Kitabı oxu: «Caudillos y Plebeyos»

Capítulo 1 La «operación plebeya» del ministro Portales ⁹⁸

La Guerra Civil de 1829-1830, que culminó con el asalto al poder por parte del grupo «portaliano» o «pelucón», no fue propiamente una guerra social. Como era la norma en el Chile de aquellos tiempos, los dos bandos en disputa correspondían a grupos de élite, aunque con diferentes visiones respecto del país que se estaba en proceso de construir. El mundo plebeyo ciertamente estuvo presente en el conflicto, ya sea como tropa combatiente o como público espectador, pero no era su propio proyecto de sociedad lo que estaba en juego –con la posible pero no muy numerosa excepción del artesanado, que en los meses y años anteriores se había identificado con la facción «pipiola» o liberal–. Sin embargo, el triunfo del bando portaliano sí implicaba, como de hecho implicó, profundas consecuencias para el futuro de la convivencia social en Chile. Instalada firmemente en el timón político, la oligarquía agrario-mercantil que rodeaba al ministro Portales inició un proceso de construcción social del estado en el que los sectores populares ocuparon un lugar clara y rigurosamente definido, y no en un sentido favorable para ellos mismos. No se visualizaban allí perspectivas de nivelación social, participación democrática, o incluso derechos ciudadanos elementales. En el esquema portaliano, la plebe estaba básicamente llamada a obedecer, trabajar y, si la patria lo requería, ofrendar su sangre en los campos de batalla, todo a cambio de una recompensa simbólica cifrada en la pertenencia a una «comunidad nacional», por cierto que jerarquizada y desigual, reputada como ordenada, exitosa y progresista. ¿Qué más podía ambicionar una «masa humana» reunida por el todopoderoso ministro bajo el estigma de «el peso de la noche»?

El problema era que esa «masa humana» no se iba a prestar mansamente para semejante operación. Al fracturar temporalmente las jerarquías coloniales, la Independencia había permitido al mundo plebeyo no tanto aproximarse a la utopía del «mundo al revés» (o a utopía alguna), pero sí ganar algunos espacios de libertad para vivir la vida más de acuerdo a sus propios parámetros, e incluso, en las etapas de mayor despliegue liberal, adquirir un rol levemente más participativo dentro de las deliberaciones políticas en curso. La instalación del orden portaliano obviamente clausuraba ese panorama, reemplazándolo por otro de muy dudoso aliciente. En esas circunstancias, el estado chileno conservador iba a tener que edificarse por sobre previsibles resistencias populares, respuesta de un actor histórico convocado a ajustarse a un libreto que escapaba a sus propias preferencias e intereses.

Enfrentado a ese escenario, el orden portaliano debió partir por «desalojar» a los sectores plebeyos de los espacios políticos, ya fuesen de orden deliberativo o eleccionario, a los que los experimentos pipiolos les habían permitido asomarse. A ese desalojo de orden institucional se sumaría otro de corte más «expresivo», delineado por las formas de sociabilidad popular –concurrencia a las chinganas, pasión por los juegos de azar, «desarreglo» familiar, profusión de festividades y cultivo de los espacios lúdicos en general– que los constructores de estado consideraban atentatorias contra el orden que anhelaban restaurar. La primera fase de la «aclimatación» plebeya a ese orden, por tanto, consistió en una suerte de expulsión de la comunidad autoproclamada como «decente», y en el consiguiente levantamiento de barreras fácticas o institucionales –represión sumaria, dispositivos policiales y legales– que bloquearan cualquier prurito de retorno a los territorios ahora vedados.

Pero como un orden verdaderamente nacional no podía edificarse sobre la base de la exclusión permanente de sus clases populares, un segundo momento de la operación plebeya portaliana consistió en «domesticar» o disciplinar a los expulsos, extrayendo de ellos al menos una aceptación resignada del diseño político y social en vías de implantación. Esto suponía naturalizar conductas de acatamiento espontáneo a la autoridad de las leyes y de las clases superiores, inculcar hábitos de trabajo reglamentado y cada vez más ajenos al control de los propios trabajadores, y en general fomentar una actitud de subordinación acrítica al orden establecido. «La tendencia de la masa al reposo», una disposición que el ministro Portales consideraba consustancial al alma plebeya (o al menos así lo decía en sus escritos), era en realidad en esos momentos más bien un objetivo a lograr.

Pero no podía ser sino un objetivo transitorio. Porque si lo que se ambicionaba era reemplazar el fenecido estatuto colonial por otro igualmente hegemónico, ahora en clave republicana y «nacional», no bastaba con el acatamiento pasivo de un componente del cuerpo social que, en su doble condición de mayoritario e imprescindible para el funcionamiento colectivo, debía identificarse de manera más auténtica y profunda con dicho proyecto. Para tal efecto, lo que se requería era nada menos que un «reformateo» del ser plebeyo en función de ese imperativo, una suerte de «revolución cultural» que hiciese de la masa «bárbara», «supersticiosa» y «concupiscente» un cuerpo ciudadano en plena sintonía con las demandas de una agenda progresista, capitalista e ilustrada. Materializado ese ambicioso libreto, Chile supuestamente quedaría en una situación expectante para encarar con la frente en alto los desafíos de la modernidad, con el crédito consiguiente para quienes hubiesen conducido el proceso.

El capítulo que se desarrolla a continuación se propone reconstruir esa secuencia de «desalojo-contención-disciplinamiento» durante el primer decenio del régimen portaliano, aquel que se verificó bajo la presidencia de José Joaquín Prieto (1831-1841). Por supuesto, el ordenamiento sugerido tiene un sentido más analítico que cronológico, pues los componentes de lo que se ha denominado aquí la «operación plebeya portaliana», como cualquier proceso histórico complejo, no se ajustan a un esquema tan pulcro, caracterizándose más bien por la superposición y el aparente «desorden» de los acontecimientos. Sin embargo, se estima que un esquema de ese tipo puede resultar útil para recuperar y dimensionar bien el sentido de la política seguida por ese régimen respecto de los sectores populares, a objeto de hacerlos más funcionales a su propio afán fundacional. Dicho de otra forma, el capítulo persigue reconstruir la etapa inicial de la «construcción social del estado» bajo conducción portaliana, considerando por cierto no tan sólo las iniciativas desplegadas «desde arriba», sino también las respuestas que éstas despertaron entre su «público objetivo»: el mundo plebeyo.

1. El desalojo

Antes de cumplirse un año desde la batalla de Lircay (librada el 17 de abril de 1830), el ministro Portales expresaba a la Corte Suprema su preocupación ante el «estado deplorable» en que se encontraba la administración de justicia, a su juicio el «ramo más importante» entre los que debía atender cualquier gobierno serio y con pretensiones de eficacia. Fruto de ello, continuaba, eran las «frecuentes y amargas quejas de varios pueblos de la República por la continua alarma en que pone a sus vecinos la repetición de atroces asesinatos y robos inauditos». Sin negar la efectividad de los hechos denunciados, el presidente del máximo tribunal, Juan de Dios Vial del Río, respondía que el desborde criminal respondía, entre varios otros factores, a «la desorganización política de los pueblos», consecuencia inevitable de las convulsiones que el país venía experimentando desde 1810. Precisaba, para mayor abundamiento, que «cada revolución política arroja, como la erupción de un volcán, una lava de malhechores que por mucho tiempo permanecen cometiendo las depredaciones y atentados más horribles». Era la discordia civil la que «ponía en acción a tan infames agentes», los que al convertir sus intenciones criminales en «objetos de alta política», se «embanderaban» en los partidos, recibían armas, y «aun cuando siguen en la carrera de sus excesos, es con un nuevo colorido que los autoriza para cometerlos peores». Pasada la tormenta, los malhechores «continúan habituados con la impunidad sin máscara alguna en su ejercicio», reforzados adicionalmente por «la copia de prófugos, desertores y otros muchos desvalidos que en estas crisis de horror pierden su pequeña fortuna y carecen de arbitrios para sobrellevar sus deberes». Todo ello, concluía, no podía sino inutilizar el buen funcionamiento de la justicia, «cuyo movimiento regular sólo puede existir en el seno de la paz y del orden»⁹⁹.

El desquiciamiento del orden social, reconocido y deplorado por dos de las máximas autoridades del naciente estado portaliano, era así vinculado de manera directa con la crisis del orden político. Empeñados en resolver esta última, los conductores del régimen debían por tanto ocuparse preferencialmente del primero, cuyos principales promotores se encontraban dentro del mundo popular, componente mayoritario de aquella «lava de malhechores» que tanto horror causaba al presidente de la Corte Suprema. Es verdad que, como lo ha demostrado la historiografía relativa al período colonial tardío, los sectores plebeyos nunca habían sido particularmente «mansos» frente a superiores jerárquicos o autoridades establecidas. La insolencia, la refractariedad al trabajo subordinado, la afición a las fiestas, el alcohol y los juegos de azar eran conductas populares largamente denunciadas y perseguidas por los grupos dirigentes, particularmente bajo la vocación disciplinadora inaugurada por las reformas borbónicas¹⁰⁰. Sin embargo, la disolución de los controles políticos que acompañó la ruptura independentista, sumada a las fracturas que esta misma provocó en el bloque patricio, tuvieron el no muy sorprendente efecto de ensanchar las compuertas a través de las cuales tradicionalmente se filtraba dicha insubordinación. Junto con ello, la instauración de un nuevo orden político que buscaba legitimarse bajo el principio de la soberanía popular, sin mencionar la movilización militar impuesta por las guerras, creaba posibilidades inéditas de penetración plebeya en ámbitos antes proscritos.

Hay, en efecto, más de algún indicio de participación plebeya en los sucesos políticos que conmocionaron la segunda mitad de la década de 1820, exaltada por Gabriel Salazar como evidencia de una «democracia pipiola» plenamente asumida, o relativizada por Sergio Grez como «convocatoria política instrumental», digitada por diferentes sectores de la élite¹⁰¹. «El bajo pueblo», sostiene el segundo de los autores citados, «constituía una mera fuerza de choque o, como ocurría con una fracción del artesanado, masa electoral que los bandos trataban de ganar en períodos de votaciones». En esas circunstancias, «los sectores más miserables y marginales de la plebe urbana estaban dispuestos a venderse al mejor postor o, en su defecto, a seguir a aquellos que les permitiesen obtener beneficios concretos e inmediatos en un contexto político inestable»¹⁰². Pero aun si sólo se hubiese tratado de eso, no pueden desconocerse las múltiples expresiones de insubordinación social protagonizadas durante esos mismos años por tales actores, desde la proliferación de la delincuencia y el bandolerismo (incluyendo fenómenos de clara proyección política, como la guerrilla de los Pincheira), hasta la acentuación de prácticas culturales y de sociabilidad repudiadas por todos los sectores patricios, tales como las chinganas, el «vagabundaje» y diversas formas de recreación y convivencia popular¹⁰³. Se ha discutido si estas expresiones, en tanto no portaban una propuesta explícitamente articulada y alternativa, importaban un desafío político real, pero los personeros portalianos parecen haberlo considerado así¹⁰⁴. Las rebeldías subalternas, siempre preocupantes, cobraban en un contexto de crisis hegemónica una peligrosidad aumentada, tanto en los espacios sociales tradicionales como en el novedoso espacio de la política republicana y nacional.

A partir de ese diagnóstico, el régimen instaurado en Lircay implementó prontamente una serie de medidas destinadas a erradicar toda intromisión plebeya en un escenario que se quería restringir a quienes se consideraba los únicos capacitados para ejercer tan delicadas y complejas funciones. Editorializando sobre los efectos perniciosos de la Constitución pipiola de 1828, el periódico oficial El Araucano, portavoz de la opinión pelucona triunfante, privilegiaba entre ellos «la demasiada extensión del derecho de sufragio y la multitud de elecciones populares», lo que a su juicio abría excesivo campo a «las maquinaciones de los partidos». Apuntando al fondo del problema, señalaba: «el derecho de sufragio solamente debiera concederse a los individuos que sean capaces de apreciarlo en su justo valor, y que no estén expuestos a prestarse a los abusos de un intrigante, ni a ser engañados por algún corruptor, ni sometidos a voluntad ajena». «La miseria», abundaba, «hace al hombre perder su dignidad por el abatimiento del espíritu a que le reduce la escasez, por el entorpecimiento de la razón que le ocasiona la desdicha, y en este estado adquiere una propensión a usar de todos los medios que pueden proporcionarle algún interés, sin consideración a la decencia, ni a ningún respeto». Una persona reducida a esta condición «frecuentemente es víctima de las pasiones, o esclavo de los vicios, y un ser de esta clase no puede tener voto en esas solemnes conferencias en que se estipulan las obligaciones de la vida social». En consecuencia, concluía, «circunscribiendo este privilegio a los que tengan una propiedad que les produzca para una subsistencia decente y cómoda, se evitarían muchos peligros, y se disminuirían las causas de los desasosiegos»¹⁰⁵.

«Si buenamente se anhela porque las elecciones se hagan con la propiedad que debe apetecerse», concurría en una misma línea El Mercurio de Valparaíso, «es necesario no prodigar con ligereza la acción de votar; porque los perjuicios que se originan en la práctica perniciosa de prodigarla no se irrogan como podría decirse a los traficantes en elecciones, sino a la nación y principalmente a aquellos a quienes indebidamente se les confiere la acción de votar». Estos últimos, según el articulista, «claman por la acción de votar únicamente para venderla después», lo que aparte de desvirtuar el sentido de dicho ejercicio, daba origen a todo tipo de tumultos, como supuestamente venía ocurriendo desde 1823. Por otra parte, la venta de votos hacía que los poderosos pudiesen disponer a su arbitrio de la voluntad política de sus subordinados, tal como ya se veía entre los hacendados respecto de sus inquilinos, o de los patrones respecto de sus sirvientes. «Todas aquellas personas», concluía el artículo, «que en la clase ínfima del pueblo se hallan en estado de servidumbre», no trepidaban en sacrificar un derecho electoral «cuyo objeto no conocen» a los imperativos de su «subsistencia y bienestar», lo que obviamente distorsionaba el sentido de una práctica cuyo verdadero espíritu era garantizar «la más estricta igualdad entre los votantes hábiles, para que la opinión forme los gobiernos, y no la compra de votos». En tal virtud, y en una curiosa contorsión lógica, «si el legislador sabiamente los priva de la acción de votar, no hace otra cosa más que poner el hacendado al nivel de los ciudadanos que no tienen inquilinos»¹⁰⁶.

