Kitabı oxu: «Contra la escuela. Autoridad, democratización y violencias en el escenario educativo chileno»

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© LOM ediciones Primera edición, septiembre 2019 Impreso en 1.000 ejemplares ISBN impreso: 9789560012050 ISBN digital: 9789560013422 RPI: 306.880 Todas las publicaciones del área de Ciencias Sociales y Humanas de LOM ediciones han sido sometidas a referato externo. Edición, diseño y diagramación LOM ediciones. Concha y Toro 23, Santiago Teléfono: (56-2) 2860 68 00 lom@lom.cl | www.lom.cl Diseño de Colección Estudio Navaja Tipografía: Karmina Impreso en los talleres de LOM Miguel de Atero 2888, Quinta Normal Impreso en Santiago de Chile

Índice

  Agradecimientos

  Obertura

  Introducción

  Capítulo I las relaciones de autoridad en la escuela

  Capítulo II: El conflicto y la violencia antiescuela

  Capítulo III: Violentando a la escuela: autoritarismo, democratización y resistencias

  Conclusiones

  Bibliografía

  Anexo metodológico

Agradecimientos

En primer lugar, agradezco a mi familia. A mi abuela Amada. A la Memé (allí donde esté) y al Tata. A mis padres María Soledad y Guido. Y a mis hermanos Seba, Nico y Mati. Lo son todo.

Gracias a mi barrio y a mis amigos.

Del mismo modo, quisiera agradecer al grupo formado en torno al proyecto FONDECYT Nº 1110733: «La autoridad y la democratización del lazo social en Chile», por las jornadas de discusión y de camaradería en las que se fueron delineando este y otros trabajos. Sin lugar a dudas fue un tiempo y un espacio de gran aprendizaje.

Muy particularmente agradezco a la profesora Kathya Araujo, directora de la tesis que dio origen a esta investigación y quien me impulsó a transformarla en un libro. Gracias por la confianza depositada, el respaldo constante y el estímulo permanente. En mi camino, ha representado la figura de una maestra.

Finalmente, agradezco a la veintena de estudiantes que estuvieron dispuestos a concederme una entrevista, a la centena con la que he podido compartir en el aula como docente, y a los millares que en el último tiempo nos han enseñado a nosotros, sus profesores, a luchar por la construcción de un mundo digno.

Obertura

Probablemente, cuando Pabla Sandoval decidió estudiar Pedagogía sabía de las dificultades que entrañaba el ejercicio de la profesión en el contexto educativo nacional. Todos los que se enfrentan a dicha posibilidad, con mayor o menor grado de conciencia, lo saben. Sin embargo, y definitivamente, nunca sospechó que un día de agosto del año 2001 ocho alumnas pertenecientes al segundo medio del Liceo A-114 Pedro Lagos, de Puente Alto, la amarrarían a una silla, la escupirían y la amenazarían con un cuchillo cartonero.

La agresión que sufrió Pabla generó las inmediatas reacciones de la comunidad escolar. Ella misma señaló pocos días después: «La sensación que me queda es de una preocupación muy grande. Mi primera sensación fue de mucha impotencia: uno se siente humillada delante de los jóvenes. Ahora estoy muy dolida»1. A su vez, el Centro de Estudiantes de la institución educativa emitió un comunicado en el que solidarizaba con la docente, señalando: «pedimos a todos los alumnos, nuestros compañeros del establecimiento, dar el apoyo incondicional a la profesora y manifestar que estas situaciones no se pueden repetir». Finalmente, el profesor jefe de las alumnas involucradas en la agresión, Pedro Soto, expresó: «Cuando uno elige ser profesor, uno desarrolla compañías con sus alumnos y es difícil decir que estoy de acuerdo con que las expulsen. Solidarizo con mi colega agredida, pero me es difícil tomar una sanción».

Tal dificultad, sin embargo, fue disipada el 28 de agosto, fecha en que el consejo de profesores, en reunión extraordinaria, decidió expulsar a cuatro de las ocho alumnas que participaron del incidente.

A pesar de la condena transversal de la comunidad escolar, las estudiantes involucradas en la agresión también tenían algo que decir. Éstas, luego de expresar su arrepentimiento, intentaron justificar el hecho. María Llantén, una de las alumnas participantes, señaló que «la profe de inglés era complicada y abusaba de su autoridad, diciendo que tenía influencias en la Gobernación, donde trabaja como secretaria». Mientras Vania Ortiz, otra de las alumnas sancionadas y cuyos padres se encontraban detenidos por tráfico de drogas, opinó: «Siento que me están culpando también por lo de mis papás», arremetiendo seguidamente contra la docente: «siempre estaba sacándonos en cara que ella tenía un cargo en la Gobernación». Por ello, la conclusión de la joven fue categórica: «esto no hubiera ocurrido con otro profesor».

La discusión en torno a la agresión hacia la profesora prontamente superó los límites institucionales, causando un revuelo mediático que involucró a los principales actores educativos a nivel nacional. Mientras algunos reaccionaron airadamente exigiendo medidas para resguardar la seguridad de la labor docente, otros se aventuraron a levantar hipótesis generales para explicar el incidente.

Dentro del primer grupo se encontró Arturo Palma, entonces vicepresidente de la Dirección Provincial Cordillera del Colegio de Profesores, quien amenazó con la «paralización de actividades si no se tomaban medidas, porque sabemos que esto se va a repetir. Hace mucho que a los profesores nos están pisoteando, primero con la municipalización de las escuelas, luego con una reforma en la que no fuimos consultados y ahora dejando que nos hagamos cargo de problemas sociales que ni a la Concertación ni a la derecha les ha interesado solucionar».

Por su parte, y esbozando una interpretación comprensiva del fenómeno, el entonces presidente del Colegio de Profesores, Jorge Pavez, declaró que estas situaciones representaban «la punta del iceberg de un sistema de relaciones atravesado por otros tipos de violencia, no sólo física, sino también social y sicológica, al que no escapan los estudiantes y maestros». El máximo dirigente gremial de los profesores fue secundado por Jaime Gajardo, a la fecha presidente del Regional Metropolitano de la orden, quien concluyó que el lamentable evento «se trata de un fenómeno social nuevo». La propia ministra de Educación de la época, Mariana Aylwin, tras asistir al colegio y hablar con la profesora afectada, sentenció: «esto responde a un aumento de la violencia en la sociedad».

¿Qué opinó Pabla Sandoval sobre estos planteamientos? ¿Le bastaron para comprender por qué fue agredida? ¿Creería también ella que este era un fenómeno novedoso proveniente de una violencia social generalizada?... No lo sabemos.

Lo que sí sabemos es que tenía razón Arturo Palma, y mucha, cuando auguraba «esto se va a repetir». Efectiva e inquietantemente, desde el año 2001 estos eventos se han reiterado progresivamente. Sin embargo muchas de las interrogantes que ellos suscitan permanecen abiertas: ¿en qué radica la novedad del fenómeno? ¿Por qué genera tanta conmoción pública? ¿Es consecuencia exclusiva del aumento de la violencia social? ¿Qué responsabilidad le cabe a cada actor escolar en esta situación? ¿Qué hay detrás de la condena transversal a tales manifestaciones? Y finalmente ¿por cuáles motivos, aun sabiendo del aumento de los casos asociados a la violencia contra los profesores, esta no ha sido sistemáticamente estudiada?

Estas son algunas de las preguntas iniciales que orientaron nuestro interés por indagar en las conflictivas relaciones que se establecen entre jóvenes estudiantes y autoridades escolares. En el fondo, queríamos comprender las razones por las cuales emerge la violencia que enfrenta a estudiantes con profesores y, con ello, ampliar el espectro de lo que se ha venido denominando «violencia escolar».

1 Las referencias fueron extraídas de las publicaciones de los periódicos La Segunda y El Mercurio, de la Revista Punto Final y del portal web de la Radio Cooperativa.

Introducción

Los cambios estructurales vividos por la sociedad chilena en las últimas décadas han producido la problematización de fenómenos y procesos que, pudiendo tener un origen o presencia anterior, sólo en el último tiempo adquirieron relevancia para la investigación social. En efecto, desde el retorno a la democracia se ha generado y propagado un discurso público centrado en el respeto por los Derechos Humanos, la relevancia de la diversidad, la resolución pacífica de los conflictos y el establecimiento del diálogo como mecanismo privilegiado en la construcción de una sociedad plural e inclusiva. La efectividad de este ideal democratizador ha implicado una creciente preocupación por indagar en fenómenos sociales anteriormente ignorados o desdeñados, pero que hoy, al impugnar fácticamente los preceptos de tal democratización e interpelar a la sociedad en su conjunto, adquieren un carácter preponderante para la investigación. Uno de estos fenómenos es precisamente el de la violencia escolar.

Es en este contexto en que, desde mediados de la década de 1990, comienzan a emerger distintos relatos en torno a dicha problemática. De manera precursora, los medios de comunicación expusieron diversos casos y ampliaron progresivamente la cobertura de noticias asociadas a la violencia en las escuelas. Esta, por tanto, se fue transformando en un tema de discusión pública, generalmente atizado por la narración de eventos con dosis cada vez más elevadas de dramatismo.

Por su parte, comenzando el nuevo milenio y a la cola del interés mediático, diversos especialistas de las ciencias sociales asumieron el desafío de investigar los múltiples aspectos constitutivos de la violencia escolar presentes en el escenario educativo nacional. Desde entonces ha proliferado la producción de literatura científica asociada a dicha problemática, conformando un acervo de conocimiento relativamente amplio sobre la violencia y la conflictividad presente en las escuelas de Chile (Contador 2001; Madriaza 2006; Valdivieso 2009; Mineduc-Ministerio de Interior 2005 2007 2009; Berger, Potocnjak y Tomicic 2011; Flores y Retamal, 2011)2.

Sin embargo, y a pesar del creciente interés por indagar en las causalidades que explican la emergencia y reproducción de la violencia escolar, en su tratamiento se ha tendido a asumir que esta representa un tipo de manifestación único e indivisible. Por ello, se habla de «violencia escolar» en singular y, tácitamente, se asocia la terminología con una de sus expresiones particulares: el bullying. Bajo este registro, por tanto, la violencia escolar se expresaría exclusivamente en las agresiones producidas entre los propios estudiantes. El «matonaje», pues, agotaría el espectro general de la violencia escolar.

Nosotros, por el contrario y a la luz de las nuevas perspectivas esgrimidas por quienes se ocupan de su estudio, sostenemos que la violencia escolar se estructura a través de múltiples manifestaciones que, a su vez, responden a lógicas causales y explicativas disímiles (Dubet 1998). En este sentido, no existiría una sola violencia escolar, sino que múltiples violencias o, si se prefiere, diversas lógicas y figuras de la violencia3.

La violencia escolar no sería unidireccional en su origen y despliegue, ni uniforme en los sujetos que la ejercen y/o la padecen. La escuela, en este contexto, estaría cruzada por tensiones, conflictos y violencias caracterizadas por la movilidad de los actores que participan de ella, así como por la diversidad de causalidades que explican su emergencia y reproducción. Este supuesto inicial es avalado por las investigaciones recientes que, progresivamente, han resaltado el carácter plural de las violencias escolares. Así, y siguiendo la sentencia de Averbuj, podemos afirmar que «no existe una única ‘violencia’ en la escuela, sino múltiples manifestaciones de la misma» (Averbuj et al. 2008 7; ver también Míguez 2008; Bringiotti et al. 2007; Sánchez 2007; Echeverri et al. 2014)4. Bajo este registro, el objetivo principal del siguiente trabajo es indagar en una de las lógicas o figuras específicas dentro del espectro mayor de la violencia escolar. Nos referimos a la violencia antiescuela, es decir, aquella que ejercen los estudiantes contra las autoridades escolares.

En Chile, este fenómeno no ha generado el mismo interés mediático y académico que el bullying; sin embargo, su presencia es innegable. Los indicios iniciales sobre la existencia de la violencia antiescuela en el escenario nacional fueron arrojados por el Primer Estudio Nacional de Convivencia Escolar (Mineduc-Unesco, 2005). En este, un 13% de los docentes encuestados reconoció la existencia de agresiones a profesores, mientras un 67% manifestó que los estudiantes les habían faltado el respeto. Posteriormente, el Ministerio del Interior, en conjunto con el Ministerio de Educación (a través de otras instituciones a cargo del trabajo de campo: Universidad Alberto Hurtado y Adimark GFK), realizó en tres oportunidades una encuesta bienal sobre violencia en el ámbito escolar. En la última de ellas, efectuada el año 2009 y aplicada a nivel nacional a 9.621 docentes y 3.596 asistentes, un 11,8% de los profesores y un 11,3% de los asistentes de la educación señaló haber sido víctima de violencia (Ministerio del Interior y Mineduc, 2005; 2007; 2009)5. Tras descontinuar la encuesta, el año 2014 se publicó una nueva versión de la misma, constatando un aumento estadísticamente significativo de la violencia antiescuela. En esta última oportunidad, un 13% de los 9.272 docentes encuestados a nivel nacional declaró haber sufrido alguna agresión en su establecimiento educativo (Ministerio del Interior 2014). De las agresiones declaradas por los profesores, la mayoría fue llevada a cabo por los estudiantes y tuvieron un carácter sicológico, seguidas por la agresión física, la discriminación y las amenazas permanentes.

