Kitabı oxu: «Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales»

Minería transnacional y dispositivos de intervención en la cultura La gestión del paradigma hegemónico de la “minería responsable y desarrollo sustentable”

Mirta Alejandra Antonelli

Tanto la explotación como la acumulación del capital son simplemente imposibles sin la transformación de la multiplicidad lingüística en modelo mayoritario (monolingüismo), sin la imposición de un régimen monolingüe, sin la constitución de un poder semiótico del capital.

Mauricio Lazzaratto, Políticas del acontecimiento

Los inversionistas van a comparar las tasas de retorno de proyectos mineros a nivel mundial para ver dónde obtienen el mayor rendimiento. Consecuentemente, este elemento va a determinar que las características del territorio donde se va a desarrollar la minería sean fundamentales para la toma de decisiones. Es decir, la disponibilidad de infraestructura, la calidad de los puertos, la disponibilidad de energía, de telecomunicaciones, etc. El Estado es una especie de cirujano plástico, diseña el territorio y le cambia la faz para hacerlo más atractivo a la inversión.

Fernando Sánchez Albavera, director de la División de Recursos Naturales e Infraestructura, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Naciones Unidas, Argentina Oro 2004, provincia de San Juan

Primero tenemos que imponer la idea de la minería en toda Argentina, la Argentina como país minero, y a partir de ahí sólo va a haber un salto a través de las empresas que estén produciendo, que van a poder primero cotizar en bolsa y luego aprovechar esa cotización de las grandes empresas.

Julio Ríos Gómez, presidente del Grupo de Empresas Exploradoras de la Argentina, Argentina Mining 2008, provincia de San Juan

Introducción El poder semiótico del capital: discurso global, estrategias glocales

Desde la perspectiva de los procesos hegemónicos de producción de los sentidos sociales, la minería a gran escala o megaminería transnacional de la que se ocupa este libro, puede considerarse una formación discursiva biopolítica que, en el dominio de la cultura, enlaza seguridad, territorio y población.

La megaminería se funda en una provocativa particularidad: la autoinhibición del propio Estado nacional para disponer de su territorio, de su soberanía. El mapa de esta megaminería corresponde entonces al de una supranación, cuyo territorio resulta de la desapropiación del lazo que lo unía a la soberanía y que ha instituido, desde el cuerpo normativo minero de los 90, la figura del superficiario ante el beneficiario del subsuelo. Así, el Estado no puede sino ser socio de la desapropiación, en una posición asimétrica de cesión, no sólo de territorio sino de recursos y aparatos estatales, según leyes producidas a escala de los intereses corporativos.¹

Me interesa aquí identificar sedes y redes de actores hegemónicos con capacidad para la institucionalización y la naturalización del modelo extractivo de la megaminería con una eficacia simbólica global-local.² En la Argentina, ello requiere no sólo inscribirse en las significaciones del presente modelando visiones de futuro sino fundar un linaje, una genealogía honorable y mitos de origen, para volver deseable y razonable la “Argentina minera”.

Asistimos, en este sentido, a una etapa fundacional y a un umbral de pasaje del modelo agroexportador al perfil minero extractivo, incipientemente explicitado a propósito de lo que he llamado en otro lugar el efecto soja, en el marco del complejo proceso aún en curso desatado por las retenciones agropecuarias en la Argentina (Antonelli, 2008c).

En este marco nacional, también se requiere de estratégicas voces universitarias y de agencias científico-tecnológicas públicas que autoricen el modelo extractivo, coimplicando en ello la legitimidad de instituciones del Estado en un proceso de oposición y réplicas a los movimientos socioambientales y de descalificación de la sanción de leyes de prohibición de esta minería a cielo abierto y con sustancias tóxicas en numerosas provincias argentinas.

El modelo extractivo se presenta como una teleología –finalidad lanzada hacia el futuro–, mientras traza también una nueva cartografía planetaria en clave minera, es al que se ha anexado la Argentina como país emergente en el ránking de proveedores de oro en el mercado de materias primas, y que promueve estratégicamente la reinvención de un mundo: el mundo para el oro.

Este mundo-cantera se articula en una retórica temporal dominante, la del “desarrollo sustentable”, que produce fortísimas intervenciones en la cultura, intervenciones en expansión y diseminación aceleradas que colonizan las representaciones sociales y sus legitimidades, produce verosimilitudes, suscita e incita deseos. Su eficacia conviene al funcionamiento de un dispositivo global para un discurso absoluto, único,³ en la dinámica contemporánea en la que discursos y prácticas significantes son producidas por redes transnacionales (véase Marín, en este volumen) –multiactoriales y multiescalares– y en marcos interinstitucionales, que se inscriben globalmente por agentes con capacidad de institucionalización y de promoción para la aceptación y asimilación sociales de las economías extractivas transnacionales, a fin de legitimar las políticas estatales y el endeudamiento de los gobiernos regionales ante entidades financieras globales para la infraestructura interconectada, según una tendencia a la “coherencia estructurada de la producción y los consumos en espacios determinados” (Leff, 2003: 349; véase Arias Toledo, en este volumen).

Los cuerpos normativos que desde los 90 enmarcan esta minería a gran escala en varios países de la región, incluida la Argentina, también son efecto de redes transnacionales que hoy ratifican no sólo esa legalidad sino su legitimidad, e impulsan los cambios necesarios para sostener el modelo extractivo minero, como es el caso de los influyentes actores de la División de Recursos Naturales e Infraestructura de la CEPAL (Chaparro Ávila, 2002; Sánchez Albavera, 2004a; Robilliard, 2006).

De hecho, el actual dispositivo de intervención en la cultura corresponde a esta fase de implementación acelerada del modelo legalizado en la década pasada, y de expansión ampliada de su discurso global, consolidado éste a comienzos del milenio. Media entonces más de una década entre la normativa neoliberal desapropiadora y la circulación extendida del discurso seductor y garante de “la minería responsable y sustentable”, producido por sedes y redes transnacionales promovidas por las mayores empresas minero-metalíferas a las que pertenecen las que operan en la Argentina. Desarrollaré este proceso en la primera parte de este trabajo, con particular énfasis en la megaminería aurífera.

Este discurso homogeneizante articula condensadores de sentido en la narrativa promesante del “desarrollo sustentable”, con la que gestiona y busca modelar y modular las proyecciones del futuro “gracias a la minería”, interviniendo memorias y significaciones del presente. En la segunda parte analizaré el dominio conceptual de las narrativas, sus componentes pasionales y sus usos estratégicos en el marco de las asimétricas disputas en torno a las relaciones entre desarrollo y megaminería.

Por su celeridad, expansión y eficacia a múltiples escalas y niveles, este dispositivo atraviesa y articula redes de producción, gestión, administración y promoción de discursos sociales: publicaciones de fundaciones, medios gráficos y virtuales del sector, informes de mediadores, consultores y grupos de trabajo, cartillas informativas, manuales de “buenas prácticas”, material educativo de uso escolar en instituciones públicas de comunidades bajo explotación minera, publicidad empresarial y estatal, etc. También promueve de manera significativa la multiplicación de marcos prácticos, como talleres, foros, encuentros, etc., bajo formatos copresenciales, a escala local y/o interregional, en especial para la concreción de agendas en redes –como la prevención, el control y el manejo de conflictos mineros–, la construcción de consenso o la promoción de negociaciones que favorezcan los megaemprendimientos.⁴ Mediante ellos se procura no sólo controlar sino generar circuitos sociocomunicacionales (Mato, en Grimson, 2007) para la intervención cultural, tanto en políticas discursivas cuanto en situaciones de interlocución asimétrica que involucran a actores locales concretos. Este doble trabajo se viene extremando con ritmo acelerado en la actualidad.⁵ Más recientemente, para el caso argentino se verifica también una gradual y estratégica producción televisiva.

También los mensajes del Estado enuncian este discurso, como inscripción estratégica de lo global/local. Llamo alianza hegemónica al dispositivo que enlaza las relaciones del capital transnacional, en redes de operadores y mediadores, con el Estado, incluyendo en este último las diferentes instituciones que lo conforman y por medio de las cuales institucionaliza el paradigma extractivo. Con este alcance, defino más bien un funcionamiento: la performatividad instituyente y subjetivante que no sólo legaliza, legitima y autoriza ese paradigma sino que produce retóricas de anudamiento e intersubjetividades aún enlazadas al Estado técnico-administrativo (Lewkovicz, 2004).

Como afirma de Emilio De Ípola (1983), el Estado produce estratégicamente múltiples discursos, desde diferentes instituciones, orientados a distintos grupos o clases sociales; no habla un “discurso único”, ni funciona por mero “encubrimiento”. El Estado forma parte del dispositivo hegemónico en sus múltiples instancias de enunciación, con la particular necesidad de reforzar en simultaneidad la lógica del capital y la lógica del campo político. Teniendo en cuenta que la Nación ha declarado la minería como “plan nacional”, esto es, le ha asignado el carácter de “interés público”, por este acto instituyente de la presidencia de Néstor Kirchner y continuado por la actual presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, el Estado argentino ha puesto todos sus aparatos –legal, técnico, económico, social, cultural, de producción, innovación y transferencia de conocimientos– al servicio del modelo extractivo de los capitales transnacionales, ejerciendo de distintos modos tres fuertes intervenciones: la promoción y oferta de la Argentina como país-imán para las inversiones mineras, el ordenamiento territorial interconectado (IIRSA y Plan de Ordenamiento Territorial Argentina 2016) y la gobernanza, triple injerencia de la que la provincia de San Juan es emblema y bastión de ratificación, no casualmente.

