Kitabı oxu: «Exclusión, discriminación y pobreza de los indígenas urbanos en México»

Capítulo 1
La cuestión indígena en México

En este capítulo se discutirá la relación problemática entre la conformación del Estado-nación mexicano y los grupos indígenas. Lo titulamos “la cuestión indígena” debido a que destacamos el carácter conflictivo, histórico, sociopolítico y nacional de la problemática étnica en el país. En este sentido, consideramos que las comunidades o pueblos indígenas no constituyen comunidades autárquicas sino que son parte de un todo más complejo (Díaz Polanco, 1979); son “unidades socioculturales”, políticas, económicas y productivas vinculadas a distintos actores (Estado, mercado, organizaciones de diverso tipo) que han vivido saqueos y desposesiones económicas y simbólicas sistemáticas.

En las últimas décadas las trasformaciones experimentadas por los Estado-nación latinoamericanos han generado efectos importantes sobre la sociedad en su conjunto. Estas transformaciones que nos hablan de una preponderancia de tipo estructural de la exclusión por sobre la inclusión social (Santos, 2011 citado por Gracia 2015: 21) han tenido implicaciones diferenciadas en los distintos sectores y espacios territoriales; para el caso de los campesinos y pueblos indígenas el pasaje del modelo de Estado desarrollista a otro de corte neoliberal agudizó los procesos de movilidad espacial que ya se registraban desde mediados de siglo, al intensificarse la crisis del campo y de las economías regionales.

Los cambios en lo económico, lo social y lo territorial generan nuevas formas culturales y transforman tanto la vida rural en la comunidad de origen como en los espacios urbanos a los que migran los grupos indígenas. En los contextos urbanos, los integrantes de las comunidades indígenas se ven envueltos en nuevas relaciones sociales en espacios laborales, educativos, de salud e inclusive en la propia organización familiar, al tiempo que establecen diversas relaciones con las comunidades de origen.

Las transformaciones de los modelos de Estado vinculadas a los cambios en los patrones de acumulación también supusieron diversas modificaciones en la formulación de las políticas dirigidas a los pueblos originarios, pueblos que se fueron organización desde los años setenta para demandar su reconocimiento como sujetos de derecho público (lo cual, en la mayoría de los países como México, aun no han conseguido), tanto dentro de las instituciones políticas o en diálogo con los representantes estatales como por fuera de ellas, como es el caso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

En este capítulo se analizan las mutaciones de las políticas indigenistas en México y la forma en que ellas incorporan el problema étnico. Con ello buscamos poder interpretar, historizadamente, el marco legal-normativo y las políticas públicas y sociales que atraviesan la vida de los indígenas que residen en las ciudades de Guadalajara y el sureste mexicano (y que presentamos en la segunda parte del informe).

Buscando desnaturalizar una entidad compleja, en primer lugar nos referimos a la noción de Estado y de reforma, a la forma en que se problematizó lo étnico desde la conformación del Estado mexicano y a cómo este Estado-nación encaró los procesos de reforma. Finalmente, abordamos las políticas en materia indígena formuladas desde los años setenta del siglo pasado y la forma en que ellas fueron concibiendo sus proyectos hacia lo indígena: buscando incorporarlos como raza o cultura a los anhelos modernizadores de la nación y, posteriormente, reconociendo y respectando mucho más las diferencias, aunque con una serie de deudas relativas a la justicia social, económica y política. En este sentido, el conflicto étnico-nacional sólo puede encontrar solución en el marco de una nueva nación con actitud realmente democrática que reconozca y haga efectivos los derechos específicos de los pueblos indígenas mediante un replanteamiento de las bases de la sociedad y del Estado (Sánchez, 1999: 106-105).

La noción de Estado

El Estado ha sido conceptualizado y abordado de múltiples formas por parte de distintas disciplinas científicas. En términos generales esta noción remite a un tipo específico de forma de vida social, es decir, a una forma particular a partir de la cual las sociedades han organizado su vida colectiva. Esto es importante destacarlo para historizar y desnaturalizar la noción pues los grupos humanos se han organizado para subsistir de distintas maneras y la forma Estado expresa sólo un tipo de organización posible dentro de un amplio abanico histórico.

Entre las características básicas del Estado-nación moderno destaca la articulación que existe entre el ejercicio de gobierno, la población a la que va dirigida tal ejercicio y el territorio en el que se ejecuta.

El Estado expresa un tipo de relaciones muy específicas de dominio-subordinación que se ejercen mediante una autoridad reconocida colectivamente como legítima y capaz de establecer una ley común que expresa lo permitido, lo prohibido, lo correcto, lo incorrecto, lo posible y lo sancionable. Este binomio dominio-subordinación (Roux, 2005) ha sido constante en esta forma de autoridad colectiva que apareció en la historia de la humanidad como una entidad territorial de dominación coercitiva posterior a las organizaciones sociales primitivas basadas en lazos de sangre (Engels, 1976).

La dominación coercitiva que ejerce el Estado también se expresa por medio del monopolio del uso de la violencia legítima (Weber, 2002). Junto a las funciones políticas (sistemas de dominación y organización del poder), desde sus orígenes el Estado ha tenido funciones relacionadas con el impulso y regulación de los elementos necesarios para la reproducción social (Gramsci, 1975).

El Estado como un aparato contiene un conjunto de instituciones que ordenan y dan regularidad y permanencia a la relación entre gobernantes y gobernados así como al conjunto de la vida pública1. Entre las distintas instituciones que componen el Estado como aparato, la literatura contemporánea destaca aquellas dedicadas a la producción simbólica y cultural, las cuales posibilitan pensarlo como como una comunidad imaginada (Andersen, 1993).

Tanto las funciones vinculadas al ejercicio del poder, la dominación-control y reproducción de la población en términos materiales y simbólicos, así como sus resultados van cambiando históricamente en tanto

“…, la forma de avanzar en este propósito y la capacidad de lograrlo están sujetas a la acción de fuerzas variadas y a las posibilidades que los propios actores involucrados tengan de imponer o negociar sus condiciones” (Escobar Ohmstede et al, 2010: 23).

“Mientras que en ciertas épocas y lugares la función del Estado ha sido fundamental en el impulso al progreso económico, social y cultural, en otras ha sido un fuerte obstáculo al desarrollo y progreso humano, ha absorbido más recursos de la sociedad de los que le ha ayudado a producir y ha subvencionado a grupos parasitarios, ahogando las expresiones sociales más creativas e innovadoras, o bien ha organizado enormes aparatos de muerte y destrucción” (Dabat, 2010: 21).

Pensar que el aparato estatal no es inamovible sino que está en permanente reconstitución posibilita entenderlo como una formación política de dominación en construcción permanente. Sayer (1994) piensa en el Estado como una tendencia a largo plazo en la que se expresa un predominio de clase que no es coherente ni inamovible sino que manifiesta contradicciones a partir compromisos e intereses cambiantes que lo llevan a una reforma constante. ¿A qué se alude con reforma del Estado si éste se transforma constantemente?

Reforma y modelos de Estado

La reforma del Estado supone el cambio en las relaciones entre Estado y población; si bien refiere a lo económico y a los intentos de reorganizarlo y racionalizarlo, la misma involucra distintos elementos que buscan la gobernabilidad. Por ello la reforma,

“…refiere a sus elementos materiales (población y territorio) y a la configuración, modo de ejercicio y orientaciones del poder… El poder político del Estado, tanto en sus dimensiones institucional y simbólica como en la coactiva, es puesto al servicio de intereses y objetivos distintos que los anteriormente promovidos, en una matriz social y económica, espacial y poblacional, también ella modificada. El cambio significativo en los intereses y en los actores obliga a cambios en las agencias y en las políticas, en las instituciones y en los procesos” (Vilas, 1998: 151).