Como se puede colegir de lo anteriormente expuesto, existe una evidencia contundente respecto a la presencia de la violencia antiescuela en la realidad educativa nacional. No obstante, su conocimiento es superficial. En efecto, junto a las encuestas citadas, sólo dos estudios han indagado particularmente en esta figura. El primero corresponde a una tesis de doctorado que verificó la presencia de este tipo de violencia e indagó en el sentido atribuido a la misma entre escolares de sectores socioeconómicos bajos que asistían a instituciones municipales de Santiago (Zerón 2006). Una segunda investigación ha indagado en la victimización presente en docentes de escuelas municipales de la Región de Valparaíso (Morales et al. 2014)6.

Como se aprecia para el caso chileno, la escasez de investigaciones sobre la violencia antiescuela resulta evidente. Esta constatación opera como primera justificación para desarrollar la investigación que a continuación presentamos. En esta pretendemos subsanar, al menos en parte, la asimetría del conocimiento que se posee en torno a las diversas figuras de la violencia escolar en el contexto nacional, conocimiento que, como señalamos, está volcado hegemónicamente hacia el estudio del bullying o, lo que es lo mismo, la «violencia entre pares» (Neut 2017).

Sin embargo, el estudio de la violencia antiescuela no sólo es relevante como fenómeno «en sí». En este sentido, y desde una perspectiva macrosistémica, sostenemos que esta es una problemática que condensa y revela una de las principales tensiones que presenta el sistema educativo chileno y las relaciones sociales en su conjunto. Nos referimos específicamente a la fricción que produce el cruce de dos procesos troncales. Por un lado, las reivindicaciones que exigen profundizar la democratización del espacio escolar y, por otro, el permanente alegato de los actores institucionales ante lo que consideran una situación de pérdida o crisis de la autoridad. En el fondo, lo que se intenta es vislumbrar cómo se procesa el ideal de horizontalidad y simetría en las relaciones educativas, con la necesidad de establecer jerarquías escolares entre estudiantes y profesores, entendiendo que ellas operan como precondición para la interacción pedagógica y la materialización del proceso de enseñanza-aprendizaje (Meza 2010; Grecco 2012).

En esta perspectiva, el estudio de la violencia antiescuela puede posibilitar una entrada comprensiva respecto de la forma en que se ha implementado el proceso de democratización del espacio escolar y los problemas o desafíos que surgen de dicha ejecución. De esta forma, el conocimiento respecto de las modalidades mediante las cuales se vehiculiza el conflicto al interior de las instituciones educativas nos permitirá reconocer el avance efectivo del ideal democratizante o, en su defecto, si este sólo representa un elemento discursivo «oficial» sin soporte en las prácticas concretas de los actores que interactúan en dicho escenario. En el fondo, a través del estudio de esta figura de la violencia escolar podemos visualizar la cristalización, o no, del proceso mayor de democratización que se vive en Chile desde 1990.

Nuestra propuesta al respecto es que la expansión de las demandas por una mayor democratización social y escolar ha impulsado una reconfiguración tanto de las legitimidades como de los escenarios de obediencia sobre los que se soporta la autoridad pedagógica. La colisión entre estas exigencias democratizadoras o «igualitaristas» –en un contexto de «desfondamiento» institucional de la escuela– y las formas concretas con que los profesores y directivos ejercen su autoridad genera en los estudiantes un sentimiento de injusticia social, de desafiliación institucional y de vejamen personal. Es en este escenario de progresivo desencuentro que emergen nuevas condiciones y límites para la producción y el ejercicio de la autoridad pedagógica, fenómenos que, de no ser adecuadamente encauzados, estimulan la proliferación de conflictos y abren sendas para la expresión de la violencia antiescuela.

Sin embargo, en el contexto de estas profundas transformaciones, la violencia no es el destino ineludible de las interacciones escolares. En efecto, como veremos en el primer capítulo, la contracara de la creciente conflictividad interestamental está representada por la emergencia de nuevos tipos relacionales en el escenario educativo, tipos que, impugnando las distancias jerárquicas excesivas y los modos autoritarios en el ejercicio del poder, instituyen nuevas fuentes para erigir una autoridad pedagógica legítima y reconfiguran los escenarios de la subordinación estudiantil. La aceptación de este proceso de reconfiguración de la autoridad pedagógica se alza, pues, como la principal barrera de contención de la violencia antiescuela.

Para la verificación de estas propuestas realizamos un estudio de caso en dos instituciones educativas de Santiago caracterizadas por su alta vulnerabilidad. En estas se efectuaron treinta y dos entrevistas en profundidad a estudiantes, profesores y directivos. En paralelo, y como instrumento auxiliar, utilizamos la observación participante con el objetivo de verificar los «valores de uso» de las interpretaciones que recogíamos en las entrevistas (Mucchielli, 1996). Finalmente, el material empírico obtenido de manera directa fue cotejado y complementado por la información obtenida de diversas investigaciones relacionadas con los temas abordados en este trabajo7.

La opción de investigar específicamente instituciones con un alto grado de vulnerabilidad no tiene por intención reforzar estereotipos clasistas en torno a la «adjudicación» sobre el origen de la violencia o generar algún tipo de «equivalencia» entre una figura de la violencia escolar y un sector de la sociedad. Por el contrario, esta elección de basa en dos razones principales.

La primera de ellas es que, si bien los índices de violencia escolar y victimización en Chile demuestran que este fenómeno está presente de manera transversal en todos los estratos socioeconómicos –de allí que la «adjudicación» antedicha pierda toda posibilidad y consistencia–, en el caso particular de la violencia antiescuela se presenta un leve aumento en la población escolar vulnerable (Ministerio del Interior 2005; 2007; 2009). En otras palabras, si bien los estudios cuantitativos demuestran que la violencia antiescuela no está circunscrita exclusivamente a una determinada condición socioeconómica, su presencia es ligeramente mayor en las instituciones con un alto grado de vulnerabilidad. Por otro lado, y contraviniendo en parte a las encuestas citadas, en el principal estudio cualitativo que se preocupa específicamente de esta problemática en el escenario nacional se concluye que la violencia antiescuela sólo se presenta en establecimientos que reciben a jóvenes de estratos bajos (Zerón 2006). A pesar de esta divergencia, en ambos casos se tiende a identificar una mayor prevalencia de la violencia antiescuela en los contextos de vulnerabilidad escolar.

Una segunda razón es que el fenómeno de la violencia antiescuela se encuentra íntimamente vinculado con el problema de la autoridad. En esta perspectiva, se ha configurado un sentido común, tanto social como académico, que ha tendido a afirmar la existencia de un proceso general de crisis de autoridad, proceso que se vería particularmente acentuado en los sectores populares. Por lo mismo, centrar el estudio en instituciones educativas vulnerables nos permitirá verificar o contradecir la veracidad de estas posiciones a partir de la interpretación de los propios actores involucrados, generando un conocimiento cuyo clivaje es la experiencia escolar misma de quienes participan del fenómeno en estudio (Dubet 2010; Dubet y Martuccelli 1998).

1. El problema de la definición

Una de las principales dificultades que entraña el estudio de la violencia escolar es precisamente el de su definición conceptual. Esto se debe, en parte, a la integración de múltiples procesos y diversos fenómenos dentro de la misma noción. En efecto, y tal como lo señala Dubet, «la violencia es una categoría general que designa un conjunto de fenómenos heterogéneos, un conjunto de signos de las dificultades de la escuela» (Dubet 1998, 29). De acuerdo al autor, esta sería una noción genérica y ambigua que sintetiza un cúmulo de eventos perturbadores del ordenamiento escolar. Esta «extensión» del término permitiría incluir una serie de fenómenos que no necesariamente constituyen acciones propiamente violentas. De allí la comodidad y, al mismo tiempo, la confusión que presta su uso8.

A su vez, el carácter polisémico de la violencia escolar opera en una doble dimensión, pues deviene tanto de discrepancias teóricas entre los especialistas que se abocan a su estudio como de las diversas interpretaciones que los propios actores escolares manejan en torno al concepto (Míguez 2008; Madriaza 2006). Sin pretender dar cuenta exhaustiva de todas las definiciones esgrimidas en este campo, revisaremos los postulados atingentes a nuestro análisis.

Al respecto, Daniel Míguez, siguiendo fundamentalmente a la sociología francesa, ha sostenido que las diversas definiciones de violencia escolar pueden ser agrupadas de acuerdo al grado de inclusividad con que operan. Por un lado se encontrarían las definiciones «restringidas», es decir, aquellas que asumen como eventos de violencia escolar sólo a las acciones que transgreden el ordenamiento legal y normativo de la institución educativa. Este tipo de definiciones pretende conceder una mayor «objetividad» al tratamiento de la problemática, pues la vulneración de normas explícitas –en reglamentos, proyectos institucionales, leyes, etc.– puede ser verificable de manera independiente de la interpretación o valoración que establecen los sujetos participantes. Esta situación permitiría, a su vez, una operacionalización diseñada a partir de criterios relativamente homogéneos, estándares o «universales», lo que facilitaría la cuantificación del fenómeno.

En contraposición a este tipo de delimitación conceptual se encuentran las definiciones «ampliadas» de la violencia escolar. Estas se caracterizan por incluir las acciones que, sin ser necesariamente estatuidas por los reglamentos institucionales o legales, son asumidas como violentas por la propia víctima. Este registro, por tanto, asume la subjetividad de los actores escolares, particularmente de aquellos que actúan en condición de «objetos» de la violencia. Es por ello que, en reiteradas oportunidades, los expertos que se manejan con este tipo de definiciones incluyen eventos que, sin tener el objetivo explícito de provocar un daño o perjuicio, pueden producir dicho efecto o ser percibidos como tales9.

Ahora bien, la elección de alguna de estas entradas conceptuales, «restringida» o «ampliada», no sólo revela una determinada posición epistemológico-académica sino, y esto es fundamental, su incidencia es gravitante al momento de cuantificar el fenómeno. Es así como las investigaciones realizadas a partir de una definición «restringida» tienden a mostrar un grado de violencia escolar mucho menor que el panorama presentado por aquellos estudios que asumen una definición «ampliada» de la misma. Incluso dentro de una misma perspectiva «ampliada», si se pregunta a los profesores, la percepción de violencia es mucho mayor que si los inquiridos son los estudiantes (Míguez 2008).

Desde nuestra perspectiva, y asumiendo las divergencias existentes entre las propuestas revisadas, se impone un primer principio que funciona como soporte de la elección conceptual realizada. Nos referimos al hecho de que la violencia, y por tanto su manifestación en el espacio escolar, es un fenómeno espacio-temporalmente situado. Como señala Debarbieux, «históricamente, culturalmente, la violencia es una noción relativa, dependiente de los códigos sociales, jurídicos y políticos de épocas y lugares donde cobra sentido» (citado en Zerón 2006, 17). Este «principio de historicidad» en la comprensión de la violencia supone un rechazo a las posturas esencialistas o ahistóricas, aquellas que, proviniendo generalmente de una matriz conservadora, «petrifican» y naturalizan el concepto en favor de un orden «objetivo» y/o «natural» frente al cual se atentaría con su manifestación. Sostenemos, por el contrario, que se torna indispensable «desencializar» la noción de violencia para, desde allí, comprender sus múltiples manifestaciones y causalidades (Matus 2006).

Si asumimos tales postulados, se torna indispensable incluir la subjetividad de los «intervinientes» en esta problemática, esté o no expresada en reglamentos y normativas oficiales, pues es precisamente dicha subjetividad la que define los términos y límites de la violencia en un momento determinado. En otras palabras, es la subjetividad de los actores participantes la que expresa la historicidad de lo que es considerado como violento en las condiciones actuales de la escolaridad en Chile.

Definición de la violencia antiescuela

La violencia antiescuela, como constructo teórico específico, ha sido definida precursoramente por Dubet, quien sostiene que «son violencia ‘antiescuela’, las destrucciones de material, los insultos y las agresiones contra los docentes, provocada por los alumnos y, a veces, por su familia y sus amigos» (Dubet 1998, 33). Zerón reafirma la definición de Dubet, reforzando la idea de que esta es «una reacción del alumno contra la autoridad pedagógica» (Zerón 2004, 159). Finalmente, Di Leo señala que la violencia hacia la escuela «es aquella que está dirigida hacia los agentes y la infraestructura escolares y, en general, son formas de contestación o reflejo frente a las violencias impuestas por la institución» (Di Leo 2008, 22). En síntesis, la violencia anti o contra la escuela representa aquellos eventos en que la autoridad pedagógica es agredida por algún individuo del estamento estudiantil o alguien «asociado» a él.

Ahora bien, si respetamos el precepto de «historicidad» en la comprensión de la violencia –que supone reconstruir una noción que asuma las condiciones actuales de la escolaridad a partir de la subjetividad situada de sus actores– y, a la vez, asumimos que la violencia antiescuela está direccionada contra la autoridad pedagógica, entonces debemos considerar como prioritaria la perspectiva de los profesores y directivos al momento de delimitar su campo de manifestación. Es precisamente la experiencia escolar de la violencia –fundamentalmente de aquellos que la «padecen» como víctimas– la que posibilita seleccionar los eventos concretos que se inscriben dentro de esta figura. En este contexto, incluimos específicamente como expresiones de violencia antiescuela tanto aquellas acciones que atentan directamente contra la integridad física de la autoridad pedagógica como las amenazas e insultos de que son objeto. Ello, pues, estas tres variantes son maneras de agredir la subjetividad docente, de acuerdo a los relatos que hemos recabado y a los antecedentes proporcionados por los instrumentos que han medido dicha violencia en el ámbito educativo nacional.

