Kitabı oxu: «La sal y el Estado colombiano»

Cambio y comunidad en La Salina

En último análisis, el gobierno republicano, por su naturaleza al ménos no es un ente distinto de la sociedad, ni destructor como a veces sucesde en otras formas políticas, de la fortuna I la libertad de los ciudadanos: e un mera organizacion que tiene por objeto hacer en comun de un modo arreglado I económico, ciertos consumes imprescindibles para los indiviuos particulares, un medio de satisfacer major ciertas necesidades inherentes a la naturaleza humana en todos los estados posibles de la sociedad.

SALVADOR CAMACHO ROLDÁN, Memoria de Hacienda y Fomento de 1871, vii

Las personas producían sal en el lugar que se convertiría en La Salina de Chita mucho antes de que los españoles llegaran y le dieran al pueblo este nombre. Los habitantes precolombinos eran los Lache, un grupo indígena que formaba parte del sistema de gobierno llamado la Confederación del Cocuy. Aunque se conoce relativamente poco sobre estos pobladores, relacionados con los muiscas hablantes de chibcha situados en el occidente, se sabe que ellos impresionaron a los españoles del siglo XVI por considerarlos como uno de los grupos indígenas menos civilizados de la región.1

Las descripciones de los Lache se centraron en su aceptación grupal de la homosexualidad, en una aparente adoración de las sombras y las rocas, y en su participación en el ritual llamado “muma”, que consistía, supuestamente, en golpearse los unos a los otros.2 La sal era uno de los pocos productos con los que los Lache3 comerciaban. El comercio de la sal en las zonas montañosas colombianas durante la conquista española tuvo cierta importancia, aunque el papel protagónico en esta obra de teatro fue ocupado por la sal extraída de Zipaquirá. Entre 1536 y 1537, se llevó a cabo la expedición liderada por el conquistador Jiménez de Quesada, quien, mientras transitaba por el Magdalena, se encontró con comerciantes provenientes de la montaña que tenían dos tortas de sal de Zipaquirá.4 Los españoles reconocieron esta sal como un signo de una cultura más sofisticada en relación con aquellas que se habían hallado en el valle del Magdalena y, por extensión, una sociedad que merecía la pena de ser conquistada. Quesada dejó el valle y siguió la ruta del comercio de la sal, regresando a las tierras cordilleranas que más tarde serían el corazón del virreinato de la Nueva Granada.

Con el tiempo, La Salina se incorporó a ese mundo. Inicialmente, los españoles bautizaron al pueblo como “el pueblo de la sal”. Más tarde, cuando lo incorporaron a la encomienda de Chita, el nombre fue modificado a La Salina de Chita.5 Como súbditos de la Corona española, los habitantes indígenas de La Salina pagaban parte de su tributo real en sal.6 Aparentemente, esta obligación no era una carga excesiva. Las listas de los tributos del siglo XVII documentan un pequeño, pero notorio, incremento en la población local, de 51 hogares en 1602 a 58 en 1636 y a 77 en 1690.7 Este crecimiento moderado muestra cómo la sal estableció que la historia de La Salina se apartara de las tendencias generales en Colombia y a lo largo de América, donde el colapso de la población indígena fue casi universal. La fabricación de la sal le permitió a La Salina retener a su población, debido a que la residencia legal como indios incluía el acceso a la producción de sal.8

Existen pocos indicios de que la Corona hubiera buscado algún tipo de intervención o control sobre la elaboración de la sal en el siglo XVII, aunque un funcionario mencionó la vertiente que era usada para hacer la sal que los comerciantes vendían en Pamplona.9 Hay dos referencias a La Salina en el archivo de ese siglo. Las dos registran disputas entre el encomendero y los pobladores indígenas.10 El Gobierno real permaneció como una fuerza distante hasta cuando las reformas Borbónicas del siglo XVIII, que rehicieron la relación entre los gobernantes y los gobernados a lo largo de la América Hispánica, establecieron un contacto más próximo entre La Salina y el Estado colonial.

Las reformas comenzaron en la Nueva Granada con el primer intento por establecer un nuevo virreinato en 1723, aunque la medida solo tuvo cierto éxito hasta 1739. Transcurrirían algunas décadas para que se reformaran la tributación y la tenencia corporativa de la tierra y para así dar comienzo a ciertas transformaciones en la vida de la Nueva Granada.11 En la cordillera Oriental, el mayor impacto resultó de la implementación de los monopolios, incluido el de la sal, y la reorganización de la alcabala.12 En las tres décadas posteriores a la introducción de esos impuestos, el monopolio del tabaco era la renta más lucrativa del tesoro real, seguido de la alcabala, los aranceles de aduana y el monopolio sobre el estanco de aguardiente.13

Los registros del siglo XVIII muestran un contacto creciente entre los residentes de La Salina y los representantes del Estado colonial, aunque a menudo la evidencia proviene de denuncias de abusos cometidos por parte de los vecinos a los indios locales o indígenas.14 En 1774, los indios de La Salina elevaron una demanda en contra de Salvador García por abigeato. Cuatro años más tarde, José María Campuzano y Lanza, un corregidor de Tunja, informó: “Que por cuanto en la declaracion tomada a los naturales de aquel pueblo resultaba que Don Manuel Guarín, administrador o superintendente de la Salina que se hallaba en aquel pueblo causaba grandes extorsiones a los indios y los maltrataba con azotes y golpes”.15 Guarín fue destituido de La Salina y se le ordenó pagar los daños. Sin embargo, Campuzano no estaba ahí para proteger a la comunidad indígena de La Salina, sino para desalojarla. Él era uno de los funcionarios de la Corona encargados de apartarlos de sus resguardos para que otros reclamaran la tierra y le dieran un mejor uso. Los intentos previos a estos desalojos fueron tentativos, e involucraron a menos de una docena de comunidades. Pero, en la década de 1770, bajo el mando del virrey Francisco Antonio Moreno y Escandón, la campaña se volvió incisiva: se desalojaron 60 comunidades que fueron reasentadas en tan solo 27 resguardos.16 La población indígena de La Salina se disminuyó, lo que la convirtió en un blanco obvio para la reubicación, sobre todo porque el pueblo tenía una población de 302 personas no indígenas.17

Una vez desalojados de sus tierras, los 153 indígenas legalmente reconocidos que vivían en La Salina fueron trasladados al resguardo vecino de Chita. Campuzano describió ese evento, revelando que, en el proceso de los dos siglos posteriores a la conquista, aún perduraban algunos elementos de la cultura Lache:

Y por cuanto tiempo de la formación de la lista se presenciarón al señor juez porción de indios, mozos, reservados por quebraduras en el vientre dimanados de los terribles golpes que se dan en el brutal, gentilicio y supersticioso juego que en sus festividades usan con el nombre de la Muma, prohibe y extingue para en lo sucesivo tan pernicioso abuso, imponiendo como impone a los contraventores la pena de cien azotes y quince dias de prisión.18

Los informes sobre el reasentamiento no contienen referencias a la elaboración de sal o a las vertientes. Campuzano afirmaba que el resguardo valía menos que otros en la región, a lo sumo 1200 pesos, precio que incluía el derecho a explotar las vertientes. Al final, la comunidad vecinal solo pagó 1000 pesos por el resguardo y los privilegios de administrarlo. Este era un precio impresionantemente bajo, si se parte de la base de una industria que produciría más beneficios que cualquiera otra en el oriente de Boyacá durante el siguiente siglo, pero los herederos de estos vecinos compradores no pudieron reclamar gran parte de esa riqueza. El control colectivo de la producción de la sal sería efímero.