La reforma del Estado supone una reformulación en su relación con la sociedad y con el mercado, así como en la lógica de procuración del bienestar. Es así como los modelos de Estado liberal, o estado de bienestar, desarrollista o neoliberal no solo aluden a formas estatales o regímenes políticos diversos, sino a formas sociales de articulación entre instituciones sociales como la escuela, la familia, la subsistencia económica y la constitución de la vida ciudadana.

“La expresión Estado podría ser denominada configuración histórica socioestatal, conveniente sobre todo para comprender la independencia entre la forma de ser históricamente determinada de la sociedad que contiene también su dimensión política y estatal y el régimen político específico que se constituye de manera diferente (...) (Hirsch, 2001:16).

Respecto a la reforma del Estado, Echebarria- Ariznabarreta (2000:1-4) contempla dos categorías de reformas: las institucionales y las sustanciales. Las primeras involucran el diseño y funcionamiento de las instituciones y pueden tomar la forma de reforma política o administrativa; las sustanciales, en cambio, están relacionadas con el contenido de la acción pública, es decir, suponen una redefinición de sus fines, contenidos y alcances.

Teniendo en cuenta estas distinciones es posible identificar tres grandes transformaciones del Estado contemporáneo. La primera de ellas, la que dio origen al Estado liberal2, fue más bien una reforma institucional en la medida que significó la separación entre política y economía a partir de la separación entre los tres poderes y la definición de las funciones de cada uno de ellos. Este modelo postula la libertad individual y del mercado y una acción estatal que no debe intervenir en la economía.

La segunda transformación dio origen al Estado de Bienestar3, Estado social o Estado desarrollista para el caso de los países latinoamericanos y fue de tipo sustancial en tanto amplió y redefinió el papel del Estado en la economía mediante el gasto público y el pleno empleo de los factores productivos para alcanzar una economía óptima. A partir del fortalecimiento del movimiento obrero y de los partidos políticos afines, entre 1950 y 1973 la participación del gasto social en el PIB se elevó considerablemente en los países centrales (Dabat, 2010) a partir del estímulo al consumo de masas, del pleno empleo y de la construcción de políticas sociales que económicamente solventaran la demanda existente y políticamente desactivaran los problemas sociales provocados por la precedente desatención estatal a las demandas ciudadanas.

Este modelo de Estado generó una transformación profunda de todas las estructuras de la sociedad, de las relaciones sociales y las condiciones de vida; en cuanto a la economía artesanal y agrícola, los pequeños productores fueron reemplazados por la producción industrial masiva, lo que supuso que las relaciones sociales se organizaran en formas monetarias y de intercambio. A su vez la producción industrial incorporó a un sector más amplio de personas asalariadas. También existe una historia de resistencia de formas de sociabilidad comunitaria frente a las amenazas de aniquilamiento y destrucción que se puede observar en las diversas rebeliones indígenas y campesinas por la conservación de su propia identidad comunitaria; en el caso de México esta historia de rebeliones y resistencias están enmarcadas en la lucha por la tierra y la resistencia ante la imposición de un estilo de vida ajeno impuesto por la sociedad capitalista.

“La tierra, como núcleo problemático del proceso de construcción del Estado, como cualquier forma de propiedad, el régimen de propiedad agraria no era un problema de relación entre hombres y cosas, sino de la relación entre hombres, el pueblo, representaba no solo un modo posesión usufructo sino una forma de relación social: un modo de interacción social en el que estaban supuestos actitudes y sentimientos, una noción de la vida y de la muerte, una representación de sí mismos y de los otros, un código de conducta una forma de hacer política y una moral publica4. […]. Familia, trabajo, fiesta y política, formaban un mundo de la vida coherentemente estructurado por lazos comunitarios. Nada era más extraño y hostil a ese mundo que la idea de individuo solo y autosuficiente de la que partía el contractualismo liberal”. a estos conflictos se refiere (Roux, 2005:62).

Visto en su conjunto, se pueden encontrar saldos positivos en este modelo de Estado en tanto favoreció avances importantes en las condiciones de trabajo, vida y seguridad social de los trabajadores, posibilitó diferentes tipos de reformas sociales y culturales progresistas y, aunque de forma desigual, promovió el desarrollo científico y tecnológico. Aún así, no es posible olvidar que también, el intervencionismo estatal posibilitó el advenimiento de regímenes político sociales aberrantes como el fascismo (Dabat, 2010).

A partir de la crisis mundial detonada por la caída en los precios del petróleo (1973) la reconfiguración del patrón de acumulación, la inflación y el desbordamiento de la capacidad de respuesta por parte del Estado ante nuevas demandas de la sociedad se promueve un nuevo modelo, el Estado Neoliberal, que defiende la concepción de Estado mínimo y su intervención moderada. Esta tercera transformación amalgamó reformas institucionales y sustanciales y volvió a colocar a la economía (mercado) en el lugar central de la vida social y política.

Este modelo de Estado se ha ido reconfigurando a partir de los que se denominan reformas estructurales. Las denominadas de primera generación

“… se enfocaron a garantizar la estabilidad macroeconómica, el adelgazamiento del Estado, la desregulación y apertura de mercados… se promovió la liberalización política que desembocó en una democracia electoral en los países de América Latina, dándose una serie de ajustes en los ámbitos políticos y sociales que han abierto nuevas opciones también en la construcción de nuevas ciudadanías” (Escobar Ohmstede et al, 2010: 12).

Debido a que la primera generación de reformas no cubrió las expectativas de las agencias transnacionales se implementaron las reformas conocidas como de segunda generación que:

“buscaban fundamentalmente reforzar la institucionalidad a través de reformas jurídicas, la descentralización político-administrativa e incluso la creación de nuevas instituciones. Todo ello para facilitar aún más el funcionamiento y accionar del libre mercado…” (Escobar Ohmstede et al, 2010: 17).

La tercera oleada de reformas apareció en el momento en que los estados nacionales en América Latina comenzaban a reconstruir su imagen de nación a fin de representar la diversidad cultural y política que albergan sus respectivos territorios. De esta forma, dentro de estas reformas están aquellas que reconocen la pluralidad étnica y lingüística. Como otros países, México ha estado impulsando reformas de tercera generación a partir del reconocimiento de su gran diversidad étnica; sin embargo -como veremos más adelante en este capítulo y en la segunda parte del informe mediante con la revisión del marco legal y las políticas públicas-aun están lejos de alcanzar un marco equitativo y justo para con los pueblos indígenas que lo integran.

El Estado Neoliberal toma una nueva estructura basada en la reducción de su mismo aparato institucional y de la implementación de políticas sociales condicionadas a nuevos criterios, tales como la focalización, el asistencialismo y la descentralización.

“La política social deja de tener una función integradora; mucho más que incorporar a la población de bajos niveles de ingreso a condiciones satisfactorias de empleo y de vida, apunta a impedir un mayor deterioro de la población que ya se encuentra en condiciones de pobreza, y presta asistencia a las víctimas del ajuste. No les ayuda a salir del pozo: trata de impedir que se hundan más” (Vilas, 1998: 117).