Una vez aclarado lo que entenderemos por violencia antiescuela, y explicitado las formas o acciones específicas en que esta se materializa, se impone la necesidad de revisar sintéticamente las matrices teóricas que se han ocupado de esta temática. Al respecto, debemos señalar que las interpretaciones en torno a la violencia antiescuela se han presentado fundamentalmente bajo tres registros de análisis. Dos de ellos, contemporáneos y de elaboración «reciente», provienen de la sociología de la educación francesa y asumen que esta es una lógica propia y autónoma dentro del espectro mayor de la violencia escolar. Por lo tanto estas perspectivas distinguen y enuncian la especificidad de la violencia anti-escuela. Estas propuestas son, respectivamente, las planteadas por Françoise Dubet y Eric Debarbieux. Por su parte, una tercera vertiente que indaga en esta problemática gira en torno a los postulados de la llamada escuela de la «pedagogía crítica». Sin embargo, y ello debemos explicitarlo, no son los autores adscritos a esta corriente los que asumen como objeto de estudio a la «violencia antiescuela», sino que nosotros los integramos a partir de las directrices emanadas de sus propuestas analíticas.

La violencia antiescuela en las propuestas de Dubet y Debarbieux

La propuesta analítica de Dubet respecto de la violencia antiescuela se asienta sobre un presupuesto de base: que la escuela ejerce un tipo de violencia hacia los estudiantes. Al respecto, el autor se distancia, aunque sin negar ni rebatir su validez, del tópico clásico de la «violencia simbólica», pues considera que ella es una fórmula genérica que no da cuenta de los procesos o eventos concretos mediante los cuales son violentados los jóvenes en sus interacciones cotidianas con las autoridades institucionales.

De esta manera, la «violencia de la escuela», antes que una entelequia abstracta e inmanente, estaría representada por los «juicios escolares» a los que se ven expuestos permanentemente los estudiantes. En palabras del autor: «la violencia de la cual se trata, es ante todo la que expone a los alumnos a juicios infamantes y que destruye su autoestima» (Dubet 1998, 33). La escuela, por tanto, violentaría a sus estudiantes sometiéndolos a pruebas y emitiendo juicios que cuestionarían su valía personal, particularmente a aquellos rotulados bajo el estigma de encarnar el «fracaso escolar». En tal contexto, las posibilidades de estos estudiantes para evadir el juicio escolar serían escasas. Algunos optarían por la deserción. Otros, sin embargo, combatirían el «juicio escolar» embistiendo contra las autoridades institucionales. De esta manera, y como señala Dubet, «hay alumnos que rechazan el juicio escolar poniendo el estigma contra los profesores. Salvan las apariencias con el uso de la violencia» (Dubet 1998, 33).

Sin embargo, el autor va más allá de las agresiones mutuas entre la escuela y los estudiantes –distanciándose de la explicación de tipo estímulo-respuesta– y señala que la tríada «juicio escolar-frustración-violencia» se posesiona sobre un mecanismo estructural característico de la escuela «democrática de masas». Nos referimos a la pugna entre principios diversos y antagónicos que deben ser satisfechos por la institución educativa. La escuela, por tanto, tendría que afrontar una realidad estructurada a partir de intereses cruzados, entre los que destacan la formación de ciudadanos iguales, el reparto de certificados académicos y la «división social del trabajo escolar», todos ellos acicateados por el imperativo económico neoliberal (Dubet y Martuccelli 1998).

En la práctica, la «escuela democrática de masas» asegura retóricamente la igualdad de todos los estudiantes y a su vez impele a la competencia continua entre los mismos. En este contexto, el fracaso académico, componente necesario para la gradación de las jerarquías escolares, sería asumido como el resultado exclusivo de la responsabilidad individual. El «juicio escolar» recae en el sujeto sin que este posea mecanismos de justificación o racionalización para explicar su situación. En el fondo, la competencia se ocultaría tras el principio de igualdad, produciendo fracasos escolares explicables únicamente acudiendo a la «responsabilización» individual. Al respecto, señala Dubet:

lo propio de una escuela democrática de masas es que sostiene la igualdad de todos en tanto personas, e instaura una competencia continua entre estas personas. Aquel que fracasa debe administrar la tensión entre estos dos órdenes de principios, y sobre todo, no dispone de los dispositivos de consuelo y de racionalización, de justificación y de crítica, que podía ofrecer una escuela estructuralmente desigualitaria […] Para decirlo cruelmente, una escuela democrática de masas hace cuenta que los alumnos no se apoyan más que en ellos mismos cuando fracasan. (Dubet, 1998: 33)10

La «responsabilización», entendida como el proceso en que «el individuo soberano debe ser responsable de su propia desgracia» (Dubet 1998, 33), oculta los condicionamientos estructurales que «fuerzan» el fracaso escolar, produciendo una experiencia «privatizada» de la violencia escolar. De allí que la violencia antiescuela se escenifique fundamentalmente en eventos individuales y no mediante «insurrecciones» colectivas11.

Por su parte, Debarbieux, al momento de desentrañar las causas que explicarían la emergencia y reproducción de esta problemática, pone el acento en las condiciones sociales generales y, particularmente, en el fenómeno de la exclusión social. Es por ello que el autor sentencia, a propósito de esta figura de la violencia: «nos parece ser más bien la expresión de una frustración global ligada a la organización social en su conjunto, y a la problemática de la exclusión social» (citado en Zerón 2004, 159). Debarbieux, por tanto, enfatiza la contradicción que supone la existencia de una escuela «democrática» en contraste con las profundas desigualdades sociales y su traducción en oportunidades escolares inequitativas. Dicho de otro modo, la violencia antiescuela se asienta en el desigual destino escolar que les depara a los estudiantes de acuerdo a sus proveniencias socioeconómicas.

En última instancia, esta paradoja, que incide en la pérdida de sentido de la experiencia escolar para la juventud más vulnerable, sería el resultado o el síntoma de un proceso mayor, como lo es el agotamiento o crisis de la modernidad, de su metarrelato progresista y de la institucionalidad educativa que ella utilizaba como instrumento privilegiado de socialización. De esta manera, y en palabras de Zerón, el autor sostiene que la violencia antiescuela, y la violencia escolar en general, representa «la expresión de una frustración global ligada al final de la ideología del progreso social y de las promesas de una escuela moderna liberadora» (citado en Zerón 2004, 160).

Finalmente, y a pesar de que no se inscribe como una propuesta teórica, sino más bien como un intento de demostración empírica, es necesario señalar que el principal estudio sobre la violencia antiescuela en la realidad educativa chilena se configuró precisamente a partir de las directrices analíticas que acabamos de reseñar. Al respecto, la principal conclusión de Zerón fue que la violencia contra la escuela «no podemos generalizarla pues ella sólo tiene sentido para los jóvenes del sector municipal pobre, porque ellos sienten que su violencia es respuesta a una escuela que pretende ser moderna, desarrollada y reparadora de la injusticia social, pero que al revés es premoderna, subdesarrollada y además opresora» (Zerón 2006, 213).

La violencia antiescuela en la propuesta de la «pedagogía crítica»

A pesar de la emergencia reciente del término «violencia antiescuela», desde la ribera de la pedagogía crítica, y a partir de la década de 1960, diversos autores han indagado en las relaciones conflictivas que se alojan en el seno de la institución educativa para, desde allí, proponer la existencia de una cultura de la resistencia. Son precisamente algunos de los actos englobados en este término los que podríamos incluir como eventos de violencia anti-escuela. Reiteramos que esta adscripción la realizamos nosotros y no los propios autores. Del mismo modo, explicitamos que no pretendemos homologar directamente las nociones de «resistencia» con la de violencia antiescuela, sino constatar la similitud o equivalencia en determinadas expresiones de ambos fenómenos.

Ahora bien, la base de estas interpretaciones se sustenta en los postulados de la teoría de la reproducción, presentada en cualquiera de sus variantes. En efecto, tenga ella un carácter económico (Bowles y Gintis 1977), cultural (Bourdieu y Passeron 1995) y/o ideológico (Althusser 1974), todas estas propuestas coinciden en que la institución escolar tiene por objetivo reproducir la estructura social de clases y, en consecuencia, reforzar las relaciones de dominación. En el fondo, la escuela sería un aparato destinado a perpetuar el statu quo12.

En esta perspectiva, sin embargo, la reproducción social no sería un proceso acabado. La institución educativa presentaría intersticios que los estudiantes utilizarían para impedir las imposiciones institucionales y sistémicas. La resistencia escolar, en consecuencia, es una manifestación orientada contra la institución y su pretensión reproductora. Bajo estos parámetros, algunas de las expresiones de resistencia podrían incluirse dentro de lo que hoy denominamos violencia antiescuela.

Al respecto, Giroux plantea que la institución educativa tiene por objetivo introducir a los estudiantes en una determinada «política cultural» que transmite significados específicos determinados por las relaciones y jerarquías sociales. Sin embargo, el autor asegura que, ante esta imposición, los actores educativos generarían una «cultura de la resistencia». De esta manera, y en palabras de Giroux, «las escuelas representan terrenos (criticados) marcados no sólo por contradicciones estructurales e ideológicas sino también por resistencia estudiantil colectivamente formada» (Giroux 1983, 4). En el fondo, el escenario escolar se caracterizaría por la disputa entre distintos significados: los hegemónicos y los contrahegemónicos. Esta disputa otorgaría un carácter conflictivo a la escuela y dicho conflicto, entendido como resistencia de los sectores dominados a partir de sus significados subalternos, podría derivar en expresiones de violencia contra las autoridades y/o la infraestructura institucional (Giroux 2004, 2001). Por su parte, Willis, en un pionero trabajo etnográfico desarrollado en la década de 1970, sostuvo que los hijos de la clase trabajadora son portadores de una cultura «contraescolar» que colisiona con las pretensiones hegemónicas de la cultura escolar dominante. En este escenario, las escuelas populares se caracterizarían por la generalización de la conflictividad derivada de la resistencia cultural de sus estudiantes (Willis 2017)13.

En síntesis, la teoría de la resistencia sería la contracara necesaria de la tesis de la reproducción. Es así como lo que hoy denominamos violencia antiescuela podría rastrearse en algunos de los intentos de resistencia sociocultural ejercidos por los estudiantes frente a la violencia institucional que los coacciona. En este sentido, la frustración estudiantil no estaría ligada primariamente a la merma en la autoestima derivada del infamante juicio escolar, ni a la crisis de sentido en torno a la escolarización y sus promesas modernas de progreso y liberación, sino que correspondería al choque de culturas antagónicas que, a partir de una adscripción de tipo clasista, detentan los distintos actores escolares.

2. Entrada analítica para el tratamiento de la violencia antiescuela

Retomaremos posteriormente las teorías expuestas para cotejar sus postulados con nuestro material empírico. Por el momento, nos interesa dejar consignada una «omisión» compartida. Nos referimos a la ausencia de la temática de la autoridad pedagógica en sus análisis. En efecto, ya sea por la preeminencia concedida a la estructura productiva, a la cultura hegemónica, a la crisis de la modernidad o a la contradicción entre los principios de igualdad y de competencia, la producción de la autoridad pedagógica y sus formas de modulación y ejercicio actual no son consideradas como un factor relevante para explicar la violencia antiescuela.

Con ello no queremos aseverar que estas teorías ignoren o no se refieran explícitamente a la autoridad pedagógica –algunas incluso dedican un espacio específico para su análisis–, sino constatar que esta es considerada tácitamente como una relación determinada por dinámicas mayores, las que serían, en última instancia, las causales directas en la producción de la violencia contra la escuela. La autoridad, por tanto, representaría un soporte secundario o lateral, en tanto se constituye como un mero transmisor de procesos o estructuras globales que la exceden. De esta manera, la actuación misma de la autoridad pedagógica sería negada por una suerte de determinismo contextual que la atenaza y moldea, quedando vedado cualquier margen de acción o posibilidad de agencia de los actores escolares. En el fondo, y a excepción de algunos de los análisis de la resistencia que sostienen la posibilidad de una «pedagogía subalterna», la heteronomía de la autoridad respecto de sus condicionamientos estructurales incide en que esta sea desdeñada como un fenómeno central en la dilucidación de la violencia anti-escuela.

Contrariamente, nosotros sostenemos que si la violencia anti-escuela tiene como característica principal el estar orientada contra la autoridad pedagógica, entonces esta última proporciona un sendero analítico escasamente explorado y que permite complementar y complejizar los aspectos ya desentrañados de dicha figura de la violencia. En el fondo, y sin desconocer su interrelación con los procesos mayores en curso, creemos que resulta fecundo indagar en los aspectos propios de la autoridad pedagógica que «aportan» en el surgimiento de la violencia antiescuela.

Por lo mismo, el primer capítulo se ocupa de dilucidar las transformaciones en las formas de producción de la autoridad escolar, las tensiones a las que se debe enfrentar y los soportes que le proporcionan legitimidad en el escenario educativo actual. En el capítulo siguiente revisaremos las interpretaciones que estudiantes, inspectores y directivos construyen en torno al surgimiento de los conflictos escolares y la producción de la violencia antiescuela. Ambos capítulos se basan en un registro analítico-descriptivo estrictamente «apegado» a los relatos de los actores escolares. El carácter descriptivo, sin embargo, no supone que nos limitamos a «recolectar», clasificar y exponer información. Por el contrario, existe un trabajo permanente de vinculación y posterior análisis de la misma. Por ello, cada capítulo se articula a partir de una hipótesis de base y puede ser leído de manera independiente a partir del tópico particular que le es asignado.