La eficacia de este dispositivo –que satura distintos discursos sociales y sutura las lógicas extractivas con la cultura del “desarrollo sustentable”– se viene ponderando y calculando, a escala micro, en las localidades y comunidades concretas, loci de resistencias donde los emprendimientos extractivos se emplazan multiterritorialmente y donde la injerencia del Estado en todas sus jurisdicciones opera de manera decisiva para garantizarlos. Esto, mediante distintas decisiones y actuaciones o puestas en escenas de los gobiernos y sus funcionarios, incluso, derogando leyes⁶ (véase “Los movimientos contra la minería a cielo abierto”; también Marín y Machado Aráoz, en este volumen).

Como demuestra María Eugenia Arias Toledo a propósito de IIRSA en este volumen, se trata de una retórica desarrollista integrativa que, mediante la seducción, materializa la lógica extractiva interviniendo el territorio e involucrando las instituciones estatales en los planes y los intereses empresariales transnacionales. Recordemos que el decreto presidencial ratifica el corpus normativo de la década pasada, debiendo garantizar ahora que estas condiciones jurídicas de posibilidad encuentren las condiciones materiales, políticas y socioculturales necesarias para su implementación y ejecución, configurándose en la actualidad un neomapa minero marcado por la celeridad de los procesos de adjudicación y concesiones para emprendimientos.

Las resistencias al paradigma extractivo, del que se ocupan varios autores en este libro, exhiben y desnudan lo que el discurso hegemónico deniega, esto es, las asimetrías de las “formas de existencia y ejercicio de las luchas sociales en el dominio de los procesos sociales de producción de las significaciones” (De Ípola, 1983: 73). Cabe esta definición puesto que las disputas por el desarrollo no son sólo conflictos entre discursos y consignas, entre ideas “representadas por palabras”, sino que en estas luchas lo que está en juego es la relación establecida entre las relaciones de fuerza y poder y las relaciones discursivas, comprendiendo en ellas todas las prácticas significantes, no sólo las verbales.

La licencia social para operar es la eficacia que explícitamente procura el discurso transnacional, tanto en la dimensión fenomenológica –percepciones y aprehensiones– cuanto en las representaciones sociales –regímenes de enunciación y visibilidad–. Para esta eficacia se promueven políticas y planes de intervención comunitaria y comunicacionales, estrategias, modos y medios para lograr el permiso de las comunidades afectadas o amenazadas por emprendimientos mineros. De manera simultánea, se construyen la imagen positiva de la megaminería y su crédito social –el orden de las creencias, la confianza y las valoraciones–. Esta doble construcción requiere de una episteme que la autorice –la producción de saberes y la garantía de “control de riesgo”–, una estética minera para configurar “sensibilidad y educación sentimental”, una ética filantrópica de humanización del empresariado y el capital, y una “filosofía” de la democracia y sus modelos. De este dominio de la eficacia representacional me ocuparé en la tercera y última parte, con un particular énfasis puesto en las relaciones entre universidad, medios y empresas.

La megaminería transnacional convoca al mundo al “cambio cultural”
El mundo para el oro: actores y actas fundacionales

El discurso global y la lengua que éste inventa se naturalizan como si fueran preexistentes pero, en rigor, podemos localizar su producción a fines de los 90, y su puesta en circulación a escala planetaria en 2002. Llamo “actas fundacionales” a las producciones que toman dimensión pública con eficacia instituyente y que resultan de enclaves multiactoriales propiciados por las empresas minero-metalíferas líderes del mundo, junto a gobiernos, fundaciones, organismos internacionales –como la ONU–, entre otros, para consagrar un discurso que atraviesa las políticas de los Estados regionales y las articula con grupos financieros globales, como el Banco Mundial, consolidando una lengua que no sólo funda el mundo al que remite sino que busca imponerse, persuasivamente, como el único mundo y la única lengua para hablarlo. Su eficacia se mide en su poder para construir e inscribir legitimidad en el dominio cultural a una de las industrias más poderosas de la economía del planeta, profusamente denunciada mediante casuísticas probatorias en todo el mundo, también en nuestro país,⁷ y no sólo para legitimar las políticas públicas y privadas que benefician al sector.

En lo que sigue consideraré la institucionalización y la consolidación de la más poderosa red de redes de la industria minera metalífera, especialmente la aurífera, para inscribir los trazos de la genealogía planetaria de la mayor convocatoria lanzada desde el mundo del oro, para lograr la invención de un mundo para el oro. Resulta significativo localizar esta institucionalización, pues es el umbral a partir del cual la minería transnacional comenzará a hablar en nombre del discurso del desarrollo sustentable, interviniendo e impactando la producción del discurso mismo en el que se autolegitimará desde entonces (Leff, 2003: 387).

Como he analizado en otro lugar (Antonelli, 2007a), bajo la Iniciativa Global para la Minería (GMI) y a través del Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sustentable (WBCSD), en 1999 nueve de las mayores empresas transnacionales mineras encargaron al Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo (IIED) el programa Mining, Minerals & Sustainable Development (MMSD), luego de un informe que el IIED presentara a las empresas en octubre de ese año, en el cual recomendaba la realización del programa referido. Importa desde ahora señalar la capacidad de think tank o usina de ideas que cumple una institución científica dedicada al ambiente en nombre del desarrollo, con la finalidad de volver viable la minería a gran escala en el mundo.

Precisamente como resultado del MMSD, en 2002 la corporación llamaría a producir “un cambio cultural” respecto de la minería transnacional a gran escala, para ser concebida como factor del desarrollo sustentable; tal cambio estaba orientado a preparar al sector para la Cumbre Mundial de Desarrollo Sustentable a realizarse en Johannesburgo, con motivo del décimo aniversario de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, ese mismo 2002. Precisamente, la primera cumbre, realizada en 1992, había sido convocada por la ONU, como resultado de la publicación, en 1987, de Nuestro futuro común, informe elaborado en el marco de un proyecto solicitado por su secretaría general, ante los impactos ambientales en curso, con la finalidad de revisar el discurso ambiental con respecto al desarrollo sustentable (Leff, 2003: 12).

Como puede observarse, las empresas ingresarían al gran diálogo mundial de la segunda cumbre con la agenda resultante de su propio proceso corporativo, para la construcción de un modelo discursivo y una lengua común. Adelantemos desde ahora que, de acuerdo con los informes que se publicarían ese mismo año, la convocatoria “al cambio cultural” se presentó como una autoenmienda correctiva de las propias corporaciones pero que, en rigor y estratégicamente, luego produciría el dispositivo global de intervención cultural para revertir memorias, casuísticas de daños, percepciones y representaciones: la invención de la nueva minería.

El proyecto MMSD comenzó en abril de 2000 y se planteó cuatro funciones: investigación y análisis, incorporación de los actores, información y comunicaciones, y planificación de resultados. Estos roles interrelacionados se dieron en llamar “enfoque MMSD” y su objetivo fue garantizar la pertinencia de los temas de investigación elegidos y de los planes de acción derivados de los aportes de los actores y los análisis del proyecto, así como la eficacia con que estos planes pudieran ser llevados a la práctica.

En 1999, cuando se lo concibió como proyecto, el MMSD contaba ya con patrocinadores comerciales y no comerciales con capacidad de gestionar el paradigma hegemónico para la megaminería a nivel global.⁸ Esta iniciativa fue el paso preliminar para la creación, en 2001, del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) para representar a las compañías líderes a nivel mundial y para “avanzar en su cometido hacia el desarrollo sustentable”.

En 2000, comienza entonces el “proceso independiente de consulta e investigación”, conocido como Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable (MMSD), liderado por Richard Sandbrook, del Instituto Internacional para el Ambiente y el Desarrollo. Este proyecto tuvo una línea de trabajo específica para América del Sur.

Resulta significativa la tematización de cuestiones clave que se explicitan en el informe producido como “borrador público”, en marzo de 2002, para ser presentado en Resourcing Future, la conferencia global con la que ese año concluiría la GMI, en Toronto, Canadá. Cabe adelantar que en ese evento las compañías miembros de ICMM firmarían la “Declaración de Toronto”, encomendando al ICMM continuar el trabajo comenzado por el proyecto MMSD y comprometerse en “un diálogo constructivo con los stakeholders clave”. En ese mismo año se publica Abriendo brechas. Reporte final, cuyo borrador para América del Sur veremos ahora:

“Minería sustentable” es una corta frase que genera extensos y hasta polémicos debates. Por un lado aquellos que, aun entendiendo que el mineral no es un recurso que se renueva, asumen que la minería puede ser sustentable en función a la incorporación de las tres variables de la sostenibilidad: crecimiento económico, protección ambiental y equidad o justicia social. Otros que niegan tal posibilidad argumentando la naturaleza del recurso y los impactos ambientales y sociales que esta actividad genera y nadie desconoce.

