Kitabı oxu: «La Revolución francesa y Napoleón»

El Antiguo Régimen y la monarquía absoluta en Francia
~ 1754-1789 ~

El rasgo más destacado de la sociedad del Antiguo Régimen, tanto en Francia como en otros países europeos próximos, era su carácter abrumadoramente rural. Más de tres cuartos de la población francesa vivía en, de y para el campo. Así pues, al decir «campesinos», de hecho, nos referimos a la gente en su mayoría, al común, que vivía en pueblos y aldeas, y cuya vida se organizaba según los ritmos de la agricultura tradicional. En comparación, y pese a que habían conocido un gran crecimiento desde la Baja Edad Media, las ciudades eran pocas y pequeñas. París se erigía como una excepción a la regla con sus 600 000 habitantes hacia 1789, lo que la convertía en la segunda ciudad de Europa (Londres tenía unos 800 000) y en una de las mayores del mundo. Lyon (con cerca de 150 000 habitantes), Marsella y Burdeos (unos 100 000) la seguían a mucha distancia.

Como en sus países vecinos, especialmente los católicos (Austria, la monarquía hispánica, Portugal…), en la Francia de la década de 1780 persistía el régimen señorial, el feudalismo, como no dudaban en llamarlo los contemporáneos. Por supuesto, no era el feudalismo que se había implantado en Europa Occidental y Central en el siglo xi a partir de la propia Francia: el feudalismo final convivía con unos niveles de desarrollo económico y tecnológico mucho mayores. También había conocido algunos importantes cambios sociales, entre ellos la progresiva abolición de la servidumbre en la mitad occidental del continente; en la Francia prerrevolucionaria, solo quedaban vestigios de ella en algunas comarcas del nordeste.

Sin embargo, la vida económica del Antiguo Régimen seguía basándose en la diferencia entre tres principios jurídicos que operaban simultáneamente: propiedad, señorío y jurisdicción. Cualquiera podía ser propietario de un bien, en especial de bienes inmuebles, pero eso no significaba que disfrutase también de su señorío. Muchos de esos campesinos que componían la mayoría de la población eran propietarios de sus tierras, como hoy en día y con idénticos títulos, pero no eran sus propios señores. Si este era el rey, no había demasiadas diferencias respecto a la actualidad, si bien resultaba corriente que lo fuesen casas nobles o instituciones eclesiásticas. El señorío, una superioridad social admitida y plasmada en las leyes, daba derecho a percibir rentas, por eso llamadas señoriales, como los censos, el champart o los lucrativos derechos de transmisión de bienes raíces. A ello había que añadir los derechos derivados de ejercer la jurisdicción en lugar del rey: los pagos por la aplicación de la justicia y los monopolios señoriales de algunos servicios, las banalités, muy rentables pese a su nombre. Los campesinos propietarios aún soportaban una última carga, el diezmo (dîme, cerca de una décima parte de la cosecha, pagada en especie), que era anterior al feudalismo y en origen se había destinado al mantenimiento de la Iglesia, aunque en ocasiones era percibido por señores laicos.

Además de todo esto, los campesinos tenían que pagar los impuestos que, junto a las rentas de aduanas, sostenían el Estado. Los no privilegiados que vivían en ciudades también los pagaban, pero eran muchos menos y realizaban menos esfuerzo fiscal. Los privilegiados estaban exentos de impuestos y de muchas tasas, por lo que su aportación resultaba ínfima.

La sociedad del Antiguo Régimen no solo contemplaba la desigualdad jurídica entre las personas, sino que se levantaba sobre los cimientos del privilegio. La visión de la sociedad feudal que se había forjado en el siglo xi y pervivía en el xviii la presentaba vertebrada por tres órdenes, a los que correspondían otras tantas funciones (los que rezan, los que combaten, los que trabajan), cuando en realidad estaba escindida en privilegiados y no privilegiados. Aquellos, que componían una ínfima minoría (entre el 2 y el 5 % de la sociedad francesa), gozaban de fuero propio, ejercían ciertas funciones sociales en exclusiva, estaban exentos de la mayoría de los impuestos y protegían sus bienes con la amortización.

Vive le Roi sans taille et sans gabelles!

