Kitabı oxu: «La guerra contra las drogas en el mundo andino»

Introducción:

hacia una larga guerra irregular

El tema de las drogas psicoactivas ilícitas es, esencialmente, contradictorio. Son muy escasos, a nivel mundial, los estudios que analizan de modo comparado los factores profundos y dinámicos que se entrelazan para facilitar y exacerbar su desarrollo y transformación. Si bien es un asunto clave para los Estados y las sociedades, la calidad de la información disponible sobre dicho tópico es bastante precaria e insuficiente y la metodología para abordarlo muy defectuosa y limitada. Resulta insólito que los gobiernos apliquen ciertas políticas públicas en materia de drogas como si conocieran plenamente el tema en cuestión, sus orígenes y sus efectos. A esta altura, la mayoría de los estudios oficiales, en el Norte y el Sur, reflejan una relativa frustración respecto a los resultados alcanzados con esas políticas. A su vez, un significativo número de investigaciones independientes corroboran que la estrategia antinarcóticos global es un resonante fracaso.

Recientemente, la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia creada por los ex presidentes César Gaviria, Fernando Henrique Cardoso y Ernesto Zedillo, e integrada por 17 personalidades, concluyó que la “guerra contra las drogas” ha sido una “guerra perdida” con enormes costos de todo tipo para la región. En buena medida, lo que parece subyacer a la tenaz insistencia en políticas públicas antidrogas fallidas es la noción de que, en últimas, se trata de una lucha cultural –una suerte de kulturkampf– contra los narcóticos, tanto en el centro como en la periferia. En breve, el mundo abrazó el prohibicionismo hace años y hoy es imperativo desmantelarlo paso a paso en los países más y menos avanzados por igual, si es que se quiere replantear seriamente la “guerra contra las drogas”.

Ahora bien, existen algunos lugares comunes que caracterizan las políticas públicas antidrogas en la región y el mundo. Uno de ellos es la presunción de que se dispone de dicotomías categóricas en cuanto al fenómeno de los narcóticos. Una de las más comunes diferencia a los “países productores” de los “países consumidores”. Así entonces, Latinoamérica es vista, por ejemplo, como el epicentro donde nace la oferta de drogas, y Estados Unidos y Europa son los polos desde donde surge la demanda. Este tipo de mirada vela el hecho de que Estados Unidos es en la actualidad el principal productor mundial de marihuana, que Holanda y Bélgica son hoy los mayores productores mundiales de éxtasis y que, en conjunto, las naciones de América del Sur configuran en el presente el tercer mercado mundial respecto al consumo de cocaína. Separaciones semejantes se realizan, tácita o explícitamente, entre “países de tránsito”, “países que venden precursores químicos”, “países que lavan activos del narcotráfico”, “países que proveen armas ligeras” y sus respectivas contrapartes. Ese tipo de segmentación no ayuda a comprender la intrincada naturaleza contemporánea del asunto de las drogas. Lo importante es observar, entender y explicar cómo opera global, hemisférica y regionalmente el negocio transnacional de las drogas, de qué modo se asienta en cada espacio geográfico nacional ese emporio ilegal y hasta dónde ha permeado en el plano local el avance del narcotráfico y del crimen organizado que se nutre de él.

De hecho, la segmentación dicotómica en el frente de las drogas sólo refuerza equívocos y estereotipos en los países desarrollados y en las naciones en vías de desarrollo. Entre los primeros, persiste la idea de una muralla entre un “afuera” (caótico y agresivo) y un “adentro” (estable y controlable), la noción de que ellos son conscientes del perjuicio que implican las drogas pero que muchos en la periferia no lo son suficientemente y la tendencia a estigmatizar a los países, por ejemplo, con el calificativo de “narco-democracia” o “narco-Estado”. Entre los segundos subsiste la idea de que los países centrales tienen un permanente doble estándar, la noción de que las naciones periféricas son las reales víctimas de las políticas de prohibición, sea en su variante más belicosa de Estados Unidos o en su matiz menos agresiva de Europa, y la tendencia de muchas elites internas a no asumir las responsabilidad que les cabe por el auge descontrolado del narcotráfico. En suma, esa división artificiosa alienta la perpetuación de políticas individuales defectuosas, inhibe la colaboración interestatal y refuerza un bajo nivel de rendición de cuentas en lo doméstico y lo global.

