Kitabı oxu: «Por qué Patria Grande»

Prefacio

Samuel Pinheiro Guimarães

Secretario general de Itamaraty (2003-2009)

Ministro de Asuntos Estratégicos (2009-2010)

Miguel Ángel Barrios ha dedicado su esfuerzo y su vida a la construcción de la Patria Grande. El título de este libro, Por qué Patria Grande: teoría y praxis de una política latinoamericana en tiempos de pandemia, revela el núcleo de su reflexión como historiador y geopolítico.

Me une una profunda amistad con el profesor Barrios y, en el diálogo que cultivamos permanentemente, he aprendido a conocer más sobre el pensamiento argentino y sudamericano acerca del sueño común y cómo hacerlo realidad: la Patria Grande.

Barrios ha buscado identificar las causas de los obstáculos, internos y externos, que se han opuesto a la construcción de la unión de América del Sur, precursora necesaria de la unión de América Latina.

La Patria Grande debe tener bases sólidas en la Argentina, un Estado-nación de origen español y mestizo, y en Brasil, de origen portugués y mestizo.

En el pasado, encontramos a los estadistas que lucharon y dedicaron su vida a la construcción de la Nación argentina: San Martín (1778-1850), Juan Manuel de Rosas (1793-1877), Juan Domingo Perón (1895-1974), Raúl Alfonsín (1927-2009), Néstor Kirchner (1950-2010). Y también pensadores que se han destacado a través de los tiempos, como los argentinos Juan Bautista Alberdi (1810-1884), Domingo F. Sarmiento (1811-1888), Manuel Ugarte (1875-1951), Carlos Saavedra Lamas (1878-1959), Raúl Prebisch (1901-1986), Ernesto Sabato (1911-2011), Jorge Abelardo Ramos (1921-1994), Aldo Ferrer (1927-2016) y el uruguayo Alberto Methol Ferré (1929-2009), quien se consideraba sobre todo un rioplatense, y la figura de Manuel Ugarte (1875-1951) –del cual Barrios es uno de sus biógrafos–, nacionalista y antiimperialista que predicó a lo largo de su vida la unidad de la América Latina o Patria Grande.

Asimismo, encontramos a los estadistas que lucharon y dedicaron su vida a la construcción de la Nación brasileña: José Bonifácio (1763-1838), Diogo Feijó (1784-1843), el duque de Caxias (1803-1880), el barón de Rio Branco (1845-1912)), Getúlio Vargas (1882-1954), Luiz Carlos Prestes (1898-1990), Juscelino Kubitschek (1902-1976), Ernesto Geisel (1907-1996), San Tiago (1911-1964) y José Sarney (1930) quienes merecen una mención especial. Y los pensadores brasileños, que se esforzaron por comprender la sociedad, la economía y el Estado de esta vasta nación: Francisco de Varnhagen (1816-1878), João de Capistrano (1853-1927), Roberto Simonsen (1889-1948), Gilberto Freyre (1900-1987), Sérgio Buarque de Holanda (1902-1982), Caio Prado (1907-1990), Werneck Sodre (1911-1999), Roberto Campos (1917-2001), Florestan Fernandes (1920-1995), Helio Jaguaribe (1923-2018), Celso Furtado (1920-2004), Darcy Ribeiro (1922-1997), Raimundo Faoro (1925-2003), Luiz Alberto Moniz Bandeira (1935-2017).

Los estadistas y pensadores del pasado llaman a los del presente, en especial a Alberto Fernández y Luiz Inácio Lula da Silva, a tomar en sus brazos y en su corazón la tarea de superar todos los obstáculos y continuar, sin temor, la histórica misión de construir la Patria Grande.

* * *

La política de desarrollo de cualquier gobierno latinoamericano para que su sociedad alcance niveles cada vez más altos de bienestar económico, social y soberano debe tener los siguientes objetivos: la explotación racional y sostenible de sus recursos suelo y subsuelo; el pleno empleo y mejora física e intelectual de su fuerza laboral; la construcción, expansión y diversificación de su capacidad productiva, es decir, el capital físico del país; la mejor distribución de ingresos y riqueza, y la eliminación de la pobreza. La integración económica no es un fin en sí mismo: es solo un instrumento de política de desarrollo que puede contribuir a lograr estos objetivos.

La integración económica expande los mercados, los hace más estables, permite la instalación económica de unidades productivas de mayor escala, contribuye a ampliar la cooperación, especialmente tecnológica; fomenta la coordinación política, fundamental para defender y promover los intereses de los Estados que forman parte de la política internacional.

En un mundo que atraviesa grandes transformaciones, con grandes desplazamientos de poder, a ningún bloque ni a ninguna potencia le conviene constituir o fortalecer un nuevo bloque de Estados, especialmente si se trata de Estados periféricos y de gran escala de territorio, población y recursos. Cualquier potencia, especialmente Estados Unidos como potencia imperial, o cualquier bloque de Estados, como la Unión Europea, considera acertadamente más interesante tratar y negociar acuerdos con Estados individuales, en especial cuando se trata de países subdesarrollados que, incluso cuando son grandes, son relativamente débiles económica y políticamente.

Cuanto más cohesionados estén los Estados del Mercosur en la defensa del Mercosur, más cohesionadas serán sus sociedades, mayor su esfuerzo de desarrollo, mayor su capacidad para defenderse y beneficiarse de la actual situación internacional de enfrentamiento entre Estados Unidos, la potencia imperial, y sus Estados adversarios, China y Rusia. Hoy vemos que los países del Mercosur como Brasil o Uruguay pretenden negociar zonas de libre comercio en forma individual, todo lo contrario a la esencia de un mercado común como debería ser el Mercosur.