El lema es una variante del tradicional «¡Viva el rey y muera el mal Gobierno!», que separa la figura del monarca —el padre de sus súbditos, un árbitro imparcial y justo— de su reinado. Con ese grito, los campesinos franceses proclamaban su lealtad al orden existente siempre que no les perjudicara más de lo habitual.

Como en otras monarquías absolutas, la fiscalidad de Francia descansaba sobre todo en los impuestos indirectos, unos más productivos que otros. Entre ellos estaba la talla (taille), un tributo cuyo monto total se recalculaba cada año, se repartía en cupos locales y se cobraba mediante una capitación (taille personnelle) o, en algunas regiones, con el pago por bienes inmuebles (taille réelle). Según se desprende del Compte rendu au roi que el inspector general de Finanzas, Jacques Necker, elaboró para Luis XIV, la talla proporcionó el 16 % de los ingresos de la monarquía en 1780.

La gabela, que concitaba aún más odio, suministró nada menos que un 27 % de los ingresos el mismo año, y eso que cerca de un quinto de su producto se iba en beneficio de los concesionarios del monopolio (fermiers). Este impuesto sobre la sal pesaba de forma muy irregular sobre cada provincia, algunas de ellas incluso estaban exentas de él, pero en caso de cobrarse, requería un desembolso en metálico y por adelantado, con lo que se volvía aún más impopular. Cabe recordar que la sal no era un condimento cualquiera, sino un artículo de primera necesidad para la economía campesina, porque prácticamente era el único medio de conservar alimentos. No en vano seguimos llamando al sueldo «salario».

Los privilegiados se organizaban como órdenes, el primero de ellos, el eclesiástico. La Iglesia católica componía una vasta organización, superpuesta a los dominios de los reyes y de los señores laicos y dependiente de la autoridad del Sumo Pontífice romano. Luis XIV había pretendido aumentar el control real sobre su parte francesa, pero no pasó de las declaraciones (las «libertades galicanas» de 1692). El clero francés siguió amortizando bienes en forma de beneficios, capellanías o donaciones, contando con su propio derecho y pagando al rey tan solo el don gratuito colectivo, negociado cada cinco años. Por lo demás, el clero se dividía nítidamente en secular, compuesto por los curas de las parroquias, y regular, nutrido por los frailes y monjes que organizaban su vida según una regla —de ahí el adjetivo— y se recluían en monasterios y conventos. Ambos gozaban de diferente reputación en vísperas de la revolución, de forma que mientras el secular mantenía el prestigio por los servicios espirituales, materiales, culturales e incluso administrativos que prestaba, el regular era visto como ocioso, parasitario y, por lo tanto, prescindible.

El segundo orden, la nobleza, actuaba como una casta, pues se entraba en ella por nacimiento. Había desaparecido toda jerarquía interna, de manera que duques, marqueses, condes, vizcondes y barones se ordenaban más bien según su riqueza. Hacía siglos que los nobles no disponían de tropas propias, pero seguían teniendo la función militar como prerrogativa (noblesse d’épée) y solo ellos podían ser oficiales en los ejércitos del rey. Como los nobles solían proteger sus propiedades muebles e inmuebles de las inclemencias del mercado amortizándolas (substitution héréditaire) y tendían a acrecentarlas mediante matrimonios ventajosos, el patrimonio nobiliario se había ido concentrando en cada vez menos casas. La distancia entre la alta nobleza emparentada con el rey (los «príncipes de la sangre») y la numerosa hidalguía provincial (los hobereaux) se había vuelto infranqueable. Entre ambos grupos se encajaban los nobles «de toga» (de robe), abogados y ciudadanos en su mayoría, a los que el rey, siempre necesitado de dinero, había vendido un título.

Por definición, los no privilegiados —el 95 % restante de la población— no pertenecían a ningún orden. Su única seña de identidad común era esa carencia. No tenían leyes propias ni atribuciones exclusivas, vivían indistintamente bajo la ley del rey o de los señores laicos o eclesiásticos y pagaban impuestos. Ahora bien, los miembros de ese estado llano, de lo que en Francia se llamaba el Tercer Estado (Tiers État) eran muy diferentes entre sí. En el campo vivían labradores acomodados, campesinos casi autosuficientes que explotaban fincas pequeñas o medianas y jornaleros que vendían su trabajo porque no tenían tierras o no podían vivir de su pegujal. En las ciudades había diferencias aún mayores: nada tenían en común los mendigos y criminales con los artesanos agrupados en gremios, ni estos con los negociantes, rentistas, abogados y comerciantes —aún no industriales— de todo género que componían el germen de lo que posteriormente sería la burguesía.

