficie. De estos derechos nacen pretensiones reales.19
Artículo 32. Regulación del derecho de superficie. Adiciónese el libro segundo del Código Civil creando el título xv “Del derecho real de superficie” y los artículos que se expresan a continuación:
Artículo 1007A. Concepto de derecho real de superficie. El derecho real de superficie es la facultad que tiene un sujeto jurídico llamado superficiario para exigir de toda la comunidad que se abstenga de interferir en lo que él pueda hacer en un predio ajeno en donde ha construido, plantado o sembrado utilizando materiales propios, bien por acuerdo con el propietario del terreno o bien porque el superficiario ha actuado a ciencia y paciencia de aquel.
Artículo 1007B. Constitución del derecho real de superficie por acuerdo entre las partes. Quien pretenda adquirir el derecho de superficie por acuerdo con el propietario del terreno deberá celebrar con este un contrato mediante escritura pública que deberá contener los elementos esenciales de todo negocio jurídico y, además, el señalamiento del fin perseguido, el plazo, las modalidades de pago, los derechos y obligaciones de las partes, las garantías de cumplimiento, la oportunidad y la forma de entrega del inmueble por parte del propietario al superficiario, y la restitución por parte de este al propietario, cuando a ello hubiere lugar. El contrato, que constituye título, se debe registrar en la oficina de registro de instrumentos públicos, en el folio de matrícula correspondiente al predio ocupado, para que surja el derecho de superficie.
Artículo 1007C. Constitución del derecho real de superficie por consentimiento tácito del propietario. Cuando un sujeto jurídico construye, planta o siembra a ciencia y paciencia del dueño del terreno, deberá solicitar del propietario del terreno el otorgamiento de la escritura pública con el contenido referido en el artículo anterior. Si el propietario se niega, quien pretende ser superficiario deberá acudir ante el juez civil del circuito para que, previa acreditación de los hechos, mediante sentencia, se le confiera el derecho pretendido con el establecimiento de todos los requisitos señalados en el artículo anterior; en este caso, el plazo máximo del derecho será de diez años contados a partir de la fecha de la sentencia y con reconocimiento expreso de todo el tiempo en que se ocupó el terreno antes de la misma.
La sentencia, que constituye título, se debe registrar en la oficina de registro de instrumentos públicos, en el folio de matrícula correspondiente al predio ocupado, para que surja el derecho de superficie.
Parágrafo. El propietario del terreno se podrá oponer demostrando que la actuación de quien pretende el derecho de superficie no fue a ciencia y paciencia de él.
Artículo 1007D. Derecho de superficie sobre baldíos y bienes fiscales. El Estado podrá conceder derechos reales de superficie sobre los baldíos y bienes fiscales patrimoniales que le pertenezcan, mediante acto administrativo expedido por la Agencia Nacional de Tierras. El acto administrativo, que constituye título, se debe registrar en la oficina de registro de instrumentos públicos, en el folio de matrícula correspondiente al predio ocupado, para que surja el derecho de superficie.
Parágrafo. Cuando el derecho real de superficie sea otorgado por la Agencia Nacional de Tierras a favor de particulares, el predio entregado al superficiario únicamente podrá tener por objeto el desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas o forestales en los mismos términos y con las mismas obligaciones derivadas del régimen de unidades productivas. El incumplimiento de las obligaciones del superficiario será sancionado con la caducidad administrativa.
Artículo 1007E. Derechos del superficiario. El superficiario tiene derecho a tener la superficie ocupada por todo el tiempo señalado en documento constitutivo y podrá exigir a la comunidad y al propietario del terreno que se abstengan de perturbar las actuaciones que como superficiario realiza frente a lo construido, plantado o sembrado. En consecuencia, podrá invocar las pretensiones reales que protegen los derechos reales.
Así mismo, tiene derecho a exigir del propietario del terreno el cumplimiento de las obligaciones pactadas o señaladas por el juez en su favor.
Artículo 1007F. Derechos del propietario. El propietario del predio afectado por el derecho real de superficie conserva el derecho de trasladar y gravar la propiedad del mismo, con separación de los derechos del superficiario y sin necesidad del consentimiento de este. No podrá constituir sobre la superficie, objeto del derecho real, ningún otro derecho de uso, disfrute, aprovechamiento, servidumbre o garantía durante la vigencia del derecho de superficie, ni ningún otro gravamen que pueda perturbar los derechos del superficiario, salvo consentimiento escrito de este.