Campuzano reconoció que la comunidad indígena estaba poco dispuesta a dejar sus viviendas, pero

y sin embargo de la natural repugnancia que interiormente tendrán de dejar su pueblo, donde les resulten mayores utilidades, en lo espiritual y temporal, pues su mayor bien no consiste en complacerles en lo que por capricho apetecen, sino en obligarlos a lo que según razón y justicia les es más provechoso y de menos gravamen a la Real Hacienda, no siendo justo que se pensione en pagar estipendio a un doctrinero y edificar iglesia, como allí se necesita, por tan corto número de indios.19

Amaya Roldán, un cura párroco e historiador local de Chita, tiene una perspectiva diferente:

A los indios se les repartieron tierras en los resguardos [de Chita], pero tan pocas e insuficientes, que a la vuelta de algunos meses, apremiados por la necesidad y la nostalgia, se volvieron a la Salina, pero ya los blancos estaban en posesión de ella y no los dejaron entrar. Resignados los naturales con la suerte que les cabía, se retiraron a las inmediaciones de la Salina, por los lados de Rudigoque, en donde para no morir de hambre, se dedicaron a la fabricación de “cacharros” que vendían a los blancos para la elaboración de la sal.20

No es claro por qué la población indígena de La Salina disminuyó en el siglo XVIII después de su lento crecimiento en el siglo XVII, aunque el declive puede estar vinculado al crecimiento de la población vecina y al aumento del proceso de mestizaje iniciado en la cordillera Oriental. En un artículo sobre el resguardo de Chita durante las postrimerías del siglo XVIII, Alba Luz Bonilla de Pico documentó la naturaleza multifacética de los asentamientos de los vecinos en un pueblo indígena legalmente reconocido.21 A pesar de que esta dinámica podría haber funcionado de distinta manera en La Salina, las mismas fuerzas caóticas estaban en juego. La Salina había dejado de ser un pueblo de indios antes del desalojo de la comunidad indígena en 1778, pero con ese reasentamiento se formalizó legalmente la transformación, y los vecinos obtuvieron el control sobre las tierras del antiguo resguardo. Los vecinos mantendrían el control sobre la elaboración de la sal solo durante dos generaciones, antes de que también ellos fueran dejados de lado.

Los reasentamientos fueron parte de un programa más vasto de reformas que afectaron la sociedad durante el Virreinato y establecieron las estructuras que respaldaron la política fiscal republicana. En el momento de su implementación, la reacción en contra de los nuevos aranceles destinados al comercio y a los monopolios resultó ser muy explosiva. En 1781, en la provincia de Socorro, las protestas en contra del monopolio sobre el licor y las nuevas medidas para controlar la producción de tabaco derivaron en una serie de revueltas que para mediados de ese año se convirtieron en un único movimiento: la rebelión de los comuneros.22 Vista desde una perspectiva continental, esta rebelión se vio opacada por los eventos cercanos y simultáneos de las rebeliones de Tupac Amaru y Tupac Katari en el virreinato del Perú, que fueron más grandes, más destructivas y más amenazantes tanto para el control español como para los fundamentos del orden social de la América Hispánica. Pero la rebelión de los comuneros también fue un gran desafío y sus fuerzas fueron incontenibles en Colombia. En la medida en que la revuelta se extendió a las afueras de Socorro, alcanzando otras regiones, los rebeldes elaboraron sus protestas en contra del monopolio del tabaco. Entre la amplia lista de condiciones que los rebeldes circularon había un llamado a la abolición de otros monopolios y a que se les devolvieran los resguardos a las comunidades indígenas desposeídas.23

Finalmente, los comuneros desplegaron un ejército de 20 000 personas: 10 000 provenientes de Socorro y de las otras provincias del actual Santander, 6000 aliados de Boyacá y 4000 indios. Inicialmente, el Gobierno solo pudo reunir a una pequeña fuerza opositora, que fue derrotada por los comuneros en Vélez. Después de esta victoria, los comuneros marcharon hacia Bogotá, sin ninguna oposición. Como casi cualquier ejército que se dirigiera a Bogotá desde Santander o Boyacá, ellos siguieron la ruta que atravesaba Zipaquirá. Los rebeldes acamparon allí, disfrutando de los recursos de las salinas y de la expectativa de una breve marcha sobre el terreno del altiplano hacia la capital indefensa. Luego, con el dominio sobre Bogotá, los líderes pusieron fin a la campaña. Una de las razones fue que el arzobispo de Bogotá, Antonio Caballero y Góngora, había capitulado ante una lista de demandas por parte de los rebeldes. Otra de las razones fue que los líderes de los comuneros temían los disturbios y la inestabilidad social que se habían desatado, así como los inevitables ajustes de cuentas que sobrevendrían. El momento de crisis pasó, aunque no sin algunos conflictos residuales. En 1772, el arzobispo fue designado virrey de la Nueva Granada. Aunque él garantizó un perdón general, sus promesas de satisfacer las demandas de los rebeldes finalmente resultaron vacías. Los resguardos nunca retornaron a los pobladores originarios, y Caballero y Góngora restableció los monopolios y los aranceles que motivaron la protesta, sin contar con una oposición seria. No es claro cómo la rebelión afectó a La Salina. Las listas de oficiales del ejército de los comuneros mencionaron a un capitán de La Salina y a otro de Chita, para señalar que los pobladores regionales se habían unido al ejército.24 Pese a que los intereses de la gente de La Salina y sus alrededores podían haber estado ligados a las reivindicaciones de los comuneros, en particular aquellos que involucraban a los ejidos y otros aranceles, los combates tuvieron lugar en el otro lado de Boyacá.