* * *

La estrategia (política) de Estados Unidos para las Américas se deriva de los objetivos estratégicos permanentes generales de Estados Unidos. Su objetivo es mantener la hegemonía política, económica, militar e ideológica en las Américas.

Los objetivos estratégicos permanentes de Estados Unidos como imperio son los siguientes:

1 mantener su primacía política, militar, económica y tecnológica y su capacidad de alinear los Estados (sus “provincias”) para enfrentar a los Estados adversarios, que son Rusia y China;

2 detener la expansión de la tecnología nuclear para interrumpir la fabricación de armas nucleares;

3 mantener el poder de los Estados Unidos para prevenir cualquier acción militar de la Organización de las Naciones Unidas (ONU);

4 mantener la independencia estadounidense y la capacidad de acción militar unilateral;

5 mantener tropas en todos los continentes y flotas en todos los mares;

6 mantener un sistema financiero internacional, basado en el dólar;

7 mantener un sistema de comercio mundial multilateral basado en la cláusula de nación más favorecida, trato nacional y aranceles;

8 mantener y controlar un sistema de clasificación, seguimiento e inspección de las economías nacionales, especialmente las subdesarrolladas, a través de una organización internacional;

9 garantizar el acceso a los medios de comunicación de todos los países, y

10 mantener la capacidad de aplicar sanciones económicas y políticas unilaterales a los Estados (“provincias”) que no cumplan con las normas organizativas informales del imperio americano y también a los Estados adversarios.

Para Estados Unidos, América Latina es la principal área estratégica por ser la más cercana al territorio continental norteamericano, para mantener su hegemonía política, económica, militar e ideológica en la región, que son los que siguen:

1 evitar que un Estado, o una alianza de estados, reduzca la influencia estadounidense en la región;

2 ampliar su influencia cultural-ideológica en los sistemas de comunicación de cada Estado;

3 incorporar todas las economías de la región a la economía de Estados Unidos;

4 desarmar a los Estados de la región y transformar sus Fuerzas Armadas en fuerzas policiales;

5 mantener bajo su control un sistema regional de coordinación y alineación política, que es la Organización de los Estados Americanos (OEA);

6 obstaculizar y, si es posible, impedir la presencia, especialmente militar, de los Estados adversarios, es decir, de China y Rusia en la región, y transformar sus Fuerzas Armadas en fuerzas policiales;

7 castigar a los Estados que contravengan los principios del liderazgo hegemónico estadounidense;

8 prevenir el desarrollo de industrias autónomas en áreas tecnológicas avanzadas;

9 debilitar a los Estados de la región, y

10 elegir líderes políticos favorables a los objetivos estratégicos y los intereses estadounidenses ocasionales.

Desde la guerra de la independencia (1775-1783) y después de la formación de la Unión en 1787-1789, Estados Unidos buscó excluir a las potencias europeas del territorio de América del Norte (Luisiana, 1803; Florida, 1819; Oregón, 1845; Alaska, 1867) y absorber estos territorios en la Unión Americana.

América Latina fue declarada de facto zona de influencia exclusiva de América por la Doctrina Monroe, establecida en un mensaje del presidente de los Estados Unidos al Congreso norteamericano en diciembre de 1823. Esta doctrina fue una manifestación de apoyo a la política de Gran Bretaña, que era la única potencia que, en ese momento, pudo, debido a su hegemonía naval, impedir los intentos de recolonizar la Santa Alianza y restablecer los monopolios comerciales en España y Portugal.

La Doctrina Monroe corresponde a una visión y convicción histórica de Estados Unidos respecto de su derecho a ejercer la hegemonía natural sobre América Latina.

Estados Unidos logró incluir en el Tratado de Versalles (1919) el reconocimiento internacional de la Doctrina Monroe. En la Carta de las Naciones Unidas, en 1946, obtuvo el reconocimiento de la posibilidad de crear pactos regionales de seguridad, en una disposición que permitiría la creación de la OEA y así excluir los temas latinos del ámbito del Consejo de Seguridad.

La expulsión por parte de los estadounidenses de los pueblos indígenas de sus territorios originales se produjo con intensidad tras la revocación de la Proclamación Real de 1763, como consecuencia del Tratado de Paz de París (1783) entre Gran Bretaña y la Confederación, que separó el territorio de las Trece Colonias de Tierras Indígenas más allá de los Apalaches hasta el Misisipí.

La influencia económica, política y militar estadounidense sobre los países de Centroamérica y el Caribe fue y es abrumadora, con intervenciones y ocupaciones militares, a veces prolongadas, y el patrocinio de dictaduras sanguinarias.

La guerra contra México (1848) provocó la anexión de la mitad del territorio mexicano y, con la llegada al Pacífico, permitió la consolidación de Estados Unidos continentales desde el Atlántico hasta el Pacífico. Estados Unidos anexó los territorios de los actuales California, Nevada, Texas, Nuevo México, Utah, y partes de lo que ahora son Arizona, Colorado y Wyoming.

La guerra contra España (1898) llevó a la ocupación de Cuba, la anexión de Puerto Rico, Filipinas y Guam, y afirmó a Estados Unidos como potencia asiática.

Política de Estados Unidos en América Latina

El arbitraje americano, en 1878, de la cuestión del Chaco entre Paraguay y Argentina después de la guerra del Paraguay; la decisiva ayuda naval a la consolidación de la República en Brasil, en 1894; la imposición a Gran Bretaña de la solución arbitral de la disputa territorial entre Venezuela y el territorio inglés de Guyana (1895); el arbitraje de la cuestión de Palmas entre Brasil y Argentina, en 1895, y su participación como uno de los garantes del protocolo de paz entre Perú y Ecuador (1942) fueron algunos de los episodios que marcaron la creciente influencia política de Estados Unidos en América del Sur.