Este diseño tiene por objetivo comprender cómo los actores escolares interpretan los dos núcleos constituyentes de nuestra problemática: la autoridad (capítulo 1) y la violencia (capítulo 2). Junto con ello, la estructuración de estos dos capítulos nos permitirá verificar la consistencia de una de las afirmaciones medulares en torno a la violencia antiescuela. Al respecto, señala Dubet que esta es más dramática y radical en tanto no se efectúa en nombre de una causa política, una reivindicación sociocultural y/o una crítica fundada contra la escuela o sus autoridades, sino que opera exclusivamente bajo el «principio de la rabia» (Dubet 1998, 33), es decir, como una reacción irracional e inexplicable por parte del estudiante. En consecuencia, rastrear el origen de esta problemática a partir de la descripción de los relatos permitirá constatar la pretendida a-criticidad o «inconsciencia» que presentarían los estudiantes al momento de violentar a sus profesores y directivos.

En el tercer capítulo pretendemos engarzar los relatos de los actores escolares con los procesos mayores que inciden en la configuración de la realidad educativa actual. Es por ello que el registro adquiere un carácter eminentemente interpretativo e hipotético. En este segundo momento los relatos son integrados en una perspectiva global cuyo objetivo es dar cuenta de aquellos fenómenos estructurales que ejercen una influencia significativa para el surgimiento de la violencia antiescuela. Esto, a pesar de que no sean explícitamente reconocidas, o lo sean sólo de manera lindante, por los propios actores escolares. En el fondo, este momento representa un «desapego» en torno a la textualidad explícita de lo narrado, una toma de distancia que permitirá inscribir los relatos en un espacio analítico que asume integralmente las condiciones de producción y reproducción de la violencia anti-escuela.

Antes de comenzar, debemos advertir que los términos «violencia contra la escuela», «violencia contra la autoridad pedagógica», «violencia contra los profesores», y otros similares, son utilizados indistintamente para referirse a la noción central de violencia anti-escuela.

2 Para revisar el estado del arte sobre la investigación en torno a la violencia escolar en Chile ver Neut 2017.

3 De acuerdo a Flores: «La idea de ‘figura’ tiene la ventaja de situar la problemática sobre márgenes distintos a los hechos brutos de la experiencia y las explicaciones causales, para penetrar en una perspectiva hermenéutica y fenomenológica del sentido y ‘comprensión’ de un fenómeno que se manifiesta de muchas maneras [...] La tarea consiste, entonces, en mostrar y detectar las dinámicas fundamentales y los ejes centrales, de los movimientos internos e invisibles del fenómeno en cuestión» (Flores 2004, 4).

4 Consecuentemente con este tipo de acercamiento al fenómeno, se ha producido una proliferación de categorizaciones y «tipologías» para delimitar los tipos de violencia presentes en el espacio escolar. Mientras algunos autores, siguiendo a la sociología francesa y bajo un criterio de direccionalidad, distinguen entre la «violencia de la escuela», la «violencia hacia la escuela» y la «violencia en la escuela» (Di Leo 2008) otros, que apuntan a identificar las diversas manifestaciones de violencia a partir del origen desde el cual ésta proviene, prefieren hacer la distinción entre la «violencia en la escuela», la violencia «externa a la escuela» y la «violencia antiescolar» (Petrus 2001) o entre «violencia escolar», «violencia a-escolar» y «violencia anti-escolar» (Zerón 2006).

5 Probablemente, la realidad develada por estos datos fue considerada al momento de promulgar, el año 2011, la ley 20.501 sobre «Calidad y Equidad de la educación», estipulación legal que modificó el «Estatuto Docente». Al respecto, una de las modificaciones consistió en agregar el siguiente extracto al artículo 8: «Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. Del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. Revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio, incluyendo los tecnológicos y cibernéticos, en contra de los profesionales de la educación».

6 A su vez, y asumiendo «lateralmente» el problema de la violencia antiescuela –es decir, sin que esta constituya el objeto central de estudio– se ha investigado su relación con las concepciones de la infancia (Carrasco et al. 2016) y la normativa reglamentaria desarrollada en escuelas con altos índices de violencia hacia los profesores (Carrasco et al. 2014).

7 Para una mayor especificación, ver Anexo metodológico.

8 Dicha comodidad se ve reforzada por la potencia enunciativo-normativa del término. Al respecto señala Dubet: «El concepto de violencia escolar se transforma en una categoría genérica tanto más eficaz cuanto que es sin ambigüedades, desde el punto de vista normativo: la violencia es mal. En gran medida, designando violentas un conjunto de conductas, nos ponemos en el lado del bien contra el mal, cerramos el debate antes de abrirlo, nos enfilamos en una condena común» (Dubet 1998, 29). Una crítica similar propone Teresa Matus, para quien la naturalización de las explicaciones y nociones en torno a la violencia escolar ha incidido en una perspectiva binómica que distingue «lo bárbaro» de «lo civilizado» o, si se prefiere, la violencia de la cultura. Para la autora, esta perspectiva antinómica cercena la comprensión del fenómeno, pues atribuye los eventos de violencia a simples desviaciones individuales, desechando la posibilidad de que la propia cultura genere violencia (Matus 2006).

9 Por su lado, y para clarificar conceptualmente el espectro de acciones que pueden ser asumidas como violentas, Gabriel Noel establece una diferencia entre las nociones de violencia, transgresión e incivilidad. De esta manera el primer concepto remite al uso de la fuerza para lograr un ejercicio de poder o dominación sobre el otro (por ejemplo el robo, la extorsión o la lesión, entre otras modalidades). Por su parte las «transgresiones» suponen un quebrantamiento de las normas internas de la institución educativa explicitada en reglamentos oficiales (por ejemplo el ausentismo sistemático, la no realización de tareas, etc.). Finalmente, las «incivilidades» serían conductas de negación de las reglas de convivencia tácitas que deberían sustentar la interacción entre los distintos actores escolares (por ejemplo, las groserías o el trato despectivo). De acuerdo al autor, mientras el primer expediente correspondería a la noción de violencia escolar propiamente tal, estas dos últimas modalidades pueden englobarse bajo el concepto de «hostigamiento» (Noel 2008).

10 Esta divergencia y antagonismo entre los diversos objetivos que debe satisfacer la institución educativa actual ha sido analizada y «denunciada» por diversos especialistas. Así, por ejemplo, Vásquez señala: «En su discurso explícito, la escuela reivindica la igualación social. No obstante, en el nivel implícito, se le sigue legitimando como instancia encargada de diferenciar socialmente, a través de la selección y la calificación» (Vásquez 2002, 711). Por su parte, Pérez Gómez concluye que «vivir en la escuela, bajo el manto de la igualdad de oportunidades y la ideología de la competitividad y meritocracia, experiencias de diferenciación, discriminación y clasificación, como consecuencia del diferente grado de dificultad que tiene para cada grupo social el acceso a la cultura académica, es la forma más eficaz de socializar en la desigualdad a las nuevas generaciones» (Pérez Gómez 2002, 26).

11 Nos parece interesante destacar que la noción de «responsabilización» es asumida por diversas corrientes teóricas contemporáneas. Por ejemplo, y desde una perspectiva biopolítica, esta es considerada como el corolario lógico y necesario de las sociedades de gerenciamiento. Al respecto señala Grinberg: «en la lógica del gerenciamiento proponemos que la episteme del gobierno de la población se presenta en la forma del no relato, de relatos fragmentados que arrojan a la población a la gestión de sí en la no tan sui generis ética de la responsabilidad individual. La educación se presenta como espacio en el que estas lógicas se producen y reproducen; en el que los sujetos son llamados a hacerse y autohacerse» (Grinberg 2010, 202).

12 Al respecto sostiene Giroux: «En esta visión, la estructura profunda, el significado subyacente de la escolarización podrían revelarse a través del análisis de cómo las escuelas funcionan como agencias de reproducción social y cultural esto es, cómo legitiman la racionalidad capitalista y sostienen las prácticas sociales dominantes» (Giroux 1983).

13 Podríamos citar más trabajos de autores allegados a la «pedagogía crítica», como los de Michael Apple o de Peter Mclaren, que trabajan igualmente la noción de resistencia. Sin embargo, todos mantienen, para el objetivo que nos interesa, una estructura argumentativa similar.

Capítulo I Las relaciones de autoridad en la escuela14

Cuando la nostalgia nos fascina, nuestras posibilidades de obrar en el presente con eficacia se angostan. Nos sentimos atados cuando se idealizan el pasado y los personajes que lo habitaron. Entonces nuestro presente, y nosotros en él, parecemos figuras de reparto. Se paralizan así nuestras posibilidades de hacernos responsables hoy.

En todas partes hay nostálgicos […] cegados ante el hecho de que en cualquier crisis es más fácil padecer la desaparición de viejos órdenes que apreciar, aun críticamente, la emergencia de otros nuevos.

(Vasen 2008, 20)

El análisis de la autoridad pedagógica da cuenta de los nudos y tensiones que emergen del proceso de democratización social en curso. En efecto, el aumento progresivo de las demandas por una mayor igualdad, particularmente en las instituciones de socialización primarias –escuela y familia– ha erosionado los pilares tradicionales en los que se sustentaba la autoridad, fragilizando el lazo social que proporcionaba legitimidad y estabilidad a una estructura social jerarquizada y vertical.

La desinvestidura de la autoridad, sin embargo, se ha materializado sin un aparente reacople o sustitución de sus fuentes de legitimidad, originando un progresivo «vacío relacional». En concreto, las autoridades escolares reclaman constantemente, la mayoría de las veces con una manifiesta perplejidad, sobre la crisis de la autoridad, la anomia estudiantil y la imposibilidad de controlar a un grupo de jóvenes indispuestos frente a su mandato. ¿Significa esto el fin de la autoridad, particularmente en el escenario educativo?

Esta es la pregunta de fondo que motiva el desarrollo del siguiente capítulo. El objetivo principal es comprender los modos con que se generan, ejercen y legitiman las relaciones de autoridad dentro del espacio escolar. Nuestra propuesta al respecto es que en las últimas décadas se ha producido un proceso de declive institucional que merma la posibilidad de agenciar institucionalmente las relaciones de autoridad, provocando una relocalización de la legitimidad docente y una recomposición de las razones de la obediencia estudiantil. Dicho traslado supone una creciente subvaloración de la posición sistémica del profesor –o de su estatuto–, en contraste con el realce que se manifiesta en torno a su ‘oficio’, entendido como el conjunto de relaciones y acciones que el docente establece cotidianamente en el escenario escolar, particularmente frente a sus estudiantes. Tal desplazamiento ha generado, al mismo tiempo, un proceso de pluralización de las fuentes de legitimidad, revaloración de determinadas formas de ejercicio y delimitación de las razones para la subordinación a la autoridad escolar. En efecto, tanto los jóvenes como los educadores conciben múltiples motivaciones y establecen diversos criterios para valorar el «oficio» docente y, por ende, para instituir a la autoridad pedagógica.

En la práctica, la transformación a la que aludimos implica el reposicionamiento del sujeto dentro del escenario educativo y como fuente del saber pedagógico. Desdibujando el «juego» de roles característico de la interacción pedagógica «tradicional» –que presuponía la preeminencia de la «función» por sobre la experiencia de los «sujetos» –, las condiciones actuales de escolarización impulsan la instauración de un nuevo soporte relacional basado en la capacidad individual y las herramientas personales para establecer vínculos y asimetrías legitimadas por el resto de la comunidad educativa.

En términos expositivos el capítulo se divide en cinco grandes acápites. En el primero revisamos las propuestas de los principales referentes teóricos que se han ocupado de indagar en la problemática de la autoridad dentro de las ciencias sociales. Con esto pretendemos dilucidar la especificidad de esta noción, deslindándola de otras que comúnmente se le asocian, como la de poder, fuerza o dominación. En un segundo momento analizaremos el tratamiento que ha efectuado la sociología de la educación en torno a las relaciones de autoridad escolar, identificando las transformaciones en las matrices teóricas que se han ocupado de su estudio y revisando la literatura nacional que existe al respecto. En las siguientes dos secciones exponemos los resultados empíricos obtenidos en nuestro estudio de caso, analizando las fuentes de legitimidad que actualmente reconocen los diversos actores educativos –estudiantes, profesores y directivos– para construir las relaciones de autoridad escolar. Finalmente, exponemos una visión panorámica de las mismas en el contexto de la escuela actual, verificando las hipótesis de base que soportan nuestro análisis.

1. ¿Qué es la autoridad?

El debate en torno a la noción de autoridad se ha llevado a cabo bajo el telón histórico del siglo XX. Este, a decir de Hobsbawm, se ha erigido como el periodo más violento y destructivo de la historia debido a la proliferación de las «guerras de religiones seculares», es decir, la pugna entre proyectos políticos e ideológicos globales –liberalismo, marxismo y nazi-fascismo– que reclamaron una legitimidad total, sin concesiones de ningún tipo hacia sus rivales (Hobsbawm 1998). En la práctica, dicha pugna fomentó el desarrollo de tecnologías aplicadas a la destrucción masiva, posibilitó el surgimiento de los regímenes totalitarios y se expresó encarnizadamente en las guerras mundiales. Todas ellas, experiencias que afectaron profundamente la conciencia de la humanidad. No es de extrañar, por tanto, que en este contexto de expansión del «poder total» se impulsara el debate en torno a la noción de autoridad15.

