Kitabı oxu: «Estado y periferias en la España del siglo XIX»

Name: Estado y periferias en la España del siglo XIX
Author: Varios autores
ISBN: 9788437083087

Varios autores

Şrift:

ESTADO Y PERIFERIAS EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX. NUEVOS ENFOQUES

Salvador Calatayud

Jesús Millán

M.ª Cruz Romeo (eds.)

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

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Fotocomposición, maquetación y corrección: Communico, C.B.

ISBN: 978-84-370-7392-7

Depósito legal: V-2005-2009

Realització ePub: produccioneditorial.com

ÍNDICE

PORTADA

PORTADA INTERIOR

CRÉDITOS

EL ESTADO EN LA CONFIGURACIÓN DE LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA. UNA REVISIÓN DE LOS PROBLEMAS HISTORIOGRÁFICOS

LOS LIBERALISMOS Y LA AGRICULTURA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XIX

LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA EN LA FORMACIÓN DEL ESTADO ESPAÑOL (1837-1890)

LOS GRUPOS DIRIGENTES EN LA CATALUÑA URBANA Y SU RELACIÓN CON EL ESTADO CENTRALISTA, 1844-1868

¿UN REFORMISMO IMPOSIBLE? ORGANIZACIÓN OBRERA Y POLÍTICA INTERCLASISTA (CATALUÑA, 1820-1856)

TRABAJO INDUSTRIAL Y POLÍTICA LABORAL EN LA FORMACIÓN DEL ESTADO LIBERAL: UNA VISIÓN DESDE CATALUÑA (1842-1902)

CATALUÑA Y EL COLONIALISMO ESPAÑOL (1868-1899)

GOBIERNO Y GOBERNANTES DE VIZCAYA (1840-1868): UN ENSAYO DE INTERPRETACIÓN SOCIAL

EL PAÍS VASCO Y EL ESTADO LIBERAL: UNIDAD CONSTITUCIONAL Y ENCAJE IDENTITARIO

NOTA SOBRE LOS AUTORES

ÍNDICE ONOMÁSTICO

EL ESTADO EN LA CONFIGURACIÓN DE LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA. UNA REVISIÓN DE LOS PROBLEMAS HISTORIOGRÁFICOS

Salvador Calatayud, Jesús Millán y M.ª Cruz Romeo

Universitat de València

EL CAMBIO SOCIAL Y EL ESTADO-NACIÓN DEL SIGLO XIX

Los problemas que se abordan en este libro se sitúan en una fase decisiva en la configuración de nuestra realidad actual, pero, no obstante, aparecen hoy como una cierta «fase intermedia». A menudo se ha repetido que España como realidad política dispone de raíces históricas lejanas, si bien éstas no pueden considerarse como un precedente obligado de su configuración como Estado en los dos últimos siglos. Por otra parte, el papel, a veces trágico y siempre decisivo, que han desempeñado los Estados nacionales en la configuración de nuestro mundo actual hace necesaria su revisión en una época en que esta forma política, aunque persiste de modo notablemente alterado, no ostenta el monopolio del poder público, ni se prevé que tenga en el futuro el protagonismo que alcanzó tiempo atrás en la organización de las sociedades.

El Estado nacional –que no pocas veces ha sido más una autodefinición que una realidad indiscutible– ocupa, como señalan los estudiosos, una época reducida de la evolución histórica: la que ha estado protagonizada, en los siglos XIX y XX, por una organización de poder público dominante y con pretensiones de exclusividad, que se presenta diferenciada de los lazos personales y que pretende responder a un conjunto social que comparte vínculos culturales y de conciencia histórica.[1] Así pues, entre las tendencias hacia el monopolio estatal que se dieron desde el ascenso del absolutismo monárquico y el cuestionamiento del dirigismo del Estado, propio de la Europa más desarrollada de finales del siglo XX, el Estado-nación como proyecto con pretensión de un protagonismo indiscutido requiere ser analizado. Esta necesidad dispone de argumentos especiales en el caso de España. A sus controvertidas raíces, en una época que se remonta a la Baja Edad Media, se añaden otras dimensiones, en cuanto a las peculiaridades de ese Estado en el ejercicio de las funciones que se consideran características de la evolución general seguida en Europa, hasta mediados del siglo XX.

Desde este ángulo, España muestra una trayectoria que va desde un conglomerado dinástico –cohesionado de manera territorialmente asimétrica, pero con un énfasis especial en la exclusividad de la ortodoxia religiosa– a la aparición de algunas brechas en su identidad, precisamente a comienzos del siglo XX, en el período hegemónico del nacionalismo de los Estados y del naufragio de las últimas fórmulas dinásticas que habían sobrevivido de etapas anteriores. Este camino también se ha podido sintetizar bajo la fórmula que lleva de un imperio a una nación. Sin embargo, no se dio un reemplazo obvio de una fórmula por la otra.[2] El ascenso de la fórmula estatal fue acompañado precisamente de un reforzamiento del ya minoritario factor colonial, cuya pérdida, en 1898, redundaría en la doble crisis del Estado y de la nación en la vieja metrópoli.[3] También ha sido objeto de debate hasta qué punto este proyecto de Estado nacional fomentó el tipo de desarrollo capitalista que, pese a todas las luchas sociales, era capaz de cohesionar de modo profundo la sociedad de clases y legitimar la identidad nacional, a la manera que fue característica de Europa en la primera mitad del siglo XX.

España ofrecía la imagen de una sociedad agraria desgarrada a menudo por grandes desigualdades y conflictos sociales, pero, a la vez, esta idea ni era generalizable ni respondía a un orden de simple estancamiento. Además, en su interior se contaba con experiencias de industrialización antiguas y arraigadas, como sucedía desde finales del Setecientos en Cataluña, y la que un siglo después se produjo en otros ámbitos de la periferia, con especial intensidad en Vizcaya y de modo mucho más gradual en el País Valenciano. En fases intermedias, había habido otros brotes industriales, que a largo plazo no se consolidaron, como sucedió en Andalucía. Hacia comienzos del siglo XX, en el arranque de la sociedad de masas en Occidente, estos desequilibrios y desigualdades se sumaron a otras herencias del pasado, en especial a la diversidad cultural y lingüística, para fomentar espacios identitarios diferentes, que se contraponían a los designios de homogeneidad desarrollados por el Estado-nación. Éste, sacudido por las oleadas de conflictividad social y afectado por la falta de credibilidad política, parecía responder a un proyecto dominante, pero incapaz de obtener unos consensos activos suficientemente integradores.

A un siglo de distancia de la «doble revolución» industrial y política con que suele identificarse el nacimiento del mundo contemporáneo, la trayectoria seguida por España alimentaba algunas paradojas. El colapso, en 1808, del absolutismo dinástico que había dominado el imperio transatlántico hispano forma parte de las grandes sacudidas que alteraron los centros neurálgicos del orden mundial previo al triunfo del capitalismo, como había sucedido poco antes con la Revolución Francesa. Sin embargo, las realizaciones conseguidas luego, bajo el orden del Estado-nación, han resultado en España más controvertibles para la historiografía. Para buena parte de ella, esto reflejaría una evolución que, al menos en ciertos aspectos considerados como definitorios, alejaría el caso español del protagonismo del culto al nacionalismo de Estado como fuente última de recursos integradores y movilizadores, en la etapa capitalista previa a la sociedad del consumo de masas. El colapso de la España de comienzos del siglo XIX, uno de los «eslabones fuertes» del viejo orden a escala mundial, no fue el preludio de su transformación en una pieza sólida del nuevo sistema de los Estados nacionales.[4]

Sin duda, este planteamiento no es el único en la historiografía actual. En la década de 1990, bajo el doble impacto de la consolidación de la democracia tras la dictadura franquista y la integración española en Europa, se incrementaron los estudios que discutían con razón el dramatismo de las supuestas peculiaridades de la historia española reciente, que habían sido sistemáticamente interpretadas en el sentido de un fracaso excepcional. Sin embargo, el propósito de este libro se aleja de este planteamiento. En nuestra opinión, corregir los rasgos excepcionalmente negativos que se han atribuido a la España de los dos últimos siglos no debe desembocar necesariamente en su inclusión en una supuesta y mal definida «pauta normal». El esquematismo de un enfoque de este tipo está lastrado por el carácter circular y la incapacidad para plantear problemas relevantes en la investigación histórica que, reiteradamente, se han señalado en la teoría de la modernización.

La orientación de los trabajos que aquí se incluyen parte, por el contrario, de la necesidad de analizar problemas históricos concretos y significativos, tanto desde la perspectiva actual de la investigación como desde el punto de vista comparativo. Aquí hemos ensayado una perspectiva determinada, pero suficientemente amplia, como es la de las relaciones entre el nuevo Estado que se construyó sobre el colapso del viejo absolutismo y el panorama heterogéneo y desigual de fuerzas e intereses que emergían de una sociedad cambiante y que, con demasiada frecuencia, se han catalogado a efectos de la argumentación histórica a partir de supuestos o simplificaciones poco contrastados. A estas alturas, nos parecía que el avance de las investigaciones hacía necesario someter a discusión muchas de las explicaciones heredadas.

Son evidentes los riesgos que ello conlleva, pero también nos parecía arriesgado y empobrecedor no intentar ir más allá de los estudios parciales, aunque necesariamente haya de ser siempre de modo provisional. Muchos de estos estudios vienen sugiriendo un plano de discusión más elevado, a partir de sus mismos resultados, a fin de superar algunas de las escisiones más llamativas en los estadios interpretativos de la historiografía actual. Sobre todo, la inercia de algunos de los planteamientos más arraigados no acaba de ser cuestionada por el conjunto de estudios empíricos que en las últimas décadas matizan considerablemente, o parecen dejar obsoletas, algunas de las claves explicativas heredadas en la historiografía.

El debate sobre los vínculos y apoyos sociales del Estado-nación no representa una tarea simple en el terreno de la investigación histórica. Tampoco está exenta del riesgo de las simplificaciones en ámbitos a menudo tentadores para el reduccionismo, como durante tanto tiempo han sido el de la política y los intereses presentes en la sociedad. Sin embargo, la importancia de este marco social en que se apoyó el Estado nacional español del siglo XIX es fácil de percibir como trasfondo de múltiples argumentaciones o debates de primer orden en nuestros días. El carácter que tuvo el Estado centralista, el alcance de su actuación en los diversos ámbitos y el tipo de intereses que lo condicionaban desempeñan un papel importante, cuando se analizan hoy cuestiones de cohesión o identidad nacional y se discute la expansión de las infraestructuras, la educación o múltiples aspectos de la vida pública hasta un pasado próximo a nosotros. A menudo, las teorías han supuesto que la generalización de un sistema de Estados nacionales era una pauta obligada en el mundo avanzado. No obstante, las investigaciones históricas muestran que su traslación a la realidad social tuvo más dificultades de las que se habían pensado como norma.

España contaba con una cierta tradición como entidad política antes del ingreso en la época de los Estados. ¿Fue el suyo un comienzo acertado? ¿O las hipotecas derivadas de los intereses en que se apoyaba la nueva formación política esterilizaron pronto los posibles impulsos innovadores? Desde las últimas décadas del siglo XIX se ha ido nutriendo preferentemente una consideración negativa de este problema. En su origen, ésta derivaba de un doble contexto, que iniciaba la época de la sociedad de masas y de la creciente internacionalización del capitalismo. Cuando estos procesos comenzaban su ascenso en el espacio europeo, en los inicios del siglo XX, España vivía una etapa de estabilidad institucional y política que, por primera vez en mucho tiempo, parecía insertarla en una cierta normalidad con respecto a otros Estados-nación de la Europa más próxima. Sin embargo, dicha estabilidad se asentó en el caso español bajo unas premisas que, en pocos años, socavarían la imagen de estabilidad del Estado y abrirían el cuestionamiento sobre su adecuación con respecto a sus cometidos dentro de una sociedad a la altura de los tiempos. En efecto, la imagen del atraso económico español, ante el auge y la competencia de otros países, se combinó con el carácter claramente ficticio de la política institucional, hasta llegar a consolidar el dictamen de una trayectoria fracasada en lo que se aceptaba que eran los cometidos de un Estado y sus vías de legitimación y de obtención de apoyos efectivos. La derrota en la guerra contra Estados Unidos y la pérdida de las colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, en 1898, acabó de dar fuerza a esta valoración, por encima incluso de los múltiples signos de dinamismo económico que se comprobaron en las décadas siguientes.

Cuando habían pasado seis décadas del final de la monarquía absoluta, casi un siglo después del arranque nacional que había supuesto el alzamiento contra los franceses en 1808, era sobre todo la construcción del edificio estatal en España lo que parecía no haber respondido a las expectativas que hacían en todas partes del Estado-nación el máximo agente civilizador y de cohesión social. El significado social del Estado y su papel en el desarrollo económico y de la identidad nacional se convertirían desde entonces en tres problemas discutidos. La explicación de lo que entonces se consideró un país «sin pulso» apuntó a lo que se pensaba que había sido una dinámica errónea o fracasada, precisamente en una tarea, la construcción del moderno Estado nacional, que en otras partes obtenía mayores consensos o reconocimientos.[5]

Los planteamientos dominantes: las propuestas de la década de 1970

Diversos planteamientos han renovado la vieja cuestión que se refiere a los apoyos sociales del Estado. Los intentos esquemáticos de identificar «quién estaba detrás» del poder estatal o a qué intereses servía éste han sido reformulados, para centrarse en el proceso de la «formación del Estado» y los criterios hegemónicos en la realización de las tareas prioritarias que acometió antes del arranque de la sociedad de masas.[6] El surgimiento del Estado-nación no puede hacerse coincidir con un punto de partida absolutamente nuevo, que reemplazaría al orden político anterior y que acompañaría a la implantación, también ex novo, del capitalismo. Sin suponer esta interrupción brusca con respecto a la trayectoria anterior, sí puede observarse que implantar la figura estatal en el siglo XIX ofreció en todas partes suficientes oportunidades para definir de nuevo el orden social vigente. Ello sucedía bajo el estímulo de los desafíos que implicaba confrontar las jerarquías heredadas y sus intereses contrapuestos con las nuevas formas de legitimación de un poder que, ahora, se presentaba como único y pretendía reforzarse mediante el concepto generalista de nación.

La cuestión de cómo se realizó este engarce entre el nuevo poder político y las fuerzas sociales en el caso de España se ha contestado, mayoritariamente, apelando a algún tipo de profunda distorsión. El paso del viejo absolutismo dinástico de la monarquía católica imperial al Estado-nación no habría contado con apoyos sociales adecuados o suficientes, al menos para llevar a cabo las principales tareas que se acometieron en otros países próximos en el «largo siglo XIX». El colapso de la España del Antiguo Régimen y su trabajosa sustitución por la figura del Estado-nación mostrarían un caso en que la adopción de un proyecto chocó con formidables dificultades, al trasladarse a su escenario social y tratar de encontrar apoyos e interlocutores concretos que lo hiciesen viable. El escenario de fuerzas sociales, heredado de la historia anterior, desviaría los planteamientos teóricos de las nuevas instituciones, hasta hacer que la inercia de los intereses en presencia acabase de imponerse y asimilar la cada vez más débil capacidad innovadora del proyecto del Estado-nación.

Es lógico que estos puntos de vista se hayan desarrollado, teniendo en cuenta tanto el influjo del regeneracionismo en la historiografía española como el fracaso de la estabilidad democrática en la España del siglo XX.[7] Fue precisamente la «segunda generación» de políticos e intelectuales posteriores a la pérdida del imperio en 1898, la representada por Melquíades Álvarez, Manuel Azaña y José Ortega y Gasset, la que elaboró, hacia la década de 1910, un diagnóstico sobre los insuficientes y perniciosos apoyos del Estado español que se había construido en el último siglo. Fueron estas bases las que Azaña trataría de ampliar mediante la política de masas, cuando ésta se impuso en 1931. En gran medida, su actuación, inspirada por aquel análisis, se convirtió en el hilo conductor y el símbolo de la II República.

En realidad, esta actuación democrática fue una variante de la aspiración de «nacionalizar el Estado», reclamada también por portavoces del liberalismo clásico o, de un modo opuesto, del antiliberalismo tradicionalista, en el último cuarto del siglo XIX. Si recurrimos al diagnóstico de Azaña, en España «toda esta máquina formidable del Estado moderno», construida en el último siglo, «para nada nos sirve, no sabemos qué hacer con ella. Nos es tan inútil como un arma perfecta de precisión en manos de un ciego». Esta falta de adecuación social del Estado se explicaba, según su criterio, por la instrumentalización de ese Estado por una pequeña minoría o puñado de familias «que viven acampadas sobre el país».[8] De acuerdo con esta visión, por tanto, el Estado-nación, instrumento decisivo en la trayectoria que llevaría en Occidente a la sociedad capitalista desarrollada y a la política de masas, no habría sido capaz en España de cumplir mínimamente estas tareas, precisamente porque los sectores e intereses que más pesaban en él («las manos concupiscentes que lo vienen guiando») estaban muy lejos de reunir las características necesarias para estas transformaciones.

Con algunas variantes, el dictamen histórico que considera fracasado el Estado nacional español en una larga etapa, que en general se prolonga hasta el franquismo, ha sido muy influyente. Más de medio siglo después del discurso de Azaña, historiadores tan significativos como Manuel Tuñón de Lara aproximaban el Estado surgido con el liberalismo en España, pese a los llamativos trastornos que dieron lugar a su nacimiento, a las prioridades sociales del viejo régimen o consideraban que había mantenido el sistema señorial, al no transformar en ciudadanos a los trabajadores del campo.[9]

En estas circunstancias, si había que juzgarlo por sus caracteres y la realización de sus metas, apenas se podía hablar de un Estado en la España contemporánea, hasta fechas relativamente próximas a nosotros. La perspectiva representada por Azaña ha sido capaz de perdurar en lo fundamental dentro de la historiografía, mucho más allá de la coyuntura del regeneracionismo y sus derivaciones, en que había surgido. Si en 1911 Azaña presentaba el desolado escenario económico de la España imperial –«el hambre era la calamidad, la preocupación nacional»–, como antesala del posterior desaprovechamiento de la moderna maquinaria estatal, las visiones que hoy son habituales en los análisis insisten en algo parecido. El liberalismo y el derrumbe del Antiguo Régimen se habrían producido en un marco económico atrasado, poco adecuado para una confluencia entre las nuevas instituciones políticas y los sectores sociales que debían apoyarlas y desarrollarlas, de acuerdo con sus principios inspiradores.

Un ejemplo de ello es el eco que ha tenido el planteamiento de Perry Anderson. Según él, el absolutismo en España mantuvo hasta el final la lógica con que había surgido: la de una gran maquinaria de saqueo feudal. Sobre este poco evolucionado panorama, presidido por un ancien règime que «conservó sus raíces feudales hasta su último día», el colapso de las viejas formas de poder no podía generar el nacimiento de otras nuevas, sino sólo un espejismo, fácil de detectar en la década de 1970, cuando se plantearon dos grandes propuestas que concretaban las fuerzas sociales que protagonizaron el complejo proceso del que surgió la España contemporánea. Estas dos grandes perspectivas, que están representadas en las obras de Josep Fontana y Miguel Artola, han marcado en gran medida las perspectivas dominantes desde entonces. No respondían a un mismo planteamiento, si bien sus diferencias han pasado a segundo plano, al ser o hacerse compatibles con la corriente principal. Ésta ha actuado como un influyente telón de fondo que subraya la falta de apoyos sociales adecuados para la construcción del Estado nacional tras la crisis del Antiguo Régimen.[10]

Esta cierta confluencia final, divulgada sobre todo a través de valoraciones

compartidas por buena parte de la historiografía, arrancaba, sin embargo, de enfoques notablemente distintos. En el proyecto inicial de Fontana el problema decisivo era observar cómo una burguesía industrial, la surgida en Cataluña en el siglo XvIII, llegaba a romper sus lazos con el absolutismo, en el que se había desarrollado, y abrazaba un proyecto alternativo, identificado con la política liberal.[11] Según sus planteamientos, el desarrollo de la industria moderna en la periferia catalana se habría producido en el contexto escasamente favorable del absolutismo hispánico. Las cargas señoriales y los fuertes desequilibrios en el reparto de la riqueza y de la renta apenas permitían que surgiera un mercado capaz de sostener la industria. Al contrario, la escasa capacidad de demanda de la mayoría de la población y el reducido volumen de intercambios entre el interior agrícola y el núcleo urbano e industrial de Cataluña habrían supuesto un marco poco flexible para una integración del espacio económico. La expansión del siglo XvIII acabaría chocando con claras limitaciones. Éstas, sin embargo, se habrían podido compensar en virtud del dominio colonial en América que ejercía la Monarquía española. El dinamismo de la economía catalana en el Setecientos, de modo excepcional en el conjunto de los territorios españoles, se habría podido beneficiar de este imperio transatlántico, lo que habría hecho posible el desarrollo de un núcleo capitalista e industrial, localizado pero significativo, en un marco caracterizado por el absolutismo feudal.

La crisis fiscal y militar del Antiguo Régimen –visible en su desafortunada política con respecto a Francia, el vacío de poder creado a partir de la invasión napoleónica y, por último, la perspectiva de la pérdida del imperio colonial americano– hizo desaparecer los mecanismos que habían integrado la burguesía industrial. Una vez perdidos los mercados coloniales, que tenían un valor excepcional para los industriales, la única alternativa era el reducido y pobre mercado interior de la antigua metrópoli. El alineamiento liberal de la burguesía industrial, la más característica de España, se habría dirigido a potenciar e integrar el mercado nacional del que ahora, una vez desaparecido el imperio, esperaban obtener la demanda que sostuviera la industria. De ahí que su programa insistiera, por un lado, en la protección a través del Estado del mercado español, de modo que evitara la competencia de otros países más aventajados. A la vez, reclamaría una amplia reforma de las estructuras sociales del campo que potenciara la agricultura, abaratando los costes de producción de la industria y estimulando la demanda de la gran mayoría de los consumidores. Ambas tareas suponían, por tanto, una lógica notablemente novedosa, propia de un Estado capaz de responder a las nuevas fuerzas sociales. En especial, el requisito de la transformación de las estructuras sociales implicaría una forma de supresión radical del feudalismo, del tipo de la que habría tenido lugar durante la Revolución Francesa, incluyendo el fin radical de las cargas feudales sin redención y mayores facilidades para el acceso de los campesinos pobres a la propiedad. No obstante, la capacidad de un proyecto semejante para imponerse habría sido escasa. A fin de cuentas, el mundo de la industria catalana era un sector periférico y reducido, claramente minoritario en el conjunto de las fuerzas influyentes del liberalismo español. Por otro lado, éste era, como los de su época, fundamentalmente político y no disponía de un repertorio amplio para intervenir en problemas estructurales que afectaban a la gran mayoría de la sociedad. El alejamiento del Estado con respecto a las grandes cuestiones de alcance social se habría agravado, a través de un cierto reflejo de clase, al confrontarse con el insurreccionalismo y la marea de resistencia popular que habría acompañado al colapso del absolutismo. Ante la movilización de las capas populares de signo antiburgués –que Fontana ha visto, especialmente, en la base del carlismo y en el liberalismo exaltado de las ciudades–, la gran mayoría de los liberales habría aceptado clausurar los impulsos revolucionarios mediante el rápido establecimiento de un nuevo poder estatal. En un contexto marcado por la generalizada insurgencia popular, con coberturas políticas contrapuestas, el surgimiento del Estado liberal habría sido una operación profundamente conservadora. Por decirlo con la fórmula, muy invocada, que acuñó el mismo Fontana, se habría tratado de «una alianza entre la burguesía liberal y la aristocracia latifundista, con la propia monarquía como árbitro», que habría sacrificado los intereses del campesinado mayoritario.[12]

De esta forma, el Estado que surgió en España a partir del primer tercio del Ochocientos se habría caracterizado por dos tareas prioritarias que, desde la perspectiva de Fontana, consagrarían la mayor parte de sus limitaciones con respecto a otros Estados-nación en la Europa de la época. La primera sería llevar a cabo una transformación definitiva del viejo orden social, vigente aún en el mayoritario medio rural. El Estado había de ofrecer una alternativa al viejo feudalismo que, tras haber vivido una época de cierta expansión durante buena parte del siglo XvIII, había chocado con rigideces insuperables para mantener el crecimiento y, por fin, había vivido un colapso paralelo al de la misma monarquía absoluta desde 1808. El cúmulo de resistencias y movilizaciones populares, en opinión de Fontana sólo superficialmente relacionadas con las grandes divisorias políticas, cuestionaba las jerarquías sociales, lo que hacía más urgente para éstas, fuesen nuevas o antiguas, la necesidad de una estabilización política. El énfasis en una generalizada resistencia popular se planteaba de este modo como una consecuencia de la «transición del feudalismo al capitalismo», debate tan influyente en la historiografía marxista de las décadas de 1960 y 1970. El Estado liberal habría surgido con la prioridad de llevar a cabo esta transformación, a partir de un orden básicamente feudal y abiertamente cuestionado por el auge de la resistencia popular. Esta marea de oposición social se entendería a partir de la manera como caracterizaban los historiadores la estructura anterior y la trayectoria experimentada durante el último siglo de absolutismo. Se trataría de un régimen de explotación feudal, susceptible de ser analizado mediante la contraposición entre «señores» e «Iglesia», por un lado, y «campesinos», por otro, que había sido capaz de ofrecer unas ciertas condiciones de estabilidad a la mayoría de la sociedad, antes de desplomarse a partir de las crisis económicas y el colapso político. La antigua estabilidad de una amplia base de familias de pequeños productores rurales, obligados a satisfacer prestaciones a los señores, la Iglesia y la Corona, habría sufrido las consecuencias negativas de la acción de un Estado guiado por el entendimiento de fondo entre la vieja aristocracia y los nuevos propietarios, cada vez más conservadores. El acuerdo entre este amplio conjunto de elites se habría basado en el respeto a todo tipo de propiedad privada no eclesiástica, incluyendo los más que discutibles derechos señoriales, el recorte de los derechos y usos comunales y la aplicación del principio de «libre contratación» en el mercado. En conjunto, todo ello sólo podía beneficiar a los más acomodados y eliminaba las anteriores medidas de protección de los labradores pobres bajo el Antiguo Régimen.

La otra tarea perentoria del nuevo Estado acabó de reforzar esta imagen. Forzados a reparar la prolongada bancarrota del absolutismo, los liberales en el poder acabaron consolidando una reforma fiscal basada en el peso determinante de las cargas sobre el consumo y el pago en efectivo, de manera precipitada con respecto a la orientación mercantil de la agricultura. Sobre todo, el nuevo aparato hacendístico nacería en ausencia de una intervención estatal en los procedimientos recaudatorios, carecería de medios estadísticos propios durante largas décadas y, en definitiva, sería entregado a las manos de las oligarquías locales. Éstas traducían de manera contundente el citado pacto de oligarquías propietarias, que yugularía la capacidad del Estado y haría evidente su carácter antipopular. En cierto modo, los planteamientos de Fontana se construyen enfatizando la época de estabilidad alcanzada bajo el absolutismo. Aquel absolutismo poco propicio al surgimiento de fuerzas de signo capitalista, como afirmaba Anderson, sin embargo, habría sostenido etapas de estabilidad y de protección de una base rural de familias campesinas con amplios usos comunales. Como resultado, la formación del nuevo Estado estaría condicionada por su carácter de remedio instrumental de clase, al servicio de un conjunto de «propietarios» preocupados, ante todo, por evitar el desbordamiento de la ubicua resistencia «desde abajo». Esta efervescencia apenas se traduciría en fuerza política creativa en la construcción del Estado. De este modo, la ineficacia de cara al futuro del nuevo Estado iría acompañada para las clases populares de un saldo negativo. Éste se resume en un gran proceso de desposesión campesina, prolongado a través de indicios mayoritarios de atraso hasta finales del siglo XIX.[13]

El análisis de Artola partía de supuestos distintos. A diferencia de Fontana, Artola estaba lejos de suponer un orden social simplemente identificable con «el feudalismo» bajo el Antiguo Régimen. Su planteamiento alteraba esta premisa, evidentemente cómoda a la hora de explicar la posterior «malformación» del Estado decimonónico. Artola consideraba necesario elaborar un modelo que diese cuenta de una realidad social peculiar. En su núcleo mayoritario –la España central y meridional–, esa sociedad se caracterizaría por el peso de la propiedad plena y el predominio de las relaciones contractuales de explotación en la agricultura, por un lado. Por otro lado, en buena parte de la periferia –Cataluña, Galicia, el País Valenciano y Mallorca– el señorío había sido compatible con un desarrollo en la misma dirección, pero con estructuras sociales diferentes, a través del fortalecimiento de formas de «cuasi propiedad», en palabras de Pierre Vilar sobre la enfiteusis catalana, o de estabilidad en la posesión a muy largo plazo, como sucedía con los foros gallegos. Todo ello mostraba, si bien de manera distinta en cada caso, la consolidación de ámbitos específicos de propiedad, la importancia de la desigualdad económica, al margen de la jerarquía estamental y del poder político, y el peso de las relaciones contractuales, de modo diferenciado con respecto al señorío y el feudalismo. Era significativo, sin embargo, que el núcleo mayoritario de la Corona de Castilla se distinguiese por la rotundidad de la «propiedad plena».

Este claro avance del individualismo posesivo y de las relaciones contractuales, basadas en la desigualdad económica de los agentes, estaría interferido por regulaciones desde el poder público de los municipios y la Monarquía –en cuanto al coste del factor mano de obra y el precio de ciertos artículos de consumo–, así como por la restricción del mercado de la tierra –a través del peso de las manos muertas de la Iglesia y de los mayorazgos de las familias nobles– y los límites a la movilidad del capital en la industria, derivado de las ordenanzas gremiales. No estaríamos, por tanto, ante un absolutismo basado en el dualismo de señores y campesinos, y mayoritariamente hostil para el desarrollo de los elementos característicos del capitalismo. Destacaría, más bien, la evolución de las formas de propiedad mayoritarias en el sentido que caracteriza al modelo de la propiedad particular. Sobre esta base, se alzarían unas interferencias institucionales en el mercado de productos y de factores, en retroceso y con presencia desigual ya durante el siglo XvIII, y el privilegio de los estamentos superiores, que favorecía lo que era básicamente un orden de propietarios. El señorío, sin duda, seguía siendo una pieza del orden social. Pero quedaba enmarcado en el contexto del claro asentamiento de la propiedad particular. Este panorama no autorizaba, sin más, a hablar de un feudalismo asfixiante para el individualismo económico y la lógica del mercado.

En consecuencia, el asentamiento del nuevo Estado no coincidía con la eliminación genérica del feudalismo para establecer sobre sus ruinas el orden capitalista. El triunfo de la revolución liberal en España se habría propuesto, en realidad, remodelar un determinado orden de propiedad que venía combinándose bajo el Antiguo Régimen con el privilegio fiscal y legal de la Iglesia y los nobles, que bloqueaba en gran medida el mercado inmobiliario y que perpetuaba los cargos municipales. Planteado de este modo, el triunfo liberal no se mostraba ya como un trámite imprescindible para superar un caduco orden feudal. El nuevo Estado habría eliminado, además, un tipo de propiedad privilegiada, que venía favoreciendo el patrimonio de las altas jerarquías estamentales y, por último, habría abierto los canales del poder político a la movilidad social resultante de esta nueva dinámica. De ahí que, aunque curiosamente apenas se haya tenido en cuenta, la perspectiva de Artola estuviese muy lejos de ver la construcción del nuevo Estado como un recurso oligárquico. No era verosímil que la eliminación del privilegio para establecer la generalización del mercado representase un perjuicio evidente para la gran mayoría de la sociedad. «En nuestro nivel de conocimientos –escribía hace más de tres décadas– no podemos sino especular acerca de las consecuencias inmediatas que tuvieron estas disposiciones, aunque no debieron significar un empeoramiento de las condiciones materiales de la existencia del campesinado». Igualmente, destacaba que el triunfo del nuevo orden no se hizo en medio de la hostilidad que para muchos forma parte de la genealogía del nuevo Estado-nación. Artola subrayaba que la población rural «no aprovechará la oportunidad de la primera guerra carlista o de revueltas triunfantes como la del 54 para manifestar su descontento, del mismo modo que no hay constancia de que se produjese una importante emigración».[14]

La potencialidad original de estos planteamientos quedaba contrarrestada, sin embargo, por su confluencia con la interpretación dominante en cuanto a la liquidación del segmento señorial heredado del Antiguo Régimen. Para Artola esto se habría conseguido no sólo integrando «la totalidad de los patrimonios» de los antiguos señores, sino, además, proporcionándoles recursos para incrementarlos, por medio de las indemnizaciones por sus derechos extinguidos. Al mismo tiempo, el fin de los mayorazgos se entendía como una medida generalmente positiva para la nobleza. Como resultado, la aristocracia señorial habría podido integrarse de modo ventajoso en el nuevo conjunto de propietarios, de orígenes sociales diversos, que mantendrían una función determinante en el Estado del siglo XIX. Al comprobar que eran nobles de título –las mismas Casas que, en gran parte, habían sido titulares de importantes señoríos– quienes encabezaban el reparto de la propiedad a mediados de esa centuria, era posible aceptar el núcleo decisivo de las tesis continuistas, relativas a una oligarquía antipopular en el Estado español del Ochocientos.

Otros historiadores han reforzado esta confluencia, sobre todo al profundizar en una de las facetas más importantes del planteamiento de Artola, como era el énfasis en la consolidación de la propiedad particular y el desarrollo de las relaciones contractuales bajo el Antiguo Régimen.[15]Para el nuevo orden liberal, lo decisivo era la categoría de propiedad y, en buena medida, ésta ya se hallaba bien establecida en el siglo XvIII. Desde este ángulo, las jerarquías influyentes en los poderes del Estado liberal estarían integradas, en gran medida, por los núcleos propietarios que, dada la debilidad del señorío en el terreno del reparto de la propiedad, habían escalado ya posiciones clave a escala local, antes de la revolución liberal. El fin de un patrimonio eclesiástico muy desigualmente implantado sería la única excepción significativa a esta tónica. De este modo, la perspectiva centrada en la propiedad y la producción, estrechamente vinculada al contexto local como célula clave del edificio del poder, a menudo ha reforzado la tesis de la política del Ochocientos como una prolongación, sobre todo, de la que ya se ejercía antes del nacimiento del Estado liberal. El peso del localismo de los propietarios sería el reflejo más poderoso en cuanto a la organización real y la lógica del nuevo orden.

La propuesta más elaborada en este terreno fue formulada, también en la década de 1970, por Richard Herr y, posteriormente, ha sido aplicada en investigaciones e interpretaciones de conjunto.[16] El historiador norteamericano se apoyaba en la comprobación de que el nuevo Estado no reemplazó en España un orden feudal, supuestamente basado en la producción campesina organizada y dirigida por el señorío. Como en la propuesta de Artola, Herr observaba el prolongado ascenso de una nobleza inferior de hidalgos propietarios, arraigados en el ámbito local, en detrimento de la influencia que, en esta escala, mostraba la cúpula señorial. De este modo, la revolución liberal no habría sido un recurso especialmente capitalizado por los señores, sino un proceso que confirmaría sobre todo la larga trayectoria ascendente de la propiedad bajo el orden absolutista. El énfasis que en el liberalismo recibía la propiedad beneficiaba, con la excepción de las instituciones eclesiásticas, a quienes la venían concentrando en mayor medida, combinándola a menudo hasta entonces con el recurso a los privilegios accesibles a la pequeña nobleza. Serían estos sectores los que protagonizarían la reconstrucción de un poder central, tras el colapso del absolutismo. Miembros de la hidalguía propietaria, procedente de provincias, tomarían el timón de las nuevas instituciones. La desvinculación de sus mayorazgos sería una medida especialmente favorable, que les permitiría reorganizar sus patrimonios. En consecuencia, para Herr el relanzamiento de la economía, desde 1840, habría revitalizado este tipo de jerarquías. Frente a la solidez de sus posiciones, el ascenso de los sectores típicamente burgueses era visto como un ingrediente minoritario y poco eficaz en la configuración de las bases sociales del nuevo Estado.

De nuevo, la ruptura analítica en cuanto a la estructura social del Antiguo Régimen –el modelo del «feudalismo» depredador e inmóvil había sido rechazado– era reconducida hacia el esquema dominante en lo relativo a las bases del Estado, al mantener criterios «puros» en lo que se refiere a los protagonistas sociales del ascenso del capitalismo. El núcleo mayoritario de los propietarios procedentes de la hidalguía controlaría durante décadas el Estado liberal. Desde las instituciones estatales que había conquistado, mantendría el control de sus áreas originarias de influencia, mediante una red «caciquil», que unía un localismo persistente y sistemático con un centralismo aparente y poco eficaz. En tales condiciones, la traducción práctica de la política liberal no podía ir más allá de la pura ficción. Ni el cambio social, ni las nuevas prácticas políticas habrían arraigado a partir del agitado proceso de consolidación del nuevo Estado. En aquel contexto, en realidad, el Estado apenas pasaba de ser una precaria cobertura para las redes de influencia localistas y el poder del Ejército. Sólo la vía gradual del desarrollo de la sociedad capitalista y urbana a largo plazo haría sentir sus efectos en este terreno, a partir de las primeras décadas del siglo XX, hasta desembocar en la tardía eclosión de la política de masas, en puertas de la II República.