Mediante la focalización se hace una diferenciación entre pobres y pobres extremos. Siendo los primeros capaces de afrontar las dinámicas de la economía, la política pública del Estado recae sobre los pobres extremos, que ya sea, por su escasez de recursos o por sus propias capacidades, son considerados en el grupo vulnerable de la sociedad. Los argumentos a favor de este criterio se basan en una mejor asignación del gasto estatal, mejora de la relación entre costo e impacto, y las posibilidades de evaluar la acción del Estado debido a la delimitación de la población atendida. La focalización entonces implica que las políticas sociales son selectivas; debido a la contracción de los fondos asignados a la política social, es necesario garantizar que éstos lleguen efectivamente a quienes deben llegar: los más pobres de los pobres. Esto significa que la focalización responde a la necesidad de confrontar la masificación de los problemas sociales con fondos recortados, se busca un uso eficiente de los recursos escasos. Uno de los objetivos claves de atender a los sectores más vulnerables es evitar que la pobreza extrema derive en tensiones sociales y políticas, por eso las acciones emprendidas a partir de la política social en el neoliberalismo buscan soluciones a corto plazo mediante: generación de empleos temporales, asistencia, capacitación laboral, apoyos productivos, infraestructura básica, complementos alimentarios, saneamiento, entre otros (Vilas, 1998).

Por su parte, el asistencialismo consiste en la provisión de ciertos servicios sociales por parte del Estado a esa población focalizada, que en razón de su incapacidad para proveerse por sí mismos, necesita de la ayuda estatal. Cambiando el lenguaje de derechos por el de auxilios.

Por último, la descentralización en un sentido negativo, es entendida como la forma del Estado para descargar y desviar las demandas sociales al ámbito local, a favor de la eficacia y la eficiencia financiera, quitándose así, la directa responsabilidad sobre el contenido de las políticas que emprende. La lógica que se siguió fue que la coordinación de la política social por un Estado centralista se prestaba a que los recursos y las atenciones llegarán a regiones que no los “necesitaban” en cuanto estos ya poseían recursos y potencialidades de desarrollo económico y social; de esta forma, uno de los argumentos centrales de la descentralización fue conseguir una mayor equidad, es decir, que la política social llegara a todos, aun a los de menores recursos y potencialidades, para así poder combatir la pobreza. Un segundo argumento para la descentralización fue que ésta fomentaba una participación más directa de las comunidades; se pensó en auspiciar una gestión más social de la política y no únicamente una gestión estatal, lo cual coincidía con las recomendaciones neoliberales de lograr que los pobres participaran en el alivio a la pobreza a través de lo que les quedaba: su fuerza laboral (Lerner Sigal, 1998). De cualquier forma, lo que significó la descentralización en varios países de América Latina fue el abandono de la responsabilidad del gobierno ante ciertos servicios que durante mucho tiempo fueron de su total atención.

La constitución del Estado-nación y las reformas en México

El proceso de conquista y colonización dejó repercusiones de largo alcance en la estructuración de la sociedad mexicana: desde ese momento una línea racial constituyó los lazos de dominación como una frontera definida por el color de la piel que separaría a los oprimidos de las elites (Roux, 2005:66). De la colonización quedó el reconocimiento y la incorporación de las comunidades indígenas a la entidad política, proceso que las castellanizó y obligó a adaptar sus antiguas formas de producción comunal para fines que les eran ajenos. El resultado fue un híbrido, o como lo llama Echeverría (1998), un proceso de mestizaje cultural en el cual los grupos indígenas tuvieron que rehacerse, reestructurarse y reconstruirse mutuamente para poder integrarse.

Además de configurarse mediante un largo ciclo de violencia agraria desatado en el siglo XIX, durante la revolución mexicana y en las conquistas y derrotas de las clases subalternas, el Estado mexicano se erigió por el proyecto liberal de reemplazar las tradiciones coloniales, construyendo otras reglas ajenas a las sociabilidades, mitos y representaciones colectivas.

“La construcción del Estado-nación mexicano no fue un proceso mecánico marcado por la delimitación tajante entre república de indios y republica liberal, sino uno más complejo, caracterizado por la adaptación liberal a socialidades antiguas y por la irrupción de éstas en el escenario en que se configuraba la comunidad estatal; el retorno a la antigua nación indígena, a la nación mexicana desplazada por la conquista, sería uno de los mitos fundadores de la identidad colectiva5, el mito del retorno a la nación original se volvió junto a la Virgen de Guadalupe un elemento de cohesión social”. [...] Tierra soberanía y nación, quedaron fijados como elementos constitutivos de la comunidad estatal, no solo por la resistencia de las socialidades comunitarias del mundo agrario que impuso el reconocimiento de los pueblos, sino porque la construcción del Estado nacional pasó por un despojo territorial y por la resistencia frente a poderes intervensionistas externos” (Roux, 2005:84).

Con este contexto de fondo se construyó el primer proyecto de modernización con el fin de constituirse como nación y como república. Así se aniquilaron a los pueblos y se homogeneizó, jurídica, cultural y lingüísticamente una sociedad heterogénea, destruyendo la oligarquía agraria que se había posesionado anteriormente, rompiendo también los pilares corporativos heredados del orden colonial a partir de un proyecto nacionalista, anticlerical y agrarista. Esto supuso la realización simultánea de cuatro procesos: conservación de la integridad del territorio nacional; afirmación de la soberanía estatal; construcción de una esfera de lo público-estatal secularizada, arrancando a la iglesia del poder sobre los asuntos que competen a los ciudadanos y la construcción de una relación estable de mando-obediencia.

La segunda oleada modernizadora estuvo envuelta en la reestructuración del capital del último cuarto del siglo XIX, que abarcó un proceso de reorganización estatal de la economía y un intento de cambiar el modo de dominación política, transformando a fondo los ámbitos productivos y financieros y provocando, a su vez, dislocaciones sociales y mutaciones culturales. Este proyecto de modernización quebró los soportes de la cohesión política en varios niveles y de la relación mando-obediencia expresada en la resistencia en dos terrenos: en la rebelión campesina y en la exigencia de una modernización con democratización expresada en la rebelión urbana.6

La revolución y otros conflictos posrevolucionarios que atravesaron todo el siglo XIX, tuvieron que ver con la reconfiguración interna de la sociedad mexicana y una nueva reordenación del Estado posterior a la reorganización del conflicto armado. La disputa jurídica sobre el artículo 27 y, en particular, sobre la propiedad nacional de la tierra y el petróleo fueron algunas de sus expresiones. De este periodo sociopolítico, quedó promulgada la constitución de 1917 que expresó una reorganización de la economía, la sociedad y la política al reconocer jurídicamente el derecho campesino a la tierra (en la figura de ejido) y los derechos sindicales y laborales de los trabajadores.

La crisis mundial del 1974 marcó la clausura definitiva del ciclo: el Estado mexicano se enfrentó a la disyuntiva de hacer caso omiso a las pautas de los mercados y organismos internacionales o asumir transformaciones que afectarían toda su estructura. Si bien la primera opción se descartó rápidamente, la segunda se tomó de manera cautelosa por significar el desmonte de privilegios del Partido Revolucionario Institucional (PRI). A partir de la sucesión presidencial, en 1988 se dio un quiebre con la ruptura del pacto estatal que mostró de manera clara la crisis de legitimidad del régimen mexicano que se observaba en el ciclo de protestas de distintos sectores y en las rebeliones indígenas y campesinas. La rebelión armada zapatista7 de 1994 también fue un síntoma evidente de la crisis estatal.