Otro lugar común remite al ámbito de las consecuencias. Se asume que toda política punitiva provoca efectos no advertidos o indeseados. Tanto detractores como defensores de la estrategia antidrogas vigente en el mundo aseveran que la aplicación de algunas medidas coercitivas genera imponderables y conlleva costos imprevistos. Así entonces, se habla –en clave anglosajona– de side effects, collateral damage, unintended results, entre otros. Sin embargo, después de tanto tiempo de implementación de las mismas políticas con idénticos resultados magros y análogos efectos desafortunados es momento de cuestionar frontalmente y replantear definitivamente el argumento de las consecuencias imprevistas. Es decir, los que adoptan decisiones ya han incorporado en sus cálculos las derivaciones indeseables y, a pesar de ello, persisten en ponerlas en práctica. No se trata ya de un asunto de ineficacia o impericia no prevista sino de convencimiento político: no existe ninguna conspiración premeditada sino una naturalización de que los daños son inevitables. Y, obviamente, esos daños o costos los deben asumir otros: los más débiles y vulnerables en la cadena del lucrativo negocio de las sustancias psicoactivas ilícitas, los países menos dotados y poderosos en la economía política del narcotráfico, y las regiones más fragmentadas y frágiles en la geopolítica de las drogas.

Esos –entre otros– lugares comunes han contribuido a desarrollar y legitimar un paradigma que alimenta la continuidad de la “guerra contra las drogas”. Si bien el papel de Estados Unidos fue decisivo en el proceso de imposición de esa “guerra” en la región, la dinámica alcanzada por ésta tiene una responsabilidad compartida: la presión de Washington es una condición necesaria pero no suficiente; América Latina abrazó ese paradigma y no lo ha dejado o superado. Más allá del grado de convencimiento y compromiso de la región en la “guerra contra las drogas” sus presupuestos, parámetros y prácticas han informado la estrategia aplicada en el área.

Los componentes conceptuales básicos de la misma son los siguientes: a) en la medida en que se ha aceptado, tácita o explícitamente, que el fenómeno de las drogas nace de la existencia de una oferta, las acciones principales de los gobiernos se destinan a desmantelar los eslabones vinculados a la producción, procesamiento, provisión y tráfico de las sustancias psicoactivas ilícitas; b) en razón de que este fenómeno constituye un problema de seguridad más que un problema de salud se hace hincapié en su combate firme mediante la participación activa no sólo de la policía sino también de las Fuerzas Armadas; y c) dado que se supone que la confrontación contra los narcóticos exige una atención especial y una concentración de esfuerzos no se concibe ensayar alternativas distintas a la “mano dura”.

Lo anterior, a su turno, condujo a una serie de políticas públicas concretas: 1) la erradicación de los cultivos ilícitos; 2) el desmantelamiento de los grupos narcotraficantes; 3) la militarización de la lucha antidrogas; 4) la criminalización de toda la cadena interna ligada al negocio de los narcóticos; 5) la aplicación de la extradición de nacionales (en especial, hacia Estados Unidos); y 6) el rechazo a cualquier iniciativa pro legalización de drogas.

En ese contexto, el mundo andino ha sido el laboratorio para el ensayo reiterado y ruinoso de aquella guerra irregular contra las drogas mediante la aplicación del repertorio de políticas mencionadas. Por tanto, el volumen aquí editado se centra en la experiencia vivida por los países andinos en la última década en materia de lucha antinarcóticos. Los autores llevan a cabo un análisis minucioso basado en evidencia empírica. Exponen en detalle las políticas públicas contra las drogas de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, cubriendo una vasta gama de aspectos ligados directamente a ese fenómeno y subrayando asimismo los procesos no estatales vinculados al mismo. En breve, el Estado, la sociedad y el mercado, en sus dimensiones interna y externa, y en cuanto a la cuestión de las sustancias psicoactivas ilícitas son evaluados de modo riguroso y sistemático. Si bien se trata de estudios nacionales resulta indudable el entrecruzamiento de lazos regionales –específicamente andinos– que inciden, se refuerzan y complejizan al observar la evolución más reciente del tema de las drogas en el área.