Sin embargo, “minería sustentable” puede ser también interpretada como una frase que se orienta a generar en dicha actividad un cambio cultural, es decir, un cambio en la tradicional forma en que las corporaciones piensan y plantean sus acciones, un cambio que va más allá de asumir retos en función a lo que “el bolsillo permite” y lleva a la actividad a ser agente de cambio; un eslabón importante en la cadena del desarrollo.

Finalmente, sea cual fuere la aproximación por la que se quiera optar, “minería sustentable” es una frase que nos obliga a pensar más allá de tan sólo “minería” como actividad y sus impactos. Nos obliga a reflexionar en el desarrollo tanto en el ámbito regional como local, en el bienestar humano y sus saludables efectos, en las personas y sus derechos básicos, en la democracia y sus lamentablemente muy habituales trabas –corrupción y falta de transparencia–, en el rol de la sociedad y las ventajas de su participación, en los mercados y los efectos de la globalización. En fin, pensar integral y estratégicamente con una visión de desarrollo a largo plazo en donde la minería como actividad productiva no es el fin, sino un medio para cumplir esa meta. (1-2)

El primer eje de su fundamentación condensa la dimensión discursiva del modelo democrático que se requiere para la sustentabilidad de la minería, desde la perspectiva del grupo garante del proyecto. El informe tematiza la poderosa industria extractiva, ese instrumento para el desarrollo, casi explícita figuración de la “teoría del derrame”, como un modelo discursivo: el diálogo o la concertación de voces sociales. Es precisamente en esta dimensión postulada como fundamento y filosofía que la megaminería más poderosa del mundo se autodefine como “lugar de acuerdo mediante la interlocución”, al poner a todos los hablantes en posición de “interlocutores iguales”, maqueta que efectivamente fue la que adoptó el propio MMSD con la inclusión en sus talleres de actores irreductiblemente asimétricos. Esta tercera postura “frente a la frase minería sustentable” es la que el propio grupo de consultores construye como novedosa posición para el cambio cultural de la corporación, que consistiría, se afirma, en abandonar la lógica de lucro y las reglas del mercado como único horizonte.

Continúa el Grupo Garante para América del Sur:

Es en esta necesidad imperiosa de repensar y replantear a escala global el rol de la minería […] reconociendo que “el desarrollo sustentable implica la utilización de un enfoque integrador del desarrollo humano, que considera a la vez objetivos sociales, económicos, ambientales y de gobernabilidad”. Es también este escenario el que demandó que la reflexión trascendiera al mundo de los operadores mineros e involucrara la participación de los distintos grupos de interés, entre ellos comunidades, organismos no gubernamentales, entidades financieras y representantes del sector público, generando como resultado el mayor activo de esta iniciativa: el diálogo. (1)

El borrador encomendado por, y para ser presentado ante, las megaempresas líderes y organismos globales condensa varias de las estrategias corporativas, como veremos en próximas citas: a) la necesidad de extender la minería a escala regional como imperativo de la naturaleza (“los recursos y oportunidades”); b) operar como un funcionamiento inclusivo-integrador, con modalidades persuasivo-seductoras, que hace de la lógica del mercado, la capitalización de la naturaleza y el interés corporativo un factor de “desarrollo humano”. Esto contrasta con los procesos legislativos de los 90 en nuestros países, donde “el desarrollo humano” es lo que resta, el excedente de la llamada “competitividad” por los gobiernos y los funcionarios quienes, bajo la figura del paísimán, proponen atraer inversores mediante la mayor concesión de beneficios (Robilliard, 2006); c) las maquetas de democracia abogadora (o de interlocución genuina), que confina las resistencias al umbral de lo conflictivo, el Otro, fuera del Estado, de la sociedad civil y del mercado; el que se abstiene del diálogo y no “promueve el futuro”; d) la dislocación del Estado y de la democracia por medio del recurso a la “mancha ignominiosa de la corrupción”, que se extiende sobre las corporaciones, obstaculizando el desarrollo; e) la tardía inclusión de la participación ciudadana –si se tiene en cuenta la legislación de comienzos de los 90, es decir, una década antes–, y f) la descalificación de la disidencia y las resistencias mediante el miedo, como pasión reversible por la información (véase Marín, en este volumen); todo ello desde la denegación inicial: el modelo extractivo no se suspende ni se prohíbe (Sánchez Albavera y Lardé: 2006).

Finalmente, me interesa este borrador porque, a casi siete años de su redacción y posterior publicación, en el actual escenario asistimos al despliegue de la convocatoria al “cambio cultural” mediante el diálogo y la construcción de consenso, como meta de eficacia última, y la necesaria construcción estratégica de pactos de confianza, en los que la “información” –otra vez, la transparencia– sería el reaseguro para lograr una sinergia pro extractiva:

Y este diálogo se dio en un contexto complejo, de mutuas desconfianzas y recurrentes temores cuyo sustento, válido o no, en muchos casos aún se mantiene, pero que puede ser superado porque el proceso nadie puede pensar que concluye con el Informe Final del MMSD, ni con la reunión “Global Mining Initiative Conference” de Toronto en mayo de 2002, […] estas acciones y productos son tan sólo el inicio de un proceso futuro, que tendrá iguales o mayores dificultades y que se deberá sumar a procesos ya iniciados, o por iniciarse, por el propio sector minero o los otros actores involucrados. Todos con la misma voluntad de lograr, a través del diálogo, el entendimiento y la búsqueda del consenso, sinergia y avances significativos en una minería que debe apuntar hacia la sostenibilidad del desarrollo. Esta filosofía del diálogo como premisa y el desarrollo sustentable como meta fue planteada en el proceso del MMSD en América del Sur y constituye el reto que la región enfrenta para el futuro. (14)

El Informe contiene también una afirmación que resulta por demás significativa para la razonabilidad de las evidentes réplicas, argumentos y denuncias en las luchas de las comunidades del “no”.⁹ Por ello es interesante citar la declaración de este borrador al respecto:

Este proyecto no se pregunta por la sostenibilidad de la industria, sino por cómo la industria puede contribuir al desarrollo sustentable de regiones y países mineros, fue el planteamiento inicial del proceso y a partir del mismo se identificaron temas clave como el de la capacidad del sector minero de garantizar sostenibilidad a largo plazo, el rol que puede jugar la minería para impulsar el desarrollo de las economías nacionales, la forma como la minería puede mejorar su desempeño ambiental, entre muchos otros. Estos temas parten de reconocer que América del Sur es una importante región minera que, no obstante ello, lleva muchas décadas buscando encontrar la fórmula o la vía más adecuada para salir de la lista de países en vías de desarrollo y combatir eficazmente la pobreza, que atraviesa recurrentes crisis económico-financieras y crisis políticas, que demanda medidas inmediatas a urgentes problemas y que quiere aprovechar el potencial de sus recursos humanos y recursos naturales como instrumento efectivo de desarrollo.¹⁰ […] un proceso que apuesta por el cambio; que busca reemplazar conflicto por concertación; que apuesta por soluciones integrales antes que soluciones donde exista un ganador y un perdedor y que ve la minería como una oportunidad para el desarrollo antes que como un obstáculo. (12; mi subrayado)

La pregunta no formulada, la que no integró la agenda, es precisamente la que hubiera problematizado y deconstruido la naturaleza y los alcances de los impactos que conlleva la megaminería, los procesos de lobby y las condiciones jurídico-políticas, económicas y financieras que de ellos resultaron.¹¹ Por el contrario, en esta errática región que no ha podido ni sabido “encontrar vías de desarrollo”, según el grupo garante, la “sostenibilidad de la industria” se define por tres ejes. Por un lado, la sustentabilidad del desarrollo justificado por la existencia ya relevada y sistematizada de inestimables reservas mineras que garantizaban la explotación por muchos años –las llamadas “ventajas naturales” en el discurso del área estratégica cepalense–.¹² Por otro lado, la reservas mineras. En el caso argentino, numerosos proyectos de investigación en redes públicoinfraestructura, como sustentabilidad del desarrollo minero, esto es, como condición necesaria para las operaciones extractivas, incluyendo el ordenamiento territorial, pues mientras se desarrollaba el MMSD ya estaba firmado IIRSA como nuevo mapa pro extractivo, con los respectivos endeudamientos de países de la región. Por último, el manejo de los aquí denominados “conflictos”, la cancelación de lo que el grupo garante llamó “la cultura confrontativa y aislacionista”, es decir, la disuasión y/o represión de las disidencias y rechazos por parte de grupos, comunidades, etc. El proyecto MMSD, en todo caso, estaba potenciando la disuasión y la persuasión, como parte del “cambio cultural”.