Esta nueva reforma no solo se fundó en la apertura a nuevos mercados, sino en las consecuencias políticas que las transformaciones traerían consigo a la seguridad de la estructura estatal, sostenida a partir de la década de los treinta en el presidencialismo y en la vigencia de un único partido, que se encargaba centralizadamente de la operación política, económica y administrativa del Estado. De acuerdo a Rubio (1992:198) para el gobierno mexicano de entonces,

“reformar causaba inestabilidad porque atacaba a los intereses creados que tradicionalmente habían sostenido al régimen. No reformar causaba inestabilidad porque el estancamiento económico y la inflación carcomían a la sociedad, deterioraban los niveles de vida de los mexicanos, desequilibraban aún más la ya de por sí pésima distribución del ingreso, facilitaban el desarrollo de movimientos fundamentales y mesiánicos y, en general corroían la malla social”.

A finales del gobierno de José López Portillo (1976-1982) se reorganizaron las instituciones del Estado, se reasignaron competencias, y se hizo frente al déficit fiscal por medio de la disminución de las importaciones, pero sin tocar la estructura misma del aparato estatal, es decir, se realizó una reforma de carácter institucional. Esto cambió a partir del gobierno de Miguel de la Madrid (1982- 1988) y hasta finales de la década de los noventa con el del ex Presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) en tanto se identificó que el hecho de no reformar ya no era un curso de acción posible.

“A partir de la crisis fiscal de 1982 y sus posteriores políticas de ajuste y reforma estructural del modelo económico, así como de la crisis político-electoral de 1988, se entronizan dos propuestas que se entreveran para determinar las nuevas relaciones entre Estado y sociedad: reducir el tamaño del Estado y avanzar en el camino de la alternancia electoral. De esta manera, la reforma del Estado caminó de nuevo por dos avenidas dominantes, la electoral y la económica-administrativa” (Aguilar, 2006:40).

En los noventa, la reestructuración se enmarcó en seis grandes ejes: caída de salario, reorganización de los procesos productivos y reorganización de las relaciones laborales (acabando con los contaros colectivos); modificación constitucional del régimen de propiedad agraria (artículo 27) con la transformación del ejido y la incorporación de la tierra al intercambio mercantil privado; transferencia de bienes y servicios de propiedad pública (tierra, recursos naturales, medios de comunicación etc) a agentes privados; reestructuración del sistema educativo, quebrantando su carácter de patrimonio público; redefinición de las relaciones con la iglesia y, por último, integración subordinada al proyecto hemisférico estadounidense.

Esta reestructuración cambió el país de manera radical, penetrando todos los ámbitos de la vida social; reconfiguró las relaciones sociales, reformó la legislación, reconfiguró códigos culturales y reorganizó la dominación; no solo modificó la pirámide social aumentando la desigualdad sino también destruyó las formas de sociabilidad y de organización colectiva (como el sindicato o el ejido) sustituyéndolas por formas individualizadas y fragmentadas.

“…la reorganización del capitalismo mexicano ha significado la disolución de los lazos protectores implicados en la comunidad estatal, la respuesta espontánea a esta orfandad es el resguardo de la otra comunidad: la de la identidad étnica, la de la rabia compartida ante un horizonte de certidumbres (como la de jóvenes y estudiantes racialmente excluidos y pobres); la del éxodo forzado, tejida en la vivencia del maltrato y humillación-también racial-compartida por los migrañitas (Roux 2005: 245)

Las políticas indigenistas en México

Dado el tipo de régimen político de México, en un primer momento las reformas alentaron la esperanza de un cambio profundo en el sentido de conformación de un nuevo pacto social; al mismo tiempo las movilizaciones se ampliaban las movilizaciones de los sectores de sociedad que buscaban afirmar sus nuevos derechos, entre ellos los pueblos indígenas.

En la historia de México hay distintos intentos de generar instancias de inclusión de los indígenas a la vida nacional. En términos muy esquemáticos se puede reconocer un primer momento signado por los anhelos de modernización y los deslizamientos de la lógica occidental que, al buscar la homogeneidad, tendieron a volver invisible la condición indígena; en un segundo momento, en cambio, la preocupación por la cuestión indígena se estableció a partir del reconocimiento y el respeto de las diferencias; sin embargo, como luego veremos, hay distintos aspectos de la política pública mexicana que permiten observar que dicho reconocimiento es más bien una cuestión formal que efectiva.

Entre estos dos momentos hay uno intermedio (cronológicamente hablando) que es la visión de la integración en el que desaparece prácticamente el concepto de raza y la definición de lo indígena se basa en la cultura y, de manera especial, en la lengua como su rasgo diagnóstico; desde esta concepción de integración, empieza a adquirir sentido la política de desarrollo de la comunidad para lograr hacer integral la acción indigenista.

Pese a las diferencias entre el primer momento y el intermedio, hasta finales de la década de los noventa del siglo pasado las perspectivas planteadas acerca del tema indígena se han caracterizado por responder a una política de Estado denominada como indigenismo que, bajo diferentes modalidades, ha configurado la acción gubernamental de forma unidireccional hacia la población indígena, en un intento por construir una única nación mexicana en la que “todos hablen el mismo idioma”.

Aguirre Beltrán identifica tres políticas indigenistas: una es la política indigenista de segregación que se da durante el régimen colonial en América y que establece una barrera étnica que estructura a la sociedad colonial como una sociedad dividida en castas. La política indigenista incorporativa que surge con la emergencia de los Estados nacionales independientes; tal política se desarrolló bajo el signo de las ideas liberales y la incorporación se sostuvo sobre la base de la libre competencia, la ganancia y la propiedad privada. El objetivo de esta política era “convertir al indio en ciudadano de la nación emergente, concebida ésta como una nación occidental”. Finalmente la política de integración que pretende introducir, desde la diferencia, un elemento de justicia social en la política indigenista (Díaz Polanco, 1979: 18-19). El papel de los tratados internacionales ha cumplido un rol fundamental en esta tarea de la “inclusión” de los distintos grupos indígenas (Rouland, 1999).

El indigenismo puede ser concebido como un “estilo de pensamiento” que forma parte central de una corriente cultural y política más amplia, identificable como el pensamiento nacionalista, pensamiento que orientó el discurso del Estado desde los años veinte a los ochenta del siglo pasado. Es así que se puede reconocer como “indigenista” no sólo a los intelectuales, a las instituciones, a las acciones y visiones de los funcionarios en torno a la política pública hacia los indígenas sino también a los discursos educativos estatales sobre estos temas. Es posible incluir arqueólogos y la producción artística que exalta a las culturas indígenas como origen de la nacionalidad mexicana (Zolla Márquez, 2004). A continuación expondremos las principales características de estos períodos.

Primera etapa de la política indigenista

El primer momento de la política hacia los pueblos indígenas tuvo sus inicios en la Revolución Mexicana de 1910 con un proyecto de construcción de una “nación” que se enfrentaba a la existencia de las comunidades indígenas como un problema, generando la necesidad de estructurar una política que se empeñara en resolverlo. Así surgió la política indigenista que intentó capacitar a los indígenas para que pudieran resolver los problemas que les presentaba su incorporación a una sociedad compleja y pluricultural. De acuerdo a Warman (2003:34), este momento sobre todo se extiende hasta 1939 y se caracterizó por medio de estrategias educativas como la castellanización, que buscaban reemplazar la cultura de las comunidades indígenas por aquella considerada como nacional y propia. En esta etapa lo indígena se definía con el concepto de raza.