Sin embargo, y a pesar del interés suscitado, esta discusión ha oscilado entre el alegato permanente en torno a la crisis de la autoridad y, en sus antípodas, la crítica enconada contra los excesos del autoritarismo (Araujo 2016). De esta manera, autoritarismo y crisis de autoridad se han instalado como parte constitutiva del sentido común en este debate. La hegemonización de la discusión en estos dos núcleos problemáticos ha eclipsado la reflexión sobre la especificidad de las relaciones de autoridad, las fuentes de su legitimidad y las formas que adopta su ejercicio. Al respecto sostiene Cueva:

Por lo menos desde la segunda posguerra del siglo XX, buena parte del discurso político, de las movilizaciones contestatarias y hasta de las críticas a la vida cotidiana, se ha orientado contra el autoritarismo. De manera simultánea, distintos autores […] han hecho notar que en el mundo moderno se ha perdido toda noción de lo que es la autoridad […] detrás de esta contradicción priva una buena dosis de confusión. (Cueva 2007, 244)16.

Se torna necesario, asumiendo este diagnóstico, superar la paradoja presente en los discursos que oscilan pendularmente entre la crítica al exceso y la crítica al déficit de autoridad, deslindando el contenido conceptual de esta noción y estableciendo las diferencias con otras categorías, como las de poder y dominación (Esteve 1977).

Uno de los trabajos pioneros al respecto fue el realizado por Max Weber. Desde su publicación a comienzos del siglo XX, la propuesta weberiana sobre la autoridad es probablemente la de mayor difusión a nivel académico. El autor parte diferenciando los conceptos de poder (Macht) y dominio (Herrschaft). La autoridad, en esta diferenciación, corresponde a la Herrschaft17 entendida como «la probabilidad de que, en un grupo determinado de personas, determinadas órdenes, o todas las órdenes, encuentren obediencia» (Weber 2007, 59). La obediencia, como se colige, representa uno de los puntos medulares de la propuesta de Weber. Sin embargo, y esta es la principal diferencia con el macht, ella no se obtiene mediante la coacción o la fuerza sino por la creencia en su legitimidad. Es, por tanto, un tipo de obediencia voluntaria. De esta manera, legitimidad y obediencia voluntaria constituyen el fundamento de toda autoridad.

Por otra parte, el autor señala que el tipo de legitimidad sobre el que descansa la obediencia voluntaria es precisamente el que permite diferenciar los distintos modos con que se expresa la autoridad. Al respecto, Weber distingue tres tipos puros o ideales de autoridad. La primera figura posee una legitimidad de índole racional, es decir, «se basa en la creencia en la legalidad del ordenamiento establecido y del derecho a dar órdenes por parte de quienes tengan la competencia […] según ese ordenamiento» (Weber 2007, 65). Dicha legitimidad racional permite la institución de una autoridad legal. Un segundo tipo de legitimidad es la proveniente de la tradición. La autoridad tradicional, por tanto, «se basa en la creencia usual en el carácter sagrado de tradiciones existentes desde siempre y en la legitimidad de los competentes para ejercer la autoridad en virtud de esas tradiciones» (Weber 2007, 65). El último tipo reconocido por Weber corresponde a la autoridad carismática, es decir, aquella cuya legitimidad «se basa en la entrega extraordinaria a la santidad, heroísmo o ejemplaridad de una persona y del ordenamiento creado o revelado por esta persona» (Weber 2007, 65).

Tras describir los tipos de autoridad, el autor establece un pronóstico en torno a su evolución histórica. Así, al analizar los procesos de modernización de las sociedades occidentales, Weber auguró la progresiva expansión del tipo de autoridad legal-racional. Una de las principales características de este tipo de autoridad es su impersonalidad, pues la obediencia voluntaria se concede a alguien cuya posición en el ordenamiento legal –su rol sistémico– lo faculta para dar órdenes, independientemente de sus cualidades personales. Este tipo de relación de autoridad, por lo tanto, opera bajo el supuesto de que es el ordenamiento mismo el que goza y transmite la legitimidad a sus agentes.

Tras la propuesta weberiana, la legitimidad y la obediencia se tornaron en características o requisitos constitutivos de la autoridad. Así, desde la filosofía, Alexandre Kojève sostuvo que la autoridad es un tipo de relación social caracterizada por «la posibilidad que tiene un agente de actuar sobre los demás (o sobre otro), sin que esos otros reaccionen contra él, siendo totalmente capaces de hacerlo» (Kojéve 2006, 36). En este caso la legitimidad opera inicialmente de manera inversa. Es decir, antes que producir obediencia, esta inhibe las potenciales reacciones frente a la «decisión» u «orden» de la autoridad, presuponiendo que dicha reacción constituye una posibilidad efectiva. Por lo mismo, cuando la obediencia se funda en fenómenos que impiden la posibilidad de reacción, como el uso de la fuerza, la autoridad se diluye, dando paso a otro tipo de relación social (de poder o de dominación)18. A su vez, la posibilidad fáctica de la desobediencia implicaría que no existe una relación de autoridad inalterable o imperecedera. Esta siempre se encuentra «amenazada» y en riesgo de disolución. Por esto, concluye el autor, «en cada momento la posibilidad voluntariamente reprimida de la reacción puede actualizarse y así anular la Autoridad» (Kojève 2006, 40).

Mientras para Weber la legitimidad funciona como catalizadora de la obediencia voluntaria y para Kojève como inhibidora de una reacción frente a los mandatos de la autoridad, desde el campo de la hermenéutica Gadamer sostiene que esta emerge de un acto de reconocimiento. En esta propuesta la autoridad se instituye en el momento en que «se reconoce que el otro está por encima de uno en juicio y perspectiva y que en consecuencia su juicio es preferente o tiene primacía respecto al propio» (Gadamer 1977, 347) Con esta definición, Gadamer erige al conocimiento como el único fundamento legítimo de la autoridad, distanciándose de las propuestas anteriores, donde se apelaba a diversos tipos ideales y a diferentes legitimidades. Sin embargo, el autor mantiene el sustrato de la propuesta weberiana, pues la autoridad sigue emergiendo de un acto de voluntariedad, que excluye constitutivamente la posibilidad de la fuerza o la coacción como mecanismo fundante de la obediencia.

Los autores hasta aquí tratados han preservado como elemento de análisis transversal una noción de autoridad cuya médula estaría constituida por la legitimidad. Esta representaría el soporte instituyente de la obediencia voluntaria19. Sin embargo, es necesario, para incluir a todo el espectro analítico que se ha ocupado de analizar el tópico de la autoridad, presentar las visiones que contrastan con los presupuestos hegemónicos anteriormente mencionados. En esta ribera se inscribe el registro de uno de los fundadores de la Escuela de Frankfurt y propulsor de la «teoría crítica».

El tratamiento que Horkheimer realiza sobre la noción de autoridad parte de un diagnóstico histórico categórico: «la coacción, en su forma desnuda, no basta ya en modo alguno para explicar por qué las clases dominadas han soportado el yugo tanto tiempo» (Horkheimer 2011, 163). Para el autor, las relaciones de dominación no podrían explicarse exclusivamente como el resultado de la violencia «pura» ejercida por las clases dominantes. Por ello Horkheimer pretende indagar en los aspectos culturales que permiten la interiorización de la dominación en los individuos y las sociedades.

Sería, precisamente, en esta tarea de «inoculación» de formas coactivas que la noción de autoridad tendría un carácter central. En otras palabras, la autoridad sería una forma cultural mediante la cual se interiorizaría el principio de coacción, arrancando la obediencia de los dominados a través de una aparente e ilusoria voluntariedad. En consecuencia, la función final de la autoridad sería la reproducción de la estructura de clases y la consecuente perpetuación de la dominación. Sin embargo, y a pesar de su naturaleza instrumental, la valoración de la autoridad no sería unívoca, pues, si bien esta representaría un soporte del aparato cultural para la interiorización de la dominación, también poseería la potencialidad de adquirir un carácter «progresista», es decir, de promover el cambio social. En el fondo, es el contexto histórico específico y el impulso o la represión que la autoridad realiza sobre el despliegue de las fuerzas productivas el que determinaría el carácter opresivo o progresivo de la misma20.

Asumiendo la posibilidad de establecer una valoración diversa sobre la autoridad, Horkheimer sostiene que en el siglo XX esta se habría transformado en el argumento mediante el cual se encubre la «necesidad económica». En otras palabras, el modo de producción e intercambio basado en el libre juego de la oferta y la demanda impondría sus propias lógicas a la dinámica social. En este contexto, trabajadores y empresarios podrían representar el papel de sujetos autónomos que deciden libremente el establecimiento de una relación de autoridad, entendida como una «dependencia afirmada». Sin embargo esa posibilidad sería una mera ilusión. El aparato cultural reforzaría esta quimera al instalar y naturalizar la noción de libertad en las relaciones contractuales. Mas dicha propaganda y su interiorización no socavarían las bases económicas sobre las que se asienta la autoridad.

En el fondo, la «voluntariedad» sobre la que descansaría la autoridad sería una utopía que desconoce la realidad objetiva o infraestructural de las relaciones sociales. La interdependencia económica intrínseca del modo de producción capitalista sería el principal mecanismo que determinaría el carácter de dichas relaciones. En este contexto, la autoridad es una forma de travestir con ropajes de libertad lo que en realidad constituye una necesidad mutua –entre el proletario y el burgués, el trabajo y el capital–. Es por ello que Horkheimer sentencia: «las autoridades no habían sido derrocadas, se escondían simplemente tras el poder anónimo de la necesidad económica o, como suele decirse, bajo el lenguaje de los hechos» (Horkheimer 2011, 195).

La propuesta de Horkheimer, como puede apreciarse, se distancia de la estela intelectual que hemos revisado. Al respecto, sostenemos que una de las falencias de su análisis es la indiferenciación conceptual. En efecto, Horkheimer tiende a subsumir a la autoridad dentro de las relaciones de dominación. La autoridad, bajo estos presupuestos, es asumida como un poder disimulado, asociable al Macht weberiano, basado en la coacción interiorizada. La asimetría relacional, por lo tanto y en la medida que escapa a la conciencia de los hombres debido a la ignorancia de la «necesidad económica», no provendría de un acto libre de voluntad, sino de una operación de engaño o encubrimiento ideológico. Esta situación implicaría que la autoridad, siguiendo a los autores reunidos bajo el alero de la propuesta weberiana, se tornaría constitutivamente ilegítima y, por lo tanto, inexistente.

A pesar de ello, es importante destacar que Horkheimer es el único autor que integra las condiciones materiales como un aspecto prioritario e ineludible para el análisis de la autoridad y de los procesos que permiten su emergencia y reproducción. En este sentido, la autoridad no sería un fenómeno «ensimismado» ni autónomo respecto de las realidades concretas que la reclaman, permiten u obstaculizan. Por lo tanto, su estudio requiere de la vinculación contextual entre los modos o tipos en que se expresa la autoridad, la materialidad que la soporta y los escenarios en que se despliega.

Del mismo modo, consideramos relevante el pensar la autoridad como una relación susceptible de ser enjuiciada positiva y negativamente, dependiendo de los procesos sociales que esta desencadena. En tal sentido, los autores tratados anteriormente parecieran coincidir tácitamente en valorar la autoridad desde una perspectiva unívocamente «positiva». Esto, pues el hecho de ser voluntaria y de soportarse en una legitimidad compartida implicaría, a priori, el establecimiento de relaciones «virtuosas», beneficiosas y/o colectivamente satisfactorias. Ante esta perspectiva, la posición de Horkheimer representa una advertencia respecto a la necesidad de contextualizar las relaciones de autoridad para, desde allí, juzgar su carácter progresivo o inhibitorio.

En esta misma estela crítica se presenta la propuesta de Araujo, la cual tiene la virtud de teorizar este fenómeno a partir del estudio empírico de la realidad chilena en específico, verificando los límites de las teorías «noroccidentales» revisadas anteriormente y diseñadas para explicar las relaciones de autoridad en el contexto de los países desarrollados del primer mundo. En este sentido, esta teoría profundiza en la particularidad de la autoridad en el contexto nacional y regional.

La autora comienza reconociendo que la relación de autoridad debe ser considerada en su doble dimensión: como investidura de poder y, al mismo tiempo, como modo de ejercicio concreto. Así, Araujo se distancia de las teorizaciones revisadas anteriormente

–las que enfatizaban la cuestión de la legitimidad y la investidura de poder– y pone el acento en el problema del ejercicio del mando.

Su propuesta es que, en las sociedades latinoamericanas en general y chilena en particular, el nudo central en torno al fenómeno de la autoridad estaría dado por la búsqueda de un ejercicio eficiente del mando antes que por la institución de alguna legitimidad. En palabras de la autora: «Lejos de un modelo de autoridad que encuentra su eje central en la legitimidad y en la obediencia conciliada, como lo ha propuesto la teorización noroccidental, de lo que se trata aquí es de la construcción de una perspectiva teórica, en lo que concierne a la autoridad, que pone el acento en la cuestión del mando eficiente y, por tanto, en su ejercicio concreto» (Araujo 2016, 26).

Con estos presupuestos Araujo sostiene que la autoridad en Chile opera bajo el fantasma del «miedo a los subordinados». En la práctica, la eficiencia de la autoridad se materializa mediante un ejercicio autoritario del mando que, si bien es criticado desde una perspectiva normativa, es reconocido como la principal cuando no la única herramienta capaz de producir efectivamente la obediencia. El autoritarismo, por tanto y como modo característico de ejercicio de la autoridad, se nutre de un miedo consuetudinario a no ser acatado por los subordinados, a la vez que permite efectivamente el consentimiento de los mismos. Es este doble movimiento el que proporciona la fuerza y explica la extensión del ejercicio autoritario del mando en las relaciones sociales a nivel nacional y regional (Araujo 2016).