Después de la rebelión, las Reformas borbónicas continuaron reconstruyendo la vida en La Salina. Asumiendo un papel más activo en el control de la producción de la sal en relación con el que tenía antes de 1781, el Tesoro Real aplicó un tributo de un peso sobre cada carga (10 arrobas o 125 kilogramos) de la sal vendida.25 En torno de esta práctica, las arcas reales implementaron lo que más tarde se llamaría el “antiguo sistema”. En este acuerdo, Laso de Vega sirvió como el arrendador, recaudando el impuesto y supervisando otros asuntos.26 Los cosecheros producían sal de manera independiente y, de manera significativa, mantenían el libre acceso a todos los recursos necesarios para la producción. El sistema de producción era, en esencia, el descrito por Caicedo en 1806, aunque se habían tomado los primeros pasos encaminados a la administración estatal directa. El impacto de estas transformaciones se hizo evidente en la primera década del siglo XIX. En uno de los casos, los vecinos de La Salina contrataron a Nicolás Llanos para representar sus intereses. Entre sus esfuerzos por representarlos estaba la petición de elevar a La Salina al estatus de una parroquia independiente.27

Ignacio Caicedo asumió su cargo como el administrador del tesoro en 1804. Él había trabajado en Zipaquirá y se le ordenó que informara sobre las condiciones en La Salina. Además, conocía las propuestas de Humboldt para mejorar las condiciones en las grandes salinas. Sin duda, Caicedo estaba pensando en la compleja organización de Zipaquirá y las necesidades de mejoras estructurales en la medida en que consideraba rústica la naturaleza de La Salina. Su correspondencia documentaba los trabajos de la industria y catalogaba una serie de medidas que consideraba necesarias para mejorar la administración de las salinas.28 Además de proponer el muro, Caicedo pidió más guardias: explicó que el administrador no podía dirigir las ventas y, además, asegurar el control sobre toda la sal producida. Como en la mayoría de las propuestas, la solución sugerida en términos de más vigilancia era una extensión de la presencia burocrática del Estado. Como de costumbre, él también adujo que el costo de emplear más guardias redundaría en el aumento de ganancias para las arcas del tesoro.

Caicedo fue el primero en registrar la pobreza local y en vincularla con la producción de sal. Él adujo que la mayoría de los habitantes de La Salina eran pobres y sufrían en el invierno, cuando la industria decaía. También señaló algunos problemas derivados de los nuevos forasteros recién llegados que buscaban la repartición de los recursos para producir sal. Finalmente, mencionó que la corrupción era un problema de la administración, aunque no proporcionó detalles al respecto. Cada uno de estos aspectos serían destacados en la correspondencia emitida desde La Salina durante el siguiente siglo. Prácticamente, cada funcionario nacional que trabajaba en el pueblo contribuía a una letanía inagotable de quejas sobre el estado del muro, la pobreza local, la necesidad de más vigilancia, el fraude y los problemas con la gente que provenía de afuera. Los comentarios de Caicedo fueron únicos solo por su novedad, mientras que aquellos de sus sucesores republicanos fueron reiterativos.

La historia de La Salina y del monopolio de la sal quedó semioculta durante la etapa de la Independencia. Antonio Nariño, el heraldo de la independencia colombiana, incluyó la convocatoria de una reforma fiscal que, en teoría, podría haber afectado el monopolio de la sal antes de las guerras de independencia, pero este punto quedó a un lado por las narrativas heroicas del patriotismo y la batalla.29 Poco después de que Caicedo hiciera su bosquejo sobre La Salina, España se adentró en una crisis política que introdujo algunos de los más grandes cambios al Imperio desde su creación en las décadas posteriores a la llegada de Colón a América. Existen muy pocos registros sobre La Salina durante la época de la Independencia. Su única posible notoriedad se deriva de la historia que dice que Bolívar consideró usarla como una ruta cuando planeaba la campaña de los llanos al altiplano en 1819.30 Sin embargo, debido a que el pueblo estaba ocupado por las fuerzas realistas, Bolívar optó por pasar por los valles de Pisba y Tasco, otros dos corredores que unían los llanos con la cordillera.31 Esta campaña culminó en la Batalla de Boyacá, un triunfo que le dio a los patriotas el control sobre Venezuela y Colombia, y preparó el escenario para el Congreso de Angostura en 1819.

En este punto, la incipiente política fiscal de la nueva nación vacilaba entre los esfuerzos por abolir los ingresos coloniales, tales como los tributos pagados por los indios, y retraerse de este tipo de reformas ambiciosas. En 1819, Alejandro Osorio escribió un informe, una temprana Memoria de Hacienda, que describía el precario estado de las finanzas gubernamentales. La principal característica de este sistema era la voluntad de explotar cualquier fuente de ingresos, lo que Osorio justificaba explicando que Bolívar había determinado que, si bien las personas luchaban por su libertad, no podían permitirse abolir los impuestos existentes o pretender el disfrute de todos los beneficios de esa libertad.32 Su informe tocaba la organización del monopolio de la sal e incluía una descripción halagadora de la reorganización de Zipaquirá por parte de Bolívar y la exoneración de La Salina de cualquier contribución especial, con la mira de promover el desarrollo que se había visto afectado bajo el dominio español.33 Este era un pequeño gesto que reconocía las necesidades de la comunidad sobre la urgencia fiscal inmediata del Gobierno. Ningún régimen posterior hizo tal gesto. La única referencia a los efectos de esas medidas fue una nota sobre la reorganización de Zipaquirá bajo la administración de Cristóbal Vergara, que registraba un aumento en las ganancias mensuales de alrededor de 5000 pesos a 16 000 pesos.34

Al año siguiente, los delegados se reunieron en el Congreso de Cúcuta y aprobaron La Ley Fundamental de Colombia que establecía la nueva nación. La organización del Ministerio de Hacienda fue una parte importante de este proceso.35 El notable patriota y el primer vicepresidente José María del Castillo y Rada estableció y dirigió la Hacienda. En su informe inaugural de 1823, este vicepresidente hizo una evaluación sombría de la renta de la sal: “En el ramo de salinas existe una grande oscuridad; todavía no consta en la secretaria de mi departamento el modo con que se administra ó maneja en todas las provincias de la república. Hay proyectos aislados, y pretensiones de elaborar nuevas salinas. En estas materias, como casi en todas las de hacienda, nada puede hacerse acertadamente en detalle”.36

Esta confusión no evitó las nuevas propuestas centradas en la sal. En 1823, el Congreso buscó sin éxito arrendarle las Salinas de Zipaquirá a un contratista privado como medio para pagar la deuda externa de la naciente nación.37 Ese año el Congreso pasó una legislación que reivindicaba el mismo control sobre la sal que había detentado su predecesor colonial, una reivindicación que se materializó en La Salina. Por primera vez, hubo referencias a una dependencia donde los administradores supervisaban la venta de la sal. Sin embargo, los habitantes, a quienes se les pagaba dos pesos por cada carga de sal que les entregaban a los funcionarios del Ministerio, mantuvieron el control sobre la producción diaria.38 El compromiso en el centro del antiguo sistema perduró, aunque surgieron propuestas en el sentido de que el ministerio también debería asumir el control sobre la producción.39