La historiografía sancionaba así la perspectiva dominante en la izquierda española, como ejemplificábamos antes en el caso de Azaña. Según ella, la sociedad moderna en España apenas dispondría de referentes aprovechables en la época de origen del Estado nacional. Ni una hegemónica tradición revolucionaria y bonapartista, como en Francia; ni un forcejeo ascendente por etapas, seguido de rupturas parciales, como en la larga age of improvement de Gran Bretaña; ni un proyecto nacional capaz de absorber energías movilizadoras, como en Italia y Alemania, podrían hallarse en los referentes de la mayoría de los españoles insertos, desde comienzos del siglo XX, en la sociedad urbana y sujetos a un Estado de genealogía anómala o, a veces, abiertamente cuestionada. El Estado, como un poder básicamente de hecho, consolidaría un legado híbrido y de escasos vínculos con la sociedad –o con las diversas sociedades nacionales de la periferia– sobre la que se asentaba.

Elementos para una revisión en la historiografía reciente

Las propuestas anteriormente esquematizadas estimularon buena parte de las investigaciones posteriores, que hicieron avanzar los conocimientos, hasta entonces muy precarios, sobre la sociedad, la economía y la política en la España de la época. Si bien estos avances ya tenían suficiente potencial renovador, otros factores han contribuido a hacer necesaria una reconsideración de muchos supuestos que se han venido manteniendo desde que recibieron el consenso historiográfico, en el paso de la dictadura franquista a la democracia. Esto afecta, en especial, a la necesidad de un análisis de las clases sociales menos deudor de los «tipos ideales». Hacia la década de 1980, buena parte de la historiografía europea tomó conciencia de que su consideración de las clases guardaba una escasa relación con unos conocimientos empíricos que reclamaban ser elaborados de manera autónoma y no simplemente relegados a favor de modelos inconmovibles, bajo el pretexto cientifista de la necesidad de generalizar a cualquier precio. El uso de ciertos estereotipos sobre las clases sociales, por otro lado, demostraba tener claras insuficiencias en esta coyuntura. Hacía falta recuperar el sentido originario de la historia social, definida por Ernest Labrousse como la historia de las realidades impuras. Procesos globales, como el desarrollo del capitalismo o la formación de los Estados nacionales, aparecían promovidos a través del protagonismo de clases que se apoyaban sistemáticamente en caracteres de naturaleza contrapuesta, cuya separación en los modelos canónicos resultaba teleológica o injustificable. Bajo esta perspectiva, era preciso revisar muchas «supervivencias» que conducían a «fracasos» o «vías especiales» (Sonderwege) con respecto a algún supuesto canon, que cada vez resultaba más imaginario.[17]

Este panorama historiográfico invita a replantear el caso español. Ello no significa aceptar como inevitable una revisión de tipo pendular, en el sentido de considerar que la España contemporánea tuviera una «trayectoria normal».[18] Consideramos más útil, en cambio, examinar la complejidad de los problemas de una manera abierta, de modo que el resultado sea no acuñar un nuevo esquematismo, sino plantear las cuestiones de forma más acertada con respecto a los conocimientos actuales.

En esta tarea, las investigaciones ofrecen, al menos, tres grandes bloques novedosos, cuya consideración obliga a modificar las perspectivas habituales. De modo sintético, podrían resumirse así:

1. El papel del componente más característicamente feudal y sus cambiantes relaciones con respecto al poder central.

2. Los caracteres de los sectores propietarios bajo el Antiguo Régimen y su reordenamiento a partir de la revolución liberal.

3. La consolidación de un núcleo hegemónico de burguesía propietaria en el nuevo Estado y sus conexiones con los sectores periféricos.

El fin del componente feudal de la sociedad y de la monarquía absoluta

En las últimas décadas, estudios como los de Pedro Ruiz Torres, Bartolomé Yun y Enric Tello[19] han planteado de un modo distinto el significado de los componentes más claramente feudales de la España del Antiguo Régimen. En virtud de estos estudios, la estructura feudal aparece con un doble significado: era económicamente importante y también decisiva en la configuración del poder político, si bien no hegemonizaba la dinámica social.

Su importancia económica no derivaba de que organizara la producción, como en el pasado se dio por supuesto con demasiada frecuencia. Los grandes estados o señoríos, concentrados cada vez más en manos de una cúpula aristocrática y de instituciones eclesiásticas, otorgaban a los señores un cierto ámbito de poder político a escala local y canales de extracción de excedente. Lo primero se concretaba en la justicia local y la interferencia sobre el poder municipal. Los segundos se plasmaban, con una coincidencia muy irregular en el espacio, en la privatización señorial de impuestos originariamente de la Corona, en el cobro de una parte del diezmo y en el aprovechamiento de monopolios comerciales o regalías. De modo simultáneo y geográficamente muy desigual, el titular del señorío podía reunir, dentro de sus estados, derechos de propiedad más o menos importantes. Éste era el caso, que hasta ahora había dado lugar a generalizaciones injustificadas, de la gran propiedad plena en el centro y suroeste de la Península. Otras veces –como en Galicia, Cataluña, País Valenciano y Mallorca, pero también en áreas de Castilla la Vieja–, los grandes señoríos combinaban, con bastante frecuencia, importantes canales de extracción de excedente (diezmo, regalías) con la titularidad de una cierta propiedad dividida, no exclusiva, en forma de foros o de dominio directo en las áreas de enfiteusis.

Las investigaciones han destacado la importancia de este aspecto más propiamente feudal. La Monarquía hispánica, todavía gran potencia en el siglo XVIII, se organizaba en parte sobre cadenas de este tipo de «estados», al tiempo que se apoyaba directamente en las oligarquías de los núcleos más importantes, que dependían de la Corona. La incuestionable concentración de poder económico señorial, sin embargo, no se ponía al servicio de los engranajes coordinados del absolutismo monárquico. Políticamente, esta cúpula de magnates cortesanos era incapaz de integrar a la sociedad local en el sentido deseado por las autoridades reales. Bajo un régimen absolutista, apoyado en burócratas, militares, eclesiásticos y oligarquías urbanas, los grandes no constituían los pilares de la creciente formación interna del Estado y, como era bien conocido, su falta de cualificación tampoco los caracterizaba como una nobleza de servicio. Desde hacía tiempo, la aristocracia señorial no constituía la reserva de la clase gobernante del absolutismo, sino un núcleo cortesano, cuya influencia se trataba de asentar sobre todo por vías indirectas y personalistas. Ello condicionaba en gran medida la faceta reformista y aparentemente estatalizante del absolutismo borbónico. Al sostenerse sólo en parte sobre sus ingresos como propietaria, la gran aristocracia se había asentado en paralelo a un cierto «feudalismo centralizado». Éste suponía que el aparato absolutista alimentaba las rentas de la aristocracia señorial mediante el crecimiento del sistema recaudatorio de la Hacienda real, que a menudo pasaba luego a privatizar en beneficio de estas familias. En la misma línea, la Corona había impuesto, en épocas de crisis anteriores, la reducción de las deudas, en detrimento de los acreedores, o seguiría autorizando enajenaciones parciales de los patrimonios vinculados de la nobleza de título. Mientras que la propia Monarquía veía menguar durante largos períodos su propio patrimonio real, la expansión fiscal de la Corona y la privatización de impuestos mantenían a flote a los grandes.

La crisis fiscal del absolutismo desde finales del siglo XVIII fue, a la vez, el detonante de una crisis de esta clase señorial. Sin duda, sus miembros representaban a los mayores propietarios del conjunto de la Monarquía. Sin embargo, aunque sus ingresos y sus resortes de influencia fuesen aún palancas poderosas, esta aristocracia se vio combatida desde plataformas nada desdeñables. La historiografía ha puesto de relieve que esta cúpula señorial –en contraste con la mayoría de las instituciones eclesiásticas– sólo de modo parcial, o incluso muy secundario, había hecho coincidir sus estados con áreas indiscutidas de propiedad diferenciada de su poder político. Esto la situaba en una posición engañosa de cara a mantener sus posiciones durante la formación del Estado.

Esta agregación de señoríos no reflejaba su arraigo en la propiedad local. Como titulares de ingresos derivados, ante todo, de la redistribución por medio de impuestos privatizados, monopolios y participación en el diezmo, y contando durante generaciones con el apoyo real, habían permitido en los grandes señoríos el predominio de criterios que aseguraban al alza su participación en la captación del producto bruto. Ello implicaba, entre otras cosas, la estabilidad de la propiedad (particular y, no pocas veces, colectiva) de los vasallos. En general, los grandes señores disponían de bases no muy seguras para una posible ofensiva que hiciese evolucionar al señorío en el sentido de la propiedad. Con combinaciones muy diversas, según las zonas, esto se había traducido en la fortaleza de las inevitables oligarquías de propietarios –a menudo ennoblecidos, pero claramente distinguibles de la cúpula señorial– o incluso de la nobleza de título con influencia local, o en una sorprendente autonomía de las comunidades rurales, mucho más próximas al modelo campesino. Desde mediados del Setecientos, además, esta aristocracia de señores ausentes tuvo cada vez más dificultades para conseguir la colaboración de las fuerzas sociales dentro de sus señoríos.[20] El período de reformismo absolutista, promovido por la Corona desde 1766, ofreció ocasiones renovadas para que el interés público o el bien del Estado se interpretasen según una óptica contrapuesta a los puntos de vista señoriales. Transformados ante todo en dueños de poderosas pero irritantes y cuestionadas maquinarias recaudatorias, los señores más importantes vieron surgir el desafío, más o menos radical por el momento, de otras redes de influencia que las grandes casas ya no eran capaces de integrar y que fortalecían espacios públicos diferenciados a escala local. Por tanto, resulta demasiado unilateral identificar la sociedad dominada por el absolutismo como un conjunto feudal. Conviene destacarlo, sobre todo si pensamos en la manera diferente en que se situaban los diversos escalones de la pirámide social con respecto a la crítica surgida de la fragmentación del poder político y en defensa de un ascendente concepto de «propiedad». También era distinta su capacidad de respuesta a las reivindicaciones sobre un uso productivo del excedente, que proliferarían a partir de la parálisis en que desembocó el crecimiento del siglo XVIII.[21]

Teniendo en cuenta esta trayectoria, es difícil otorgar iniciativa a la aristocracia señorial en la consolidación del nuevo Estado. Desde hace tiempo, el triunfo del liberalismo no puede considerarse como el momento en que se crearon las nuevas categorías de la propiedad burguesa y, desde luego, no puede sustentarse la hipótesis de una «vía prusiana» que, mediante la prestidigitación jurídica, como sentenció José Antonio Primo de Rivera en 1935, habría transformado el señorío en propiedad. La investigación actual coincide en considerar que, en el mejor de los casos, los antiguos señores conservaron lo que ya antes se consideraba propiedad plena (que adquiría importancia, sobre todo, en la España central y meridional) o, tras intervalos de cuestionamiento, sus derechos de propiedad incompleta, pero jurídicamente diferenciada del señorío. Éste fue el caso del dominio directo –económicamente poco significativo– en Cataluña y de ciertas situaciones comparables en los foros de Galicia. Sin embargo, esta operación fracasó espectacularmente en el País Valenciano. Los canales de redistribución de excedente, al margen de la propiedad, fueron eliminados sin posible transformación en derechos de propiedad.[22]

Ricardo Robledo y Eugenia Torijano (coords.), Historia de la propiedad en España. Siglos xv-xx, Madrid, Centro de Estudios Registrales, 1999, pp. 329-347. Ramón Villares, «El pasado que cambia. Reflexiones a propósito de la revolución liberal española», en Josep Fontana, Historia y proyecto social. Jornadas de debate del Institut Universitari d’Història Jaume Vicens Vives, Barcelona, Crítica y Universitat Pompeu Fabra, 2004, pp. 13-30. Jesús Millán, «Liberalismo y reforma agraria en los orígenes de la España contemporánea», Brocar, 24, 2000, pp. 181-211. Casos significativos de la trayectoria seguida por las diversas dimensiones del señorío y la propiedad en M.ª Jesús Baz Vicente, Señorío y propiedad foral de la alta nobleza en Galicia, siglos xvi-xx: la Casa de Alba, Madrid, Ministerio de Agricultura, 1996, pp. 227-265. Ángel García-Sanz, «La propiedad territorial de los señoríos seculares», en Salustiano de Dios, Javier Infante, pensaciones que el Estado otorgaría más adelante, en gran medida parciales y tardías, no pueden hacer perder de vista el importante giro experimentado con respecto al anterior «feudalismo centralizado».

El último argumento de quienes presentan al Estado liberal al servicio de los señores insiste en el uso de los títulos de la deuda pública, concedidos para indemnizar a los señores por la supresión de ciertos derechos, para adquirir bienes desamortizados. Este argumento, aunque difundido entre aquellos que desean apuntalar la tesis de un Estado continuista en su lógica social con respecto al Antiguo Régimen, es insostenible. En realidad, fueron los moderados, en principio los más receptivos a los intereses aristocráticos, quienes paralizaron las ventas de bienes nacionales. Su reapertura hubo de esperar al retorno de los progresistas, en 1854, gracias a un asalto al poder. Por último, los estudios sobre la desamortización general de Madoz muestran que las adquisiciones de la vieja aristocracia señorial fueron muy reducidas, sin que se pueda hablar ni siquiera del protagonismo de la nobleza en las compras. Este protagonismo, en cambio, sí correspondió a sectores burgueses, tanto urbanos como ligados al cultivo de la tierra, sin excluir en ocasiones a modestos labradores, incluso en zonas latifundistas. En todo caso, la aristocracia señorial arrastraba a menudo grandes dificultades económicas desde comienzos del Ochocientos y el apogeo de las subastas, tras recibir las indemnizaciones del Estado, muestra un desfase de casi medio siglo, que muchas grandes casas no pudieron soportar. De este modo, la política del nuevo Estado significó una orientación nítidamente diferenciada con respecto al pasado. Estuvo más bien al servicio de la movilidad social ascendente. Por tanto, la confluencia entre la tesis inicial de Artola y la interpretación de corte regeneracionista debe ser desechada.[23] En definitiva, la jerarquía de la riqueza y de los intereses no determinaba por sí misma la actuación del Estado. Ésta se vio influida decisivamente por el resultado de la politización liberal que había acompañado el fin del absolutismo y por los compromisos derivados de la movilización popular, que se desarrollaban bajo el protagonismo de las elites progresistas.[24]

Desde el ángulo del desarrollo de un importante segmento social caracterizado por la propiedad particular, queda de manifiesto la insuficiencia de una simple consideración «feudal» del desarrollo del absolutismo en España. Como en otros casos similares, también aquí la monarquía absoluta favoreció una dinámica que, en la base de los grandes señoríos, permitió el fortalecimiento de sucesivas promociones de poderosos, que promovían la privatización y las relaciones contractuales con los más desfavorecidos. El reforzado absolutismo dinástico completaba esta evolución mediante una práctica compensatoria a favor de la cúpula señorial, mediante enajenaciones, rebajas de deudas y flexibilidad en el uso del mayorazgo. Esta dinámica se vio interrumpida con el triunfo del Estado liberal. Destacar el ascenso decisivo y novedoso de otro tipo de intereses en la política estatal parece, por tanto, plenamente justificado.

De los propietarios privilegiados a las nuevas vías de acceso a la propiedad como base del Estado-nación

El apartado anterior confirma la necesidad de considerar la importancia de un largo proceso de avance del individualismo posesivo, en lugar de resumirlo como un escenario asfixiante para cualquier dinámica de este signo. Sin duda, en los siglos anteriores al Estado liberal se desarrollaron importantes sectores que hacían de la propiedad particular el principal factor de su perfil social. Incluso dentro del ropaje de la ortodoxia religiosa, la España de esta época elaboró una importante legitimación doctrinal de la propiedad privada y excluyente, así como de su carácter «natural» e intangible para el poder político.[25]

Evidentemente, ello no constituía el único elemento definitorio. Más bien, la lógica propietaria se desarrolló aprovechando las posibilidades que ofrecían el mundo del privilegio y el servicio a la monarquía absoluta. De aquí derivaba la doble combinación de trayectorias que alimentaban la renovación continuada de la nobleza. Ésta, como se ha comprobado repetidamente, se nutría con nuevos ingresos que incrementaban su heterogeneidad y hacían imposible identificarla con una «clase feudal».[26]En ello pesaban, sin duda, la fuerza del prejuicio estamental, la extendida –aunque declinante– reticencia hacia el ejercicio directo de actividades económicas y el prestigio social de la intolerancia religiosa. En este escenario se producían tipos especiales y diversos de propietarios más o menos privilegiados. Sus peculiaridades se completaban con una frecuente asociación con las instituciones eclesiásticas, su patrimonio y el acceso a sus jerarquías. Sin embargo, por otra parte, el poder económico, la influencia en la sociedad local y la competencia técnica –en el mundo del derecho, la administración y el ejército– hacían confluir sus ansias de promoción social con algunos de los intereses periódicamente renovados de la Monarquía. Este heterogéneo sector estaba caracterizado, pues, por una dinámica renovadora, sostenida en la propiedad, la riqueza y el mérito, que de inmediato buscaba consolidarse mediante la garantía del privilegio.

Frente a la alta aristocracia, que políticamente se apoyaba en la inercia de su capital social y económico, era en la renovación de estos sectores más bajos donde el aparato absolutista reclutó sus apoyos en mayor medida. Los cargos de gobierno fueron ocupados por golillas de esta extracción.[27]Además, miembros de estos núcleos en ascenso accedieron a cargos municipales, que convertían en propiedad o incluso podían dejar en herencia una vez que los habían adquirido de la Corona. Características similares tenían los sectores dominantes en las provincias vascas y Navarra, con el añadido fundamental de que su radio de actuación como «poder ordinario» dentro de sus respectivos territorios no dejó de crecer bajo el absolutismo borbónico. Como era posible dentro de una típica Monarquía compuesta, las oligarquías de estos territorios disponían de una capacidad de acción que les permitía condicionar decisivamente la política de la Corona, en materias fiscales, mercantiles y militares. Las posiciones de estas oligarquías definían el absolutismo de la España borbónica de un modo peculiar dentro del panorama europeo. Por un lado, su importancia estaba bien arraigada en la estructura fiscal de la Monarquía, ya que la representación permanente de los principales municipios en la Comisión de Millones les otorgaba un importante grado de autonomía con respecto a la Corona. Pero, por otro lado, ello sustentaba, de modo permanente entre los primeros pasos de la nueva dinastía y la crisis de 1808, la reiterada vitalidad de ciertas interpretaciones de orden «constitucional». Según éstas, la Monarquía hispánica seguía contando con una representación de los reinos –a través de los municipios con voto en Cortes–, el poder real se veía sometido a la ley y, desde luego, no estaba capacitado para hacer un uso patrimonial o sin restricciones de su autoridad. Durante la mayor parte del siglo XVIII, dispusieron de amplia aceptación y condicionaron buena parte de las medidas de la Corona las doctrinas que rechazaban el uso simplemente administrativo del poder real o al margen de la magistratura judicial. Aún más que en el terreno socioeconómico, por tanto, la España del Antiguo Régimen es incomprensible si se reduce a una estructura de «absolutismo feudal», que dominaría a una «sociedad campesina».[28]

La creciente dinámica de la sociedad y el dirigismo monárquico introducían durante el siglo XVIII una peculiar «representatividad», en la base de los decisivos poderes municipales. El acceso a estos cargos debía coronar una serie intergeneracional de servicios y ascenso socioeconómico. Al ser reconocidos estos componentes del «mérito», sin embargo, se aceleraba el ascenso dentro del mundo del privilegio y se favorecía el uso patrimonial de los cargos que se habían alcanzado. Ello, por tanto, tendía a bloquear y a agotar a la larga la innegable movilidad social que se comprueba en este peldaño crucial del Antiguo Régimen. Su renovación continuada mostraba, por un lado, el carácter insustituible de las nuevas promociones de la influencia in situ, como base del centralismo absolutista. Simultáneamente, sin embargo, esta representatividad no derivaba del reconocimiento autónomo por parte de la sociedad local. Aunque a finales del Setecientos cobraron fuerza conceptos, como el de hacendado, que mostraban el peso creciente del reconocimiento autónomo por parte de la sociedad local, este criterio no estuvo libre de poderosas interferencias. A fin de cuentas, era el arbitrio del rey el que, al otorgarse de modo discrecional, creaba la presunción de que sus beneficiarios disponían de influencia y prestigio en su propio ámbito. De ello formaban parte la propiedad, una ejecutoria de influencia y de colaboración con la Corona, la disponibilidad de unos antecedentes antiguos y, casi siempre, la puesta a salvo de parte del patrimonio a través del mayorazgo.[29]

Todo indica que estas fundaciones de vínculos se extendieron mucho en España durante los siglos XVII y XVIII, hasta constituir un rasgo fundamental de la sociedad y del orden político en España. Conviene destacar dos aspectos de la regulación mayoritaria del mayorazgo que acentuaban su adaptación a la movilidad social y extendían las relaciones contractuales. Fundar un vínculo era una iniciativa particular, que no requería, como en otros países, el permiso de la Corona. El mayorazgo castellano –con mucho, el más extendido tras la Nueva Planta– prescribía que la familia titular retuviera la propiedad plena de los bienes, de modo que su explotación debía ser directa o mediante contratos a corto plazo. La difusión autónoma de los mayorazgos se aleja del modelo de una sociedad ordenada de arriba abajo desde la cúpula del absolutismo, como tendía a suceder con la nobleza en Prusia o, de modo más agudo aún, en Rusia. La preferencia por la propiedad plena subrayaba el carácter de propiedad particular de estos patrimonios y se vinculaba al avance de la desposesión. Visto de este modo, el decisivo privilegio del mayorazgo no era una figura sistemáticamente feudal. Representaba un canal hacia el privilegio, al alcance de quienes se beneficiaban de la dinámica social como propietarios pero deseaban consagrar a largo plazo las posiciones alcanzadas sin someterse a las alternativas del mercado. De entre esta plataforma, la Corona podía reclutar sus apoyos a escala local, bajo la ficción de «reconocer» a quienes previamente habían conquistado el mérito en la sociedad.[30]

Esta suma de equilibrios entre autonomía de la ejecutoria individual y familiar, proyección social y favor de la Corona –sobre la que se constituían bases fundamentales del poder central como eran el Gobierno, la burocracia y buena parte del poder local– dio muestras de romperse a finales del siglo XVIII. La aceleración de los cambios económicos y la pérdida de credibilidad del aparato de la Monarquía, sobre todo en época de Godoy, contribuyeron a cuestionar esta mezcla de dos variables bastante diferenciadas: la búsqueda de ventajas en el terreno del honor por parte de ciertos linajes particulares y la interferencia del poder monárquico sobre la sociedad.

En tales condiciones, era difícil que los sectores propietarios de tipo privilegiado, pese al conjunto de rasgos que los hacían adaptables a un régimen basado en la propiedad, se constituyeran sin más en la columna vertebral del nuevo Estado. Sin duda, muchos de estos linajes reunían una sólida tradición en el terreno del individualismo posesivo y de la autonomía de la fortuna familiar como para protagonizar el paso desde la figura del hacendado, titular de privilegios en el Antiguo Régimen, a la del propietario de carácter burgués y convertido en notable bajo el Estado liberal. Éste constituye uno de los problemas principales planteados por la historiografía precedente.

Las propuestas de Jovellanos se inclinaban hacia esta especie de confluencia, hasta crear una amalgama de propietarios entre la aristocracia señorial y unas oligarquías locales, a menudo contrapuestas a los intereses de la primera. Al enfatizar el individualismo de los propietarios –incluyendo, sin más, a los señores– y la necesidad de reducir la acción del Estado, Jovellanos preveía mantener nichos significativos de privilegio. Sus perspectivas en este terreno no pueden identificarse con la pauta que se impuso en la España del siglo XIX, sino que fueron descartadas de modo consciente. Hasta dónde debía llegar la reforma de los mayorazgos fue una cuestión polémica, que el arbitrismo de la monarquía absoluta no se consideró capaz de imponer de modo unilateral. Más adelante, el nuevo orden tras la Revolución Francesa preveía mantener la ventaja privilegiada del mayorazgo como garantía de apoyo de la elite política. Precisamente, la intensificación de la dinámica social promovida por el mercado capitalista fomentaba el reflejo compensatorio de perpetuar las bases de quienes daban estabilidad al Estado mediante su influencia y su patrimonio. Éste fue el modelo que previó para España el régimen bonapartista de la Constitución de Bayona. También fue éste el marco que subsistió en la Francia de la Restauración y que no acabó de desaparecer hasta el fin de la Monarquía de Orleáns. Con peculiaridades que las diferenciaban del mayorazgo en la España del absolutismo, las vinculaciones privilegiadas de la nobleza subsistieron en sociedades industriales y en Estados tan diferentes como la Inglaterra victoriana, la Prusia de la «Era de las Reformas» y la posterior Alemania unificada.[31]

En este contexto, suponer que el colapso del absolutismo español fue cubierto sin problemas por el sólido arraigo de los propietarios privilegiados resulta claramente precipitado. El intento de establecer un nuevo poder estatal, bajo la inspiración del liberalismo político, no supuso un aval para la supuesta intangibilidad de quienes ya eran propietarios. La amalgama proyectada por Jovellanos se reveló imposible. Probablemente, ya resultaba difícil de establecer una alianza semejante, a raíz de las tensiones promovidas por el reformismo absolutista y las pugnas jurídicas y económicas que suscitaba el ocaso del crecimiento experimentado en décadas anteriores. La diversidad de opciones y trayectorias ante la invasión francesa y la rebelión patriota multiplicó estas divergencias. También abrió nuevas perspectivas a quienes, en medio de la retórica de la nación, no se limitaban a trasladar hacia el futuro las jerarquías heredadas del pasado. De este modo, las Cortes de Cádiz adoptaron progresivamente un rumbo que apuntaba hacia una restricción radical del nicho privilegiado para la elite política que, incluso, reconocían tanto el Estado bonapartista como su enemigo británico.

El liberalismo español, por el contrario, confió en un Estado sostenido directamente en la movilidad de las fortunas propia del mercado. Esto resultaba no sólo un cambio radical con respecto al pasado, sino también una vía comparativamente novedosa en la configuración de las bases sociales del Estadonación. Es probable que esta sorpresa se reflejase en la frase de Mde. Stäel a un liberal español: «Necesitáis una nobleza».[32]Hay motivos para pensar que esta divergencia resultó decisiva en la oposición carlista al liberalismo. Las discrepancias en este terreno se hacían más importantes por cuanto, tras las experiencias iniciales de la Revolución Francesa, las corrientes predominantes del pensamiento liberal en Europa reconocían la importancia de que el poder político del nuevo Estado soberano se apoyase en mediaciones sociales, dotadas de eficacia de cara a encuadrar y dirigir a la gran mayoría de la población.[33]

En el caso español, la herencia de las crisis del Antiguo Régimen no convirtió a la propiedad en un pilar obvio, suficiente e incontestado. En el terreno político, no predominó una plataforma cohesionada de los propietarios para mantener en sus manos el timón del Estado. La nueva construcción política, a diferencia de lo que había sucedido hasta entonces en España, interrumpiría el ritmo de adaptación de los ya instalados y los canales de absorción de nuevos elementos que habían caracterizado a la hegemonía aristocrática. Es lógico, por tanto, que invirtiendo los supuestos arraigados en la historiografía anterior, los estudios actuales subrayen una presencia de la nobleza en la política española relativamente escasa con respecto a otros países europeos.[34]Al contrario, desde los inicios del realismo durante las Cortes de Cádiz, pasando por el absolutismo del Trienio y hasta desembocar en el carlismo, los contrarios al Estado liberal no dejaron de reclamar para sí el apoyo de los ricos y los hacendados, al tiempo que reivindicaban el mantenimiento de las funciones de la nobleza. Todo ello, de nuevo, lleva a pensar que el proyecto político inspirado por Jovellanos no fue el que se impuso.[35]

Capitalismo central y capitalismos periféricos como base social del nuevo Estado

Los apartados anteriores nos presentan diversos ángulos de análisis de carácter negativo. El nuevo Estado se reorientó en sentido muy distinto al ejercido por el «feudalismo centralizado». No fue posible una síntesis de diversos tipos de propietarios privilegiados, que se limitase a trasladar al nuevo orden las posiciones previamente establecidas. El decisivo giro contrario a todo tipo de manos muertas y vinculaciones representaba, en el contexto europeo, una preferencia definitoria por la movilidad de los patrimonios. En una sociedad predominantemente agraria, como lo eran aún todas las europeas, este criterio implicaba inaugurar un escenario cambiante de las influencias locales, encargadas de reforzar o de hacer posible en la vida cotidiana el orden que garantizaba el Estado central.

¿Qué fuerzas y qué dinámicas sociales se abrían paso mediante esta opción? La historiografía ha destacado normalmente que ello reforzó, como núcleo decisivo en torno al cual giraría el Estado del Ochocientos, una amalgama de clases propietarias, asentadas en la España centro-meridional. Su principal demanda al poder público sería la de mantener rígidamente el orden social, en defensa de una propiedad privada sin restricciones y carente en gran medida de responsabilidades sociales. Al conjugarse con una cierta visión optimista del progreso, el resultado habría sido una visión agrarista, que predominaría tanto en el terreno del comercio exterior como en el de las comunicaciones o en la política de orden público. En resumen, las demandas de desarrollo e integración social propias de las sociedades más avanzadas de la Europa de la época no habrían tenido eco en el caso de un Estado español, convertido en baluarte de unas clases agrarias, fundamentalmente rentistas o económicamente poco activas y poco dispuestas a considerar otro tipo de trayectorias. De ahí, por tanto, que la capacidad de conexión del nuevo Estado con algunas sociedades de su propia periferia –más orientadas desde mucho antes hacia la economía industrial, mercantil y urbana– constituya una importante fuente de problemas en esta discusión.

Las investigaciones de las últimas décadas sugieren la necesidad de hacer algunas modificaciones importantes en estos planteamientos. En primer lugar, las posibilidades excepcionales de acceso a la propiedad que permitió la revolución no reproducían el esquema estático de los propietarios ya arraigados en la época de esplendor del absolutismo. Durante el último tercio del siglo XvIII, el crecimiento había estimulado un giro novedoso en las estructuras de la sociedad agraria. Se trataba del auge de un tipo de figuras caracterizadas por su vinculación directa a la propiedad o a la explotación. Aunque mantuviesen alguna propensión al rentismo, eran agentes económicos sometidos a los canales de redistribución señorial del excedente, pero capaces de decidir en la organización de la producción. Entre ellos se contaban los labradores acomodados de Andalucía, Salamanca, Mallorca o Tierra de Campos, a menudo instalados como arrendatarios de grandes extensiones agrícolas o ganaderas, propiedad de eclesiásticos o de nobles. También se situaban entre ellos los grandes enfiteutas de la Cataluña Vieja o de los principales señoríos valencianos, así como los propietarios más dinámicos que se asentaban en términos de realengo. La importancia de estos sectores se reflejó crecientemente en múltiples tensiones jurídicas para recortar el diezmo y los derechos señoriales, pero también en demandas, movilizaciones y luchas por el poder que afectaban a las vías de acceso a la propiedad de la tierra. Por tanto, más que subrayar unilateralmente la congruencia de la propiedad con el feudalismo, conviene analizar la coexistencia de estos diversos canales de extracción de excedente como una situación que fue derivando hacia mayores tensiones, sobre todo a raíz de la Guerra de la Independencia.[36]

De ahí que, aunque los propietarios en ascenso practicasen a veces actitudes similares a las del pasado –una cierta proclividad hacia la explotación indirecta o el ingreso en la nobleza–, sus aspiraciones, a partir del agotamiento del impulso económico del Setecientos, representasen un cambio que alteraba el escenario en vigor. Su ascenso gracias a la revolución liberal significaba el triunfo de una «genealogía distinta» del capitalismo, diferenciada del tipo de individualismo económico y relaciones contractuales que habían prosperado bajo el Antiguo Régimen. Las promociones arraigadas con anterioridad en el ámbito de la propiedad habían consolidado sus patrimonios en otras coyunturas y se habían introducido en la esfera del poder local bajo el absolutismo. Era frecuente, por tanto, que restringiesen la ampliación del área cultivada, lo que indirectamente favorecía la presión en el mercado de arriendos y el alza de sus rentas. Se formó así lo que se ha llamado un frente antirroturador en la mayor parte de la España interior.[37] En las zonas periféricas de producción más mercantilizada, las tensiones cuestionaron aquellos derechos que, al recortar los beneficios del cultivador, como sucedía con las regalías, el luismo o el diezmo, dificultaban la inversión productiva y hacían difícil rentabilizar las costosas adquisiciones de tierras por medio del relanzamiento de la renta contractual. En uno y otro caso, las tendencias esbozadas apuntaban hacia un impulso de la producción, un cambio de las jerarquías sociales y una reestructuración de la capacidad productiva y de empleo en el conjunto del país.

El agotamiento fiscal del absolutismo y las crisis comerciales, hacia finales de siglo, unidos a la presión demográfica –heredada del crecimiento anterior– y a la inflación, atrajeron el interés hacia la propiedad agraria de los sectores que hasta entonces se habían centrado en otro tipo de actividades. Este intenso giro hacia el campo era, pues, una vía novedosa, que se imponía sobre un Antiguo Régimen no tan volcado en el cultivo de la tierra, como sucedería en siglo XIX. Éste era el caso de la oligarquía urbana de Madrid, cuya tradicional asociación con las finanzas y los negocios de la Monarquía fue siendo sustituida por una creciente proclividad a invertir en la propiedad y la producción.[38] Los intereses comerciales, vinculados al comercio con el imperio americano o con las zonas hasta entonces más dinámicas, así como a la industria o las manufacturas, se añadieron a esta presión, hasta combinarse de manera decisiva con la crisis fiscal y política de la vieja Monarquía.

Estas líneas de fractura no pueden reconducirse hacia el esquema de una revolución burguesa contra el feudalismo. Tampoco se trataba de un proyecto burgués interesado transitoriamente en hacer crecer el mercado interior, por medio de una política de reparto de tierras a favor del campesinado. Las tensiones esbozadas cuestionaban, de modo característico, el bloqueo que sufría el mercado de la propiedad inmueble bajo el régimen privilegiado de mayorazgos y manos muertas que, a su vez, apoyaban una parte decisiva del entramado del poder en la sociedad del absolutismo. El sector cuestionado de esta forma no era el componente más próximo al feudalismo. No puede olvidarse que mayorazgos y propiedades amortizadas, como sucedía muy a menudo con los bienes de la Iglesia, implicaban tradicionalmente formas de explotación contractuales y a corto plazo. Otras veces, estaban en manos de familias o instituciones que habían coronado su ascensión social, a partir del mundo de los negocios y del mérito, o habían protagonizado una larga resistencia contra el señorío al que se podían hallar sometidas. Por otro lado, al favorecer la expansión de las roturaciones, el desbloqueo del mercado de la tierra o el recorte de las cargas no contractuales sobre el excedente productivo, era fácil que estas pugnas incorporasen, de diversas maneras, a buena parte de los sectores inferiores de la sociedad. Estos sectores de la España agraria a finales del Antiguo Régimen no pueden identificarse con el «campesinado familiar», asentado de modo estable en una explotación propia, sino en muy buena medida con trabajadores precarios por cuenta ajena, carentes de propiedad privada. Su rápido crecimiento, a menudo muy por delante de la demanda de mano de obra en la agricultura, hizo que el mercado de trabajo los colocara en una situación cada vez más precaria.[39]La eliminación del privilegio y el desplazamiento de muchas de las antiguas autoridades locales debieron inducir con frecuencia cambios favorables, también, por debajo de los sectores burgueses de la sociedad.