Tanto el campo como la ciudad habían conocido un ciclo de prosperidad inusualmente duradero en las décadas previas a la revolución, tras el cual habían aumentado la población (casi un 20 % solo entre 1750 y 1788) y la riqueza, pero también la desigualdad. Incapaz de sostener a una población creciente, la economía campesina tradicional se enfrentaba al individualismo agrario, por el que abogaban los terratenientes, laicos y a veces nobles, así como los campesinos más ricos. El alza de precios había erosionado las rentas de la nobleza, mientras que los negociantes y letrados de las ciudades escalaban posiciones, ya aprovechando los resquicios del orden señorial, ya moviéndose fuera de él. Hacia 1785, las violentas oscilaciones de los precios anunciaron que, tras una última fase de esplendor, el Antiguo Régimen había agotado su virtualidad en Francia.

La monarquía absoluta

El término «monarquía absoluta» es muy engañoso, ya que parece definir un poder omnímodo y en cambio designa uno muy restringido. De entrada, el rey y sus agentes no podían inmiscuirse en los muchos lugares donde un señor laico o eclesiástico tenía la jurisdicción. Además, el rey estaba obligado a observar los diversos derechos provinciales y usos establecidos en sus estados, tanto escritos como sancionados por la costumbre.

En rigor, el calificativo de «absoluta» se aplica a las monarquías europeas que durante la Edad Moderna, y especialmente en el siglo xviii, dejaron de convocar Cortes, Dietas o, como se llamaban en Francia, Estados Generales. A diferencia de la monarquía parlamentaria de Gran Bretaña, los reyes absolutos prescindían de unas instituciones de asesoría estamental que, de todos modos, se parecían muy poco a las cámaras de los Comunes y los Lores o los parlamentos actuales, tanto por atribuciones como por composición y funcionamiento. Estas Cortes estamentales solían estar formadas por tres asambleas separadas, una por cada orden (clero, nobleza y brazo real o popular), que emitían un único voto sobre aquellos asuntos que el rey sometía a su juicio. Como el monarca solía convocarlas para aprobar impuestos y estos no iban a recaer sobre los privilegiados, la proposición tenía asegurados dos votos de tres. Ante tan escasa utilidad, y conocidas las querencias levantiscas de la nobleza francesa, parecía prudente prescindir de ese organismo. Eso hizo Luis XIII, quien en 1614 convocó los Estados Generales por primera y última vez en su reinado; Luis XIV y Luis XV ya ni siquiera los reunirían.

Pese a los esfuerzos de centralización administrativa y de armonización institucional que habían desplegado esos soberanos, la monarquía francesa seguía componiendo un mosaico abigarrado y de muy arduo gobierno en vísperas de la revolución. La división más importante del reino separaba los «países de elección», que formaban parte de la monarquía desde tiempos más antiguos, de los «países de estado», que se habían incorporado a ella más tarde (véase el primer mapa de los Apéndices del libro). En estos se habían mantenido los derechos regionales previos, cuya observancia vigilaban unos altos tribunales, los parlamentos. Sobre ese espacio heterogéneo, pero solo en los territorios bajo jurisdicción realenga, se superponían sin coherencia las mallas de la administración fiscal (organizada en 36 generalidades), militar (gobiernos) y judicial (bailías o senescalías, según la región).

Por otra parte, la capacidad de acción de las monarquías absolutas en época del Antiguo Régimen quedaba limitada de forma taxativa y práctica por los recursos materiales de que disponían, ínfimos en comparación con los actuales. Como sus homólogos del continente, el rey de Francia drenaba una parte muy pequeña de la riqueza del reino y la gastaba en muy pocos rubros: en esencia, sus ejércitos, su corte y su rudimentaria red administrativa. El presupuesto que Necker elaboró en 1788 define bien esos límites: de los 528 millones de libras a que ascendían los gastos de la monarquía francesa, el mantenimiento de su espléndida corte se llevaba solamente 36 (6,8 %), en las obras públicas y la instrucción se invertían 16 (2,5 %), mientras que el sostenimiento del Ejército y la Marina absorbían 166 (31,4 %).