Esta actitud [de diálogo] se contrapone a una cultura que parecía estar instalándose en la relación minería-comunidad-Estado, la cultura de la confrontación, donde los niveles de confianza, credibilidad y disposición al consenso entre todos los actores parecía haber caído a niveles tan bajos que conducían inevitablemente al conflicto y donde las iniciativas de los unos son menospreciadas o cuestionadas por los otros. Actitudes como las mostradas por los distintos actores que han intervenido en el proceso regional América del Sur del MMSD permiten confirmar que la transparencia de la información es la base del entendimiento y que la falta de ésta es la base del conflicto. Es que el papel que juega la actividad minera en la sostenibilidad del desarrollo nos lleva a reconocer que las responsabilidades deben ser compartidas, que no es un asunto de “culpas”, sino de roles y funciones claramente identificados y complementarios entre sí. No se trata de culpar exclusivamente al operador minero por los impactos que su actividad genera, ni al Estado por su imperiosa necesidad de promover la inversión para generar crecimiento, ni a la comunidad por sus reclamos orientados a mejorar sus condiciones para una mejor calidad de vida. La responsabilidad compartida obliga a construir entre todos los actores una visión de país, una visión de desarrollo y una visión de sostenibilidad. Sólo así podremos eliminar esas “fronteras difusas” de lo que creemos debe corresponder al operador, al Estado o a la comunidad de manera aislada, lo que generalmente conduce a la inacción. […] La sostenibilidad plantea retos complejos. […] los cuales deben ser dinamizados, no por fuerzas centrífugas que llevan al riesgo de visiones aislacionistas, sino por fuerzas centrípetas orientadas hacia un núcleo, el de la sostenibilidad del desarrollo. (13)

Este discurso fundacional, que manipula narrativas promesantes lanzadas al futuro, sin embargo articula su propia lógica y su referencia en la tierra y el territorio. La retórica de “las oportunidades y los desafíos” condensa el avance irrestricto de la megaminería, y requiere para ello una episteme fundadora abierta al futuro.

El proceso al que abría el MMSD tenía implícitos vacíos a llenar. Por un lado, la legislación sobre daño ambiental y el establecimiento de responsabilidad, aspecto que no “se advirtió en las leyes de primera generación”, preocupadas por la “capacidad de atracción de los capitales de inversión” y por el rango de país-imán, y que debía incluir al Estado como corresponsable. Por otro lado, la omisión de la participación ciudadana y su necesaria inclusión en términos de corresponsable de la actividad.¹³ También “la responsabilidad empresarial”, que surgiría más de una década después de la legislación minera como excedencia mínima de la lógica de lucro pero, a la vez, sólo como corresponsabilidad de los operadores mineros por los impactos provocados. Además, estaban pendientes la violación a derechos humanos, a derechos específicos de comunidades originarias, el irrespeto a la biodiversidad y las áreas protegidas –consideradas patrimonios de la humanidad–, las violaciones a derechos laborales y problemáticas de salud y medio ambiente, y la legislación sobre seguros ambientales. Estos distintos aspectos constituían y constituyen aún hoy el núcleo de las resistencias y denuncias mundiales, y fueron abordados por las corporaciones con posterioridad.

En efecto, al considerar más adelante su accionar desde 2002 y hasta ahora, el ICMM ha declarado sustentar un “proceso de realineamiento”, que es pro extractivo, tomando como base para ello su altamente comprometida reputación mundial, como lo explicita en el acto mismo de su creación, según veremos.

En la declaración del grupo garante del MMSD se explicitaba que una de sus responsabilidades fundamentales había sido tratar de asegurar los mayores niveles de calidad, equilibrio e integridad en la elaboración del proyecto para lo cual se reunió en ocho ocasiones durante el proceso de consulta, preparación y revisión que condujo al informe. Entre los miembros del Grupo Garante se encuentra Daniel Meilán, ex subsecretario de Minería durante la presidencia de Carlos Menem (1989-1999), es decir, uno de los funcionarios del gobierno nacional que posibilitó la normativa minera actual y firmante del tratado entre la Argentina y Chile, que hizo posible jurídicamente el único proyecto binacional del mundo, Pascua-Lama, a cargo de Barrick Gold Corp,¹⁴ situado en Lama, provincia de San Juan.

Es interesante considerar la declaración del grupo de patrocinadores del MMSD, puesto que allí reconocen el mandato para “respaldar y financiar” el proyecto, y asegurar la independencia del grupo de trabajo, a la vez que admiten su participación en todo el proceso del MMSD en calidad de “actores sociales”, o sea que “asistieron a talleres, contribuyeron con artículos y ponencias, presentaron comentarios a los borradores y aportaron contactos provenientes de sus propios grupos de actores”. Las empresas transnacionales patrocinantes y sus asociados declaran haber participado de la “misma manera que los restantes actores”: mineros artesanales, comunidades originarias, entre otros. Ésta es la puesta en escena de la “filosofía del diálogo” del MMSD, instituida como marco práctico hegemónico.

También interesa señalar que los patrocinadores del proyecto habían establecido el carácter no vinculante de los informes producidos, tanto respecto de no respaldar necesariamente sus hallazgos y conclusiones como de no hacerse responsables por la exactitud, la legitimidad y el carácter exhaustivo de los materiales producidos, y a no considerarse obligados por las conclusiones de MMSD.¹⁵ Así, podría interrogarse si el poder instituyente que fundó este proyecto financiado por la corporación megaminera más poderosa no era, dada esta falta de compromiso, una maquinaria instituyente teatralizada que, estratégicamente, planteaba la tercera postura –“la del cambio cultural”, produciendo efectos de discurso, lengua común y crédito social– sin consecuencias pragmáticas, éticas ni jurídicas.

En 2001, luego del inicio del MMSD, la comisión directiva de la organización representativa de la industria de minería y metales acuerda transformarse a sí misma en el ICMM, cuya secretaría tendría base en Londres.

En la actualidad, integran la presidencia y el cuerpo directivo de su consejo los presidentes ejecutivos de empresas, grupos y asociaciones mineras globales, entre ellas las más poderosas de la economía de metales.¹⁶ Cabe destacar que la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) ingresó como miembro asociado del ICMM y ello amerita al menos dos comentarios. Por un lado, la transnacionalización de la que participa la actividad minera que se presenta en la Argentina como “nacional” y el equívoco nombre de esa cámara. En efecto, por su afiliación pero, sobre todo, por sus miembros asociados que son mayoritariamente las empresas transnacionales, su denominación se justifica por el territorio extractivo, es decir, en la Argentina como reserva minera (en cantera explotable), y le permite, no obstante, jugar con el imaginario nacional de “lo propio”, “la industria nacional, de, por y para argentinos”.

Por otro parte, este equívoco le posibilita entrar en tráficos y usos estratégicos con la minería tradicional, incluida en la cámara. En los discursos circulantes producidos por actores hegemónicos en la Argentina, se continúa empleando sin distinción “minería” y “megaminería”, de modo que, teniendo en cuenta la transformación normativa de los 90 y las nuevas tecnologías de esta minería a gran escala y transnacional, el uso de la designación genérica para nombrarla –“minería”– es, estratégicamente, un significante que no sólo ha perdido su significado sino su referente.

Volvamos a la concepción del ICMM, en 2001. Ésta puede ser datada dos años antes, al emprender el proyecto MMSD, cuando las firmas mineras globales aceptaron al más alto nivel que el sector estaba afrontando significativos problemas de reputación para sostener beneficios, acceder a nuevas contribuciones y mantener la confianza de inversores y empleados. Así, en su propia “autofundación”, la minería transnacional exponía los argumentos por los cuales anunciaba que emprendería una enmienda correctiva de su accionar atenta a la lógica del mercado.¹⁷ Este explícito “realineamiento” sería la más poderosa coartada para luego sostener, ante las resistencias y los conflictos, y como argumentación para las políticas públicas de los Estados de países con minerales, que por su propia voluntad la industria había encarado el proceso de su “sustentabilidad”.

Siguiendo la trayectoria que el mismo ICMM presenta institucionalmente, se puede advertir el “realineamiento” por el que el mundo del oro –las corporaciones– trabajaría con los principios, los códigos y las convenciones sobre el oro del mundo –en especial, los que establecen y delimitan las zonas sacrificables de las no sacrificables– para intervenir en su redefinición y trazar el mundo para el oro. Ésta sería la más poderosa estrategia para liberar el mundo de los metales –y de las comunidades– de toda inhibición. El mundo para el oro se funda en la ausencia de todo límite, ausentamiento que inventa un mundo sobre una falla, ese hueco en el que no reside ninguna prohibición. El mundo para el oro no puede fundar una cultura basada en la dimensión jurídica de la vida y la subjetividad, ni en reglas sociales de lazos comunitarios ni en pactos intergeneracionales.

La episteme fundadora y su invocación al futuro: ciencia, tecnología y transferencia bajo el mecenazgo extractivo

En el trabajo de construcción de un lenguaje común, la “minería responsable” se inscribió como un lugar vacío para ser llenado en el futuro, gracias al promisorio avance de investigaciones para reducir daños –y costos– y la adopción de instrumentos y medidas de gestión pública que promovieran la licencia social para que las empresas operaran. En el cruce entre responsabilidad y minería, la ciencia y la tecnología definirían su estatuto “sustentable”.

Tanto en su informe final, presentado en 2002, como en sus informes parciales, los impactos de esta minería a cielo abierto y por lixiviación con sustancias tóxicas fueron redenominados por el MMSD como “desafíos” de la industria minera, admitiendo los daños que conllevan. En algunos borradores se explicitaba que los daños eran innegables, pero que también los producían otras actividades, como la agropecuaria y la forestal, de modo que su carácter lesivo manifiesto no era un obstáculo para seguir sosteniendo y extendiendo la actividad minera.