Algunos autores entienden esta etapa como el momento preinstitucional del indigenismo, aunque con cierto margen más amplio en la temporalidad (Sámano, 2004). En este periodo destacan tres figuras claves: Manuel Gamio, José Vasconcelos y Manuel Saenz.

El antropólogo Manuel Gamio puede ser pensado como la figura central de la cual surge la raíz del indigenismo moderno en México. En su obra titulada “Forjando Patria” (1916) discute por primera vez la inexistencia de una nación mexicana y la importancia de construir un proyecto nacional para incorporar al indio –categoría usada por Gamio- al grupo social hegemónico a fin de construir una verdadera nación.

“El problema no está pues, en evitar una ilusoria agresividad conjunta de tales agrupaciones indígenas, sino en encauzar sus poderosas energías hoy dispersas, atrayendo a sus individuos hacia el otro grupo social que siempre han considerado como enemigo, incorporándolos, fundiéndolos con él, tendiendo, en fin, a hacer coherente y homogénea la raza nacional, unificando el idioma y convergente la cultura” (Gamio, 1916:10).

La importancia del pensamiento de Gamio no sólo reside en términos de su aporte académico, sino también en el hecho de que a partir de sus propuestas empezaron a materializarse una serie de instancias gubernamentales específicamente dirigidas a la población indígena (Portal-Ariosa y Ramírez- Sánchez, 2010). Tal fue el caso del Departamento de Arqueología y Etnografía de la Secretaría de Agricultura y Fomento creado en 1917. Dicho departamento posteriormente se convertiría en 1919 en la Dirección de Antropología (Gamio fue su director hasta 1924).

Otra figura importante en indigenismo posrevolucionario fue José Vasconcelos. Como Gamio, Vasconcelos consideró que la heterogeneidad étnica en México era un “problema” que debía atenderse para construir una nación homogénea; en su caso la vía para esto fue la educación. Vasconcelos fue nombrado Ministro de Educación en el año de 1920 por el general Alvaro Obregón; al año siguiente se creó la Secretaría de Educación Pública (SEP) de la que Vasconcelos estuvo a cargo desde octubre de 1921 hasta 1924 (cuando la dejó porque se exilió a Estados Unidos por problemas de índole político).

Entre 1921 y 1923, Vasconcelos procuró que la educación tuviera un sentido nacionalista y culturizante, sobre todo con miras a que la población indígena pudiera integrarse al desarrollo social; su principal meta fue transformar a los indígenas en mexicanos (Arreola Martínez, 2009). Para ello se crearon: la escuela rural, encargada de la campaña de alfabetización; la escuela de la comunidad, que cumplió con la tarea de organizar a las comunidades alrededor de las actividades económicas predominantes en cada región y las “misiones culturales” que buscaron el mejoramiento profesional del maestro rural y el progreso material de la comunidad (Lazarín, 2009). El pensamiento central de Vasconcelos fue que los indígenas no debían ser ni exterminados ni recluidos en reservaciones –como pasaba en Estados Unidos-, sino integrados al desarrollo social y a la nación mexicana.

La tercera figura importante, Moises Saenz, operó también a partir de la educación para incidir en las poblaciones indígenas. En Palabras del propio Saenz:

“Estamos tratando de integrar a México y de crear en nuestras clases campesinas un espíritu rural. Integrar a México. Atraer al seno de la familia mexicana a dos millones de indios; hacerlos sentir en español. Incorporarlos dentro del tipo de civilización que constituye la nacionalidad mexicana. Introducirlos dentro de esta comunidad de ideas y de emociones que es México. Integrar a los indios sin sacrificarlos” (Sáenz, 1926: 14).

Las tres figuras claves del inicio del indigenismo expresan que es necesaria una transformación del indígena y de sus comunidades para que éstos puedan formar parte de la nación mexicana; al mismo tiempo conciben que dicha transformación, era una tarea exclusiva del Estado.

Segunda etapa de la política indigenista

La segunda etapa alude al indigenismo institucionalizado (momento intermedio antes referido). En este período se ajusta la idea anterior, promoviendo un esquema de integración en el que se define lo indígena en función de la cultura y especialmente de la lengua.

Se podría decir que esta etapa tiene sus orígenes con el cardenismo, sexenio a partir del cual comenzaron a constituirse varias instituciones y efectuarse encuentros importantes para la política indigenista del siglo XX. El 30 de noviembre de 1935 se creó el Departamento Autónomo de Asuntos Indígenas (DAAI), a raíz de que el presidente Cárdenas planteara en su primer informe de gobierno la necesidad de contar con una institución dedicada de forma exclusiva a los problemas indígenas (Sámano-Rentería, 2004). Posteriormente, se crearon otra serie de instituciones relacionadas con el indigenismo mexicano, algunas dedicadas exclusivamente a la investigación y recopilación de información sobre los indígenas y otras de corte más operativo; entre las más destacada señalamos: Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) creado en 1938, cuyo objetivo es el estudio de las etnias del país, la primera Comisión Intersecretarial en la Tarahumara de 1936, para conocer las condiciones de vida de los indígenas que la habitaban, el Departamento de Educación Indígena de la SEP de 1937) y el Consejo de Lenguas creado en 1939.

Aunque no fue una institución un evento que representó un hito de este periodo fue el Congreso Indigenista Interamericano de Pátzcuaro de 1940 que dio paso a la creación del Instituto Indigenista Interamericano a nivel continental y en México a la creación del Instituto Nacional Indigenista (INI) en 1948 (Korsbaek y Sámano- Rentería, 2007). Una de las resoluciones fundamentales de este congreso fue la definición del sujeto de la política indigenista, lo cual quedó asentado en la resolución LII con el título “Situación de los pueblos indígenas”. La recomendación fue que la política para mejorar las condiciones de vida de los indígenas debía tener como eje central “… el concepto del indio, como un individuo, económica y socialmente débil” (Instituto Indigenista Interamericano, 1948: 26).

También hay que enfatizar que, a expensas de esta definición del “indio”, la acción de la política indigenista en realidad ya no estaba dirigida a los sujetos particulares, sino al concepto de “comunidad indígena”, lo cual se puede observar en la resolución LIII titulada: Integración de la comunidad indígena como base para promover el desenvolvimiento de los grupos autóctonos. En este punto se recomendaba que los países de América Latina tomaran las medidas necesarias para proteger a la comunidad indígena, desde la vía jurídica y política; que por medio de la acción económica, social y cultural se procurara incorporar a la comunidad indígena a la vida social de cada país y que se respetaran a los grupos indígenas considerando los valores positivos de la mentalidad y cultura de cada grupo (Instituto Indigenista Interamericano, 194).

El INI creado durante la presidencia de Miguel Alemán siguió de cierta forma la idea de mexicanizar al indígena; es decir, que los indígenas se modernizaran, hablaran español y pudieran vincularse con las instituciones oficiales que había creado el estado mexicano. Alfonso Caso, su director, dejó claro cuál sería la forma de entender al indígena (como en el acta final del congreso de Pátzcuaro la figura clave era la comunidad indígena)

“Es indio todo individuo que se siente pertenecer a una comunidad indígena; que se concibe a sí mismo como indígena, porque esta conciencia de grupo no puede existir sino cuando se acepta totalmente la cultura del grupo; cuando se tienen los mismos ideales éticos, estéticos, sociales y políticos del grupo; cuando se participa en las simpatías y antipatías colectivas y se es de buen grado colaborador en sus acciones y reacciones. Es decir, que es indio el que se siente pertenecer a una comunidad indígena” (Caso, 1948).