Tres perspectivas diferentes pero complementarias –la de Brasil, la de Estados Unidos y la de la Unión Europea– se indagan también con precisión y agudeza en cuanto a los nexos e impactos del fenómeno de las drogas y el mundo andino. Estos importantes actores regionales, hemisféricos y extracontinentales son gravitantes en cuanto al desarrollo y la transformación del tema de los narcóticos y, a su vez, se ven influidos y alterados por los cambios que han venido operando en el narcotráfico andino. Los Andes, Brasil, Estados Unidos y Europa constituyen, en la práctica, un entramado cada vez más compacto en materia de drogas ilícitas: las políticas individuales en ese frente repercuten crecientemente en las prácticas respectivas de cada parte y se ven afectadas por las acciones e inacciones, iniciativas y medidas de los otros. Claro que el arco andino es, en cierto modo, el eslabón más endeble de ese compacto.

En resumen, los ocho estudios de caso que se presentan en este libro apuntan a brindar una perspectiva actual y novedosa sobre una cuestión –el fenómeno de las drogas– que seguramente continuará incidiendo en la agenda sudamericana, interamericana y global y tendrá en el mundo andino un referente crucial para su eventual superación.

Este libro constituye parte de una iniciativa que contempla dos volúmenes distintos en materia de drogas, uno esencialmente andino (hoy editado) y otro global (que será publicado próximamente). La idea, que culminó en este texto, fue el resultado de un proyecto de investigación interdisciplinario, multinacional, pluritemático, de largo aliento. Dicho proyecto tuvo distintas fases y participantes. A finales de 2007 se llevó a cabo en Caracas un taller con expertos latinoamericanos, estadounidenses y europeos a los fines de precisar un temario que facilitara la organización de un grupo de reflexión en torno al fenómeno de las drogas. Resultó elocuente que el mundo andino necesitaba un diagnóstico específico y actualizado de la situación de los narcóticos en el área y que, paralelamente, la dimensión regional del fenómeno debía ser complementada con un enfoque más amplio que incorporara las políticas de Brasilia, Washington y Bruselas.

A mediados de 2008 se efectuó en Buenos Aires un segundo encuentro con los autores invitados a ser parte de este volumen. En esa oportunidad se presentaron borradores preliminares sobre las políticas antidrogas específicas de los países andinos y se discutió sobre las inter-relaciones entre la región andina y Brasil, Estados Unidos y la Unión Europea. Como parte del cónclave se estipularon ámbitos de investigación que debían cubrir los estudios, esclareciendo aspectos metodológicos y conceptuales y estableciendo criterios históricos y comparativos que pudieran servir como un telón de fondo básico para todos los ensayos.

A principios de 2009 se realizó en Miami un último evento en el que se discutieron pormenorizadamente versiones avanzadas de cada uno de los trabajos. Desde ese momento en adelante se fueron redactando los escritos finales que hoy componen este libro.

La Universidad de San Andrés (UdeSA) en Argentina se constituyó en la sede académica del proyecto. A esos efectos la labor de Paula Varone, tanto para la coordinación de los eventos como para las tareas editoriales, fue fundamental. Su aptitud organizativa y su contribución analítica fueron de gran valor.

De manera complementaria, dos contrapartes académicas, una en Europa –la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE) ubicada en Madrid, España– y la otra en Estados Unidos –el Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad de Miami– fueron claves para el desarrollo y concreción de esta iniciativa sobre drogas ilícitas. La participación activa de Ivan Briscoe y Bruce M. Bagley resultaron invaluables.

A su vez, se contó con dos excelentes traductores, María Mercedes Gómez y Carlos Francisco Morales de Setien Ravina.

La interacción creativa de las instituciones –UdeSA, FRIDE, Universidad de Miami– y de las personas nombradas hizo posible arribar a este producto final. Quiero agradecer inmensamente a todos y cada uno de los individuos e instituciones.

Espero que los trabajos de los autores de este volumen –a quienes agradezco sus valiosas contribuciones– ayuden a mejorar la calidad del conocimiento y del debate en torno a un fenómeno tan medular para las naciones de América Latina como es el caso de las drogas ilícitas. Eso, creo, será gratificante para todos los que participamos en esta empresa.

Juan Gabriel Tokatlian

Buenos Aires, Argentina

Junio 2009

La política antidrogas en Bolivia, 2003-2009

Roberto Laserna

El 30 de enero de 2009, apenas unos días después de que el electorado boliviano respaldara con poco más de la mitad de los votos emitidos el proyecto de reformas del presidente Evo Morales contenido en una nueva Constitución Política del Estado, y cuando la opinión pública recibía pasmada las revelaciones sobre corrupción en YPFB, la empresa estatal más importante del país, tres noticias contribuyeron a complicar todavía más el panorama.