Un ámbito en el cual la ampliación de la ciudadanía política había cobrado particular relieve (y por tanto, desde la perspectiva pelucona, particular peligrosidad), era el de la generación de las autoridades regionales y locales, atribución que la Constitución de 1828 había radicado en las asambleas provinciales y los cabildos (lo que Gabriel Salazar ha caracterizado como la «soberanía local»)¹⁰⁷. Como era de suponerse, esta autonomía respecto del poder central no fue bien vista por el bando portaliano, en tanto la «buena marcha» de la administración se veía «entorpecida» por instancias que a final de cuentas quedaban entregadas a la voluntad de los electorados locales. «Siendo el Gobierno obligado a velar sobre la tranquilidad pública y la conservación del orden», editorializaba al respecto el periódico oficial, «parece muy natural que todos los subalternos que le han de auxiliar en el desempeño de este cargo, deban ser de su entera confianza y satisfacción, y nombrados por él para que su responsabilidad sea efectiva». Este principio tenía la ventaja adicional de aquietar las tensiones políticas, pues con la designación centralizada de las autoridades locales «se minorarían en gran parte las causas de las convulsiones, y se evitaría el incendio de los partidos que son consiguientes en las elecciones que se verifican por las asambleas y cabildos». Es verdad que esto podía ser visto (y criticado) como una vulneración del sistema representativo, y como un ataque a los derechos de los pueblos. Sin embargo, aseguraba el redactor oficialista, «los pueblos desean gozar de una libertad organizada, y exigen un sistema de administración firme, estable y vigoroso que no les exponga a esas alteraciones que frecuentemente los inquietan». Porque a final de cuentas, «ni la soberanía popular, ni la libertad consisten en instituciones producidas por ideas exageradas»¹⁰⁸.

Ya verificadas las primeras votaciones bajo mandato pelucón, El Araucano insistía una vez más en la necesidad de restringir la participación electoral, juicio ahora inserto en un debate más general sobre la necesidad de reformar la Constitución liberal de 1828: «hasta ahora no se ha negado que la constitución de 828 (sic) contenga principios reconocidos, y cosas comunes a otros códigos de su clase; mas esto no quita que sea defectuosa, e insuficiente para asegurar la tranquilidad pública». Prueba palmaria de ello era «ese tráfico escandaloso que se hizo del derecho del sufragio, debido a la extensión ilimitada que se dio en el código a esa preciosa facultad». A la luz de esa experiencia, quedaba claro para el periódico oficial que «la facultad de sufragar sólo debe concederse a los ciudadanos que sepan apreciarla y que no hagan de ella agente de desorden, vendiéndola a los intereses de un partido, como lo hemos visto en el año de 29, que se abrieron puestos públicos para comprar calificaciones». El solo hecho de ser chileno, argumentaba, «no basta para intervenir en esos actos sagrados de la vida social; es necesario que haya, además, alguna propiedad, y ciertas cualidades que aseguren la libre voluntad del sufragante y el recto uso del sufragio». Ello valía también para los requisitos para ser electo, que en el caso de los diputados consistía sólo en tener «un modo de vivir con decencia, sin designar cantidad», en tanto que para los senadores bastaba con «una renta de que goza cualquier artesano de segundo orden». Así las cosas, «la formación de las leyes puede encargarse, según esa constitución, a personas incapaces de servir, y de hacer respetar tan augusta función»¹⁰⁹.

Estos juicios dieron lugar a una interesante polémica con un defensor de la constitución impugnada, quien objetó con vehemencia el sesgo «aristocrático» y autoritario que deseaban entronizar los redactores del periódico oficial. «Nuestra Constitución», afirmaba el contradictor de El Araucano, «no ha vinculado el mérito a las riquezas», puesto que no era raro encontrar «un ciudadano pobre, pero virtuoso», en tanto que no faltaban los ricos «que no se harten, y que puedan ceder en los congresos a los estímulos de su propio interés». También le preocupaba el ensanche que se les quería dar a las atribuciones del Ejecutivo, así como la supresión de las instancias autónomas de poder local: «La constitución, señor Editor, ha querido también, y no sin especiales motivos, que todos los actos de la administración se hagan con acuerdo de un consejo y no por un individuo aislado que no preste garantías y que no puede tener los conocimientos prácticos de diez o doce personas que le dirigen». En respuesta a este último argumento, el cronista oficial aclaraba que «no hemos pedido la facultad de erigir cadalsos al arbitrio de un malvado, ni que se inmolen víctimas a sus aspiraciones», sino simplemente que «conociendo la necesidad de establecer un gobierno vigoroso, se le faciliten los medios que la constitución le niega, para asegurar el orden, y se destruya la acogida que ella presta a los perturbadores». Y en cuanto a su llamado a restringir el derecho electoral, insistía en su juicio de que «en los campos y talleres hay millares con derecho a sufragio sin libertad ni reflexión», carentes por tanto de aquellas cualidades cívicas «que la constitución no tuvo cuidado de designar». En consecuencia, la exigencia de propiedades para acceder a dicha condición no era otra cosa que establecer garantías para que el acto de sufragar no fuese distorsionado por intereses espúrios, «premiando al laborioso»–entendiendo por tal al propietario–»y separando al holgazán de las distinciones que no merece». Y por último, «más tendríamos que temer de esa democracia absoluta que el autor (del artículo crítico) quiere establecer, que de la aristocracia moderada y necesaria para equilibrar el poder popular»¹¹⁰. O como lo decía más descarnadamente otro prohombre del régimen portaliano, el jurista Mariano Egaña, un orden político en regla no podía quedar entregado al «voto inconsciente de la muchedumbre»¹¹¹.

A la postre, ese fue el espíritu que inspiró a la «Gran Convención» que reemplazó la cuestionada carta de 1828 por la Constitución «pelucona» de 1833, mediante la cual se consagró el diseño político de los nuevos gobernantes. La reforma constitucional, sostenía ese cuerpo deliberante, se justificaba como un necesario antídoto frente a «las exageraciones de una falsa democracia» que, por evitar el hipotético despotismo de un gobernante, daba lugar al despotismo de todos, «o lo que es lo mismo, a la anarquía»¹¹². En plena sintonía con ese juicio, que equiparaba abiertamente la democracia con la anarquía, se congratulaba el periódico oficial que el nuevo código no incluyese «aquellos principios de frenesí que la licencia acataba con ofensa de la justicia», y que claramente obedecían «a teorías inaplicables a las circunstancias del país». Especialmente destacable le parecía «la restricción del derecho de sufragio, barrera formidable que se ha opuesto a los que en las elecciones hacían de la opinión pública el agente de sus aspiraciones secretas. Únicamente se ha concedido esta preciosa facultad a los que saben estimarla, y que son incapaces de ponerla en venta»¹¹³. También celebraba la supresión de las asambleas provinciales, resabio de «la fiebre federal que en los tiempos anteriores hubo de devorarnos», y cuyo principal oficio había sido el de «servir de hincapié a las revoluciones». En la nueva carta, se jactaba, el nombramiento de intendentes provinciales y jueces letrados se confería a las instancias a quienes «naturalmente» les correspondía, vale decir, al Poder Ejecutivo. En suma, «la organización del gobierno de Chile establecido por la Constitución reformada, es la más adecuada que puede apetecerse»¹¹⁴.

Muy parecidos fueron los juicios pronunciados por el Presidente de la República, Joaquín Prieto, en la ceremonia de promulgación de la nueva carta. Sus redactores, aseguraba el mandatario, «despreciando teorías tan alucinadoras como impracticables», sólo se habían preocupado de «asegurar para siempre el orden y tranquilidad pública contra los riesgos de los vaivenes de partidos a que han estado expuestos». En su opinión, el nuevo ordenamiento institucional ponía fin «a las revoluciones y disturbios a que daba origen el desarreglo del sistema político en que nos colocó el triunfo de la independencia», conectando así explícitamente la crisis que se quería superar con la ruptura hegemónica instalada por el colapso del régimen colonial. Lo propio afirmaba su ministro del Interior Joaquín Tocornal en su memoria de 1834: «las empresas útiles han sucedido a las convulsiones políticas; el hábito del orden se fortifica, sus inestimables beneficios se sienten y aprecian; y el respeto a las autoridades constituidas ocupa el lugar de aquel desenfreno licencioso, que se equivocaba con la libertad y que sólo sirve para abrir su sepulcro»¹¹⁵. Dos años después, ya en vísperas de la reelección de Prieto a la primera magistratura, El Araucano todavía pulsaba la misma cuerda, agradeciendo que «las tempestuosas agitaciones, que suelen acompañar estas crisis políticas, no turban nuestra quietud, los odios duermen, las pasiones no se disputan el terreno, la circunspección y la prudencia acompañan el ejercicio de la parte más interesante de los derechos políticos». E ironizaba, a modo de conclusión, con la previsible frustración de aquellos sectores críticos que supuestamente «querrían que este acto fuese solemnizado con tumultos populares, que le presidiese todo género de desenfreno, que se pusiesen en peligro el orden y las más caras garantías: ¡Oh! ¡Nunca lleguen a verificarse en Chile estos deseos!»¹¹⁶.

De esta forma, los políticos y legisladores portalianos se hacían partícipes de los temores que invadieron en la Europa postrevolucionaria a numerosos círculos de opinión liberal que, sin renunciar a las ideas fundantes de 1789, tomaron categórica distancia de los «excesos» derivados de una aplicación a su juicio demasiado literal del principio de soberanía popular, error en el que también habría incurrido el pipiolaje chileno de los años veinte¹¹⁷. Como lo dejan en evidencia todas las expresiones reproducidas en los párrafos anteriores, la presencia plebeya en los espacios de deliberación y decisión política, ya fuese en clave electoral o tumultuaria, resultaba a todas luces inconveniente para el logro de ese objetivo supremo que era el restablecimiento del orden, entendido como acatamiento a las jerarquías sociales y políticas de viejo o nuevo cuño. Una encarnación hasta cierto punto extrema de esos temores fue la conformada por la montonera de los hermanos Pincheira, defensores empecinados de una causa realista militarmente desahuciada desde mediados de la década anterior¹¹⁸. Pese a reivindicar hasta el final su condición de movimiento político, esta guerrilla sólo mereció del gobierno portaliano una estigmatización como mero desborde destructivo o delictual, verdadero paroxismo de la «barbarie» plebeya contra la que se había declarado la guerra total. Haciéndose eco retrospectivo de ese sentimiento, el historiador conservador Ramón Sotomayor Valdés descalificaba el posicionamiento doctrinario de los Pincheira –a quienes denominaba «bárbaros» y «bandidos»– como «un ridículo pretexto para alzarse contra la sociedad y sus leyes más sagradas», en tanto que Diego Barros Arana, otro historiador emblemático del siglo XIX, descartaba el apoyo social que éstos conservaron hasta el final en la zona de Chillán como mero «fanatismo político o religioso, o depravación moral»¹¹⁹. Al representarlos como delincuentes, la opinión patricia podía descartar, sin mayores argumentos, su interpelación en clave política a la tarea de ordenamiento portaliano.

Consumada la derrota final de la guerrilla a manos del general Bulnes a comienzos de 1832, el propio ministro Portales no disimulaba su euforia en una carta escrita desde Valparaíso: «alcé las manos al cielo y recé el credo en cruz… la noticia ha endulzado mi alma y parece que me hubieran regalado 100 talegas. Felicite Ud. a mi nombre al Presidente, y dígale que cuando a Bulnes escriba, le diga de mi parte muchas cosas, especialmente por la viveza con que ha hecho jugar el fusil; pues esos facinerosos son incorregibles y habrían vuelto a formar montoneras, si Bulnes no les hubiese aplicado ese remedio tan radical». Instaba asimismo a su interlocutor a inducir al Araucano a resaltar el logro «en una hora» de lo que los gobiernos pipiolos no habían podido hacer en diez años¹²⁰.

Recogiendo la recomendación ministerial, el órgano oficial aseguraba pocos días después que «ningún objeto más glorioso podía ofrecerse al gobierno de Chile que la destrucción de la gavilla de salteadores que capitaneaba Pincheira», librando al país tras catorce años del «yugo espantoso de las devastaciones de estos bárbaros». Luego de reconstruir minuciosamente dichas devastaciones, tal como lo había sugerido Portales en su carta, y enlazando abundantes referencias a «las ruinas de las provincias del sur, los gemidos de familias desoladas, el abandono de campos fecundos, la sangre vertida, de que ellos mismos han sido testigos, los alaridos de las víctimas y todos esos males que muchas veces han lamentado», el articulista daba cuenta de las exigencias de Pablo Pincheira de que se respetase su adhesión a la monarquía española como «condiciones muy ignominiosas en que el gobierno no podía convenir», y mero pretexto para que «se le dejaran bajo sus órdenes los forajidos que le acompañaban», y «se permitiese vivir en Chile a su gavilla como al resto de los ciudadanos honrados». Por último, homenajeaba a Bulnes, «ese verdadero ciudadano armado que en 829 (sic) fue mandado por los pueblos a la vanguardia del ejército que sostuvo la causa de sus leyes», por haber logrado introducirse «en los aduares de la semi-horda» y «con la vehemencia del rayo libertar a Chile en pocas horas de esos enemigos que lo devoraban»¹²¹.