Con la creación del INI se centralizaron las tareas estatales respecto a la población indígena que se focalizaban en proceso de aculturación8 del indígena mediante los Centros Coordinadores encargados de ampliar la incidencia de la política indigenista. El primero se estableció en Chiapas 1951 (Centro Coordinador Indigenista de la Región Tseltal Tsotzil). A partir de los centros la comunidad ya no sería la única figura central sino también las denominadas regiones indígenas, “surgidas” a través del concepto Regiones de Refugio de Gonzalo Aguirre Beltrán (1973).

Asimismo a partir de la creación de los Centros la política indigenista centraba cada día más su atención en el tema de la marginalidad de las regiones y comunidades indígenas; es decir, no solamente había que producir cambios culturales en los indígenas, sino que también había que atenderlos por su posición marginal en la sociedad nacional. En este sentido, la política indigenista de los años setenta y hasta inicios de los ochenta (1970-1982), no sólo buscó integrar a los indígenas sino también atender su marginalidad.

La integración se buscó realizar durante el gobierno de Luis Echeverría (1970-1976) con la institucionalización de las organizaciones indígenas, que se concentraron en instancias como el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI) y los Consejos Supremos, ambos parte de la Confederación Nacional Campesina (CNC). También con el despliegue de la acción Estatal a partir de la creación de cincuenta y ocho nuevos Centros Coordinadores Indigenistas (CCI) que funcionaban como unidades operativas del INI en los diferentes estados de la Federación.

Así, aunque en su momento se reconocieron las bondades de estos espacios para la expresión y participación indígena, la relación de las organizaciones indígenas con el Estado era dependiente y limitante por el hecho de estar atadas al Estado que buscaba “corporativizar y mediatizar las luchas de los pueblos indios, alejarlos de los demás sectores explotados y desviar el sentido de sus reclamos (Sánchez, 1999: 95-96).

El segundo rasgo de la política integracionista, es decir la caracterización de marginalidad, se observa con el gobierno de José López Portillo (1976-1982); Según Cazés (1980:19 citado por Sánchez, 1999) se trataba de “crear una escuela de caciques ilustrados, fácilmente manejables por el indigenismo oficial”. Así el gobierno llevó a cabo varias acciones entre las que se destacan el programa de Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR), y la política de educación bilingüe-bicultural, apoyada en el Programa de Formación de Etnolingüistas, por medio del cual se instruía a líderes indígenas en el idioma español para que actuaran como promotores de la lengua nacional dentro de sus pueblos y no con el fin de fortalecer sus propio lenguaje.

De igual forma, durante este período el gobierno continúo abordando el tema indígena como una cuestión agraria, ignorando su contenido cultural y político. Además, de obstaculizar cualquier esfuerzo de participación de las organizaciones indígenas en la toma de decisiones a ellos concernientes. Ejemplo de esto, es el caso omiso a la propuesta de dichas organizaciones para la creación de la “Comisión Nacional para el Desarrollo Social y Económico de los Pueblos Indígenas” que estaría a su cargo, y el bloqueo a sus esfuerzos por separarse de la estructura de la CNC y del mismo PRI, iniciativas que al final quedaron reducidas, generando el afianzamiento de la sujeción y dependencia de dichas organizaciones a las instituciones estatales antes mencionadas. (Sánchez 1999: 95,99).

En torno a este período de “inclusión” de los grupos indígenas es posible observar dos visiones que apelan a modalidades distintas pero, en el fondo, con argumentos parecidos: una es la etnocentrista por la que la incorporación se realiza desde parámetros occidentales y los valores del progreso y la “civilización”; la otra visión es la relativista cultural. Esta última plantea la noción de aculturación, proceso que implica respetar las culturas autóctonas, permitiéndoles un desarrollo propio, pero con la secreta esperanza de que tal respeto conduzca a los indígenas, en todo caso, al abandono de su sistema para incorporarse finalmente en el occidental, lo que implica nuevamente el etnocentrismo pero de manera solapada (Díaz Polanco, 1979: 16). Entonces, el relativismo cultural norteamericano replantea, subrepticiamente, un etnocentrismo que se expresa en la aculturación.

Las formulaciones indigenistas en sus distintas variantes (integracionista, etnicismo, “cuartomundismo”, etc.) desvinculan la problemática de la cuestión nacional y anulan su aspecto político. De esta manera, las demandas y los derechos de los pueblos indígenas son despojados de su carácter político reducidos a una perspectiva culturalista. Asimismo el influjo indigenista conduce a comunidades y organizaciones indígenas a la alienación e inmovilidad respecto de sus verdaderos intereses. Por su parte la versión etnicista, particularmente, indujo a las comunidades bajo su influencia a limitar sus reivindicaciones a aspectos “culturales”, a encerrarse sobre sí misma y a mostrar poco interés por vincularse con otros sectores y organizaciones políticas. Es así que, según Consuelo Sánchez, los indigenismos no actúan para solucionar el conflicto étnico – nacional sino para asegurar la sujeción de los indígenas al Estado (1999: 104).

Ruptura de la etapa intermedia e introducción del neoindigenismo

El indigenismo en sus distintas vertientes puede ser pensado como estrategia estatal encaminada a ordenar su relación con los pueblos indígenas y como disciplina frente al reclamo de derechos indígenas. Ya sea como estrategia estatal o bien disciplina, el indigenismo circunscribe un campo generando un doble efecto: por un lado, inscribe la cuestión indígena en el ámbito de los derechos humanos (más adelante, aludimos a las paradojas que esta delimitación va generando); por otro lado, mediante esta inscripción se produce una esterilización de la acción que limita la posibilidad y capacidad de resistencia de los pueblos indígenas y, por tanto, su politización. De este modo, el postulado que intentará hacer compatible el respeto de las diferencias con la necesidad de integración es el de “justicia social” (Díaz Polanco, 1979: 21) o “derecho indígena”. Sin embargo, se significa y valora la cuestión indígena desde los principios que rigen a las sociedades liberales actuales (el derecho humano y el respecto por la diferencia son algunos de ellos).

La crisis del indigenismo está asociada a una ruptura de una imagen de Estado nacional a favor de otra: la de un Estado diverso en la multiplicidad, resultado de la unión, de la comunicación entre muchos actores heterogéneos. Esta imagen de la nación implica una nueva concepción del indigenismo. Lo que ha cambiado es el paso de una recuperación del indio bajo la idea de un Estado-nación homogéneo, a un realce del indio mediante la idea de un Estado – nación múltiple y diversificado, en el cual el indígena sea el sujeto de su propia recuperación (Villoro, 1996).

Como antecedentes de una perspectiva crítica al indigenismo observamos que durante los sesenta y sobre todo en 1968, un grupo de antropólogos sociales comienza a criticar abiertamente los objetivos del indigenismo mexicano y propone la integración de los indígenas en un desarrollo nacional progresivo que desembocara en un socialismo, y que tal integración fuera delineada y ejercida en la práctica por los propios indígenas, tomando como punto de partida sus necesidades y alianzas. Desde esta postura se sostenía que el indigenismo oficial había planteado la “incorporación” del indígena en el desarrollo nacional que se expresa en la modernización, despojando el sentido político de los reclamos de los pueblos indígenas.