La política norteamericana fue resentida y temida por las naciones latinoamericanas, especialmente las de Centroamérica, tras la anexión de la mitad del territorio mexicano y la declaración del corolario Roosevelt a la Doctrina Monroe (1908), en el que Estados Unidos se asignó el papel de policía del continente, con derecho a intervenir e imponer el orden por la fuerza a las naciones que consideraban “turbulentas”.

Así ocurrieron las intervenciones y ocupaciones militares estadounidenses en Haití (1914-1934), República Dominicana (1916-1924), Nicaragua (1926-1933), Honduras (varios, entre 1903 y 1925) y Cuba (varios, entre 1906 y 1933).

Estados Unidos apoyó política y militarmente la secesión de Colombia y la creación de Panamá como Estado independiente (1903), que permitió la construcción del canal (1904-1914) y la concesión de este. La zona permaneció como territorio bajo soberanía política y militar estadounidense hasta 2000. El canal permitió la conexión marítima rápida, tanto comercial como militar, entre la costa este y la región del golfo con la costa oeste de América del Norte. Este puede considerarse el principal logro de la estrategia para expandir la influencia política y militar estadounidense en Centroamérica y el Caribe que aseguró su control político, económico y militar de la región.

A lo largo del siglo XX, Estados Unidos organizó conferencias con el objetivo de alinear a las naciones latinoamericanas y construir la solidaridad del continente en torno a Estados Unidos frente a Europa y, posteriormente, frente a la amenaza de Alemania y el nazismo. En 1890, la primera conferencia estableció la Oficina Internacional de Repúblicas Americanas, con sede en Washington.

En esas conferencias, las naciones latinoamericanas hicieron esfuerzos para que Estados Unidos aceptara el principio de no intervención, pero sin éxito hasta la década de 1930, mientras Estados Unidos buscaba imponer la tesis del arbitraje en las disputas entre Estados de la región (con Estados Unidos como árbitro permanente).

La “política del buen vecino”, iniciada en 1933 con el presidente Franklin Delano Roosevelt, constituyó un cambio radical en la política exterior estadounidense en un esfuerzo por preparar a Estados Unidos para enfrentar el desafío nazi acercándose a los países de América del Sur, principalmente con Brasil y Argentina, donde existieron importantes comunidades de origen alemán e italiano.

Los objetivos de extraordinaria importancia para los estadounidenses eran garantizar el acceso exclusivo a minerales estratégicos en caso de ocupación de fuentes de abastecimiento por parte de los países del Eje, y contar con el consentimiento de Brasil para utilizar militarmente la ubicación privilegiada del noreste de este último país frente a África.

Después de la guerra, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), firmado en 1948 en el contexto de la Guerra Fría, define la agresión contra cualquier Estado signatario como agresión contra todos los Estados de la región y obliga a todos los países miembros a cooperar con el Estado agredido.

Los acuerdos militares bilaterales servirían para consolidar la presencia de Estados Unidos como los principales proveedores de armas y entrenamiento del personal militar latinoamericano.

Después de la Revolución Cubana, al poner en marcha, en 1962, la Alianza para el Progreso, Estados Unidos creó en la zona del canal la Escuela de las Américas, donde se capacitó a miles de oficiales latinoamericanos que luego serían entrenados como jefes de los golpes de Estado y la administración de los regímenes militares.

Estados Unidos se esforzó por crear una fuerza interamericana de paz, de carácter multilateral, para encubrir su intervención en caso de necesidad. Esta propuesta siempre ha contado con la oposición de los gobiernos civiles latinoamericanos y la simpatía de los gobiernos militares de la región.

En cuanto a la OEA, desde su creación ha sido un importante instrumento para legitimar la política estadounidense en América Latina. Apoyó la destitución, con la participación de mercenarios armados por Estados Unidos, del presidente Jacobo Arbenz en Guatemala (1954), la suspensión de Cuba de la OEA en 1962, la intervención en República Dominicana (1964), y no condenó a ninguno de los regímenes militares que se instalaron en toda América Latina como resultado del uso político de la Alianza para el Progreso.

En la OEA, Estados Unidos casi siempre ha logrado unir a sus posiciones a los países de Centroamérica y el Caribe, cuyos gobiernos, a menudo conservadores y autoritarios, estaban sujetos a su hegemonía militar, política y económica. El control político de Centroamérica y el Caribe se fue aflojando (pero no en su vertiente militar) a medida que desaparecía el conflicto con la Unión Soviética, como también cuando comenzó a superarse el conflicto de Centroamérica.

Con las réplicas provocadas por el escándalo de Watergate (1970), la derrota en Vietnam (1975) y la revolución iraní (1979), los gobiernos de los presidentes Ronald Reagan y Jimmy Carter desarrollaron una estrategia para recuperar la imagen de Estados Unidos y desestabilizar a los gobiernos socialistas de Europa del Este, basada en la defensa de los derechos humanos y la democracia.

Por extensión, comenzaron a defender los derechos humanos y la redemocratización de América Latina y la implementación de políticas liberales por parte de los nuevos regímenes civiles. Uno a uno, los gobiernos militares instalados y mantenidos por Estados Unidos dieron paso a gobiernos civiles.

Política latinoamericana en América Latina

Desde la independencia, gobiernos progresistas (que no eran más que nacionalistas y desarrollistas) en países latinoamericanos como los de Lázaro Cárdenas (1934-1940) en México, Getúlio Vargas (1930-1945 y 1950-1954) en Brasil, Juan Velasco Alvarado (1968-1975) en Perú y Juan Domingo Perón (1946-1955) en la Argentina buscaron volverse, ocasionalmente y sin éxito duradero, menos sujetos a la hegemonía política estadounidense.