Esto sucedía así porque estas reivindicaciones, en pro de la movilidad de la propiedad y de su emancipación con respecto a cargas no contractuales, no equivalían a destruir los restos del comunitarismo campesino y acelerar su desposesión. El ascenso de un conjunto de fuerzas reivindicadoras de la propiedad y de la producción formaba parte de una transformación de la estructura productiva, para adaptarla en lo sucesivo a un proceso en marcha que no se interrumpió durante los años de guerra, crisis y pérdida del imperio americano. La crisis colonial condujo a una readaptación del comercio con América, que incrementó los intercambios en la periferia peninsular. Los núcleos comerciales de estas zonas, tras una reestructuración muy profunda, relanzaron su actividad, gracias entre otras cosas a la conquista de una plataforma más sólida en el mercado inmobiliario.[40]

Todo ello permitió que la vieja propiedad privilegiada resultase infiltrada y desbloqueada, al irrumpir en el mercado de la tierra las fortunas que procedían del mundo de los negocios urbanos y de los labradores acomodados. Al mismo tiempo, se consolidaba una indudable expansión y reorientación productiva –a menudo, desde la ganadería a la labranza–, que ofrecía un estímulo muy renovado a la producción, al empleo y, no pocas veces, también al acceso a una cierta propiedad por parte de los sectores más desfavorecidos. Ello permitió que, ya en la segunda mitad del siglo XvIII, la integración del mercado entre el interior agrario y las zonas industriales de la periferia avanzase más de lo que se había supuesto en la historiografía de hace unas décadas. Las formas productivas de los sectores que irrumpían en la propiedad no pueden sintetizarse en la tendencia sistemática a la desposesión del campesinado. Por un lado, conviene tener en cuenta que las ventajas del empleo de mano de obra asalariada estaban lejos de ser evidentes en todas partes, sobre todo allí donde el proceso productivo era más complejo y continuado. A menudo, la subdivisión de anteriores grandes fincas entre un número mayor de explotaciones familiares resultaba la senda más eficaz para relanzar el cultivo, como se observa en Lérida, la huerta de Valencia o Mallorca. Por otro lado, todo indica que, en realidad, la carencia de propiedad a la que se había llegado bajo el Antiguo Régimen –como resultado del bloqueo del mercado de la tierra, la presión de una fiscalidad basada en el privilegio y la fortaleza en el poder local de rentistas y ganaderos privilegiados– era ya muy elevada. De este modo, como se ha comprobado en la región cerealista de Tierra de Campos o Salamanca, fue precisamente el acceso de los labradores acomodados a la propiedad y al poder político lo que indujo el reparto de superficies significativas de los bienes de propios, a favor de los más desfavorecidos. En un contexto muy diferente, los propietarios más destacados de la Cataluña Vieja siguieron recurriendo, hasta entrada la segunda mitad del siglo XIX, a la concesión de pequeñas parcelas, como medio de fijar la mano de obra que necesitaban. Incluso en la España cantábrica, donde con más énfasis se habían destacado las dificultades que la nueva fiscalidad introducida por el liberalismo habría representado para los cultivadores modestos, todos los datos fiables confirman la sostenida tendencia al incremento relativo del peso de los propietarios dentro de la población agraria a lo largo del siglo XIX.[41]

En conjunto, la transformación del sistema económico y su situación en un estadio muy distinto de producción, demografía e integración del mercado, no parece que pueda sintetizarse simplemente en un proceso de empobrecimiento que habría aislado o enfrentado a la mayoría de la sociedad con respecto al nuevo Estado. Si valoramos en su contexto algunos de los indicadores sociales más comúnmente utilizados, parece necesario cuestionar este carácter unilateralmente negativo. A mediados del siglo XIX, cuando la población había roto los techos más altos que se habían alcanzado en el pasado, la proporción de jornaleros que los censos oficiales mostraban dentro de los activos agrarios era del 54%, cuando a finales de la centuria anterior ya había sido de un 53%. El signo de estos datos, tras décadas de un notable aumento demográfico, no sustenta la tesis de una desposesión masiva como resultado principal del nuevo orden. Las mismas fuentes indican un descenso proporcional de los jornaleros, especialmente significativo en el caso de Andalucía, donde, además, la esperanza de vida era superior a la media española a mediados del Ochocientos. Los indicadores sobre la evolución de la estatura media de los jóvenes del medio rural han llamado la atención por el deterioro que muestran entre 1850 y 1880. Sin embargo, sin olvidar que precisamente escasean los datos para el período clave de la crisis final del absolutismo y el triunfo de la revolución liberal, conviene recordar que descensos comparables en la estatura se dieron también en países como Holanda en aquella época, o que la altura media de los jóvenes españoles (1,62 m) coincidía con la de los italianos y estaba «ligeramente por debajo de la talla de los europeos más desarrollados».[42]

Por tanto, resulta necesario replantear el alcance y los límites del agrarismo hegemónico en el naciente Estado liberal. El estadio de los conocimientos actuales aconseja introducir una orientación menos finalista, en función del panorama que generalmente se asocia a la crisis de finales del Ochocientos. Si, por el contrario, situamos las bases sociales del Estado dentro de un proceso de características nuevas, que permitían llevar la economía española a una senda capaz de integrar mejor sus diversos sectores y crear condiciones inéditas para el desarrollo posterior, parece conveniente revisar de modo distinto al habitual el problema de las conexiones entre el Estado y las periferias económicamente más dinámicas.

Estado-nación, personal político y sociedad

La formación del Estado nacional fue un proceso problemático, en el transcurso del cual se definieron de otro modo los límites entre lo «político» y lo «particular». Hasta no hace mucho, la perspectiva dominante había llevado a ver en el nuevo poder político un reflejo de las estructuras sociales, en gran medida continuistas con respecto a las del pasado. De ahí que, a la hora de estudiar los canales de comunicación entre la sociedad y el poder político en la España contemporánea, se haya atendido, sobre todo, a aquellos aspectos que mejor podían sostener la doble imagen de unas instituciones exclusivamente supeditadas a los grandes intereses, por un lado, y, por otro, a la marginación y la revuelta de las clases populares.

La perspectiva ha de ser distinta si atendemos a la importancia de las alternativas políticas que acompañaron la alteración de la jerarquía y la dinámica general de la sociedad. La introducción de los criterios abstractos y generales del Estado nacional requería una plasmación social, y ésta, de modo especial tras el triunfo del liberalismo revolucionario en España, debía hacerse en el marco de redes de influencia y movilización alteradas y, a menudo, notablemente enfrentadas. Por tanto, las formas de lograr apoyos sociales debieron cambiar, al igual que los caracteres de los grupos mejor situados para obtenerlos.[43] Si bien el Estado-nación hacía de la defensa de «la propiedad» un principio determinante, esto no creaba frentes obvios de clase, ni reducía la existencia de alternativas muy importantes durante mucho tiempo. En contraste con las visiones arraigadas, los estudios actuales destacan el alcance de las interpretaciones discrepantes dentro de este principio en el caso español. Entre los factores que contribuyeron a sostener a largo plazo esta discrepancia se pueden citar tres. En primer lugar, el giro temprano en el pensamiento liberal a favor de un individualismo utilitarista, que abría paso a quienes procedían de la actividad económica, el talento y la educación. A diferencia de otras sociedades, como Gran Bretaña o la Italia incorporada a Austria, en la España liberal la burguesía dedicada a los negocios urbanos no hubo de pasar por una penetración gradual en un reparto de la propiedad rústica que dominaban los terratenientes privilegiados para obtener reconocimiento en el espacio político. En segundo lugar, el peso de la tradición poblacionista, que influía en el giro productivo que acompañó a la crisis del Antiguo Régimen. Por último, de manera muy destacada, la prolongada influencia de un criterio «inclusivo» y movilizador de la nación, que tendía a universalizar la ciudadanía y reclamaba canales importantes de participación popular. La retórica política y las prácticas sociales otorgaron al concepto de «propietario» un conjunto de valoraciones especialmente amplias y controvertidas en la España del siglo XIX.[44]

El panorama de las fuerzas sociales que influían en el Estado, a mediados del Ochocientos, no podía identificarse con la hegemonía indiscutida de un compacto bloque de «propietarios». Aquel Estado liberal –centralizado, pero a la vez pretendidamente poco interventor– debía apoyarse y actuar en unas condiciones inusualmente accesibles a formas muy distintas de obtener influjo social. Para Antonio Alcalá Galiano, el liberalismo español había comenzado «dando derechos políticos a quienes antes estaban debajo». El cuestionamiento de «los hombres mejores por su jerarquía» había perjudicado a «los estimados mejores por su talento e instrucción», al tiempo que el gobierno de los ricos «bueno o malo, no ha llegado para nosotros (...). Así, faltó toda superioridad natural».[45] En este contexto, las disensiones fundamentales sobre la construcción del Estado se reabrieron, acompañadas de una intensa movilización popular que ponía de manifiesto las tensiones dentro del personal político, hasta alcanzar su punto culminante en el Sexenio democrático de 1868 a 1874.[46]

En el caso de Cataluña, como se deduce del trabajo de Josep M. Pons, el ascenso del liberalismo había favorecido una precoz e intensa renovación del personal político local. El signo de este cambio consistía en el desplazamiento de los hacendados, frecuentemente propietarios de la pequeña nobleza, por parte de comerciantes e industriales, acompañados a su vez de artesanos y labradores. En gran medida, el liberalismo no prolongó la hegemonía de las raíces previamente asentadas del individualismo económico. Los protagonistas de aquella genealogía social del capitalismo, tan importante en Cataluña, que se había desarrollado al amparo del privilegio, la asociación con el patrimonio eclesiástico, la privatización de los cargos municipales o los gremios, fueron desplazados por los representantes de los negocios urbanos, que se beneficiaban de la ampliación del mercado. Con ellos, al mismo tiempo, ganaban un protagonismo indiscutible los sectores populares, apoyados en las doctrinas y las instituciones del liberalismo radical. Esta intensa ruptura tuvo un gran impacto en la sociedad catalana, como se reflejó en la guerra carlista y en el conjunto de sublevaciones radicales que culminaron en 1843-1844.

Pese al deseo de orden de las elites burguesas catalanas, su adaptación al Estado que estaban consolidando los moderados no resultó estable. Al menos en ciertos casos importantes, parte del problema se debía al carácter claramente involutivo de las elites más conservadoras de Cataluña, demasiado próximas al absolutismo para encajar con el moderantismo español y para tener credibilidad frente a la sociedad local. Así lo sugiere el hecho de que en Lérida y Barcelona quisiesen reducir el derecho al sufragio por debajo de lo que marcaba la norma general. Por otra parte, los efectos de la industrialización, al combinarse con la temprana politización liberal, favorecían las corrientes liberales de signo progresista en zonas muy diversas de Cataluña. Como señala Pons, se trataba en su mayoría de vertientes elitistas, contrarias a la democracia, pero capaces de representar proyectos con un elevado apoyo en los sectores obreros y populares.[47]El moderantismo pudo integrar buena parte de este tipo de fuerzas progresistas en otras regiones, como se observa en el País Valenciano. Pero un conjunto de circunstancias –la clara debilidad de los socios de los moderados en Cataluña, la presencia de sectores progresistas favorables al sindicalismo reivindicativo y la frecuente inestabilidad de la región, que estimulaba la intervención del ejército– contribuyó a que esta integración sólo se planteara bajo la Unión Liberal y no acabara de consolidarse.

Ello favoreció que arraigara la idea de una disidencia catalana con respecto al Estado. Su entidad y sus bases deben considerarse también un problema histórico. No sólo por la identificación generalizada con la nación española, sino porque la heterogeneidad interna de la sociedad catalana hubo de experimentar un proceso que la condujera hacia un esquema con escasos matices. Había una Cataluña agraria y reticente ante el proteccionismo industrial, del mismo modo que había una Cataluña obrera, ambas capaces de mostrar su propia lógica. No obstante, repetidas veces se impuso una imagen homogénea e identificada con la fábrica de España. Sin duda, la articulación del espacio económico y sociopolítico por parte de Barcelona y la Cataluña industrial se dejó sentir en el conjunto del territorio. Además, los procesos políticos y culturales contribuyeron a forjar y extender una cierta imagen de la periferia catalana, que no puede entenderse como un reflejo de inequívocas situaciones materiales.

Como recuerda Rafael Zurita, el Estado español del Ochocientos se basó en un principio de representación cuyo significado no siempre fue coincidente con la democracia del siglo XX ni precursor de ésta. En todo caso, disponer de un Parlamento se convirtió en un criterio fundamental, aunque no estuviese libre de controversias muy significativas.

La importancia del Parlamento como criterio de legitimidad hace conveniente examinar, no sólo las disposiciones que lo regulaban, sino también las concepciones que enmarcaban su elección y su funcionamiento. Acompañado a menudo de figuras no electivas, este Parlamento incluía la necesaria representación electoral. Sin duda, el hecho de que el liberalismo español surgiera bajo la impronta de la «soberanía nacional» añade peculiaridades en el terreno doctrinal e institucional de la construcción del Estado. Desde el triunfo de la revolución liberal, la normativa establecía un cuerpo de electores caracterizado por la «capacidad» de sus miembros como portavoces de la voluntad política. No se trataba de reconocer derechos a los individuos, sino de delimitar a un grupo del que, en virtud de cualidades discutidas, se esperaba una voluntad representativa a escala local, con capacidad para obtener el apoyo de quienes no tenían derecho al sufragio y, por último, susceptible de enlazar con el interés general. Las elecciones a Cortes se veían como una vía ascendente que podía representar a la sociedad a través de un electorado cualificado según criterios actualizados, compuesto por «clases medias» y claramente significativo a escala local.

Se trataba de una evolución censitaria del principio de la voluntad nacional. Sus protagonistas mostraban el impacto de la movilidad social como fruto de la revolución. Desde las Cortes de Cádiz hasta la época final de la Restauración, el peso de la nobleza tradicional fue especialmente reducido entre los diputados. Por tanto, su significado local, confirmado por el predominio de los distritos uninominales, no puede entenderse como un espacio marcado por la inercia de las jerarquías sociales. Sin duda, en la perspectiva dominante, se aspiraba a una coincidencia en la voluntad política, por encima de controversias. Los elegibles se definían de un modo que subrayaba su reconocimiento en el ámbito local. El peso de ciertos profesionales y de quienes hacían carrera política sugiere el peso que en el protagonismo político tuvo la construcción del Estado nacional, de un modo que recuerda a la «burguesía humanística» de la Italia unificada.[48] Pero los criterios que definían a los electores capacitados eran especialmente controvertidos. La renovación de las influencias sociales y el uso de la libertad de prensa ofrecían importantes ocasiones para la agitación política. Los espacios locales se configuraban también como ámbitos en los que, según se admitía, se ejercían las influencias derivadas de la desigualdad social y de las lealtades políticas, incluyendo el «influjo moral» del Estado. La fuerza de ésta no era un simple hecho estructural o que actuara en una única dirección. Bajo gobiernos moderados, este «influjo» crecía cuando aumentaban las abstenciones. Con los progresistas sucedía lo contrario, por más que el progresismo no insistiera siempre en el desarrollo de la movilización partidista. La misma injerencia del Gobierno, por último, podía ser una palanca que contrarrestara las constricciones socioeconómicas a escala local.

La deplorada «debilidad de los partidos» no puede imputarse sin más a una población supuestamente ajena a la política. Debe entenderse, por el contrario, en el marco de importantes discrepancias sobre cómo traducir en moldes censitarios una representación que, por otro lado, no podía violar sin ser cuestionada unos criterios de respetabilidad política muy amplios, que derivaban de la arraigada noción de la soberanía nacional. En este escenario y hasta la Restauración, desempeñaron un papel importante, alternativo al de las elecciones parlamentarias, las vías de movilización que se apoyaban en los municipios y la Milicia. La voluntad representativa y capaz de incorporar un amplio consenso local podía tratar de manifestarse también al margen del voto, mediante su irrupción en momentos decisivos, incluso en contraposición a las instituciones gubernamentales o representativas.

Hasta la Restauración canovista, por tanto, hubo significativas divergencias en cuanto a los canales de representación parlamentaria. Estas discrepancias, que reflejaban el peso de las formas de politización arraigadas en la España liberal, resultaban comparables con las del liberalismo europeo. El inicio del régimen establecido por Cánovas, argumenta Rafael Zurita, no fue en este terreno una simple continuación, sino el inicio de una nueva fórmula liberal y no democrática, que orientaba los problemas heredados en un nuevo sentido. El retorno al sufragio censitario, en 1878, es destacable por cuanto representaba un paso involutivo, a contracorriente de la trayectoria favorable a la ampliación que se daba en Europa occidental. Al mismo tiempo, se fraguaron algunos consensos básicos que, sin llegar a eliminar el recurso a la movilización, implicaban la tendencia a suplantar al electorado. La aceptación de los empleados públicos como candidatos electorales, en provincias distintas de donde estuvieran destinados, era un hecho importante. Significaba el triunfo de una transacción estable entre las influencias locales y un poder central que en lo sucesivo cambiaría alternativamente de manos.

Estas transacciones entre las renovadas influencias locales y la fuerza de un Estado central, no monopolizada ahora por un solo partido, serían el nuevo cimiento del poder político en la España de finales del siglo XIX. Estos compromisos resolvían, de forma no democrática, la anterior falta de pluralismo en el ejercicio del poder. Al mismo tiempo, sin embargo, restaban dinamismo a estos canales de representación social, al establecer como premisa un alto grado de ficción electoral. La estabilidad deseada se conseguía a partir de una «línea descendente de la política», basada en acuerdos ampliamente compartidos, por parte de un personal político muy diverso. Estos acuerdos tenían efectos restrictivos sobre la opinión y la movilización políticas. Privilegiaban a un personal especializado en los pactos, las coacciones y los favores que hacían posible la estabilidad del sistema. Ello constituía un «capital» imprescindible. De aquí se derivaban consecuencias de signo aparentemente contrapuesto. Por un lado, este escenario favorecía sobre todo a quienes se dedicaban preferentemente a la política, por encima de quienes sólo disponían de poder económico. De ahí que un sector de la historiografía haya podido destacar las distancias entre los políticos y las fuerzas económicas.

Pero, por otra parte, la opacidad del sistema, su recurso al pacto en condiciones de falta de autenticidad, facilitaba que una clase política con una clara tendencia a perpetuarse conectara también con los intereses de los sectores más dinámicos del capitalismo español. Las cambiantes fuerzas burguesas mostraron en esta época, sobre todo, una tendencia a la dispersión local de intereses reivindicativos, al tiempo que mantenían su alejamiento del compromiso político estable. En este fortalecimiento mostraron mayor cohesión y eficacia los intereses industriales que los agrícolas, si bien éstos fueron capaces de formar redes importantes y de retórica desarrollista, que reclamaban su capacidad de actuar como portavoces del conjunto de la sociedad. El resultado predominante fue el auge de influencias poderosas, pero a menudo sectoriales y con demandas de tipo contradictorio.

Las discusiones sobre los vínculos entre las fuerzas económicas y el poder político en esta etapa deben tener en cuenta las trayectorias que experimentaron tanto el capitalismo español como las características y las prácticas del personal político. La tendencia a la cooperación no competitiva entre las fuerzas políticas se produjo al tiempo que, deliberadamente, se relegaba el desarrollo de los mecanismos institucionales de garantías en las elecciones. Acentuando un componente determinado del pensamiento liberal, el consenso mayoritario en el poder minimizó la responsabilidad del Estado en este campo y subrayó, en cambio, la responsabilidad de la iniciativa social para mejorar el grado de transparencia democrática de las instituciones.[49]Se aceptaba en la práctica, como un horizonte estable, un tipo de «representación» política muy alejado de la participación cívica y fraguado a través de los pactos y las coacciones que derivaban tanto del pluralismo político no competitivo y no democrático como de las crecientes desigualdades que generaba la sociedad capitalista.[50]Por otro lado, en este último tercio del Ochocientos, la protesta obrera y popular se concentró sobre todo en las reclamaciones sociales, mientras que predominaba su alejamiento del terreno específicamente político.[51]De nuevo, la especial vía de representatividad social alcanzada por el Estado liberal español a finales de siglo mostraría sus aspectos más divergentes con respecto a la Europa del nacionalismo de masas.

Como resultado, cabe cuestionar que la atonía política de la España de finales del siglo XIX fuese supervivencia de una larga trayectoria anterior o fruto necesario del estadio social en que se hallaba el país. La España no democrática de la Restauración, por tanto, podría verse como un estadio que plasmaría algunas de las soluciones posibles, dentro de las tendencias evolutivas del liberalismo político.

LA ACCIÓN DEL ESTADO LIBERAL EN EL DESARROLLO ECONÓMICO

Una de las preguntas planteadas en el inicio del presente trabajo atañe al modo en que el Estado-nación contribuyó al desarrollo capitalista en España. En el siglo de la industrialización europea, ésta es una cuestión central, en tanto que el crecimiento económico tenía una relación estrecha con el grado de cohesión social creado y la propia legitimidad del Estado. Además, fenómenos ligados al desarrollo como la formación de un mercado nacional, la urbanización o la inversión en educación, contribuían en todos los países a reforzar la identidad nacional. Todas estas cuestiones han sido consideradas como síntomas para definir el grado de éxito o fracaso en la trayectoria del Estado. Por ello, resulta necesario estudiar su papel en el terreno de la economía en una época en la que, sin embargo, el liberalismo triunfante postulaba la menor interferencia posible en la libertad de los individuos.

En el caso español, el progreso de la historiografía económica en las últimas décadas ha profundizado en aspectos básicos y ha permitido reformular muchas de las interpretaciones previas. No obstante, estos resultados han tenido una escasa integración en las visiones generales de la trayectoria histórica. La evaluación actual de la acción económica del Estado debería reflejar el cambio producido en los juicios sobre el grado de atraso de la economía española. De la visión elaborada en los años setenta –estancamiento agrario, pobreza generalizada, fracaso industrializador, control extranjero de algunas actividades básicas– se ha ido pasando a interpretaciones mucho más matizadas. En efecto, se han precisado las etapas de crecimiento, las diferenciaciones regionales, así como los modelos sectoriales de la agricultura, la industria, la empresa o la hacienda.

La reconstrucción, siempre polémica, de los indicadores macroeconómicos ha modificado la imagen de un siglo XIX perdido para el crecimiento. Durante la primera mitad del Ochocientos, la coincidencia de un alto grado de inestabilidad institucional, conflictos bélicos externos e internos y pérdida de la mayor parte del imperio colonial hizo que el ingreso por habitante apenas se incrementara. Pese a ello, se ha destacado «el significativo logro que supuso que el nivel de vida no descendiera cuando la población crecía con una intensidad muy superior a la de la segunda mitad del siglo XvIII».[52]Durante el período siguiente, de 1850 a 1883, el Producto Interior Bruto por habitante creció en España más deprisa que la media europea, con lo que la posición española en términos relativos se mantuvo con altibajos, o incluso mejoró, hasta finales de siglo, cuando comenzó a experimentar un retroceso rápido que se prolongó hasta la Primera Guerra Mundial.[53]Estos resultados, por tanto, obligan a valorar los cambios institucionales del segundo tercio del siglo XIX como favorables al crecimiento. Pero, al mismo tiempo, esta trayectoria, que, a largo plazo, no conducía a una convergencia sostenida respecto a la Europa industrializada, no puede calificarse de «normal», como se ha hecho a veces en un movimiento pendular de la interpretación histórica. Además, queda abierta la cuestión de en qué medida el modo de abordar los cambios estructurales durante la época isabelina fue responsable de la lentitud española en incorporarse, más tarde, a la segunda revolución industrial. Para algunos autores, fue en este segundo momento cuando los obstáculos físicos y demográficos (bajas densidades de población), característicos de la economía española, se habrían impuesto frente a los proyectos modernizadores, en un contexto de creciente competencia internacional.[54]

En España, la historiografía no ha abordado como problema específico y con entidad propia el papel del Estado en el desarrollo económico. Las valoraciones predominantes han tendido a señalar un escaso efecto positivo de la acción pública, cuando no un resultado perjudicial para las posibilidades de crecimiento. Este juicio era abrumador en los primeros planteamientos de la cuestión: «El problema básico consistió en la inadaptación del sistema político y social a las nuevas realidades económicas».[55]Y lo sigue siendo en algunas síntesis recientes, en las que se afirma que el Estado liberal en España no fue capaz de desempeñar el papel modernizador que sí cumplieron los de países europeos como Gran Bretaña, Francia o Prusia.[56]En varios aspectos, las opiniones sobre el Estado son contradictorias: se acusa a la acción estatal de una cosa y la contraria. Así, se ha defendido que los gobiernos españoles, durante prácticamente todo el siglo XIX, habrían obstaculizado el desarrollo al ejercer la tutela del mercado. De ello se deduce que habría bastado una acción estatal correcta para obtener un mayor crecimiento y esa acción ausente, según este enfoque, habría consistido en la creación de un contexto adecuado para el despliegue de las relaciones de mercado. En cierto modo, una parte de la historiografía acepta implícitamente el postulado de los liberales del siglo XIX, según el cual el pleno disfrute de los derechos de propiedad y el libre funcionamiento de los mercados habrían asegurado, por sí solos, el crecimiento económico.[57]

Otros autores apuntan que el Estado careció de cualquier proyecto de desarrollo económico a causa de su debilidad y de la incompetencia administrativa.[58]En relación con ello, se ha destacado una propensión permanente –y, por tanto, atemporal– de esos gobiernos a caer prisioneros de los grupos de presión. Se trataría, pues, en la línea de los regeneracionistas y de Azaña, de un Estado «capturado» por las elites, que legislaba e intervenía en beneficio exclusivo de ellas. De ese modo, las buenas intenciones de los ministros podían chocar con la oposición de sectores sociales influyentes y, en esos casos, la conveniencia política inclinaba a atender los intereses privados, aun cuando ello redundara en un crecimiento menor.

Sin embargo, la mayoría de las interpretaciones de la historia económica no han cuestionado la existencia del Estado, ni –por expresarlo al uso de la teoría del crecimiento– tampoco lo han internalizado en sus explicaciones: el Estado preexistiría o se encontraría por encima de la sociedad sobre la que repercutían sus leyes y actuaciones. Por el contrario, aquí creemos necesario atender al modo en que el Estado se iba construyendo, al tiempo que tomaba decisiones de política económica e integraba intereses locales, regionales y sectoriales. Ello implica valorar su grado de autonomía respecto a las elites y los procesos formales o informales de negociación política, para así definir el amplio espacio intermedio existente entre el dirigismo estatal omnipotente y la debilidad de un Estado a merced de las oligarquías.[59]

Por último, resulta también imprescindible valorar la dinámica histórica de la que surgió el nuevo Estado liberal y la manera en que condicionó sus funciones económicas. El arranque de la economía española contemporánea hay que situarlo en el contexto del prolongado período de liquidación del Antiguo Régimen, simultáneo a la pérdida del imperio americano, que redujo el espacio económico a los límites del Estado-nación todavía no consolidado, mientras que la industrialización avanzaba en los países de Europa occidental.[60]La inestabilidad ligada al cambio político del primer tercio del siglo causó una desorganización de la política económica, creó fuertes incertidumbres sobre las reglas de juego para los agentes y afectó a la eficacia de la administración.[61]No sólo hubo quiebra de la hacienda central, sino también de las haciendas locales, de las instituciones de beneficencia, etc. Todo ello limitó el desarrollo económico y condicionó la acción del Gobierno. Los últimos gobernantes absolutistas hicieron «dejación de las funciones básicas del Estado».[62]Las consecuencias fueron desde la incapacidad para mantener el orden público hasta una proliferación del contrabando que empobrecía aún más la Hacienda. Por tanto, uno de los presupuestos iniciales del nuevo Estado liberal fue la necesidad de reconstruir los instrumentos básicos de la política económica. Esta reconstrucción, sin embargo, estaba condicionada por los cambios que se derivaban de la dinámica sociopolítica de esas décadas que, en buena medida, eran irreversibles. Entre ellos, en el panorama actual de la investigación, destacan la caída generalizada en el pago del diezmo, ya antes de su abolición legal,[63]los repartos de tierras y las nuevas roturaciones realizadas ante la quiebra del control de las instituciones políticas tradicionales.[64]La sociedad y la economía se estaban, pues, remodelando antes de que el Estado sancionara los cambios fundamentales en el régimen señorial y en otros ámbitos.

El debate sobre la contribución del Estado liberal al crecimiento económico ha girado en torno a algunas cuestiones principales, que han recibido un tratamiento desigual por parte de los historiadores económicos. En las páginas siguientes las hemos agrupado en tres: la transformación de la Hacienda pública, las actuaciones destinadas a constituir un mercado nacional plenamente integrado y la política de comercio exterior.

En el centro de la acción estatal: la reforma de la Hacienda

Los estudios sobre la Hacienda pública han situado esta temática en el centro de la interpretación global del período, de manera que su trascendencia historiográfica va más allá de sus límites estrictos como objeto de estudio. Desde nuestra perspectiva, su interés tiene una triple vertiente. En primer lugar, la situación de la Hacienda marcaba los límites a los que se enfrentaba el Estado para estimular la economía mediante el gasto público. En segundo lugar, el alcance de las reformas expresa la relación con los intereses de los sectores sociales dominantes, en especial los propietarios, dentro de un amplio margen entre la subordinación y la autonomía. El sistema fiscal que se materializó en la práctica puede interpretarse como un pacto implícito, condicionado por la dinámica política y económica, entre los sectores dirigentes y el Estado. Este consenso dio lugar a un equilibrio en el seno de las elites que se mostraría sólido, puesto que los rasgos básicos de la fiscalidad no cambiarían sustancialmente a lo largo de todo el siglo XIX. En tercer lugar, la cuestión hacendística está vinculada a otros problemas relevantes como las desamortizaciones o las condiciones extremadamente favorables concedidas al capital exterior.

Los estudios iniciales de Josep Fontana han tenido una influencia decisiva sobre la historiografía posterior. Por un lado, se acepta la idea de un Estado liberal condicionado por la herencia especialmente negativa del Antiguo Régimen, lo que se reflejaba en un gravoso endeudamiento público y la pérdida del crédito. La agonía de la Hacienda tenía vertientes que afectaban a la mayor parte del tejido social y político. Así, la escasez de recursos limitaba el tamaño y la eficacia del ejército y la marina, lo que impidió la reconquista del Imperio americano o contribuyó al protagonismo militar en la acción política durante estas décadas. Por su parte, las cargas fiscales que recaían sobre la mayoría campesina de la población, en un contexto de crisis agraria, alimentaron el descontento y la politización popular. Por otro lado, sin embargo, esta visión ha ido acompañada de un juicio no menos severo sobre la reforma tributaria liberal que, en opinión de Fontana, mostró la capacidad de las oligarquías para imponerse al Estado y anular cualquier tendencia hacia una distribución más justa de los impuestos.[65]Del mismo modo que sucede con la interpretación oligárquica de la revolución liberal, también esta concepción de los cambios hacendísticos ha sido matizada por la investigación.

En lo que respecta al gasto público, se ha destacado, sobre todo, su limitado alcance. Por un lado, se subraya su baja cuantía: algo menos del 10% del PIB durante la segunda mitad del siglo XIX. Por otro, se destaca la marginación de las partidas que, como enseñanza, sanidad o infraestructuras, constituían bienes públicos con incidencia en la economía. Tampoco habría existido un apoyo directo a la industria, ni inversión en las obras de regadío necesarias para elevar la productividad de la agricultura. Por contra, serían los gastos en defensa, personal y deuda los que habrían absorbido los recursos. Este modelo de gasto se mantuvo durante toda la segunda mitad del siglo y ha sido caracterizado como propio de un «Estado mínimo», que no pudo cumplir algunas de las funciones necesarias para el desarrollo económico.[66]Una característica española en el terreno hacendístico habría sido, según estas versiones, la mala gestión del gasto, marcada por la «empleomanía, los cesantes y el despilfarro», en detrimento de los servicios públicos.[67]Durante mucho tiempo, este enfoque se mantuvo en la historiografía sin más precisiones. En efecto, estos criterios en cuanto al gasto se consideraban congruentes con el carácter social que se atribuía al Estado: en él predominaría, como ya se ha visto al discutir las tesis dominantes, un bloque agrarista, poco interesado en el desarrollo del capitalismo y que no necesitaría «mucho Estado», dado que sus preferencias se limitaban al orden público y a contribuir lo menos posible.[68]

Las limitadas posibilidades de gasto estaban relacionadas con la cuantiosa deuda pública heredada del Antiguo Régimen y constantemente renovada durante todo el siglo XIX. La nueva fiscalidad no resolvió este problema y continuaron siendo necesarios los empréstitos para compensar el déficit. Éste crecía cuando, en momentos de cambio político en los que se cuestionaban determinados impuestos, se reducía la recaudación o cuando aumentaba el gasto, bien para impulsar el ferrocarril, bien para sufragar una política de prestigio exterior, como sucedió bajo la Unión Liberal.[69]El círculo vicioso de déficit permanente y recurso a la deuda pública fue el rasgo más decisivo de la Hacienda española de la época y el que tendría consecuencias más negativas para el crecimiento económico.[70]Por un lado, la carga de la deuda limitaba el margen de gasto. Por otro, las necesidades de financiación del déficit detraían recursos a la industria y la agricultura, en una especie de «efecto expulsión» de la inversión privada.[71]

Otros autores, sin impugnar las magnitudes básicas de la Hacienda, han ofrecido una visión menos negativa de sus resultados. Así, se ha resaltado el cambio que el liberalismo supuso respecto al modelo absolutista de gasto público: aumento de la cuantía, reducción porcentual del gasto militar y del servicio de la deuda y desarrollo de nuevas funciones administrativas que incluían «el fomento de determinadas actividades económicas y sociales».[72]Algunos estudios han considerado que, dados los compromisos en torno a la deuda y la limitada capacidad recaudatoria, debe valorarse la inversión realizada en obras públicas y, en especial, en el ferrocarril.[73]En cuanto a la composición del gasto, parece que el caso español no es muy diferente del de otros países con niveles de desarrollo similar. Frente a quienes insisten en el peso de la deuda en el gasto, algunas cifras comparativas muestran que la deuda por habitante era, en 1871, sustancialmente inferior a la de Gran Bretaña, Francia o Italia.[74]Del mismo modo, el déficit público era moderado en relación con el PIB: apenas sobrepasó el 2% excepto en coyunturas como el Sexenio. En este sentido, las comparaciones europeas han permitido situar el caso español en el contexto de los países de desarrollo tardío: los niveles de gasto por habitante eran en España semejantes a los italianos y ambos casos se encontraban muy por debajo de los de países industrializados como Gran Bretaña. Se ha hecho así evidente que el gasto público es tanto un determinante como un resultado del crecimiento económico,[75] lo cual obliga a interpretar de un modo más matizado el margen de actuación estatal en este terreno.

En último extremo, la causa fundamental del endeudamiento y la limitación del gasto residía en la insuficiencia recaudatoria de la Hacienda. Durante todo el siglo, los ingresos fiscales fueron inferiores a las necesidades de gasto. Ésta es una cuestión importante, porque nos remite a la capacidad para establecer las bases de la política económica y el modo en que ese Estado se relacionaba con los intereses de sectores sociales influyentes. El momento central en este ámbito lo constituye la reforma tributaria de 1845.

Para la historiografía económica, la ley impulsada por Mon y Santillán fue una inflexión en la fiscalidad española. Se homogeneizó la multiplicidad de impuestos característicos del Antiguo Régimen, con la destacada excepción de los sistemas fiscales vasco y navarro; desaparecieron los derechos recaudatorios de instancias privadas, como la Iglesia y los señores, y se puso fin a la enajenación de tributos que se utilizaba como mecanismo de recompensa política; se instauró una mayor igualdad ante el impuesto, tras abolirse la exención fiscal de los privilegiados; aumentó la flexibilidad de los impuestos para adaptarse a las variaciones de la riqueza nacional; se estableció como norma la publicidad del Presupuesto, que quedó sometido a cierta supervisión parlamentaria.[76]En ruptura con el pasado, el Estado monopolizó la fijación y recaudación de impuestos, al tiempo que la reforma tributaria tendió a homogeneizar los territorios mediante impuestos y mecanismos recaudadores comunes.[77]

El análisis sobre la fiscalidad posterior a 1845 ha destacado cuatro cuestiones principales: la existencia de una especie de contrarreforma que alteró muchos de los principios de la ley; las prácticas recaudatorias de la Contribución territorial, que tendrían una gran influencia sobre las relaciones sociales en el campo; la posición de los municipios en el nuevo sistema fiscal y el mantenimiento de particularismos tributarios en el País Vasco y Navarra.

Para muchos autores, el significado inicial de la reforma se vio alterado en un sentido que restringió su alcance y progresividad. Durante su discusión parlamentaria, ya se introdujeron modificaciones de carácter conservador. Así, el impuesto sobre bienes inmuebles, que en los proyectos iniciales recaía sobre la renta de la propiedad –al estilo fisiocrático y ricardiano–, acabó por gravar también, y no sin debate parlamentario, el cultivo y, por tanto, a los arrendatarios. Ello ha sido considerado como un triunfo de los grandes propietarios, que consiguieron la base legal para trasladar una parte del impuesto a los cultivadores.[78]

Tras aprobarse la ley, los grupos sociales implicados criticaron muchas de las nuevas figuras fiscales. Ello daría lugar a lo que algunos autores han denominado una «contrarreforma tributaria» entre 1846 y 1853,[79]que habría ido al compás de la evolución conservadora del sistema político. Conocemos, sobre todo, la oposición de sectores acomodados: propietarios, comerciantes, fabricantes y entidades financieras. En algunos casos, las protestas fueron inmediatas, como el cierre de tiendas de 1845 y los disturbios protagonizados por comerciantes de Madrid o las protestas contra el impuesto de consumos en zonas vitivinícolas de Aragón y Valencia.[80]El Gobierno suprimió algunos impuestos como el de inquilinato, destinado a gravar las rentas urbanas, y modificó los procedimientos para determinar la riqueza imponible en la industria y el comercio. Hubo también oposición a que el Ministerio de Hacienda tuviera control sobre las Contadurías de Hipotecas, en la medida en que ello facilitaba el conocimiento sobre la riqueza de los propietarios.