El propietario del inmueble adquiere el derecho a recibir la contraprestación correspondiente al término del derecho de superficie.
El propietario, salvo pacto en contrario, no asume los riesgos de las actividades que desarrolle el superficiario.
Artículo 1007G. Cumplimiento de la función social de la propiedad. Es inmanente al derecho real de superficie la obligación del superficiario de cumplir con la función social de la propiedad. El incumplimiento de esta función dará lugar a la declaratoria de extinción del derecho de superficie.
Lo anterior, sin perjuicio de la obligación que tiene el propietario del predio, dado en superficie, de verificar que el inmueble se encuentra explotado y de solicitar, ante el incumplimiento, la terminación del contrato.
Artículo 1007H. Transferencia del derecho real de superficie. El derecho real de superficie es susceptible de transferirse por acto entre vivos o de transmitirse por causa de muerte. El negocio jurídico por el cual se realiza la traslación deberá constar en instrumento público que será inscrito en la oficina de registro de instrumentos públicos pertinente. El cesionario, heredero o legatario quedará obligado en los mismos términos del titular anterior y deberá mantener las garantías previstas para asegurar el pago de las obligaciones al propietario del predio.
Parágrafo. Cuando el derecho de superficie provenga de acto administrativo sobre baldíos o bienes fiscales no será transmisible por causa de muerte. Será transferible por acto entre vivos, previo consentimiento de la Agencia Nacional de Tierras, el cual solo se podrá otorgar cuando se demuestren la idoneidad y la capacidad del nuevo superficiario para subrogarse en las obligaciones derivadas del acto administrativo.
Artículo 1007I. Terminación del derecho de superficie. El derecho de superficie termina por las siguientes causas:
1. Por la destrucción material de lo construido, plantado o sembrado.
2. Por la destrucción material del terreno al que pertenece la superficie.
3. Por el vencimiento del plazo señalado.
4. Por el cumplimiento de la condición resolutoria señalada.
5. Por la decisión de autoridad competente, ante el incumplimiento de los deberes del superficiario.
6. Por confusión de las calidades de propietario del terreno y superficiario.
7. Por la resolución del derecho del propietario.
Artículo 1007J. Vigencia del derecho de superficie. La regulación normativa del derecho de superficie no tiene efecto retroactivo y empezará a regir a partir de la vigencia de la Ley de Ordenamiento Social de la Propiedad y Tierras Rurales, pero en los casos supuestos en que un sujeto jurídico haya construido, plantado o sembrado a ciencia y paciencia del dueño se aplicará la ley en razón del efecto retrospectivo de la misma.
Artículo 33. Modificación del artículo 739 del Código Civil. Como consecuencia del establecimiento del derecho real de superficie, suprímase el inciso final del artículo 739 del Código Civil, el cual quedará así:
Artículo 739. El dueño del terreno en que otra persona, sin su conocimiento, hubiere edificado, plantado o sembrado tendrá derecho de hacer suyo el edificio, plantación o sementera, mediante las indemnizaciones prescritas a favor de los poseedores de buena o mala fe en el título de la reivindicación, o de obligar al que edificó o plantó a pagarle el justo precio del terreno con los intereses legales por todo el tiempo que lo haya tenido en su poder, y al que sembró a pagarle la renta y a indemnizarle los perjuicios.
De la muerte como hecho futuro: ¿cierto o incierto?, ¿determinado o indeterminado?, ¿plazo o condición?
El ordenamiento jurídico colombiano no se ocupa de señalar, de manera expresa, si el hecho de la muerte se puede calificar de plazo (hecho futuro y cierto) o si, por el contrario, se puede calificar de condición (hecho futuro e incierto).
Algunos autores afirman que el hecho de la muerte es un típico ejemplo de plazo, puesto que se trata de un hecho futuro y cierto, dada la naturaleza mortal del hombre.
Con fundamento en varias normas del Código Civil colombiano, el derecho de Montoya pasa a demostrar que, para el ordenamiento jurídico, el hecho de la muerte es tratado como una condición. Frente a la realidad de la finitud de la vida, el legislador, en una clara y típica ficción, cambia la naturaleza del hecho para tratarlo como condición debido a la incertidumbre frente al día de la muerte, tesis que se sustenta en los siguientes argumentos:
1. El artículo 800 del Código Civil señala que las condiciones de las cuales puede depender el fideicomiso se deben cumplir dentro de los treinta20 años siguientes a la delación de la propiedad fiduciaria, a menos que la muerte del fiduciario sea el evento de que penda la restitución.