Esta hegemonía nunca había producido en sus países los beneficios económicos que habían soñado y reclamado, pero sí muchas veces intervenciones políticas e incluso militares para ponerlos en el “buen camino”.

El colapso de la Unión Soviética (1991), el fin de la Guerra Fría y el enfoque controlado de la China comunista hacia los países capitalistas crearon un entorno que permitiría una mayor articulación de los Estados latinoamericanos en su aspiración a la independencia, sobre la base de los principios de no intervención y autodeterminación. Por ejemplo, el presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso convocó una reunión de presidentes de América del Sur, lo que despertó la sospecha de Estados Unidos porque no fue invitado a la conferencia.

Es interesante recordar que, en el momento de la conferencia (agosto de 2000), la mayoría de los presidentes simpatizaban con Estados Unidos: el argentino Fernando de la Rúa (1999-2001), el brasileño Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), el colombiano Andrés Pastrana (1998-2002), el peruano Alberto Fujimori (1990-2000), el uruguayo Jorge Battle (2000-2005), el paraguayo Luis González Macchi (1999-2003), el ecuatoriano Gustavo Noboa (2000-2003).

Además, Brasil y Argentina, junto con otros Estados como Chile, habían tomado iniciativas de desarme, como la Declaración de Mendoza sobre la Renuncia a las Armas Químicas y Biológicas, y se habían adherido a acuerdos de no proliferación, como el Tratado Nuclear Tratado de No Proliferación (TNP), el Régimen de Control de Tecnología de Misiles (MTCR), la Convención sobre Armas Químicas, “iniciativas” espontáneas, para gran satisfacción de Estados Unidos. Por lo tanto, la reunión de presidentes de 2000 no fue realmente un desafío para la política estadounidense en América del Sur.

La segunda reunión de presidentes sudamericanos se llevó a cabo en 2001, en Guayaquil, y la tercera en Cuzco, en 2004. En esta última, siguiendo una sugerencia del presidente peruano Alejandro Toledo, el canciller brasileño Celso Amorim tomó hábilmente la iniciativa de promover las negociaciones para la formación de una comunidad sudamericana de naciones. En 2005 se llevó a cabo en Brasilia el Primer Encuentro de Jefes de Estado de la Comunidad Sudamericana.

La política brasileña permanente de no intervención, equidistancia y respeto de la autodeterminación, y la participación del presidente Lula de Silva, quien entre 2003 y 2008 realizó varias visitas a países de la región, contribuyeron a superar las sospechas. En 2008 se firmó el tratado fundacional de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

Así, Unasur, y ya no la OEA, se convirtió en el foro para la solución de controversias entre Estados sudamericanos, reduciendo la capacidad de Estados Unidos para influir en la región.

La OEA, sin embargo, era de vital importancia para Estados Unidos: desde sus inicios había sido un instrumento de legitimación de su política en América Latina y, por lo tanto, Unasur apareció como un obstáculo para los intereses estadounidenses en la región.

Unasur surgió como un importante instrumento de cooperación no solo política, sino también militar, económica y tecnológica. Se creó una secretaría y consejos de Ministros, incluido el Consejo de Defensa. El Consejo de Defensa previó el avance de la industria de armas regional y el desarrollo del pensamiento estratégico, dos áreas vitales para la acción militar estadounidense en América del Sur.

El tema de la reintegración de Cuba al sistema interamericano, tema de gran sensibilidad e importancia para Estados Unidos, fue abordado inicialmente en la Conferencia Iberoamericana (1991) en la que participaron todos los países latinoamericanos, y por ende Cuba, más España y Portugal.

Luego, en 2008, Cuba fue admitida en el Grupo de Río que se había formado luego del fin del conflicto en Centroamérica (1986-1987).

En 2010, en México, una reunión presidencial de los Estados del Grupo de Río, Estados del Caribe, incluidos los anglófonos, y Cuba, creó la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). La CELAC es un organismo político que aún no ha logrado una mayor institucionalización, pero que se presenta como un potencial sustituto de la OEA para abordar temas políticos y de seguridad en toda América Latina y el Caribe.

Uno de los propósitos de Unasur fue promover la convergencia de esquemas de integración en América del Sur, a saber, el Mercosur, la Comunidad Andina y la Alianza del Pacífico.

De esta manera, se creó un vínculo formal entre los procesos de integración política y económica en América del Sur, siempre entrelazados, y la posibilidad de conformar un bloque de naciones sudamericanas.

* * *

La estrategia económica de Estados Unidos para la integración (en rigor, control) de América Latina ha sido parte de su estrategia económica global desde el inicio de la vida política del país del norte como Estado independiente, y se ha desarrollado con el tiempo a través de presiones, como las negociaciones políticas y económicas, de acuerdos bilaterales y acuerdos regionales –como el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)– y las multilaterales en el ámbito del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por su sigla en inglés) y hoy de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Los objetivos iniciales de la estrategia económica estadounidense hacia los nuevos Estados independientes de América Latina fueron prevenir la recolonización, intentada por España con el apoyo de la Santa Alianza; enfrentarse a la tradicional presencia y competencia inglesa y fortalecer los lazos económicos, comerciales y financieros entre los nuevos Estados independientes y Estados Unidos.

Estados Unidos, entonces país proteccionista, llevó a cabo una política de acuerdos comerciales con naciones sudamericanas en la que buscaban obtener aranceles preferenciales sobre sus productos manufacturados a cambio de acceder al mercado americano de productos primarios sudamericanos.