La más sencilla informaba que el director de la Drug Enforcement Agency (DEA) en Bolivia había dejado el país, cumpliendo así la orden que emitiera el gobierno 90 días antes de suspender las actividades de la agencia antidrogas de Estados Unidos. Al mismo tiempo, se informaba que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) había destruido, en un solo día y en una sola zona, 115 pequeñas factorías de cocaína. Y, por si fuera poco, mientras eso ocurría a unos 50 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, cerca de la población de Camiri, un antiguo centro petrolero de Santa Cruz, la policía decomisaba un camión abandonado por desperfectos mecánicos a la orilla de un camino: cargaba más de 5.000 litros de éter, uno de los precursores básicos para el refinamiento de la cocaína.

En la nueva Constitución, que supuestamente ha de reorganizar la vida política, económica y social del país, hay una sección que se refiere exclusivamente a la coca. Ella pertenece a la Cuarta Parte de la Constitución, que es dedicada a la “Estructura y Organización Económica del Estado”, y tiene un solo artículo, el número 384: “El Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social; en su estado natural no es estupefaciente. La revalorización, producción, comercialización e industrialización se regirá mediante la ley”. Este párrafo es ahora parte de la norma legal superior de Bolivia, que el presidente Evo Morales puso en vigencia el 7 de febrero de 2009.

Esta referencia merece consideración por muchas razones. Su redacción adolece sin duda de muchos defectos y es mucho menos precisa de lo que recomienda la jurisprudencia constitucional. En su contenido, define a la coca como “originaria y ancestral” y obliga al Estado boliviano a protegerla, sin hacer referencia alguna a zonas de cultivo o mercados. Refiere tres razones para hacerlo: cultural, natural y social, utilizando conceptos de uso frecuente en el discurso contemporáneo: patrimonio, biodiversidad y cohesión, con lo que toca fibras sensibles en la opinión pública. También rechaza el tratamiento de la coca “en su estado natural” como estupefaciente (lo cual es obvio pues se trata de un estimulante).

Estos argumentos podrían justificar la inclusión del tema en otras partes de la Constitución. Por ejemplo, en la que trata los derechos de las naciones y pueblos indígenas. Pero es llamativo que se lo incluyera en la parte económica cuando no se justifica su protección en el rol que puede desempeñar su cultivo para algunos productores, sino en aspectos culturales o sociales. Más aún si se toma en cuenta la última oración del artículo, porque sugiere más bien un tratamiento de tipo programático, pues se estaría propugnando la “revalorización, producción, comercialización e industrialización” como un aspecto relevante de la “estructura y organización económica del Estado”. Tan relevante que no tienen similar tratamiento la papa, el maíz o la quinua, que pueden ser también definidos como originarios y ancestrales, ni el algodón, la soya o el trigo, cuyo valor económico es inobjetable.

El mismo artículo contiene una contradicción, pues luego de afirmar que la coca “en su estado natural no es estupefaciente”, establece la necesidad de que el estado regule su revalorización y su transformación industrial mediante ley, es decir, que se promueva el procesamiento de la coca hacia un estado “no natural”.

Considerando el controversial lugar de la coca en la política interna y en las relaciones internacionales de Bolivia, es difícil pensar que este artículo hubiera sido redactado a la ligera, como lo supondría cualquiera que haya seguido de cerca los procesos de aprobación del nuevo texto constitucional1. Al contrario, por su relevancia política uno está obligado a suponer que todo el artículo ha sido cuidadosamente meditado y que hasta las imprecisiones y ambigüedades, pasando por los errores gramaticales, son todos deliberados.

Pero más allá de esas especulaciones, pues no son más que eso mientras no se concreticen las intenciones de los legisladores en la ley a que hace referencia el artículo, lo importante es el mensaje que contiene la inclusión del artículo en la Constitución. Es un mensaje que recuerda de manera explícita el peso político de los cultivadores de coca en “el proceso de cambio” que preside Evo Morales, que no ha dejado su cargo de máximo representante de las seis federaciones campesinas que agrupan a los productores de coca de la zona del Chapare.

I. El fracaso de los éxitos

Es indudable que la posesión de Evo Morales como presidente de Bolivia fue una demostración particularmente clara del fracaso de la política antidrogas en el área andina: produjo el resultado opuesto al que buscaba. Fue una política inadecuada que no pudo alcanzar sus objetivos de largo plazo y que, podría argumentarse, más bien ha empeorado la situación.