El propio Bulnes, en el parte elevado a sus superiores para dar cuenta de su tan celebrada hazaña, se refería al enemigo derrotado como «horda de bandidos», unida casi como por un lazo carnal con «los bárbaros pehuenches», cuyo exterminio era calificado por el general vencedor como «la más interesante parte de este triunfo»¹²². Por su parte, el presidente Prieto se sumaba al coro de alabanzas señalando al Congreso que «conquistada la independencia a costa de infinitos sacrificios, aún nos restaba por conquistar la propiedad y seguridad individual constantemente atacada por una horda de bandidos» –la misma expresión de Bulnes–»que validos de su movilidad, han desolado nuestros campos esparciendo en ellos la desolación y la muerte por espacio de catorce años, hasta que últimamente un conjunto de acertadas disposiciones debidas a la experiencia, actividad y pericia del general en jefe, proporcionaron la ocasión de atacarlos y concluirlos de un modo que jamás volverán a sentirse sus estragos»¹²³. «El hacendado», concurría exultante El Mercurio de Valparaíso, «podrá contar segura la posesión de sus intereses», en tanto que «el pacífico labrador se entregará tranquilo al cultivo de las fértiles campiñas, que han servido tantas veces de abrigo a los bárbaros del interior de la cordillera»¹²⁴. El exterminio de los Pincheira, en suma, hermanaba el restablecimiento del orden político-militar con el afianzamiento de un derecho de propiedad que, al menos en la mente de las autoridades portalianas, nunca estaría garantizado bajo condiciones de «desenfreno» plebeyo.

2. La contención

Más allá de los deseos y prejuicios aristocráticos, la expulsión del mundo plebeyo de los espacios comunes, ya fuese figurada o literal, no era a largo plazo una estrategia viable, ni plenamente deseable. No era viable, porque era imposible mantener a los incómodos y escandalosos actores populares permanentemente alejados de aquellos lugares en que transcurría gran parte de sus vidas, y los cuales naturalmente se resistían a abandonar. Tanto por hábitos de movilidad ancestral y sociabilidad grupal como por la miseria que ensombrecía sus reductos privados, lo normal era que el pueblo prefiriese interactuar y expansionarse en los espacios públicos y no en el confinamiento «entre-muros» (al decir de María Angélica Illanes) al cual querían relegarles las clases patricias. Pero tampoco era ésta, a final de cuentas, una opción deseable, porque esos mismos aristócratas requerían de la plebe para que les trabajara, les sirviera, luchara en sus guerras, y dotara de un mínimo de credibilidad a un proyecto republicano teóricamente basado en la soberanía popular, o a un proyecto de nación que se fundaba sobre el principio de pertenencias e identidades compartidas. En consecuencia, más que excluir, lo que verdaderamente correspondía era disciplinar, reactivando los hábitos de acatamiento y subordinación. Para tal fin, ha propuesto María Angélica Illanes, los instrumentos más adecuados parecían ser el azote, el salario, y la ley¹⁵⁸.

En teoría, lo que debía primar en esta trilogía era la ley, invocada por el orden portaliano como su principio máximo de legitimidad. En sus momentos más «doctrinarios», la ley se confundía, o era el sustento fundamental, de los dos grandes referentes sobre los cuales debía edificarse el nuevo pacto social: la patria y la república. «Si la ley y la sujeción a ésta son tan necesarias», argumentaba con vehemencia Andrés Bello, «puede decirse con verdad que ellas son la verdadera patria del hombre y todos cuantos bienes puede esperar para ser feliz». Y agregaba: «no es ciertamente patria por sí solo el suelo en que nacimos, o el que hemos elegido para pasar nuestra vida». Patria era, al menos para él, «esa regla de conducta que señala los derechos, las obligaciones, los oficios que tenemos y nos debemos mutuamente: es esa regla que establece el orden público y privado; que estrecha, afianza y da todo su vigor a las relaciones que nos unen, y forma ese cuerpo de asociación de seres racionales en que encontramos los únicos bienes, las únicas dulzuras de la patria: es pues esa regla la patria verdadera, y esta regla es la ley sin la cual todo desaparece»¹⁵⁹. Lo propio valía para el concepto de república: «el alma de una república es el respeto a las leyes que consagran la libertad, propiedad & c., y el odio a todos los que violen estos derechos. Donde se quiere ensanchar tanto las facultades individuales, que cualquiera puede cometer los crímenes más atroces, sin sentir la acción represora de la sociedad, no hay propiamente libertad sino licencia, no hay república sino confusión; por consiguiente la institución más adecuada para refrenar estos desórdenes debe ser la más republicana»¹⁶⁰. Como bien lo entendía quien a la postre se convirtió en el mayor símbolo y forjador de la arquitectura jurídica portaliana, sólo la ley podía conferir continuidad (e idealmente, también legitimidad) a un orden fundado inicialmente sobre la violencia. La «anarquía» postindependentista, fruto del colapso de la institucionalidad colonial, sólo podía subsanarse, en un vocablo compartido por todos los regímenes que este libro estudia, mediante un ejercicio de «restauración de las leyes».

En la práctica, sin embargo, y por las razones que se expondrán más adelante, lo que de verdad prevaleció fue el azote. A través de este y otros dispositivos similares, las autoridades peluconas se abocaron, bajo la conducción personal del ministro Portales, a restablecer una obediencia plebeya que juzgaban seriamente resentida por el desgobierno pipiolo. A un mes exacto de la Batalla de Lircay, el alcalde de Casablanca consultaba al intendente de Santiago si podía, «siguiendo la práctica de los juzgados de esa Capital y de Valparaíso», aplicar la pena de azotes a un presunto criminal que acababa de arrestar. Este recurso, argumentaba, «es el único capaz de contener los actos de innumerables rateros, que abusando de la impunidad con que cuentan, infestan cada vez más estos lugares, dejando en descubierto la responsabilidad de los jueces, y en ridículo el respeto de la autoridad que pueda contenerlos». Le respondía su superior al día siguiente que «la pena de azotes se restableció en 10 de Junio de 1829, para que se ejecute según las leyes y como antes se practicaba»¹⁶¹.

No había transcurrido otro mes cuando el propio Portales procedía a la organización en Santiago de un cuerpo de policía que se hiciera cargo, «con mayor vigilancia que hasta aquí», del cuidado de la seguridad pública, «de la decencia de las costumbres, y del aseo de la población». Entre sus atribuciones figuraban la de impedir «toda reunión de personas en que se usen gritos sediciosos, o en que se pronuncien palabras obscenas y escandalosas; o en que se trate de golpear, insultar o hacer burla de alguna persona; o de turbar la paz de alguno de los transeúntes, exigiéndole alguna limosna o contribución o forzándole a practicar algún acto que él resiste». También se la facultaba para aprehender «a toda persona que encontraren manifiestamente ebria en las calles y ventas públicas: a los que ejecutasen actos o vertiesen palabras indecentes y obscenas: y a los que estuviesen golpeándose o provocando riña». Se reiteraba, asimismo, la ley de 1824 que prohibía a la población civil cargar «cuchillo, puñal, daga, bastón con estoque y cualquiera otra clase de armas», y se conminaba a dispersar toda «reunión de personas sospechosas o reputadas por vagas, que sin objeto racional se hallen detenidas en las calles». Por último, debía velar la policía porque no se arrojaran «a algún edificio, o a los transeúntes piedras y lodo», ni tampoco «despedir cohetes o bota-fuegos, romper vidrieras o faroles, rayar paredes o de cualquiera otro modo hacer daño a los edificios»¹⁶². De alguna manera, este cúmulo de prerrogativas evocaba el sentido tradicional (colonial) de la palabra «policía», como encarnación de la vida ordenada y «civilizada» que teóricamente suponía la coexistencia en la polis¹⁶³.

En cuanto a la inseguridad rural, Portales solicitaba en julio de 1830 al Poder Legislativo autorización para crear «comisiones ambulantes de justicia, que repartiéndose por los campos pusiesen algún término a la multitud de crímenes que se cometen». La idea era que estas comisiones procediesen sumariamente, obviando los procedimientos judiciales que solían dilatar las causas criminales, «sobre todo las de asesinato y salteo», hasta concluir en su impunidad¹⁶⁴. En apoyo de esa propuesta, El Araucano invitaba al Poder Judicial a tomar medidas que, como la aplicación expedita e implacable de la pena de muerte, «si no previenen los delitos, siquiera los repriman por medio de ejemplares que infundan terror». Asumiendo que «quizá nuestras palabras van a chocar con los principios de la filantropía, con los consejos de los filósofos, y con los sentimientos de humanidad, aconsejando a los jueces que irremisiblemente condenen al último suplicio al asesino», se insistía en que la lenidad judicial terminaría por hacerlos «también responsables de esa sangre que se vierta por su compasión, de los caudales que se gasten en perseguir criminales que al día siguiente se hallen en el rango de hombres libres y honrados, y de esa sucesión no interrumpida de malhechores que han formado una especie de vínculo de la sangre de sus compatriotas»¹⁶⁵.

Sin hacerse cargo directamente de estas impugnaciones, la Corte Suprema sugería al gobierno derogar una antigua ley de las Siete Partidas que eximía de la pena capital a quien hubiese cometido un homicidio en estado de embriaguez. Esta última medida, inmediatamente aplaudida por El Araucano, fue efectivamente sancionada como ley en octubre de 1832: «la Corte Suprema piensa muy bien cuando pide que se desprecie esa ley que favorece a los asesinos bajo el pretexto de la embriaguez, porque a la verdad no se alcanza la razón por qué un vicio pueda servir de disculpa para el mayor de los crímenes»¹⁶⁶. En una línea análoga de razonamiento, y ante los escrúpulos que podía suscitar la aplicación sumaria de la pena de muerte, Mariano Egaña, en su condición de Fiscal de la Corte Suprema, oficiaba al gobierno en diciembre de ese año sobre la vigencia legal de la pena de azotes, que aunque suprimida por el gobierno de Ramón Freire en 1824, había sido repuesta por esas mismas autoridades apenas un año después. Argumentaba el jurista en aval de su propuesta que «los crímenes se aumentan en una progresión espantosa, y la nación corre a su ruina moral; ni puede ser de otro modo si se considera la impunidad en que quedan los delincuentes, y que fuera de la capital, no hay una pena que aplicarles, o viene a ser la que se decreta (cuando no se elude absolutamente) tan tardía, y tan distante del teatro del delito, que no produce escarmiento», por lo que parecía preferible reemplazar los castigos «excesivos o atroces» por otros más «prontos e indefectibles», como los azotes¹⁶⁷. De hecho, antes aun del recordatorio del fiscal Egaña, el intendente de Santiago decretaba que a toda persona sorprendida portando cuchillo –justamente una de las prohibiciones establecidas en el Reglamento de Policía emitido en 1830 por Portales–»se le subrogue la pena de presidio en cincuenta azotes, cuyo remedio juzgo más aparente para remediar de algún modo estos males tan repetidos»¹⁶⁸.

Con el propósito de precisar el tipo y la gravedad de las faltas que ameritaban la aplicación de la pena de azotes, el 13 de marzo de 1837 el propio ministro Portales expedía un decreto «aclaratorio» de la recién aprobada Ley de Administración de Justicia, a la espera de que se elaborara un código penal propiamente tal. Según el Artículo 2º de ese cuerpo legal, los jueces de menor cuantía podían aplicar dicha pena «en los delitos de hurto, especialmente si hubiere reincidencia o escalamiento de cerca, y en los de ebriedad habitual o uso constante de entretenerse en juegos prohibidos», siempre que los azotes «no excedieren el número de cincuenta»¹⁶⁹. También podía actuarse de esa forma frente al robo de animales, penalizado por un decreto de julio de ese mismo año (firmado por Mariano Egaña, ahora desde el cargo de ministro de Justicia) con 25 a 50 azotes, más ocho a dieciocho meses de servicio en las obras públicas, en casos menores, y cien a doscientos azotes, más seis a ocho años de presidio o servicio público, en caso de reincidencia¹⁷⁰. Tal como lo argumentara María Angélica Illanes, la pena de azotes se convertía así en una de las intermediaciones más características y reiteradas entre el orden portaliano y el bajo pueblo.

Sólo podría disputarle ese sitial, tal vez, la tantas veces aludida y estudiada institución del presidio ambulante, mejor conocida como los «carros-jaula», en que los delincuentes eran encerrados «como fieras», y bajo condiciones execrables, en carretas que los conducían diariamente a la ejecución de trabajos públicos¹⁷¹. Los estudios existentes ahorran la necesidad de referirse largamente a este dispositivo de castigo, en el que se unía la voluntad de combatir la impunidad delictual con una utilización económicamente «provechosa» de los presidiarios. Como lo establece uno de sus autores, «los carros-jaula constituían una solución integral o global, pues a través de ellos se organizó provisionalmente la expiación de crímenes, se castigó de modo rápido y efectivo a los delincuentes, y se expandió el respeto a la autoridad y la necesidad de reponer el orden social»¹⁷². Pero vale la pena reproducir aquí las consideraciones con que el discurso oficial justificó su implantación, defendida por El Araucano como «la más oportuna y arreglada a la conveniencia pública y a la particular, y a la moral que de todos modos debe introducirse y conservarse en los pueblos». Más allá de los costos e inseguridad de los presidios existentes, especialmente el que funcionaba en la Isla de Juan Fernández, o de la urgencia de mejorar unos caminos públicos que la reactivación económica en curso tornaba más transitados, la instalación de los «carros-jaula» tenía la virtud de exhibir a los delincuentes ante el escrutinio general, subrayando «la suerte miserable a que los han condenado sus excesos, y todo esto proporcionará las más eficaces lecciones, en todos los puntos de la República, lecciones que harán aprender sus deberes a los que no han tenido otras proporciones de conocerlos, y que contendrán en su cumplimiento a los que quieran extraviarse; porque siempre estarán a la vista, e impondrán, a los que por desgracia no tienen otro convencimiento que el castigo»¹⁷³. Tan importante era esta función «comunicacional» del castigo, como la califica Antonio Correa citando a Foucault¹⁷⁴, que en una oportunidad el intendente de Santiago se sintió en la obligación de recordar al director del presidio ambulante que éste se había establecido «con el único y exclusivo objeto de castigar y poner en seguridad a los hombres, que, cargados con grandes crímenes, hagan necesaria la aplicación de esta pena», razón por la cual en ningún caso podían recluirse en él, como estaba ocurriendo, presidiarios de ambos sexos, pues dicha promiscuidad sólo conducía a «ofender en alto grado la decencia pública», y «fomentar la inmoralidad de unos y otros, poniéndoles en la ocasión próxima de cometer frecuentes desórdenes»¹⁷⁵.