Desde este punto de vista, la ley de 1845 habría sido «una aparente modernización que los textos de aplicación desnaturalizaron hasta hacerla insuficiente en sus rendimientos e injusta en su percepción».[81]La racionalización del sistema recaudatorio suponía una mayor equidad, pero su aplicación cedió ante las grandes resistencias sociales y políticas: «Para cualquier gobierno atentar contra el bienestar de las “fuerzas vivas” para arreglar la deuda hubiera sido un suicidio político».[82]Al final, la presión fiscal sobre terratenientes y hombres de negocios resultó baja, y ello se ha planteado habitualmente como resultado de la capacidad de influencia de los sectores sociales dominantes. Algunos autores, sin embargo, interpretan este resultado como un modo pragmático de asegurar la aceptación de los nuevos tributos (frente al fracaso de las reformas más radicales de 1813 y 1821), aunque ello significara renunciar a principios liberales como el de la equidad fiscal o la suficiencia de la recaudación.[83]Al mismo tiempo, se produjo una adaptación de los principios generales de la ley tributaria a las condiciones específicas de cada territorio: «Lo importante era recaudar, amoldándose para ello a la realidad social del país».[84]

La aplicación de la reforma significó, pues, una baja presión fiscal sobre las actividades productivas y un peso importante de los impuestos indirectos. El peso de la contribución territorial en el conjunto de la recaudación quedó muy por debajo de la parte que representaba la agricultura en la riqueza nacional. El tratamiento fiscal de la actividad agraria había sido muy favorable en los primeros años y ello debería valorarse en relación con la expansión del cultivo y el crecimiento demográfico de estas décadas. La presión, sin embargo, tendió a aumentar en la etapa de la Unión Liberal, como consecuencia de los incrementos del cupo y otras medidas correctoras. Se abrió paso entonces la opinión de que la carga fiscal sobre la agricultura era excesiva, sentir que cobraba popularidad en las coyunturas de crisis agraria, cuando se producían protestas fiscales de grupos de contribuyentes o de diputados de las provincias afectadas.[85]Estas protestas podían tener fundamento en la medida en que la presión fiscal agraria, aun siendo baja, doblaba la que recaía sobre la industria. En este resultado habrían influido las quejas y la influencia de los fabricantes catalanes sobre el Gobierno, que culminarían en la rectificación del impuesto sobre la industria por Bravo Murillo en 1852. De este modo, los sectores más representativos y dinámicos del capitalismo industrial de la periferia destacaban, más bien, por su reivindicación a favor de una fiscalidad todavía más baja.

La limitada capacidad recaudatoria de todos estos impuestos directos dio un gran protagonismo al principal de los indirectos: la contribución de Consumos. Además de su aportación a los ingresos totales de la Hacienda, tuvo una gran trascendencia social, en tanto que se aplicaba sobre bienes de primera necesidad y exigía un control sobre la circulación de productos (fielatos, vigilancia en el interior de las poblaciones). No es extraño, pues, que este impuesto se encontrara con frecuencia en el centro de la conflictividad de esta época,[86]especialmente allí donde las contribuciones indirectas habían tenido un peso distinto bajo el Antiguo Régimen, como era el caso de los territorios de la Corona de Aragón.[87]Por otra parte, la recaudación de los consumos implicó a los ayuntamientos y generó conflictos entre la administración local y el Estado central.[88]

Los estudios sobre la manera de determinar y recaudar los impuestos han demostrado que ésta estuvo muy condicionada por las relaciones sociales dominantes, especialmente en el ámbito agrario. El desconocimiento inicial de la riqueza imponible llevó a establecer el sistema de repartimiento por provincias y municipios, en vez de la imposición sobre el producto líquido. Esta situación provisional se convirtió en definitiva cuando se arrinconó el objetivo de la Dirección General de Estadística de la Riqueza en 1846 de elaborar un catastro y se sustituyó por el amillaramiento, basado en la declaración de bienes por los propios contribuyentes. Aquí residía el origen del fraude generalizado (por ocultamiento de superficie y de rendimientos del suelo), que la mayor parte de los historiadores económicos ha considerado como característica del sistema. La reforma administrativa necesaria para desarrollar con éxito la nueva fiscalidad no se llevó a cabo.[89]Tampoco se desarrollaron los mecanismos autocorrectores que había apuntado Santillán, según los cuales el sistema de cupos, al hacer recaer la ocultación de unos contribuyentes sobre el pago de otros, estimularía una supervisión mutua y denuncias por fraude entre los propios vecinos.[90]

Al optar por el sistema de reparto de la carga fiscal en lugar de por una contribución sobre el producto líquido, el Estado abría un nuevo ámbito de arbitraje, conflicto y negociación, aunque la facultad de determinar el cupo perteneciera exclusivamente al Gobierno. Un elemento central en este proceso fue la distribución por provincias. Desde el primer momento, la facultad de fijar los cupos provinciales recayó en el Gobierno y no en las Cortes, lo que equivalía a «liberar a los diputados de sus obligaciones con sus electores».[91] La ausencia de oposición y la falta de neutralidad estadística pueden entenderse como fruto de un acuerdo sustancial en virtud del cual el Gobierno aplicaba en la práctica los repartos como una suma equivalente a la que representaban los impuestos asimilables que existían antes de la reforma de Mon. Es decir, teniendo en cuenta que desde hacía veinte años no se pagaba el diezmo y que la expansión agraria aún continuaba, la presión fiscal resultante debía de ser bastante soportable. Esta situación permitiría explicar que decayeran las iniciativas progresistas de años anteriores para desarrollar el control estadístico. Serían los gobiernos de finales de la Década moderada los que, al incrementar de manera brusca y unilateral las cuotas provinciales y hacerlo en una época de paulatino agotamiento de la expansión previa, permitirían situaciones de influencia y opacidad arbitrarias.

El camino descendente que seguía la distribución del cupo general comenzaba en las provincias, donde las diputaciones tenían atribuciones en el reparto entre los pueblos, aunque bajo el imperio de las delegaciones del Ministerio de Hacienda. Los conflictos entre la Hacienda (que no se encontraba, por tanto, tan ausente como se acostumbra a destacar) y las diputaciones fueron frecuentes y se saldaron siempre a favor de la primera, que rechazó las demandas descentralizadoras de las provincias.[92] Finalmente, la distribución llegaba a los pueblos, donde unas juntas periciales, configuradas a la medida de los ayuntamientos y los sectores representados en ellos, llevaban a cabo la atribución individual del impuesto.[93]Éste ha sido considerado el escenario decisivo en el que se materializaba la desigualdad en la imputación de la carga fiscal, a causa del control oligárquico de las administraciones locales.

El fraude fiscal agrario constituye un terreno destacado para el análisis de los vínculos entre el poder central y la periferia, con los ayuntamientos en una posición decisiva, y debió de contribuir a configurar el modo en que se relacionaban el Estado y los ciudadanos, tanto los influyentes como los que no lo eran y resultaban, por ello, discriminados en la carga fiscal. De ese modo, se condicionarían las percepciones sociales sobre el imperio de la ley y la legitimidad de las instituciones, habida cuenta de que el propio Estado había sentado las bases del fraude al renunciar al catastro. Pese a todo, se ha destacado la existencia de «una continua tensión entre los propietarios, que ponen en juego toda su influencia política para evitar que se conozcan sus tierras, y el Ministerio de Hacienda».[94] Los intereses del Estado y de las elites terratenientes divergían, pues, en el reparto y la entidad de la carga fiscal. Al mismo tiempo, el fraude se materializaba gracias a la actuación de los ayuntamientos, ya que eran éstos los que tenían la responsabilidad de elaborar amillaramientos y cartillas evaluatorias. El Estado no había asumido la tarea de recaudar y ello ha sido considerado como un límite más a la «centralización modernizadora que propugnaba buena parte del pensamiento administrativista», desde los años cuarenta.[95]La Administración central, además de ver limitada la recaudación total, no ejercía tampoco de árbitro en caso de discrepancias entre contribuyentes particulares. Posada Herrera destacó, a este respecto, que un mayor grado de centralización era incompatible con el «gobierno barato», ideal de la época.

La influencia local de los terratenientes determinaba la entidad y el signo del fraude, y todo ello condicionaba en buena medida el papel del Estado en la realización de la equidad fiscal y constituía una de las bases del caciquismo. Esta cuestión plantea, por tanto, matizaciones importantes del papel que supuestamente tenían reservado los ayuntamientos en el centralismo liberal. Por otra parte, el estudio de la mecánica del fraude ha establecido la idea de que la recaudación de los impuestos era, en realidad, el resultado de una «negociación» en el ámbito local y no algo determinado unilateralmente por el Estado.[96]La amplitud de la ocultación y su carácter oligárquico han dado pie a señalar, de modo muy discutible, una «persistencia del Antiguo Régimen» en materia fiscal: según esta visión habría habido, por debajo de los cambios legales, una continuidad en los recursos con que contaban las oligarquías para escapar a la tributación.[97]Sin embargo, para otros autores, el alcance y las características del fraude debieron estar muy condicionados por las estructuras sociales y del poder político en cada municipio, con una tendencia al alza cuanto mayor fuera el grado de concentración de la propiedad de la tierra.[98]Además, en muchos lugares se tendió a repercutir sobre los propietarios forasteros una parte desproporcionadamente mayor del impuesto y a beneficiar así a los contribuyentes vecinos, lo que obligó a legislar para evitar esta práctica.[99]Por último, en algún caso bastante representativo, como era el de la provincia de Córdoba, la elevada proporción de superficie no catastrada en realidad parece que consistía en tierras muy poco productivas o, incluso, exentas del impuesto. Además, algún estudio argumenta que en zonas latifundistas la presión fiscal era superior a la media española. Todo ello aconseja replantearse el alcance real del fraude y de su significado social.[100]

Esta distribución descendente del impuesto podía afectar también a las relaciones entre propietarios y cultivadores que, desde este punto de vista, se veían influidas por las características legales de la atribución de una carga fiscal susceptible de abrir entre ellos nuevos frentes de negociación y conflicto. El hecho de que resultaran gravadas tanto la renta como el cultivo permitía transacciones privadas sobre el sujeto que se haría cargo, finalmente, del impuesto. Así, en Castilla-León y otras regiones, pero no en Andalucía ni el País Valenciano, era frecuente que en los contratos de arrendamiento se pactara la asunción de todo el impuesto por el cultivador. La normativa establecía también que, ante la imposibilidad de cobrar al propietario, el colono estaba obligado a pagar la integridad del cupo, que después podía descontar de la renta.

Todos los intentos de mejorar la información chocaban con el principio de la declaración de bienes por el propio contribuyente. La ausencia del catastro fue decisiva en este sentido. España y Gran Bretaña eran los únicos países de la Europa occidental que carecían de tal instrumento. De todos modos, probablemente habría que relativizar los efectos prácticos de la ausencia de catastro, en la medida en que la desigualdad tributaria, la inexactitud de los registros e incluso las ocultaciones de bienes afectaban también de modo sistemático a los países que disponían de registro catastral, con la excepción de Prusia.[101]Por tanto, tal vez se haya interpretado de manera abusiva su ausencia como clave fundamental del retraso en la construcción del Estado español.[102]

En la contribución industrial y de comercio, el Estado fue todavía más lejos en la traslación hacia abajo de la responsabilidad recaudatoria, que prácticamente quedó en manos de los propios contribuyentes. En los años cincuenta se estableció un cupo fijo que debía ser repartido por los gremios de cada actividad para lo que, previamente, se había autorizado la reconstitución de tales entidades con esta finalidad específica.[103]

En contraste con la Hacienda central, la municipal ha recibido menos atención, a pesar de que formaba parte del aparato administrativo. La relación entre el Estado central y el ámbito local se habría visto profundamente modificada durante la etapainal del Antiguo Régimen, cuando las ventas de bienes propios y la posterior desamortización privaron a los pueblos de buena parte de su patrimonio, lo que reducía los ingresos derivados de él.[104] Al mismo tiempo tenían que afrontar nuevos gastos como el mantenimiento de la milicia nacional o de los voluntarios realistas y hacer frente a la carga de la deuda censualista que arrastraban en muchos casos. Los períodos bélicos gravaban las haciendas locales: atrasos e impagos reducían la recaudación, mientras aparecían gastos de reconstrucción y de mantenimiento de las tropas, así como exacciones forzosas de las partidas armadas. Además, allí donde los bienes de propios eran escasos, los ingresos municipales se habían basado, sobre todo, en los arbitrios sobre el consumo, como sucedía, por ejemplo, en la ciudad de Alicante.[105]

Con el liberalismo en el poder, las haciendas locales quedaron supeditadas al Estado. La pérdida de autonomía fiscal que se había iniciado en el siglo XVIII se consolidó en la centuria siguiente con la centralización de la Hacienda y la tutela sobre las haciendas locales. La Ley de Ayuntamientos de 1845 consagró esta situación. El Estado, a través de los gobernadores provinciales, podía modificar o suprimir las diversas partidas de los presupuestos municipales. El diseño político moderado mermó los recursos propios de los ayuntamientos y, al mismo tiempo, hizo recaer sobre ellos la prestación de determinados servicios como educación, beneficencia, conservación de caminos y labores de policía.[106] La centralización fiscal, en condiciones de déficit permanente, hizo que los recursos de los municipios resultaran insuficientes para atender con eficacia aquellos servicios, lo que repercutió en la limitación y mala calidad de esos bienes públicos. Ello impidió, por ejemplo, que se materializara el proyecto liberal de establecer sistemas locales de crédito agrario en sustitución de los pósitos arruinados durante las guerras.[107] También afectó a la educación, con la secuela de los altos índices de analfabetismo y la deficiente formación del capital humano.

Pese a todo, en el nuevo régimen creció de forma sustancial el gasto municipal en partidas como beneficencia, educación y, sobre todo, obras públicas,[108]que podían tener influencia directa en las condiciones de vida de sectores amplios de la población y en la mejora de las bases para el desarrollo económico. Con el tiempo este gasto incluiría la dotación de nuevos servicios como el alumbrado, el agua potable o el alcantarillado. Todo ello contrastaba con la importancia que, en la etapa final del Antiguo Régimen, tuvieron gastos improductivos, como las trasferencias a instituciones religiosas, destinados a fortalecer las relaciones de poder político y religioso de la sociedad estamental.

En 1863 los ayuntamientos efectuaban el 12,4% del gasto público total en España (y las diputaciones el 4,8%).[109]Durante la segunda mitad del siglo se incrementó el peso de los ayuntamientos, lo que apuntaba a una cierta descentralización del gasto. En los presupuestos municipales, además del gasto en administración, las principales partidas eran la educación (20%), las obras públicas (16%), la policía urbana (10%) y la beneficencia (5%). Desde la Ley de Ayuntamientos de 1845 los recursos procedían del rendimiento del patrimonio que quedara en sus manos, de los arbitrios sobre el consumo de diversos bienes como alimentos o materiales de construcción, de las tasas cobradas por enseñanza, etc. Ante el déficit resultante, los arbitrios extraordinarios tendieron a hacerse permanentes y a ello se añadieron los recargos locales sobre las contribuciones de la Hacienda estatal. Para establecer estas partidas de ingreso se requería la autorización del Estado, lo que aumentaba el control de éste sobre la Hacienda local. Las repercusiones para los contribuyentes eran grandes: la alta presión fiscal que suponía el impuesto de consumos se debía, sobre todo, a los recargos introducidos por los ayuntamientos.[110] En la práctica, la recaudación se materializaba de forma diferente en cada municipio. La diversidad era la norma y dependía de la situación del patrimonio de cada pueblo o ciudad, de la proporción de bienes y servicios recargados con arbitrios, etc.

En definitiva, ante el nuevo sistema impositivo, los municipios quedaron en una posición ambivalente. Por un lado, eran el teatro de negociaciones en el que se podía moderar la carga fiscal, especialmente por parte de sectores poderosos como los terratenientes o la burguesía comercial, muy consolidada en algunas grandes ciudades (aunque no hay que descartar que otros sectores pudieran presionar y obtener también soluciones ventajosas). Por otro lado, en virtud de su propia penuria fiscal, los ayuntamientos se convertían en objeto de las iras de la población, que había de soportar el impuesto de consumos y otras exacciones destinadas a nutrir la Hacienda local. El modo en que se combinaran estas situaciones contrapuestas dependería de las circunstancias específicas de cada localidad y ello debía abrir oportunidades al juego político.

La uniformización, que habría que contemplar como característica del Estado moderno, tuvo en España límites en lo que afecta al País Vasco y Navarra, donde no se implantó el sistema impositivo diseñado en los años cuarenta. Ya con anterioridad, en el País Vasco, el diezmo sólo se había abolido parcialmente, lo que otorgó al clero una autonomía económica que estaba perdiendo en el resto del país.[111] Mientras, se fraguaba el pacto entre el poder político central y los foralistas, que dejaba a las provincias vascas con instituciones políticas particulares. De la reforma fiscal de 1845, la mayor parte de los nuevos impuestos no se aplicó y el sistema fiscal de ambos territorios mantuvo muchos rasgos del pasado. Sólo el traslado de las aduanas a la frontera y a los puertos significó un cambio de relieve. Pese a todo, Mon había fijado los cupos de contribución de inmuebles para ambos territorios, como si la ley fuera a ser de aplicación general. Las diputaciones forales eludieron la recaudación, aun después de sucesivas amenazas por parte del Gobierno. Sólo Navarra recaudó y pagó una parte del cupo, mientras que las provincias vascas realizaron un donativo a la reina, que fue aceptado. En 1849 se fijaba un nuevo cuadro impositivo para estos territorios, que tampoco se respetó, en lo que era un flagrante incumplimiento de las leyes admitido por el Estado.[112] Las diputaciones vascas lograron, de este modo, consolidar unas haciendas que, situadas en una posición intermedia entre la fiscalidad local y la estatal, se impusieron a la primera y suplantaron en buena medida a la segunda: «Lo que el Estado nación asumía como tarea propia en el marco de la Monarquía lo desarrollaron a su escala las Diputaciones forales».[113]

La aportación final de las provincias vascas a la Hacienda central fue resultado de reiteradas resistencias a las leyes generales, que se compensaban con cesiones en forma de donativos voluntarios o de aportaciones esporádicas (por ejemplo, con hombres y dinero para la guerra de África). Esta suma de presiones y transacciones puede entenderse como una negociación abierta tras la Ley de Mon, en la cual la discusión sobre cantidades y partidas estuvo acompañada de apelaciones al «fuero y costumbre» y condicionada por el temor a un rebrote del conflicto carlista.[114]En estas condiciones, la búsqueda de un régimen tributario especial contribuyó a generar formas específicas de cohesión social, basada en la amplitud de los sectores sociales interesados en evitar impuestos. De ahí, seguramente, la adhesión generalizada al foralismo por parte de todo tipo de fuerzas políticas y las trayectorias específicas del progresismo y el republicanismo vascos.

Por todo ello, hasta 1876 y el concierto económico de 1879, las provincias vascas no contribuyeron a la Hacienda central, mientras que la contribución de Navarra fue baja.[115] Desde esas fechas se establecieron impuestos concertados e impuestos cobrados directamente por el Estado, pero, en conjunto, la presión fiscal fue aquí notablemente inferior a la del resto de España. Además, tanto el concierto vasco como la foralidad navarra permitían que la administración y la distribución de los impuestos estuvieran bajo el control pleno de las diputaciones, sin necesidad de rendir cuentas de la gestión.[116] Ello se tradujo, por ejemplo, en la dedicación de una parte importante de lo recaudado a gastos de carácter religioso (mantenimiento del clero, reconstrucción de edificios de culto), lo que llevó al Gobierno, en los años cincuenta, a rebajar los cupos vascos para evitar esta sobrefinanciación de la Iglesia.[117] Las políticas autónomas de gasto público permitieron también prestar una atención especial a las inversiones en infraestructuras. En Navarra, la extensión de la red viaria se multiplicó por tres entre 1834 y 1859, lo que dio lugar a una densidad de comunicaciones muy superior a la media española. Por su parte, el hecho de que no se aplicara la contribución industrial, a lo que se añadía la nueva protección arancelaria, creó una situación muy favorable al desarrollo manufacturero. Tal exención cobró importancia conforme avanzaba la industrialización y ha sido valorada como un elemento importante en la acumulación de capital que se produjo en la región.[118] Al mismo tiempo, influía favorablemente sobre el coste de la vida el menor peso de los impuestos indirectos, en especial el de consumos, que en el resto de España se incrementó más rápidamente que otras contribuciones durante la segunda mitad del siglo XIX.[119]

La política hacendística y sus efectos no formaban parte de un dogma previo y monolítico, fruto de preferencias claramente propugnadas por parte de un supuesto bloque mayoritario, agrarista y poco modernizador. En realidad, las cuestiones hacendísticas ocuparon un lugar central en los debates políticos del período isabelino, lo que obliga a matizar el consenso existente en torno al reparto y la entidad de la carga fiscal. Las críticas a la aplicación práctica de la reforma de 1845 fueron en aumento, conforme se hacía evidente que no había logrado equilibrar el presupuesto. Los progresistas y una parte de los moderados fueron asentando la idea de la degeneración de los principios iniciales del nuevo edificio fiscal y de la necesidad de una mejora de la equidad si se quería evitar una desafección de la mayoría de contribuyentes respecto a las instituciones políticas.[120]Las reformas administrativas de Bravo Murillo mejoraron la gestión, pero no resolvieron los principales problemas de la fiscalidad. Por su parte, los progresistas no plantearon un programa fiscal alternativo, aunque, desde el punto de vista doctrinal, rechazaban consumos, estancos y aranceles. Durante el Sexenio cobró protagonismo en el espacio público, con una intensidad que nunca antes se había dado, el debate sobre la justicia en la distribución de la carga tributaria. Ello no se tradujo en reforma significativa alguna: las iniciativas chocaron con la ausencia de estadística sobre la riqueza efectiva y, aunque se reconocía la inexactitud de los amillaramientos, no se tomaron medidas eficaces para la realización del Catastro.

La dinámica política influía sobre los problemas presupuestarios. Tanto durante el Bienio como en los años posteriores a 1868, los gobiernos progresistas suprimieron el impuesto de Consumos, después de que las revueltas populares contra los fielatos y la iniciativa de las Juntas lo hubieran eliminado previamente. Sin embargo, dado el peso de este impuesto en la recaudación total, la eliminación agravó el déficit e influyó sobre la capacidad de gasto.[121] Por ello, los progresistas se encontraron atrapados entre las demandas populares y los imperativos del presupuesto, sin que se plantearan aumentar la recaudación a través del reparto más equitativo de los impuestos directos. Esta renuncia a combatir la desigualdad equivalía a aceptar la posición de ventaja de los grandes contribuyentes. Simultáneamente intentaron reintroducir, de diversos modos, la contribución de consumos, cuestión que provocó, en 1856, divisiones internas y contribuyó a la debilidad de los últimos gobiernos del Bienio. En este contexto, fueron los demócratas y republicanos quienes apostaron por la abolición de los Consumos y una reforma a fondo del sistema fiscal.

La mejora de la eficacia y equidad del resto de contribuciones fue intentada en varias ocasiones, con un éxito global muy limitado. Desde el lado moderado, los últimos gobiernos de la época de Isabel II impusieron, en 1867, tributos directos no previstos en la reforma de 1845, tanto sobre las rentas del trabajo como sobre las del capital (pero no sobre los beneficios empresariales), al tiempo que se incrementaban las cuotas de la contribución territorial.[122] Estas reformas, sin embargo, no ampliaron demasiado el margen de maniobra de un Estado en crisis. Los progresistas, por su parte, intentaron mejorar durante el Bienio el conocimiento estadístico de la riqueza, lo que posibilitó un primer cálculo de las ocultaciones existentes en la contribución territorial, pero sin que ello se tradujera en medidas eficaces para reducirlas.

¿Qué balance final podría hacerse de las iniciativas liberales en materia fiscal? Según Comín, la reforma de Mon y Santillán, entendida en el contexto de los cambios de esas décadas, habría resultado favorable al crecimiento económico.[123]Por un lado, se eliminaron obstáculos que, bajo el Antiguo Régimen, frenaban el crecimiento: diezmo, aduanas interiores y múltiples impuestos al comercio. Por otro, se uniformizó, simplificó y centralizó el sistema fiscal, lo que favorecía la constitución de un mercado nacional. Finalmente, se hacía recaer el peso de las contribuciones directas sobre una agricultura conectada progresivamente con una demanda cada vez mayor y se dejaba la producción industrial y el comercio en una situación extremadamente provechosa en comparación y protegida por vía arancelaria; todo ello afectaba positivamente a los costes de producción e intercambio. En la época del triunfo del beneficio sobre otras modalidades de renta, la fiscalidad no gravaba tal ingreso, como se ha señalado también para Francia.[124]Como, además, la presión fiscal sobre el sector primario no fue elevada, la implantación de los nuevos impuestos no impidió el crecimiento agrario de los decenios centrales del siglo. En el otro plato de la balanza estaría, por un lado, la desigualdad en la carga fiscal, determinada por la importancia que adquirió el impuesto de consumos y por una aplicación de la contribución territorial que, en la práctica, recaía de modo más riguroso sobre los cultivadores que sobre la renta de la tierra. Para juzgar si esto significó un aumento de la presión fiscal global sobre las capas bajas de la sociedad agraria habría que tener en cuenta los efectos positivos de la desaparición del diezmo y la medida en que esta carga pudo trasladarse a la renta de la tierra, cuestión sometida a debate.[125]Por otro lado, también fue decisivo el hecho de que la reforma fiscal no permitiera recaudar de modo suficiente para eliminar el déficit y el endeudamiento, lo cual, a la postre, limitaba las posibilidades de gasto público.

Muchos de los rasgos que adoptó la nueva fiscalidad liberal no fueron exclusivos de España. El predominio de los impuestos sobre el consumo (defendido por una línea de pensamiento que se remontaría a Montesquieu), el recurso a cupos territoriales para recaudar los impuestos directos, el carácter socialmente desigual de la tributación o el rechazo por parte de sectores influyentes a toda reforma que buscara una mayor justicia en el reparto fueron características también del sistema fiscal francés durante buena parte del siglo XIX. [126]

En todo caso, si el nuevo sistema fiscal no estimuló en mayor medida el crecimiento económico, la causa habría que buscarla en la economía real más que en el marco normativo: «El tratamiento favorable del ahorro y la inversión en los sectores industriales y capitalistas no logró incentivar la inversión privada suficientemente para industrializar el país».[127]En consonancia con los postulados liberales, los sucesivos gobiernos habrían supuesto que bastaba con eliminar obstáculos y diseñar unas reglas de juego claras y favorables a la inversión para que ésta se produjera efectivamente. Por otro lado, si los resultados prácticos de la reforma estuvieron condicionados por la influencia de los intereses particulares de los poderosos, ello no fue un hecho excepcional de España. Por el contrario, en todos los países europeos los sistemas fiscales se construyeron a partir de negociaciones y compromisos políticos.[128]

El grado de definición de los nuevos derechos de propiedad

El otro gran ámbito en el que la historiografía económica ha abordado la contribución del Estado al desarrollo es el establecimiento de los derechos de propiedad. En este punto, se han asumido, de modo implícito o explícito, tanto los planteamientos de Douglass C. North sobre los derechos de propiedad como la teoría de los costes de transacción. Según este punto de vista, la definición clara de los derechos de propiedad es una condición necesaria para el desarrollo económico, ya que garantiza el beneficio privado en el uso del patrimonio de los individuos. Al Estado le corresponde el establecimiento y la protección de tales derechos y, en este sentido, la acción estatal puede tener efectos positivos o negativos si la protección no es suficiente o si establece derechos no favorecedores del crecimiento.[129]Al mismo tiempo, el crecimiento económico también exige una reducción de los costes de transacción derivados de todo aquello que dificulta el funcionamiento del mercado, desde el coste de salvaguarda de un contrato hasta la heterogeneidad de pesos y medidas. El Estado puede actuar en este terreno mediante el cambio legislativo y mediante la inversión pública. Así, el gasto público debe centrarse en todo aquello que reduce los costes individuales de operar en el mercado.

¿Cumplió el Estado estas funciones? La cuestión del establecimiento de derechos de propiedad adecuados remite necesariamente a las transformaciones de la revolución liberal. En este terreno la historiografía económica se ha caracterizado por prestar poca atención a la investigación realizada por los especialistas y se ha limitado a reproducir una visión estereotipada de la «transacción y el pacto». Las medidas más importantes de la revolución en el ámbito agrario merecen, en general, un juicio negativo: el modo en que se materializó el nuevo sistema de derechos de propiedad habría dificultado el crecimiento a corto y medio plazo.[130] Este juicio negativo afecta, sobre todo, a la propiedad de la tierra. La abolición del régimen señorial se habría realizado en beneficio de los señores, que transformarían así sus «derechos feudales» en propiedad privada, y en detrimento del campesinado, en buena medida expoliado y proletarizado como consecuencia de estos cambios. Este juicio sumario también está bastante generalizado entre los historiadores económicos[131] y condiciona la evaluación de las consecuencias del proceso, a pesar de que no está avalado por las investigaciones actuales, como ya hemos visto. Según esta valoración desfasada, se habrían derivado límites importantes para el desarrollo económico: la pobreza del campesinado y su baja capacidad adquisitiva constituirían un freno al crecimiento de la industria,[132]mientras que la abundancia de mano de obra desposeída habría inhibido la mecanización del campo. De modo paralelo, la venta de los bienes de los pueblos habría dejado a éstos sin los recursos para financiar bienes públicos como la educación. Sólo la desamortización es contemplada de modo más ponderado, en la medida en que comportó la movilización de un gran volumen de tierra que encontró una respuesta amplia entre compradores de diferente extracción social (aunque, a veces, se sigue insistiendo, sin fundamento empírico, en el acaparamiento de las tierras vendidas en favor de los grandes propietarios). Además de entorpecer el desarrollo económico, por tanto, el Estado habría dificultado la progresiva renovación de las jerarquías sociales, manteniendo así la hegemonía de los sectores que lo habían acompañado en su génesis, en la primera mitad del siglo.

A pesar de la frecuencia con que muchos autores se refieren a lo que habría sido una «deficiente determinación de los derechos de propiedad»,[133] ignorando, además, el hecho de que la seguridad en la propiedad era ya muy amplia antes de la revolución liberal, la mayor parte de las argumentaciones asume de manera implícita la rotundidad con la que tales derechos se establecieron. No se trataría, pues, de un problema de indefinición, sino de la distribución social de esos derechos, que habría generado ineficiencia económica. La polarización en el nuevo reparto de la propiedad –concentración por un lado y abundancia de pequeños campesinos por otro– como causa del escaso desarrollo agrario ha sido discutida por Ramon Garrabou, para quien el tamaño de las explotaciones no era un factor decisivo en los resultados del cultivo.[134] Ésta es, sin embargo, una discusión abierta, que enlaza, además, con debates recientes de la economía del desarrollo sobre el impacto de la distribución de la tierra sobre el crecimiento agrario. Así, se ha afirmado que la desigualdad resultante de la revolución liberal condicionó la evolución de la producción agraria y no sólo la distribución del excedente. Lo hizo al dar lugar a desequilibrios extremos en el mercado de trabajo y de arrendamientos, lo que permitía a los terratenientes maximizar los ingresos sin llevar a cabo inversiones productivas.[135]

También se ha señalado la ambivalencia de otras medidas de la revolución liberal. Así, a pesar de la liberalización del mercado de trabajo manufacturero, del ejercicio de las profesiones y de la legislación para asegurar el uso libre de la propiedad, se coartó la creación de empresas al limitar, en 1848, las sociedades anónimas. Los moderados habrían levantado estas barreras, sólo eliminadas en 1868, «asustados por las consecuencias sociales y políticas que la difusión del liberalismo y la industrialización estaban teniendo».[136] Por otra parte, el establecimiento de derechos de propiedad sobre otros recursos naturales, revalorizados por las necesidades del crecimiento económico contemporáneo, ha recibido menos atención. En lo que respecta al agua, los escasos trabajos que afrontan este problema desde la historia económica han sido deudores de la aportación de Jordi Maluquer,[137] para quien la revolución liberal habría llevado a cabo una privatización del uso del agua, en contraste con los derechos compartidos que predominaban durante el Antiguo Régimen. Desde este punto de vista, no habría habido, pues, obstáculos a la disponibilidad de este recurso con propósitos productivos. Al mismo tiempo, las decisiones del Estado en este ámbito reforzaron la distribución de la tierra que había consolidado la revolución liberal: el acceso al agua reprodujo, en buena medida, el reparto de la tierra.[138] En cuanto a los recursos minerales, hasta 1868 se mantuvo el protagonismo estatal en la explotación de muchos yacimientos. Sólo a partir de esa fecha se privatizaron minas de propiedad pública y las concesiones a empresas se convirtieron, en la práctica, en una propiedad particular. De ese modo, la seguridad de los empresarios en el disfrute de los yacimientos fue plena y ello contribuyó al nuevo auge de la minería.[139]

El balance final en este terreno queda, en el mejor de los casos, en una cierta ambigüedad en cuanto a las consecuencias para el desarrollo económico. Para algunos autores, la revolución liberal era necesaria y tuvo más efectos positivos que negativos, pero no redujo suficientemente «los costes de información y transacción ni quedaron claramente definidos los derechos de propiedad durante un largo período».[140] La revolución creó el marco institucional y jurídico necesario para el desarrollo de una economía capitalista y ese marco fue inequívocamente liberal: «Los gobernantes liberales consiguieron instaurar legalmente un régimen de concurrencia en los mercados de bienes y factores que, sin ser perfecto, tuvo efectos revolucionarios sobre el crecimiento económico a largo plazo».[141] En este sentido son valoradas también las múltiples medidas que tendían a liberalizar la actividad económica en diversos ámbitos, desde el cierre de fincas hasta la libertad de ejercer oficios, mientras el establecimiento de la igualdad jurídica de los ciudadanos redujo los costes de transacción, al simplificar los procedimientos de reclamación de contratos y universalizar las jurisdicciones.[142] Sin embargo, todos estos autores coinciden también en la idea de que la eficacia en la transformación de las instituciones heredadas del Antiguo Régimen no estuvo acompañada de la capacidad de estimular, en el corto y medio plazo, el crecimiento agrario y económico en general.[143] Según la versión más habitual entre los historiadores, habría habido una enorme distancia entre los grandes cambios legales de la revolución liberal y su escasa repercusión económica directa.[144] Hay que precisar, en todo caso, que la mayor parte de estas opiniones no están fundadas en investigaciones específicas. Además, no toman en consideración hechos importantes, como el estímulo que las transformaciones liberales ejercieron sobre una expansión de la superficie cultivada y de la producción agraria que permitió abastecer a una población que creció en más de 5 millones de personas entre 1797 y 1860.[145] Esto significaba una ruptura clara con la situación de bloqueo que, en la fase final del Antiguo Régimen, parecía afectar al suministro de alimentos y, al mismo tiempo, creaba las bases para la existencia de un mercado interior más amplio.

Un número creciente de estudios ha cuestionado la idea, subyacente o explícita en muchos de los trabajos anteriores, de que los principios doctrinales del liberalismo habían de plasmarse de un modo unívoco en las transformaciones legales impulsadas por el nuevo régimen político. Por un lado, se ha destacado que la pugna entre postulados teóricos y compromisos locales a la hora de establecer las formas de propiedad no era una anomalía, sino una exigencia histórica en la consolidación del cambio social.[146]Por otro, se ha negado que la persistencia, hasta el siglo XX, de la propiedad comunal en gran parte del país significara un freno a la expansión de una economía mercantil y se ha considerado, por el contrario, que este tipo de propiedad «imperfecta» contaba con normas de gestión bien establecidas (que reducían el supuesto problema de los costes de transacción) y fue integrada en el proceso de desarrollo de una agricultura capitalista.[147] La concepción rígida de un progreso histórico que llevaría hasta formas de propiedad «perfecta» como única vía de crecimiento económico ha sido cuestionada, además, desde posturas que aspiran a reinterpretar el cambio producido durante estas décadas de implantación del liberalismo. En efecto, a partir de la idea de que «el liberalismo era lo bastante ambiguo como para justificar opciones muy diferenciadas»,[148]Rosa Congost ha planteado la necesidad de estudiar las condiciones de «realización» de la propiedad, más allá de su mera definición legal. Desde este punto de vista, la meta de la transformación liberal no era aumentar el grado de «perfección» de la propiedad, sino consolidar algunos de los derechos existentes sobre ella a costa de otros, de acuerdo con la relación de fuerzas sociales imperante en ese momento. Del mismo modo, la permanencia de formas de propiedad «imperfecta» no habría frenado el desarrollo económico porque éste es compatible con formas diversas de definir la propiedad. Esta propuesta, que puede abrir perspectivas nuevas a la investigación, va acompañada, sin embargo, de la consideración injustificada de que los derechos de los señores fueron reconocidos, en bloque, por las leyes liberales como derechos de propiedad particular.[149]

Un aspecto de interés en las transformaciones de los derechos de propiedad es la capacidad del Estado para llevar a cabo medidas de gran complejidad, que afectaban a la totalidad del territorio y a millones de protagonistas con intereses muy diversos. Villares ha destacado, en este sentido, la amplitud de la operación desamortizadora en la que el Estado dirigió el cambio de titularidad de millones de hectáreas y gestionó muchas de ellas hasta el momento de su venta definitiva.[150]Desde este punto de vista, la capacidad administrativa para una tarea tan ingente parece clara. Pero, al mismo tiempo, los límites de la acción estatal quedan de manifiesto si atendemos a los condicionantes locales, especialmente en los procesos de privatización de bienes de propios. Hasta que se promulgó la desamortización de estos bienes, los municipios tuvieron una amplia discrecionalidad para enajenar su patrimonio incluso sin cobertura legal, en un proceso en el que los representantes provinciales del poder central «se limitaron a ratificar los acuerdos locales».[151]Tras la ley de 1855, la aplicación de las medidas desamortizadoras adquirió características diferentes según los lugares y se adaptó a las circunstancias locales. Los ayuntamientos tuvieron un papel destacado a la hora de delimitar los bienes de propios, de establecer su condición de alienables y solicitar qué bienes debían exceptuarse de la venta. En este terreno entraba en juego la capacidad de influencia política: los diputados en el Congreso se convirtieron en los mediadores para obtener el trato a que aspiraban los pueblos de su distrito y esta cuestión pudo resultar decisiva en las perspectivas electorales de los candidatos.[152]

Una cuestión específica relacionada con el grado de definición de los derechos de propiedad es la libertad que se otorgó a los propietarios en lo concerniente a las condiciones de los arrendamientos y aparcerías. Esta libertad fue plena ya desde las disposiciones liberales promulgadas en 1812: no se estableció ninguna restricción legal a la disponibilidad sobre la tierra y a los derechos del propietario. La cuestión se había planteado ya bajo el absolutismo, cuando fueron rechazadas todas las medidas protectoras de los arrendatarios que algunos ilustrados defendían. Cuando la revolución liberal confirmó esta tendencia, ello significó que los propietarios podían consolidar un mercado de arrendamientos que les era extremadamente favorable.[153] En materia de arrendamientos, pues, los derechos de propiedad no pudieron quedar más claramente definidos. Se ha afirmado, en ocasiones, que la inexistencia de garantía alguna para los cultivadores respecto a la indemnización de las mejoras habría sido un factor desfavorable para la modernización agraria.[154]Sin embargo, hasta que el Código Civil de 1887 eximió a los propietarios de esta obligación, la legislación vigente en esta materia, la de las Partidas, obligaba al pago, y los propietarios que querían eludirlo habían de pactarlo en los contratos escritos. En todo caso, la capacidad del propietario para trasladar el riesgo al cultivador habría inhibido la inversión y la mejora agrícola.[155]En este caso, como en otros aspectos, la utopía del libre mercado se mostraba como un obstáculo para el desarrollo económico, como comenzaría a ser evidente hacia finales de siglo cuando aparecieron, en muchos países, limitaciones legales a la plena libertad de los propietarios sobre la tierra.[156]

La formación del mercado interior

El análisis de la formación del mercado interior no ha sido abordado de modo monográfico por la historiografía y cuenta con una posición menos relevante–a veces marginal– en las interpretaciones más difundidas sobre el desarrollo económico español del siglo XIX. Sin embargo, además de la trascendencia que tiene disponer de un mercado unificado para el crecimiento económico,[157] se trata de una cuestión clave para comprender el modo de articulación de los intereses territoriales, el grado de complementariedad o de divergencia económica entre regiones y el alcance de la impronta estatal sobre la sociedad. El mismo proceso de nacionalización política puede considerarse vinculado, de un modo poco explorado por el momento, a la creación de un mercado habitualmente calificado como «nacional».