En efecto, el triunfo del líder de los campesinos cocaleros en las urnas, con más del 50% de los votos válidos, es la mejor prueba de que la política represiva que se aplicó no logró lo que buscaba, sino que generó efectos opuestos a los que perseguía2. A nivel general, como en Bolivia, las drogas siguen fluyendo en abundancia a precios cada vez más bajos y las cárceles están cada vez más llenas de narcotraficantes ocasionales y consumidores convertidos en delincuentes, mientras unas bandas criminales reemplazan a otras y se adaptan velozmente a los cambios. Por si eso fuera poco, el desarrollo y la democracia están amenazados hoy por movimientos de orientación nacionalista y populista que desconfían de la modernidad y miran con nostalgia el pasado, y que reclutan a sus militantes más decididos y vigorosos entre los pobres que fueron, además, empujados a los márgenes o fuera de la ley por la política prohibicionista, como es justamente el caso de los campesinos cocaleros.

Por supuesto, no es la primera vez que una política genera efectos contrarios a los que busca. La represión simultánea a los insurgentes políticos y a los traficantes de drogas los convirtió en aliados, a veces conflictivos pero a veces fusionados, en mundos tan distantes como Perú, Colombia y Afganistán, de una manera tal que los conflictos políticos terminaron confundidos con fenómenos delictivos que, además, alcanzaron dimensiones verdaderamente masivas. No menos grave ha sido la continua erosión de los derechos y de las libertades individuales en los países en que el consumo es elevado, en los cuales la prohibición entregó de facto la gestión del mercado de las drogas a mafias inescrupulosas que explotan a los consumidores, aumentan los riesgos de salud para todos y potencian los submundos delincuenciales.

En realidad, comparado con esos fenómenos, el hecho de que los cocaleros bolivianos hubieran usado con éxito los mecanismos democráticos para defender sus cultivos y poner en cuestión la política antidrogas debería considerarse más como una oportunidad que como un problema, aun cuando sin duda también abusaron de esos mecanismos en muchas de sus protestas.

Por supuesto, discreparán quienes aún sostienen que la prohibición, y las políticas represivas que la implementan, son eficaces para reducir o eliminar los daños que causa el consumo de sustancias psicoactivas. Pero la presencia de Evo Morales en la presidencia de Bolivia puede no ser un problema si se reconoce que ofrece también la oportunidad de realizar una profunda revisión de la política antidrogas prevaleciente, que ha estado fundada en supuestos o prejuicios morales3, que carece de fundamentos científicos capaces de sustentar el carácter absoluto con que se implementa4, y que ha sido sobre todo demagógicamente aprovechada por líderes y partidos políticos para avanzar causas que, en general, poco tuvieron que ver con las necesidades de la gente y mucho con el control de las sociedades5.

De todos modos, la historia del triunfo cocalero en Bolivia es también una demostración de que hay una historia de fracaso en las políticas antidrogas. Un fracaso que ya no podrá esconderse con el logro de metas parciales que, al fin y al cabo, muestran que la burocracia cumple aunque la política falle. Revisemos esa historia.

II. La imposible erradicación de Morales

A fines de 1997, un Diálogo Nacional convocado por el gobierno decidió “sacar a Bolivia del circuito del narcotráfico” en los cinco años previstos para la gestión iniciada entonces bajo la presidencia del ex dictador (1971-1978) Hugo Bánzer Suárez. Se intentaba así poner fin a la política oscilante y ambigua que se había seguido en el país, debido a que el Gobierno de Bolivia no podía satisfacer simultáneamente las presiones internacionales, que le exigían erradicar los cultivos de coca, y la resistencia interna de los campesinos, que habían incorporado dichos cultivos en sus estrategias de diversificación agrícola.

La propuesta de resolver el problema mediante la creación de nuevos mecanismos de control, planteada en ese evento, resultó demasiado complicada para un mecanismo de concertación que en el fondo fue convocado para producir consignas simples y capaces de orientar al gobierno6.