El primer administrador republicano registrado fue Pedro Ignacio Valderrama, un terrateniente local y el habitante más acaudalado del pueblo. En la correspondencia enviada en 1825, Valderrama planteaba argumentos en contra de la propuesta de que el Ministerio asumiera el control sobre la producción de sal, explicando que los habitantes no aceptarían que los precios establecidos para la leña y la loza se fijaran en Bogotá.40 Si Valderrama era precavido en sus predicciones, era porque se estaba anticipando a lo que sus clientes y él harían para defender el control que tenían sobre estas industrias de suministro en caso de que el ministerio ejerciera un control directo sobre la producción. Su propuesta alternativa, que fue ignorada, consistía en que el Ministerio le diera al administrador, es decir al propio Valderrama, más dinero en efectivo para comprar y vender sal a los precios del mercado. Valderrama fue destituido de su puesto en 1826, como parte del esfuerzo por encontrar empresarios que firmaran contratos de alquiler por diez años, aunque, probablemente, su clara determinación en mantener la primacía local contribuyó a este cambio. Él continuó siendo una figura importante en La Salina, pues durante los siguientes años dominó la producción de cerámica y de madera. El Ministerio esperaba que, al tener empresarios con alquileres de diez años, se podría fomentar una producción orientada al mercado y se allanaría el camino para la abolición definitiva del monopolio.

Al arrendador le tomó dos años llegar a la Salina. En 1828, Antonio Malo, una poderosa figura de Tunja con vínculos políticos nacionales, firmó un contrato con la Hacienda.41 Los planes de Malo le hicieron eco a Caicedo y se anticiparon a los cambios durante las dos décadas siguientes. Mientras Valderrama había intentado mantener La Salina aislada y bajo su control personal, Malo impulsó e incrementó la infraestructura institucional y buscó ampliar el perfil del pueblo dentro la red fiscal nacional. Tuvo algunos éxitos, pero no pudo alterar quién controlaba la producción de la sal. El Ministerio negó el permiso para algunas de sus mejoras, aduciendo que una mayor producción de sal por parte de La Salina podría interferir en el mercado legalmente protegido de Zipaquirá.42 Durante ese mismo periodo, el Ministerio buscó ejercer un mayor control sobre el mercado de la sal, mediante la reintroducción de la práctica colonial de emitir guías para los compradores de sal. Las guías pretendían reducir el contrabando y contribuir al control regional de la distribución por parte de los funcionarios, un punto importante en La Salina, en donde el suministro de sal para las fincas de Casanare era una prioridad.43 El contrato de alquiler de Melo se cumplió por un periodo de ocho años, que abarcaron la disolución de la Gran Colombia, la dictadura de Bolívar y la creación de la República de la Nueva Granada.

Es evidente que las continuidades inherentes a la agitación política y a la administración de la sal tuvieron poco impacto sobre el monopolio, que se vio aislado de las vicisitudes políticas por el sistema de alquiler. El 22 de abril de 1836, el último año del periodo del presidente Santander, el Congreso pasó una ley que incrementó la autoridad de la Hacienda sobre la producción de la sal. Bajo su administración directa, un elaborador se hizo cargo de la producción en lugar de un arrendador, y vendió la sal a la administración a un precio fijado por un contrato, que luego vendió la sal al público bajo un precio establecido en Bogotá.44 Legalmente, había una diferencia significativa entre la producción con un arrendador y la producción con un elaborador. Un contrato de alquiler estipulaba que un arrendador pagaba un precio establecido mensualmente a la Hacienda y a menudo establecía límites a la producción, de tal manera que, teóricamente, los inquilinos más exitosos tendrían límites sobre sus posibles ganancias. Más aún, la Hacienda no se involucró en la producción y sus vigilantes no fueron acusados de erradicar el contrabando.45 El nuevo sistema estipulaba niveles de producción con multas por no cumplir con los niveles mínimos, y con bonificaciones por producir por encima de ciertos niveles. En La Salina 125 000 kilogramos al mes eran la producción estándar más frecuente estipulada en el contrato.46 La Hacienda usaba elaboradores cuando tenía la capacidad o la inclinación de verse directamente involucrada en los asuntos cotidianos, cuando el Estado institucional se sentía energético y expansivo. El Ministerio buscaba un inquilino cuando no podía administrar las obras o cuando las políticas de la época requerían que el Gobierno nacional redujera su presencia. El establecimiento de una administración directa en 1836 indicó que el Estado de la Nueva Granada había juzgado necesario, apropiado y factible un contacto cercano con La Salina.

Una institución local

La administración directa moldeó la vida en La Salina. Aunque tomó tiempo poner en funcionamiento todo el aparato institucional, los principales elementos se instalaron en 1836. El contrato de alquiler expiró en la medianoche del 9 de junio.47 Ignacio Morales, un bogotano acaudalado, quien ya estaba subcontratado por Antonio Malo, fue el primer elaborador de La Salina.48 A las seis de la mañana del 10 de junio, Vicente Azuenaga, representante del Gobierno Supremo; Antonio Pompeyo, actuando en nombre de Morales; el alcalde, Justo Olguín, y otro número de personas se reunieron en una ceremonia pública que determinaba la asunción del control de la Hacienda.49 El personal administrativo, que consistía en un administrador que dirigía la oficina y un almacenista que supervisaba las ventas públicas y recibía la sal, comenzó a trabajar el 14 de junio.50

Los administradores y los guardias recibían sus salarios y un porcentaje de los beneficios obtenidos por la venta de la sal. Los hombres que detentaban estos puestos establecieron fianzas para protegerse de la corrupción cuando asumieran sus cargos, siendo el administrador quien pagaba y ganaba más.51 Dadas estas condiciones, los objetivos y las funciones de los empleados de la Hacienda diferían muy poco de las de los elaboradores, aunque esta semejanza y los posibles conflictos de interés entre los empleados se evidenciaban muy poco en la correspondencia oficial. Los puestos en la administración eran asumidos por personas que podían aportar un depósito; estos, a menudo, eran individuos que habían trabajado en Zipaquirá o habían servido en el ejército. Para obtener ese tipo de puestos, también era importante que la persona contara con conexiones influyentes que respondieran por su condición patriótica y moral.52 Este sistema exacerbaba las tensiones locales en la medida en que las citas del Ministerio pasaban por alto las redes de influencia y oportunidad que se movían en la cordillera Oriental. Unos pocos hombres de La Salina o de la región circundante tenían el patrimonio o las conexiones para detentar las posiciones más importantes después de 1836.