Francia había dejado de ser la primera potencia militar terrestre de Europa, ya que su ejército constaba de unos 180 000 soldados, frente a los 194 000 de Prusia, los 240 000 de Austria o los 300 000 de Rusia. Sin embargo, Luis XVI reinaba en el mayor Estado del continente salvo Rusia, un espacio poblado por unos 28,6 millones de habitantes hacia 1788, frente a los 18,8 de Austria, los 14,2 de Gran Bretaña e Irlanda, los 10,3 de la monarquía hispánica en Europa (más otros tantos en las Indias) o los 5,7 de Prusia.

Sobre todo, la monarquía francesa atesoraba un gran capital simbólico en su palacio de Versalles. En 1662, Luis XIV había mandado acondicionar el pabellón de caza en los bosques próximos que había heredado de su padre, pero 22 años después abandonó París para instalarse de forma permanente cinco leguas al oeste, en lo que ya era el palacio más impresionante de Europa. Hasta octubre de 1789, Versalles no solo acogió a la casa real y a su abundante servicio, sino sobre todo a la corte francesa, la mayor parte de la cual se alojaba a expensas del fisco en el ala sur del conjunto. En Versalles se daban a conocer las primicias de las artes escénicas, los artistas plásticos labraban su reputación y se disputaban torneos de ingenio en los que se desarrollaban intrigas de todo género. Allí se dictaban las modas, las convenciones de civilización y las líneas maestras de las letras en todo el continente, en una época en que el francés era la lengua universal de la alta cultura, de los estratos sociales superiores y de la diplomacia. Versalles era, en suma, la escena donde la monarquía francesa desplegaba su magnificencia para envidia de los cortesanos y asombro de los súbditos.

Imagen que muestra la característica forma de «U» central del palacio de Versalles, alojamiento habitual hasta 1789 de la casa real, su servicio y su corte.

La competición por las colonias (1756-1783)

Al subir al trono en 1774, Luis XVI heredó unos dominios coloniales muy exiguos en comparación con las demás potencias marítimas europeas. El reino de Francia tan solo dominaba algunos remotos archipiélagos en el Índico (las Seychelles y las Mascareñas, Mauricio y Reunión, entonces llamadas Île-de-France e Île-Bourbon), algunas ciudades costeras en la India (Mahé, Chandernagore, Pondichéry, Karikal y Yanaon) y unas cuantas islas (Guadalupe, Martinica y Dominica) y factorías en el Caribe (Cayena), además de Saint-Domingue, la mitad oriental de la isla de La Española. A ello había que sumar la base africana de Senegal, esencial para la trata de esclavos.

La economía de plantación con mano de obra esclava conoció un gran desarrollo en las décadas previas a la revolución, tanto en el Caribe como en el océano Índico. Saint-Domingue era la joya colonial de la Corona, tanto por población como por riqueza: en sus miles de plantaciones se llevaron al extremo las posibilidades de la economía esclavista y se experimentaron los métodos que durante el siglo siguiente se implantarían fuera de allí. La rentabilidad de la caña de azúcar había atraído desde principios del siglo a inmigrantes de la metrópoli, tanto plebeyos como segundones nobles, que propagaron su cultivo hasta convertir a Saint-Domingue en el mayor productor mundial de azúcar: en 1789 se habían alcanzado las 86 000 toneladas, con lo que se cubría más del 30 % del mercado. Aunque los cañaverales siguieron extendiéndose, desde mediados de siglo se asistió a una veloz expansión de los cafetales, que ocuparon las tierras altas del este y llegaron a producir 95 000 toneladas de grano en 1789, con un valor mucho mayor que el del azúcar (122 millones de libras, frente a solo 51 de este). El último cultivo en experimentar un boom fue el algodón, impulsado, al igual que el norteamericano, por la demanda de la industria textil inglesa. Tan rápida expansión acabó en pocos decenios con la tierra fértil y la cobertura forestal de la futura República de Haití. El azúcar y el ron de Saint-Domingue inundaron los mercados europeos para beneficio de los plantadores y de los negociantes metropolitanos franceses, muchos de ellos radicados en los puertos semiprivilegiados (exclusif mitigé) de Burdeos, Nantes, Marsella, Le Havre y La Rochelle.