Es frecuente remitir los primeros intentos de establecer un mercado unificado a las políticas reformistas de la segunda mitad del siglo XVIII. Una visión muy extendida afirma que las numerosas medidas que se dieron en este sentido (supresión de aduanas interiores, eliminación de los precios máximos de venta de los cereales y de controles sobre la comercialización) no consiguieron su objetivo a causa de ciertas resistencias institucionales bien arraigadas. A pesar de la fuerte impregnación que el reformismo ilustrado tuvo de las ideas sobre liberalización comercial, los diversos mecanismos de intervención en el mercado de cereales, que restringían su venta fuera de los lugares de producción, y el control impuesto sobre muchas de las actividades de los comerciantes limitaron la integración de los diversos mercados que existían en el territorio peninsular. El contexto de crisis económica, las protestas populares por la carestía de alimentos y la gestión que hicieron las elites dominantes de este malestar frenaron la liberalización y, con ella, la integración del mercado. Una parte importante de esta regulación procedía de los poderes locales (pósitos, obras pías), pero su actuación fue inoperante a la hora de facilitar semillas a los campesinos y evitar las crisis de subsistencia. Esta es una cuestión importante, ya que los municipios perdieron, en el tránsito a la sociedad liberal, esta capacidad interventora sobre el mercado alimentario.[158] Por ello, uno de los cambios probablemente más significativos que comportó la revolución liberal fue la pérdida, por parte de las elites locales (y provinciales), de la capacidad de intervenir sobre el mercado a través de regulaciones. En este sentido, las transformaciones del liberalismo habrían marcado una cesura clara con el pasado, aunque ello no significara, como veremos más tarde, la desaparición de las medidas interventoras sobre los mercados por parte de los poderes locales.

Algunas aportaciones recientes han valorado de forma mucho más positiva los avances en la formación del mercado nacional del trigo en el siglo XvIII, con los consiguientes efectos sobre los diferenciales de precios. Las medidas liberalizadoras decretadas por el Estado contribuyeron a ello, pero también el hecho de que los municipios carecían, cada vez más, de los fondos necesarios para financiar una política de protección de los consumidores. De ese modo, el comercio interior se dinamizó, aunque no se basaba en intercambios a larga distancia (difíciles y costosos antes de la aparición del ferrocarril), sino en flujos entre zonas próximas encadenados entre sí de tal modo que, en la práctica, tendían a funcionar como si se tratara de una integración de todo el territorio. Paradójicamente, en los últimos decenios del siglo, se produjo un retroceso en esta integración a causa de la creciente orientación de algunos mercados periféricos hacia las importaciones por mar.[159]

Al iniciarse el siglo XIX, la fragmentación de los mercados era muy acentuada en el territorio peninsular. En las décadas siguientes, esta situación tendió a superarse de modo progresivo, pero el éxito de tal evolución ha sido objeto de controversia. Los flujos internos de mercancías se incrementaron sustancialmente durante el segundo cuarto de siglo. Sin embargo, la plena integración no se había alcanzado a mediados de la centuria, según una interpretación muy difundida, ya que las disparidades de los precios de los cereales por provincias evidenciarían más bien el predominio de mercados regionales yuxtapuestos.[160]Sólo durante la segunda mitad de la centuria se avanzaría en este sentido gracias a los efectos del ferrocarril, pero, para Tortella, la formación de un precio único del trigo no culminó hasta finales de la centuria y todavía fue más lenta en los precios de otros productos.[161] Para algunos autores, desde la década de 1830 se habría instaurado ya «un régimen de concurrencia en los mercados (...) que, sin ser perfecto, tuvo efectos revolucionarios sobre el crecimiento económico a largo plazo».[162]

El proceso, como en otros tantos ámbitos, dependió mucho de las contingencias de la dinámica histórica durante la crisis del Antiguo Régimen. El establecimiento, en 1813, de la libertad total de comercio de productos agrarios fue parcialmente suprimido tras la vuelta del absolutismo. Pero la Guerra de la Independencia había acabado por destruir el ya deteriorado sistema de pósitos y la situación de las haciendas locales impidió su reconstrucción. De ese modo, «la quiebra del sistema tradicional de abastos hizo inevitable la liberalización del mercado de granos».[163]

El avance en la integración del mercado sería resultado de una gama amplia de políticas. Por un lado, el nuevo régimen arancelario de 1820, que tendría un impacto directo sobre ese proceso. Por otro, el establecimiento, en 1834, de la libertad de circulación de productos agrarios en el interior o la eliminación, en 1839, de las aduanas interiores con los territorios forales y de las guías para el transporte de dinero –factor decisivo en una economía acreedora como la catalana– facilitaban los tráficos. Al mismo tiempo, las medidas que liberalizaban el ejercicio del comercio y las manufacturas (con la desaparición de privilegios de los gremios como los carniceros, panaderos o vinateros) permitían mayores iniciativas en estos ámbitos. Para agilizar y estimular los intercambios fueron también importantes la unificación de la legislación comercial (con el Código de Comercio de 1829, un compendio legal que resultó útil para regular esa actividad hasta 1885) y la uniformización del sistema monetario y de pesas y medidas.[164]Finalmente, la mejora del sistema de transportes habría de ser un requisito necesario para que la unificación del mercado alcanzara su plenitud.

Un momento importante en este proceso fue el traslado de las aduanas que separaban al País Vasco y Navarra del resto de la península. Su ubicación en los Pirineos y en los puertos marítimos incorporó estas zonas al espacio aduanero proteccionista instaurado en 1820. Desde ese momento, las importaciones se hicieron más difíciles, mientras se abría el mercado peninsular a las manufacturas vascas o a los productos agrícolas de la ribera navarra.[165]Al mismo tiempo, intereses como los de los ganaderos ovinos del Pirineo occidental quedaban protegidos frente a las lanas francesas.

Aunque había desaparecido todo el entramado interventor que las autoridades locales habían manejado bajo el Antiguo Régimen en relación con el abastecimiento alimentario, ello no significó que no existieran posibilidades de influir sobre el mercado e, incluso, de restringir su funcionamiento de modo sustancial, por parte de los ayuntamientos ya en la era liberal. Y ello a pesar de que el Estado había hecho suya, en exclusiva, la toma de decisiones en materia de política comercial.[166] En 1856 y 1857, en respuesta a la crisis de subsistencias, se multiplicaron en todo el territorio medidas intervencionistas no legales por parte de ayuntamientos y gobernadores civiles: regulaciones del precio del pan, prohibiciones de extraer cereales con destino a otras provincias, intentos de adquisición y almacenamiento de granos por parte de ayuntamientos para su venta en momentos de urgencia, requisas de cosechas y presiones para forzar su venta. Eran medidas descoordinadas que llevaron al Gobierno a ordenar a las autoridades provinciales que las impidieran en sus respectivas circunscripciones, al tiempo que se comprometía a «proteger el movimiento y la seguridad de las transacciones mercantiles [y] promover la libre concurrencia».[167] En sentido contrario, a veces era el Estado el que decretaba la prohibición de exportación de cereales para evitar el desabastecimiento. Así ocurrió en 1847, y la medida fue contestada ampliamente en el Congreso, donde se la calificó de contraria a los principios de la economía política y dañina a los intereses comerciales. En esta coyuntura también hubo resistencia por parte de los ayuntamientos, que tenían que aplicar la prohibición y que, de ese modo, se hacían eco de los intereses de propietarios y comerciantes.[168]

El estudio de estos aspectos para el caso francés puede sugerir líneas de investigación. Durante la primera mitad del siglo XIX, mientras se difundía el principio teórico de la libertad de mercado, se produjeron en Francia multitud de intervenciones de los poderes públicos –alcaldes o el propio Gobierno– que regulaban aspectos concretos del mercado de subsistencias. Lo más frecuente fue que los alcaldes, en respuesta a movilizaciones populares que buscaban legitimar en ellos sus objetivos, actuaran contra algún comerciante «acaparador», forzaran precios de venta bajos, toleraran asaltos a almacenes de grano o dificultaran la entrada de nuevos intermediarios. El poder central solía aceptar los hechos consumados sin castigar tales medidas ilegales, aunque esta actitud fue cambiando durante la Monarquía de Julio. Al mismo tiempo, de manera paradójica, el librecambismo que se profesaba en la cima estatal trataba de impregnar el tejido social a través de una compleja red de circulares, información de precios, etc., que llegaban hasta los escalones más bajos de la administración.[169]

En el proceso de avance del mercado interior podían enfrentarse diferentes representaciones del espacio nacional. En el caso francés, la concepción del territorio que tenía el Estado (que incluía la diferenciación entre regiones excedentarias en cereales y regiones deficitarias, una determinada dirección de los flujos de alimentos y la prioridad al abastecimiento de las ciudades) no coincidía con la que emanaba de los prefectos y de la población. Estos últimos propugnaban el acceso prioritario a la producción propia de alimentos en el ámbito local. Mientras la primera, basada en la recopilación estadística, resaltaba la unidad del territorio nacional, la segunda anteponía la seguridad alimentaria de entidades territoriales restringidas.[170]En España, el mercado quedaba encuadrado de alguna manera en las nuevas unidades políticas que eran las provincias, puesto que era en ellas donde se recogían los datos de subsistencias, precios, etc. ¿Actuaron también los gobernadores provinciales españoles como limitadores de ese espacio nacional fluido e interdependiente al que aspiraba el liberalismo? Esta cuestión, poco explorada entre nosotros, se sitúa en un ámbito a caballo entre los postulados doctrinales y las constricciones de la realidad, en lo que era, sin duda, un proceso de aprendizaje por parte del Estado de una gestión del mercado adaptada a las condiciones del país.[171]

Un aspecto destacado que se planteó de manera temprana por autores como Fontana, Sánchez Albornoz y Anes, es la estrecha relación entre la configuración del mercado interior y la pérdida del imperio americano. La imposibilidad de seguir comerciando con las colonias, que llevaba aparejada la desaparición del superávit de la balanza comercial,[172]y la pérdida de las remesas de metales preciosos que financiaban las importaciones llevaron a establecer el prohibicionismo en materia de cereales (1820) y tejidos de algodón (1825). Años después, desde el Gobierno, se consideraría que el prohibicionismo exterior, acompañado de la liberalización interior y la libertad de exportación, había estimulado la producción y los intercambios. Este juicio se hacía desde una profesión de liberalismo que, además, contemplaba la posibilidad de que España se convirtiera en exportadora de cereales.[173] La política prohibicionista, corregida sucesivamente en dirección a un proteccionismo cada vez menos marcado, ha tendido a ser considerada como la base sobre la que pudo expandirse el mercado interior: las regiones del litoral, que antes importaban cereales, ahora comenzaron a proveerse en el interior peninsular, mientras éste se convertía en el mercado para las manufacturas, en especial las procedentes de Cataluña. Castilla la Vieja protagonizó este tráfico canalizado a través del puerto de Santander, mientras era sustituida por Castilla la Nueva en el abastecimiento cerealista de Madrid.[174]En general, este proceso de desplazamiento hacia el interior de los intercambios exteriores dio a Cataluña, en palabras de Maluquer, una «función estructurante» de la economía española. Además, la importancia para esta región del mercado antillano, durante el siglo XIX, implicaría a la economía catalana en este campo de manera primordial, respecto al conjunto de España.[175]Una de las implicaciones de la formación de un mercado nacional era, pues, el cambio en la localización de las actividades productivas. La concentración de producciones industriales en zonas más favorables a las economías de escala y a la concentración de capital y cualificaciones implicó la desaparición de actividades artesanales dispersas por el resto del territorio.

Creadas las condiciones institucionales, la expansión del mercado dependía de la entidad de los flujos privados. A su vez, éstos eran resultado de otros muchos factores como, por ejemplo, el tamaño de la demanda, que remite al crecimiento demográfico, a las densidades de población y su influjo sobre el abaratamiento de la distribución y, naturalmente, a la capacidad adquisitiva de esa población. También resultaban determinantes los intercambios entre zonas rurales y áreas urbanas: la agricultura como mercado para los productos industriales y como abastecedora de las ciudades. El primer aspecto tuvo un crecimiento lento, habida cuenta de las condiciones en que se desenvolvía el sector primario en España. Los intentos de medir el grado de mercantilización de factores y productos en la agricultura española han mostrado valores altos incluso en zonas mal comunicadas, donde cabría haber esperado un elevado peso del autoconsumo.[176]

La cuestión del tamaño del mercado interior más adecuado para impulsar el desarrollo económico ha suscitado el interés historiográfico. Por un lado, se ha considerado que España no alcanzaba el umbral demográfico que sustentaba la industrialización en Europa occidental, que se calcula en unos treinta millones de habitantes.[177] Por otro lado, se ha insistido en ciertos rasgos del mercado, como las densidades de población y los factores físicos que influían en la facilidad del transporte. A diferencia de países menores, como Holanda o Bélgica, España tenía densidades demográficas muy bajas en buena parte de su territorio, lo que encarecía la comercialización. Al mismo tiempo, no disponía de las ventajas que representaban, para los países citados, la vecindad con las economías más industrializadas y la existencia de vías naturales de comunicación con ellas.[178]En suma, parece haber un acuerdo en que el mercado interior en España no alcanzaba, durante el siglo XIX, el tamaño suficiente –el umbral– para dar lugar a unas tasas de crecimiento económico elevadas y sostenidas.[179]En el proceso de formación del mercado nacional, las diversas economías regionales tuvieron que tomar posición. Esta redefinición del papel económico relativo a los territorios implicaba, en parte, la propia construcción o invención de la región como ámbito de coincidencia de intereses y de diferenciación y complementariedad respecto a otras entidades semejantes. La formulación en el espacio público de los «intereses regionales» se basaba, parcialmente, en la herencia que el Antiguo Régimen había dejado en materia de articulación del territorio y formación de grandes regiones económicas con algún grado de coherencia interna y diferenciación respecto a otras.[180]En el siglo XIX, además, tendrían un impacto decisivo las oportunidades que se abrían en la nueva situación interna y en el cambiante contexto europeo.[181]Por limitarnos a algunos ejemplos: en Aragón, el prohibicionismo creó la posibilidad de aprovechar la complementariedad con la economía catalana iniciada tras la supresión de las aduanas en 1714: cereales y lana a cambio de manufacturas. La construcción ferroviaria favoreció la conversión de Zaragoza en núcleo de fabricación de harinas.[182]Cataluña, por su parte, consolidaba la revolución industrial y había de contar, casi exclusivamente, con el mercado interior y colonial. Así, la demanda de protección fue simultánea al establecimiento de vínculos más estrechos con las regiones del interior. De modo semejante, desde el País Vasco se ejercieron presiones, a partir de 1841, destinadas a obtener la reserva del mercado interior para productos siderúrgicos, entre otros. Unas presiones que fueron crecientes conforme la industria adquiría peso.[183]

Para el País Valenciano primaba, en cambio, el aprovechamiento de las oportunidades que ofrecían los mercados europeos, lo que suponía un hecho destacable en una economía como la española poco competitiva en el exterior.[184] Y Andalucía mostraba también un elevado y precoz grado de apertura, hasta el punto de que, en 1860, el 40% de las exportaciones españolas partían de los puertos andaluces.[185] Los principales productos de la economía española experimentaron de modo distinto el impacto de este progreso en la articulación del mercado: trigo, vino, minerales, carbón y tejidos, en tanto se convertían en el centro de especializaciones territoriales, condicionaban el modo de inserción política de esos territorios en el Estado.[186] Y la posición relativa de las diferentes regiones dependía también de los cambios en los principales productos de exportación: aceite, vino y minerales incrementaban su peso, mientras que lo perdían lana, barrilla y aguardiente.[187]

Aunque en el siglo XX acabaría consolidándose una diferenciación esencial entre las regiones en proceso de industrialización y aquellas que seguían siendo básicamente agrarias o que perdían su base manufacturera previa, la divisoria más determinante durante la centuria anterior fue la establecida entre regiones de agricultura intensiva, con capacidad de renovación en función de los mercados, y regiones basadas en el predominio del cereal extensivo y posibilidades muy limitadas de progreso agrario. En este sentido, Domingo Gallego ha elaborado una tipología de las regiones agrarias españolas que tiene en cuenta no sólo las variables que afectan al campo, sino también la influencia y las oportunidades que ofrecían las economías urbanas.[188]Así, ha diferenciado tres conjuntos regionales: las sociedades campesinas, las sociedades latifundistas y aquellas otras de carácter mixto que combinaban rasgos de las dos anteriores. Esta propuesta, que es, en parte, resultado de los avances de la investigación de los últimos años, proporciona también un marco nuevo para insertar los estudios parciales en una necesaria historia agraria española que, además de destacar la centralidad de los factores sociales, permita integrar la diversidad con una explicación global de los procesos.

Condición destacada para la formación del mercado interior, los sistemas de transporte de finales del Antiguo Régimen constituían un límite decisivo a causa de su estado precario. Hacia 1820, el liberalismo planteó la primera visión global del problema, a partir del concepto de obra pública, que se contraponía a las formas de gestión viaria bajo el absolutismo, basadas en la iniciativa de los particulares.[189]Durante los decenios siguientes, este proyecto inicial se vio alterado. La construcción y el mantenimiento de las carreteras quedaron en manos de las diputaciones, limitadas por la penuria presupuestaria. Por su parte, el ferrocarril daría lugar a vínculos específicos entre el Estado y las empresas privadas. Las medidas destinadas a implantar este medio de transporte, que encarnaba como ningún otro cambio técnico la idea de progreso en el siglo XIX, estuvieron en el centro del debate político durante estas décadas.

El tendido ferroviario en España fue inicialmente valorado por la historiografía en términos negativos. Gabriel Tortella lo consideró un cúmulo de errores: retraso en el inicio del trazado, excesiva precipitación una vez comenzado, errores técnicos en el diseño, financiación inadecuada, debilidad empresarial y, por último, trazado especulativo. La legislación de 1855, al pretender recuperar el atraso, habría permitido una afluencia indiscriminada de capital, con graves consecuencias de rentabilidad, endeudamiento de las compañías y crisis financiera.[190]La opinión de los historiadores varió después y señaló una importante contribución de los ferrocarriles al desarrollo económico español.[191]Es habitual diferenciar dos coyunturas de distinto signo. Hasta la Ley de Ferrocarriles de 1855, hay consenso en considerar que la legislación apenas hizo avanzar la construcción y favoreció las prácticas especulativas en torno a las concesiones. En cambio, la citada ley ha sido juzgada como un estímulo decisivo para la construcción de la red. Ahora se regulaban de modo más preciso todos los aspectos del transporte ferroviario, se establecían los mecanismos de ayuda estatal a la iniciativa privada y se fijaba una jerarquía clara de las líneas. Al mismo tiempo, los cambios en la legislación financiera facilitaron la canalización de los capitales necesarios. Todo ello estuvo guiado por el principio de que, para dotar al país del nuevo medio de transporte, había que aunar «la acción del gobierno con el eficaz concurso de los particulares».[192]

Se han destacado, en especial, las consecuencias positivas del ferrocarril sobre la formación del mercado interior, si bien alguna visión cuestiona este impacto al afirmar que, con anterioridad al nuevo medio de transporte, la carretería y el cabotaje permitían canalizar flujos a bajo coste.[193]Mayoritariamente, sin embargo, se cree que el ferrocarril produjo el abaratamiento del coste del transporte, aumentó los tráficos, tendió a unificar los precios en todo el territorio nacional (en especial los del producto más transportado, el trigo), y promovió la especialización regional y los cambios en la localización de actividades productivas.[194]Esto ha permitido interpretar las crisis de subsistencias de esta época como consecuencia de la mayor fluidez e importancia de los flujos de granos, que habría reducido las reservas tradicionalmente acumuladas en las zonas productoras.[195]Por otro lado, el ferrocarril, además de contribuir a la articulación del mercado de cereales, habría facilitado la comercialización de otros productos agrarios de más valor y carácter perecedero.[196]

Por el contrario, apenas se ha estudiado la contribución del ferrocarril al aumento del tráfico de personas, con sus posibles repercusiones sobre hábitos sociales y oportunidades económicas. Como tampoco se ha analizado el modo en que la creación de una red radial pudo reforzar el papel económico y político de la capital, situada ahora a pocas horas de los principales puntos de la periferia y con un abastecimiento mucho más seguro de productos procedentes de un radio ampliado. En cualquier caso, todo parece indicar que Madrid fue el área más beneficiada por la aparición del nuevo medio de transporte.[197]La existencia de criterios políticos junto a los económicos ha sido señalada a propósito del trazado radial de la red, que aparece así ligada a la construcción del Estado centralizado.[198]Algunos autores consideran más indiscutible el logro de la integración política del territorio nacional que el cumplimiento de las expectativas económicas que ofrecía el ferrocarril.[199]

La construcción ferroviaria, que al menos desde 1855 fue un diseño estatal para alcanzar una mejor articulación del territorio, abrió, sin embargo, oportunidades para que intervinieran las elites regionales. Por un lado, se trataba de obtener trazados acordes con los intereses de estos grupos; por otro, de aprovechar las posibilidades de negocio creadas por la construcción y gestión de las líneas. En ambos casos aparecían nuevos ámbitos en los que grupos influyentes podían aspirar a obtener ventajas del Estado, pero también motivos de confrontación entre quienes competían por concesiones y contratas. Tales pugnas generaron en ocasiones, entre las propias elites, fracturas que pudieron tener una traducción política.

La decisión del Gobierno en 1844 de favorecer a quienes «mereciesen garantías por ser sujetos de conocido arraigo»[200]hizo que grupos y personas con influencia política y proximidad al moderantismo obtuvieran las concesiones más rentables, lo que desembocó en especulación e irregularidades.[201]Con ello, la cuestión ferroviaria entró en el debate político. Moderados y progresistas divergían al respecto. Estos últimos propugnaban un plan general que ordenara la construcción de la red y creían que las ayudas estatales eran necesarias para el éxito de las iniciativas particulares.[202]

Con la etapa abierta en 1855, cuando se reconsideraron y adquirieron continuidad las iniciativas ferroviarias, se puede establecer una diferenciación en las empresas que protagonizaron el proceso, dos tipos de negocio con distintas implicaciones para las elites y sus propias maneras de vincularse al Estado.[203]Por un lado, estaban las compañías de mayor entidad –Madrid-Zaragoza-Alicante y Norte–, que construyeron trazados de larga distancia centrados en Madrid y contaron con importantes socios extranjeros. La política ferroviaria contribuyó a la consolidación de estas sociedades, mediante los mecanismos de concesión que restringían la entrada de competidores.[204]Como en otros países, pues, el poder público ayudó a consolidar la estructura empresarial propia del negocio ferroviario. Por otro lado, se encontraban las empresas dedicadas a trayectos regionales, más vinculadas a «las necesidades de los inversionistas autóctonos, a menudo interesados en utilizar el ferrocarril para sus propios negocios».[205]El estudio de estas iniciativas ha proporcionado información abundante sobre estos grupos regionales, sus relaciones con el poder político y las pugnas que, a menudo, se establecieron por el aprovechamiento de un determinado trazado.[206]Los ejemplos abundan: el enfrentamiento en torno al trazado de Madrid al Norte de la península entre los intereses vascos ligados al puerto de Bilbao y los que estaban vinculados con el Canal de Castilla y Santander; la disputa entre Alicante y Valencia por adelantarse en la conexión con Madrid, que opuso al grupo del marqués de Campo con el financiero Salamanca, o las pugnas entre inversores catalanes en torno a la prolongación de las líneas hacia Francia.[207]

Las investigaciones actuales destacan también el significado de otras infraestructuras de comunicación, fomentadas por iniciativa estatal. El telégrafo eléctrico, impulsado durante el Bienio para reemplazar el óptico –tras algunos pasos previos dados bajo el moderantismo–, fue un instrumento fundamental en la formación interna del Estado. La política de tarifas bajas favoreció la toma de decisiones de los agentes privados y la difusión fluida de informaciones. Por tanto, esta infraestructura no quedó limitada al simple servicio del Estado, como había sucedido con su precedente óptico, sino que se proyectó pronto en el conjunto de la sociedad.[208]

La política de comercio exterior

A pesar de las duras críticas que la política inaugurada en 1820 ha merecido para quienes identifican el proteccionismo como causa del atraso, la historiografía ha insistido más en el giro proteccionista de 1891 que en la vía abierta en el Trienio Liberal. En general, los especialistas no han visto una anomalía española en política comercial a lo largo del siglo XIX. El hecho de que, aunque muy lentamente, la tendencia fuera hacia la liberalización (un paso importante fue la reforma arancelaria de 1849, que instauró un fuerte proteccionismo, pero eliminó el prohibicionismo anterior)[209]y la constatación de que en Europa el librecambio sólo se impuso desde las décadas centrales de la centuria han restado protagonismo historiográfico a la política restrictiva del comercio exterior. Además, el avance de la industrialización europea creó rápidamente nuevos mercados para los productos primarios españoles, y el comercio exterior, que había sufrido el duro impacto de la independencia americana, se fue restableciendo, ahora orientado hacia los países vecinos.[210]

En la época, la política comercial fue una de las cuestiones acerca de las cuales las elites y los grupos de interés más se pronunciaron, tanto a través del debate público (con periódicos adscritos a alguna de las posturas doctrinales) como mediante organizaciones sectoriales en defensa de una u otra política, de modo semejante a lo que sucedía en el resto de Europa. El debate entre proteccionistas y librecambistas tuvo una presencia muy destacada en el espacio público y, desde luego, en el Parlamento.[211]Tuvo también un profundo impacto sobre la dinámica política en determinados momentos, como sucedió durante la Regencia de Espartero, cuando el temor a una negociación arancelaria con Gran Bretaña abrió una división en el Partido Progresista.[212]Durante esta etapa el proteccionismo estuvo defendido por la mayoría de los propietarios agrarios e industriales algodoneros barceloneses, que hicieron proselitismo para atraer a otros sectores del resto del país. El librecambio fue menos compacto socialmente:[213]comerciantes, sectores vinícolas, compañías ferroviarias y, ocasionalmente, las capas populares urbanas de la España no industrial. La Asociación para la Reforma de los Aranceles aglutinaba las demandas librecambistas y tenía presencia en gran parte del territorio español. En esta dinámica podían surgir vínculos u oposiciones entre intereses regionales en principio desconectados. Así, las reivindicaciones de los comerciantes de Cádiz centraron sus propuestas en la rebaja arancelaria para el hilo de algodón (lo que habría de reducir el contrabando que les perjudicaba y facilitar la apertura del mercado británico a sus exportaciones vinícolas) y de ese modo suscitaron una movilización en su contra de los industriales catalanes en defensa del prohibicionismo, la cual, en alianza a su vez con los intereses cerealistas, obtendría respuesta favorable del Gobierno.[214]

Como el proteccionismo marcó de forma permanente el signo de la política comercial de esta época, la discusión se producía y adquiría centralidad en los de apoyo a la industria mediante el gasto público, con lo que la única medida de estímulo que restaba era la protección; Jordi Nadal, «Industria sin industrialización», en Gonzalo Anes (ed.), Historia económica de España, siglos xix y xx, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 1999, p. 205; Jordi Palafox, «Proteccionismo y librecambio», en ibíd, p. 259; Jordi Nadal y Carles Sudriá, «La controversia en torno al atraso económico español en la segunda mitad del siglo XIX (1860-1913)», Revista de historia industrial, 3, 1993, p. 224.

La discusión durante la década de 1840, en Salvador Almenar, «El desarrollo del pensamiento económico clásico en España», en Enrique Fuentes Quintana (dir.), Economía y economistas españoles, vol. 4, La economía clásica, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2000, p. 45. momentos en que se intentaba una progresiva liberalización: por un lado, grupos favorables al librecambio y a la modificación de las restricciones vigentes; por otro, la agrupación de intereses sectoriales en las actividades que se veían amenazadas por una apertura exterior que motivaba protestas, frente a las medidas aisladas de liberalización.

Interpretaciones recientes han precisado que el prohibicionismo no creó en España una situación muy distinta a la que se daba en Europa: las fluctuaciones de precios entre zonas productoras y consumidoras eran habituales en todas partes y las ciudades españolas del litoral no sufrieron precios más altos que los europeos por el hecho de verse obligadas a consumir cereales del interior de la península (dado el aumento de precios en el continente como consecuencia de la demanda británica de importaciones).[215]La menor flexibilidad de la política comercial española contribuyó, sin embargo, a agravar las fluctuaciones de precios y la carestía en las regiones productoras del interior de la península; si se hubiera podido importar siempre que surgía la posibilidad de malas cosechas, la demanda del litoral no hubiera vaciado las existencias de las zonas del interior. Pese a todo, el mercado español de cereales funcionó, en términos generales, como los de los países vecinos, y el prohibicionismo tuvo, de hecho, menos trascendencia de la que se considera habitualmente. Ni siquiera era necesario para mantener los beneficios de los productores ya que, desde los años treinta, el alza de precios en Europa hacía que los cereales extranjeros no fueran competitivos en España. A mediados de siglo, la fuerza de los intereses exportadores en España traducía la ventaja, sin precedentes, que había proporcionado a su agricultura el giro productivo vivido desde el fin del Antiguo Régimen, sobre todo con respecto a los mercados consumidores de Europa occidental.

No obstante, la política comercial perjudicó a los consumidores en momentos de carestía, al contribuir a agravar estas situaciones.[216]Se sigue discutiendo, sin embargo, la trascendencia de este marco arancelario para el desarrollo económico del país. Mientras que para Domingo Gallego los efectos serían poco importantes, otros autores, mediante el recurso de los argumentos contrafactuales tan frecuentes en estos debates, consideran que una protección menor hubiera reducido las estrategias especulativas (tendentes a aprovechar los precios altos del invierno para obtener mayores ganancias) y hubiera incentivado más la inversión de los propietarios.[217]

Una medida general de política comercial como el proteccionismo no dejaba de tener implicaciones en el ámbito de las relaciones entre el Estado y las elites económicas. La aplicación práctica de esta política comercial exigía la toma de decisiones en momentos de carestía y también la intervención de las autoridades provinciales. Desde 1834 se podían autorizar importaciones extraordinarias de cereales cuando los precios superaran un determinado valor máximo en más de tres provincias limítrofes. La información sobre la concurrencia de estas circunstancias provenía de los gobernadores civiles, aunque era el Gobierno el que autorizaba la compra exterior. Este hecho sólo se produjo en dos ocasiones antes de 1855, pero desde esa fecha hubo períodos de cierta duración en los que la importación fue libre, lo que significaba la reiteración de esas situaciones extraordinarias.[218]En relación con ello, debían abrirse escenarios de negociación nuevos entre las elites de cada territorio y las autoridades provinciales, cuyo pronunciamiento era decisivo para alterar las condiciones en que se producía la entrada de cereales. Se trata, sin embargo, de un problema que ha recibido poca atención. Ramon Garrabou explicó el proceso de toma de decisiones en este sentido por parte del Estado con ocasión de las crisis de subsistencias de 1847 y 1856-1857. En esta última coyuntura, por ejemplo, la Dirección General de Comercio fue recibiendo información sobre la carestía de los alimentos y sobre motines en diferentes provincias, al tiempo que registraba el temor creciente de las autoridades provinciales a estallidos sociales más graves. Como resultado, en julio de 1856 el Gobierno autorizó la libre importación de cereales de forma temporal. Pese a la importancia que el poder político daba al abastecimiento alimentario para evitar la contestación social, ésta se produjo en forma de revueltas en varias ocasiones. Las crisis de subsistencias eran momentos en que el descontento por esta causa se combinaba con otros motivos de conflicto, gestados en las circunstancias específicas de cada territorio, lo que influía en el carácter de estos episodios.[219]

Se ha considerado que la etapa de crisis económica iniciada en 1864 –ciclo internacional, problemas de rentabilidad del ferrocarril, agravamiento del déficit público por el encarecimiento del dinero en Europa, carestía del algodón, caída de los precios de las exportaciones primarias– cuestionó el proteccionismo vigente desde 1820. A pesar de ello, las necesidades hacendísticas a corto plazo, que obligaban a mantener aranceles elevados, impidieron una reforma en profundidad durante la etapa final del reinado de Isabel II. Sin embargo, los sucesivos gobiernos adoptaron algunas medidas aisladas. Así, en 1865 se decretó la exención arancelaria para la entrada en Cuba de tejidos de algodón catalanes, en respuesta a la crisis industrial acompañada de crisis social que afectaba al Principado, medida que tendría una importante significación hasta el Desastre.[220] Esta decisión marcó un cambio de perspectiva en la apreciación pública de la protección que, al menos mientras Manuel Alonso Martínez fue ministro de Hacienda (en 1865 y 1866), se tradujo en medidas liberalizadoras numerosas pero parciales, que prepararon la reforma general de Figuerola.[221] Aunque bajo el Gobierno de O’Donnell se pensó incluso en una nueva Ley Arancelaria, la vuelta al poder de Narváez interrumpió el proyecto en aras de la urgencia recaudatoria. En definitiva, la hegemonía agrarista en el poder político y en los círculos económicos estaba muy lejos de carecer de perspectivas integradoras de los intereses industriales de la periferia.

La crisis de subsistencias de 1867 añadió otro elemento de distorsión: las dificultades para importar, aun en años de escasez y carestía, sumadas a las exportaciones cuando los precios en Europa eran altos, acabaron de confirmar la convicción pública de los inconvenientes del proteccionismo. El malestar y las revueltas sociales, la solicitud de libertad de importación por algunas autoridades provinciales y la inestabilidad política acrecentada por todo ello hicieron que Narváez autorizara, primero temporalmente y luego de manera definitiva, la importación de cereales y prohibiera su exportación. La primera de las medidas significó, en la práctica, el final del prohibicionismo. Durante esta etapa se hizo evidente también que la protección tenía efectos negativos sobre la fluidez del mercado interior: al generar un elevado comercio de contrabando, obligaba a mantener un conjunto de controles sobre los tráficos en el interior del país que dificultaba la integración plena del mercado.[222]Hubo intentos, en este final de reinado, de eliminar restricciones. Así, por ejemplo, la supresión del impuesto de portazgos bajo O’Donnell, la cual, sin embargo, fue anulada por Narváez, quien, además, impuso por razones fiscales otras trabas a la circulación de mercancías.