La novedad de la administración directa y su aplicación concreta en La Salina se hizo patente en una de las primeras tareas emprendidas por la administración: la planificación de la construcción de un depósito para almacenar la sal. Aunque existían problemas con el almacenamiento de la sal antes de la administración directa, después de junio de 1836 los empleados manifestaron su sorpresa cuando supieron que se requerían cerca de seis edificios para almacenar la sal y, más aún, que los propietarios locales se mostraban reacios a alquilarlos debido a que temían no recibir compensaciones por la corrosión que generaba la sal.53 El primer elaborador se quejaba de que los empleados de la administración acosaban a los residentes en su afán por garantizar el espacio. Su reclamo iba al punto de aseverar que los empleados expulsaban a los “ciudadanos” de sus casas, y especulaba con dramatismo que el paso siguiente sería que la administración convertiría las iglesias en depósitos de sal.54

Cuando el alquiler de un edificio para el almacén resultaba complicado, el Ministerio recurría a construirlo, edificando el Estado de forma literal. Algunos planos de 1839 ilustran un gran edificio con varios cuartos en torno de un patio: tres depósitos (dos de ellos medían once por seis metros y, el otro, dieciséis por seis y medio metros), un cuarto para las ventas, otro para los guardias y una forja. El plano también preveía calles pavimentadas alrededor de la edificación y un alojamiento para los compradores de fuera del pueblo.55 Nunca se construyó algo de esta naturaleza. El almacén, así como el resto de la infraestructura en La Salina, a menudo estaba en malas condiciones.56 A veces era tal su deterioro que corría el riesgo de venirse abajo, y en una ocasión una buena parte colapsó.57 En otra ocasión, el edificio estaba tan destruido que, según los empleados, la gente se robaba la sal directamente de los depósitos.58 Otro funcionario señalaba que el depósito dejaba filtrar la lluvia, y objetaba que se los considerara almacenes.59

La otra expresión de la administración directa del Estado era el piquete –un grupo pequeño de soldados– del resguardo. Varias unidades de guardias fueron encargadas de proteger la integridad de las rentas del Ministerio de Finanzas en el inicio de la República, hecho que recuerda que la misión de reivindicar el monopolio sobre el uso de la fuerza coincidió con los triunfos económicos inmediatos. En los días que siguieron a la Independencia, las Salinas eran vigiladas por una única unidad asentada en Zipaquirá. Estos hombres estaban encargados de patrullar la sal y su producción en Cundinamarca y Boyacá, lo que significaba una tarea casi imposible.60 En 1845, como respuesta al aumento de importancia de La Salina, la Hacienda estableció el “piquete de resguardo de las Salinas de Boyacá”, que operaba bajo el mando de la Junta de Hacienda de Boyacá. Estos guardias tenían el encargo de garantizar la seguridad de los caminos locales y de los puentes, para proteger y prevenir el ingreso al pueblo de los contrabandistas o de los delincuentes y para actuar como una fuerza de seguridad que servía para múltiples propósitos. A veces, los guardias también cercaban los pequeños manantiales para prevenir su explotación ilegal.61 Durante las dos décadas siguientes, los administradores respaldaron la solicitud de más guardias realizada por Caicedo en 1806. Para finales de la década de 1840, más de una docena de guardias fue asignada a la unidad de Boyacá.62 Para la década de 1860, después de veinte años de disturbios durante los cuales las salinas se convirtieron en notorios objetivos militares, el Gobierno comenzó a establecer tropas regulares en La Salina. Simultáneamente, la Hacienda expandió la unidad de vigilancia hasta tener más de 20 hombres. Desde ese momento, el número de guardias rara vez decayó por debajo de 20.63

Al igual que con cualquier otro elemento de la presencia del Ministerio, los guardias traían consigo problemas específicos. Por ejemplo, la unidad operaba bajo una estructura de mando autónoma. Los tenientes asignados a La Salina se reportaban directamente con su comandante, quien a veces estaba en La Salina y otras en Sogamoso o Santa Rosa, debilitando la autoridad del administrador.64 Otros problemas se desprendían de la composición de las unidades y del eterno dilema de no saber si contratar a los habitantes regionales como guardias, pues los oficiales opinaban que estos serían más proclives a participar en actividades de contrabando y de usura, que aquellos que provenían de afuera.65 Muchos de los informes sobre el piquete se originaban en sus fallas o defectos –informes en el sentido de que estaban cumpliendo con su deber, siendo innecesarios–, de tal forma que la impresión que se tiene es la de un grupo de hombres armados pobremente que eran mal pagos y que cargaban con una tarea difícil e impopular.66 Frecuentemente, había quejas sobre los guardias por estar bebiendo, robando e involucrándose en prácticas de contrabando.67 Algunas veces, estas faltas derivaban en destituciones. De manera más infrecuente, pero notoria, se reportaban crímenes que no tenían nada que ver con la industria de la sal. Estos iban desde asaltar o atacar a los lugareños, hasta violaciones sexuales y asesinatos.68 Por lo que puedo deducir, los habitantes rechazaban a los guardias y algunas veces actuaban en consecuencia. En un caso, un guardia fue asesinado.69

La mediación entre los lugareños y los guardias era difícil. Un administrador informó que había tenido que ordenarles a los guardias que durmieran en la fábrica, en parte para garantizar la seguridad del edificio, pero también para protegerlos del odio de los habitantes. Uno de ellos respondió que no era “tan pendejo” como para obedecer esa orden y se fue.70 Otros informes describen las peleas entre los guardias.71 El piquete era un arma de doble filo para el Ministerio: contribuía a la atmósfera extendida de inestabilidad alrededor del pueblo, pero, como cualquier otro elemento de la industria, era visto, simbólica y prácticamente, como algo indispensable para el negocio de controlar la producción y el comercio de la sal. Los manantiales debían ser cercados, la venta de la sal debía ser controlada por los empleados del Ministerio y la mayoría de la zona debería ser vigilada y resguardada por agentes armados del Estado.

Al tiempo con la gente que asumió puestos formales en el Ministerio, llegó otro grupo importante: los empresarios que sucedieron a Antonio Malo. Los que sobresalieron más, aunque no fueran los más comunes y corrientes, eran los Espinosa. Tanto Bonifacio Espinosa como su hijo Honorato Espinosa eran contratistas de La Salina. Los otros hijos de Bonifacio también trabajaban en La Salina y uno de ellos, Bernardo Espinosa, tenía un cargo en el Ministerio de Finanzas y publicaba un periódico en Bogotá.72 En un marcado contraste con los otros elaboradores que estuvieron en La Salina, pareciera que los Espinosa nunca habían arrendado o habían sido propietarios de las tierras boscosas alrededor del pueblo, lo cual era un elemento fundamental para aprovecharse de los beneficios de un contrato. Al trabajar sin tener un control sobre estos bosques, los Espinosa usaron sus contactos, su experticia y su crueldad para alcanzar el nivel de éxito que solo unos pocos lograron en La Salina.