Mientras se llevaban adelante los talleres, el trabajo del MMSD señalaba la “feliz” coincidencia de otras iniciativas simultáneas que cooperarían en definir, dotar de contenido la “responsabilidad”, y elaborar los parámetros para medirla. Ejemplo de ello era entonces el establecimiento del Código Internacional para el Manejo de Cianuro (CMC), investigación también encargada y pagada por las empresas mineras, los fabricantes y los transportadores de cianuro. Tres años después, el código –de uso “voluntario”– serviría de reaseguro y motivo de premiación para la responsabilidad ambiental de las empresas adoptantes. Entre los auditores “independientes” llamados a monitorear las buenas prácticas empresariales derivadas del código se encuentran aún hoy consultores que, a la vez, venden a las mineras servicios de consultoría para manejos de suelo, usos de agua, instalaciones de piletas de lixiviación, etc.; es decir: quienes son contratados para auditar son empresarios del sector.

La apelación al futuro de una minería responsable a lograr en un proceso abierto al porvenir resulta parte integral de las estrategias de los informes y su aceptación en diversos niveles, como también de las páginas institucionales de las empresas auríferas. La futura “minería responsable” era y es la “idea fuerza” explícita de una meta para años venideros. Así, el presente se configuraba como “transición para el desarrollo sustentable”.

En el “Reporte ejecutivo” de Abriendo brechas, sugestivo título para su informe final conteniendo recomendaciones, el MMSD afirmó que la megaminería no presentaba obstáculos sino que planteaba “oportunidades” y “desafíos” a todos los actores, incluidas las universidades. “Desafíos” es la denominación que, en simultaneidad, afirmaba los daños constatados y reportados, y que seguirán produciéndose hasta que llegue el futuro prometido, y resignificaba la contaminación, la pérdida de biodiversidad, el agotamiento de recursos y de agua, entre otros impactos, como “legados del pasado de la minería” que deberían ser superados con la cooperación entre los distintos actores “responsables”, mientras la extracción minera a gran escala continuaba su marcha. Las investigaciones a las que el MMSD llamaba en 2002 incluían estudios de casos donde se demostrasen los impactos de las tomas de decisiones respecto de la minería, “por ejemplo, consecuencias negativas de una decisión por la que se impidió la explotación minera”.

Junto y casi con la misma contundencia, en los trabajos del MMSD se atribuía a la corrupción política ser una de las causas por las que la megaminería soportaba una imagen socialmente negativa que contribuye a suscitar conflictos. Por ello, el Final Report y el informe MMSD para América del Sur introducen la gobernanza– y no la gobernabilidad– como significante clave para el ejercicio eficaz de la autoridad institucional de los gobernantes de estos países, en orden a lograr la licencia social para operar. En las elipsis del MMSD, esto implica que la mera legalidad del cuerpo normativo que las clases políticas y los funcionarios pudieran sancionar o hubieran ya sancionado a medida de los intereses de las empresas no bastaría –ni basta– para ejecutar sin resistencias las políticas extractivas de los recursos naturales en territorio. Es ésta una de las poderosas razones por las cuales el MMSD proponía un necesario “cambio cultural” basado en la legitimidad de esta minería contaminante, con el reaseguro de una teleología epistémica en redes de ciencia y técnica, especialmente de transferencia e innovación tecnológica, orientadas a los “desafíos” extractivos irresueltos.

Todo el proceso y el informe resultante pueden considerarse una fundación del porvenir: el futuro volverá responsable a la minería, y la minería llegará a ser lo que aún no es –“factor de desarrollo”–, mientras aguarda volverse “científica y tecnológicamente” sustentable, con la “cooperación de todos los actores responsables”. Entre los puntos ciegos de este discurso se destaca la omisión de cualquier explicación por la cual hasta ese momento, bienio 2000-2002, la minería que agotó el oro en veta en el mundo nunca propició el desarrollo de las “comunidades pobres”, omisión que aún queda silenciada un lustro después.

Mientras el MMSD primero y luego el ICMM postulaban como futura la minería responsable y sustentable, que aguardaba por hallazgos de próximas investigaciones que superasen los “desafíos”, entre otras implicaciones mayores, ambos amparaban la intencional búsqueda de consenso para autorizar los procesos extractivos en zonas aún no permitidas: reservas naturales, áreas protegidas, biosferas, patrimonios de la humanidad, territorios de comunidades originarias. Un año después, esta pretensión se discutiría a escala mundial pero, reforzando la arremetida, el MMSD insistiría en la necesidad de desinhibir las categorías de las entonces zonas protegidas en nombre de “un lenguaje común”. Las páginas institucionales donde las mineras se autopresentan como social, económica y ambientalmente responsables son más que elocuentes para advertir de qué manera la responsabilidad de la minería y la sustentabilidad del desarrollo están abiertas al porvenir: subsidios para investigación y transferencia tecnológica sobre manejo de cianuro, manejo y enterramiento de restos sólidos y pasivos ambientales, casuística de pérdidas de biodiversidad y relevo de especies luego del cierre de las minas, métodos que bajen los consumos de energía y de agua y reducción de factores para el calentamiento global, se destacan entre los proyectos financiados por las empresas y que ellas detallan en sus informes de operaciones ante los inversores, bajo el menos utópico argumento de la disminución de costos por onza de oro.

El lento descubrimiento del daño: los límites como coartada

Según su cronología pública, durante 2003 “los miembros de ICMM reconocen los valores ambientales de ciertas áreas protegidas y prometen no hacer minería ni explorar en áreas de Patrimonios de la Humanidad” y adoptan diez principios guías, el primer marco de trabajo para desarrollo sustentable del ICMM. Como se sabe, la patrimonialización de áreas, como el caso de la biosfera de San Guillermo, provincia de San Juan, donde está el proyecto Veladero a cargo de Barrick Gold Corp. demuestra lo contrario,¹⁸ además de iluminar la densidad que vincula a los funcionarios con las empresas y el uso del Estado por y para las transnacionales; mediante la cesión privatizadora de tierras patrimonializadas. También se verifica en la actualidad respecto de la Quebrada de Humahuaca, y asimismo ocurrió en las “disputas” con el estado provincial en relación con el patrimonio arqueológico de Ongamira, provincia de Córdoba (Organización Ongamira Despierta). El límite, como se ve en estos ejemplos, abre y posibilita estratégicamente el debate acerca del trazado y los perímetros que se “considerarán” patrimonio.

Cabe señalar que, al igual que otras redes transnacionales relativas a la minería, el ICMM se afianza en el paroxismo de la eficacia del discurso: instituir las realidades que construye. Esto se evidencia en los marcos de trabajos, guías y principios, en acuerdo con los cuales la minería a gran escala sólo produce beneficios, no provoca impactos mayores que otras industrias y, sobre todo, tiene sus propios parámetros para control de riesgos y autolegitimación. Con la misma confianza asignada a las palabras, comparte en redes multiescalares la eficacia de los manuales mediante cuya aplicación, por su funcionamiento prescriptivo-técnico, lograría conjurar los conflictos sociales, capacitar a funcionarios locales para la buena gobernanza, llevar adelante explotaciones según “buenas prácticas”, etc. Entre el didactismo y el conductismo, el ICMM produce las propias garantías de la megaminería a escala de sus intereses y, bajo el pacto de transparencia que anima a la corporación, postula la irrestricta adecuación que existiría entre las palabras y las cosas, el discurso y los hechos, los manuales y los sujetos históricos.

En 2004, el Grupo de Trabajo GRIICMM completa el suplemento Minería y metales de la Guía GRI 2002 y también participa activamente con la revista del Banco Mundial –World Bank’s Extractive Industries Review (EIR)–, declarando que suscribe como foco final “al desarrollo sustentable” y a la “mitigación de la pobreza”, como el propio Banco Mundial lo hace. Ese mismo año produce una publicación en la que postula y afirma la compatiblidad entre minería y biodiversidad, Integrating Mining and Biodiversity Conservation.

En 2005 su presidente integra el recientemente establecido World Bank Extractive Industries Advisory Group y edita varias publicaciones en relación con la problemática de las comunidades, en especial las originarias; también sobre seguros financieros para el cierre de minas y el manual de buenas prácticas para responder a emergencias, que circulará por distintas redes. Más de diez años habían transcurrido entre la publicación de “el manual” y las explotaciones mineras cordilleranas, bajo las atractivas leyes de los 90.

En 2006 avanza sobre problemáticas de seguridad y salud, y elabora el manual de buenas prácticas para minería y biodiversidad, descalificado internacionalmente por numerosos expertos y organizaciones no gubernamentales. Al año siguiente dará a conocer la posición de ICMM ante temas de minería y comunidades indígenas. Si se tiene en cuenta el reciente antecedente argentino respecto del desplazamiento de un cementerio mapuche para el establecimiento de un yacimiento a cargo de una de las empresas transnacionales miembro de ICMM (véase Svampa, Sola Álvarez y Bottaro, en este volumen), puede constatarse cómo siempre se trata de “desafíos” para superar los límites. Sin embargo, como lo he analizado en otro trabajo (Antonelli, 2008a), la distancia entre el discurso y los hechos, los manuales y los sujetos históricos quedaría expuesta en el Foro sobre Responsabilidad Social Corporativa realizado en Toronto en diciembre de ese mismo año 2006. Ante múltiples denuncias de diversas organizaciones, Pierre Gratton, de la CNA, que representa a las veinticinco mineras más importantes del país, reconocía entonces que “algunos de sus compatriotas estaban mal preparados para trabajar en países en desarrollo con gobiernos pobres, conflictos locales irresueltos y leyes ambientales débiles: «Es claro que hay problemas y por eso estamos organizando estos foros»” (http://www.lanacion.cl/, 18 de diciembre de 2007).¹⁹

Alianzas de oro

Gregory Wilkins, uno de los miembros del consejo del ICMM, es el director actual electo en 2008 del World Gold Council (WGC). En 1987, el mismo año en que se publicaba Nuestro Futuro Común solicitado por la Secretaría General de Naciones Unidas para redefinir el desarrollo sustentable, se creaba el World Gold Council, que se presenta como una organización formada y fundada por las compañías líderes mundiales en la minería del oro, “con el propósito de estimular, maximizar y mantener la demanda del oro para consumidores, inversores, la industria y el sector oficial (público)” (https://www.gold.org/).