Solo un cuarto de siglo antes, las banderas con flores de lis también habían ondeado en grandes espacios de América del Norte, en otras islas del Caribe y en las costas de Madagascar. Incluso se podía hablar de un incipiente Imperio francés en la India. Sin embargo, la monarquía francesa, a menudo aliada con la hispánica, salió derrotada de la larga serie de enfrentamientos armados que mantuvo contra Gran Bretaña, su mayor competidor en la carrera colonial. A veces se alude a estos conflictos como «guerras comerciales», por entender que se hicieron al dictado del pensamiento económico mercantilista, pero el componente geopolítico, de expansión y conquista, tampoco faltó.

Entre 1754 y 1763 se libró una serie de conflictos entre monarquías europeas que, por primera vez, lucharon simultáneamente en partes muy alejadas del planeta. En rigor, fue la «primera guerra mundial» digna de ese nombre. Su teatro inicial estuvo en América del Norte, donde los colonos franceses que se habían ido asentando en la región de los Grandes Lagos y las Grandes Llanuras, junto con algunas naciones indias, chocaron por enésima vez contra los soldados y los colonos británicos, más sus propios aliados nativos.

En esta ocasión, sin embargo, las hostilidades se generalizaron, y para 1756 las fuerzas terrestres y navales de Francia e Inglaterra luchaban en todo el mundo, como demuestra el episodio de la conquista francesa de Menorca, entonces propiedad británica. Por su parte, las tropas del rey de Inglaterra instaladas en las colonias de Norteamérica se lanzaron a la conquista del Canadá francés, que completaron en 1759. Hacía ya tres años que la guerra había prendido en el continente europeo —donde se la conoce como guerra de los Siete Años— y enfrentaba a Francia y Gran Bretaña como aliados, respectivamente, de Austria y de Prusia.

Además de certificar la derrota franco-española (véase recuadro «La Gran Guerra por el Imperio»), la Paz de París de 1763 puso fin al primer imperio colonial francés y elevó a su cenit al primer imperio colonial británico. Fue un vuelco de consecuencias profundas y duraderas, no solo para el devenir político de Francia y Gran Bretaña, sino también para su futuro desarrollo económico.

La Gran Guerra por el Imperio, 1754-1763

Mientras los escasos efectivos franceses que permanecían en Norteamérica lanzaban contraofensivas infructuosas, Gran Bretaña reactivaba el teatro de la India, donde había perdido la factoría de Calcuta a manos galas. La ciudad sería reconquistada en 1761 por las fuerzas al mando de Robert Clive, quien además tomó y arrasó la factoría francesa de Pondichéry. Surgía el Raj, la hegemonía británica en el subcontinente indio que perduraría hasta mediados del siglo xx.

Con la monarquía francesa batida en todas partes, la hispánica abandonó la neutralidad que llevaba observando desde 1748, reactivó el Pacto de Familia de la Casa de Borbón y entró en guerra del lado francés. Sin embargo, eso no cambió las tornas, muy al contrario: sendas expediciones navales británicas tomaron Guadalupe, Martinica y Dominica y ocuparon La Habana y Manila hasta 1763-1764.

El tratado de paz definitivo se firmó en París en febrero de 1763. En su virtud, Francia devolvió Menorca a Gran Bretaña, le cedió Canadá, los territorios al oeste del Misisipi salvo Nueva Orleans y varias pequeñas Antillas (Tobago, Granada, San Vicente y Dominica), aunque recobró Guadalupe y Martinica. España obtuvo la Luisiana francesa como compensación por la entrega de La Florida a Gran Bretaña y recuperó La Habana y Manila.

Cuando la rebelión de los colonos británicos en Norteamérica se transformó en la guerra de Independencia (1775-1783), las monarquías francesa e hispánica vieron la oportunidad de devolver el golpe a Gran Bretaña, sin que mediara afinidad alguna con las ideas de los alzados. Aparte de apoyo financiero y diplomático, la monarquía francesa les brindó ayuda militar naval y terrestre, esta última bajo la forma de un contingente a las órdenes del marqués de La Fayette. Aunque Gran Bretaña fue vencida y perdió sus dominios norteamericanos más ricos, Francia no sacó más réditos territoriales de la Paz de París de 1783 que la recuperación de algunas bases marítimas.