En 1890, en la Primera Conferencia Americana, Estados Unidos presentó la propuesta de crear una zona de libre comercio continental, la cual no fue aceptada.

En el siglo XX, Brasil firmó acuerdos en los que otorgó preferencias arancelarias a las importaciones de manufacturas estadounidenses a cambio únicamente del acceso continuado del café, con arancel cero, al mercado estadounidense.

Durante la Gran Depresión (1929-1939), las relaciones económicas de los países de América del Sur con Estados Unidos y con los países europeos se vieron profundamente afectadas y las corrientes comerciales, de inversión y de financiación se redujeron considerablemente.

Después del ascenso de Adolf Hitler al poder en 1933, parte de las élites estadounidenses, y especialmente el presidente Roosevelt, se dieron cuenta gradualmente de la amenaza de hegemonía nazi en Europa y del riesgo para Estados Unidos del control por parte de Alemania de fuentes de suministro de materias primas estratégicas. Entonces Estados Unidos firmó acuerdos estratégicos de suministro de minerales con países de América del Sur para garantizar el abastecimiento de su industria, indispensable para enfrentar militarmente el desafío nazi.

La victoria estadounidense en la Segunda Guerra Mundial, el apoyo que habían recibido de los países latinoamericanos en la guerra y en la organización de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD), y la ayuda del Plan Marshall (1948) para los países europeos, incluidos los antiguos enemigos del Eje, generaron la expectativa en América Latina de que podrían beneficiarse del Plan Marshall, o un plan similar, para promover su desarrollo industrial.

Antes del Plan Marshall, los países de América Latina habían superado la ilusión de normalización del comercio exterior porque ya en 1947 se hizo evidente que la moneda acumulada durante la guerra no era convertible y que estaban sujetos a severas restricciones a la importación.

En 1948, ante las demandas latinoamericanas en la Conferencia de Bogotá, la respuesta de Estados Unidos fue que los países latinoamericanos deberían atraer capital privado y, para ello, mantener sus economías en orden, ganándose la confianza de los inversionistas.

En 1949, el cuarto punto (de ahí el nombre de Punto IV) del discurso inaugural del presidente Harry Truman anunció recursos para el desarrollo. La comisión mixta Brasil-Estados Unidos se organizó en 1951 para preparar proyectos de infraestructura, que fueron 41, en los sectores de transporte (66%) y energía (33%). El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDE) de Brasil se creó para recibir los dólares que el Banco Mundial (entonces BIRF) y el Eximbank americano enviarían para tal fin, y también se creó el Fondo de Reequipamiento Económico, que era la contrapartida, en cruceros, a los dólares que llegarían. En 1953, el presidente Dwight Eisenhower puso fin unilateralmente a la participación estadounidense en la comisión conjunta, que se disolvió.

En 1958 las manifestaciones antinorteamericanas durante la visita del vicepresidente estadounidense Richard Nixon a Perú brindaron la oportunidad al presidente brasileño Juscelino Kubitschek de enviarle una carta al presidente de Estados Unidos Dwight Eisenhower en la que proponía la “operación panamericana”, cuya estrategia consistía en promover el desarrollo económico para contener la subversión política.

La Revolución Cubana llevó a Estados Unidos a crear, en 1961, la Alianza para el Progreso, un programa de financiamiento, especialmente para obras de infraestructura, que preveía la elaboración de planes nacionales de desarrollo por un monto total de 20.000 millones de dólares, para ser distribuidos en diez años entre países latinoamericanos, sin restricción a la inversión industrial extranjera.

Mientras se enfrentaba a las iniciativas de los países en desarrollo en foros multilaterales como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por su sigla en inglés), Estados Unidos continuó con su objetivo histórico de construir una zona continental de libre comercio en la que los países latinoamericanos serían absorbidos por la economía estadounidense.

En 1994, el presidente estadounidense Bill Clinton convocó una reunión de los “países democráticos” de las Américas en Miami. En el encuentro, Estados Unidos lanzó la Iniciativa para las Américas, un ambicioso programa económico y social en las áreas de educación, salud, infraestructura, combate a la pobreza, etc., cuyo eje fue la negociación de un área de libre comercio, el ALCA, que se implementaría en diez años.

Luego de cuatro cumbres de las Américas, decenas de reuniones de ministros de Comercio y grupos técnicos, en parte por la decisión estadounidense de no negociar los temas de defensa comercial y agricultura y en parte por la reacción popular contra el ALCA en varios países, se suspendieron las negociaciones. En la Cumbre de Mar del Plata, Argentina, en 2005, ante la oposición de los presidentes Lula, Chávez y Kirchner, se cerraron las negociaciones del ALCA.

Estados Unidos, derrotado en su estrategia multilateral-regional ALCA, comenzó a implementar una política de hub y radios, es decir, la creación de un sistema de acuerdos que tiene un centro (hoy, Estados Unidos) y radios (acuerdos bilaterales de Estados Unidos con países individuales de la región).

La Alianza del Pacífico, creada en 2012, en la que participan Chile, México, Perú, Colombia y Costa Rica, agrupa a países que han suscripto tratados de libre comercio con Estados Unidos. La Alianza es parte de la estrategia estadounidense para, por etapas, crear un área de libre comercio en las Américas.

Queda, sin embargo, a los estrategas norteamericanos superar la resistencia del área económica más importante de América del Sur, el Mercosur, que corresponde a más del 64% de la economía suramericana, la zona más industrializada y con mayor y mercados diversificados, para integrarse total e irrestrictamente con la economía estadounidense. Ahora lo están logrando, por eso es potencialmente estratégico brindar la respuesta a la pregunta por qué Patria Grande.