Dedicado a tomar iniciativas del mercado para conducir la demanda, el WGC es también un instrumento para obtener barreras regulatorias más bajas para el ampliamente expandido comercio de productos de oro, ayudando a desarrollar sistemas de distribución y promoción del rol del oro como reserva de inversiones en el sector oficial, esto es, la bolsa de valores y la poderosa joyería mundial. Como el ICMM, al que no sólo Wilkins pertenece, adhiere a la “sustentabilidad de la industria del oro” y participa, justamente, de los mismos principios. En efecto, la nómina de empresas que integran el World Gold Council está constituida por las canadienses Agnico-Eagle Ltd., Alamos Gold Inc., Barrick Gold Corp., Yamana Gold Inc., Goldcorp Inc., Metallica Resources Inc., las estadounidenses Barrick Goldstrike Mines, IAM Gold Corp., Newmont Mining Corp., Royal Gold, Inc., Kinross Gold Corp.; las sudafricanas Anglo Gold Ashanti y Gold Fields Ltd., las transnacionales que operan en Perú; Inversoras Mineras del Sur SAA, Minera Barrick Misquichilca SA, Minera Yanacocha SRL; la japonesa Mitsubishi Materials Corp., la australiana Monarch Gold Mining y Barrick Gold of Australia; Peter Ambro Mining Plc., de Rusia, The Hutti Gold Mines Company Ltd., de India y Kahama Gold Corporation, de Tanzania.

Como puede comprobarse, este consejo mundial presenta un fortísimo predominio de empresas cuyos capitales son de origen canadiense y estadounidense, Barrick Gold cuenta con un protagonismo inigualable.²⁰

Wilkins, quien integra a su vez el Consejo de ICMM en tanto CEO de Barrick Gold, es presentado por WGC como uno de sus actores clave, y en su perfil se destaca haber sido presidente y CEO de Barrick desde 2003 y hasta 2008, y miembro del consejo de directores desde 1991. Se unió a Barrick en 1981, trabajando juntamente con el director y fundador, Peter Munk,²¹ y otros miembros seniors del equipo que “construyó a Barrick como líder en la industria del oro”.

En su link sobre responsabilidad social expresa que comparte el llamado mundial respecto de que el oro juegue un rol clave en el desarrollo de una industria de la minería aurífera responsable, sosteniendo y financiando el CMC, un “programa voluntario de la industria que promueve el manejo responsable del cianuro usado en la minería del oro, mejorando la protección de la salud humana y reduciendo el potencial para impactos ambientales”. Como se recordará, ésta era la feliz iniciativa a la que refería el MMSD como parte de la búsqueda para llegar a ser “minería responsable y sustentable”.

La gestión del futuro global: el “desarrollo sustentable” como narrativa inclusiva para la intervención territorial extractiva

En este marco, un dominio privilegiado de las políticas discursivas pro megaminería se inscribe en la promoción de narrativas y usos políticos de las pasiones, especialmente relativas a las dos consideradas políticamente más fuertes: el miedo y la esperanza (Bodei: 1995).

Como he sostenido en otro lugar, la categoría de “narrativas”, de larga y compleja reconceptualización (Antonelli, 2008d y Antonelli, Arias Toledo y Marín, 2008), ha sido redefinida como la dimensión específicamente temporal mediante la cual los actores sociales asignan sentido a la vida, individual y colectiva, eslabonando-suturando el tiempo como narración: memorias (apropiaciones simbólicas del pasado), porvenir (proyecciones imaginarias de futuro), ambas desde el presente como punto de articulación de una particular conciencia histórica.

En tal sentido, la noción define el dominio de las prácticas discursivas que confieren cohesión imaginaria a las experiencias de los actores sociales, configurando simbólicamente las representaciones colectivas del pasado cercano o lejano, así como las visiones del futuro. Terry Eagleton (1992) afirma que “no podemos pensar, actuar, ni desear, a no ser que lo hagamos a través de la narrativa; es por medio de ésta que el sujeto forja esa cadena suturada de significaciones que le confieren a su condición real de división la cohesión imaginaria suficiente para permitirle actuar” (72).²²

Interesa aquí subrayar la función primordial de las narrativas en la constitución de las identidades colectivas, así como su “eficacia simbólica” (o, en otros términos, sus efectos de poder) en la conformación de los comportamientos sociales. Esto, pues las narrativas –o ficciones– son activas en situación y también en situación evidencian su agotamiento, su pérdida de eficacia sociohistórica.

En tal sentido, el discurso sobre la megaminería evidencia las asimetrías, las tensiones, y las réplicas, entre la narrativa promesante que articula esperanzas del “desarrollo” y los núcleos escatológicos que proyectan temores y angustias colectivas. Para Bronislaw Baczko (1991), la memoria colectiva, es decir, las representaciones de los acontecimientos del pasado, constituye el polo complementario de los imaginarios sociales: “Sólo en lo abstracto se oponen memoria y esperanzas colectivas; en la realidad histórica casi siempre una completa y alimenta la otra” (9). Y en esta dimensión se activa, por un lado, el “desarrollismo” latinoamericano en un contexto regional modificado, pero también, por otro, es así como el desarrollo puede significar y eslabonar las “crisis” más recientes como pasado inmediato a revertir. También cumple la función activadora de los orígenes, del mito de la fundación del Estado y dela modernidad, en el imaginario circulante de la “Argentina rumbo al bicentenario” y la “paz para el progreso”, en una cada vez más profusa serie de actividades, eventos, convocatorias de sutura entre territorio, población, seguridad y procesos extractivos, hacia “el futuro mirando el pasado”; con campos de representaciones colectivas no irruptivas, sino permeables a ser integradas al universo simbólico “de los argentinos” y, respecto de la región cartografiada por IIRSA, el imaginario de la Patria Grande y la hermandad latinoamericana (véase Arias Toledo, en este volumen).

Sin duda, la promesa requiere de la esperanza como pacto de confianza y contenido epistémico –creer que/creer en– y es la que regula las proyecciones imaginarias del futuro promisorio que traería el modelo extractivo. El miedo es, más bien, la afección que se articula a las memorias locales recientes y no canceladas de la pobreza y sus exclusiones, los núcleos condensadores, ya del “neoliberalismo de los 90” y “la crisis 2001-2002” (caso argentino), ya de pobreza crónica para el continente, bajo la metáfora del “atraso” o la “dificultad para salir del estancamiento”, como explicitan los discursos cepalinos, en consonancia con el discurso de las empresas megamineras.

“No hay peor contaminación que la pobreza” es el axioma de varios actores y discursos hegemónicos, especialmente de políticos y funcionarios, con el que se replica al disenso socioambiental y el argumento del ex presidente Kirchner respecto de que fue la industria minera la única que en los 90 y en la crisis contribuyó al desarrollo nacional (véase Orellana et al., en este volumen).

Si, como afirma Cornelius Castoriadis (1993), el principio según el cual “la individualidad de un período debe buscarse en la especificidad de las significaciones imaginarias que genera y que lo dominan” (15), el desarrollo sustentable temporaliza la territorialidad y territorializa la temporalidad, y sostiene la persistencia, en la actualidad, de las “ficciones de concordancia por medio de las cuales se procura imponer modelos al tiempo histórico” (Kermode, 1983: 6). El “desarrollo sustentable” como narrativa es el relevo de la metáfora estrictamente espacial y del fin de la historia que dominara la “globalización” en los 90 hace del futuro el advenimiento de un cumplimiento, a la vez que activa memorias e imaginarios en el presente, bajo las mismas políticas extractivas y sus condiciones jurídico-políticas de posibilidad sancionadas en esa década.

Es relevante afirmar que, respecto del estatuto de las pasiones en los procesos de significación, Remo Bodei destaca: “Las pasiones preparan, conservan, memorizan, reelaboran y presentan los «significados reactivos» más directamente atribuidos a personas, cosas y acontecimientos por los sujetos que los experimentan dentro de contextos determinados, cuyas formas y metamorfosis evidencian” (Bodei; 1995: 10). En tal sentido, la dimensión y los componentes pasionales pueden pensarse como vectores en y de una comunicación tonalmente marcada. Es ésta una dimensión más que pertinente para abordar el desarrollo sustentable en términos de deseos (afecciones), construcción de verosímil y eficacia histórica concreta (o positividad),²³ así como para explicar la poderosa inversión semiótica del capital en ello.