Bonifacio Espinosa llegó a La Salina con un contrato para regular el correo entre La Salina y El Cocuy tan pronto comenzó la administración directa, en 1836.73 Él también trabajó en el almacén en 1836 y 1837 hasta ser reemplazado por Juan Nepomuceno Solano, cuya propia carrera incluyó escandalosas y creíbles acusaciones de corrupción y cargos por haberse fugado con dineros públicos durante la Rebelión.74 Después de esto, Espinosa desapareció durante un largo tiempo de los informes de La Salina hasta 1845, cuando asumió un contrato de producción. En 1847, el Ministerio de Finanzas garantizó una extensión de su contrato, que debía durar hasta 1852, aunque este fue revocado en 1850.

Parte del problema parece haber sido la manera en la que Espinosa trataba a las personas. En 1846, el administrador escribió que, aunque Espinosa administraba bien a sus trabajadores, él nunca respondía a las consultas de la administración.75 Los dos años siguientes se inundaron de anotaciones parecidas: Espinosa no cumplía con sus obligaciones contractuales de poner en funcionamiento los manantiales inactivos o de llevar a cabo arreglos menores; les daba instrucciones a sus trabajadores para que llevaran la sal al almacén, pero no ayudaba a trasladarla al depósito después del pesaje; e incumplió el pago de un préstamo por 6000 pesos.76 En 1847, el cabildo escribió y comunicó una serie de reclamos, insistiendo en que los incumplimientos de Espinosa en los pagos por la madera podrían llevar a que los trabajadores se fueran del pueblo.77 Dos años más tarde, el administrador informó que Espinosa aún no había pagado los 6000 pesos que adeudaba por el préstamo, que la sal que producía era de baja calidad y que los trabajadores se quejaban de su mal trato.78

El Ministerio revocó el contrato de Espinosa, aduciendo, principalmente, que requería mejores términos por parte del elaborador, pero las quejas también incidieron en su demisión. Luego, se hizo una convocatoria pública para los licitantes. Mariano Sáenz de Santamaría ganó el contrato, pues presentó una mejor oferta que los otros, incluida la realizada por Honorato Espinosa y sus hermanos.79 No es claro si el comportamiento de Bonifacio Espinosa en La Salina pesó en contra de la oferta hecha por su hijo, o si lo fue el hecho de que Santamaría acordara producir más sal por menos dinero que cualquiera de sus competidores. Santamaría también prometió, de una manera poco realista, ampliar la infraestructura industrial en La Salina y trasladar el almacén a Chita, un proyecto que requería mejorar la carretera entre los dos pueblos para que la administración pudiera trasportar 100 000 kilogramos de sal desde La Salina hasta la zona montañosa cada mes. Probablemente, Santamaría incumpliría este acuerdo irreal, además de los problemas que debía enfrentar que no tenían nada que ver con los términos del contrato. Poco después de ser anunciado el nuevo contrato, se produjo un incendio sospechoso en el bosque maderero cercano a la fábrica, afectando este recurso que era vital para la producción. No sería exagerado pensar que uno de los Espinosa haya sido el responsable indirecto de este evento. Santamaría incumplió su contrato en un lapso de poco menos de un año. Para marzo de 1852, la Gaceta publicó de nuevo una noticia que anunciaba que el Ministerio estaba aceptando nuevas ofertas de producción.80

Honorato envió una propuesta en 1856 y, junto con su hermano Bernardo, remitió otra en 1858, pero ninguna de las dos fueron aceptadas.81 Durante esta década de caos administrativo en la que ninguno de los Espinosa detentó una posición de peso en La Salina, la Compañía Reyes y Niño empezó a sobresalir. A finales de la década de 1860, cuando la Hacienda logró poner algo de orden en la administración, finalmente Honorato Espinosa asumió el cargo de contratista.82 Su desempeño replicó el de su padre. Prosiguió un flujo constante de quejas, particularmente de parte de los lugareños, quienes se sentían constantemente maltratados por él. Algunos detalles de sus prácticas se verán a continuación; el punto que nos interesa aquí es que él tuvo éxito después de que varios contratistas fracasaron. De una manera no lograda por ningún otro individuo, familia o compañía, los Espinosa fueron capaces de fijar los términos para esta industria. Otros contratistas llegaron y se fueron, algunas veces siendo exitosos y otras fracasando en el complicado negocio de la producción de sal. Los Espinosa, que llegaron en el momento en que se estableció la administración directa, casi siempre fueron exitosos.

El declive económico de La Salina

A menudo, los empleados del Ministerio informaban que La Salina se encontraba despoblada y que sus únicos ocupantes eran los trabajadores migrantes y los contrabandistas. Ellos manifestaban esta percepción cuando surgían problemas que tenían que ver con la producción y las ventas. Los oficiales regionales reproducían estas quejas. En 1843, un oficial de El Cocuy escribió que La Salina solo tenía 20 residentes permanentes, el resto solo eran transitorios que iban a trabajar o a comerciar.83 Contradiciendo estos comentarios, la mayoría de los estimativos establecen que su población se acercaba a las 1000 personas (tabla 4). Aunque esto no fuera un dato excepcional, sí evidenciaba una lenta tasa de crecimiento, inclusive para Boyacá, que era una de las regiones del país que crecía con mayor lentitud.84

En su informe estadístico de 1875, Aníbal Galindo reportaba que entre 1851 y 1875 la población boyacense había aumentado en un 29 %. Durante el mismo periodo, la población de La Salina había crecido menos del 9 %, de 1150 a 1252 habitantes, siendo la más baja en la región.85 El menor número refleja una población voluble, más que un estancamiento, pues los habitantes eran más proclives a irse que a establecerse. También aparecían frecuentes referencias a la migración hacia afuera, sobre todo cuando se aludía a la disminución de la mano de obra. Por ejemplo, cuando Bonifacio Espinosa advertía que limitar el acceso comunitario a la madera forzaría a que los habitantes se fueran, ello era reflejo de su preocupación por encontrar trabajadores, más que de su solidaridad con sus problemas y preocupaciones.86

Tabla 4. Estimaciones demográficas de La Salina

Fuentes: a Tovar Pinzón y Tovar Mora, Convocatoria al poder del número, 383.

b Contraloría General de la República de Colombia, Geografía económica de Colombia, 3:125, 130, 145, 150 (la figura de 1835 y 1843 se repite para el año 1848 en AGN, Archivo Anexo, caja 23, carpeta 5, 1848).

c Agustín Codazzi, Geografía Física y política, 3:306.

d Oficina de Estadística Nacional de Colombia, Anuario de estadística de Colombia 1875, 33.

e AGN, SR, Gobernación de Tundama, leg. 5, fol. 849, marzo de 1855.

f AGN, SR, Salinas de Boyacá, leg. 10, fol. 375, noviembre de 1869.

g El Boyacense, junio 17, 1881, 6845-6847.