Valiéndose de la (corta) vida del gañán y bandolero Marcos Baeza, también conocido como «el Maestro», Daniel Palma ha trazado una descarnada radiografía del funcionamiento de la justicia bajo la férula portaliana. Apresado a mediados de 1830 (a los veinte años de edad) por salteador público y ladrón, tres años después Baeza era confinado al presidio de Juan Fernández por un término de diez años, pena que en definitiva no cumplió, por unirse a un motín y fuga verificada en febrero de 1834. Tras ser desembarcado al norte de Cobija, Baeza y su cuñado y compañero de fechorías Simón Yáñez («el Negro»), se devolvieron a pie hasta sus tierras natales en el Maule, trabajando por el camino como peones. A mediados de 1836 era apresado nuevamente, acusado esta vez por salteo y doble homicidio, lo que le valió ser sentenciado a muerte, tras extraérsele una confesión a punta de azotes. Pese a que el defensor fiscal argumentó que la pena adjudicada no era propia de un país ilustrado y «emancipado 27 años hace», que la confesión era inválida por haber sido obtenida a latigazos (un total de 281 en cuatro días consecutivos, según declaración del propio inculpado), y que era más útil para el país utilizar a esos reos para las obras públicas o para enviarlos a combatir contra la Confederación Perú-Boliviana, Baeza enfrentó igualmente el pelotón de fusilamiento el 28 de septiembre de 1837. Una vez muerto se le cortaron la cabeza y las manos, las que fueron colocadas «en los lugares más públicos donde cometió sus horrendos crímenes». De esta forma, y en una ironía de la historia, la carrera delictual del «Maestro» coincidió casi a la fecha con la de Diego Portales a la cabeza de los asuntos del estado¹⁷⁶.

Esta sombría coincidencia da pie a Daniel Palma para emitir un juicio global sobre el sentido y el funcionamiento de la justicia portaliana, obsesionada por lo que reputaba la «plaga del bandolerismo». Sin negar la existencia real del robo, el abigeato o el salteo, este autor enlaza la supuesta proliferación de actividades delictuales con los temores de la elite frente a un sujeto plebeyo que, como se vio en el apartado anterior, era difícil de controlar e imposible de domesticar: «el bandido personificó todos aquellos rasgos temidos y peligrosos que alimentaban las peores pesadillas de la clase dominante al iniciarse la década de 1830». Lo peor era que, para conjurar esos «fantasmas de Portales», no se contaba con instituciones judiciales bien establecidas o con leyes a la altura de los tiempos. Respecto de las primeras, la falta de jueces competentes y la precariedad de un aparato estatal recién en proceso de articulación dejaban la administración de la ley en manos muchas veces inoperantes, y otras abiertamente arbitrarias. Hacia el término del decenio de Prieto existían en todo el país apenas catorce juzgados de primera instancia y dos cortes superiores (estas dos últimas en Santiago), lo que se traducía en que el ejercicio concreto de la justicia a menudo recayese en personas sin conocimientos jurídicos o, como ya ocurría en tiempos de la Colonia, en los poderosos locales¹⁷⁷. Esta medida ya había sido recomendada en 1831 por la Corte Suprema, para quien los cargos subalternos de gobierno y policía debían confiarse a «los vecinos más instruidos y respetables en todos los pueblos»¹⁷⁸. Los propietarios, argumentaba años después en el mismo sentido el periódico oficial, eran los más calificados para asumir tales funciones, pues «la subsistencia de la propiedad está ligada necesariamente al orden, y en el desorden encuentra su destrucción»¹⁷⁹. De esa forma, las insuficiencias materiales del aparato estatal podían ser suplidas por los beneficiarios directos del orden que se pugnaba por imponer, aun cuando ello implicara desacreditar al poder público en una de sus funciones fundamentales, y de paso dejar al desnudo el carácter de clase del proyecto portaliano. Por otra parte, y como bien lo ha demostrado Mauricio Rojas, la institucionalidad judicial también podía ser utilizada en su propio provecho por los actores subalternos, convirtiéndose más en un campo de disputa social que en un instrumento unilateral del estado¹⁸⁰. Por el lado que se lo mire, entonces, la eficacia controladora de dicho aparato quedaba seriamente interpelada¹⁸¹.

En lo que respecta a la renovación de los marcos legales vigentes, ya desde los primeros días del régimen quedaba claro para las máximas autoridades judiciales que éstos, «nacidos en las tinieblas de tiempos tan oscuros y remotos, y hechos para pueblos de un carácter y costumbres tan diferentes del nuestro», constituían «una barrera muy débil para contener los crímenes». Sin embargo, «la organización del código criminal de un pueblo es una de las grandes épocas de la vida de las naciones, y no está en nuestras manos anticipar el tiempo y las circunstancias en que deba suceder, si alguna vez ha de llegar para nosotros esta época dichosa»¹⁸². Dicho de otra forma, la elaboración y dictación de nuevos códigos debía ser una labor ardua y dilatada, pese a los desvelos de los principales juristas del régimen, Andrés Bello y Mariano Egaña¹⁸³. «Leyes orgánicas constitucionales, policía, juzgados, código civil y criminal, código de procedimientos. ¡Cuánto nos resta por hacer!», exclamaba a comienzos de 1836 el primero de los nombrados; «¡qué intervalo tan considerable entre nuestra situación presente y el punto a que debemos llegar para llamarnos un pueblo libre y constituido!»¹⁸⁴. En las postrimerías de la administración Prieto, todavía El Mercurio de Valparaíso denunciaba «los vicios y lagunas de la antigua legislación, y la necesidad en que nos hallamos de emprender una reforma pronta, general y absoluta»¹⁸⁵. Así las cosas, concluye por su parte Palma, «las tentativas por estructurar un verdadero aparato judicial, dotado del personal apropiado y preocupado de impartir verdaderamente justicia según los principios ilustrados, quedaron a medio camino, o más bien, en el punto de partida». De ahí también, siguiendo al mismo autor, que al menos durante este primer decenio portaliano, el principal y casi único recurso para combatir la «plaga del bandolerismo» fuese la justicia sumaria y el endurecimiento de las penas corporales, incluyendo la de muerte. O dicho de otra forma, que el disciplinamiento plebeyo a la postre descansara más sobre el azote (ya se hablará del salario en el próximo apartado), que sobre la eficacia de la ley.

¿Qué tanto éxito tuvo esta cruzada judicial y policial? Años más tarde, el memorialista José Zapiola recordaría, polemizando con el Juicio Histórico de Lastarria a Portales, que la acción del recordado ministro había permitido superar una situación en la que «era preciso felicitarse el día en que en el pórtico de la cárcel sólo aparecía un cadáver apuñalado, cuyo asesino quizá estaba entre los curiosos espectadores», y cuando en el solo año de 1828 habían ocurrido 800 asesinatos en la capital¹⁸⁶. El discurso oficial de la época concordaba plenamente. Ya en su Mensaje de 1835, el presidente Prieto se congratulaba «de la acelerada disminución en el número de estos delitos atroces que pocos años ha se cometían en esta ciudad y sus cercanías; disminución que no podréis menos de mirar como una señal evidente de la mejora que se verifica alrededor de nosotros en la condición moral del pueblo, y que bajo los auspicios de la paz y de la industria, se difundirá en breve a todos los ángulos de la República»¹⁸⁷. «Antiguamente en Chile», coincidía poco después El Mercurio de Valparaíso, «no solo eran frecuentes los robos y asesinatos en los caminos, sino también en el centro de las poblaciones, principalmente al favor de la obscuridad de la noche». «Pero afortunadamente», añadía con alivio, «después de la regeneración política de la República, diversas causas han contribuido a disminuir los delitos de ambas especies, y más que todas, la planteación del ramo de policía, que aunque de un modo imperfecto hasta ahora, ha ejercido una influencia poderosa que quizá no se aprecia debidamente, en la mejora de las costumbres y por consiguiente en la tranquilidad jeneral»¹⁸⁸. «El que ha visto el carácter de progresiva cultura que domina ya en las diversiones del pueblo», terciaba El Araucano, «turbadas antes por ejemplos de la más grosera ferocidad; el que ha contemplado la disminución admirable del espantoso número de delitos que manchaban antes nuestro país, y en fin, el que observa el ardor con que la juventud de todas las clases procura beber en las fuentes de la instrucción las benéficas máximas de la moral, no pueden menos de sentirse hondamente reconocidos hacia la Divina Providencia, que ha querido mirarnos con tan benévolos ojos, y ponernos en esta senda de engrandecimiento y de ventura, por medio de las instituciones liberales y de la paz interior»¹⁸⁹.

Y como cerrando tan autocomplaciente diagnóstico, el propio presidente Prieto ponía fin a su mandato en 1841 exhortando a sus compatriotas en una veta similar: «no quiero sombrear este cuadro recordándoos la universal inseguridad y alarma en que se hallaba la República pocos años antes de mi elevación al Gobierno: fresca está en la memoria de todos aquella época de horror, en que cada día era señalado dentro de la capital misma por más de un crimen atroz, cuyas víctimas acusaban silenciosa pero enérgicamente la creciente desmoralización del pueblo y la relajación de los resortes sociales. Poco a poco vino a desaparecer aquel ominoso estado de cosas. El número de estos crímenes en el curso del año no iguala actualmente al de los que se cometían tal vez en una sola semana, casi a vista de las autoridades constituidas para reprimirlos; se empezaron a promover remedios para un mal tan grave; y continuados durante mi administración, han esparcido sobre vuestras ciudades y campos, un sentimiento general de seguridad y bienestar desconocido en otras épocas»¹⁹⁰. ¿Misión cumplida? Como se podrá apreciar más adelante, estaba por verse si las circunstancias realmente ameritaban semejantes arrebatos de confianza.

3. El disciplinamiento

Insatisfecho del pueblo real sobre el que le había tocado en suerte gobernar, el régimen pelucón no podía sin embargo renunciar a la tarea de «corregirlo», o más propiamente «reconvertirlo», sin traicionar su vocación hegemónica y sus planes de construcción nacional. Se trataba, por tanto, de diseñar una suerte de ingeniería sociocultural en la que el restablecimiento del orden representaba sólo una etapa preliminar. Esta operación, que en otro estudio hemos caracterizado con Verónica Valdivia, parafraseando a Philip Corrigan y Derek Sayer, como una suerte de «revolución cultural»¹⁹¹, suponía a la postre la elaboración de un perfil ideal hacia el cual encaminar los esfuerzos –algo así como una imagen del pueblo que realmente se requería para construir un orden republicano y progresista, digno del siglo en que se vivía. Ése era el «pueblo deseado» que emerge de las diversas manifestaciones del discurso portaliano, y que este tercer apartado se propone caracterizar.

En primer lugar, y como se desprende fácilmente de lo señalado en la sección anterior, lo que se quería era un pueblo esencialmente obediente, precondición ineludible para todo lo que debía venir después. Ése era el propósito último, obviamente, de todas las medidas de orden policial de que se dio cuenta más arriba. En esa lógica, sin embargo, y por su propia naturaleza, la policía tenía un efecto más punitivo que preventivo, más de reacción frente al daño consumado que de anticipación del mismo por la vía de la persuasión o el acatamiento «espontáneo». Haciendo una reflexión al respecto, el periódico oficial contrastaba la situación de Estados Unidos, donde a su parecer «la tranquilidad pública descansaba únicamente en las virtudes y patriotismo del ciudadano», con la realidad chilena, donde si se apelase a semejante disposición «brotarían por todas partes los delitos, y la seguridad individual estaría amenazada a cada paso». Pese a ello, continuaba, «la índole del pueblo chileno es la más a propósito para recibir las modificaciones que se le quiera dar, y si se malogra el período que media entre nuestra situación pasada y la que nos tocará al cabo, si no nos aprovechamos de la especie de oscilación en que nos ha dejado el sacudimiento revolucionario, será después muy difícil desarraigar los antiguos hábitos o darles una dirección saludable»¹⁹². La coyuntura, por tanto, era crítica. Para encaminarla debidamente podían invocarse diversos mecanismos (como se verá a continuación), pero en lo inmediato, y considerando la precariedad en que aún se hallaba la naciente institucionalidad, lo que se requería era un medio que permitiera incidir rápida y efectivamente sobre las conductas plebeyas. Ese medio fue la Guardia Nacional.