La Ilustración y sus límites

Los primeros autores que hicieron un balance crítico de la Revolución francesa —los franceses Louis de Bonald y Augustin Barruel, el saboyano Joseph de Maistre o el inglés Edmund Burke—, identificaron como una de sus causas principales la influencia, para ellos perniciosa, del pensamiento ilustrado. Curiosamente, este tópico contrarrevolucionario ha permanecido hasta el presente en los manuales, que así señalan una sola raíz idealista para un proceso con diversas causas, muchas de ellas materiales. Sobre todo, ignoran la realidad cultural de la Francia y la Europa del Antiguo Régimen, donde solo una ínfima minoría sabía leer y escribir, y de ella solo una pequeña parte, sobre todo noble, disfrutaba del ocio imprescindible para cultivarse con la producción ilustrada. Valga como ejemplo de tales limitaciones que la Encyclopédie (o Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers) dirigida por Denis Diderot y Jean Le Rond D’Alembert, a la que a menudo se presenta como el máximo exponente de la Ilustración, tuvo una tirada inicial de 4225 ejemplares, de los que solo unos 2000 se vendieron en Francia a unos precios prohibitivos (372 libras por sus diez volúmenes) para la inmensa mayoría de sus más de 28 millones de habitantes. Algo similar se podría decir de las logias masónicas, cuyos miembros y objetivos acostumbraron a presentar un carácter muy aristocrático; de hecho, De Maistre y De Bonald habían pertenecido a ellas.

Cuando se dice que la Constitución americana de 1787 y la francesa de 1791 contemplaron la separación entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, se suele invocar a Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu (1689-1755), pensador ilustrado al que también se cree inventor de ese principio. Sin embargo, Montesquieu nunca enunció de ese modo tal división de poderes, sino que esta solo comenzó a existir en virtud de dichas cartas magnas. Su obra El espíritu de las leyes (1748) establece tres tipos de gobierno: el republicano, el monárquico y el despótico, entre los que el autor prefiere una combinación de los dos primeros. El objetivo de Montesquieu es siempre la moderación, que se conseguirá más fácilmente si se confieren a titulares distintos «el poder legislativo, el poder ejecutivo de lo que depende del derecho de gentes, y el poder ejecutivo de lo que depende del derecho civil». Montesquieu declaró sin rebozo que no escribía para censurar el régimen establecido en su país y descartó como modelo el de su admirada Inglaterra, porque «abolid en una monarquía las prerrogativas de los señores, del clero, de la nobleza, de las ciudades, y pronto tendréis un Estado popular o despótico».

Buena parte de la producción literaria de Jean-François Arouet, más conocido como Voltaire (1694-1778), se dedicó a fustigar los vicios y la intolerancia de las religiones instituidas, sobre todo de la cristiana católica, aunque también de la reformada (Ensayo sobre las costumbres, 1756) y hasta del islam (Mahoma o el fanatismo, 1741). Voltaire defendió la libertad de conciencia, pero no propuso la instauración de regímenes que la hicieran posible, y mucho menos por vías revolucionarias. Aunque de joven había purgado un año de prisión en la Bastilla por una sátira sobre la regencia del duque de Orléans, después disfrutaría del mecenazgo de Luis XV, de Federico II de Prusia y hasta de Catalina de Rusia. Nunca propuso a esos soberanos que adoptasen un régimen parlamentario como el de Gran Bretaña, donde había residido. Todo su historial revolucionario se resume en que en 1778, el año de su muerte, entró en la Logia de las Nueve Hermanas junto con Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos.

Por su parte, el ginebrino Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), que sostuvo una célebre rivalidad con Voltaire, no defendió la libertad ni los derechos individuales, que por el contrario sometió a la voluntad general. En su Contrato social propugnó la «enajenación total de cada asociado con todos sus derechos a toda la comunidad» y combatió la división de poderes en el seno de esa soberanía alienada y luego inalienable. A veces se ve en esto el origen de la democracia contemporánea, pero Rousseau se mostró contrario a ella: «si hubiera un pueblo de dioses, se gobernaría democráticamente. Un gobierno tan perfecto no conviene a los hombres».

En resumen, los ilustrados abogaron por la instauración de un sistema armonioso y racional, gobernado por déspotas generosos con ayuda de las mentes más preclaras, como Turgot o Malesherbes en los primeros años del reinado de Luis XVI. Los ilustrados a veces se miraron en el espejo del Oriente imaginario donde Voltaire y otros ambientaron sus novelas, y donde se suponía que prosperaban obedientes enjambres humanos. Jamás defendieron explícitamente la destrucción del régimen señorial ni el fin de la monarquía absoluta como condición previa para la construcción de un nuevo orden más justo, pese a que tenían muy cerca el ejemplo británico, y después el norteamericano. La Ilustración fue, a lo sumo, reformista, pero nunca revolucionaria.