A esta visión luego se sumaría otras vertientes del pensamiento indígena con carácter más institucionalizado, que plantearían que los problema de los pueblos indígenas no son sólo económicos sino fundamentalmente culturales: la falta de comunicaciones espirituales con el medio exterior, la falta de conocimientos científico – técnicos para la mejor utilización de la tierra, la falta de un sentimiento claro de pertenecer a una nación y no sólo a una comunidad (Díaz, Polanco, 1979: 56).

La política indigenista sufrió una ruptura importante en el período presidencial de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), quien impulsó una serie de cambios normativos con propósitos económicos y políticos. Estos cambios significaron el replanteamiento ambivalente del “estatus” de los pueblos indígenas en la sociedad mexicana: si bien se respondió en parte a las demandas culturales de los pueblos indígenas, por otra parte se abrió la posibilidad de comerciar con particulares la propiedad de sus ejidos y comunidades, quitándoles la certeza sobre sus posesiones y herencias históricas.

El reconocimiento del estatus de los pueblos indígenas demandado por sus organizaciones se buscó a partir de una reforma Constitucional. La Comisión Nacional de Justicia para los Pueblos Indígenas creada en 1989 impulsó la reforma y en 1992 se aprobó el siguiente texto:

“la nación mexicana tiene una composición étnica y pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos agrarios en que aquéllos sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos que establezca la ley”.

Sumado a esta reforma, se introdujo una segunda reforma al artículo 27 de la Constitución, con el cual se posibilitó al Estado para negociar y comerciar discrecionalmente con particulares la propiedad de las tierras que comprenden el territorio nacional, cuando así lo considere oportuno. Cabe anotar, que dichos cambios corresponden a las reformas económicas como la privatización y la progresiva desregulación, emprendidas por el Estado, entre otros, para afrontar la crisis económica experimentada por cuestiones como la deuda externa y la hiperinflación.

Como paliativo se estableció el Programa Nacional de Solidaridad Social (PRONASOL), orientado a menguar la pobreza en las zonas indígenas por medio de fondos especiales, el cual no tuvo mucho éxito en su cometido pues

“los escasos recursos destinados a dichos fondos, la manipulación de los mismos con fines políticos, la burocratización, la corrupción, etc., determinaron el fracaso de Pronasol y su nula efectividad de cara a las fundamentales metas propuestas: la pobreza en las zonas indígenas no sólo disminuyó, sino que incluso incrementó” (Sánchez, 1999:103).

Un brote de esperanza surgió con la denominada transición a la democracia y el “gobierno del cambio” en 2000. Sin embargo, el gobierno panista no transformó la situación de los pueblos indígenas al tiempo que dio fin al indigenismo institucional que había existido desde 1940, mediante la desaparición del INI y la creación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

Varios autores denominan neoindigenismo a la política instaurada desde la administración de Vicente Fox (2000-2006); con este concepto buscan dar cuenta de cómo el indigenismo se ha recubierto de un nuevo discurso que exalta la diversidad cultural, al mismo tiempo que busca formar “capital humano” e impulsar el “desarrollo empresarial” en las comunidades indígenas. Así, modernizar y desarrollar es la nueva panacea que plantea el neoindigenismo para las poblaciones indígenas, en lugar de escuchar las voces que solicitan autonomía política y la redistribución económica (Hernández, Paz y Sierra, 2004).

De esta forma, con la transición del gobierno, el nuevo indigenismo se basó en un discurso en el cual el reconocimiento de la diversidad étnica fungió como pieza importante para la cooptación de movimientos y líderes indígenas; es decir, el neoindigenismo, promovido por el Estado parece ser una estrategia encaminada a neutralizar a los movimientos indígenas contestatarios y simpatizantes del zapatismo (Hernández, Paz y Sierra, 2004).

Como se vio a lo largo de estos párrafos, la aculturación y castellanización del indígena, es decir, la conversión en mestizo, fue la misión principal del indigenismo a lo largo de varias décadas, esto pese a las distintas escuelas de pensamiento y etapas institucionales que fueron posibilitando el enriquecimiento del más importante organismo de planificación administrativa y de registro histórico cultural, el INI fundado en 1948 (Gutierrez, 2004). Hoy en día, parece superada esta etapa del indigenismo institucionalizado, pero hace falta una postura clara sobre cómo abordar la relación entre el Estado y los pueblos indígenas; de una u otra forma la cerrazón a escuchar a los indígenas y sus demandas es lo que sigue imperando, una situación en la que el reconocimiento cultural y étnico no ha sido más que una estrategia de marketing por parte de las nuevas administraciones, dado que les ha sido imposible replantear en nuevos términos las relaciones entre los indígenas y el aparato estatal.

Visiones y acciones por fuera del Estado

A estas visiones que se construyen conjuntamente con cierta figura y función estatal, habría que sumar las demandas establecidas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que se establecen, justamente, por fuera del Estado9. Gran parte de las declaraciones del movimiento indígena van dirigidas al Estado y a sus políticas, uno de los principales postulados sostiene “el sustento social, lo justo de sus demandas y la dignidad que anima la lucha zapatista” (Segunda Declaración la Selva Lacandona). De esta manera, en el 2006 se lanzaron a llevar adelante la “Otra Campaña” por los distintos estados de México, en paralelo a las campañas políticas de los partidos mayoritarios para las elecciones presidenciales que se celebrarían ese mismo año. En esa ocasión, el movimiento salía de la Selva Lacandona para hacer declaraciones y denuncias a la clase política y al sistema político. El zapatismo es un movimiento de campesinos indígenas que enaltece la identidad indígena, su sufrimiento y la necesidad de resistir construyendo una sociedad paralela con sus propios valores, reglas y formas de organización política y comunitaria. Por lo que, el desarrollo de esta movilización sucede por fuera de las instituciones políticas formales.

La aparición del movimiento armado en 1994 ha buscado el reconocimiento de la desigualdad de oportunidades y el racismo que han dado paso a prácticas discriminatorias hacia los grupos indígenas. Al respecto Soberanes Fernández (2010) señala que en respuesta a dichas situaciones de vulnerabilidad en la que se desarrolla la vida de millones de indígenas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos creó, en 1994, la Cuarta Visitaduría general como un área especializada en las protección, defensa, promoción y difusión de los derechos humanos de los pueblos indígenas en México conforme a lo establecido por la propia carta magna y los instrumentos internacionales firmados y ratificados por el estado mexicano (como el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo, OIT).

A modo de conclusión

Las diversas reformas del estado mexicano han sido respuestas a fuerzas endógenas y exógenas. Durante los años cuarenta y cincuenta predominó la visión de que el reparto del ingreso podría mejorarse por dos vías: la redistribución más o menos radical, directa, ejemplificada claramente en la reforma agraria y la ingeniería social dirigida a intensificar los procesos de desarrollo y modernización económicos con el fin ampliar la redistribuir y buscando un impacto positivo sobre la productividad y los salarios.