* * *

La estrategia latinoamericana de integración económica tenía los siguientes principios: la promoción del desarrollo industrial, con la acción complementaria del Estado; la integración económica con los Estados vecinos de la región y una acción política afirmativa para exigir ayuda económica y financiera de los países desarrollados y condiciones especiales en los acuerdos comerciales internacionales.

Sin embargo, el recuerdo de la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, los conflictos entre Ecuador y Perú, la guerra de Paraguay, la guerra entre Chile, Bolivia y Perú, y de las disputas entre la Argentina y Chile mantuvo resentimientos y sospechas, lo que dificultó la ejecución de cualquier proyecto de integración.

Perón, que asume la presidencia en 1946, lanzó, antes de la Conferencia de Bandung (1954), la idea de la Tercera Posición que se traducía en política exterior en América Latina en una geopolítica del continentalismo, como muy bien lo explica contundentemente Miguel Barrios. En un momento de alineamientos incondicionales de la Guerra Fría, esta posición de independencia del general Perón ganó una gran antipatía por parte de Estados Unidos, que provenía de la posición de neutralidad de la Argentina en la Segunda Guerra Mundial.

En 1953 se impulsó a instancia de Perón el Nuevo ABC conformado por la Argentina, Brasil y Chile, integrado además por el presidente brasileño Getúlio Vargas, y el chileno Carlos Ibáñez del Campo. Fue la gran oportunidad de generar un punto de partida de integración político-económica, pero las fuerzas del imperialismo, interna y externa, en cada uno de los países lo boicotearon de manera tal que no se pudo concretar.

Después de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo económico y tecnológico de Estados Unidos, el éxito de la planificación y la industrialización en la Unión Soviética, las iniciativas europeas para la formación de un mercado común basado en la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) y el Tratado de Roma provocaron una reflexión sobre el subdesarrollo de América Latina en relación con Estados Unidos y los países europeos, que tuvo lugar en la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), creada en 1948.

Según la CEPAL, la estrategia para superar el subdesarrollo de América Latina radica en la industrialización, en la expansión de los mercados internos, además de la reforma agraria, la reforma tributaria y la construcción de infraestructura de transporte y energía.

Sin embargo, debido al reducido tamaño de los mercados, el éxito de la industrialización hizo necesaria la integración económica y la distribución de las inversiones industriales en los territorios de los diferentes Estados.

En 1960 se creó la primera entidad de integración regional, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), con objetivos puramente comerciales, a ser implementada en doce años. Pero la ALALC fracasó debido al método de su programa de desgravación arancelaria. Los programas nacionales de industrialización por sustitución de importaciones, las dificultades de la balanza de pagos y las crisis petroleras de 1973 y 1979 llevaron a los países de la ALALC a transformarla, en 1980, en la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

La ALADI, a pesar de proporcionar una preferencia arancelaria regional, es, en realidad, un conjunto de acuerdos bilaterales de preferencias arancelarias no extensivas, no lineales, no automáticas, no progresivas.

La redemocratización en la Argentina, en 1984, y en Brasil, en 1985, llevó a los presidentes Raúl Alfonsín y José Sarney a buscar establecer lazos de cooperación que redujeran los resentimientos entre los dos países y fortalecieran sus respectivos gobiernos.

En 1985, la reunión de Sarney y Alfonsín inició las negociaciones que conducirían a la firma en 1986 del Programa de Integración y Cooperación Económica (PICE) y en 1988 del Tratado de Integración Brasil-Argentina.

Los presidentes Carlos Saúl Menem y Fernando Collor de Melo decidieron transformar el esquema de integración bilateral Brasil-Argentina en una unión aduanera, que incluiría a Paraguay y Uruguay, como instrumento auxiliar de sus políticas neoliberales que tenían la liberalización comercial como un aspecto importante.

En 1991 el Tratado de Asunción creó el Mercado Común del Sur (Mercosur), basado en una unión aduanera que se implementaría mediante un programa de desgravación arancelaria automática y lineal.

En 1988, la elección de Gert Rosenthal como secretario ejecutivo de la CEPAL, quien ocupó un largo período de 1988 a 1997, fue decisiva para la reorientación del trabajo del organismo. Surgieron la teoría del regionalismo abierto y la del desarrollo con equidad, elaboradas por técnicos de la CEPAL, bajo la dirección de Rosenthal. La teoría del regionalismo abierto pretendía justificar la negociación de tratados de libre comercio del Mercosur con otros bloques y países, lo que permitiría la inclusión del Mercosur en el ALCA y, por tanto, lógicamente conduciría a su disolución. La teoría del desarrollo con equidad serviría para reorientar las políticas de desarrollo económico para priorizar los desafíos de disparidades, pobreza, salud y educación y reducir el énfasis en el desarrollo físico de la infraestructura y la industria.

La elección de gobiernos progresistas (Lula da Silva 2003-2010, Néstor Kirchner 2003-2007, Tabaré Vázquez 2005-2010, Fernando Lugo 2008-2012) condujo al fortalecimiento del Mercosur, con la creación de mecanismos como el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (Focem), la realización de reuniones especializadas de ministros en diferentes áreas, la creación de organizaciones de cooperación –como el Foro Universitario Mercosur (Fomerco) y Mercociudades– y la firma de varios convenios.

El Mercosur se expandió en direcciones políticas y sociales insospechadas por sus promotores iniciales a través de la cooperación en diversas áreas y la creación de entidades. La multiplicidad de intereses y actividades en un Mercosur ampliado se convirtió en un obstáculo para el avance de la política estadounidense de integrar (absorber) las economías de los países miembros en la economía norteamericana.