En base a ese “acuerdo”, del que obviamente se excluyeron los productores campesinos, se diseñó y puso en marcha el denominado “Plan Dignidad”. La meta del Gobierno era eliminar toda la coca excedentaria, lograra o no el apoyo de la comunidad internacional en ese esfuerzo porque era, como dirían en más de una ocasión las autoridades gubernamentales, “una cuestión de dignidad nacional”. El Plan puso fin, de manera gradual pero rápida, al proceso de compensación que en los años anteriores permitía a los campesinos recuperar parte de sus inversiones cuando sus cultivos eran erradicados por la fuerza. Primero se redujo el monto de compensación, luego se lo transfirió a las comunidades, y finalmente fue eliminado. Ante el riesgo de perderlo todo, muchos campesinos optaron por reducir sus cocales antes de que la compensación bajara y la superficie cultivada cayó aceleradamente en el país. En el año 2000, el presidente Bánzer llegó a afirmar que se estaba alcanzando la meta de “coca cero” en la zona del Chapare7.

Al mismo tiempo, sin embargo, su Ministro de Hacienda expresaba preocupación por el impacto económico y social que tenía la erradicación de cultivos de coca en la economía, pues estimaba que con ella se estaba generando una pérdida en valor superior a los 500 millones US$ anuales, algo menos del 1% del producto interno bruto, pero concentrada en una región situada en el centro del país y por la que atraviesa su principal arteria de transporte y comercio.

Tales preocupaciones tenían fundamento. El año 2000 estuvo marcado por revueltas y conflictos sociales que por poco derribaron al Gobierno, que en abril de ese año debió suspender un Estado de Sitio por imposibilidad de aplicarlo, y en septiembre se vio obligado a aceptar una interminable lista de peticiones y demandas sociales que tampoco pudo cumplir8. Desde entonces la superficie cultivada volvió a crecer, y también los conflictos sociales, que se hicieron cada vez más violentos. A comienzos del 2002 el intento de cerrar un mercado legal de coca provocó bloqueos y enfrentamientos que causaron la muerte de varios campesinos y policías.

Acusado de haber incitado a la violencia y con la intención de permitir su juzgamiento por la muerte de dos policías en los conflictos, el entonces dirigente cocalero y diputado Evo Morales fue expulsado del Parlamento9. Seis meses después no solamente volvió al Congreso con los votos de su circunscripción electoral sino que, al obtener la segunda votación como candidato presidencial, logró el derecho a disputar la presidencia en la segunda vuelta congresal. Reacio a las negociaciones políticas, Morales perdió la elección congresal ante Gonzalo Sánchez de Lozada, pero se ubicó como líder de la oposición y terminó conduciendo (o apoyando) las presiones sociales que acortaron el mandato de su adversario al forzar la sucesión presidencial en octubre de 200310.

III. El poder de la coca

Al asumir la presidencia, Carlos Mesa trató de conquistar el liderazgo de la ola de repudio al proceso de reformas que había fortalecido la democracia boliviana hasta entonces, y que el propio Mesa respaldó con entusiasmo en su condición de periodista. Quizás por eso mismo resultó poco creíble para los críticos del proceso, a quienes no sedujo, perdiendo al mismo tiempo la confianza de los otros, que percibían los avances generados por las reformas democráticas. Mesa intentó convertir la debilidad en virtud y buscó la equidistancia política. En alianza implícita con Morales, asumió una posición crítica a los partidos que formaban mayoría en el Congreso, pero cuando fue necesario buscó a los mismos partidos para resistir las presiones de las organizaciones sociales, especialmente de vecinos y campesinos11, y controlar a sus impredecibles y reticentes aliados.

En septiembre de 2004 el Gobierno de Mesa puso en vigencia una “Estrategia Integral de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas” que debía orientar la política en ese campo hasta el año 2008. Fuera de ensayar la renovación del discurso, enfatizando términos como “desarrollo integral y participativo”, la Estrategia en realidad daba continuidad a lo que se había venido haciendo en Bolivia.

El núcleo de la política antidrogas seguiría siendo la reducción de la oferta de coca, lo que implicaba continuar la erradicación. Pero ya no podía combinar mecanismos de estímulo y castigo. La compensación a los productores ya había terminado y el Gobierno anunció desde el principio que no haría uso de la fuerza, por lo que no tenía otra alternativa que insistir en que la erradicación fuera voluntaria, confiando en que el “desarrollo integral alternativo” la haría posible. Este era el mismo desarrollo alternativo que había expandido la infraestructura caminera y de servicios, introduciendo nuevas variedades de cultivos, intentado dinamizar los mercados y apoyando tareas de contención migratoria con obras en áreas rurales deprimidas, pero era rebautizado en busca de mayor respaldo y con la idea de trabajar más estrechamente con las municipalidades de las zonas cocaleras.