En efecto, es necesario señalar que en las disputas por el desarrollo las tensiones evidencian que lo que está en juego en la dimensión política de las narrativas es la intervención en campos de experiencia y horizontes de expectativa. Según Reinhardt Kosselleck (1993), la expectativa, como la experiencia, es a la vez subjetiva e intersubjetiva y tiende a lo que no es todavía, a lo no experimentado; es el “futuro hecho presente”. Las dimensiones del pasado y del futuro son instancias insuprimibles del presente, pero entre sí experiencia y expectativa no mantienen relaciones simétricas, ni son mutuamente traducibles. En esta asimetría, Koselleck enmarca la época moderna, en su tesis sobre la disociación creciente de experiencia y expectativa, que va ligada a la dilatación del futuro a expensas del presente y al incremento del coeficiente utópico en las representaciones del porvenir.

Precisamente por ello, entre las estrategias destacables para sostener el coeficiente utópico de la expectativa desarrollista minera, la del discurso hegemónico del desarrollo sustentable produce dos macrointervenciones. Por un lado, busca obturar e intervenir en los campos experienciales que las resistencias exhiben y explicitan en una profusa producción de verdad. Esta veredicción, mediante casuísticas locales y globales, desafía la gestión hegemónica del futuro confrontándole asimétricamente la experiencia minera concreta, efectiva y real, del presente vivido. Los géneros del testimonio, la oralidad comunal, las fotografías domésticas o asamblearias y las denuncias –que reponen al sujeto hecho cuerpo, sufrimiento y acción– pueden ya no disputar, sino denunciar la estafa –no sólo simbólica– del futuro que la megaminería promete (véase Machado Aráoz, en este volumen). Es este campo de experiencia el que la red de redes asamblearias –territoriales y virtuales– producen y hacen circular. En estas redes, el presente es el “futuro hecho pasado” de la promesa minera, y el advenimiento prometido no ha sido utópico sino escatológico: la catástrofe. Sus núcleos de significación simbolizan el tiempo del fin: agotamiento del agua, contaminación de los bienes comunes, pérdida de biodiversidad, desapropiación del territorio, destrucción del paisaje, fragmentación de los lazos de sociabilidad, pérdida de economías regionales, disciplinamiento de cuerpos, control social, etcétera.

En este sentido, y en el marco de las resistencias, los conflictos y los procesos ciudadanos conducentes a la sanción de leyes de prohibición de este tipo de minería en provincias argentinas, retomo a Koselleck. Si cuanto menor es la experiencia (el ritmo de los cambios erosiona la posibilidad de hacer experiencia) mayor es la expectativa, entonces podríamos afirmar que la implementación vertiginosa del plan minero nacional y la ejecución del reordenamiento territorial parecen querer ejecutar el modelo extractivo “antes que” el campo de experiencia de emprendimientos como Bajo La Alumbrera, hoy judicializado, y las movilizaciones sociales y ciudadanas horaden su verosímil y su eficacia simbólica, anulando la utopía minera. La celeridad como variable no es menor, puesto que se da en el proceso de cancelación de vías de consulta para la participación ciudadana luego del acontecimiento del no de Esquel (véase Marín, en este volumen), y por las travestidas modalidades fácticas mediante las cuales los gobiernos buscan sortear la prohibición (véase Svampa, Sola Álvarez y Bottaro, en este volumen). Si las políticas simbólicas no funcionan como “ficciones activas en situación”, si los procesos democráticos no son dóciles y la gobernanza no alcanza, es el Estado el que aún se reserva el monopolio de la violencia “legítima” en esta alianza hegemónica.

Por otro lado, simultánea y productivamente, el discurso del desarrollo sustentable y la minería responsable busca incidir en las percepciones y aprehensiones sociales de la minería en curso. Procura, a manera de estilete fenomenológico, producir un horizonte de percepciones y un dominio de representaciones positivas en torno de la megaminería como actividad, como industria y como actor social, las que replican, contienden e insisten en denegar el campo de las experiencias mineras locales. Para ello, maximiza las ventajas que derivan de las distancias geográficas de las comunidades afectadas, de la inaccesibilidad en muchos casos de los “espacios socialmente vaciables” (véase Svampa, Bottaro y Sola Álvarez, en este volumen), la retaceada visibilidad de las poblaciones y su identidad –poblaciones rurales, comunidades originarias, puesteros comunales, etc.–, bien por tratarse de espacios periféricos respecto de los centros nacionales o provinciales, o bien aprovechando “los mapas del deseo y sus consumos”. En este caso me refiero a “las rutas del vino”, el deporte de alta montaña, “la pureza del agua cordillerana y su paisaje”, etc., por las que localidades, zonas y provincias que están en el plan minero circulan en discursos sociales que invisibilizan la casi sobreimpresión de las “zonas sacrificables” mineras con los mapas del deseo.

La narrativa del desarrollo sustentable juega con configuraciones propositivas y de cohesión, bajo la retórica de la triple I: integración, inclusión e interconexión; la misma que rige la lógica del ordenamiento territorial que requiere. Es además una narrativa que, en su gestión del tiempo, produce su propia legitimidad. Regula retóricamente una estrategia política de la diferencia y la diversidad; un anclaje funcionalmente coetáneo a la “cultura y la comunidad internacionales de derechos humanos” para la inclusión (pobreza, diversidad cultural, género, comunidades originarias), y un proceso de integración en el horizonte pacificador de la “cultura de y para la paz”, que define agendas de prevención, gestión y control de conflictos mineros en nombre del desarrollo, siendo el PNUD un centro de irradiación global de estos lineamientos, pero que evidencia sus estratégicos usos en divisiones clave de esta entidad, como la División Recursos Naturales e Infraestructura de la CEPAL, ya citada.

La “minería responsable”: entre la estética, la filantropía y la tardía percepción estratégica del daño

En un trabajo anterior (Antonelli: 2007a) analizamos la denominación “minería responsable” en el marco del “desarrollo sustentable”, como se la encuentra en las páginas institucionales de las empresas auríferas, publicaciones del sector, propuestas de consultores y redes de mediadores²⁴ y en discursos gubernamentales, entre varios otros. Advertimos que ambos funcionan, en redes transnacionales, como reaseguros a priori para enmarcar la economía extractiva transnacional mediante la evocación del principio jurídico de responsabilidad ante terceros –compromiso de no daño– y, a la vez, la postulada naturaleza filantrópica del empresariado sensible a las necesidades y deseos de la sociedad y las comunidades bajo explotación. Esta lábil filantropía corporativa recientemente ha sido consolidada en la elocuente RSE.

Para el caso de la megaminería, este concepto regulador aparece casi a una década de la sanción de las llamadas “leyes de primera generación” que, como afirmé antes, son las que enmarcan hasta hoy los beneficios a las empresas transnacionales. Recordemos que la RSE forma parte del declarado “cambio cultural”, para responder proactivamente a la más que negativa reputación de la industria en el mundo y a la creciente conflictividad y resistencia a esta explotación.

Tal responsabilidad se configura como un modelo de “triple hélice”: ambiental, económica y social, cuya dinámica enlazaría a empresas, Estado y comunidad como lazo ético-filantrópico para el desarrollo. En su base se postula la “transparencia” como distintiva de esa dinámica, por lo que reserva para sí la posibilidad de articular al Estado como garante-contralor y, por tanto, corresponsable de la industria, a la vez que se explicita la responsabilidad transparente y la transparencia responsable como justificativo de la teatralidad o autoespectacularización empresarial: el despliegue de las profusas prácticas a nivel local-comunitario en instituciones y ámbitos asociados precedentemente al Estado (escuelas, hospitales, dispensarios, talleres comunitarios, etc.), la implementación de campañas de presencia de la minera en eventos, efemérides, celebraciones, etc., de la comunidad, y fuertes inversiones publicitarias en los medios locales.²⁵ Estas estrategias engarzadas ponen en escena, para ser vistas y recordadas, las performances de la responsabilidad empresarial y sus afectos públicos.

Un universo iconográfico compartido puebla las páginas de las empresas, sus redes de fundaciones y publicaciones respecto de esta macroestrategia de emotividad y compromiso escénicos. En efecto, la retórica filantrópica de la RSE viene produciendo imágenes que consolidan a los desiguales, diferentes y diversos, como comunidades locales “beneficiadas” por la actividad, explotando al máximo las diferencias étnicas y la desigualdad social en postales pietistas adecentadas de los postergados: indígenas, campesinos, pobladores de localidades alejadas, etc., son mostrados como comunidades felizmente integradas e incluidas gracias a la minería. Ellas conforman las postales del presente; instituyen las escenas fijas de la llegada del desarrollo prometido como proceso en curso, según una sintaxis de secuencias donde el presente mostrado –el ahora– de los beneficiarios activa la reposición de lo no mostrado: el antes de “la llegada de la minera”. Al mismo tiempo, permite consolidar apaciguadoras imágenes del futuro más o menos mediato: el conjuro del acechante cierre de minas tras diez, quince o veinte años de explotación.