Es irrefutable que, en materia de fideicomiso, el hecho de la muerte se trata, por el propio legislador, como una condición.
El artículo 800 del Código Civil indica:
Toda condición de que penda la restitución de un fideicomiso, y que tarde más de treinta años en cumplirse, se tendrá por fallida, a menos que la muerte del fiduciario sea el evento de que penda la restitución.
Estos treinta años se contarán desde la delación de la propiedad fiduciaria.
2. Si se mira, de manera natural, la muerte es un hecho futuro y cierto, ya que toda persona jurídica individual está llamada a morir; pero no hay certeza frente al día de la muerte.21
Cuando el hecho futuro es cierto, pero no se puede determinar cuándo ha de presentarse, es calificado por el ordenamiento jurídico como indeterminado.
El artículo 1139 del Código Civil, en su inciso segundo, se refiere al plazo indeterminado, y el ejemplo que la norma trae es precisamente el día de la muerte de una persona jurídica individual. Dice la norma: “Es cierto pero indeterminado, si necesariamente ha de llegar, pero no se sabe cuándo, como el día de la muerte de una persona”.
3. Si el hecho de la muerte de una persona jurídica individual encaja dentro de la clasificación de un plazo indeterminado, se debe indagar por la regulación propia de tales plazos. Los artículos 1143 y 1144 del Código Civil establecen que tales plazos constituyen condiciones y, como tales, se habrán de tratar. Las normas son del siguiente tenor:
Artículo 1143. La asignación desde día cierto pero indeterminado, es condicional, y envuelve la condición de existir el asignatario en ese día.
Si se sabe que ha de existir el asignatario en ese día (como cuando la asignación es a favor de un establecimiento permanente) tendrá lugar lo prevenido en el inciso 1o del artículo precedente.
Artículo 1144. La asignación desde el día incierto, sea determinado o no, es siempre condicional.
En conclusión, por simple deducción, con fundamento en el artículo 800 del Código Civil, se puede señalar que la muerte es condición en materia de fideicomiso.
Al constituir la muerte un típico caso de plazo indeterminado (art. 1139 cc), el tratamiento jurídico de la misma será y siempre será el de una condición, como claramente lo precisan los artículos 1143 y 1144 del Código Civil.
El hecho de la muerte de una persona jurídica individual, en Colombia, es una condición: quod erat demonstrandum.22
De un problema constante: la utilización del aire
En la vida práctica suele ocurrir que el propietario de un inmueble permite que otro sujeto construya encima de su propiedad; a esta negociación se le conoce como venta del aire.
La negociación referida no constituye, técnicamente, una venta y, por lo tanto, el pre ten dido adquirente no se hace dueño de lo construido. La razón de esta afirmación se encuentra sustentada en el inciso segundo del artículo 739 del Código Civil, que dice: “ Si se ha edificado, plantado o sembrado a ciencia y paciencia del dueño del terreno, será este obligado, para recobrarlo, a pagar el valor del edificio, plantación o sementera”.
De la norma transcrita se puede concluir que el adquirente del aire no se vuelve titular de lo construido y, mucho menos, de la base de la construcción, sino que, al contrario, el titular de la propiedad de cuyo aire se trata se vuelve dueño de lo construido pagando al constructor el valor de lo hecho.
Los enfrentamientos que suscita la aplicación de la norma, según el derecho de Montoya, se pueden evitar realizando un negocio jurídico complejo, así:
• El propietario del bien debe enajenarle a quien pretende construir en el aire un porcentaje del inmueble. Esta enajenación exige el otorgamiento de escritura pública y el correspondiente registro de ella en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria.
• Conformada la comunidad, deben proceder los comuneros a constituir un reglamento de propiedad horizontal en el que se especifiquen las construcciones individuales, por ejemplo, del primer y el segundo piso.
• Constituido el reglamento de copropiedad, los intervinientes deben realizar la liquidación de la comunidad y, de esa manera, cada uno de los sujetos tendrá la propiedad plena en cada una de las unidades construidas, las cuales tendrán matrícula independiente y seguirán en comunidad respecto de los bienes que según la ley y el reglamento sean comunes, tales como el cubrimiento de la propiedad, la base de esta, la fachada, los medios de acceso a las distintas unidades habitacionales, etc.
Con la celebración de este negocio complejo se garantiza la propiedad de cada uno de los sujetos y, en especial, la de quien construye en el aire, evitando el efecto señalado en el inciso segundo del artículo 739 del Código Civil, que es claramente contrario a los intereses del adquirente.
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