Directrices generales para el análisis de la autoridad

Las propuestas revisadas nos proporcionan los insumos teóricos necesarios para el tratamiento de la autoridad pedagógica en específico. Al respecto, creemos indispensable fijar ciertos criterios que, dilucidados a partir de dichas propuestas, deben guiar conceptual y analíticamente el presente capítulo.

En primer lugar, entenderemos la autoridad como un tipo de relación social específica caracterizada por el establecimiento de una asimetría relacional libremente consentida. El libre consentimiento puede emanar de la existencia de una legitimidad particular y compartida que instituye a una persona concreta en una figura de mando –como lo proponen las teorías «noroccidentales»–, de un ejercicio de mando eficiente que permite el advenimiento de la subordinación –como lo postula Araujo– o de una mixtura entre ambas modalidades.

La comprensión de la autoridad como un tipo específico de relación social, a su vez, nos impele a reconocer que esta contiene siempre una historicidad inherente, es decir, se ciñe a ciertas coordenadas espacio-temporales. La autoridad, en consecuencia, no emerge ni se reproduce de la misma manera en todas las sociedades y en todos los tiempos, sino que posee un carácter constitutivamente situado. Así, las formas que esta adopta dependen de los modos específicos en que se establecen las relaciones sociales en una colectividad determinada. Es por ello que, tal como lo explicitan Weber y Kojève, la autoridad se materializa en diversos tipos o figuras. Por otra parte, la historicidad de la autoridad impele, siguiendo a Araujo, a la revisión de sus modos concretos de ejercicio así como al reconocimiento de las condiciones contextuales y materiales que influyen estructuralmente en su emergencia y despliegue, tal como lo advierte Horkheimer. Las condiciones de producción y ejercicio de la autoridad, por tanto, deben ser consideradas en todo estudio empírico de la misma.

Finalmente, dicha historicidad determina que las fuentes de legitimidad de la autoridad, elemento tan preciado en la teoría weberiana, dependan de las características particulares de la sociedad en que esta surge. La legitimidad, en consecuencia, no puede ser entendida como un elemento fijo, «natural» o «apriorísticamente» delimitado, sino que es un soporte cuyo contenido específico se torna mutable. Por lo mismo, rechazamos las posturas «esencialistas» de la autoridad y, en su lugar, sostenemos que esta puede transformarse constantemente y acudir a los más variados expedientes para su constitución.

2. El debate sobre la autoridad pedagógica

Como señalamos anteriormente, la autoridad no es un ente «sustancial», petrificado e inmodificable, sino, por el contrario, un tipo de relación social histórica susceptible a la transformación. Es por ello que, sin pretender establecer un recorrido exhaustivo, presentaremos dos tradiciones sociológicas que representan distintos «momentos» en el análisis y comprensión de la autoridad pedagógica como tipo de relación social específica.

La primera de ellas es ilustrativa de las maneras como se comprendió y estudió la autoridad pedagógica durante gran parte del siglo XX. La segunda constituye un intento por desentrañar las mutaciones que se han producido respecto de este molde «clásico» y las nuevas características que emergen en la autoridad pedagógica contemporánea. La revisión de estas dos «escuelas» nos permitirá evidenciar los elementos de continuidad y cambio presentes en el análisis de la autoridad pedagógica. Asimismo, su contrastación servirá para encuadrar los estudios empíricos específicos desarrollados en Chile sobre este tópico.

A. La perspectiva de la sociología «tradicional»21

Para comprender las características centrales de la autoridad pedagógica moderna hemos elegido a dos sociólogos que, por la trascendencia de su obra y la antinomia de sus tesis, nos permitirán dilucidar los elementos de continuidad y perseverancia histórica. En el fondo, pretendemos reconocer el sustrato común sobre el que se sostuvo el análisis de la autoridad pedagógica durante gran parte del siglo XX.

En Educación como socialización, Durkheim sostiene que la autoridad pedagógica proviene del ascendiente moral del maestro sobre el estudiante. El profesor, en tanto mandatario del acervo de conocimientos de una sociedad determinada, se erige en su representante para las futuras generaciones. En este contexto, la única condición para la producción de la autoridad pedagógica es la voluntad y la convicción del maestro respecto de la enorme responsabilidad social y la «grandeza de la tarea» a la que debe responder. Precisamente por su calidad de mandatario de la gran persona moral de la sociedad es que Durkheim asimila la figura del profesor a la del sacerdote. Al respecto, señala el autor:

Y lo mismo que el sacerdote es el intérprete de su Dios, el maestro es el intérprete de las grandes ideas morales de su tiempo y de su país. Por consiguiente, si se siente aferrado a esas ideas, si palpa toda la grandiosidad de las mismas, la autoridad que está contenida en ellas y de la que él tiene plena conciencia, entonces no podrá menos de ver cómo esa misma autoridad se comunica a su persona y a todo lo que de ella emana (Durkheim 1976, 112)

Como se puede apreciar en la cita, para Durkheim la autoridad pedagógica se instauraría a través de un acto de fe y convicción por parte del profesor, acto que operaría como tránsito para que las ideas morales de un colectivo humano sean encarnadas por un representante en particular. La autoridad, en consecuencia, es un acto de transferencia expedito del ascendiente moral de la sociedad hacia su representante, situación que desestima el involucramiento de los estudiantes en su construcción.

Por otro lado, Bourdieu y Passeron sostienen que toda acción y comunicación pedagógica, en tanto imposición de un arbitrario cultural, presupone la existencia de una autoridad pedagógica. Esta, por tanto, representa un prerrequisito en la imposición de la «violencia simbólica»22. Sobre esto señalan los autores:

En tanto que poder de violencia simbólica que se ejerce en una relación de comunicación […] la acción pedagógica implica necesariamente como condición social para su ejercicio la autoridad pedagógica (Bourdieu y Paseron 1995, 51-52).

En este caso, el carácter autogenerado de la autoridad implicaría la indiferencia respecto de las condiciones de su producción. En el fondo, la autoridad pedagógica emerge automáticamente y se autoinstituye, preexistiendo a la interacción pedagógica entre profesor y estudiante. Los autores expresan este fenómeno de manera categórica: «En tanto que la acción pedagógica en vigor dispone automáticamente de una autoridad pedagógica, la relación de comunicación pedagógica debe sus características propias al hecho de que se encuentra totalmente eximida de producir las condiciones de su instauración y de su perpetuación» (Bourdieu y Paseron 1995, 60).

Como se puede apreciar, y a pesar de las enormes diferencias teóricas e ideológicas existentes entre la teoría de la socialización de Durkheim y la de la reproducción expuesta por Bourdieu y Passeron, ambas coinciden subyacentemente en su análisis respecto de la generación de la autoridad pedagógica. En efecto, ya sea en su calidad de depositaria moral de la sociedad o como instrumento generado a priori para la imposición de la violencia simbólica, la autoridad escolar emerge de manera «externa» a la relación pedagógica misma. En este contexto, el tema de la obediencia estudiantil, atributo inherente de la autoridad pedagógica, sería un problema vacuo, sino inexistente, pues, esta se encuentra legitimada externamente, generada automáticamente –mediando la convicción en el caso de Durkheim– y asegurada en su despliegue fáctico.

Siguiendo la lógica weberiana, estos autores reconocerían la existencia de una transmisión institucional de la legitimidad, aquella que transforma directamente en autoridad a quien detente un determinado rango o cumpla una función de mando institucional, presuponiendo que es el ordenamiento mismo el que goza de legitimidad. Por lo mismo, estas propuestas minusvaloran la participación de los estudiantes en los procesos de producción de la autoridad escolar.

En síntesis, y avizorando los elemento de continuidad que presentan en ambas teorías, la autoridad pedagógica ha sido asumida por la sociología «tradicional» de la educación como una relación social de producción «autopoyética», que se encuentra legitimada externamente, es decir, por fuera y con anterioridad a la interacción profesor-estudiante, y que descansa sobre una obediencia voluntaria asumida como precondición relacional.

B. Mutaciones en la autoridad pedagógica

Contraviniendo la noción de autoridad pedagógica recién expuesta, en las últimas décadas ha surgido una serie de marcos interpretativos que comienzan a analizar la escuela a partir de la tesis del declive o desfondamiento institucional. Esta propuesta sostiene que, si la institución ya no es capaz de funcionar con todo su potencial performativo sobre los sujetos, entonces las autoridades pierden el sustento que las legitimaba y, con ello, la capacidad de emergencia «autopoyética» que le asignaron las corrientes sociológicas anteriormente revisadas.

En primer lugar, y para situarnos correctamente en las coordenadas de esta corriente interpretativa, es necesario precisar que la noción de «institución» alude a la capacidad de un determinado ordenamiento social para «instituir» o producir individuos con una subjetividad específica. Al respecto señala Dubet: «utilizaremos la noción de institución en un sentido particular: el que tiene la función de instituir y de socializar. La institución es definida entonces por su capacidad de hacer advenir un orden simbólico y de formar un tipo de sujeto ligado a este orden, de instituirlo» (Dubet 2007, 40-41). En este contexto, continúa el autor, la institución escolar se caracterizó por crear un programa estructurador y una economía simbólica que permitían sacralizar su funcionamiento en tanto espacio configurador de la subjetividad moderna y mecanismo privilegiado en la construcción y urdimbre del lazo social23. Para Dubet, el cambio de época ha significado la desestructuración de dicho programa y por tanto la pérdida del carácter instituyente que mantenía la escuela. Esta incapacidad instituyente, por tanto, sería la manifestación palmaria del declive institucional.

Por su parte, y en lo atingente a la problemática que revisamos, el declive de la institución habría generado una brecha insalvable entre el estatuto –lugar que el sistema asigna– y el oficio docente –maneras en que el profesor realiza efectivamente su trabajo–. Así, el autor sostiene que el estatuto, pilar fundamental que durante la modernidad dotó automáticamente de legitimidad a la autoridad pedagógica, se ve eclipsado e impedido para realizar dicha transmisión en la actualidad. En este contexto, por tanto, el profesor debe obtener la obediencia a partir de su oficio, es decir, de las relaciones concretas que establece con los estudiantes (Dubet 2006, 171).

Para el caso latinoamericano, distintos autores han enfatizado en la progresiva incapacidad instituyente de la escuela. Una de las propuestas que se enmarca bajo estos presupuestos es la de Duschatzky y Corea. Las autoras sostienen, a partir del análisis de las escuelas vulnerables de Argentina, que la institución educativa ha sufrido una alteración radical de su fundamento institucional y de su soporte estructural: el Estado-nación. De acuerdo a esta versión, la destitución del Estado y su reemplazo por el mercado, producto de las políticas neoliberales impuestas en Latinoamérica en el último tercio del siglo XX, configuraron un escenario de declive de sus instituciones matrices. En este contexto, la escuela perdió su capacidad performativa sobre el imaginario colectivo y la hegemonía que ostentaba en la generación de una subjetividad específica: la del ciudadano. Al respecto concluyen las investigadoras: «el Estado-nación, mediante sus instituciones principales, la familia y la escuela, ha dejado de ser el dispositivo fundante de la ‘moralidad’ del sujeto» (Duschatzky y Corea 2011, 26). Por ello, el declive de la institución escolar sería una expresión del dispositivo pedagógico moderno, la consiguiente pérdida de la «autopoiesis» de la autoridad y la dispersión y heterogeneidad de fuentes utilizadas para la construcción de la subjetividad de las nuevas generaciones24.

Utilizando instrumentos teóricos similares, Lewkowicz y Corea sostienen la tesis del desfondamiento de las instituciones. De acuerdo a los autores, la escuela moderna dotaba de sentido a las personas y al colectivo nacional al inculcar ficciones discursivas estructurantes de la subjetividad. Fundamental al respecto era la ficción de la igualdad jurídica que instituía la figura del «semejante» o ciudadano. Sin embargo, una vez liberadas las fuerzas del mercado, la escuela habría perdido su capacidad instituyente. De esta manera, la institución escolar sufriría la dilución de su contenido o fondo y sólo permanecería como una forma o «caparazón» institucional vaciado (Lewkowicz y Corea 2011)25.

Por lo antedicho, y de acuerdo a Martuccelli, el fundamento de la autoridad pedagógica actual, en el contexto del declive o desfondamiento de las instituciones, reposa en la capacidad relacional del docente. Esta, antes que por la tradición, el rol o el conocimiento, es construida cotidiana y pragmáticamente dependiendo de las características individuales del profesor y de los recursos de que dispone para «seducir» a los estudiantes, legitimando su posición de mando y asegurando, siempre de manera provisoria y contingente, la obediencia voluntaria de los mismos (Martuccelli 2009).

Siguiendo estas premisas, el declive, destitución y/o desfondamiento institucional modificaría radicalmente las condiciones de producción de la autoridad pedagógica. Esta, que emergía automáticamente durante la modernidad, ahora debe fundamentarse a partir de la capacidad práctica de los actores escolares para construir un nuevo «suelo compartido». La emergencia de la autoridad pedagógica, por tanto, se daría contingentemente y se soportaría en las capacidades relacionales del maestro. En este contexto, adquiere relevancia la figura de los denominados «maestros errantes». Por su parte, la nueva forma de configuración de la autoridad pedagógica constituiría la base de una «pedagogía a la intemperie», es decir, que se encuentra desprovista de un techo institucional que la cobije y legitime. De allí su fragilidad y el proceso permanente de construcción en el que debe soportarse (Duschatzky 2012)26.