La intervención del Estado ante la diversidad social y económica española

En los diferentes ámbitos de la política económica que acabamos de ver se apunta, de manera reiterada, una cuestión central: en qué medida las decisiones de política económica estaban condicionadas o se veían modificadas en la práctica por los intereses de las elites locales y regionales. Este problema cobra importancia si tenemos en cuenta la diversidad regional de las estructuras económicas. Desde luego, el predominio abrumador de la agricultura en casi todo el territorio español daba a las medidas de política agraria una destacada centralidad. De hecho, gran parte de las decisiones tomadas por el Estado en estas décadas se encuadraba dentro de la política agraria en algún sentido, hasta el punto de que, como afirma Juan Pan-Montojo en el artículo incluido en el presente volumen, este ámbito constituía el núcleo del proyecto político que los distintos liberalismos tenían para el país. Sin embargo, en los lugares donde la actividad industrial tenía un peso mayor, como es el caso de una parte de Cataluña, el Estado se encontraba ante unas relaciones sociales peculiares. Una historiografía de gran arraigo, deudora del discurso procedente de las propias elites regionales, ha enfatizado el descontento tanto de éstas como del conjunto de la sociedad respecto al modo en que el Estado central gestionó estas economías industriales. Por un lado, se ha destacado el temor de los sectores dominantes en la sociedad española ante la industrialización y los cambios sociales que comportaba.[223]Por otro lado, el Estado, tanto en el período isabelino como durante la Restauración, habría sido incapaz de afrontar de modo eficiente las «complejidades de la sociedad industrial» y, en especial, la institucionalización de las relaciones laborales. Es ésta, sin duda, una pieza fundamental en la visión, tan difundida en la historiografía económica, de la falta de adecuación de las iniciativas estatales para estimular el desarrollo económico en su vertiente más avanzada.[224]Los trabajos de Genís Barnosell y Albert Garcia contenidos en este libro ofrecen elementos para discutir tales tesis desde una óptica nueva.

Por lo que respecta a la agricultura, según Pan-Montojo, la política liberal se enfrentó a un dilema fundamental, fruto de la enorme diversidad de las estructuras sociales en el campo español y de las propias limitaciones de la acción pública en el siglo XIX: delegar en las elites de propietarios la concepción y puesta en práctica de gran parte de la política agraria o, por el contrario, impulsar desde arriba unas iniciativas más uniformes sin contar con la diversidad de intereses de las fuerzas locales. Se impuso la primera de las soluciones y a ello habría contribuido decisivamente la debilidad del aparato estatal. Este resultado, sin embargo, no fue muy distinto en el resto de Europa occidental, donde el Estado contó con diferentes sectores de la propiedad para administrar el territorio. Allí, como en España, este proceso aportaría estabilidad política y consenso entre las elites, en el paso hacia la sociedad industrial.

Desde esta perspectiva el autor analiza cuatro aspectos básicos de la política agraria: la reforma de la propiedad de la tierra, la reordenación de la sociedad rural, la creación de un mercado nacional y el fomento de la mejora técnica de la agricultura. En todos los casos, el Estado mantuvo, hasta el giro producido con la Restauración y la crisis agraria de finales de siglo, límites importantes a su intervención. Así, la consecución de un libre mercado de tierras fue resultado tanto de medidas decretadas como de iniciativas desde abajo (repartos de tierras de los municipios, roturaciones arbitrarias). El concepto abstracto de propiedad, ligado a los derechos individuales, tuvo, en la práctica, una plasmación más «imperfecta», en la cual muchos derechos del pasado se vieron eliminados, al tiempo que otros se incorporaban a un conjunto en el que las grandes transferencias de tierras habían alterado la base social de la propiedad inmueble. Así pues, las medidas generales tuvieron impactos muy diferentes según las regiones, del mismo modo que sucedería con las normas sobre el uso del suelo, la gestión de los recursos colectivos (montes, agua) o las iniciativas de fomento del cambio técnico. Por su parte, la política comercial dio lugar a coaliciones de intereses muy distantes en otros aspectos (como la que unió a los cerealistas con los industriales catalanes), que influyeron decisivamente en el diseño del mercado nacional que impulsaba el Estado. En definitiva, el trabajo de Pan permite poner en cuestión el dirigismo estatal durante la época isabelina y plantea la importancia de los ámbitos locales de influencia, que se habían ido gestando desde la revolución liberal.

Esta capacidad de adaptación de las intervenciones del Estado a las características y los intereses de los sectores sociales dominantes en las diferentes agriculturas españolas ha sido cuestionada, sin embargo, en lo que respecta a la política industrial. No en todos los ámbitos, sin embargo, pues existe consenso en que el Estado dio una respuesta favorable a las demandas industrialistas en materia de protección arancelaria y mantuvo una baja presión fiscal sobre los beneficios empresariales. Se ha suscitado que la legislación sobre sociedades anónimas pudo haber frenado la expansión empresarial, en lo que algunos autores han considerado una actitud antiindustrialista. Sin embargo, estudios más recientes subrayan el extendido recelo que suscitaba en toda Europa el principio de la responsabilidad limitada, de modo que en España su plena autorización, en 1869, apenas registró un retraso superior a una década con respecto a la pionera economía industrial, Gran Bretaña. El hecho de que incluso en el «taller del mundo» estuviera lejos de generalizarse resta mucha de su fuerza al significado antiindustrialista que se le ha querido otorgar a este desfase en el caso español.[225]

En cambio, en el terreno de las tensiones sociales, muy peculiares en las zonas industriales con respecto a la mayoría agraria del país, el Estado habría fracasado a la hora de institucionalizar las relaciones laborales. Ello habría contribuido a la intensa conflictividad que caracterizó a estas zonas y al desapego de amplios sectores sociales hacia el poder central, todo lo cual sería una de las claves de la particularidad social y política catalana. Los trabajos de Barnosell y Garcia Balañà permiten reconsiderar esta visión desde una perspectiva que sitúa en primer plano el cambio continuo de las relaciones sociales en torno al trabajo fabril, una dinámica que era muy visible –aquí como en el resto de Europa– en estas décadas decisivas de la industrialización. Como consecuencia, ambos artículos parten de que las necesidades y las demandas en materia de política laboral eran cambiantes. Sin embargo, muestran también que se mantuvo constante la opinión de los empresarios catalanes y sus portavoces políticos sobre cuál era el grado adecuado de intervención en las relaciones laborales: el Estado no debía regular unas relaciones que, presididas por la libertad de los agentes, pertenecían al ámbito estricto de la sociedad civil. En este terreno aspiraban a un Estado mínimo, sin obligaciones importantes que requirieran nuevos gastos e impuestos.

Según el trabajo de Barnosell, fueron los sindicatos de trabajadores industriales los que defendieron, hasta la década de 1850, un modelo sociopolítico en el que el Estado debía establecer el marco adecuado para una negociación equilibrada de las condiciones de trabajo. En esta demanda hacían uso del lenguaje y los principios del liberalismo, asumiendo así los aspectos más universalistas de este ideario político. El contexto de estas aspiraciones estaba dominado por una transformación del sistema productivo que, aunque apuntaba a la proletarización, se caracterizaba por formas diversas de organización del trabajo y por modalidades de fábrica en las que la separación entre capital y trabajo no era todavía plena. Esto daba lugar a una gran diversidad dentro del mundo del trabajo. Así, el proyecto «reformista» de las agrupaciones de trabajadores destacaba ideas como la distribución equitativa de las ganancias o la dignidad obrera. Al mismo tiempo valoraba la política como terreno necesario para la consecución de tales objetivos, de un modo que aunaba reforma social y derechos políticos. El sindicalismo barcelonés coincidió con un sector del progresismo durante las décadas de 1840 y 1850 en propuestas que pueden ser consideradas interclasistas.

Sin embargo, esta vía no se consolidó. Sería sustituida, a lo largo de la segunda mitad del siglo, por la confrontación entre el capital y el trabajo y por el distanciamiento obrero con respecto al sistema político. A la hora de explicar este resultado decisivo para la historia española contemporánea, Barnosell muestra que el papel del Estado en el conflicto laboral, que generaba el desarrollo de la industria, no es comprensible sin atender a los cambios socioeconómicos y a la dinámica de los lenguajes políticos que operaban en Cataluña y España desde hacía décadas. Tres hechos serían determinantes: la elaboración, por parte de los sindicatos, de un discurso centrado en la idea de «clase obrera» a fin de hacer frente a la heterogeneidad de los oficios; el cambio técnico en la industria, que los progresistas defendían y muchos trabajadores rechazaban, en tanto que empeoraba su relación de fuerzas con respecto a los empresarios, y la percepción –presente entre las elites y el mismo Estado– de los peligros que encerraba la sociedad industrial y urbana, en un contexto de inestabilidad institucional en el que estaba en cuestión la forma definitiva que adquiriría el sistema político. En conjunto, todo ello configuraba el mundo social de la industria, visto desde el poder central, como una peculiaridad catalana.

Ante estos peligros, el Estado y las elites regionales coincidieron en identificar la cuestión obrera como un problema de orden público. Esto llevaba a excluir la reforma social, a aceptar como suficiente la precaria red asistencial que se estaba construyendo y a mantener la represión como remedio preferente. Los patronos se mostraron contrarios a que las condiciones de trabajo fuesen reguladas por el poder central, que tampoco promovió grandes iniciativas en este sentido. Por ello, las críticas de las elites catalanas al centralismo moderado no se debían, según Barnosell, a su desacuerdo con la represión, sino que apuntaban a la incapacidad de ese Estado para ponerse de acuerdo sobre el uso de la violencia con los sectores dominantes en la región. Lo que éstos echaban en falta era un acuerdo que les permitiera, en ausencia de intervencionismo regulador, consolidar su posición social y política.

La relación entre la iniciativa económica estatal y los intereses de las elites regionales en Cataluña, tema que ocupa un espacio importante en las discusiones historiográficas, es el centro también del artículo de Albert Garcia. Como en el caso anterior, el autor problematiza las ideas recibidas en este terreno. Su análisis pone de manifiesto que los patronos catalanes rechazaron los intentos del Estado, en especial durante las fases progresistas y democráticas del Bienio y el Sexenio, de regular y fijar las relaciones laborales en la industria. Este rechazo a iniciativas que, desde arriba, tendían a aproximar el marco institucional español al de los países industriales de Europa estaba enraizado, a su vez, en el proceso de cambio que afectaba, durante esas décadas, a la organización del trabajo en las fábricas. La nueva tecnología textil permitía que la autoridad empresarial socavara el poder de negociación y la autonomía que los hiladores varones habían adquirido en la fase tecnológica precedente. En esta interpretación, por tanto, aparecen estrechamente ligados dos ámbitos: las relaciones sociales en el terreno concreto de la producción y los vínculos, con su traducción política, entre los diferentes sectores sociales y el Estado liberal.

A su vez, los resultados de estas pugnas condicionaron la evolución de las relaciones entre el Estado y la sociedad industrial en la etapa siguiente, durante la Restauración. A partir del Sexenio ya no volvieron a producirse las alianzas interclasistas entre obreros y sectores del progresismo burgués. Los sindicatos se orientaron hacia el apoliticismo, mientras hacía su aparición, entre las elites catalanas, un nuevo modelo de organización de las relaciones sociales en la industria: la colonia, como alternativa a la fábrica urbana. Para sus promotores, era un ámbito en el que podían establecerse relaciones laborales de tipo paternalista, frente a un Estado distante e incapaz de construir consensos. Sin embargo, si la idea de las colonias cobraba fuerza en los momentos de mayor conflictividad, que alimentaban la utopía de la armonía social, para Garcia Balañà también estaban estrechamente relacionadas con el rechazo de los empresarios a los intentos reformistas en materia de inspección laboral, seguros obligatorios y condiciones de trabajo. La colonia como espacio autorregulado formaba parte, pues, de esa utopía que aspiraba a aislar el trabajo de las tensiones de la sociedad industrial. Si, al final, los trabajadores –es decir, una parte amplia de la sociedad catalana– pudieron sentirse cada vez más ajenos a un sistema político que no los protegía, las elites empresariales no fueron un sujeto pasivo en este resultado, sino un protagonista central. Este enfoque representa, por tanto, una alternativa fundamentada a la visión según la cual el apoliticismo obrero habría sido consecuencia del imperio de un liberalismo conservador y de un Estado liberal «fracasado» desde el inicio.

LA PROYECCIÓN DEL ESTADO EN LA COMUNIDAD NACIONAL

El siglo XIX fue el de «la construcción nacional». La nación fue, en efecto, la única legitimación segura de los Estados cuando la soberanía del rey fue destruida o modificada. Estado y nación parecían ser, pues, el fruto de un proceso histórico general en la Europa decimonónica. También se consideraron la constatación del fracaso español. Para la literatura de corte regeneracionista, como se ha señalado en páginas anteriores, el Estado decimonónico faltó también a esta cita ineludible, la de hacer la nación española.

No hay duda de que el debate por excelencia de la historiografía española de los últimos quince años ha sido el de la nacionalización. Desde que Borja de Riquer lo propusiera, a principios de los años noventa, no ha desaparecido de la agenda investigadora. Si bien la tesis de la débil nacionalización ya había sido apuntada veinte años antes por el sociólogo Juan José Linz, han sido los planteamientos del historiador catalán los que han dominado el panorama de la comunidad científica y promovido una viva discusión. En este sentido, puede afirmarse que las pretensiones que le animaron, allá por 1992, cuando presentó en Salamanca su hipótesis de trabajo, han sido satisfechas.[226] Desde entonces, el debate sobre las identidades no ha hecho más que crecer, si bien –hay que reconocerlo– con más voluntad de reflexión teórica que análisis con base empírica suficiente, capaz de contrastar las hipótesis enunciadas.

A raíz de su propuesta, el nacionalismo español y la difusión de la identidad nacional se han convertido en objeto de estudio historiográfico.[227] En realidad, el primero ya había sido centro de atención por parte de, entre otros, José Antonio Maravall y José María Jover décadas antes. En ambos casos, se primaba la perspectiva ideológico-política de análisis y una visión dual del nacionalismo, entre un discurso de nación reformista, democrático, prospectivo y optimista –propio, como escribió Jover, de progresistas, republicanos y demócratas– y otro de carácter moderado, meramente retrospectivo, identificado con el centralismo estatal y hegemónico en el siglo XIX. Ya en 1972, Maravall se lamentaba de que la historia del nacionalismo en España estuviera todavía por hacer y apuntaba la existencia de dos trayectorias: la de «un nacionalismo dinámico, expansivo, hacia fuera, agresivo –al modo del que se dio en los fundadores de la Tercera República» francesa– y la de «un nacionalismo estático, interno, defensivo, vuelto hacia atrás», del que Cánovas del Castillo fue un destacado representante.[228]

Doce años después, Jover seguía insistiendo en la laguna historiográfica que había sobre el particular. Aun siendo consciente de la ausencia de análisis, este autor no tenía duda alguna de que «la hora» europea de los nacionalismos también había sonado en España. En este caso, el nacionalismo tenía «dos líneas maestras de referencia»: la trayectoria del moderantismo, que representaba los intereses de «las elites de poder que han llevado a cabo una revolución burguesa limitada, mediante un compromiso con los antiguos estamentos», y la del progresismo (y sus derivaciones demócratas y republicanas). El nacionalismo español se expresó a través de unas vías claramente encuadrables en las coordenadas europeas del siglo XIX: la difusión de «la historia general de España»; la política de expediciones militares de la Unión Liberal –que, al invocar los sagrados intereses de la patria, daba satisfacción también «a la sensibilidad nacionalista de unas clases medias y populares»–; el iberismo, o, por último, la tradición federal. En el planteamiento de Jover, por tanto, no sólo había habido un nacionalismo español, sino que también existía una sociedad con una sensibilidad nacionalista, estimulada por la historia, la literatura, el teatro, etc. De este modo, el carácter «retrospectivo» del discurso y de la práctica nacionalista del hegemónico liberalismo, incapaz de generar un proyecto común de futuro y más proclive a ensalzar las glorias del pasado, limitaba y condicionaba la legitimidad de las instituciones estatales, pero no ahogaba necesariamente el sentimiento nacional entre sectores sociales diversos.[229]

Las conclusiones de Jover no fueron entonces unánimemente compartidas. En efecto, era un lugar común de la historiografía de la década de 1980 negar –más por consideraciones políticas que por razones científicas– la existencia de un nacionalismo español, en caso de que se planteara tal problema.[230]La propuesta de Jover, de todas formas, abrió el camino para los estudios de historia cultural sobre la construcción del Estado-nación. En especial, la investigación ha avanzado con pasos sólidos en el conocimiento de los registros a través de los cuales se formaron las identidades colectivas: la historia y los símbolos nacionales, sobre todo.[231]

A finales de la década de 1980, dos planteamientos pugnaban, con desigual resonancia, en la escena historiográfica respecto a la capacidad nacionalizadora del Estado del siglo XIX.[232]Por un lado, Andrés de Blas Guerrero sostenía la equiparación del caso español en el contexto europeo –más allá de singularidades contrastadas–, por lo que se refiere al significado del Estado en el surgimiento de España como realidad nacional de signo político. El nacionalismo español del siglo XIX se caracterizaría por una «relativa debilidad», en la medida en que sería un recurso innecesario en la vida española, como sucedía también en Inglaterra. Los desequilibrios económicos regionales se canalizaron, sin embargo, hacia la defensa de una política proteccionista, que reforzó «la integración económica del Estado» y ayudó «a la consolidación de una burguesía española. Española porque, más allá de innegables particularismos regionales y sectoriales, quedará unificada en la realidad de un mercado español, bajo el estímulo, también bajo el peso, de una misma Administración». Lo que Blas Guerrero apuntaba era, pues, la firmeza del Estado hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XIX, lo que explicaría el carácter tardío del nacionalismo español, en «un viejo Estado carente de una seria política expansiva y sin importantes desafíos internos o externos capaces de animar el despertar que al fin se producirá con la crisis finisecular». Fue esa realidad estatal, no cuestionada ni por el carlismo ni por la práctica juntista, la que impulsó la construcción nacional de España.[233]

Por otro lado, Juan Pablo Fusi sostenía que el problema de la organización territorial del Estado obedecía a su «mucha debilidad», tanto en el siglo XvIII como todavía en la centuria siguiente. La ausencia de prestigio y de poder de ese Estado explicaba la realidad de una España poco vertebrada o cohesionada socialmente, así como la pervivencia de identidades locales y regionales: hasta bien entrado el XIX, «la localidad, la provincia, la comarca y la región –y no la nación– fueron el verdadero ámbito de la vida social». El nacionalismo español –algunos de cuyos elementos ya se habían manifestado en el siglo ilustrado– fue

evidentemente débil como fuerza de cohesión social del territorio español. Pese a las tendencias centralizadoras que inspiraron la creación del Estado español moderno, la fragmentación social y económica del país siguió siendo (...) considerable hasta que las transformaciones sociales y técnicas terminaron por crear un sistema nacional cohesivo, lo que no culminó hasta las primeras décadas del siglo XX.

La debilidad del nacionalismo español obedecía así a la propia debilidad, pobreza e ineficiencia del Estado y de la Administración central. La formación de una nacionalidad común fue el resultado de un largo proceso social de asimilación que exigió el crecimiento económico (mercado nacional), el desarrollo urbano, la presencia de un sistema de educación unitario y común, la expansión de los medios de comunicación de masas, el surgimiento de la opinión pública y la progresiva socialización de la política. Sus efectos pudieron comenzar a percibirse en torno a 1900. Para entonces, «España era ya una entidad nacional cohesiva y vertebrada».[234]

Las tesis de Fusi eran coincidentes, en líneas generales, con los planteamientos que a la altura de 1990 sostenía Borja de Riquer sobre el nacionalismo y el Estado españoles. La innegable debilidad del primero habría limitado de manera aguda su capacidad como fuerza de integración social, y la debilidad, pobreza e ineficiencia del segundo habrían tenido como resultado la extrema fragmentación de España y la vitalidad del localismo.[235]

Fusi señalaría tiempo después que a lo largo del siglo XVIII se había avanzado mucho «en la cristalización (elaboración, descubrimiento, según se quiera) de una idea de nacionalización claramente española». El problema sería que la España del siglo XIX «se había quedado sin Estado», a raíz de la crisis iniciada en 1808: cómo articular «un verdadero Estado nacional» fue el gran reto de la contemporaneidad. Un problema complejo que todavía se complicaría más por una serie de factores: «la simultaneidad desde principios del siglo XIX de dos procesos: el desarrollo de una conciencia española verdaderamente nacional (un nacionalismo español sentimental y emocional) y la aparición de los prenacionalismos y luego de los nacionalismos»; la debilidad del nacionalismo sentimental español como fuerza de cohesión social y de vertebración territorial del Estado español; el desarrollo tardío de la maquinaria administrativa del Estado, y, por último, los fuertes desequilibrios regionales de la economía española. En este sentido, y para este autor, Azaña y Ortega y Gasset habían tenído razón. No obstante, los sentimientos nacionales y las ideas de España habrían impregnado la política española y, probablemente, la conciencia colectiva de gran parte de la sociedad –extremo de casi imposible comprobación– a lo largo del siglo XIX de forma, además, progresivamente más articulada y explícita. Los ejemplos de ese vago y genérico patriotismo españolista –que no era todavía nacionalismo político sino, en todo caso, pura y simple emoción nacional– eran en extremo abundantes y se manifestaban a muy distintos niveles, desde la nacionalización de la cultura hasta el patriotismo de las clases populares, manifestado en 1859 y 1860, en 1885, o en las aclamaciones masivas hacia la figura de Isaac Peral en 1890.[236]

Estado liberal y nacionalización española

Como se ha señalado, Linz estableció –en el marco interpretativo de la teoría de la modernización– el esquema básico de la debilidad nacional española por el que discurriría tiempo después la polémica. Al igual que en la propuesta de Borja de Riquer, el Estado se convertía en el principal responsable del surgimiento de los nacionalismos periféricos a finales del siglo XIX, en la medida en que no fue capaz de generar una sólida identidad nacional a través de mecanismos nacionalizadores tan esenciales como la educación o el servicio militar. El fracaso del Estado español en el contexto europeo era, según esta perspectiva, inapelable.[237]

Borja de Riquer argumentó históricamente este planteamiento, al ofrecer una lectura del siglo XIX que enlazaba distintos planos de análisis. Aquí radica mucha de la fuerza de su modelo interpretativo del proceso de construcción nacional española por parte del Estado liberal. La debilidad de esta nacionalización –lo que, de modo implícito, se presenta como requisito para que se consolidaran identidades nacionales alternativas a la española– obedecía a factores políticos, económicos, sociales y culturales desencadenados a raíz del triunfo de la revolución liberal. Las peculiaridades de la construcción y el funcionamiento del régimen liberal habrían determinado los canales disponibles para crear una conciencia nacional española. Esos rasgos específicos procedían de un Estado cuya fragilidad política, social y económica le hacía ser muy ineficaz a la hora de protagonizar y dirigir el proceso de nacionalización. Éste, según Borja de Riquer, implica dos dinámicas estrechamente vinculadas: la integración política, cultural e ideológica, y la identificación con las instituciones liberales, sus símbolos y el discurso histórico justificador de todo ello. En ambas instancias, el Estado liberal habría faltado a la cita. Y faltó porque su origen obedecía a una revolución, la liberal, que –siguiendo una tesis que hemos venido discutiendo en este trabajo– habría consistido en un pacto implícito, en torno a la propiedad de la tierra, que habría consolidado un régimen bajo el control de elites conservadoras, más ligadas a los intereses agrarios que a los de la burguesía industrial. El Estado, creado con tales condicionantes, sólo habría tenido dos prioridades desde la década de 1840: la defensa de la sociedad de los propietarios y la represión de los movimientos populares, tanto progresistas y republicanos como carlistas. En esa tesitura, el Estado-nación no se habría legitimado ante muchos sectores sociales, porque su elite dirigente no ejerció una hegemonía política y cultural que se apoyase en un proyecto nacional coherente. De este modo, el desprestigio del Estado, que en ningún momento pretendió aquella integración, habría implicado necesariamente la debilidad de la identificación con la nación española.

La acción del Estado es la clave del proceso nacionalizador a lo largo del siglo XIX, según Borja de Riquer. En España, ésta fracasó por la propia debilidad de los instrumentos nacionalizadores: un sistema educativo muy deficiente, que en vez de difundir un discurso patriótico desplegó un sistema cultural clerical y reaccionario; una administración que no fue capaz de imponer la homogeneización en las pautas de construcción interna del Estado y un sistema militar profundamente impopular y socialmente injusto. De esta manera, la reducida eficacia de la acción unificadora estatal –mediante una administración patrimonializada y poco moderna, que nunca fue canal de transmisión de las demandas sociales desde la periferia al centro–; la persistencia de identidades previas a la nacional, impulsadas, a su vez, por el marcado carácter localista de la política española; la escasa vertebración económica y social del país, que impidió la formación de una auténtica burguesía nacional; la hegemonía de un nacionalismo español conservador, retrospectivo y tradicional, que abortó toda alternativa cívica, capaz de crear consensos y movilizadora de la nación, y la ausencia de un acuerdo liberal acerca de los símbolos nacionales –bandera, himno y conmemoraciones– condicionaron una nacionalización débil que, además, fue sentida como tal.

A pesar de voces discordantes procedentes sobre todo de la historiografía valenciana, la tesis de Borja de Riquer se convirtió en los años noventa en la base interpretativa sobre el nacionalismo y el alcance social de la identidad nacional española. Xosé Manoel Núñez Seixas sintetizaba a la altura de 1999 ese esquema de interpretación, al situar en el centro del problema la «incompleta transformación» de España en un Estado nacional, «muy lastrado por sus concesiones al Antiguo Régimen». Las lagunas y deficiencias del Estado nacional se fundaban en la persistencia de etnicidades diferenciales en distintas zonas de España, así como en la debilidad de la difusión social de un sentimiento de pertenencia a la nación política identificada con el Estado. El «fracaso relativo» obedecía, en última instancia, a «la escasa disposición o capacidad, o bien ambas a la vez, del Estado articulado por los liberales moderados para llevar a cabo ese programa “nacionalizador”».[238]Los factores de ese fracaso serían los siguientes: el bajo grado de desarrollo industrial y su desequilibrio territorial, que hacía que no hubiera correspondencia entre los centros industriales y los de decisión política, así como que tampoco existiera con respecto a la extracción geográfica de las elites políticas dirigentes del Estado y de la Administración; las divisiones entre absolutismo y liberalismo y en el interior de esta corriente; la débil eficacia de los instrumentos de nacionalización, debido a las insuficiencias modernizadoras del Estado liberal; la ausencia de un enemigo exterior a lo largo del siglo XIX; un sistema político caracterizado por el permanente bloqueo a una democratización progresiva y el predominio del clientelismo y del caciquismo, a pesar de la adopción del sufragio universal masculino en determinados momentos del siglo, y, por último, la oposición frente al Estado por parte de sectores integristas de la Iglesia católica.

En este modelo interpretativo global del siglo XIX, la acción del Estado adquiere un significado fundamental. A este respecto, se destacan cinco planos de despliegue estatal en la sociedad civil. En primer lugar, el monopolio del centralismo legal y administrativo por parte de unas elites moderadas o conservadoras, interesadas en la desmovilización del cuerpo social y, por tanto, en desactivar cualquier atisbo de nacionalismo en clave de soberanía nacional, es decir, reformista, con proyecto de futuro. Ello favorecería la ya de por sí muy limitada conciencia de la nación española entre esos sectores dominantes, convencidos por lo demás de que España estaba ya hecha y, en consecuencia, no había necesidad de fortalecer una identidad que se daba como natural. En segundo lugar, el sistema educativo no fue capaz, por sus propias deficiencias internas y financieras, de alfabetizar a la mayoría de la población, imponer el castellano como lengua única en la vida cotidiana e inculcar un sistema de valores patrióticos y cívicos, dada la fuerte tutela que ejercía la Iglesia católica sobre la enseñanza estatal. En tercer lugar, el ejército nunca fue nacional ni obligatorio para todos por igual y su impopularidad entre las capas bajas de la población tuvo en las agitaciones contra las quintas –continuas a lo largo de la centuria– su máxima expresión. A esta oposición se uniría a finales de siglo el alto porcentaje de desertores y prófugos de las guerras coloniales. En cuarto lugar, una deficiente unificación simbólica del Estado, al tiempo que este ámbito se constituía en un terreno de lucha político-cultural. A diferencia de otros Estados de la Europa occidental, las elites dominantes no tuvieron una política de difusión simbólica del patriotismo. Por último, un incompleto desarrollo de la Administración civil del Estado y, por tanto, de su potencia modernizadora. El agudo centralismo administrativo conducía, en la práctica, a criterios alejados de las necesidades de la ciudadanía, a la pervivencia de lealtades sociales de los antiguos marcos territoriales y al mantenimiento de especificidades jurídicas y forales. Todos estos factores configurarían, pues, un Estado débil, incapaz de difundir con éxito la identidad nacional española y con escaso arraigo social. Lo que en parte explicaría la fuerza de los nacionalismos alternativos a partir de finales del siglo XIX.

La propuesta sobre la débil nacionalización española, tal y como la formuló Borja de Riquer, era un conjunto de hipótesis que requerían una exhaustiva investigación. Sin embargo, se convirtió en un modelo interpretativo global que clausuraba la discusión científica, cuando no era éste el objetivo original de sus promotores. Sin discutir explícitamente ese modelo, Josep Maria Fradera propuso a principios también de la década de 1990 un esquema alternativo que llegaría a alcanzar un éxito notable: el lenguaje del doble patriotismo, «la suma de la cultura nacional i de particularisme polític». Para Fradera, este punto de arranque del nacionalismo catalán se constituyó en un contexto especialmente dramático para la burguesía catalana: el definido por la revolución liberal y el proceso industrializador. Las prácticas regionalizadas de la cultura burguesa, basadas en la manipulación del patrimonio étnico heredado, reflejaban profundas incomprensiones entre el Estado liberal y la clase dirigente catalana, pero no eran «una arma dirigida contra el fonaments del patriotisme espanyol, que constituïa un dels factors claus de legitimació de la propia revolució liberal també a Catalunya». A medio plazo, el doble patriotismo ni amenazaba la convivencia con la acción unificadora del Estado y del nacionalismo español, ni competía con el patriotismo español. De este modo, la burguesía catalana pudo desplegar una función intermediaria entre el Estado y la sociedad y no intentó subvertir el consenso básico que conformaba el Estado liberal, «el seu estat llavors i ara».[239]

Fueron, no obstante, los historiadores Ferran Archilés y Manuel Martí los primeros que impugnaron explícitamente la interpretación de Borja de Riquer, a la luz de los conocimientos alcanzados en otros campos, sobre todo en los del proceso revolucionario liberal, y ampliaron la propuesta de Fradera. En síntesis, estos investigadores han sostenido la necesidad de una mayor y más amplia comparación con otras dinámicas de construcción nacional, más allá del ejemplo francés, convertido, a través de la lectura que de la experiencia francesa hizo Eugen Weber, en modelo ideal típico, es decir, normativo, de lo que hubiera sido una dinámica triunfante. En segundo lugar, han considerado la importancia de la cronología en un proceso que es eminentemente histórico. Esto significa que el impulso nacionalizador de los Estados debe ser ponderado en cada una de las grandes etapas de constitución de la sociedad contemporánea: los intereses en juego no eran idénticos en la política liberal de mediados del siglo XIX con respecto a los que existían en la política y la sociedad de masas de finales de la centuria y primeras décadas del siglo XX. En tercer lugar, una interpretación del caso español atenta a las interrelaciones entre los planos sociales, económicos, políticos y culturales debe poner en cuestión el paradigma de la historia de España como fracaso, consolidado en la década de 1970.[240] En cuarto lugar, y estrechamente vinculado con lo anterior, Archilés y Martí han insistido en un enfoque analítico de la nacionalización que atienda, no sólo a la variable desde arriba (el Estado), sino también a las vías y plataformas surgidas dentro de la sociedad civil y promovidas por ella. A este respecto, no puede desdeñarse el carácter nacionalizador que tuvo precisamente la revolución liberal en España y su bandera por excelencia, la soberanía nacional. Por último, estos autores han privilegiado la perspectiva de la construcción sociocultural de la región como vía efectiva de nacionalización española.[241]

En definitiva, la tesis de Borja de Riquer se fundamenta en una propuesta metodológica y en una interpretación del proceso revolucionario liberal que hoy es preciso discutir. La propuesta metodológica identifica Estado y nación y presupone un tipo ideal de nacionalización basado en la hegemonía de una cultura nacional, global, consensual y no conflictiva. La interpretación del proceso revolucionario parte de una historiografía cuyas claves explicativas han sido cuestionadas por la investigación empírica, como hemos destacado en los apartados anteriores.[242]

Tiene razón Borja de Riquer cuando señala que los regímenes liberales pretendieron identificar Estado y nación. Pero esa meta debe ser investigada empíricamente, no formulada como un a priori analítico. Siguiendo a Benedict Anderson, la nación es una «comunidad imaginada», definición que no cabe dar precisamente al aparato estatal. Por ello mismo, el proceso de construcción y difusión de la identidad nacional española obliga a atender a otros agentes o mecanismos de socialización nacional, más allá del Estado. La relevancia que éste adquirió a finales del siglo XIX, como impulsor de procesos nacionalizadores en toda Europa, no puede proyectarse al pasado. El impulso hacia la nación en Italia o Alemania, por ejemplo, procedía de grupos diversos del mundo liberal, antes de que controlasen sus respectivos Estados, dentro de un largo proceso desarrollado en el marco de cartas otorgadas y la primacía de la Corona sobre la representación nacional.[243] En segundo lugar, y estrechamente relacionado con lo anterior, tampoco se puede identificar de manera apriorística Estado fuerte y Estado-nación. El panorama europeo ofrece algunos ejemplos de la dificultad de asociar ambas variables. Tal es el caso de Portugal, donde ni se desplegó una potente maquinaria estatal ni ésta se caracterizó por su eficacia nacionalizadora y, sin embargo, el grado de cohesión nacional alcanzado no parece que haya sido discutido por la historiografía. Incluso, habría que plantearse hasta qué punto se puede establecer un nexo biunívoco entre la nación y el Estado.[244] Por último, a partir de las propuestas en torno al «giro cultural» en las ciencias sociales y en la disciplina histórica, y, particularmente, los estudios sobre culturas políticas, parece esbozarse un relativo consenso sobre la necesidad de analizar la cultura (en este caso, la cultura nacional), no como funcional al sistema político y social, sino como un terreno inherentemente conflictivo.

Esto es especialmente pertinente en el caso español, en el que la evolución de signo oligárquico del Estado conservador no ahogó tradiciones de lucha política que concebían la nación como la mejor arma de combate. La peculiar herencia de la soberanía nacional gaditana, que tuvo un enorme componente movilizador, no dejó de ejercer un influjo significativo hasta finales de siglo. Vale la pena destacar que esta herencia, por un lado, tenía claros efectos nacionalizadores, pero, por otro, funcionaba en el sentido de cuestionar el Estado existente.[245] En el caso del republicanismo, las investigaciones señalaron hace tiempo el significado central que tenía la nación española dentro de esa cultura. Ni siquiera el de corte federal o, más aún, el cantonalismo insurreccionalista de 1873 se propusieron la fragmentación de España o abogaron por el desarrollo de identidades alternativas a la española, al menos hasta la década de 1880 por lo que respecta a un sector del federalismo catalán. Con más razón puede afirmarse lo mismo de la otra gran rama del liberalismo español, la progresista. Su cultura política situaba la nación, y la soberanía nacional española, en el centro de su imaginario social. En todos estos casos, las críticas al Estado realmente existente –liberal-conservador, antidemocrático y obsesionado por el orden público, como bien señala Borja de Riquer– no se deslizaron hacia una deslegitimación fundamental de España como nación. El componente nacional no ha sido tan analizado en el caso del carlismo para este período, si bien es conocida su trascendencia en las nuevas configuraciones nacionalistas del siglo XX. Aunque en un marco de referencias políticas muy alejado de la concepción liberal del Estado-nación, también en el absolutismo se reflejó el impacto del protagonismo nacional como criterio legitimador imprescindible de su proyecto.[246]Carlistas como Magí Ferrer plantearon una vía especial de afirmación de la identidad española que les hacía reivindicar la autonomía foral como garantía «contra la democracia». De este modo, también el carlismo hizo gala de un intenso patriotismo español, lo que demuestra «la nacionalización de la derecha contrarrevolucionaria» ya hacia 1868.[247]

Ninguna de estas corrientes políticas puso en duda la individualidad de España, la existencia de la nación española, si bien existían claras divergencias en cuanto al alcance que debía tener la creación de un espacio político, legal y administrativo compartido por toda España. Estas contraposiciones se vinculaban al alcance de la movilidad social y la apertura de canales participativos que debía comportar el Estado nacional español. En este sentido, la apelación nacional se convirtió en la mejor crítica que podía hacerse al Estado moderado o conservador; y, por tanto, la presencia del conflicto político no parece que pusiera en cuestión los vínculos de identidad nacional. Más bien, podría señalarse que la presencia de ideologías en pugna, hasta una época avanzada de la Restauración, activaba dichos vínculos. En otras palabras, las culturas políticas se convierten en instrumentos o vías de nacionalización de enorme relevancia en la historia de España.