Todos los autores que se han ocupado de la política de fortalecimiento de ese cuerpo tras la victoria pelucona, bajo la dirección personal y puntillosa del propio Portales, destacan junto a sus propósitos estrictamente militares o de instrumentalización electoral, el de actuar como herramienta de «moralización» y disciplinamiento del bajo pueblo. Para Rafael Sotomayor Valdés, por ejemplo, el ministro, «al proteger tan decididamente la Guardia Nacional veía en ella nada menos que un medio de moralidad para un pueblo cuya índole y costumbres conocía profundamente… reconocer un cuerpo, vestir uniforme, obedecer a un jefe, emplear en ejercicios marciales las horas destinadas de ordinario a un ocio corruptor, hallarse inscrito en un registro, tener una consigna, sentirse vigilado en nombre del deber y del honor, ser amonestado o castigado a tiempo y estar constantemente bajo la mano del poder disciplinario, todo esto era un inmenso recurso para sujetar los desmanes del pueblo y mejorar sus hábitos»¹⁹³. «El ministro Portales», concuerda Barros Arana, «buscaba en ella un medio de proporcionar al pueblo una distracción que lo apartase de las tabernas y del vicio en los días festivos, y un elemento de paz y de orden para la República». Por su parte, y desde un ángulo supuestamente más crítico hacia esa gestión política, Vicuña Mackenna igualmente caracteriza la acción portaliana en la materia como «una campaña contra la pereza, el desaliño y la holgazanería del bajo pueblo»¹⁹⁴. Estas lecturas han sido recogidas sin grandes variaciones por historiadores contemporáneos como Sergio Grez, Joaquín Fernández y Verónica Valdivia, aunque los dos últimos se cuidan de diferenciar entre el ambicioso diseño discursivo y la capacidad práctica del gobierno de hacer efectiva la instalación de la Guardia Nacional en todos los rincones del territorio, limitada por las precariedades materiales ya señaladas más arriba en relación a la administración de justicia¹⁹⁵.

Independientemente de estos matices y precisiones, es difícil subestimar la importancia que el régimen le asignó al encuadramiento miliciano. Por si el esmero con que el ministro Portales se contrajo a esta tarea no fuese prueba suficiente, asumiendo personalmente la dirección de cuerpos cívicos tanto en Santiago como en Valparaíso, las reiterativas referencias a esta institución en la documentación gubernamental y en la prensa oficial permiten dimensionar el alcance que se le quiso brindar. Así por ejemplo, en mayo de 1831 el intendente de Santiago oficiaba al ministro de la Guerra solicitando la formación de un batallón de infantería cívica en la ciudad de Rancagua, pues «de este modo se logrará establecer el orden público, y se cimentará la subordinación tan necesaria en el estado de desorden de esas comarcas», amenazadas aún por las correrías de los hermanos Pincheira¹⁹⁶. Por su parte, y haciendo alusión a la brillantez con que se había festejado el 18 de Septiembre de ese mismo año, El Araucano enfatizaba las «infinitas reflexiones de admiración y de esperanza» que había inspirado en los pechos patriotas la presencia de las guardias cívicas, básicamente porque «la disciplina y la moral han reunido en un mismo individuo al proclamador de la libertad, y a su constante defensor»¹⁹⁷. Así también lo percibía Diego Portales, quien en su memoria como ministro de Guerra y Marina de 1836 resaltaba «la confianza que deben inspirarnos el espíritu y la disciplina de las guardias cívicas», «preciosa institución», a su parecer, que el gobierno estaba empeñado en «extender a todos los pueblos de la República». En una correspondencia privada remitida un año después, volvía a ensalzar a los milicianos como «una clase tan meritoria y que nos ha sido tan útil y tan fiel»¹⁹⁸.

Como se sabe, esa fidelidad se puso dramáticamente a prueba pocos días después de la redacción de la última carta citada, cuando el comportamiento de las milicias, sobre todo las de Valparaíso, resultó ser uno de los factores clave en el aplastamiento del motín que terminó con la vida del ministro. Así lo destacó elogiosamente la prensa oficial: «Vidaurre levanta en su cantón el grito del desorden, y toda la República contesta con el grito de indignación y de anatema. Las milicias todas se acuartelan al instante de recibir la noticia, con una prontitud y un entusiasmo, de que no ha habido un solo ejemplo desde su creación. Las de las provincias se preparan a marchar y marchan sobre los amotinados. Las de la capital forman un muro impenetrable alrededor del Gobierno. Las de Valparaíso rechazan heroicamente dos veces a los anarquistas. Las milicias, decimos, los cuerpos en donde están reunidos los ciudadanos de todas las clases y de todas las opiniones; las fuerzas que forman el instrumento de la voluntad del pueblo chileno»¹⁹⁹.

En un registro similar, la disposición de los milicianos para incorporarse activamente a la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana –a diferencia de otros sectores del pueblo que resistieron denodadamente la recluta– parecería confirmar el desenlace exitoso de su «socialización» bajo la acción pelucona. El patriotismo, la pronta respuesta ante los llamados superiores de la nación, serían otras tantas pruebas «activas» de alineamiento plebeyo bajo la guía de sus gobernantes. Ante una alerta de desembarco confederado en las costas cercanas a Valparaíso, por ejemplo, el gobernador de Quillota informaba a su superior que «el entusiasmo que en esta ocasión ha manifestado la guardia cívica me ha llenado del mayor placer, porque tan pronto como se tocó llamada empezaron a reunirse todos los soldados de infantería con el mayor placer y sólo se oían voces de vamos a pelear con el opresor de nuestra patria: así es que en el término de seis horas tenía reunidos más de cuatrocientos hombres y todos ellos con el mayor entusiasmo. Al salir del cuartel para dirigirse al punto donde habían sido destinados sólo se oyeron gritos de viva nuestro Presidente el Sr. Prieto y muera Santa Cruz»²⁰⁰. Por su parte, y aproximándose ya el término de la guerra, un oficial de milicias de Talca informaba que «apenas se difundió en esta heroica provincia el proyecto de hacer marchar al Perú sus bravos defensores, de incorporarlos a las filas de nuestros valientes, cuando propagándose con rapidez un marcial entusiasmo, a la guerra, gritan hombres y mujeres, al Perú proclaman los ancianos; al Perú que es la gloria de Chile. Trescientos bravos se ofrecen al instante, trescientos que juraron morir o vencer en las batallas»²⁰¹.

Es verdad que en estos y otros ejemplos es la voz de los oficiales la que se hace portadora del supuesto fervor popular, que en la práctica aparece desmentido por numerosos casos de deserción y resistencia a la conscripción que indicaban, en palabras de Sotomayor Valdés, que «la masa del pueblo no había comprendido la causa de Chile contra la Confederación»²⁰². Es importante, sin embargo, distinguir para estos efectos entre los «vagos y mal entretenidos», que al decir del mismo historiador fueron objeto de la leva forzosa (Portales habla en una carta personal de «vagos, cuchilleros, etc.», y en otra de «hombres forajidos»), y los cívicos propiamente tales, a quienes el ministro citado sugería eximir parcialmente de los rigores de la recluta para «no hacer sentir en el país los males de la guerra, y mucho menos a una clase tan meritoria»²⁰³. De hecho, al menos hasta el término de la administración Prieto, la opinión oficial respecto del comportamiento miliciano seguía siendo mayoritariamente positiva. En su memoria como ministro «accidental» de Guerra y Marina de 1841, por ejemplo, el futuro presidente Manuel Montt calificaba como «cosa admirable y argumento poderoso a favor de la excelente disposición de nuestro pueblo, el estado en que se hallan las milicias de algunas provincias y los servicios que en todas partes hacen aun los cuerpos menos disciplinados, cuando esta institución no ha sido hasta ahora más que una carga onerosa para las clases trabajadoras, que no tenía ni término ni compensación». Es muy sugerente, sin embargo, que pocos párrafos más adelante la misma Memoria plantee un proyecto de ley encaminado a consolidar la «disciplina y organización militar de la guardia cívica» por la vía de «alejar del servicio a los proletarios que no prestan garantías, para que las armas estén solo en manos de ciudadanos honrados e independientes»²⁰⁴. Así, junto con remarcar la distinción antes esbozada por Portales entre milicianos y «forajidos», estas palabras indican que a diez años del inicio de la reorganización institucional, la confianza gubernamental en sus reclutas no era todo lo sólida que normalmente se pretendía asegurar. Haciéndose eco de este sentimiento, El Mercurio de Valparaíso reconocía que «desde que se establecieron las guardias nacionales, una de las instituciones más sabias y más preñadas de felices resultados, la moral ha ganado mucho terreno». Sin embargo, advertía, «no debemos olvidar que impiden, pero no desarraigan el vicio»²⁰⁵. Como lo han demostrado autores como Sergio Grez y James Wood, y como se verá con mayor detalle más adelante, la Guardia Nacional también podía convertirse en un foco de disidencia política y social. En palabras del primero de los historiadores nombrados, «la milicia –lugar de opresión y de sumisión de los pobres– se transformaba en determinadas ocasiones en un ámbito de politización y de resistencia a la opresión de clase ejercida sobre los trabajadores por el Estado y la jerarquía militar»²⁰⁶.

Por esa misma razón, las aspiraciones peluconas al modelaje conductual no podían agotarse en un pueblo que sólo fuese obediente y patriota. También querían, apelando a una fuente comprobada de configuración hegemónica, un pueblo creyente y piadoso. Como es sabido, sin ser personalmente muy devoto, Portales conocía y valoraba los efectos morigeradores de la religión. Al decir de Francisco Antonio Encina, uno de sus principales apologistas, «Portales, como Bonaparte y como todos los grandes genios políticos, vio siempre en la religión un poderoso instrumento de gobierno y un agente insustituible de civilización y de progreso moral, con absoluta independencia de la verdad racional del dogma»²⁰⁷. De ese modo, no extraña que el gobierno encabezado por él se esmerase desde muy temprano por recomponer unas relaciones con el estamento eclesiástico que sus antecesores pipiolos habían dejado bastante maltrechas. Expresión de ello fue la rápida restitución de las temporalidades religiosas confiscadas bajo el gobierno de Freire, medida que el intendente de Concepción aplaudía sobre todo por sus buenos efectos entre «la mayoría (el vulgo)», que había mirado la guerra civil como de carácter religioso, «de donde nació la decisión casi general a favor de la causa triunfante»²⁰⁸. Afirma por su parte Sotomayor Valdés, inspirado en ésta y otras medidas análogas de acercamiento, que el partido aludido «había contado por mucho con el descontento religioso para asestar sus golpes al régimen pipiolo»²⁰⁹, tendencia reforzada, ya bajo pleno dominio pelucón, mediante la acción decidida y sistemática de personeros mucho más genuinamente devotos que Portales, como Joaquín Tocornal o Mariano Egaña.

Contrayéndonos solamente a lo que aquí interesa, resultan sintomáticas las palabras vertidas por el primero de los personajes nombrados en su Memoria como ministro del Interior en 1835, sobre la trascendencia de la fe como instrumento de moralización popular: «el estado de la Iglesia y de la educación religiosa es todavía más triste. A donde quiera que se vuelvan los ojos, se ven templos ruinosos ya por su antigüedad y por la negligencia en repararlos, ya por efecto de los terremotos pasados. Pero la escasez de pastores es un mal todavía más grave; y si no se le pone pronto remedio, tendremos el dolor de ver casi extinguida la instrucción religiosa de algunos distritos y privada de la administración de sacramentos y de los consuelos espirituales una parte no corta de la población; que, careciendo al mismo tiempo de todo género de enseñanza y acostumbrada a vivir errante, sin sentir casi nunca el freno de la ley, vendría probablemente a caer en un estado de completa barbarie»²¹⁰. Egaña, por su parte, en su condición de ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, exhortaba a los funcionarios del Estado a no restarse de asistir a las ceremonias religiosas de carácter oficial, no sólo por ser «una obligación especial que las leyes expresamente les imponen, sino un deber general, deducido de la necesidad en que están de dar ejemplo al pueblo del culto que deben a Dios»²¹¹.

El propio presidente Prieto, también afamado por su devoción personal, señalaba en su discurso de despedida que uno de los grandes obstáculos que su gobierno había debido allanar para promover el restablecimiento del orden social era la dificultad de inculcar o mantener en niveles adecuados el sentimiento religioso: «una población diseminada, vastos espacios de territorios, en que sólo se ven de trecho en trecho habitaciones dispersas, cuyos moradores viven en una solitaria independencia, sin reunirse alrededor de un altar, sin oír una lección moral o religiosa, sino muy pocas veces en su vida, ofrece dificultades peculiares para el establecimiento de una policía que reprima los desórdenes». Por eso mismo, le producía especial complacencia la labor que se había podido realizar para «la propagación de sanos principios morales y religiosos, germen fecundo y primario de verdadera civilización y cultura», pudiendo decir, a su juicio sin exageración, que «la solicitud del Gobierno a este respecto se ha extendido a los más remotos ángulos de Chile; y vosotros, ciudadanos, no me negareis la justicia de reconocer que si aún resta mucho para el cumplimiento de vuestros votos y los míos, a lo menos se ha hecho cuanto era concedido a un celo ardoroso y activo, en medio de tantos estorbos opuestos por las localidades, por la dispersión o indigencia de las poblaciones, y por el escaso número de competentes ministros del Culto»²¹². No en vano las proyecciones que se habían formulado durante el decenio que concluía en relación al carácter que debía darse a la instrucción del pueblo ponían en primerísimo lugar a la formación religiosa: «en cuanto a las nociones que haya de adquirir esa gran porción de un pueblo que debe su subsistencia al sudor de su frente y que es en gran manera digna de la protección de los gobiernos», decía El Araucano en 1836, «los principios de nuestra religión no pueden menos de ocupar el primer lugar: sin ellos no podríamos tener una norma que arreglase nuestras acciones, y que, dando a los extraviados impulsos del corazón el freno de la moral, nos pusiese en aptitud de llenar nuestros deberes para con Dios, para con los hombres y para con nosotros mismos»²¹³. El patriotismo y la fe, en suma, se reforzaban mutuamente como agentes modeladores del sentir popular.