Creemos que es precisamente esta radical transformación en las condiciones de producción de la autoridad pedagógica lo que generaría la sensación de crisis y decadencia tan pregonada en el último tiempo. Ahora bien, asumiendo que existen variadas «escuelas» sociológicas que postulan distintas directrices en torno a las formas de producción de las relaciones de autoridad en la escuela, se torna indispensable revisar cómo han sido estudiadas éstas en el contexto nacional y la forma en que se adscriben a alguna de las corrientes revisadas.

C. Estudios empíricos sobre las relaciones de autoridad en la escuela chilena

En su gran mayoría, los estudios respecto de las formas de ejercicio de la autoridad pedagógica en Chile adhieren tácitamente a la tesis de la sociología «tradicional», insertando su emergencia dentro de una interpretación crítica en torno al proceso de democratización. En efecto, los estudios empíricos sobre la autoridad pedagógica en el escenario nacional tributan a la teoría de la transmisión directa e institucional de la legitimidad, añadiendo, para el caso particular, una fuerte crítica a los remanentes autoritarios con que se tiñen las prácticas de mando-obediencia escolar27.

Al respecto, Leticia Arancibia ha estudiado el imaginario de los actores escolares y las relaciones de poder en el Chile postdictatorial, concluyendo que la imposición de un «imaginario autoritario» se ha perpetuado en las praxis concretas al interior de la institución educativa. Ello, a pesar de la intención de las políticas públicas y de los esfuerzos estudiantiles por democratizar el espacio escolar (Leticia Arancibia 2008). Al respecto, concluye la autora: «a partir del análisis de las significaciones imaginarias sobre el ejercicio del poder y la autoridad en la escuela, vemos la práctica de mantenimiento del statu quo de la institución escolar que se justifica, tanto por parte de un imaginario autoritario, como de aquello que podríamos nominar como un imaginario democrático restringido, con énfasis en la estructuración social, asociado a la definición político-administrativa de la democracia en el contexto de transición. Tales significaciones se hacen eco de la herencia institucional del pasado, así como de la práctica de la subordinación y de la exclusión» (Leticia Arancibia 2008, 385).

Por su parte, Llaña ha estudiado sistemáticamente las interpretaciones y significaciones de los estudiantes en torno a la realidad escolar y las relaciones con el profesorado. Sus investigaciones constatan que los alumnos mantienen una discursividad que interpreta dichas relaciones como extremadamente jerárquicas y persistentemente abusivas. De este modo, los jóvenes interpretarían la realidad escolar como coercitiva y persecutora, y a los profesores como instrumentos de dominación que desconocen las culturas o «habitus» estudiantil-juveniles. Por ello sentencia la profesora:

los estudiantes de estas nuevas generaciones visualizan la escuela como un espacio de poder, de directivos y profesores, y desde su propia mirada, como una institución poco democrática. Normas que afectan más bien a los estilos que los unen como grupos etarios, prohibidas en el espacio escolar y sancionadas rigurosamente, son rechazadas y resistidas con una variabilidad de estrategias que tensionan la convivencia. (Llaña 2010, 61).

Finalmente, Marambio y Guzmán han analizado cómo la mantención de las prácticas autoritarias en las escuelas nacionales se vería reforzada por una arquitectura erigida y experienciada como un espacio carcelario orientado a maximizar las posibilidades de control disciplinario y de obediencia estudiantil compulsiva. Por esto concluyen: «la representación social que los jóvenes entrevistados construyeron de su espacio escolar es la de un sistema obligatorio, marcado por la verticalidad y la vigilancia, en donde las estructuras físicas reflejan y están al servicio de los fines normativos establecidos por la autoridad. Un lugar en donde los jóvenes deben estar, pero que no eligieron y en el cual sólo les queda obedecer, generándoles sentimientos de impotencia, incomprensión, molestia y rabia» (Marambio y Guzmán 2009, 82).

Como se puede apreciar, estos estudios sobre las relaciones de autoridad pedagógica en Chile demuestran la persistencia de un modelo basado en la imposición jerárquica y autoritaria, es decir, en la utilización de un poder autoinstituido y discrecional frente al cual los estudiantes se presentan «a merced», razón por la cual su obediencia es «arrancada» coactivamente. La pretendida democratización de las relaciones sociales, de acuerdo a este marco, se desdibujaría en prácticas concretas y generalizadas de preservación del autoritarismo en la escuela, situación que generaría una dinámica relacional caracterizada por la permanente conflictividad. Esta conclusión, a su vez, podría llevarnos a inferir que, en Chile, la autoridad escolar no ha sufrido ninguna crisis, por lo menos en su potencia de mando. Ello, consecuentemente, supondría que sus condiciones de producción han permanecido inalterables. En este sentido, las investigaciones empíricas reseñadas tributarían subyacentemente a la teoría sociológica «tradicional» propuesta por Durkheim y Bourdieu.

Sin embargo, estos estudios no agotan el espectro total de las investigaciones en torno a las relaciones de autoridad en el escenario educativo nacional. En este sentido, los trabajos de Zamora y Zerón dan cuenta de una realidad distinta a la proporcionada por las investigaciones recién expuestas. En efecto, ambos han indagado en las formas mediante las cuales los estudiantes y docentes construyen las relaciones de autoridad, particularmente en establecimientos educativos de la capital que reciben a sectores empobrecidos. Respecto de los estudiantes, la investigación demostró que ellos reconocen cinco formas de ejercicio de la autoridad que producen una subordinación consentida (Zamora y Zerón 2010)28.

Antes que describir cada una de estas modalidades, lo que nos interesa es recalcar el hecho de que, para fundar una asimetría relacional avalada por estudiantes y profesores, se recurre a diversas fuentes, todas ellas provenientes de las dinámicas concretas que se establecen entre los propios actores escolares. Por lo tanto, la producción de la autoridad pedagógica ya no se soportaría en el abrigo institucional y el estatuto docente. Esta situación se torna aún más evidente en el caso de los estudios centrados en las narrativas docentes. Al respecto, concluyen los autores:

actualmente la autoridad pedagógica no es una condición provista automáticamente por la escuela y tampoco por la formación universitaria. Ello es consistente cuando se considera a la autoridad como un fenómeno social situado y no un concepto a priori […] La autoridad se construye en la interacción social cotidiana con los alumnos […] En otros términos, el actor decisivo para construir la autoridad son los alumnos; ellos se convierten para los profesores en el principal y quizás único referente. (Zamora y Zerón 2009, 179)

Como se aprecia, estos estudios demuestran que las relaciones de autoridad en el escenario educativo actual dependen de la capacidad interactiva, del oficio y de las legitimidades que emergen en el encuentro cotidiano entre estudiantes y profesores, propuesta reforzada por los resultados de investigaciones posteriores, donde esta constatación se complementa con el análisis de perfiles de autoridad por grupo socioeconómico (Zamora, Meza y Cox 2017; Zamora, Meza y Cox 2015) y la verificación de formas de transición de la legitimidad docente (Díaz 2016). Ello a su vez, y aunque no sea una adscripción realizada por los autores, nos posibilita concluir que la tesis de la desinstitucionalización de la autoridad pedagógica es pertinente, al menos en lo referente al carácter construido, frágil y contingente de la misma.

Existiendo, pues, estudios empíricos que respaldan las diversas corrientes sociológicas revisadas, debemos adentrarnos directamente en el relato de los estudiantes para, desde allí, verificar cómo se están construyendo, ejerciendo y legitimando las relaciones de autoridad en la escuela chilena actual.

3. Los ejercicios de autoridad y la construcción de nuevas legitimidades

Los estudiantes son uno de los principales actores escolares. Al hablar de actor no sólo nos referimos a un grupo etario delimitado, con características socioculturales comunes y diferenciadas de otras agrupaciones que se desenvuelven en el mismo escenario, sino, y principalmente, a la capacidad de un conglomerado de generar un discurso propio y convergente que permite la producción de un imaginario colectivo compartido. En efecto, los estudiantes entrevistados comparten una narrativa y un cúmulo de interpretaciones que nos posibilitan hablar de un mundo intersubjetivo y de una identidad diferenciada de aquella que construyen los otros estamentos institucionales. Es por ello que, en la medida que esta imaginería no es un simple reflejo o una mera repetición de la subjetividad de los adultos o las autoridades, las interpretaciones y narrativas de los estudiantes se tornan indispensables para comprender los procedimientos mediantes los cuales se instituye a la autoridad pedagógica actual.

A. La clasificación de las autoridades escolares

De acuerdo a los análisis que tienden a encumbrar al «conflicto» como una de las principales expresiones de la interacción entre los distintos estamentos de la institución educativa, los estudiantes evaluarían a los profesores y a las autoridades institucionales bajo un criterio unánime y categóricamente negativo (Willis 2017). En la práctica, los jóvenes chilenos tipificarían a los docentes como «autoritarios, burócratas, desconfiados, sin vocación y desmotivados» (Llaña 1999).

El escenario escolar y las relaciones humanas, en este contexto, se caracterizarían por una opacidad asfixiante cuya dinámica central estaría dada por la búsqueda de imponer un poder que niega la legítima diversidad del «otro». En este sentido, el estudiante se concebiría como un sujeto constantemente amenazado en su particularidad sociocultural debido a la pretensión homogeneizadora de la «máquina» escolar. En el otro extremo, y en concordancia con esta autorrepresentación estudiantil, las autoridades serían las responsables de erradicar las expresiones de diversidad e imponer autoritariamente el mandato institucional.

Este sombrío panorama sobre las relaciones de autoridad en la escuela no es, precisamente, el que dibujaron nuestros entrevistados. En efecto, antes que una sentencia categórica, un juicio taxativo o una visión unívoca respecto de las autoridades escolares, particularmente de los profesores, nuestros actores revelaron una realidad integrada por múltiples matices. Las apreciaciones globales –«todos los profesores son…», «todas las autoridades son…»– no fueron esgrimidas por ningún estudiante y, en su lugar, emergieron distintas clasificaciones. El discurso estudiantil, por tanto, genera un imaginario capaz de distinguir, de diferenciar, de establecer criterios demarcatorios que inhiben el establecimiento de generalizaciones monolíticas en torno a las relaciones de autoridad en la escuela.

En este sentido, la primera unidad de clasificación tiene un carácter binómico y su criterio de demarcación es el par estricto/«buena onda» o pesado/simpático. El establecimiento de esta diferenciación primaria desmiente por sí misma la pretendida uniformidad o valoración categóricamente negativa que se le ha achacado al estudiantado. De esta manera lo explica Fernando (4º)29:

habían profes buena onda que hacían las clases entretenidas igual y, bueno, uno los respetaba porque ellos se hacían respetar igual. Pero había algunos profes que no, que les gusta tratar mal a los alumnos. No sé si tratar mal, sino que ser estricto, y con esos profes uno no tiene mucha relación.

Añade Camila (4º): «Los profesores, algunos diferentes, no sé poh, simpáticos, agradables, te enseñaban bien, y otros por tanto, no tan simpáticos, medios pesados los viejos». La demarcación binómica es explicitada reiteradamente en la gran mayoría de los relatos recabados y representa el soporte mediante el cual los estudiantes calibran, en una primera instancia, las relaciones con los adultos que ejercen un puesto de autoridad en la institución escolar.

Sin embargo, y a pesar de que esta operación no se realiza de manera tan transversal como la división binómica, varios estudiantes dan un paso más en los criterios demarcatorios. Algunos, refiriéndose específicamente a la autoridad, llegan a postular la existencia de varios «grados» o «niveles» representados por distintos grupos de profesores. Al respecto, señala Beatriz (4º):

hay profesores que tienen como más una amistad con los alumnos, que llegado el día... ellos también tienen ese nivel de autoridad, ellos les dicen algo y los alumnos los van a acatar porque ellos se llevan bien. En cuanto a lo otro, que también como que tienen su grado pero después se llevan, ya no pasó, entonces ya no le importa. Como casi si ‘yo ya estudié’, ‘yo ya hice lo que tenía que hacer, ustedes salen perdiendo al final’. Y después están los otros más autoritarios que son como más con las amenazas. Y siempre los alumnos terminan en inspectoría, terminan expulsados. Son entre los distintos tipos de profesores

Más adelante la misma alumna agrega:

hay algunos (profesores) que son mayormente autoritarios. Son, por cosas pequeñas, ya empiezan a tomar decisiones muy alteradas. Y los otros son, su nivel de autoridad es justo y necesario. Yo creo que hay otros que no tienen ningún nivel de autoridad.

Como se puede colegir de las narraciones anteriores, para los estudiantes no existe una experiencia única de la autoridad escolar; mucho menos, por tanto, una experiencia exclusivamente negativa. Antes que eso, la autoridad escolar es evaluada a partir de criterios demarcatorios que permiten agrupar, en un primer momento, a las autoridades «buena onda», valoradas positivamente, de aquellas estrictas o «pesadas» en quienes recae una sentencia crítica.