Las vicisitudes económicas, sobre todo la crisis latinoamericana de la deuda externa y las fuerzas del nuevo orden internacional, indujeron nuevas alteraciones en el modo de concebir el tratamiento de los problemas y las garantías sociales. Por un lado, algunos excesos del populismo resultaron insostenibles y, sobre todo, incongruentes con la dirección central de las estrategias dirigidas al desmantelamiento del intervencionismo estatal y a la apertura de fronteras. Por otra parte, los programas de estabilización de los ochenta limitaron los alcances de la ingeniería social y estorbaron la recuperación pronta de las tasas de desarrollo. Todo ello hace perder fuerza a la política macroeconómica macrosocial. Al mismo tiempo la política social se aleja del intento de reducir directa –redistribución– o indirectamente –vía desarrollo– la desigualdad, y se centra en la tarea más limitada e inmediata de abatir los síntomas de la pobreza y su intensa difusión entre los grupos vulnerados, entre ellos los indígenas. Estas políticas tienen como objetivo el alivio de los más desprotegidos, más que corregir las fuerzas que los sumergen en esa situación. Acaso el defecto más serio de las garantías sociales contemporáneas sea el de encubrir la separación de las demandas de una democracia verdaderamente incluyente con respecto a los objetivos ahora estrechos de la política económica. De sumarse, sin duplicaciones, pobres e informales, entre 40% y 50% de la población no tiene voz ni influencia en las decisiones que afectan a su bienestar.

Hay aquí una desarticulación medular de las políticas públicas. La cuestión es seria porque se dejan de lado las metas del empleo y de la distribución, pilares insustituibles de sustentación del bienestar de los países. En consecuencia, la eficiencia que se gana con la supresión de subsidios y la focalización de las erogaciones públicas no basta para compensar la desocupación, la pobreza y las desigualdades derivadas de la situación de cuasi-estancamiento estabilizador que priva desde los años ochenta sin interrupción.

Lograr la aceptación ciudadana del paradigma descrito fue un trabajo arduo que incluso debió incurrir en exageraciones ideológicas. Así, las críticas al Estado de bienestar y al populismo fueron satanizantes de sus políticas sociales por entrañar interferencias estatales en el funcionamiento del mercado y en el logro de la eficiencia productiva.

En síntesis, las instituciones básicas de respaldo a las garantías sociales (gobierno, mercado, familias) se desgastaron peligrosa y simultáneamente sin poder descargar entre sí las responsabilidades que ya no pueden satisfacer algunas o todas. Más aun: las mejoras parciales recientes en las condiciones de pobreza obedecen más a los esfuerzos y sacrificios adaptativos de la población –ocupaciones múltiples, trabajo femenino, migración y remesas– que a los efectos de las políticas públicas. Al mismo tiempo hay que considerar el peso de distintas estrategias vinculadas con las economías solidarias, sobre todo en algunas partes del país (Gracia, 2015).

La crónica crisis fiscal del Estado impide que los órganos gubernamentales asuman funciones sociales en escala suficiente; la prestación de servicios sociales vía el mercado excluye al grueso de los hogares pobres o de ingresos bajos; las familias –y singularmente las mujeres– absorben el costo de la transición económica, pero sus capacidades se ven menguadas ante el embate de la escasez de empleos, los bajos ingresos y los complejos fenómenos sociodemográficos que disuelven los núcleos familiares.

El meollo del problema deriva de la incongruencia entre las estrategias microsociales incluyentes y los enfoques macroeconómicos excluyentes, incapaces de afrontar con verdadera efectividad los problemas de marginación y pobreza. El sector moderno de la economía, sobre todo las actividades industriales, ha dejado de absorber a las oleadas generacionales de nuevos trabajadores y de emplear los excedentes de mano de obra de la agricultura. Es decir, se ha creado un mecanismo macroeconómico y macrosocial perverso de fomento a la exclusión que los programas microsociales alivian pero no son capaces de erradicar.

La situación descrita se viene traduciendo en el crecimiento explosivo del sector informal, en pobreza crónica. En rigor, ganar la batalla contra la injusticia social y los rezagos económicos implica dar un contundente golpe de timón a la orientación de las políticas públicas en varios frentes, incluida la necesidad de hacer paulatinamente exigibles los programas micro-sociales, así como negar aprobación a reformas que, por sus efectos primarios o secundarios, alienten la exclusión y los sesgos concentradores del ingreso nacional.

1 Entre las distintas instituciones que componen al Estado, la literatura contemporánea destaca aquellas dedicadas a la producción simbólica y cultural, que posibilitan pensar en el Estado, no sólo como un aparato burocrático, sino también como una entidad imaginada (Escobar Ohmstede, et al, 2010).

2 El estado liberal surgió en ciertos países europeos y en los Estados Unidos cuando existieron las premisas económicas, sociales y políticas propicias, como cierto desarrollo de la acumulación de capital, excedente económico, así como la incorporación al mercado de la fuerza de trabajo y la tierra (Dabat, 2010).

3 Para un análisis detallado de los distintos modelos de Bienestar tanto en los países europeos como los latinoamericanos véase Alejandro del Valle (2010).

4 El modelo liberal remplaza esa noción de la moral pública basada en la supremacía de la comunidad por otra fundada en las garantías individuales y el respecto a un orden jurídico impersonal (…) lo que en este modelo cívico liberal era la soberanía del individuo, en el modelo agrario era la soberanía de la comunidad. Si para el modelo liberal la noción de bien común significaba garantías de seguridad a una sociedad atomizada, para los pueblos significaba autosuficiencia, conservación de la naturaleza, y protección del patrimonio cultural heredado (Roux: 2005: 70).

5 Este imaginario colectivo de indígenas y campesinos, más adelante, con la nación liberal fue personificado por la figura de Benito Juárez.: el indio liberal presidente.

6 El conflicto que había atravesado toda la historia del siglo XIX, adoptó una forma violenta y concentrada en la revolución de 1910-1920 , conflicto que se prolongó hasta los años veinte y treinta del siglo XX; nació el enfrentamiento entre dos tipos de comunidad, la comunidad agraria recreada en socialidades de tipo personal que hacían de la pertenencia a una entidad colectiva el elemento que daba sentido a la propia identidad y la comunidad del dinero, constituida por individuos autónomos y recíprocamente indiferentes cuyas relaciones se medían a través de las cosas (Roux, 2005: 108-109).

7 La rebelión armada zapatista de las comunidades indígenas organizadas en el EZLN, recuperó símbolos y mitos de la historia mexicana: la resistencia indígena a la conquista, la figura de Hidalgo, Morelos, Juárez, y Zapata, la revolución mexicana, la conversión de Aguas Calientes, la bandera nacional (Roux, 2005).

8 El concepto aculturación hacía referencia a suprimir la cultura indígena y así lograr cambios tecnológicos que posibilitarán el mejoramiento de las comunidades indígenas; al mismo tiempo se pensaba recuperar algunos elementos “positivos” de los indígenas para incorporar a la cultura nacional.

9 El 1 de enero de 1994 se produjo el alzamiento del ejército zapatista que se había creado hacía 10 años. Es así que miles de indígenas mexicanos amanecieron alzados en armas. Esta acción tuvo asidero en los 500 años que los indígenas llevaban en sus espaldas de resistencia licenciosa y tenaz a una aniquilación programada por el poder. Este movimiento se sentía convocado por la humanidad a repensar y reformular su forma de resistir para la construcción de una sociedad más justa, cooperativa y digna. El zapatismo es un movimiento que colabora en la elaboración de una práctica política sin conceptos pevios. De esta manera, en la Segunda Declaración de la Selva Lacandona se intentó evitar el reinicio de las hostilidades y se buscó, por todos los medios, llevar adelante una salida política, digna y justa para resolver las demandas plasmadas.