Los salarios bajos y el temor al reclutamiento militar eran mencionados como factores que estimulaban la migración durante la segunda mitad del siglo. En 1874, un oficial explicaba que los trabajadores se habían ido para Casanare, pues el alto precio del café había redundado en el aumento salarial y ello había ocasionado un recorte en La Salina.87 En 1891, otro empleado informaba que los trabajadores estaban migrando masivamente hacia Casanare para evadir el reclutamiento.88 Simultáneamente, la perspectiva salarial o la obtención de alguna ganancia del comercio de la sal atraía gente de la región. Probablemente, muchos de ellos trabajaban allí durante cortos periodos o durante una temporada, pero algunos, efectivamente, se establecían en La Salina. Cuando el administrador Santiago Izquierdo escribió en 1881, se mostró esperanzado de que una nueva ola de migrantes fijaría las bases para un asentamiento permanente.89 Al mismo tiempo, el pueblo también habría servido de conducto para la migración desde la cordillera hacia los llanos, como una estación de paso para ganar dinero antes del traslado.

Además de los reparos sobre el total de la población, había otros más concretos en el sentido de que La Salina estaba perdiendo a sus pobladores más respetables. Este grupo, socioeconómicamente por encima de los trabajadores, pero por debajo de las élites y de los contratistas con conexiones políticas, se redujo después de 1836. El cabildo escribió una queja sobre Bonifacio Espinosa en 1847, en la que se describía una variedad de adversidades desde su llegada. Una preocupación específica era la partida de los líderes “Jesús Urrea, Rafael Estaba, José María Álvarez, Vicente Salinas, Nepomuceno Valderrama, Joaquín Murillo, Sixto Olguín, Juan de la Cruz Heras, Eustaquio Rincón, Espíritu Santo Vargas, Justa Franco and Juana Sandoval”, que no toleraban el acoso de Espinosa.90 Un informe de un alcalde dos décadas más tarde describía la falta que hacían este tipo de pobladores, y decía que los habitantes eran tan pobres que, si a duras penas podían mantenerse a sí mismos, mucho menos podrían hacerlo con una escuela u otras instituciones locales.91 Aunque estos recuentos sostenían que la “gente de calidad” se había ido de La Salina, otros informes públicos mencionaban otros actores locales influyentes que calmaban o exaltaban al pueblo. No es claro si tales actores provenían de las familias locales establecidas o de advenedizos que recientemente habían conquistado riqueza e influencia.

En cambio, el declive económico de La Salina sí saltaba a la luz con total claridad. Para los estándares de Boyacá, este era un pueblo que contaba con algunos medios en la Independencia. La contribución económica de 1823 establece un punto de referencia para medir el posterior declive durante ocho décadas. Bajo esta tributación, 59 habitantes de La Salina pagaron un total de 204 pesos en impuestos. El pago promedio de 3,5 pesos era más alto que el promedio de 2,7 pesos, tanto de la provincia de Boyacá como del cantón de El Cocuy.92 Este promedio alto se debía, en parte, a la fortuna personal de Pedro Ignacio Valderrama, cuya propiedad en La Salina estaba avaluada en 12 000 pesos.93 Pero existían otros 58 habitantes lo suficientemente acaudalados como para pagar impuestos. La proporción entre el número de habitantes que tributaban y el total de la población muestra que el porcentaje de personas que tenían un patrimonio que ameritaba pagar impuestos era más grande en La Salina que en cualquier otro pueblo boyacense (tabla 5).

Tabla 5. Los aportes de 1823 y la población en 1835

Fuente: AGN, SR, Intendencia de Boyacá, leg. 2, fols. 454-632, junio-agosto de 1823; Agustín Codazzi, Geografía física y política, 3:306, censo de 1835.

a La población de La Salina pudo haber estado más cerca de los 900 que de los 637 habitantes –la cifra más baja del siglo–, pero, en cualquier caso, La Salina devolvió una suma percápita sustancial para este impuesto. Yo uso la última y la más baja cifra, debido a que la población del pueblo disminuía usualmente durante los periodos extendidos de guerra.

Casi un décimo de los habitantes de La Salina tenía un patrimonio que ameritaba que pagaran impuestos. Aunque no existe información detallada, los individuos que pertenecían a este grupo sin duda se ganaban la vida con los trabajos relacionados con la producción o el comercio de sal, pues no existían muchas más opciones. Un estudio de 1816 sobre la industria local informaba que La Salina, con una población de 900 habitantes, tenía 190 casas, 20 caballos y 60 vacas, aunque no había ni cabras ni ovejas, ni tampoco cultivos de maíz o de trigo.94 Cualquier persona adinerada obtenía su ganancia a través de la sal: produciéndola, comercializándola, o trabajando en alguna de las industrias que sustentaban su producción.

Varios informes y peticiones fechadas después de 1836 documentan una competencia creciente por los recursos y el consiguiente impacto sobre la vida local. En un caso concreto, tan pronto la administración directa fue implementada, los vecinos de La Salina –los hijos y los nietos del grupo que había adquirido los derechos de los antiguos resguardos en 1778– comenzaron una disputa con Pedro Ignacio Valderrama sobre las tierras ejidales del pueblo. En 1836, Valderrama, que controlaba la tierra en la vereda de Rodrigoque, compró la mayoría del antiguo resguardo de su comadre Trinidad Alarcón.95 Los vecinos le ofrecieron al Gobierno “la gracia y cesion […] sobre la propiedad y derecho que tienen vijente sobre este terreno que fue resguardo de indijenas que han poseido por el espacio de más cincuenta años”. Ellos explicaron que habían hecho esta oferta porque no podían darse el lujo de demandar a Valderrama, quien se había enriquecido ilegalmente controlando esas tierras. Ellos solo pedían “permiso de cortar las maderas de construcción, y [que] se les permit[ier]a hacer sus cortas labranzas”, prohibidas por Valderrama. Valderrama y Alarcón eran “monopolistas”, cuyas únicas prácticas eran las “de devorar y consumir á este vecindario que los ha elevado á un alto grado de riqueza”.96 No existe ningún registro de que hubiera respuesta para tal oferta, y tres de los peticionarios estaban entre quienes se fueron en 1847. La época en que se hizo esta solicitud no habría podido ser peor. La propuesta fue enviada en el momento en el que el Gobierno actuaba en contra del tipo de propiedad de tierras comunitarias que estos habitantes querían preservar a través del repartimiento del resguardo. En la cordillera Oriental, los resguardos que habían sobrevivido a la campaña de reasentamiento colonial estaban en la mira. Tanto el Gobierno nacional como el provincial estaban detrás de este esfuerzo.97 La solicitud iba en contra del espíritu de la época y de su intento por mantener el acceso a la tierra y a los recursos, que eran los elementos fundamentales para preservarse de la pobreza y que estaban condenados por la misma lógica que había derivado en la administración directa de las salinas.