Una relevancia por lo menos equivalente era la que se otorgaba a la instrucción primaria, preocupación reconocida de todos los gobiernos emanados de la victoria de Lircay, y en realidad sello generalizado del liberalismo civilizatorio característico del siglo XIX. Aunque las restricciones financieras no permitieron hacer mucho en esta materia en términos concretos, abundan en el discurso de los primeros decenios pelucones las referencias al carácter estratégico que ella a su juicio revestía. Decía ya tempranamente El Araucano, en conexión con la violencia social que tanto afligía a las autoridades: «se ha probado de un modo incontrovertible la influencia de la civilización sobre la moral, y a ella se atribuye la disminución de los crímenes. El acelerarla en Chile sería el remedio radical que debería aplicarse contra los asesinos y salteadores que por desgracia infestan la República», reconociendo sí que esto sería «obra de los años y de la propagación de las luces»²¹⁴. La enseñanza primaria, concurría en su memoria de 1835 el ministro Tocornal, «es el germen de todos los progresos sociales, y sin el cual todos los otros elementos de civilización se hacen ilusorios». A lo que agregaba un año después su sucesor en el cargo, el propio Diego Portales: «no es menester decir a los legisladores el espacio inmenso que tenemos todavía que recorrer para darle toda la extensión conveniente, esto es, para ponerla al alcance de la clase más pobre hasta en los más remotos ángulos de la República; ni me parece necesario recordar las dificultades que hay que vencer para tocar este último término, que es sin duda, el que debemos proponernos, por más distante que parezca su realización»²¹⁵.

Completando la afamada galería de estadistas pelucones, Mariano Egaña sentenciaba en 1840 desde el ya para entonces creado Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública: «la educación primaria no sólo es la educación general de todas las clases del pueblo, sino que es la única que puede adquirir la inmensa mayoría de la Nación, y ella es la que tiene más influjo en la moral del pueblo, o la que, por mejor decir, forma las costumbres. Es pues, el deber más indispensable del Gobierno difundirla universalmente»²¹⁶. Concordando plenamente en tales juicios, el presidente Prieto clausuraba su mandato aseverando que «la difusión de la enseñanza primaria en Chile, durante los diez años de mi administración, será para la posteridad imparcial una prueba inequívoca de los adelantamientos del país bajo sus auspicios», aunque al mismo tiempo reconocía que el aumento objetivo en el número de escuelas se debía más a la acción de los conventos, municipios, o incluso «de algunos distinguidos y filántropos individuos que han creado en sus haciendas preciosos planteles de educación moral y cristiana para la clase trabajadora que las cultiva», que al gobierno propiamente tal²¹⁷.

Los conceptos reproducidos instalan una suerte de ambivalencia, común a todas las políticas educativas inducidas desde algún poder central, sobre la homología que en ellos puede establecerse entre «domesticación» e «ilustración». Si bien es innegable que los políticos citados efectivamente creían en los beneficios de la difusión del conocimiento entre todos los sectores de la sociedad, cuando se pone atención a los contenidos de la instrucción que se proyectaba para «la clase más pobre» salta a la vista que el propósito disciplinario prevalece sobre el propiamente «ilustrado», en el sentido racionalista y emancipatorio de la palabra. Así lo estimaba El Araucano en un artículo de 1836, donde explícitamente advertía que «el círculo de conocimientos que se adquieren en estas escuelas erigidas para las clases menesterosas no debe tener más extensión que la que exigen las necesidades de ellas: lo demás no sólo sería inútil, sino hasta perjudicial, porque además de no proporcionarse ideas que fuesen de un provecho conocido en el curso de la vida, se alejaría a la juventud demasiado de los trabajos productivos». Así las cosas, bastaba para esos efectos enseñar a dichas «clases menesterosas», además de una alfabetización básica y rudimentos de aritmética, gramática, geografía y astronomía, sobre sus «deberes y derechos políticos» («no con la profundidad necesaria para adquirir un conocimiento pleno del derecho constitucional, sino recomendando sólo a la memoria sus artículos»), y sobre todo, como ya se dijo antes, «en los principios de nuestra religión»²¹⁸. De lo que se trataba, en definitiva, y parafraseando nuevamente al ministro Montt, era de preparar a la masa plebeya «para la carrera de la vida», pero de la vida tal como la concebía para ella la oligarquía pelucona. Como lo plantean Loreto Egaña y Mario Monsalve en un artículo muy pertinente para profundizar sobre esta materia, tratándose de las clases populares «civilizar» era sinónimo de «moralizar»²¹⁹.

En esa concepción, y completando el conjunto de trazos con que dicho régimen dibujó a su «pueblo deseado», el toque definitivo lo aportaba la contracción al trabajo. No bastaba, en otras palabras, que el pueblo fuera obediente, patriota, devoto e instruido, sino que se requería, como corolario de todo lo anterior, que también fuese laborioso. «Nada es tan eficaz como el trabajo», sentenciaba al respecto El Araucano, «para preservar al pueblo de los vicios; nada tan propio como el ocio para introducirlos y aumentarlos con la mayor rapidez». En los pueblos laboriosos, continuaba, las personas no consagraban su atención a objetos «frívolos y perjudiciales», ni servían «de carga penosa a la sociedad». Por esa razón, concluía, «es demasiado patente la necesidad que todo Estado tiene de fomentar por cuantos medios sea posible el trabajo, y declarar guerra perpetua al ocio, procurando cortar a toda costa sus progresos»²²⁰.

La mendicidad, en esa lógica, era una práctica que debía erradicarse sin contemplaciones. «Una de las cosas que dan idea de orden en las poblaciones», decía una colaboración particular publicada en el periódico oficial, «es el cuidado de evitar la vergonzosa mendicidad, que confundiendo a los verdaderos indigentes con los viciosos holgazanes, que afectan invalidez y privan a los que son realmente acreedores a la conmiseración, fomentan la impudencia y deshonran la policía»²²¹. De hecho, el reglamento de policía dictado por Portales en 1830 conminaba a los vigilantes, cuerpo creado expresamente por el ministro para garantizar la seguridad urbana, a aprehender a todos los mendigos «que no presentaren en el acto un certificado del administrador del hospicio», autorizándolos, por incapacidad física o mental, a practicar dicha acción. Sin embargo, cinco años más tarde los directores de la institución nombrada se lamentaban del escaso efecto que la medida había tenido, viéndose la capital aquejada de una «plaga de holgazanes, que recorre la población con el mayor escándalo». A modo de prueba, informaban al intendente de Santiago que de treinta mendigos detenidos un día determinado por la policía, «sólo 7 u 8 se encontraron verdaderos pobres dignos de quedar en el establecimiento»²²². Como bien lo ha dicho Macarena Ponce de León en un estudio monográfico sobre la materia, el ejercicio de la caridad bajo la inspiración portaliana respondió claramente a «una sociedad que necesitó de individuos disciplinados y trabajadores»²²³.

La reactivación económica que comenzó a experimentar el país a partir de la década de 1830, en parte por el restablecimiento del orden interno, en parte por razones circunstanciales como el hallazgo del mineral de plata de Chañarcillo en 1832, confirieron a esta insistencia en la virtud del trabajo una urgencia adicional. Fruto de ello, el estado comenzó a tomar alguna injerencia en las relaciones laborales, dictando reglamentos encaminados a ordenar las faenas, y sobre todo a «corregir» diversos hábitos y disposiciones plebeyas que tenían efectos perniciosos sobre su rendimiento productivo. Uno de los primeros oficios en concitar la atención oficial, situación bastante lógica en una economía que ya había optado por la vocación exportadora, fue el de la carga y descarga de mercaderías en los puertos, ejecutada por los denominados «jornaleros» y «lancheros». Como ya lo han estudiado Aldo Yávar y Sergio Grez, estas labores fueron organizadas por el gobierno mediante el «Reglamento y tarifa para el gremio de jornaleros del puerto de Valparaíso», decretado en abril de 1837²²⁴. Junto con regularizar cuidadosamente el servicio y restringir su ejecución sólo a trabajadores debidamente matriculados, la normativa creaba una caja de ahorros de carácter obligatorio, cuyos fondos estaban destinados a aliviar contingencias como la enfermedad, la invalidez o la muerte.

Considerando la centralidad que comenzaba a adquirir la minería como rubro productivo y comercial, y la consiguiente aparición en ella de las primeras relaciones laborales de carácter propiamente capitalista, no llama la atención que en su entorno se haya desatado un interés gubernamental particularmente manifiesto. La política de disciplinamiento y proletarización implementada por el empresariado minero, cuidadosamente estudiada por María Angélica Illanes y otros autores²²⁵, contó con el apoyo decidido del estado a través de su acción policial y legal, y también mediante reglamentos laborales de intención análoga a lo ya efectuado con el Gremio de Jornaleros. Tomó así cuerpo un reglamento elaborado por el propio gremio empresarial de minería, a instancias de una autoridad regional abrumada por «el desorden y la desmoralización que habían llegado a su colmo en los minerales de Chañarcillo», y que recibió la sanción del Poder Ejecutivo en abril de 1841.

En el oficio que a tal efecto remitió el intendente de la Provincia de Coquimbo, a la que aún pertenecía la región de Copiapó, se aludía a los constantes robos perpetrados por «trabajadores corrompidos por la multitud que allí se establecía con distintas ocupaciones y ejercicios», así como a «la inmoralidad y escándalos que allí había», todo lo cual redundaba en «incalculables perjuicios que sufrían los dueños de minas por este desorden y la paralización de sus labores de beneficio»²²⁶. En tal virtud, el reglamento propuesto y aprobado establecía diversas disposiciones atingentes al régimen interno de los campamentos y placillas, a la movilidad de los peones, al pago de salarios, al comercio permitido y prohibido, e incluso a la alimentación. En el apartado correspondiente a «disposiciones generales» se insistía en varias prohibiciones que ya han comparecido nutridamente en estas páginas, tales como las que afectaban a los juegos de azar (sólo se consideraban diversiones lícitas «el billar, las canchas de bolos y—paradójicamente—las riñas de gallos»), la internación de licores, el cargar armas de cualquier tipo, y en una innovación ideada exclusivamente para aquellos parajes mineros de alta concentración masculina, la de entrar o permanecer en ellos ninguna mujer. Ni siquiera las casadas podían visitar a sus maridos en las faenas, salvo que contasen con un permiso especial y por escrito del gobernador departamental²²⁷. Como se ve, en la zona productiva más estratégica del país, la contracción al trabajo no debía exponerse a distracciones o alteraciones de ninguna especie.

Por aquel mismo tiempo, y aproximándose ya el término de la administración Prieto, El Araucano reflexionaba sobre los beneficios que ésta dejaba al país, y sobre los desafíos que enfrentaba la que habría de asumir la sucesión. «Una era de paz y orden, de seguridad y organización», argumentaba, «debía preparar y aun iniciar otra de adelantamientos y mejoras de todo género, y abrirnos la puerta, por decirlo así, del bienestar y prosperidad». A un gobierno consagrado al orden, en otras palabras, debía seguir casi como por fuerza natural otro consagrado al progreso. Sin embargo, añadía, «la historia de todos los países, como la de todos los tiempos, y principalmente la del nuestro, nos demuestra claramente que es del todo ineficaz la acción de los gobiernos, en materia de adelantamientos, cuando no es asegundada por la cooperación unánime y espontánea de los gobernados», por lo que cualquier medida encaminada a apoyar el desarrollo material «quedaría inútil y sin resultado, si se encontrase con un pueblo indolente o desaplicado, vicioso o enemigo del trabajo»²²⁸. Así, lo que ya se había insinuado incipientemente en casos como el del Gremio de Jornaleros de Valparaíso o la peonada de Chañarcillo, debía ahora proyectarse a un plano más sistemático y general. Con un pueblo ilustrado, disciplinado y trabajador, el tránsito desde el orden hacia el progreso debía quedar más expedito.

4. Un balance problemático: la refractariedad de la plebe

El 18 de septiembre de 1841, Joaquín Prieto se dirigió por última vez como presidente al Congreso Nacional. Más que satisfecho con el desenlace de su decenal gestión, invitaba a sus auditores a recordar «aquellos días de zozobra en que nada parecía vaticinar a nuestra patria un destino más próspero que el de otros pueblos hermanos». Desgarrada por la crisis de la independencia y por las normales tribulaciones de un estado naciente, la sociedad chilena se había visto afectada por «la exageración de principios, que en todas partes ha traído en pos de sí la inseguridad, el desorden, la dilaceración, la inmoralidad, y todos los vicios y males de una larga y a veces incurable anarquía». En tan alarmante contexto, la necesidad que su gobierno había venido a llenar, según él exitosamente, era la de instalar «un orden moderador, que pusiese trabas a los elementos de disociación». Entre éstos, de más está decirlo, figuraban con especial relieve los encarnados en una plebe levantisca, viciosa, y, para peor de males, con cuotas altamente inconvenientes de figuración política. Fruto de su remoción, concluía, «nuestro edificio social ha descollado sereno y majestuoso en medio de tempestades que han sembrado de escombros todas las secciones del territorio hispano-americano; y a su sombra no sólo han desarrollado rápidamente los gérmenes de prosperidad material, sino la cultura del entendimiento, y los goces de una civilización refinada»²²⁹.