Sobre este criterio básico y transversal puede operar una nueva clasificación que adquiere mayor complejidad, pues se realiza a partir del aquilatamiento del «tonelaje» o «grado» de autoridad. Bajo esta perspectiva existirían tres tipos de autoridades; a saber, aquellas que presentan un grado excesivo («autoritarias»), aquellas cuyo grado es el óptimo o justo (lo que vendría a corresponder a una «autoridad en sí») y aquellas caracterizadas por poseer un grado inferior al mínimo indispensable («no tienen autoridad»)30.

De esta manera, en las narrativas escolares las relaciones de autoridad son caracterizadas de manera múltiple y heterogénea. El juicio estudiantil, en consecuencia, es un juicio matizado, que no impugna –como tampoco reconoce– en un mismo acto, y de manera contundente, a todo tipo de autoridad institucional, sino que produce categorías de valoración que operan como el tamiz mediante el cual se conceptúa a cada una de estas de manera individual.

Esta primera conclusión, que desdeña la interpretación de la autoridad como una «máquina» de imposiciones y que sostiene la existencia de autoridades reconocidas por los estudiantes, supone la entrada al juego de un nuevo tópico: el de la legitimidad. En efecto, la perspectiva a la que nos arribó el discurso estudiantil abre un espectro de análisis escasamente visitado por la interpretación impositiva de la autoridad. Lógicamente, esta podía esquivar la problemática en la medida que toda autoridad impuesta quedaría, en principio, eximida de generar las condiciones de su legitimidad. Sin embargo, y como lo hemos reiterado, nuestros testimonios revelan que no todas las autoridades son impuestas y que no toda obediencia proviene de la coacción. Por esta razón, se torna imperioso inquirir en las razones de la obediencia o, si se prefiere, en el contenido específico de la legitimidad.

B. Legitimidad y razones de la obediencia

La legitimidad, como revisamos en la propuesta weberiana, es un aspecto medular en tanto representa el soporte primario sobre el que se asienta la obediencia voluntaria. Es precisamente ella la que permite «idealmente» delimitar el espacio correspondiente a la autoridad de aquel que ocupa la «dominación», el «poder» y la «fuerza». Sin embargo, el análisis de la autoridad no se agota en la cuestión de la legitimidad. Es igualmente necesario reconocer los modos de ejercicio de la misma, pues, tal como lo señala Araujo, estos determinan, en reiteradas oportunidades, las razones concretas de la obediencia así como la eficiencia del mando (Araujo 2016). En la práctica, la legitimidad de la autoridad, el ejercicio del mando y las razones de la obediencia se presentan imbricados en una trama compleja de la que nos haremos cargo al finalizar este acápite.

De acuerdo al relato de los estudiantes entrevistados, la obediencia hacia los profesores emana fundamentalmente de tres fuentes31: la implicación empático-afectiva, el compromiso con el aprendizaje y el poder discrecional en la gestión de la convivencia y la interacción pedagógica. Estas, a su vez, no son raíces o manifestaciones «puras» en la construcción de la legitimidad y de la obediencia pedagógica. Por el contrario, las modalidades para la obtención de una obediencia voluntaria tienden a mixturarse y yuxtaponerse, configurando relaciones múltiples y heterogéneas donde prevalece o se acentúa alguno de aquellos criterios o rasgos.

De esta manera, cuando hablamos de tres fuentes de la legitimidad o razones de la obediencia nos referimos, fundamentalmente, a la predominancia de una de ellas antes que a su presencia exclusiva. Dicha predominancia, al mismo tiempo, puede mutar, dependiendo del contexto y los momentos en que es ejercida y/o demandada. En efecto, para los estudiantes no existe una adscripción única, incuestionable y a perpetuidad de un agente escolar con alguna de dichas fuentes. En este sentido, y es fundamental explicitarlo para evitar generar una imagen inmovilista y petrificada de la legitimidad y de las relaciones de autoridad, un mismo agente escolar puede fundar su legitimidad o ejercer su autoridad con un criterio para determinadas situaciones y modificarlo cuando el momento o el contexto varía32.

De esta manera, la autoridad en el contexto escolar no posee un contenido único ni está nucleada a partir de un sedimento apriorísticamente definido, esencial e inmutable. Antes bien, para su configuración se puede apelar a una serie de elementos cuyo acceso o posesión puede provenir de diversas modalidades y transitando variados caminos33.

Implicación empático-afectiva

Este es, sin lugar a dudas, el principal expediente mediante el cual los profesores erigen su autoridad frente a los estudiantes. En efecto, estos últimos, al momento de evocar las características de un buen profesor y las razones por las cuales se le obedece, recurren a la imagen de la cercanía afectiva y la capacidad empática del profesor. Al respecto, Ricardo (3º) nos comenta que el mejor profesor es el «que te escucha, te comprende y te ayuda harto. Te enseña, te escucha y los problemas que tenís, y mientras hace eso, te va enseñando». Del mismo modo, Carlos (2º) señala que el buen docente es aquel que «es comprensivo, amigable, le gusta compartir. Cuando tiene que ser pesado lo es, pero es un buen profesor».

La afectividad y la cercanía empática se alzan como la principal herramienta generadora de vínculos entre alumnos y profesores. Es por ello que los estudiantes exaltan y reconocen a los profesores que demuestran una genuina compenetración con las diversas problemáticas que les afectan. Al respecto, Carlos (2º) responde de la siguiente manera cuando se le pregunta cómo los profesores obtienen la obediencia de sus estudiantes:

Yo creo que siendo así como buena onda, hablando con los alumnos, cosas así, como enseñándoles. Porque hay algunos que llegan, son como los jóvenes, llegan, pasan materia, y llegan nomás. En cambio los que se dedican a conversar, tiran la talla con los alumnos, esos son los que se ganan el respeto.

De acuerdo al imaginario estudiantil, en consecuencia, no basta con el simple cumplimiento formal de la labor docente para ser reconocido como una autoridad pedagógica. La dictación de la clase, por tanto, antigua forma legitimada que dotaba al profesor de un status que transmitía de manera instantánea la autoridad requerida para ejercer el mando, no es ya la instancia fundamental para generar relaciones de subordinación consentida. En las condiciones actuales, los alumnos exigen que el profesor se implique e involucre personal y emotivamente con ellos, los acompañe en sus inquietudes y solidarice con sus problemas, estableciendo un genuino «vínculo afectivo» (Zamora y Zerón 2010, 11).

Por su parte, la vinculación afectiva puede provenir y manifestarse de diversas maneras y en distintos niveles. La forma más básica de ejercer esta modalidad es mediante la generación de un clima de confianza. Para ello es indispensable que el profesor sepa escuchar y simpatizar con el grupo de estudiantes. El procedimiento primario que permite configurar dicho clima es la concesión de tiempos para la conversación informal y la generación de espacios para «tirar la talla». Al respecto Camila (4º) sostiene que los buenos profesores son los que «siempre te han apoyado, siempre han estado contigo, también, tiran la talla. Si no todo es serio en la sala de clases, si tiene que haber emociones, reírse».

Las expresiones de afectividad y de compenetración, como la risa, demuestran el establecimiento de un espacio mínimo de confianza y de distensión que funciona como plataforma de vinculación entre estudiantes y profesores. Sin embargo, sobre ella puede asentarse una relación más fuerte cuyo desarrollo permite aumentar el «grado» de la autoridad. Ello dependerá del nivel de involucramiento personal del docente con el desarrollo integral de sus alumnos. En efecto, aquellos profesores que presentan una mayor preocupación y que realizan acciones concretas que demuestran su compromiso con los estudiantes adquieren una mayor validez relacional. Estos profesores son, en palabras de los estudiantes, los que «se la juegan». Es ilustrativa la imagen que nos presenta Yerco (2º) al momento de explicarnos por qué obedecía a determinado profesor:

Porque cuando, digamos, yo iba mal en su ramo, él me decía, pucha, me tiraba arriba, me decía ´tú soy inteligente, te la podís´ me decía, ´haz las tareas, si yo te las puedo recibir´, ´estudia´, me decía cuando estaba ahí. Me veía afuera, me salía a buscarme, cuando no me veía en la sala me salía a buscarme, me llevaba a la sala y me pasaba las tareas po. Encuentro que era un buen acto de él po, porque él no nos retaba, nos decía, siempre me decía que estudiara po, que yo no era tonto, que podía po.

La legitimidad basada en la implicación empático-afectiva, por tanto, supone un alto grado de involucramiento y preocupación del profesor por la trayectoria de sus estudiantes, así como un reconocimiento de estos hacia la autoridad escolar, reconocimiento que aumenta a medida que es más profundo el compromiso personal del docente.

La apertura de la escuela hacia las emociones, la risa y la cercanía afectiva

-actitudes desatendidas desde una perspectiva academicista de la escolarización– es uno de los principales desafíos para la construcción de la autoridad pedagógica contemporánea, más aún cuando los estudiantes la demandan cada vez con mayor ímpetu. Dicha exigencia, de hecho, progresivamente se instala como un prerrequisito para el establecimiento de cualquier relación dentro del escenario educativo. Edgar (4º) lo demuestra al concluir, respecto de la relación con sus profesores, que «eso es lo que me gusta, me gusta la cercanía. No me gusta ver como un robot parado».

Ahora bien, para comprender adecuadamente la forma en que opera este tipo de legitimidad es necesario anotar dos observaciones. La primera de ellas concierne a las causas por las cuales los estudiantes están dispuestos a obedecer a este tipo de profesores, y la segunda se refiere a las manifestaciones prácticas o, si se prefiere, al tipo de obediencia obtenida mediante este expediente.

Respecto de lo primero, sostenemos que la jerarquía o la asimetría relacional, prerrequisito de toda relación de autoridad, es aceptada por los estudiantes en tanto conciben que ella emana de una genuina preocupación del docente por su formación y crecimiento. En este sentido, el estudiante comprende la relación con el profesor como una especie de complicidad cuyo objetivo es lograr su «verdadero» desarrollo. Convencido de esto, el joven reconoce en el adulto su mayor experiencia, académica y vital, y le confiere una preeminencia a sus puntos de vista. Es necesario explicitar que para el estudiante se trata precisamente de ello, un punto de vista mejor posicionado y no una verdad incuestionable. Es por ello que los mandatos específicos del profesor son asumidos como un consejo antes que como una orden, y que la asimetría relacional sea concedida en una lógica de reciprocidad formativa antes que desde la instalación de un paternalismo o asistencialismo pedagógico.

La obediencia, por tanto, proviene del reconocimiento (Gadamer 1977) y se vivencia como una «retribución» por el compromiso y la preocupación demostrada o como la respuesta de reciprocidad ante la relación de complicidad mutua. En otras palabras, los estudiantes obedecen voluntariamente, pues perciben que el profesor actúa motivado exclusivamente por buenas intenciones y busca permanentemente el bienestar de sus alumnos. Si efectivamente se materializa este acto de reconocimiento, los estudiantes conceden una preeminencia a la opinión del docente, quien, debido a la amplitud de su experiencia, puede decidir con mayor propiedad los caminos adecuados para arribar a dicha meta.

Sin embargo, el mentado reconocimiento no es un acto o un proceso simple, como podría parecer si reducimos la cuestión a un par de discursos de «buena crianza» por parte del profesor. Lejos de ello, para el imaginario estudiantil este tipo de legitimidad exige dos requisitos al docente: la sinceridad en el compromiso y la coherencia con los actos. En efecto, las denuncias de dobles discursos y de inconsecuencias fácticas son innumerables. Así, en palabras de Camila (4º), no son pocos los profesores que «contigo muestran una cara y después como que con sus colegas te tiran como pa´ abajo». Las declaraciones, por tanto, no bastan para acceder completamente a este tipo de legitimidad: ellas deben estar acompañadas por intenciones genuinas y actos concretos. Los profesores, para «ganarse» o aumentar su grado de autoridad, deben demostrar que «se la juegan».

Respecto de la segunda cuestión, el tipo de obediencia concedido, los estudiantes mantienen una estricta coherencia con las premisas de la exigencia relacional que estipulan. De este modo, si ellos pretenden que el profesor se involucre subjetivamente en las problemáticas que deben afrontar, entonces la obediencia tendrá un carácter eminentemente personal. En el fondo, se obedece a una persona específica no por su estatuto o adscripción a un estamento que oficialmente tiene la facultad de mando, sino por las cualidades personales que impregnan el ejercicio de dicha posición. En otras palabras, si la obediencia se vivencia como retribución o reciprocidad es por la relación intersubjetiva creada y no por una normatividad externa, sea esta explícita o consuetudinariamente formulada. Es una persona singular la depositaria de la confianza, la que le permite tomar decisiones posteriormente acatadas.

Esta particularidad del tipo de implicación empático-afectiva lleva aparejada una consecuencia fundamental para los modos en que se manifiesta la obediencia voluntaria. Ésta tiende a expresarse de manera indiferenciada en términos espacio-temporales, es decir, se traslada a todos los ámbitos en que se despliega la relación misma, razón por la cual el profesor adquiere un mando que sobrepasa los límites del horario y la sala de clases. La autoridad, en este caso, se transforma en un recurso inmanente de la persona que la ostenta. Sin embargo, y este es el «riesgo» fundamental de dicho tipo de obediencia, cuando la confianza del estudiante en el docente se ve mermada –generalmente por constatar las incoherencias antes reseñadas– este último pierde instantánea y definitivamente la autoridad conferida y, en vista de lo que los estudiantes viven como una «traición», pasa a formar parte de la pléyade de profesores «malos». Si la autoridad personalizada exige una entrega sincera y completa, la pérdida de la misma supone una profunda desafección que igualmente se expresa sin diferenciar momentos ni espacios.

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9789560013422
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