El mundo del trabajo “honesto”, la escuela, la asistencia de la salud, los talleres, las huertas comunitarias, más recientemente el deporte y la inclusión de la mujer en el proceso extractivo, son las escenas de intersubjetividad donde la megaminería produce, por un lado, la propia retórica iconográfica de su responsabilidad y, por otro, la construcción de la galería de imágenes de “la política del buen vecino”, denominación que enlaza a mujeres, jóvenes, niños y ancianos con cadenas de proveedores locales y fuerza de trabajo, en un pacto de “asociación” feliz con las empresas megamineras y el Estado jurisdiccional (intendentes, alcaldes, etc.), a medio camino entre el catálogo institucional para exhibir la empresa-marca y el álbum de la vecindad, la humanización afectiva del capital.

Las escenas de donaciones y la inscripción de la minera en el espacio público privatizado por ella, junto a los auspicios de distintos eventos, colonizan las esferas de las prácticas con el nombre de la empresa, bajo la retórica del compromiso empresarial con lo comunitario.²⁶ Una estrategia de particular autolegitimación humanitaria se encuentra en los “usos del oro”, donde luego de su importancia para la industria y los consumos de bienes y servicios cotidianos, se emplaza la medicina, como campo de exploración: los usos terapéuticos del oro, a descubrir. El futuro hecho presente.

Una política estético-iconográfica específica rige también las representaciones de la espacialidad de las zonas de operación minera, articuladas a la temporalidad presente y futura. Se destacan entre ellas las postales bucólicas de preservación ambiental, en las que el régimen visual y el diseño paisajístico de las composiciones pueden elidir, a manera de maquetas, los lenguajes de la química, la biología, la ecología, la glaciología, la medicina, etc., lenguajes mediante los cuales se pueden medir índices y calcular prospectivamente los riesgos y los impactos socioambientales. Estas escenas eliden también la materialidad misma del proceso de destrucción para el acceso a la zona extractiva; pueden sortear la simbolización de los millones de litros de agua que se consumen diariamente, reponer maquetas de biodiversidad diseñadas para mostrar cómo quedará el territorio luego de la explotación, entre otros.

Respecto de las “zonas sacrificables” montañosas, se exhiben imágenes celebratorias del maquinismo prometeico, que evoca el futurismo de las vanguardias históricas, en la exhibición de las nuevas tecnologías en plena cordillera. El maquinismo, la escala desmesurada de sus transportes, la escasa cuando no inaccesible huella minera o camino abierto, exulta el poderío humano en la dominación de la naturaleza, y su capacidad para devastar, en los tiempos que dura un yacimiento, el tiempo geológico de su conformación mineral.²⁷ Desafiar y ganarle a la cordillera es lo que estas imágenes cristalizan y condensan, siendo ellas el correlato visual-estético de la matriz extractiva: el mundo sin fronteras, el mundo para el oro.²⁸

Un escenario minero en negativo producen y muestran las resistencias, que desde su asimetría replica los impactos, la interconexión y la multiterritorialidad que la megaminería implica: rutas del cianuro, voladuras de montañas, roturas de mineraloductos y precariedad de resoluciones técnicas y materiales, estrés hídrico, destrucción irreversible del paisaje, desmoronamientos y accidentes montañosos productos del impacto por dinamitación, reducción de niveles de agua en los ríos, etc.; junto a las acciones colectivas para cortar los flujos de esa interconexión. El mapa minero en reverso, como formato y recurso, es uno de los modos de producción sociocultural para inscribir el campo de experiencia que el discurso hegemónico deniega. En tanto soporte simbólico, el mapa resguarda, ante el ojo extractivo el ojo del rastreador del territorio, el ojo del testigo, de quien da testimonio y autentifica las violencias en cuerpos y comunidades. Éste es también el aporte inestimable de varios documentales regionales sobre la minería a cielo abierto y por lixiviación con sustancias tóxicas.²⁹

En un registro más reciente, en sus discursos institucionales las empresas anuncian su responsabilidad con el futuro de la humanidad: el Pacto Global por el Cambio Climático. Sin embargo, es objeto de distinta interpretación, como ocurre también respecto de otros tópicos, en discursos producidos por y para el sector. En efecto, el informe elaborado por el conglomerado financiero internacional Citigroup, “Reporte sobre el cambio climático resalta la exposición minera” (www.metalmarkets.org.uk, 17 de septiembre de 2007),³⁰ se refiere al grado de posibilidad de que las mineras tomen contacto con eventos climáticos perjudiciales, por lo que el Citigroup buscó definir el impacto potencial del cambio climático que afectaría a las compañías mineras. Para ello, revisó las operaciones de doce grandes compañías mineras y sugiere que BHP Billiton, Rio Tinto y Norilsk “probablemente tendrán que lidiar con los riesgos de exposición más significativos” en el caso de producirse eventos climáticos más severos o más frecuentes.

Entre varios factores, este informe examina el potencial de cierres operacionales extendidos o la pérdida de licencias operativas debido a desastres ambientales. La falta de alimentos y el aumento de enfermedades tropicales en África, donde hace años operan las transnacionales, podrían resultar en inestabilidad social y política. Eventos climáticos severos también podrían afectar la disponibilidad de agua dulce, la cual es crucial para la mayoría de las operaciones de minería y procesamiento, mientras que nueva legislación ambiental podría colocar restricciones adicionales a la exploración. Las irrupciones operacionales producidas por el cambio climático podrían impactar en los mercados de bienes. Y si, por ejemplo, se produjera un daño de gran escala en un puerto de exportación, los embarques podrían retrasarse, forzando incrementos de precio en los mercados del producto en cuestión.³¹ Pero no todo es perjuicio, pues el calentamiento presenta la posibilidad de que la reducción del hielo marítimo pudiera abrir nuevas rutas marítimas en el Ártico, incrementando las posibilidades logísticas para las compañías mineras.

Finalmente, la tercera hélice, la responsabilidad económica, que se concentra en una tópica compartida con el discurso estatal: el volumen de las inversiones, pasadas, presentes y “esperadas”; el aporte de la minería a la economía local –“las regalías mineras”– y regional, la generación de puestos de trabajo directos e indirectos de la “industria madre de industrias” y los beneficios de infraestructura que antes de la llegada de las mineras no existía en las localidades; todos ellos indicadores del desarrollo sustentable ya en curso (véase Machado Aráoz, en este volumen). La construcción de estas variables consagra la imagen de “minería, factor de desarrollo”, “palanca de cambio”, “oportunidad de crecimiento”, entre las ideas fuerza más significativamente activas en la actualidad. Son ellas los correlatos verbales del mapa minero que se traza en las páginas de la Secretaría de Minería de la Nación, siempre abierto a la georreferencia de nuevos yacimientos y existencia de minerales. Este mapa, que circula también en las convocatorias de los megaeventos mineros, es el que visibiliza la Argentina haciéndose minera. Entre tales enunciados, el lenguaje de las cifras de inversiones y los puntos que localizan los emprendimientos, se muestra el país-imán y su “capacidad de atracción” de inversiones, a la vez que se consolida el discurso publicitario del Estado promoviendo la marcapaís, ofertándose al capital: Argentina for sale.³²

Una particular reticencia pesa en el discurso institucional de las páginas empresariales, sobre la lógica de acumulación y lucro que rige el mercado y los valores; sus transacciones, fusiones, libre disponibilidad, subsidios, etc. Elididos, aludidos, cuando no desplazados hacia la periferia del discurso de presentación de sí de las mineras, están los dos destinos centrales del modelo extractivo: el mundo financiero de la bolsa de valores y la joyería mundial, destino final del 75% del oro producido. Esto es lo que especialmente queda fuera de escena –se vuelve obsceno– en las páginas de las transnacionales en nuestro país: el mundo del oro, al que nos referimos en el apartado anterior.

La reticencia también rige las condiciones que hacen de la megaminería la industria más subsidiada de la economía. Como afirma el geógrafo Vicente Di Cione (2008):

Sin el conjunto de condiciones socialmente producidas es imposible la producción de rentas mineras absolutas y diferenciales. Los grandes proyectos mineros no solamente atienden privadamente, con gran secreto o misterio, la prospección de los recursos naturales, sino que una vez descubiertos se lanzan a una suerte de geopolítica local que involucra la orientación territorializada de una gran cantidad de políticas y recursos sociales. […] El análisis de muchos emprendimientos demuestra que la “tasa de ganancia media” calculada por las empresas no es otra cosa que la internalización de un conjunto de ventajas derivadas del carácter subsidiario del “capital social general” preexistente o que se suma, desde la ideología del interés general, mediante una multiplicidad de aportes del Estado.

Recordemos que es esto mismo lo que la voz autorizada de Fernando Sánchez Albavera (2004b: 3) explicita en el epígrafe de nuestro trabajo respecto del Estado “cirujano plástico”, y remata: “El Estado tiene que ser, a través de las políticas públicas, un generador de valor agregado en la sociedad” (3), en su presentación “Desarrollo aurífero, comunidades locales y sustentabilidad”, en Argentina Oro 2004, realizado en la aurífera provincia de asentamiento de Barrick Gold Corp.: San Juan. Es precisamente en eventos como éste cuando Sánchez Albavera habla del “Estado cirujano” para las inversiones, donde se desmonta el discurso desnudo de la lógica de lucro de los capitales y el mercado, cuando no deben asumir la figura de ofertadores de esperanzas (Antonelli, 2008a).