Anticipando de manera casi idéntica las palabras del presidente saliente, El Araucano se congratulaba algunos meses antes de que «la nación que acababa de salir de la anarquía y la guerra civil, entregada ahora a la industria y al trabajo, no sólo vio desaparecer pronto hasta las últimas trazas de los males pasados, sino que también empezó a disfrutar de una prosperidad y adelanto, desconocidos antes en este país o en cualquiera otro de los hispano-americanos»²³⁰. Haciendo referencia específica al problema del orden social, el periódico oficial aseguraba que «ahora vivimos en medio de la más completa seguridad», y precisaba: «los delitos se castigan con la prontitud y severidad necesarias: todo ha cambiado de aspecto; y la generalidad del pueblo ha llegado a conocer cuán perjudicial era para la represión del crimen, para la seguridad y la moral, la antigua compasión o mal entendida caridad para con los delincuentes»²³¹. Este reconocimiento popular se hacía a su juicio extensivo al conjunto de la obra portaliana, lo que habría quedado en evidencia con el todavía reciente triunfo en la Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, reforzado por «el entusiasmo público que siguió a nuestros bravos desde su embarque y les acompañó en todos sus pasos y acciones», lo que permitía concluir que «el espíritu nacional estaba formado, y no era extraño que produjera tan grandes resultados». En suma, la estabilidad del orden autorizaba a proclamar «sin temor de la menor contradicción, que la revolución había terminado en Chile, y que este país afortunado sobre los que tuvieron el mismo origen y emprendieron una misma carrera, salía el primero de ella con honor y gloria, para entrar en la vida ordinaria de los pueblos cultos, que sin tocar a los fundamentos del edificio social (énfasis mío), sólo aspiran a mejorarlo y embellecerlo»²³².

¿Se justificaba realmente tanto triunfalismo? La propia documentación oficial, ya sea de cuño administrativo o periodístico, permite ponerlo en duda. Ateniéndose estrictamente al orden de lo social, es significativo que antes de transcurrido un mes desde la muerte de Diego Portales, la peonada del mineral de Chañarcillo, enardecida por la aplicación de la pena de azotes a uno de sus compañeros acusado de robar «piedras ricas» (acto que en la jerga minera se conocía como «cangalla»), se haya sublevado en masa contra las autoridades locales, configurando lo que María Angélica Illanes califica como una de las primeras rebeliones con «expresa identificación de clase» de la era pelucona²³³. Según el parte del gobernador de Copiapó, «sólo unos pocos de los amotinados eran peones de las faenas que hay en aquel Mineral, y el resto como en número de cincuenta o sesenta eran gente advenediza y vagos, de los muchos que seducidos por el interés de la compra de piedras se mantienen y conservan allí, a pesar de las activas y eficaces medidas que constantemente se han tomado para exterminarlos».

No obstante su tranquilizadora afirmación de que «las desgracias nacidas de este atentado no han sido de consideración», llama la atención que en uno de los epicentros de la bonanza económica portaliana se permitiese pulular a tanta «gente advenediza y vagos», o que sus propios trabajadores hayan exhibido tal propensión a la rebeldía masiva. Así lo reconocía a renglón seguido el citado gobernador, señalando que pese a ocupar «el arreglo y orden de este Mineral» la atención preferente del gobierno local, «no ha sido posible contener del todo los desórdenes», razón por la cual se comprometía a elaborar, «de acuerdo con el Gremio de Mineros», el reglamento de régimen laboral recordado páginas más arriba, y cuya entrada en vigencia, en abril de 1841, coincidió casi al minuto con los balances celebratorios de la administración Prieto²³⁴. Sin embargo, estos preparativos no evitaron que en julio de 1839 estallase un nuevo motín en Chañarcillo, esta vez con el propósito de «apoderarse de la prisión que allí existe, y poner en libertad varios reos presos por robos». Pedía al efecto el Gobernador el aumento de la fuerza militar a su disposición, pues la existente era «escasamente lo bastante para la conservación del orden y la sujeción de la peonada siempre díscola, siempre tumultuosa e interesada en trastocarlo todo»²³⁵. Como se ve, el orden no estaba tan garantizado como se decía, tal como lo refrendaba el propio intendente de la Provincia de Coquimbo un año después, al decretar, una vez más, ante la proliferación de «riñas, robos y otros desórdenes», el cierre de pulperías y bodegones²³⁶.

Similares conclusiones pueden extraerse a partir del devenir de otro de los símbolos del orden social portaliano: el presidio ambulante, escenario permanente de fugas, violencias y revueltas. El 7 de julio de 1839, cuando en el país aún se celebraba el retorno victorioso de las tropas vencedoras en Yungay, el intendente de Santiago informaba al gobernador de Rancagua sobre la sublevación en Casablanca de «treinta o más criminales» que eran conducidos a los carros-jaula, logrando trece de ellos darse a la fuga²³⁷. Mucho más grave fue la estallada menos de dos años después en las inmediaciones de Valparaíso, la que arrojó un saldo de 27 presidiarios muertos, ocho heridos y veinte fugados, así como tres soldados heridos. Comentando al respecto, El Araucano revertía sus juicios anteriores sobre las bondades del presidio ambulante y aseguraba que el gobierno, «que conocía por experiencia todos los riesgos y desventajas del sistema actual de presidiarios, meditaba muy de antemano el remedio, o sea el establecimiento de otros que, sin tales inconvenientes, pudiesen llenar las exigencias de la ley»²³⁸. Esto no ocurriría hasta 1847 –es decir, mucho después del término de la administración Prieto– cuando el presidio ambulante fue reemplazado por la flamante Penitenciaría de Santiago²³⁹. Por lo visto, ni la pena de azotes ni los carros-jaula eran antídotos suficientes frente a una plebe «díscola», «tumultuosa», y siempre presta a trastocarlo todo.

Ni siquiera el corazón mismo de la capital, la Plaza de Armas de Santiago, estaba libre de ese tipo de tumultos. Según lo relata el historiador Diego Barros Arana, testigo presencial de los hechos, la concurrencia de un gran número de personas, «especialmente de plebe», a presenciar el espectáculo de una ascensión en globo aerostático, se vio alterada por el mal funcionamiento del novedoso aparato. Enardecida ante lo que consideró una estafa, la multitud las emprendió contra el frustrado aeronauta, y, al ser protegido éste por la policía, en contra de ella también. El enfrentamiento, alimentado con el empedrado que por entonces pavimentaba la plaza, fue escalando hasta afectar las casas contiguas, entre las cuales descollaba la residencia presidencial (que aún no se trasladaba al Palacio de La Moneda). Ante esta circunstancia, intervino un escuadrón de la escolta presidencial, que «sable en mano, cayó como un rayo sobre la plebe». El incidente concluyó con la dispersión total de los «revoltosos», un número indeterminado de los cuales quedó herido, «tendidos por el suelo». Según el recuerdo del historiador, corría el mes de abril o mayo de 1839, es decir, la etapa final del tan justipreciado cierre de la primera presidencia del «orden»²⁴⁰.

Tal vez previsible en el ámbito de lo «estrictamente» social, inherentemente esquivo al control policial o gubernamental, esta incapacidad también comenzó a hacerse manifiesta en el de la política, tan celosamente despejada de intromisiones plebeyas desde los albores de la administración Prieto. Hay por cierto que advertir que ese afán desmovilizador siempre reconoció límites, hasta cierto punto inevitables para quienes habían optado por atenerse a los parámetros fundamentales del republicanismo, y a lo que esa alineación implicaba en materia de legitimación política²⁴¹. Así, aun aplaudiendo el término de los «tumultos» y los «desenfrenos» de la era pipiola, el discurso oficial no perdía ocasión para asegurar que el orden restablecido era al fin y al cabo sólo un síntoma de su universal y espontánea aceptación por parte de las grandes mayorías nacionales, inevitablemente ganables para una propuesta que se cimentaba en la unión y el progreso colectivo (entendiendo este último adjetivo en su acepción de «nacional»).

En esa veta, y refiriéndose a la tranquilidad en que habían transcurrido las elecciones municipales de comienzos de 1831, El Araucano aseguraba que «la masa de la población descansa en los sufragios de esa fracción que sabe dar dirección a sus destinos, y como no ha divisado un partido de oposición capaz de hacerle frente, ha permanecido quieta, manifestando que su voluntad es la misma, en esa aprobación y alegría con que celebra el resultado de las votaciones»²⁴². Algo similar se señalaba respecto del clima con que se había festejado el 18 de Septiembre de 1834: «en ninguna de las fiestas anteriores ha sido tan universal el regocijo. Contribuían sin duda a exaltarlo el sentimiento de paz y seguridad, que cuatro años de orden y sosiego han arraigado al fin en los ánimos, y la esperanza de un porvenir dichoso, de que vemos tan alegres presagios en la creciente prosperidad del país»²⁴³.

En una coyuntura particularmente crítica para el régimen, como lo fue la que derivó en el Motín de Quillota y la muerte de Portales, la falta de adhesiones plebeyas a dicho movimiento subversivo fue interpretada como demostración palmaria de validación política: «la mejor prueba de la regularidad de la administración y del orden que reina en todos los ángulos del Estado, es el entusiasmo general con que se han pronunciado los individuos de todas las clases en defensa de las autoridades y de las leyes»²⁴⁴. Lo propio habría ocurrido, o al menos así lo interpretó el discurso oficial, ante el desafío planteado por la Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Con motivo del recibimiento masivo brindado a las tropas vencedoras, El Araucano editorializaba complacido: «en estos transportes de júbilo vemos algo más que aclamaciones efímeras… Hay la aprobación espontánea y universal de un pueblo, que sella los actos de sus mandatarios, y se da el parabién a sí mismo por el acierto de su elección». «El profundo interés de los Chilenos de todas clases», continuaba, «ha contribuido a la solemnidad y alegría de esta fiesta patriótica; cada cual ha hablado el lenguaje que le era propio; y las demostraciones honoríficas del Gobierno han sido dignamente sostenidas por el exaltado alborozo del pueblo»²⁴⁵.

Pero el régimen no siempre se conformó con un apoyo meramente «tácito». Así por ejemplo, cuando se promulgó la Constitución de 1833, se estimó necesario organizar en todos los pueblos de la República actos masivos de adhesión, cuidadosamente coreografiados por el Ministerio del Interior. Tras la jura del documento por las autoridades locales correspondientes, éstas debían convocar al «pueblo»–entendido aquí como el conjunto de la población respectiva–, solicitando un juramento análogo bajo la siguiente invocación: «¿Juráis por Dios y por los santos evangelios observar como ley fundamental de la República de Chile, el Código reformado por la Convención? –Sí juro– Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden». Como en todos los festejos públicos de la época, esta ceremonia, realizada en la plaza principal de cada localidad, debía ser acompañada de «repique general de campanas y salvas de artillería», además de iluminación y embanderamiento de las viviendas. Se instruía asimismo a sus organizadores a solemnizar la proclamación «lanzando al pueblo monedas y medallas»²⁴⁶. De acuerdo a los informes recibidos de diversas autoridades locales y regionales, las expectativas oficiales se habrían cumplido a plenitud. En Talca, por ejemplo, el pueblo respondió a la lectura de la Constitución «con gritos de entusiasmo y demostraciones de júbilo: ¡Sí Juramos, viva la Constitución, honor a la Gran Convención!»; en tanto que en Rancagua, durante tres días, «el pueblo todo sólo se ha ocupado en celebrar el porvenir venturoso, que nuestra Carta le ha afianzado para siempre»²⁴⁷.

No sería difícil descartar estas descripciones como mera propaganda oficial, destinada al autoconvencimiento de una élite que, con o sin ese apoyo plebeyo, no tenía intención alguna de renunciar a lo que hacía mejor: el ejercicio fáctico del poder. Como es de suponer, el «entusiasmo» popular seguramente no se originaba en reconocimiento alguno, sino simplemente en el reparto de monedas y la perspectiva de tres días de festejos autorizados y gratuitos. En perspectiva de largo plazo, sin embargo, la necesidad de reconvertir la dominación en hegemonía requería de mecanismos un poco más consensuales o sutiles de validación política, aunque sólo fuese para distender las disidencias oligárquicas que, pese al transcurso de los años, se resistían a desaparecer, y que siempre podían apoyarse, como ya lo habían hecho durante los años veinte, en potenciales adhesiones plebeyas. En ese contexto, y como lo han hecho notar numerosos autores, la desaparición física del ministro Portales y el triunfo contra la Confederación Perú-Boliviana propiciaron un clima de reconciliación política que podía conducir a una verdadera estabilización institucional, sin los sobresaltos y conspiraciones que habían jalonado el primer decenio portaliano²⁴⁸. Así lo comprendió el gobierno de Prieto cuando resolvió poner término a la prolongada vigencia (noviembre de 1836 hasta mayo de 1839) de las facultades extraordinarias y el estado de sitio, anunciando unas próximas elecciones parlamentarias y presidenciales bastante más libres y competitivas que las verificadas durante todo el período anterior, y donde, por lo mismo, una movilización plebeya, activa o manipulada, como electores o como guardias cívicos, adquiría nuevamente ribetes estratégicos.

El primer capítulo de esta nueva coyuntura de politización plebeya se escribió hacia comienzos de 1840, en torno a las elecciones parlamentarias que tuvieron lugar los días 29 y 30 de marzo. Estimulada por la apertura política en curso, la emergente oposición liberal creó por esos meses una «Sociedad Patriótica» integrada, entre otros, por antiguos pipiolos como José Miguel Infante o Joaquín Campino. Según el relato de Barros Arana, esa organización se propuso «distribuir impresos entre las clases trabajadoras, para ilustrarlas contra el gobierno y ganar en ellas auxiliares para la próxima batalla electoral». Colaboraba en el mismo sentido una renaciente prensa opositora, encabezada por El Diablo Político del tribuno Juan Nicolás Álvarez, donde se llamaba a «derrocar la tiranía y establecer sin estragos ni desgracias un gobierno que mereciese el encantador epíteto de republicano». Aunque el historiador citado calificó los temores que estos hechos suscitaron en el gobierno como «infundados», por cuanto «el pueblo», posiblemente «levantisco en una asonada», no estaba preparado «para dejarse arrastrar a una verdadera contienda política», lo cierto es que las autoridades acusaron a Álvarez por delitos de injuria y sedición, y terminaron declarando nuevamente el estado de sitio. Oficiaba al respecto a los intendentes regionales el ministro del Interior, Ramón Luis Irarrázaval, que «los díscolos, los que no se conformarán jamás con el imperio del orden y de las leyes», procuraban «alucinar a las gentes sencillas y menos advertidas» con el objeto de «arrebatarnos los bienes que diez años de tranquilidad y progresos han hecho saborear a cada habitante de la República». Por su parte, el propio Presidente de la República justificaba la nueva suspensión del régimen constitucional aludiendo a «la seducción con que se pretendía apartar de sus deberes a las guardias cívicas», y a la organización en Santiago de «reuniones tumultuosas que en la plaza pública prorrumpiesen a presencia del mismo Gobierno en gritos sediciosos»²⁴⁹. De hecho, el juicio público seguido al editor de El Diablo Político fue acompañado, citando nuevamente a Barros Arana, por los bulliciosos vítores de «grupos de gente del pueblo», y por nuevos tumultos plebeyos que motivaron «la intervención enérgica y resuelta de la policía»²⁵⁰.