La correspondencia escrita por Diego Davidson, el primer administrador empleado por Ignacio Morales, documenta tanto el declive en el nivel local de vida como la manera en que los administradores foráneos percibían del lugar. En 1836, Davidson afirmaba que la administración directa estimulaba la economía local, que los nuevos proyectos de construcción habían generado empleos y que el aumento de precios de los alimentos beneficiaba a los lugareños.98 Esta última aseveración solo habría podido ser verdadera si los habitantes de La Salina hubieran cultivado sus propios alimentos o vendido sus productos locales, pero ellos dependían de los comerciantes de insumos.99 En 1839, una carta dirigida al Ministerio del Interior planteaba que “el distrito parr. de la Salinas de Chita nada produce por si, y ni una sola mano humano lo cultiva: todos los viveres van alli de fuera y por consiguiente no se consiguen sino por precios muy subidos y aunque la poblacion de la Salinas está en el dia reducida a los empleados de la admon. y elaboradores de la Sal”.100

Una serie de informes confirma que la monoeconomía de La Salina poco hacía por la mayoría de su población.101 Las cifras provinciales de las primicias de 1843 establecían la contribución de La Salina en 40 pesos, la menor entre todos los pueblos de la provincia.102 El reporte sobre la ganadería de Agustín Codazzi realizado en 1850 decía que esta era prácticamente inexistente y que solo había cinco mulas en La Salina, un número casi inconcebible si tenemos en cuenta la importancia de estos animales para el transporte de la sal (tabla 6).

Tabla 6. Ganado en La Salina y en pueblos comparables, un cantón de El Cocuy, 1859

Fuente: Codazzi, Geografía física y política, 3:306.

En un informe especial de la Memoria de 1859, Vicente Gómez explicaba que “En La Salina no hai agricultura”.103 No se mencionaba a La Salina en el informe estadístico sobre la producción agrícola elaborado por Aníbal Galindo en 1875, lo que hace pensar que no había nada que valiera la pena resaltar.104 Un análisis sobre la ganadería en 1883 demostraba que la tendencia se mantenía, pues solo había 36 vacas y 50 mulas en La Salina –no había caballos, ovejas, cabras o cerdos– por un valor total de 3750 pesos, una cantidad superada por la totalidad, exceptuando 3 de los 40 pueblos analizados.105

Varios factores habrían contribuido a esta pobreza. Manuel Ancízar informaba que “el jornalero vegeta mal vestido con harapos, encorvado bajo el peso de las haces de leña, único trabajo permitido, y por la noche descansa en una mala choza, donde no puede encender fuego sino con tasa y medida, porque de proveerse de leña abundante se estima como indicio de elaboración clandestina de sal”.106 Cuando el Ministerio de Finanzas compró los bosques de la Iglesia en la década de 1840, acogió el ejemplo de Valderrama, limitando el acceso a estos y prohibiendo la agricultura.

El administrador que estaba en el momento de la compra escribió que al arrendatario propietario de ganado se le debería permitir el uso de su parcela, pero que el que tuviera una pequeña finca debería ser expulsado después de la cosecha. Él planteaba que cualquier actividad que interfiriera con la reforestación de los bosques debería ser prohibida.107 Un oficial provincial explicaba que “por las circunstancias de estar tan pobres los vecinos que no alcanzan sino a mantenerse escasa i miserablemente: porque no tienen ninguna propiedad, pues el único comercio conocido en este Distrito es el que el gov. tiene establecido sobre la Salina, i el que no madruga a cargar leña, no almuerza”.108 Por supuesto, los salarios obtenidos por cargar madera eran relativamente bajos comparados con el alto costo de vida en La Salina:

Los víveres en esta se han escaseado tanto i se han puesto tan caros, que el infeliz jornalero apenas tiene con el trabajo de una semana para satisfacer sus necesidades en dos o tres dias, i como el Elaborador no puede aumentarles el jornal [...] estos se han ido a otros puntos donde la vida no es tan cara, dejando sin brazos una empresa que no puede sostenerse de otro modo. 109

Los registros posteriores del siglo XIX de las tasas impositivas muestran que estas no eran anecdóticas (tabla 7). Para 1869, los impuestos contributivos de La Salina estaban ligeramente por debajo del promedio regional, y para 1898 el declive era más evidente.

Tabla 7. Recaudación de impuestos en La Salina

Fuente: Memoria de Presidente de Boyacá de 1869, 50-51; Memoria de Ministerio de Gobierno 1989, “Cuadros”.

Nota: para esta tabla usé los pueblos de las tablas anteriores. Las fronteras del cantón que contiene La Salina fueron redibujadas entre estos dos gravámenes. En 1989, era el Cantón del norte, mientras que en 1898 era un área ligéramente diferente llamada el Cantón de Gutiérrez. He incluído los pueblos que pertenecían al cantón reconocido en la época de la evaluación en los promedios.

En la medida en que no existen cifras sobre la distribución del ingreso, el porcentaje de los habitantes de La Salina con suficiente patrimonio para tributar era mucho más bajo que en la década de 1820. En el lapso de 75 años, La Salina había pasado de ser un pueblo en donde algo de la riqueza de sus extraordinarios recursos circulaba entre la población, a convertirse en uno de los más pobres en un departamento de Boyacá también pauperizado.

Esta misma dinámica transformó a Zipaquirá y a Chámeza. Hasta el siglo XVII Zipaquirá había sido un próspero pueblo de indios con una población estable, pero, para finales del siglo XVIII, esa comunidad indígena se había visto forzada a arrendar parcelas del resguardo y, pese a ello, seguía teniendo problemas para pagar sus impuestos.110 Eventualmente, inclusive el pueblo no podía costear la madera y la cerámica necesarias para la producción.111 Así, aunque la comunidad de Zipaquirá tuviera el acceso legal a la fuente de la gran riqueza, el aumento de la mano dura por parte del tesoro real y otros factores contribuyeron a que la propiedad comunal y su administración se volvieran insostenibles. Al igual que en La Salina, la comunidad indígena fue desplazada de su resguardo durante la campaña de reasentamiento de 1778 y fue establecida en el resguardo de Nemocón, un pequeño pueblo cercano que producía sal.112