Esta nueva situación ha hecho que el Mercosur sea objeto de una sistemática campaña adversa por parte de la prensa y los círculos proamericanos de los países que lo integran, que están a favor de acuerdos de libre comercio entre el Mercosur y países aislados con bloques y países. La prensa lo presenta como un bloque formado por economías estancadas, con poco comercio entre sí y con el mundo, aislado de las cadenas productivas globales, tecnológicamente atrasado, integrado por países “enemigos” de Estados Unidos, como Argentina y Venezuela, a diferencia de la Alianza del Pacífico, “moderna y dinámica”, que es en realidad una alianza de países con escaso comercio entre sí y con una pequeña dimensión económica, a excepción de México, una economía peculiar por su integración con la economía norteamericana.

Las políticas económicas en términos de comercio y desarrollo son muy diferentes entre los países latinoamericanos que firmaron tratados de libre comercio con Estados Unidos por un lado y los países del Mercosur por otro. Esta diferencia hace prácticamente imposible un proyecto de integración a nivel de América Latina en su conjunto (o América del Sur). Este hecho, sin embargo, no impide la cooperación económica y política, especialmente en la construcción de infraestructura regional, que es fundamental para la integración de sus mercados y el desarrollo de cada economía del bloque, y en muchos temas como el medio ambiente.

* * *

El desafío más grande, complejo y auspicioso para la política económica interna y externa de los países de América Latina y especialmente para los de América del Sur y el Mercosur es el surgimiento de China, que podría convertirse en la mayor potencia de la economía mundial en las próximas décadas.

La política económica exterior de China (similar a la estadounidense) tiene como objetivo importante garantizar el acceso a fuentes de materias primas minerales, energéticas y agrícolas en todo el mundo, especialmente en África y América Latina.

Debido al importante aumento de los ingresos, el incremento de la población urbana y la firme política de reducción de la pobreza, la demanda china de alimentos seguirá creciendo por encima de la oferta interna, a pesar del esfuerzo por ampliar la producción nacional de alimentos para el consumo de la población. La demanda china de productos primarios tiene un impacto directo en la economía del Mercosur, especialmente para Brasil.

Un segundo aspecto de la política económica exterior de China es la incesante búsqueda de mercados para sus manufacturas, que inicialmente se produjo en el ámbito de los bienes de consumo más simples, pero que hoy abarca toda la gama de bienes industriales, incluidos los bienes de capital sofisticados.

Los países del Mercosur se caracterizan por la disparidad extrema en territorio, población, recursos naturales y producción, la importante producción y exportación de productos agrícolas (y en el caso de Brasil también minerales y cada vez más petróleo), el gran potencial para expandir la producción agrícola, los parques industriales menos integrados, menos sofisticados y menos competitivos que los de los países capitalistas desarrollados y China; la capacidad de generación de pequeña tecnología, la presencia grande y no regulada de megaempresas multinacionales en sus economías, incluida su agenda de exportaciones; el alto grado de urbanización en sus sociedades, excepto Paraguay, y las disparidades extremas de ingresos, con la excepción de Uruguay.

El impacto del surgimiento de China, que en muy poco tiempo se convirtió en el principal socio comercial de la Argentina y Brasil, el segundo de Uruguay y Paraguay y uno de los mayores socios comerciales de cada país de América Latina, ha sido doble. Por un lado, la demanda china contribuye a mantener la actividad económica en el Mercosur y, por otro, genera una entrada de divisas que contribuye a valorar las monedas locales, estimulando las importaciones, desalentando las exportaciones, “desintegrando” las cadenas productivas industriales locales y fomentando el gasto en rubros como remesas de utilidades.

La demanda externa de productos primarios estimula la inversión, tanto interna como externa, en la agricultura y la minería, y desalienta las inversiones en el frágil sector industrial, que se vuelve menos rentable.

La relativa escasez de oportunidades de inversión en las economías desarrolladas hace atractiva la adquisición de empresas en los países del Mercosur, lo que profundiza la desnacionalización de sus economías. Estas inversiones pueden generar dificultades en la balanza de pagos, ya que las empresas extranjeras invierten en sectores que no generan divisas, pero que las demandarán para futuras remesas de utilidades a sus accionistas en el exterior.

El debilitamiento de los sectores industriales en los países del Mercosur como consecuencia de la penetración de las exportaciones chinas, europeas y americanas hará que sus Estados miembros pierdan mercados para sus productos industriales en los países del bloque, y por ende su importancia en la agenda de comercio exterior de cada país del bloque se reducirá.

Como el principal eslabón del proceso de integración es el comercio industrial (y no el de productos agrícolas o minerales), el Mercosur sería cada vez menos relevante para la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y se disolvería, como sucedió en el pasado con otros esquemas de integración en América del Sur.

La principal característica del Mercosur son las asimetrías. Cuando se creó, agrupaba a cuatro Estados igualmente soberanos, pero profundamente desiguales en cuanto a territorio, población, producción y situación social. Uruguay y Paraguay son países de pequeño territorio (176.000 km² y 407.000 km²), con una población pequeña (3.500.000 y 7.000.000) y parques industriales pequeños y poco diversificados. Son países importadores de productos industriales y, por tanto, practicaban aranceles bajos antes de la creación del Mercosur. Hoy pagan al TEC (tarifa externa común del Mercosur) las importaciones de fuera del Mercosur y no abonan nada por las importaciones de bienes de otros miembros del organismo, es decir, de la Argentina y Brasil. Actualmente les interesa tener aranceles bajos, o incluso nulos, para las importaciones de cualquier país del mundo.