En ese clima, y bajo las restricciones propias del estado de sitio, tuvieron lugar las elecciones, en las que pese a todas las dificultades la oposición liberal logró llevar a nueve de sus candidatos a la Cámara de Diputados, rompiendo así con el monopolio pelucón imperante desde 1830. Según el siempre parsimonioso Barros Arana, estos resultados nunca estuvieron en riesgo, sobre todo considerando que la Guardia Nacional, «regularizada por el ministro Portales para moralizar al pueblo y para el mantenimiento del orden y de la tranquilidad, era en esas luchas un auxiliar poderoso del gobierno»²⁵¹. Así y todo, varios testimonios de la época proyectan una impresión bastante menos flemática de tales comicios, sobre todo de sus ribetes más plebeyos. El Mercurio de Valparaíso, por ejemplo, denunciaba la compra de votos «a varios infelices que no saben lo que hacen»; acusaba a «inconsecuentes demagogos» de «proclamar la igualdad de derechos, sentar que no deben existir ni existen clases en la sociedad, y que el pueblo lo componen las masas no pensadoras»; y ridiculizaba, a través de un imaginario diálogo entre un patrón y su sirviente, la injerencia extemporánea del vulgo en cuestiones políticas que superaban su capacidad de comprensión²⁵². Por su parte, una vez verificadas las elecciones, el intendente de Coquimbo deploraba «los muchos desórdenes y excesos cometidos por la multitud» durante dicho acto, exponiendo la ciudad de La Serena «a un desastre», lo que llevó al Ministerio del Interior a exigir «la formación de un proceso indagatorio a fin de proceder criminalmente contra los que resultaren culpables, y que se les aplique el condigno castigo»²⁵³.

La agitación política volvió a encenderse al aproximarse las elecciones presidenciales, programadas para el 25 y 26 de junio de 1841. Emergieron de cara a ellas tres candidaturas: una oficialista, encarnada en el general Manuel Bulnes; una liberal, a cargo del expresidente pipiolo Francisco Antonio Pinto; y una «ultra-conservadora», del antiguo ministro Joaquín Tocornal, movilizada por el bloque portaliano más intransigente, descontento con la apertura que venía articulando el presidente Prieto. Se trataba, como es evidente, de una coyuntura nuevamente propicia para la seducción y la activación política plebeya, como de hecho aconteció. En su minucioso estudio sobre el «republicanismo popular» santiaguino, James Wood da cuenta de los esfuerzos de todas las candidaturas por convocar y movilizar al mundo artesanal y a los guardias nacionales (también denominados a estas alturas «cívicos»), fundando sendos periódicos dirigidos expresamente a dicho público (dos de ellos se denominaban El Artesano y El Hombre del Pueblo, un tercero se titulaba El Miliciano, en referencia precisamente a los guardias nacionales, en tanto que el cuarto, El Infante de la Patria, evocaba con su nombre el antiguo batallón independentista conformado por sujetos populares, en su mayoría de origen afro-americano)²⁵⁴. Un quinto periódico, titulado La Guerra a la Tiranía e impulsado, irónicamente, por el grupo más conservador, fue clausurado por el gobierno por amenazar «el edificio social en sus cimientos, acostumbrando a la multitud, poco educada, a mirar en menos la moralidad y la decencia, y a perder toda idea de consideración y respeto a los primeros magistrados»²⁵⁵. Ya casi en vísperas de los comicios, el periódico oficial exhortaba a las personas «más eminentes y respetables» (y por tanto, «que tenían algo que aventurar»), a «dar el primer ejemplo a las clases inferiores, o a los que poco reflexionan acerca de los inminentes riesgos que correría el país, si se desbordase el espíritu de agitación y con él todas las malas pasiones que lo acompañan de ordinario»²⁵⁶.

A la postre, y como era de esperarse, la candidatura Bulnes se impuso holgadamente, esta vez sin estado de sitio y con el beneplácito de la oposición liberal (no así de la intransigencia portaliana, la gran derrotada en esta coyuntura). Según el juicio de Barros Arana, era incuestionable que ella había contado con el apoyo de la intervención oficial, encarnada concretamente en la Guardia Nacional, y en las autoridades regionales y locales, todas designadas por el Ejecutivo (lo que de paso ilustraba la creciente eficacia del estado en construcción). Sin embargo, agregaba, «el hecho de no haber ocurrido a violencias para alcanzar el triunfo, y la entidad de éste, su extraordinaria magnitud, revelaban a no caber duda, que esa candidatura tenía un gran prestigio, y fuerzas propias fundadas sobre todo en la gloria militar»²⁵⁷. La agitación plebeya, por lo visto, no había jugado un papel tan determinante ni había alcanzado a pasar a mayores, lo que de alguna manera refrenda la interpretación de Sergio Grez de ser ésta una instancia más de lo que ha denominado una «convocatoria política instrumental», que hacía del pueblo llano no más que «un elemento secundario de la lucha política»²⁵⁸.

Para James Wood, sin embargo, el reconocimiento generalizado por parte de los sectores de élite sobre el papel estratégico del involucramiento plebeyo, y sobre todo el renacer de la antigua alianza pipiolo-artesanal, anunciaban un cambio político más profundo, premonitorio de iniciativas populares más auténticamente independientes²⁵⁹. Algo parecido sugiere el evidente alivio con que el oficialismo celebró la tranquila y «decorosa» conducta (sus propias palabras) observada durante los comicios por «las clases inferiores del pueblo, instigadas y preparadas por los partidos a tomar en esta circunstancia más parte que las que les había cabido antes en otras iguales o análogas»²⁶⁰. Cuando se recuerda la intransigencia con que esa misma opinión había impuesto, a comienzos de la administración Prieto, la total exclusión política de las clases plebeyas, los hechos recién reseñados revelan que los resultados no habían sido precisamente los esperados, como tampoco lo habían sido, según se constató más arriba, en materia de conductas cotidianas u orden social. En definitiva, los «años de plomo» del régimen portaliano no habían producido ni reconversión, ni disciplinamiento, ni desalojo. Y con un nuevo gobierno que presagiaba aires todavía más «aperturistas», el futuro tampoco parecía apuntar en la dirección deseada.

⁹⁸ Una parte del material presentado en este capítulo fue publicado previamente en mi artículo «¿La tendencia de la masa al reposo? El régimen portaliano enfrenta al mundo plebeyo, 1830-1851», Historia, Nº 44, vol. II, julio-diciembre 2011, pp. 401-442. Se agradece a la Dirección Editorial de esa revista por la autorización para incorporar dicho material en este libro. Ver sobre este tema James Wood, The Society of Equality, op. cit., especialmente su capítulo 2. También Sergio Grez, De la «regeneración del pueblo» a la huelga general, op. cit., capítulo IV.

⁹⁹ Ministro del Interior a Corte Suprema de Justicia, 15 de enero de 1831; Corte Suprema de Justicia a Ministro del Interior, 20 de enero de 1831; ambos reproducidos en El Araucano (Santiago), 29 de enero de 1831.

¹⁰⁰ Para las conductas «alborotadoras» de la plebe durante el período tardo-colonial, ver Alejandra Araya, Ociosos, vagabundos y malentretenidos en Chile colonial, Santiago, DIBAM, 1999; Leonardo León, Plebeyos y patricios en Chile colonial, 1750-1772. La gesta innoble, Santiago, Universitaria, 2014; Verónica Undurraga, Los rostros del honor. Normas culturales y estrategias de promoción social en Chile colonial, siglo XVIII, Santiago, Universitaria/DIBAM, 2012; Mario Góngora, «Vagabundaje y sociedad fronteriza en Chile (siglos XVI a XIX)», Cuadernos del Centro de Estudios Socio-económicos, Nº 2, Santiago, 1966, pp. 1-41; Renato Gazmuri, «La élite ante el surgimiento de la plebe. Discurso ilustrado y sujeción social en Santiago de Chile, 1750-1810», tesis inédita de Licenciatura en Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2002.

¹⁰¹ Gabriel Salazar, Construcción de Estado en Chile, op. cit.; Sergio Grez, De la «regeneración del pueblo» a la huelga general, op. cit., capítulo IV.

¹⁰² Sergio Grez, De la «regeneración del pueblo» a la huelga general, op. cit., p. 203.

¹⁰³ Se ha analizado con mayor detenimiento este proceso en Julio Pinto y Verónica Valdivia, ¿Chilenos todos? La construcción social de la nación, op. cit.; especialmente capítulos 3 y 4.

¹⁰⁴ Ver los artículos de María Angélica Illanes y Sergio Grez en Manuel Loyola y Sergio Grez (comps.) Los proyectos nacionales en el pensamiento político y social chileno del siglo XIX, op. cit.

¹⁰⁵ El Araucano (Santiago), 27 de noviembre, 1830.

¹⁰⁶ El Mercurio, (Valparaíso), 10 de noviembre, 1830.

¹⁰⁷ Gabriel Salazar, Construcción de Estado en Chile, op. cit., particularmente el capítulo VII.1.

¹⁰⁸ El Araucano, (Santiago), 4 de diciembre, 1830.

¹⁰⁹ El Araucano (Santiago), 2 de julio, 1831.

¹¹⁰ El Araucano (Santiago), 9 de julio, 1831.

¹¹¹ Diego Barros Arana, Historia general de Chile, tomo XVI, p. 218.

¹¹² Las actas de la «Gran Convención» constituyente han sido publicadas en el tomo XXI de las Sesiones de los Cuerpos Legislativos de la República de Chile, 1811-1845, editadas por Valentín Letelier entre los años 1887 y 1908, Santiago, Imprenta Cervantes. Las frases citadas corresponden a la sesión de 24 de octubre de 1831, y aparecen en las pp. 10-12 del tomo indicado.

¹¹³ El Araucano (Santiago), 25 de mayo, 1833.

¹¹⁴ El Araucano (Santiago), 1º de junio, 1833.

¹¹⁵ «Memoria que el Ministro de Estado en el Departamento de lo Interior presenta al Congreso Nacional, año de 1834», en Sesiones de los Cuerpos Legislativos, tomo XXII, Cámara de Diputados 1833-1834, Santiago, Imprenta Cervantes, 1901; p. 17.

¹¹⁶ El Araucano (Santiago), 22 de julio, 1836.

¹¹⁷ Para un análisis exhaustivo del pensamiento de esta corriente «liberal-conservadora» en el caso francés, ver Pierre Rosanvallon, Le moment Guizot, París, Gallimard, 1985; y también Biancamaria Fontana, Benjamin Constant and the Post-Revolutionary Mind, New Haven, Yale University Press, 1991. Para el caso chileno, ver Ana María Stuven, «Una aproximación a la cultura política de la élite chilena: Concepto y valoración del orden social (1830-1860), Estudios Públicos, 66, 1997; y sobre todo su libro La seducción de un orden, op. cit.; también Alfredo Jocelyn-Holt, La independencia de Chile. Tradición, modernización y mito, Madrid, MAPFRE, 1992; y Simon Collier, Chile: The Making of a Republic, op. cit.

¹¹⁸ Para el fenómeno de los Pincheira, ver Ana María Contador, Los Pincheira: un caso de bandidaje social, op. cit.; y Carla Manara, «Revolución y accionar guerrillero en las fronteras andinas del sur», op. cit.

¹¹⁹ Ramón Sotomayor Valdés, Historia de Chile bajo el gobierno del General don Joaquín Prieto, 4 vols., 3ª edición, Santiago, Fondo Histórico Presidente Joaquín Prieto, 1962-1980; tomo I, p. 147; Diego Barros Arana, Historia general de Chile, tomo XVI, p. 85.

¹²⁰ Epistolario de Portales, 2ª edición a cargo de Carmen Fariña, dos tomos, Universidad Diego Portales, 2007; Portales a Garfias, Valparaíso, 21 de enero, 1832, tomo I, p. 178.

¹²¹ El Araucano (Santiago), 28 de enero, 1832.

¹²² El Mercurio (Valparaíso), 21 de enero, 1832.

¹²³ Sesiones de los Cuerpos Legislativos, tomo XIX, Cámara de Senadores, 1831-1832, Oficio del Presidente Prieto a la Cámara de 3 de agosto de 1832, p. 394.

¹²⁴ El Mercurio (Valparaíso), 21 de enero, 1832.

¹²⁵ Benjamín Vicuña Mackenna, La guerra a muerte, edición original Santiago, Imprenta Nacional, 1868.

¹²⁶ El Araucano (Santiago), 21 de enero, 1832.

¹²⁷ James Wood, The Society of Equality, op. cit., p. 107.

¹²⁸ Ver a este respecto Alejandra Araya, Ociosos, vagabundos y malentretenidos en Chile colonial, op. cit.

¹²⁹ El Araucano (Santiago), 2 de octubre, 1830.

¹³⁰ El Araucano (Santiago), 23 de octubre, 1830.

¹³¹ Boletín de las Leyes, Órdenes y Decretos del Gobierno (citado en adelante como BLODG), Libro Quinto, N° 1, Decreto del Ministerio del Interior de 8 de junio de 1830; p. 10.