La reacción nobiliaria (1787-1789)

Las insuperables dificultades financieras que padecía la monarquía francesa se volvieron del dominio público antes de que terminara la guerra de Independencia de Estados Unidos (1783). El banquero ginebrino Necker, que se había ocupado del fisco desde el inicio del conflicto y había tenido que contratar un cuantioso préstamo para el mismo, mandó imprimir en 1781 un balance de las cuentas reales, con el que pretendía que la transparencia mejorase el crédito del reino. No obstante, el detalle de los datos, nombres incluidos, molestó a algunos beneficiarios cortesanos de dádivas reales, por lo que Necker se vio obligado a dimitir.

La monarquía francesa gastaba muchísimo más de lo que ingresaba, y el déficit no se podía cubrir con más deuda porque sus intereses se llevaban ya una cantidad inasumible del presupuesto y los nuevos préstamos solo se obtendrían en condiciones leoninas. Solo Charles Alexandre de Calonne, un rival de Necker que ocupó su puesto en 1783, se atrevió a proponer una reforma profunda, que incluía la racionalización de los impuestos indirectos, la supresión de aduanas interiores para estimular la actividad económica… y que los privilegiados comenzasen a pagar impuestos por sus propiedades inmuebles (subvention territoriale). Era la única solución posible: los consejeros de Luis XVI le advirtieron del peligro que supondría incrementar la presión fiscal a costa de unos campesinos ya muy gravados, que podían responder a ese aumento con el impago. Peor aún, podía estallar una jacquerie, como se conocía a los estallidos episódicos de violencia antifiscal que se habían dado desde la Baja Edad Media, y en que los campesinos habían aterrorizado a los señores y a los delegados reales.

Condorcet

Jean Antoine Nicolas de Caritat, marqués de Condorcet (Ribemont, 1743-Bourg-la-Reine, 1794), comenzó cultivando las matemáticas. Sus trabajos sobre cálculo integral (1765 y 1772) alternaron con otros estadísticos con los que Condorcet quiso formular una especie de aritmética política. Son muy conocidos los trabajos que dedicó a estudiar las votaciones de asambleas y jurados, en las que detectó el fenómeno que llevaría su nombre, la paradoja de Condorcet, según la cual el ganador en una elección con escala de preferencias puede no ser el que concite mayor aprobación.

Solicitado por Turgot, desde 1774 no tuvo reparo en trabajar para la alta administración del rey como controlador general, pero dos años después dimitió y mantuvo su cargo de inspector general de la Moneda, que conservaría hasta 1791.

Condorcet tomó parte muy activa en los inicios del proceso revolucionario: tras la toma de la Bastilla, fue elegido miembro del Consejo Municipal de París. Junto a otros intelectuales, fundó la Sociedad de 1789 y participó en la Sociedad de Amigos de los Negros. Vinculado a posiciones constitucionales y moderadas, Condorcet destacó por defender públicamente a los marginados por la revolución: las mujeres, los esclavos o los homosexuales. Fue también diputado en la Convención, donde votó por la reclusión perpetua de Luis XVI.

Condorcet fue perseguido por el Comité de Salvación Pública cuando los «montañeses» se hicieron con el poder. Permaneció escondido desde julio de 1793 hasta marzo de 1794, cuando fue capturado y posteriormente encerrado en el castillo de Bourg-la-Reine, donde murió, no se sabe si por suicidio o por asesinato. Durante su reclusión forzosa, había redactado un Bosquejo de un cuadro histórico sobre los progresos del espíritu humano que se publicaría inacabado tras su muerte. La obra es un canto al progreso y a la mejora social basada en una fe en la Humanidad nada fácil de mantener entonces.