Así, favorecen (la situación en Paraguay es muy especial y diferente de la de Uruguay, incluso debido a Itaipú Binacional) la negociación del Mercosur de tratados de libre comercio con bloques o países y la libertad de negociación individual de cada miembro, manteniendo la zona de libre comercio entre los cuatro países.

En el ámbito económico, las regiones que están mejor dotadas de infraestructura, capital humano, recursos naturales y un mercado más amplio tienden a ejercer mayor atracción sobre las inversiones productivas. Esta concentración de inversiones conduce al surgimiento de empresas más grandes. Las empresas más grandes tienden a tener ventajas competitivas y a adquirir o excluir del mercado a las más pequeñas. De esta manera, se generan desequilibrios comerciales, con efectos económicos, entre las regiones, que a su vez generan tensiones políticas que resultan de la presión sobre sus gobiernos de las fuerzas económicas dañadas, para proteger el empleo y las ganancias.

Estos desequilibrios, que provocan tensiones políticas, pueden disminuirse si se reducen las asimetrías y deficiencias de infraestructura entre regiones y Estados, lo que haría que las fuerzas de atracción de inversiones fueran menos desiguales entre regiones.

Existe un tema crucial para el futuro del Mercosur, derivado de las asimetrías y del objetivo supremo de promover un desarrollo económico y social equilibrado de los cuatro Estados para preservar su unión y profundizarla. La implementación del Tratado de Asunción, al no tomar en cuenta las diferencias entre países y el impacto económico y político de las dislocaciones económicas provocadas por la eliminación de aranceles, generó todo tipo de tensiones y tendencias centrífugas, especialmente en los Estados menores e incluso en Estados más grandes, de grupos e intereses que comienzan a defender el regionalismo abierto.

La supervivencia y eficiencia del Mercosur como instrumento para el desarrollo de los Estados miembros dependen de su transformación en una agencia de desarrollo regional.

La transformación del Mercosur de una simple unión aduanera y un área de libre comercio imperfecta en un organismo que promueva el desarrollo regional equilibrado y armónico de los cuatro Estados, lo que significa la eliminación paulatina de asimetrías y la construcción paulatina de una legislación común, requeriría lo siguiente:

1 mantenimiento del TEC como instrumento esencial de la Unión Aduanera;

2 fortalecimiento organizativo, financiero y técnico de la Secretaría del Mercosur;

3 expansión significativa del Focem, que incentivaría la participación de las economías más pequeñas y compensaría las desventajas comerciales;

4 trato comercial preferencial en los Estados más grandes para los más pequeños, única vía para permitir su industrialización;

5 acuerdos de cooperación tecnológica para abordar la creciente brecha tecnológica entre las economías altamente desarrolladas y el Mercosur;

6 constitución de fondos comunes, con recursos adecuados, en cada área de integración, reconociendo asimetrías en los aportes y en la asignación de recursos;

7 firma de acuerdos comerciales organizados en sectores industriales relevantes, similares al acuerdo automotor, teniendo en cuenta la importante presencia de megaempresas multinacionales en la producción y el comercio intrarregional del Mercosur;

8 creación de mecanismos que eviten la “desorganización de los mercados nacionales” y, al mismo tiempo, eviten el desvío del comercio a favor de países no miembros del Mercosur;

9 fácil acceso de las empresas de capital nacional, con sede en los cuatro Estados, a los organismos nacionales de financiamiento de cualquiera de los cuatro Estados;

10 armonización de la legislación de los cuatro Estados en todos los ámbitos de la integración, y

11 desarrollo de la conciencia comunitaria y cultural en el territorio del Mercosur (en el los dos primeros capítulos de este libro se encuentra explicado y desarrollado la identidad cultural y educativa de la Patria Grande con una sorprendente erudición).

Paralelamente a la transformación del Mercosur en una agencia de desarrollo regional, la firma de acuerdos de comercio e inversión con China (y con otros países) sería de suma importancia para el procesamiento industrial de las materias primas que actualmente en los países miembros exportan juntos, con garantías de acceso al mercado chino (y otros países) en sistemas de cuotas.

Esta política de acuerdos con China (y con otros países) estaría perfectamente alineada con el objetivo de desarrollar la economía brasileña y la de los demás países del Mercosur, que es crear la capacidad para transformar sus recursos naturales para agregar valor a la producción, generar más y mejores empleos, elevar su nivel tecnológico e integrar verticalmente los distintos sectores de sus economías.

Sería de gran importancia concertar acuerdos conjuntos de investigación tecnológica entre las principales instituciones brasileñas (y las del Mercosur) con homólogas chinas más avanzadas en áreas de especial interés común.

Si no se toman estas medidas y si no hay un compromiso firme por parte de los presidentes de cada Estado miembro, el Mercosur podrá sobrevivir, pero siempre lo hará cojeando y no se transformará en un bloque de Estados capaces de defender y promover con éxito sus intereses en este mundo de transformaciones y crisis.

El futuro del desenvolvimiento y la integración de América del Sur y el Mercosur se enfrenta al desafío que presentan las economías capitalistas desarrolladas que están tratando de recuperarse de la crisis económica y de salud, y apostar por un enfrentamiento económico político con China (y Rusia) bajo liderazgo estadounidense con todas sus implicaciones de alineación para los Estados subdesarrollados, incluido Brasil.

Pero, sobre todo, el futuro del Mercosur se enfrenta al desafío de superar la hegemonía sofocante del pensamiento neoliberal en sus sociedades, que acepta como destino el mediocre desarrollo económico, social y político de sus países.

El progreso de la integración en América Latina (y el Sur) tendrá que esperar el control de la pandemia, el regreso a la actividad económica normal, la política del presidente Joe Biden hacia la región y un futuro gobierno brasileño a partir de 2023.

Brasilia, agosto de 2021