A partir de la Restauración, la trayectoria de la nación liberal eliminó la vía de la época isabelina que había permitido la identidad española de las provincias vascas a cambio de no aplicar en ellas elementos definitorios del Estado nacional. Por otra parte, la identidad española movilizadora, omnipresente en la primera mitad del siglo XIX, si bien no desapareció, se vio reformulada por la tendencia a eliminar la competitividad política y por la renuncia a la agitación política a raíz del triunfo del proyecto de Cánovas y la integración de la mayor parte del antiguo bloque revolucionario de 1868. Sería esta preferencia por desactivar los resortes de movilización y competencia en el terreno político la que a partir de 1876 y hasta 1885 impondría la nueva imagen de una nación española desmovilizada o «sin pulso», ante el poder centralista de un Estado tenido como remoto e ineficaz. Esta imagen adquiría un gran potencial político, especialmente cuando en Europa se evolucionaba hacia la época de los nacionalismos de masas. En definitiva, ni la Restauración era una simple continuación de la primera mitad del siglo, ni sus contornos pueden trasladarse a toda la centuria.

En el contexto del último tercio del siglo XIX, los grupos que forjaban proyectos políticos disidentes o mal integrados se plantearon aprovechar ciertas alternativas identitarias parcialmente diferentes de la española. La búsqueda de redefiniciones nacionales tuvo lugar, por tanto, cuando se había consolidado un consenso liberal que acabó con la esperanza, sentida durante las décadas previas, en una ampliación sustancial de la participación en la esfera pública política, y cuando los problemas del Estado y de la democracia fueron pensados en clave de integración nacional. No hay duda de que en las dos últimas décadas de la centuria el panorama de las interpretaciones identitarias experimentó, a escala del discurso y de algunos movimientos intelectuales y sociales, un realineamiento apreciable. Algunas corrientes comenzarían a enfocar el que hasta entonces había sido un componente regional de la identidad española. Al hacerlo, destacaban, de modo enfático y unilateral, pero con cobertura cientifista y sentimental a la vez, sus aspectos positivos mediante una combinación de tradición estilizada y expectativas de capacidad integradora, eficacia y modernidad que, en cambio, le negaban al Estado nacional español, o incluso a la misma nación española, supuestamente decadente.[248]El Estado español sería reinterpretado como un agente artificioso, alejado de las inquietudes del pueblo y sobre todo ineficaz. Se podría por tanto señalar que no siempre estaba asegurado el reforzamiento mutuo de la doble identidad, que había funcionado en la época anterior a la Restauración.

Un ejemplo de la importancia que para el estudio de la nacionalización tiene una perspectiva atenta a las dinámicas de la sociedad civil es el trabajo de Martín Rodrigo, editado en este libro. Este autor discute una historiografía catalanista que concibe la historia de Cataluña a partir de la oposición al Estado español, supuestamente centralista e inoperante. Para ello analiza el grado de implicación de este territorio en relación con el colonialismo y la política colonial española de la segunda mitad del siglo XIX: tres momentos de euforia colonialista (Cuba, 1869; Carolinas, 1885, y la guerra de Melilla, 1893), el surgimiento de asociaciones en defensa de los intereses catalanes en Cuba (Círculo Hispano Ultramarino) y la constitución de dos empresas que se beneficiaron de las fuentes de ingresos generadas por la economía cubana y filipina (Banco Hispano Colonial y la Compañía General de Tabacos de Filipinas, ambas domiciliadas en Barcelona).

Como había sucedido en la guerra de África (1858-1860), el «grito de Yera» embarcó a la sociedad barcelonesa en la organización y financiación, a través de suscripciones populares, de batallones de Voluntarios. En total fueron unos 3.600 hombres los enviados a Cuba en 1869, cifra que triplicaba el número de quintos que la provincia de Barcelona debía enviar a la isla. Esta operación fue impulsada por hombres de negocios, implicó a las autoridades locales y contó con un masivo apoyo popular. La despedida del Primer Batallón fue un destacado acto de masas, que perduró en la memoria colectiva de los barceloneses. Como señala Martín Rodrigo, cada vez que se cuestionó la dimensión colonialista del Estado español, los ciudadanos de Barcelona (y de Cataluña) fueron capaces de movilizarse en demostraciones de un marcado y agresivo patriotismo español, a la vez inequívocamente arraigado en la diferenciada identidad catalana, lo que llevaba a no aceptar soldados no catalanes en estas unidades. Era una identidad española que se manifestaba, a la vez, como forma de plasmar por vías organizativas y simbólicas la identidad diferente de Cataluña. En 1885, las pretensiones alemanas hicieron aflorar un sentimiento nacionalista español por todo el país. En Barcelona, la iniciativa movilizadora procedió de la sociedad civil (entidades empresariales) y se organizó una multitudinaria manifestación en defensa de la integridad nacional, cinco meses después de que se presentara ante Alfonso XII la Memoria en defensa de los intereses morales y materiales de Cataluña, conocido como Memorial de Greuges. Fue una fiesta de afirmación nacionalista española, a la que no faltaron ni el Centre Català ni Valentí Almirall. Almirall, padre del catalanismo político, formó parte de la comisión que redactó el manifiesto unitario de defensa de la dignidad de la patria española. En aquellas fechas, por tanto, el catalanismo político no se expresaba como una ideología opuesta, ni siquiera alternativa, al patriotismo español. El clima patriótico, nacionalista, volvió a repetirse con ocasión de la guerra de Melilla en 1893 y el embarque de Weyler hacia Cuba en 1896. En definitiva, las empresas colonialistas de la segunda mitad del siglo XIX suscitaron una amplia movilización ciudadana en Barcelona y, en ese contexto de apoyo a las formas más agresivas del colonialismo español, no hubo indiferencia popular. El doble patriotismo, el cultivo de lo propio y la adhesión a la idea de nación española, fue una vía de nacionalización española durante buena parte del siglo. De este modo, la defensa del imperio y la política imperialista española resultaron esenciales en la construcción de la identidad nacional española.

Si las iniciativas imperialistas eran capaces de generar tanto amplios consensos políticos como movimientos populares aún más amplios,[249] la supuesta debilidad de la nacionalización española en un espacio tan relevante como es Cataluña (bien significativo para el debate historiográfico) necesariamente debe ser discutida. Más aún, permite reflexionar sobre dos cuestiones presentes en aquel debate. Por un lado, la inserción de territorios con peculiaridades propias (historia, lengua, tradiciones) en el Estado liberal. Por otro, el interés de las elites del Estado por nacionalizar a la sociedad.

Respecto a la primera cuestión, el trabajo de Martín Rodrigo no deja lugar a dudas sobre la adecuación o complementariedad entre el Estado español y los hombres de negocios residentes en Barcelona en materia de política colonial. Ésta no se vivía como ajena, sino que por el contrario reflejaba intereses y propuestas articulados desde Cataluña. Las elites interesadas en la explotación de los recursos coloniales supieron y lograron asociarse –Círculo Hispano Ultramarino, fundado en 1871–, imponer la vuelta de la Monarquía y de un régimen conservador afín a sus expectativas y conseguir que el Estado finalmente asumiera como propias sus demandas de establecimiento de una línea regular de vapores entre España y Filipinas –obtenida en 1879–, el desestanco del tabaco en este archipiélago –conseguido en 1881– y una política que favoreciera el aumento de las exportaciones a la misma colonia, que el arancel de 1891 iba a permitir.

Es importante considerar esta cuestión cuando se alude a las limitaciones de la política unificadora del Estado y, en concreto, a la necesidad que tuvo éste de pactar con las elites regionales. La pregunta que cabe formularse es precisamente si la complementariedad entre uno y otras debe interpretarse como limitación o más bien como un logro de ambas partes.

Ésta es la reflexión que se desprende del trabajo de Coro Rubio sobre el País Vasco y su inserción en el Estado liberal. La doctrina liberal del Estado propugnó un modelo centralista y uniformizador que, por un lado, acabara con los particularismos del pasado y, por otro, potenciara la creación de una forma única y homogénea de administración del territorio.[250]Más allá de la ineficacia en la persecución de estos objetivos, Coro Rubio llama la atención sobre la flexibilidad del Estado, y la prueba de ello fue precisamente el País Vasco. En este caso, el Estado moderado ni fue tan rígido, ni tan sistemáticamente centralista y uniformizador como el modelo teórico parece suponer. Entre la doctrina y la praxis existió una distancia que abrió posibilidades diversas de encaje constitucional para el particularismo vasco. A ello contribuyeron el tratamiento de la cuestión colonial en las constituciones del segundo tercio del siglo XIX; la práctica administrativa y normativa gubernamental, que introdujo el principio de excepcionalidad en la aplicación de las leyes; la interpretación de la unidad constitucional del Estado que se impuso desde 1839 hasta mediados de la década de 1870, y el desenvolvimiento de la vida política, con la figura foral de los comisionados en Corte. De este modo, la debilidad del Estado no parece explicación suficiente de la pervivencia de la foralidad vasca en el seno del Estado liberal. Fue el propio Estado el que ofreció vías de inserción de aquel particularismo y fueron sobre todo los moderados quienes más confiaron en las instituciones forales para administrar las tres provincias. Unos y otros, moderados y fueristas, compartían, además de la sintonía política, unos intereses específicos –frenar el progresismo y mantener el control del poder– y un ideal de orden social que el País Vasco parecía encarnar. Los moderados en particular aceptaron una lectura administrativa de la foralidad, presentada por el fuerismo como un sistema perfecto de gobierno, que combinaba de modo ejemplar los principios de orden y libertad.

La aceptación del sistema foral que, no obstante, fue sometido a recortes sustanciales, ¿debilitó la construcción de la identidad nacional española en las tres provincias vascas? Coro Rubio argumenta que el fuerismo elaboró un discurso de nación española específico. Lejos de expresar ésta un vínculo horizontal entre ciudadanos iguales, los fueristas defendieron una concepción que identificaba la nación con el Estado y la Monarquía. Así, cuando afirmaban la españolidad de los vascos expresaban con ello su lealtad al Estado/Monarquía. El discurso identitario fuerista subrayaba la singularidad del pueblo vasco, basada en la historia, la lengua, el catolicismo y los fueros. Como máximo exponente de lo español, este discurso no implicaba la más mínima mengua de su españolidad. La afirmación de ésta fue consustancial a la de su identidad vasca. En definitiva, el fuerismo puede y debe entenderse como un doble patriotismo, un instrumento que favorecía una doble lealtad, que permitía reconocerse a la vez como miembros de la comunidad singular y de la «gran familia española», cuya unidad nunca fue cuestionada en este período.[251]

Para esta historiadora, el discurso articulado en torno a la españolidad de los vascos cumplió una doble función: por un lado, expresar y difundir la aceptación del marco nacional y la inserción de estas provincias en el Estado liberal, y, por otro, defender la foralidad. En este sentido, se podría interpretar como un medio, una vía de «transmisión tanto de una identidad nacional, la española, como, a la vez, de otra étno-regional, la vasca», como sugiere Fernando Molina.[252]¿Cuál de los dos aspectos, la exaltación de lo propio o la incorporación a la nación española, era el más relevante? La discusión de la historiografía vasca se ha trasladado a este plano. Coro Rubio señala que aquel discurso no sirvió ni como mecanismo para la interiorización de la identidad nacional española, de sus contenidos políticos y culturales, ni mucho menos como instrumento del nacionalismo español. Por su parte, Fernando Molina sostiene que fue un vehículo para resaltar los vínculos con la nación española.[253]En cualquier caso, y para lo que aquí nos interesa, tampoco el País Vasco, con su rotundo particularismo, quedó al margen del proceso de construcción de la identidad nacional española.

¿Impulsaron las elites españolas el proceso de nacionalización? Durante un tiempo se consideró evidente el desinterés de las elites liberales por la nacionalización española. Pero José Álvarez Junco ha mostrado el esfuerzo nacionalizador llevado a cabo por esas elites y por el Estado, especialmente a partir de mediados del siglo XIX: «Si la vida política –si la vida– no fuera tan dura, poco antes de 1898 se podría haber dicho que la construcción de la identidad nacional llevada a cabo en España en el siglo precedente se había completado con un grado razonable de éxito».[254]En efecto, hacia mediados de la década de 1860 se había completado la fase inicial y fundamental de creación de esa identidad, a través de la historia, la literatura, la pintura, la música, la arqueología o la antropología. Este proceso había sido resultado esencialmente de iniciativas privadas o semi-privadas.

Justo Beramendi llega a una conclusión similar cuando analiza las actitudes de ideólogos y actores políticos en la Galicia del siglo XIX: «durante todo el período isabelino la nación española, descontados los patriotas absolutistas en retroceso, reinaba sin rival en el universo mental de todos aquellos gallegos a quienes les preocupaba la política (...) Y esto incluso se acentuó en el agitado sexenio 1868-1874». Pese al surgimiento del provincialismo en la década de 1840, éste no cuestionó en ningún momento la pertenencia de Galicia a la nación española. Además, el impulso nacionalizador español se acrecentó en el último cuarto del siglo XIX. Al tiempo que se intensificaba el componente nacionalista-centralista del liberalismo en su conjunto, las dos tendencias principales del galleguismo finisecular, la liberal y la tradicionalista, profesaron «un regionalismo estricto que en bastantes casos y ocasiones cabe calificar además de fervientemente españolista». En 1898, la nación española no tenía rivales en suelo gallego.[255]

A partir de estos estudios centrados en regiones «periféricas» con particularidades históricas y culturales indudables, donde supuestamente el Estado liberal habría tenido mayores dificultades de penetración y donde el proceso nacionalizador habría sido mucho más frágil, puede afirmarse que los planteamientos en torno a la debilidad en la construcción de la identidad nacional española parecen hoy, quince años después de la propuesta de Borja de Riquer, difíciles de mantener.[256] No obstante, llegados a este punto valdría la pena rastrear las implicaciones sociales y políticas de esa construcción, sus modalidades y manifestaciones diferenciales en el espacio y en el tiempo. En el proceso de asentamiento del Estado nacional y con ritmos diversos de cohesión de las nuevas jerarquías sociales en cada periferia, ¿qué sentido se daba a la común identidad española? ¿Se otorgaban significados compatibles a la comunidad imaginada que era España en todos los territorios, tanto en aquellos que habían experimentado procesos intensos de cambio social y económico como en aquellos en los que no se había conseguido constituir un consenso hegemónico en torno a las transformaciones propugnadas por el liberalismo mayoritario dentro de España? ¿El patriotismo español era uniforme?

La historiografía española de los últimos años en torno a las identidades regionales ha abierto una reflexión sumamente sugerente para pensar la nación española. Según ha señalado Xosé Manoel Núñez Seixas, las identidades regionales no son fenómenos necesariamente contrapuestos a la construcción de las naciones. Serían fenómenos complementarios, en la medida en que la nación no es objeto de experiencia primaria, viene a la vida en la esfera local, en la vida cotidiana, en las decisiones de la gente; ambas identidades se moldean mutuamente y en este juego de implicaciones la nación adquiere diferentes significados locales.[257]

En este sentido, los trabajos sobre el País Vasco y Cataluña editados en este libro permiten esbozar dos modelos específicos de creación de la identidad nacional española, a partir de la plasmación concreta de las relaciones entre el Estado y las específicas estructuras sociales y políticas de cada región. En el primer caso, el cambio social impulsado por el liberalismo del Estado careció de consenso hegemónico y las oligarquías locales lograron reafirmar su control a largo plazo. Ello tendió a reforzar la comunidad regional como española, pero en un marco heterogéneo que dotaba a la españolidad de los vascos de un significado específico. En el segundo caso, la construcción de un espacio histórico-político autorreferencial, Cataluña, permitió rehacer una supuesta armonía interna, a base de reducir el campo de actuación compartido con el Estado y de acentuar aquellos aspectos considerados bien como una aportación propia y singular (la modernidad representada por la industria), bien como núcleos de un supuesto agravio.

En el caso vasco, parece haber un consenso historiográfico básico respecto a la pervivencia de unas oligarquías mayoritariamente procedentes de la propiedad de la tierra, que lograron reafirmar su control del cambio social y consiguieron absorber tanto a grupos burgueses del comercio y la industria como a partidarios de un liberalismo más progresista. La vía para todo ello fue el mantenimiento de un renovado sistema foral y la elaboración de un discurso sobre la identidad vasca, que, sin cuestionar la nación española, definió la lealtad nacional en términos poco acordes con las propuestas del liberalismo español en su conjunto.[258]

El encaje constitucional para el particularismo vasco, analizado por C. Rubio, se tradujo, en cuanto a la estructura del Estado, en la acomodación de las leyes generales a las especiales características de la región. Se aceptó el traslado de las aduanas a la costa, se avanzó en la organización de la justicia según la planta general del Estado, la organización de la Capitanía General como en el resto de la Monarquía y la presencia de la Guardia Civil, de los consejos provinciales –aunque a partir de 1856 muy controlados por las autoridades vascas– y de los jefes políticos o gobernadores civiles (aunque se estableció uno solo para las tres provincias). A cambio se logró el reforzamiento de las diputaciones y juntas forales, con la consiguiente ampliación de su ámbito jurisdiccional respecto a los ayuntamientos y el reconocimiento de su exención tributaria y de quintas, suprimida en 1876. Si bien se aplicó la desamortización de Madoz, a pesar del rechazo general en el Bienio progresista, el liberalismo conservador de la Unión Liberal permitió, en 1862, que las diputaciones forales obtuvieran el control de las juntas de ventas de bienes desamortizados. De igual modo se estipuló el control foral de las comisiones provinciales de estadística y de las juntas de instrucción pública. Por último, además de conseguir el establecimiento de una diócesis vasca, se obtuvo de los moderados que las diputaciones forales sostuvieran por su cuenta la dotación de culto y clero, y que se siguiera cobrando el diezmo. No obstante, éste sólo se cobraría de forma generalizada en Guipúzcoa, excepto San Sebastián y su área de influencia. Las pugnas sobre gran parte de las disposiciones fundamentales del Estado liberal son estudiadas por Enriqueta Sesmero en el trabajo que aquí se incluye.

La absorción de grupos sociales procedentes del comercio y de la industria bajo la hegemonía de la oligarquía propietaria implicó una serie de remodelaciones de los canales de representación en las instancias forales. En unos casos, esta representación se vio incrementada al concederse expresamente a unidades de población que antes carecían de este derecho, así como la posibilidad de obtener voz y voto en las juntas particulares (Álava). Otras veces, como sucedió en Álava y Guipúzcoa, se permitió el acceso de los abogados como procuradores de hermandad o a los cargos municipales –base de las juntas generales–, siempre que reunieran las demás cualidades exigidas por el fuero, es decir, poseer hidalguía y millares, suprimidos en 1871. Finalmente, las autoridades de Vizcaya reformaron los requisitos para acceder al cargo de diputado del Señorío: se rebajó de 45.000 reales a 12.000 la renta anual procedente de la propiedad o usufructo de fincas en Vizcaya. La rebaja censitaria era compatible con el mantenimiento de los otros dos criterios. Igualmente, para ejercer un cargo de diputado general, regidor o síndico se debía ser natural del señorío y estar avecindado según el fuero en él. Estos cambios de la década de 1850, llamativamente limitados en la época del liberalismo, ampliaron, no obstante, las posibilidades de participación, pero no lograron satisfacer a todos los sectores burgueses. San Sebastián protagonizó durante algunos años una resistencia que la condujo a apartarse de la provincia de Guipúzcoa. Bilbao propuso, en 1866, que se alterase el sistema de representación en las juntas generales y se introdujese un método proporcional al número de habitantes de cada población con asiento en las juntas.

El análisis que realiza Enriqueta Sesmero sobre el régimen foral en Vizcaya pone de manifiesto tanto la oligarquización del marco político como el consenso establecido por las elites vizcaínas frente a la acción del Estado. Este consenso, que les garantizaba el mantenimiento de su posición socioeconómica, permitió el reacomodo de notables locales carlistas en los mecanismos institucionalizados de poder. Las causas fueron diversas: desde la necesidad de hacer efectiva la gobernabilidad del territorio después de la Primera Guerra Carlista hasta la propia dinámica de negociación con el Estado, que obligaba a hacer causa común y procurar la estabilidad interna, pasando por los intereses de la alta burguesía mercantil, que deseaba abrir amplios cauces a sus intereses. Todos estos grupos coincidían en el uso del pretendido igualitarismo de la ideología foral para evitar los desórdenes sociales. El consenso, sin embargo, no estaba exento de contradicciones que finalmente estallaron en las décadas de 1860 y 1870, a partir del Real Decreto de 21 de octubre de 1866, que preveía la desaparición de los ayuntamientos con menos de 200 vecinos y la reorganización de las atribuciones consistoriales.

En este contexto, ¿cuál fue la relación política con el Estado nacional español? Parece que las autoridades vascas minimizaron el vínculo con el componente nacional del Estado: las provincias vascas no se incorporaron al sistema fiscal ni al militar, mantuvieron en la administración interior criterios participativos claramente antiliberales, contribuyeron a demorar –con el beneplácito de los moderados– la adaptación de los fueros a la ley magna y, por último, privilegiaron un vínculo de encaje con España que tenía mucho de prepolítico y preliberal, al fijar un nexo especial con la Corona. En efecto, el principio liberal de la nación representada en las Cortes era en la práctica minado en el caso vasco. Su vía de negociaciones era el ejecutivo y la Corona, lo que marginaba el espacio parlamentario y recreaba un vínculo de súbditos leales a la Monarquía, presentada a su vez como protectora del régimen foral. La proclamada identidad española del vasquismo foral, por tanto, no acababa de encontrar una expresión institucional y política que la materializara en la época de la solidaridad horizontal de los Estados nacionales. Lo que hubo fue un cierto equilibrio que se rompió mediante el progresivo giro hacia posturas cada vez más hostiles al liberalismo y, desde luego, con la insurrección que derivó en la guerra carlista, iniciada en 1872.

Junto al sistema fiscal –ya analizado en el apartado anterior–, el discurso sobre la identidad vasca impulsó la cohesión interna. Las elites vascas buscaron fortalecer los lazos políticos interprovinciales en sus negociaciones y representaciones con el ejecutivo y la Corona, y fomentaron la celebración de conferencias forales. Se presentaban ante el Estado como una comunidad que tenía unos intereses específicos, políticos, sociales y culturales. Una comunidad que llegó a definirse, en la época de los procesos de unificación en Europa, como «nacionalidad». En 1864, Pedro Egaña contestó, ante la extrañeza de los senadores por haber utilizado dicha expresión al referirse a las provincias vascas: «siendo aquellas provincias parte de España, no había de hablar de una nacionalidad distinta a la española; pero como dentro de esta gran nacionalidad hay una organización especial que vive con su vida aparte, por eso usaba la palabra».[259]Se trató también de desarrollar una identidad regional, entonces compatible con la española, mediante un discurso al servicio de la foralidad y un conjunto de acciones destinado a divulgar entre la población ese código identitario.

La nación como comunidad imaginada «se concibe siempre como una profunda camaradería horizontal», ha afirmado B. Anderson. Implica, pues, sentirse concernido, aludido e interpelado y colaborar en los esfuerzos comunes. ¿Se sintieron concernidas las elites vascas? ¿Impulsaron los vínculos horizontales definitorios de las identidades nacionales? No resulta fácil responder adecuadamente para este período. En cualquier caso, habría que responder con cautela ante lo acaecido en 1859, con la guerra de África, y en 1868, con la de Cuba. En ambas coyunturas hubo encendidas manifestaciones de patriotismo español. La ayuda de 1859 consistió en un donativo de cuatro millones de reales y una brigada de cuatro tercios de tres mil hombres, armada y equipada por las tres provincias y mantenida por el Estado cuando salieran del territorio vasco. No se consiguió que los jefes y oficiales fueran naturales de las provincias, pero se introdujeron en el uniforme y en las banderas distintivos propios. En 1868 la iniciativa de participar en la defensa de la isla surgió de la Junta de Comercio de Bilbao y, finalmente, las diputaciones decidieron colaborar con un cuerpo de voluntarios armado y transportado por el Gobierno y con la bandera del país con el lema Irurac-bat (Tres en uno). Según C. Rubio, fueron maniobras «para alejar sospechas sobre el régimen foral y mostrar su utilidad y eficacia en caso de guerra».[260] Dado el clima de exaltación nacionalista que acompañó la aventura exterior de mediados del siglo XIX, lo que más llama la atención es el conjunto de excepciones de las provincias forales, al tiempo que éstas se mostraban, por otra parte, retóricamente españolas.

En el caso de Cataluña, el proceso de cambio social propugnado por el liberalismo tuvo una entidad y alcances muy distintos al vasco. Además, fue un proceso profundamente disputado, que se vinculó desde sus orígenes a un claro cambio de la composición social del personal político y que impulsó una intensa movilización social entre los dos bandos contendientes, el liberal y el carlista.[261] El liberalismo catalán expresó, como ha señalado Fradera, una identificación plena con la nación que se quería construir en las Cortes de Cádiz. Esa identidad nacional española, por otra parte, fue un importante factor de movilización en los años treinta entre el radicalismo de la Cataluña urbana.

Los grupos burgueses tomaron conciencia de las profundas escisiones que el cambio revolucionario había provocado en la sociedad catalana. No sólo se trataba de la dureza de la conflictividad social de los años 1835-1843; estaban también los costes de la industrialización, que mostraba su cara más amarga, y el arraigo carlista y republicano, que podía desequilibrar y cuestionar la estabilidad de la sociedad burguesa. Se produjo entonces una revisión de los fundamentos sociales y culturales de la nueva sociedad, de la que surgió una recuperación selectiva del pasado regional. Era éste un patriotismo catalán, fruto de la labor cultural e intelectual de los hermanos Milà i Fontanals, el grupo en torno a Mañé i Flaquer o el Diario de Barcelona, que no se construía frente al Estado-nación.[262]

La gravedad de los problemas abiertos, tanto por el proceso revolucionario liberal como por la dinámica industrializadora, impulsó la creación de un discurso de búsqueda de la armonía interna, cuyo sujeto prioritario era Cataluña. La referencia regional, compatible por supuesto con la identidad nacional española, pretendía ser el espacio de sutura de las grietas sociales y políticas. Pero reclamaba el protagonismo mediador de las elites regionales y acentuó la especificidad catalana frente al resto de España. Se impuso una perspectiva que situaba los puntos de tensión con el Estado en el orden público, los intereses económicos y la mitificación de algunas cuestiones, como el derecho civil propio.

Las elites surgidas de esa doble dinámica de cambio social y político aspiraban a influir en la política gubernamental en el conjunto de España, a diferencia de las vascas. Sin embargo, su presencia en el personal político fue tan reducida que incluso se ha llegado a hablar de «un cierto retraimiento».[263] De este modo, habría habido una imposibilidad para penetrar en la red de intereses oligárquicos que sustentaban el Estado liberal. Al mismo tiempo, el mundo conservador evolucionó en un sentido particular, al estar sometido desde el período revolucionario liberal a una fuerte presión democratizadora, agudas amenazas sociales y dificultades para controlar los efectos del cambio político y de la industrialización. Todo ello alimentó una conciencia agónica del mundo en que vivía, expresada culturalmente, y una desconfianza ante las soluciones preconizadas por el Estado.

Se desarrolló un comportamiento regional particular, cuyo dinamismo, según señala Fradera, procedía de la necesidad de negociar el significado de la posición de Cataluña en el conjunto nacional español.[264] Una posición que generó tensiones, pero no rupturas. Esas negociaciones se desplegaron en campos tan esenciales como la protección del mercado nacional, la formación del mercado laboral o la política de orden público, entre otras muchas.[265] Estas reivindicaciones generaron tensiones, pero no rupturas. La identificación de los liberales catalanes con el proceso de construcción del Estado español está fuera de dudas. Sólo en el contexto de la Restauración, en el paso del siglo XIX al XX, emergerá de la cultura del doble patriotismo una visión nacionalista, de ruptura con el esquema regional que había dominado la política catalana hasta entonces.

En definitiva, el proceso social de construcción de la identidad española no fue homogéneo en todo el territorio español, precisamente porque el agente nacionalizador era ante todo una sociedad civil también diversa. No todos los grupos dirigentes, aunque impulsaran el doble patriotismo, fortalecieron de igual modo y con el mismo alcance los diversos componentes de la identidad nacional española. Es decir, mantuvieron divergencias a la hora de valorar los factores positivos de esa identidad y tampoco coincidieron en cuanto a los elementos que representaban mayor dificultad desde el punto de vista de la estabilidad social de ciertas periferias. Por lo que respecta a los sectores populares, la investigación es manifiestamente insuficiente. En cualquier caso, habría que cuestionar un modelo de nacionalización de arriba hacia abajo, o descendente, desde el punto de vista de las jerarquías sociales, al tiempo que se deberían valorar las vías de desarrollo de la identidad nacional española abiertas por la revolución liberal y la politización que acompañó el triunfo del liberalismo. Ciertamente, el discurso de la nación española formaba parte del programa de los grupos dirigentes liberales, pero fue igualmente usado desde abajo y de manera consciente. Por lo que sabemos, resulta simplificadora la idea de unos discursos y de unas prácticas simbólicas impuestos desde arriba sin el concurso, por supuesto complejo, pero nunca pasivo, de estratos amplios de la población urbana e incluso rural.[266] En cualquier caso, el avance en estos problemas muestra un cambio de perspectiva destacado en consonancia con la historiografía europea.[267] La difusión de la identidad nacional del Estado no descansaría tanto en un proceso unidireccional desde arriba, de sustitución de lealtades anteriores, como en la creación de patriotismos locales y regionales promovidos desde abajo, aunque jerarquizados en torno a la nación española hasta bien entrado el siglo XIX.

El Estado, ¿agente nacionalizador?

Como hemos señalado, en aquel modelo interpretativo global sobre el siglo XIX, la acción del Estado adquiría un significado fundamental. A través de la enseñanza, el ejército, la política simbólica o la administración central, el Estado del siglo XIX debería haber protagonizado un sólido y continuado proceso nacionalizador, como hicieron otros Estados europeos de la época. Pero, tal y como apunta Álvarez Junco, «fue sin embargo un participante relativamente secundario».[268] Sometido a una crónica penuria financiera y a una aguda inestabilidad y falto de voluntad política, no pudo desplegar influencias beneficiosas para la construcción de la unidad nacional.

En este campo del debate historiográfico hay más hipótesis de trabajo que investigaciones contrastables. Nos vamos a referir a dos instancias de nacionalización indiscutibles en el siglo XIX, la enseñanza y el ejército. A tenor de las interpretaciones convencionales, la primera tendría que haber sido un medio de homogeneización cultural; el segundo debería haber sido el vehículo adecuado de difusión de valores asociados a la identidad nacional, de su articulación social y geográfica. En la práctica, según estos planteamientos, ambos actuaron como factores retardatarios del proceso de construcción nacional.[269]

La afirmación según la cual la enseñanza obstaculizó dicho proceso sigue siendo una hipótesis de trabajo todavía no fundamentada, en la medida en que se han estudiado aspectos generales del problema, por ejemplo, la legislación educativa o las relaciones entre el Estado y la Iglesia, pero no hay análisis suficientes sobre el proceso educativo desde abajo: quiénes, qué y cómo enseñaban y cuántos y quiénes eran los educandos. A este respecto, es significativo que se carezca de estudios sobre los institutos provinciales de las grandes capitales españolas, como Madrid, Barcelona o Valencia, por no mencionar la ausencia de investigaciones sobre la primera enseñanza y su grado de aceptación social.

Desde una perspectiva comparada, suele considerarse que la posición de la Iglesia y del Estado es un elemento fundamental que condiciona la configuración de los sistemas educativos nacionales. Donde hubo una Iglesia más o menos oficial, sostenida por el Estado, como en Inglaterra, Francia, Italia y España, el sistema educativo ofreció un menor grado de desarrollo, al menos en lo que a la escolarización de las clases trabajadoras y bajas se refiere.[270]

Se parte también de un a priori según el cual la preeminencia de la Iglesia en el sistema educativo debe interpretarse como un signo de debilidad nacionalizadora. ¿Inhibió la Iglesia el fomento de valores asociados a la nación? Como ha recordado Maitane Ostolaza, la Iglesia no ha permanecido necesariamente tan al margen de los procesos de nacionalización en Europa. Por ejemplo, en la secularizada Francia, la Iglesia continuó ejerciendo un papel de primer orden en el ámbito educativo y hubo múltiples concomitancias entre la escuela pública y la privada católica en cuanto a contenidos, métodos y modos de organización; y entre 1850 y 1867, la libertad de enseñanza favoreció de hecho a la Iglesia católica. En Inglaterra, la mayor parte de las escuelas primarias estuvo en manos de grupos filantrópicos, dependientes en su mayoría de la oficial Iglesia anglicana, y de confesiones no oficiales sin que por ello se cuestione el carácter nacional del sistema educativo ni la función nacionalizadora de la escuela.[271] Sin contar con el hecho de que las innovaciones planteadas por los liberales españoles durante las Cortes de Cádiz no se discutirían políticamente en Inglaterra hasta 1861 y sus efectos sólo se materializarían con la promulgación de la Education Act de 1902.

En España, fue el liberalismo el que consideró la educación un asunto de interés nacional. La génesis del sistema educativo nacional se produjo entre 1834 y 1857, bajo los principios rectores de la secularización, uniformidad y centralización. Fue entonces cuando se crearon las comisiones de instrucción primaria provinciales, de partido y de pueblo, dependientes del Ministerio de Fomento (1834); la Dirección General de Instrucción Pública (1846), que concentró la toma de decisiones, o el cuerpo de inspectores de enseñanza primaria (1849). Sucesivos planes de estudio regularon la estructura del sistema educativo y establecieron los contenidos y la organización en los tres niveles de la enseñanza, de manera que lo que hizo la ley Moyano de 1857 fue consolidar las reformas anteriores. Desde un punto de vista legal, el sistema educativo español no se construyó con retraso respecto a otras experiencias europeas.[272] En cualquier caso, parece evidente que la educación no fue un ámbito de interés prioritario para el Estado liberal. Hubo que esperar hasta 1900 para que se estableciera el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, mientras que Francia lo tuvo en 1830, Cerdeña-Piamonte en 1848 y Reino Unido y Portugal en 1870.

Para especialistas como Antonio Viñao, aquel sistema se caracterizó por la debilidad y un relativo retraso en la materialización de las leyes que obedeció a dos causas: por una parte, la situación heredada del pasado, a la que se unió el marasmo provocado por la Guerra de la Independencia y los conflictos políticos y militares de las décadas siguientes –así, los niveles de escolarización alcanzados en 1797 no se volverían a repetir hasta 1831–; por otra, y sobre todo, la alianza con la Iglesia, cuyo control sobre la definición de la ortodoxia religiosa de cualquier enseñanza y el derecho de inspección sobre toda ella quedó asegurado por el Concordato de 1851, aunque no definía claramente la potestad de los obispos sobre la materia.

¿Significa esto que el Estado perdía su primacía como garante del sistema educativo? Desde el punto de vista de la legislación, no parece que fuera así. El Plan Pidal de 1845, que estableció el organigrama institucional de la educación pública –la instrucción primaria recaía en los municipios, la secundaria en las provincias y las universidades dependían del Gobierno– y reguló la segunda y la tercera enseñanza, se decantó sin resquicios por el monopolio estatal: uniformidad de asignaturas, manuales y métodos de evaluación, bajo el auspicio de la Dirección General de Instrucción Pública; la enseñanza privada, que requería autorización expresa del Gobierno, debía someterse a estas directrices y sus alumnos sólo podían ser examinados en los establecimientos oficiales. El Plan Pidal fue objeto de dura crítica por parte de Balmes y años después por Menéndez Pelayo, quienes no perdonaban su sesgo secularizador, uniformista y estatalista.[273] Las reformas introducidas a raíz del Concordato fueron suprimidas en el Bienio Progresista, de manera que cuando en 1857 Moyano planteó en el Congreso la Ley de Bases, la oposición más intensa corrió a cargo de los neocatólicos, empeñados, sin éxito, en la efectividad del Concordato. La Ley Moyano de 1857, que abarcaba los tres niveles de enseñanza, fue, en líneas generales, una puesta en orden del Plan Pidal y de anteriores medidas en este campo, y, en consecuencia, del mantenimiento del monopolio estatal.[274] La intervención eclesiástica, indica Viñao, se limitó a la fijación del catecismo, la declaración previa de ortodoxia para las obras de religión y moral y la obligación gubernamental de dar cuenta a las autoridades eclesiásticas de los libros para ejercicios de lectura en los de primera enseñanza; «es decir, bien poco en comparación con las propuestas neocatólicas, y mucho menos en la práctica, si como se apuntaba en 1892, esta última norma, además, había caído en desuso y no era cumplida».[275]

El sostenimiento de la enseñanza primaria correspondió desde el Plan Pidal a las corporaciones municipales. No fue una excepción en Europa. Así lo hizo la ley Guizot de 1833, la belga de 1842 (que, además, dispensaba a los municipios de erigir una escuela pública si ya existía una privada), la del Piamonte de 1848 y la de 1859 que se aplicaría a toda Italia. En 1870 Gran Bretaña estableció unas oficinas locales de escolarización, responsables de la creación y el mantenimiento de las escuelas públicas donde la oferta confesional no bastase.[276]

De este modo, la trayectoria de la enseñanza primaria en España se inscribe en unas consideraciones de la sociedad decimonónica que trascienden las fronteras estatales. Esta enseñanza no se entendía como ámbito de actuación del Estado, sino como un espacio privado cuya responsabilidad era atribuida a la familia. Era su iniciativa la que debía impulsar la instrucción en el hogar, según sostuvieron muchos liberales del siglo XIX. A mediados de la década de 1870, un intelectual tan señalado como Gumersindo de Azcárate mostraba su admiración por el sistema inglés, «donde la que llamamos primera enseñanza la reciben los hijos de sus madres entre las clases ilustradas». Azcárate sostenía que, si bien «la escuela tiene sus ventajas»,

en este primer período de la educación, no importa tanto el instruir como el despertar y desarrollar aquellas facultades llamadas por la voz de Dios y de la naturaleza a dar mejores frutos (...) ¿Y quién puede sustituir en esto al interés de los padres, que estudian constantemente las inclinaciones de su hijo, las dirigen y desenvuelven, preparándole para que cumpla su destino en la tierra?[277]

El problema estribaba en que la educación de la mujer, responsable para muchos liberales españoles de formar verdaderos ciudadanos y patriotas (masculinos, se entiende), o para muchos católicos de transmitir los valores morales y religiosos imprescindibles del orden social, era deficitaria en España. La legislación sobre la enseñanza de niñas fue temprana, si bien su desarrollo chocó con unas visiones y tradiciones muy difundidas también en Europa: aquellas que entendían la escritura y la enseñanza como innecesarias, indeseables e inútiles.