El que se conocería como «plan de Calonne» golpeaba el pilar sobre el que se asentaba el Antiguo Régimen: el privilegio, que entre otras cosas comportaba la exención de impuestos. Para colmo, buena parte de la nobleza francesa había emprendido una reacción frente a las dificultades económicas, reales o percibidas, que atravesaba. Calonne y Luis XVI sabían que obligar a los privilegiados a pagar impuestos iba contra las leyes y las costumbres del reino, y que por lo tanto solo unos Estados Generales podrían aprobarlo, pero convocarlos implicaba romper la tradición establecida desde 1614. En su lugar, se ideó una «Asamblea de Notables» compuesta por privilegiados nobles y eclesiásticos bien seleccionados y a los que se suponía obedientes. Para su sorpresa, en febrero de 1787 ese senado ad hoc rechazó el plan de Calonne, quien por supuesto fue destituido unos meses después, y además desterrado a la Lorena por haber difundido sus informes.

Comenzó entonces un duelo legal entre el rey, que usó el arma ceremonial del lit de justice para imponer su voluntad al Parlamento (alto tribunal) de París, y este, que pagó su oposición al monarca con el destierro de dos de sus magistrados. El secretario de Justicia Lamoignon redactó en mayo de 1788 un edicto real que desposeía a los parlamentos de sus poderes y les obligaba a registrar los decretos reales, pero de nuevo se encontró con una firme oposición. En junio siguiente, a los soldados del rey les llovieron piedras y tejas en la ciudad de Grenoble cuando llevaban al Parlamento del Delfinado la orden del rey (lettre de cachet) de registrar el edicto.

El rey, «el primer amigo de sus pueblos»

La monarquía francesa seguía siendo el espejo en el que se miraban los demás príncipes de la cristiandad. El rey de Francia descendía de San Luis, había sido ungido por Dios y muchos de sus súbditos seguían atribuyéndole poderes taumatúrgicos, como el de curar la escrófula mediante la imposición de manos.

Luis XVI (rey de 1774 a 1793) conservaba el halo mítico de sus antepasados, pero no irradiaba el mismo brillo que su tatarabuelo el Rey Sol. Reservado y mediocre, gustaba de emplear su ocio en labores manuales de precisión, como la cerrajería, para la que tenía un taller en sus aposentos. Desde el preludio de la revolución hasta que fue ejecutado en 1793, Luis XVI cambió muchas veces de actitud y de táctica, bien adoptando la dureza que le exigían su mujer María Antonieta y el partido intransigente de la corte, bien optando por las concesiones que le sugerían sus administradores y consejeros más capaces.

Su breve alocución en la solemne apertura de los Estados Generales ofrece una buena muestra de esa ambigüedad. El rey comenzó su discurso congratulándose por encontrarse rodeado de los representantes de la nación —ya no del reino—, reunidos para la fausta —e insólita— ocasión de unos Estados Generales, que había convocado a regañadientes después de «un largo intervalo» de 174 años. Tras agradecer a los dos primeros órdenes, los privilegiados, que mostrasen su disposición —de ningún modo confirmada— a contribuir al necesario esfuerzo fiscal, aconsejaba «cordura y prudencia» a los reunidos frente a «una inquietud general, un deseo exagerado de innovaciones» y la «agitación de las mentes». La intervención se cerraba con el clisé del monarca padre de sus súbditos: él era «el primer amigo de sus pueblos», de quien cabía esperar «el más tierno interés por la felicidad pública».

Retrato de Luis XVI en un óleo de 1777 pintado por Joseph Duplessis.

La partida contra los privilegiados se había perdido, pero el problema financiero permanecía: en el presupuesto de 1788, el pago por los intereses de la deuda ascendía ya a 310 millones, un 59 % de los gastos. No quedaba más remedio que convocar Estados Generales, y así lo anunció Brienne en julio de 1788, poco antes de dimitir. En su lugar entró de nuevo Necker, quien tras largas negociaciones obtuvo del rey la gracia de que la cantidad de representantes del Tercer Estado ascendiera al doble de lo habitual.

Una vez convocados los Estados Generales en enero de 1789, se procedió a la elección de los representantes de los tres órdenes. El método más usado fueron las asambleas de cada orden, unas reuniones únicas en los estamentos privilegiados y sucesivas en dos grados para el Tercer Estado. Los representantes recibían un cuaderno de quejas (cahier de doléances) donde se detallaban las demandas de sus electores, que tenían que ser transmitidas a la magna reunión. La solemne apertura de los Estados Generales tuvo lugar en Versalles el 5 de mayo de 1789; el monarca marcó en ella los estrechos límites de la tarea que se les encomendaba.