Las causas de la menor escolarización y alfabetización de las niñas fueron diversas: como mínimo, a la altura de 1860 la mitad de los municipios no disponían de escuelas mixtas o de niñas; sus ocupaciones en las economías rurales de la España del siglo XIX y el trabajo que desempeñaban para sus familias, o, en fin, la menor financiación pública de las escuelas de niñas; un déficit que, sin embargo, era compensado por los padres. Ello indica que había una demanda de escuelas para niñas para que aprendieran los deberes de su sexo. Una demanda que no fue respondida con mayor gasto municipal, ni con un mucho menor grado de segregación de la escuela.[278]

La Ley de 1857 implantaba los principios esenciales del Estado liberal en materia educativa: gratuidad limitada para la primera enseñanza elemental, obligatoria para los niños y niñas de seis a nueve años; homologación de planes y titulaciones, y secularización. Correspondió a la Administración central «la inspección del profesorado y edificios, materias, contenidos y textos de la Primera Enseñanza, ya que este nivel resultaba básico para todos los ciudadanos e indispensable para la articulación nacional».[279]

La voluntad de impulsar la identidad nacional española a través del establecimiento del castellano como lengua de escolarización y de los manuales de geografía e historia parece que tuvo más relevancia de lo que hasta ahora se había considerado.[280]En el Sexenio Democrático se modificaron los planes de estudios de la Segunda Enseñanza, que introdujeron el «estudio profundo de la lengua patria que hoy se olvida por el de la gramática latina» y la ampliación de los estudios históricos (arte, derecho e historia españoles).[281]Si la difusión del castellano encontró, de todos modos, dificultades, especialmente en las zonas rurales de las áreas con presencia de otra lengua, no puede decirse lo mismo respecto a los libros de texto de esas asignaturas, cuya presencia estaba reconocida en los planes de estudio de la enseñanza primaria y secundaria.[282]Por otra parte, aquel impulso se retomó tardíamente en la Restauración, al menos desde un punto de vista legal. Se trataba de crear desde la escuela un fuerte sentimiento nacional, basado en una identidad colectiva común y unitaria. En efecto, la Dirección General de Instrucción Pública impulsó en 1893 y 1894 la colocación del escudo nacional en el frontispicio de las escuelas públicas y de la bandera española, que sería izada y arriada diariamente; se aprobó por real orden el «Himno escolar a la bandera», y se instó a los maestros a enseñar cantos patrióticos y organizar actividades para que los niños desfilaran delante de la bandera.[283]En la época de la «política de masas», estas medidas podían resultar tan tardías como ineficaces, dentro de un sistema político claramente reacio a la movilización.

Es más que probable que estas indicaciones, así como las pretensiones uniformizadoras y centralizadoras del sistema educativo nacional, tropezaran con los problemas económicos del Estado liberal y de las administraciones locales y provinciales, a cuyo cargo estaba la financiación de la primera y la segunda enseñanza pública hasta 1902 y 1887, respectivamente, cuando se incorporaron a los presupuestos generales del Estado las partidas de personal y material. A ello habría que añadir el absentismo escolar, muy vinculado a la economía agraria preponderante en España. No obstante, hubo un progreso escolar relativo hasta 1865, momento en que empezó a dar muestras de agotamiento. La inversión no se reanimó hasta principios del siglo XX. Y fue también durante la Restauración, y no antes, cuando la función del Estado se relajó en el ámbito de la educación pública secundaria.[284]

En efecto, la Ley Moyano había impulsado la creación de escuelas de primera enseñanza, que pasaron de 16.410 en 1855, con 867.874 alumnos asistentes, a 20.998 en 1865 y 1.154.763 niños y niñas escolarizados. Este notable crecimiento de la población escolar fue sólo inferior, en el contexto europeo, al de Francia y Gran Bretaña. El salto dado desde los inicios del Estado liberal redundó en los descensos suaves de los niveles de alfabetismo, desde un 75,52% en 1860 a un 63,78% en 1900. El retraso en el desarrollo y la consolidación de esta enseñanza se inició en el Sexenio Democrático y sobre todo con la Restauración, al sufrir las dificultades financieras de los ayuntamientos: en 1870 había 21.278 escuelas públicas y en 1908, 24.915. Parece que la libertad de enseñanza y la descentralización educativa adoptadas en 1868 fueron aprovechadas por muchos pequeños municipios para cerrar escuelas, lo que debió de afectar a un 8% de las existentes en España, y contratar como maestros a personas sin cualificación, cuyas retribuciones eran menores. Por lo que respecta a la enseñanza secundaria, se produjo una clara relajación de la labor del Estado con respecto a la oferta de centros privados y en especial de la Iglesia.[285]

La causalidad entre el bajo nivel de alfabetización y el atraso económico comenzó a tener más repercusiones desde finales del siglo XIX. Según una visión muy extendida, la «oferta» de educación resultó insuficiente durante todo el siglo XIX a causa de que el régimen liberal dejó este servicio público (hasta 1902 la enseñanza primaria y hasta 1887 la secundaria) en manos de unos municipios y provincias que padecían una situación fiscal cada vez más precaria tras las desamortizaciones. Sin embargo, el análisis más detenido de las cifras regionales ha mostrado una realidad más compleja. Algunas regiones, junto a bajas tasas de escolarización primaria, tenían niveles relativamente altos en lo que respecta a la educación secundaria. Como las elites políticas locales tuvieron una amplia autonomía para fijar las prioridades, cabe deducir que el balance escolar final dependía de las peculiaridades sociales.[286]Así, el mayor sesgo a favor de la educación secundaria se daba en Andalucía, región con altos niveles de urbanización, municipios relativamente grandes y una desigualdad social mucho mayor que en el norte de España, que podía influir negativamente en la atención que el poder local prestara a los intereses de la mayoría. Junto a ello también habría sido decisiva la amplia presencia de sectores jornaleros, para los cuales una mayor alfabetización no mejoraba sus condiciones de inserción en el mercado de trabajo. Esto último lleva a considerar la «demanda» de educación como un factor que influía en el resultado final.

Por lo que se refiere a los efectos del proceso desamortizador sobre el sistema educativo, Guereña y Viñao discuten la hipótesis muy generalizada de que aquél desmanteló el aparato de la enseñanza elemental sostenido por los municipios o por la Iglesia, sin procurar sustitución alguna. Para ellos, las consecuencias de las desamortizaciones son hipótesis no contrastadas, dado el desconocimiento sobre el alcance y la extensión de ese entramado previo y el hecho de que las escuelas anejas a las parroquias no resultaron afectadas por las desamortizaciones. El programa del Estado liberal no consistía en crear escuelas en conventos o parroquias, sino en impulsar el establecimiento de una red escolar pública sostenida por los municipios. Éstos dedicaban a la enseñanza un capítulo relativamente importante, si bien dentro de un presupuesto caracterizado por la crónica insuficiencia de recursos, como ya se ha señalado en el apartado anterior.[287]

La práctica ausencia de investigaciones «desde abajo» es también un rasgo característico por lo que se refiere a otro importante mecanismo de nacionalización: el servicio militar. El reclutamiento fue un recurso del Estado liberal para lograr una cohesión interna en torno a la identidad nacional. Bien se conoce, por supuesto, que desde su implantación en 1837 como obligatorio para todos los varones al cumplir los 18 años «pasó a ser una de las manifestaciones más visibles de la existencia del Estado nacional»;[288]que cumplió una función primordial de orden público y de intervencionismo político,[289]y, sobre todo, que fue «una contribución de sangre» profundamente impopular que originó agudas protestas y resistencias a lo largo de todo el siglo XIX. Y es que la obligación militar, dado el sistema estipulado de exenciones y de redenciones en metálico, afectó sólo a aquellos sectores de la sociedad que no disponían ni de ingresos suficientes ni de relaciones con los poderes locales y provinciales, en cuyas manos estaba todo el proceso de reclutamiento.[290]En definitiva, una instancia que en el imaginario liberal debía ser la representación de la ciudadanía participativa en la defensa de la nación se convirtió en realidad en un espacio de injusticias y de desigualdades sociales. De ahí que la historia del Ejército Nacional sea interpretada también como la de los miles de exentos, infractores, prófugos, desertores, etc., del deber nacional.

El caso español de exención del servicio militar mediante el pago en metálico no fue excepcional en el contexto europeo de la época. En Francia, modelo de nacionalización, la sustitución de los soldados fue reconocida legalmente en 1802 y luego desde 1818 hasta 1855, cuando quedó suprimido el rescate y en su lugar se autorizó la exoneración, es decir, el pago de una cantidad al Estado (en España ésta fue reconocida por la ley de 1837, que estableció los principios del Ejército Nacional).[291]La conscripción universal, sin sustitución ni redención posible, sólo se aplicaría en la Tercera República, después de la derrota francoprusiana y la pérdida de Alsacia-Lorena. El rescate y la sustitución mediante el pago a las arcas del Estado se admitían en Italia o Dinamarca a mediados de siglo. La sustitución se mantendría en España hasta 1912, al implantarse el servicio militar sin excepciones, aunque todavía con discriminaciones destacadas, como el llamado «soldado de cuota», que pagaba por permanecer menos de tres años en el servicio activo a cambio de costear un sustituto, situación que subsistió hasta la Guerra Civil. Por tanto, lo característico del Estado español fue su prolongado mantenimiento en la época del ascenso del «nacionalismo de masas». Este desfase tardío, al igual que en otros aspectos, ha llevado a proyectar sus supuestos antecedentes de modo exagerado hacia épocas anteriores.

Todas las constituciones españolas del siglo XIX proclamaron el principio de «la nación en armas», es decir, el servicio de las armas obligatorio para los ciudadanos. Pero el Ejército español se nutrió de las «quintas» de mozos de reemplazo y de «sustitutos» –ya existentes en el Antiguo Régimen–, a raíz del sistema de reclutamiento establecido. Este sistema requería la movilización de sumas de dinero muy importantes, que se ingresaban en el Banco de España. Un organismo autónomo dentro del Ministerio de la Guerra, creado en 1859, se encargó de controlar y gestionar esos fondos hasta 1886, cuando se suprimieron todas las cajas especiales no controladas por el Ministerio de Hacienda. El Fondo de Redenciones dejaba su administración en manos del Ejército. En 1860, el importe del rescate, que permitía la redención del servicio y la consiguiente sustitución del mozo, alcanzaba los 8.000 reales en la península y 8.480 en ultramar. El monto total de los rescates ese año se elevó hasta casi 55 millones de reales y a más de 46 millones de pesetas en 1886, ingreso muy superior a lo que producía la contribución industrial y de comercio, por ejemplo.

Con estos condicionantes, ¿nacionalizó el Ejército español? Para poder responder a esta pregunta habría antes que formular una previa: ¿el incumplimiento del servicio militar implicaba el rechazo a la nación española? El estudio realizado hace años sobre la resistencia gallega por Alfonso J. González Asenjo, mediante testimonios de los sujetos implicados, no sugiere tanto esa posibilidad como motivos de otra índole: rechazo de la disciplina, necesidades familiares de mano de obra, deterioro de los modos de vida, etc. Según este autor, hasta la Restauración, «las quintas no fueron cuestionadas en ningún momento»; las protestas, que las hubo, iban dirigidas contra los procedimientos y las irregularidades. Por otro lado, insiste en la necesidad de abordar la otra cara de la moneda, la participación voluntaria en el esfuerzo militar, para ponderar «la dualidad de comportamiento de la población gallega», para la que el ingreso en el ejército era una vía –aunque precaria– de ascenso social: «existe oposición en cuanto se lesionen intereses particulares, pero no como oposición frontal a las necesidades o intereses del Estado».[292] Por último, parece que en ciertas manifestaciones de patriotismo popular hubo «una fuerte identificación

Ejército-pueblo», como sucedió en Madrid en agosto de 1885.[293]

De todas formas, el sistema de quintas que entró en vigor hacia mediados de la década de 1840, excepto en el País Vasco y Navarra, fue extremadamente impopular y levantó protestas y resistencias muy agudas, especialmente en Cataluña. Aunque parece que esta impopularidad se redujo un tanto,[294]los motines contra las quintas se recrudecieron durante el Sexenio Democrático, justo cuando estallaron las guerras carlistas y de Cuba. Cuando la Primera República ensayó tímidamente la captación voluntaria, tras revisar la abolición del servicio militar decretada en febrero de 1873, de 48.000 hombres que deberían haber acudido a formar los cuerpos francos, sólo se presentaron 13.000 voluntarios en 1873. La nación de los ciudadanos armados simplemente no acudió a ese llamamiento. La desigualdad social de la «contribución de sangre» se vivió como una injusticia aún mayor coincidiendo con las guerras coloniales en África y las Antillas, a finales del siglo XIX. Esta percepción fue compatible con exaltadas manifestaciones patrióticas: «como pronto demostrarían los hechos de Cuba, todo desafío al honor nacional henchía de patriotismo mal entendido el pecho del español, hasta el punto de que ese clamor popular, reflejado y alentado por la prensa, arrastraría a todos hacia el abismo».[295]

No hay estudios sobre el proceso de disciplinación de los mozos y su reeducación en los valores de la patria, el orden o la jerarquía. En cualquier caso, como señala Juan Pro,

la implantación del servicio militar obligatorio exigió poner en pie todo un sistema administrativo eficaz, capaz de controlar y registrar a la población masculina joven por todo el territorio nacional, clasificarla con arreglo a sus condiciones (salud, estatura, etc.), sacarla de sus familias, destinarla a unidades militares, organizar el transporte, el vestido, la alimentación y el alojamiento, instruirlos someramente, vigilar su conducta y ponerlos en condiciones de ser empleados como soldados.

Todo ello requería una gran capacidad de organización y de control sobre el territorio por parte del Estado. El «éxito de la operación» «reforzó precisamente esa capacidad del Estado de actuar sobre la totalidad del territorio».[296]Sin embargo, el proceso de reclutamiento estaba en buena parte en manos de los ayuntamientos, lo que hacía que las exenciones dependieran también de las influencias y del juego de poder local.

HACIA NUEVOS ENFOQUES

Todos los años el juez acudía a los poblados dispersos del interior montañoso a aplicar la justicia del Estado. Situados en una zona de muy difícil acceso, el viaje era como regresar a un pasado lejano. Sin carreteras, sin electricidad, el poder del Estado descansaba en el sentido de la responsabilidad y el sacrificio de unos servidores extraños y extranjeros, cuya autoridad se plasmaba en un símbolo más esencial que el mulo que los transportaba. Sin el escudo estatal, ellos no eran nada.

Este es el argumento, a grandes rasgos, de una película china, El último viaje del juez Feng. Con los cambios que exigen otra cultura y otro espacio sociopolítico, la idea se ha plasmado otras veces en el cine o la literatura, desde el sur italiano a la costa báltica. En todas ellas, el Estado desciende (o sube a las montañas) a una sociedad ajena, al margen de la modernidad que aquél representa. Este recurso artístico es también una visión arraigada en la historiografía española e internacional. Como otras percepciones dotadas de una gran capacidad de organizar los conocimientos en una determinada dirección, esta perspectiva también debe ser discutida por los historiadores.

En el caso del Estado, con demasiada frecuencia se le ha atribuido el carácter de un agente, autónomo o instrumental, pero capaz –o que debería serlo– de configurar el mundo de las sociedades nacionales que han llegado a nuestros días. Hoy, en cambio, hay motivos para relativizar esa creatividad absoluta y normativa del Estado. Por lo mismo, las resistencias y las negociaciones a la hora de trasladar sus iniciativas al tejido social deben considerarse parte fundamental de la manera en que se constituyeron los Estados nacionales en todas partes.

En las últimas décadas, desde el punto de vista de la congruencia con las investigaciones, se han agotado los planteamientos surgidos de la época del regeneracionismo, reformulados bajo ropajes diversos por planteamientos posteriores. No se trata de una simple acumulación de conocimientos que encajen mal con los viejos supuestos. La necesidad de renovar los planteamientos deriva también de dos principios generales, que deben ser incorporados al debate sobre un pasado aún próximo. Por un lado, la crisis de las visiones lineales, que sistemáticamente atribuyen a déficits anteriores cualquier situación anómala, o concebida como tal, que se localice en etapas posteriores. Por otro, la quiebra de la consideración determinista o no problemática de las condiciones socioeconómicas como creadoras obvias de planteamientos políticos o ideológicos. El conjunto de trabajos que aquí se recoge muestra, de manera muy sólida, hasta qué punto se han asentado nuevos enfoques que aborden los grandes problemas que siguen mereciendo una atención renovada.

[1] A ello se corresponde un planteamiento de lo político en que el Estado no es un simple reflejo de lo social –entendido como jerarquía de relaciones establecidas–, sino un terreno, relativamente autónomo, de conflicto y comunicación. Charles Tilly, Coerción, capital y los Estados europeos, 1990-1990, Madrid, Alianza, 1990, pp. 20-23. Jean-Luc Mayaud y Lutz Raphael (dirs.), Histoire de l’Europe contemporaine. Du village à l’État, París, A. Colin, 2006. Ute Frevert y Heinz-Gerhard Haupt (eds.), Neue Politikgeschichte. Perspektiven einer historischen Politikforschung, Frankfurt am Main y Nueva York, Campus, 2005. Lutz Raphael, Ley y orden. Dominación mediante la Administración en el siglo xix, Madrid, Siglo XXI, 2008. Christopher Alan Bayly, The birth of the modern world, 1780-1914: global connections and comparisons, Malden, Blackwell, 2004.

[2] Un planteamiento actual de estos problemas, en Michael Keating, «La importancia recurrente del territorio. Las regiones y la historia del Estado europeo», Alcores, 2, 2006, pp. 37-56.

[3] Juan Pan-Montojo (ed.), Más se perdió en Cuba. España, 1898 y la crisis de fin de siglo, Madrid, Alianza Ed., 1998. Antonio Elorza y Elena Hernández Sandoica, La guerra de Cuba (1895-1898): historia política de una derrota colonial, Madrid, Alianza, 1998. Josep M.ª Fradera, Gobernar colonias, Barcelona, Península, 1999 y Filipinas, la colonia más peculiar. La hacienda pública en la definición de la política colonial, 1762-1868, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1999. Ángel Bahamonde y José Cayuela, Hacer las Américas. Las elites coloniales españolas en el siglo xix, Madrid, Alianza, 1992.

[4] Theda Skocpol, Los estados y las revoluciones sociales: un análisis comparado de Francia, Rusia y China, México, Fondo de Cultura Económica, 1984. La comparación entre España y la Rusia zarista, durante la crisis de comienzos del siglo XX, en Gerald H. Meaker, La izquierda revolucionaria en España: 1914-1923, Barcelona, Ariel, 1978.

[5] Juan Pan-Montojo (ed.), Más se perdió en Cuba...

[6] Hagen Schulze, Estado y nación en Europa, Barcelona, Crítica, 1997. Luciano Canfora, La democracia: historia de una ideología, Barcelona, Crítica, 2004. Christophe Charle, La crise des sociétés impériales: Allemagne, France, Grande-Bretagne 1900-1940: essai d’histoire sociale comparée, París, Seuil, 2001. Robert A. Dahl, La democracia y sus críticos, Barcelona, Paidós, 1992. Martin Kirsch, «Los cambios constitucionales tras la revolución de 1848. El fortalecimiento de la democratización europea a largo plazo», Ayer, 70, 2008, pp. 199-239.

[7] Por ejemplo, Santos Juliá, «Transiciones a la democracia en la España del siglo XX», Sistema, 84, 1988, pp. 25-40, y «Anomalía, dolor y fracaso de España», Claves de razón práctica, 66, 1996, pp. 10-21.

[8] Manuel Azaña, Discursos políticos, ed. por Santos Juliá, Barcelona, Crítica, 2003, pp. 31-37.

[9] Manuel Tuñón de Lara, Estudios sobre el siglo XIX español, Madrid, Siglo XXI, 8.ª ed., p. 188. Aunque con más matices, aceptaba una parte importante del argumento José M.ª Jover, El siglo XIX en España, Barcelona, Planeta, 1974, p. 109.

[10] Josep Fontana, La quiebra de la monarquía absoluta, Esplugues de Llobregat, Ariel, 1971; La Revolución Liberal. Política y hacienda en 1833-1845, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1977; «La desamortización de Mendizábal y sus antecedentes», en Ángel García Sanz y Ramon Garrabou (eds.), Historia agraria de la España contemporánea, vol. I, Cambio social y nuevas formas de propiedad (1800-1850), Barcelona, Crítica, 1985; pp. 219-244 y La época del liberalismo, vol. 6 de Historia de España dirigida por Josep Fontana y Ramón Villares, Barcelona y Madrid, Crítica y Marcial Pons, 2007; Miguel Artola, Antiguo Régimen y revolución liberal, Barcelona, Ariel, 1978; La burguesía revolucionaria (1808-1869), vol. V de Historia de España Alfaguara, Madrid, Alianza, 1973; La Hacienda del siglo xix. Progresistas y moderados, Madrid, Alianza y Banco de España, 1986.

[11] El trabajo de Fontana había sido referencia continua para el de Ernest Lluch, El pensament econòmic a Catalunya (1760-1840). Els orígens ideològics del proteccionisme i la presa de consciència de la burgesia catalana, Barcelona, Ed. 62, 1973, p. 8.

[12] Josep Fontana, Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo xix, Esplugues de Llobregat, Ariel, 1974, pp. 161-162.

[13] Josep Fontana, La época del liberalismo, p. 417.

[14] Miguel Artola, La burguesía revolucionaria..., p. 168.

[15] David R. Ringrose, España, 1700-1900: el mito del fracaso, Madrid, Alianza, 1996.

[16] Richard Herr, «Spain», en David Spring (ed.), European Landed Elites in the Nineteenth Century, Baltimore y Londres, J. Hopkins University Press, 1977, pp. 98-126.

[17] Sobre la diversidad de la burguesía, Josep M.ª Fradera y Jesús Millán (eds.), Las burguesías europeas del siglo xix. Sociedad civil, política y cultura, Madrid y Valencia, Biblioteca Nueva y Universitat de València, 2000; Alberto M. Banti, «Alla ricerca della “borghesia immobile”: le classi medie non imprenditoriali del XIX secolo», Quaderni Storici, 50, 1982, pp. 629-651.

[18] Juan P. Fusi y Jordi Palafox, España: 1808-1996. El desafío de la modernidad, Madrid, Espasa-Calpe, 1997. Santos Juliá, «Anomalía, dolor y fracaso...».

[19] Pedro Ruiz Torres, Señores y propietarios. Cambio social en el sur del País Valenciano, 1650-1850, Valencia, Inst. Alfons el Magnànim, 1981; Bartolomé Yun, Sobre la transición al capitalismo en Castilla. Economía y sociedad en Tierra de Campos (1500-1830), Valladolid, Junta de Castilla y León, 1987; Enric Tello, «Renta señorial y renta de la tierra en la última etapa del Antiguo Régimen en Cataluña», Noticiario de Historia Agraria, 4, 1992, pp. 283-314; Ramon Garrabou, Enric Tello y Enric Vicedo, «De rentistas a propietarios: la gestión de patrimonios nobiliarios en el último ciclo de la renta feudal en Cataluña (17201840)», Señorío y feudalismo en la Península Ibérica, ss. xii-xix, Zaragoza, Inst. «Fernando el Católico», 1993, pp. 567-604; y Jesús Millán, Enric Tello y Gabriel Jover, «La crisi de coexistència de les formes de propietat: el sentit de la reforma agrària liberal i el referent revolucionari francès», Història agrària dels Països Catalans, vol. VI, Segles xix-xx, Barcelona, Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, 2006, pp. 23-53.

[20] José M.ª Alcalde, Señorío y poderes locales en Soria entre el Antiguo Régimen y el Liberalismo, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1997. Santiago Aragón Mateos, El señor ausente. El señorío nobiliario en la España del Setecientos. La administración del ducado de Feria en el siglo xviii, Lérida, Milenio, 2000. Jesús Izquierdo, El rostro de la comunidad. La identidad del campesino en la Castilla del Antiguo Régimen, Madrid, Comunidad de Madrid, 2001.

[21] Christian Windler, Elites locales, señores, reformistas. Redes clientelares y Monarquía hacia finales del Antiguo Régimen, Córdoba y Sevilla, Universidad de Córdoba y Universidad de Sevilla, 1997. Una revisión crítica en M.ª Cruz Romeo, «Com situar el trencament? L’evolució de l’Antic Règim i el pes de la revolució en l’obra de Christian Windler», Recerques, 38, 1999, pp. 151-157. Destaca la confluencia feudal de los diversos sectores sociales del Antiguo Régimen Alberto Marcos Martín, España en los siglos xvi, xvii y xviii. Economía y sociedad, Barcelona, Crítica, 2000, pp. 192-267. Una síntesis con perspectiva distinta en Manuel Ardit, El Siglo de las Luces. Economía, Madrid, Síntesis, 2007.

[22] Síntesis sobre el panorama actual en Pedro Ruiz Torres, «Del antiguo al nuevo régimen: carácter de la transformación», Antiguo régimen y liberalismo. Homenaje a Miguel Artola, Madrid, Alianza Ed., 1994, vol. I, pp. 159-192, y «Señorío y propiedad en la crisis del Antiguo Régimen», en Salustiano de Dios, Javier Infante, Ricardo Robledo y Eugenia Torijano (coords.), Historia de la propiedad en España..., pp. 49-59. Bartolomé Yun, «Vasallos y señores en el marquesado de Cuéllar: relaciones sociales, aprovechamiento de recursos y gestión señorial a fines del Antiguo Régimen», en Pegerto Saavedra y Ramón Villares (eds.), Señores y campesinos en la Península Ibérica, siglos xviii-xx, Barcelona, Crítica, 1991, vol. I, pp. 239-260; Rosa Congost, Els darrers senyors de Cervià de Ter. Investigacions sobre el caràcter mutant de la propietat (segles xvii-xx), Girona, CCG edicions, 2000. Joaquim Serrano, De patricis a burgesos. Les transformacions d’una oligarquia terratinent; Elx, 1600-1855, Alicante, Inst. “J. Gil-Albert”, 1995.

[23] Ricardo Robledo, «El crédito y los privilegiados durante la crisis del antiguo régimen», en Bartolomé Yun (coord.), Estudios sobre capitalismo agrario, crédito e industria en Castilla (siglos xix y xx), Valladolid, Junta de Castilla y León, 1991, pp. 259-262. Félix Castrillejo Ibáñez, «Transformaciones en los grupos sociales de compradores», en Germán Rueda (ed.), «La desamortización en la Península Ibérica», Ayer, 9, 1993, pp. 221-238. Ángel Bahamonde, «Crisis de la nobleza de cuna y consolidación burguesa (1840-1880)», en Madrid en la sociedad del siglo xix, Madrid, Comunidad Autónoma, 1986, vol. I, pp. 339-349. Àngels Solà, «Notes per a iniciar un estudi de la desvinculació», I Col.loqui d’Història Agrària, Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 1983, pp. 283-290. Tiene una especial importancia lo sucedido en el País Valenciano, de donde procedía buena parte de las rentas de las grandes casas señoriales. Aquí, las adquisiciones de la nobleza en la desamortización general fueron inequívocamente marginales: Anaclet Pons Pons, La propietat a subhasta. La desamortització i els seus beneficiaris: inversió i mercat (València, 1855-1867), Valencia, Universitat de València, 1991, pp. 146-153. Pedro Ruiz Torres, «La fi de la noblesa feudal al País Valencià», en VV. AA., Terra, treball i propietat. Classes agràries i règim senyorial als Països Catalans, Barcelona, Crítica y Centre de Treball i Documentació, 1986, pp. 166-185. Salvador Calatayud, Jesús Millán y M.ª Cruz Romeo, «El rentismo nobiliario en la agricultura valenciana del siglo XIX», Revista de Historia Económica, XVIII, 1, 2000, pp. 79-86. Miguel Sánchez Herrero, «El fin de los “buenos tiempos” del absolutismo: los efectos de la revolución en la Casa de Cerralbo», Ayer, 48, 2002, pp. 85-126.

[24] M.ª Cruz Romeo, «Los mundos posibles del liberalismo progresista», en Emilio La Parra y Germán Ramírez (eds.), El primer liberalismo: España y Europa, una perspectiva comparada, Valencia, Biblioteca Valenciana, 2003, pp. 287-314.

[25] Nieves San Emeterio, Sobre la propiedad. El concepto de propiedad en la Edad Moderna, Madrid, Tecnos, 2005, pp. 43-156. Clara Álvarez, «Las dos caras de Jano. Propiedad y constitución en el primer liberalismo español», en Salustiano de Dios, Javier Infante, Ricardo Robledo y Eugenia Torijano (coords.), Historia de la propiedad..., pp. 301-305.

[26] Enrique Soria Mesa, La nobleza en la España moderna. Cambio y continuidad, Madrid, M. Pons Historia, 2007. Jorge A. Catalá, Rentas y patrimonios de la nobleza valenciana en el siglo XvIII, Madrid, S. XXI, 1995.

[27] Pere Molas, Del absolutismo a la constitución. La adaptación de la clase política española al cambio de régimen, Madrid, Sílex, 2008. Jean-Philippe Luis, L’utopie réactionnaire: épuration et modernisation de l’État dans l’Espagne de la fin de l’Ancien Règime (1823-1834), Madrid, Casa de Velázquez, 2002. José M. Cuenca y Soledad Miranda, El poder y sus hombres. ¿Por quién hemos sido regidos los españoles? (1705-1998), Madrid, Actas, 1998.

[28] Xavier Gil Pujol, Tiempo de política. Perspectivas historiográficas sobre la Europa moderna, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2006. Pablo Fernández Albaladejo, Fragmentos de monarquía. Trabajos de historia política, Madrid, Alianza, 1992, pp. 353-467. Miguel Artola, La monarquía de España, Madrid, Alianza, 1999. M.ª del Carmen Angulo Teja, La Hacienda española en el siglo xviii. Las rentas provinciales, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2002. Renato Barahona, Vizcaya on the Eve of Carlism. Politics and Society, 1800-1833, Reno, University of Nevada, 1989. Fernando Martínez Rueda, Los poderes locales en Vizcaya. Del Antiguo Régimen a la Revolución Liberal (1700-1853), Bilbao, Universidad del País Vasco, 1994. Carmen Iglesias (dir.), Las noblezas españolas, reinos y señoríos en la Edad Moderna, vol. III, Nobleza y sociedad, Oviedo, Fundación Banco de Santander Central Hispano y Ed. Nobel, 1999. Carmen García Monerris, La Corona contra la historia: José Canga Argüelles y la reforma del real patrimonio valenciano, Valencia, Universitat de València, 2005. Mario Onaindía, La construcción de la nación española. Republicanismo y nacionalismo en la Ilustración, Barcelona, Ed. B, 2002.

[29] Un caso especialmente relevante es el del historiador y economista Antoni de Capmany, designado mediante una real orden de Carlos III representante del municipio de Barcelona ante la Corte, Ramon Grau y Marina López, «Antoni de Capmany: el primer model del pensament polític català modern», en Albert Balcells (ed.), El pensament polític català (Del segle xviii a mitjan segle xx), Barcelona, Ed. 62, 1988, pp. 27-28. El carácter decisivo que tenía la elección por parte de la Corona daba lugar a extremos arbitrarios incluso para la época, como cuando se asignaban a miembros de familias en ascenso regidurías de municipios muy alejados de su residencia, por ejemplo, Juan C. Domínguez Nafría, «La nobleza del reino de Murcia», en Carmen Iglesias, Las noblezas españolas..., pp. 129-135. Lluís Roura, Subjecció i revolta en el segle de la Nova Planta, Vic, Eumo, 2005. Rosa Congost, «De pagesos a hisendats: Reflexions sobre l’anàlisi dels grups socials dominants. La regió de Girona (1780-1840)», Recerques, 35, 1997, pp. 51-72.

[30] Bartolomé Clavero, Mayorazgo. Propiedad feudal en Castilla 1369-1836, Madrid, Siglo XXI, 1974. M.ª Teresa Pérez Picazo, El mayorazgo en la historia económica de la región murciana, expansión, crisis y abolición (ss. xvii-xix), Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1990. Antònia Morey, Noblesa i desvinculació a Mallorca als segles xviii i xix. Les repercussions de la legislació desvinculadora sobre els patrimonis nobiliaris, Barcelona, Abadia de Montserrat, 1999.

[31] David Spring, «Landed Elites Compared», en David Spring (ed.), European Landed Elites..., pp. 8-10. Fernando Baras, El reformismo político de Jovellanos (Nobleza y Poder en la España del siglo xviii), Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1993.

[32] Cit. Joaquín Varela, El conde de Toreno. Biografía de un liberal (1786-1843), Madrid, M. Pons, 2005, p. 109, n. 29.

[33] Pierre Rosanvallon, El modelo político francés. La sociedad civil contra el jacobinismo, de 1789 hasta nuestros días, BuenosAires, Siglo XXI, 2007, pp. 107-142.Alan S. Kahan, Liberalism in Nineteenth-Century Europe. The Political Culture of Limited Suffrage, Houndmills, Palgrave McMillan, 2003, pp. 11-17. El planteamiento alternativo en el caso español, Isabel Burdiel, «Morir de éxito: el péndulo liberal y la revolución española del siglo XIX», Historia y Política, 1, 1999, pp. 181-203, y Jesús Millán y M.ª Cruz Romeo, «¿Por qué es importante la revolución liberal en España? Culturas políticas y ciudadanía en la historia española», en Mónica Burguera y Christopher Schmidt-Nowara (eds.), Historias de España contemporánea. Cambio social y giro cultural, Valencia, Universitat de València, 2008, pp. 17-43.

[34] Manuel Santirso Rodríguez, Progreso y libertad. España en la Europa liberal (18301870), Barcelona, Ariel, 2008, pp. 78-90. José L. Gómez Navarro, Javier Moreno Luzón y Fernando del Rey Reguillo, «La elite parlamentaria entre 1914 y 1923», en Mercedes Cabrera (dir.), Con luz y taquígrafos. El Parlamento en la Restauración (1913-1923), Madrid, Taurus, 1998, pp. 103-142.

[35] Bartolomé Yun, «Crisis del Antiguo Régimen y “crisis de la aristocracia”», Ayer, 48, 2002, pp. 41-57. Jesús Millán, «El absolutismo en la época de los propietarios. La alternativa antiliberal de Magí Ferrer», en Emilio La Parra y Germán Ramírez (eds.), El primer liberalismo: España y Europa..., pp. 155-184.

[36] Enric Tello, «Renta señorial y renta de la tierra en la última etapa del Antiguo Régimen en Cataluña», Noticiario de Historia Agraria, 4, 1992, pp. 283-314, y «Crisis del antiguo régimen y crisis del sistema crediticio: el fin de los censos consignativos en España (1705-1885)», en Salustiano de Dios, Javier Infante, Ricardo Robledo y Eugenia Torijano (coords.), Historia de la propiedad. Crédito y garantía, Madrid, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, 2007, pp. 237-269. Ricardo Robledo, «El crédito y los privilegiados...», pp. 237-266.

[37] Enrique Llopis, «Expansión, reformismo y obstáculos al crecimiento (1715-1789)» y «La crisis del antiguo régimen y la revolución liberal (1790-1840)», en Francisco Comín, Mauro Hernández y Enrique Llopis (eds.), Historia económica de España. Siglos x-xx, Barcelona, Crítica, 2002, pp. 128-134 y 167-183.

[38] Mauro Hernández, A la sombra de la Corona. Poder local y oligarquía urbana (Madrid, 1606-1808), Madrid, 1995, pp. 138-207.

[39] En los últimos años del siglo XvIII, las mayores tasas de jornaleros dentro de la población activa agraria se daban en Andalucía occidental (80-90%), Andalucía oriental (70%) y Castilla la Mancha (67%), Alberto Marcos Martín, España en los siglos xvi, xvii y xviii..., pp. 612-621. Antonio Florencio Puntas y Antonio L. López Martínez, «El mercado de trabajo en la Andalucía latifundista del Antiguo Régimen: ¿intervencionismo o contratación?», Historia Agraria, 30, 2003, pp. 63-85. La problemática de los jornaleros fue muy importante en Aragón, Antonio Peiró Arroyo, Jornaleros y mancebos. Identidad, organización y conflicto en los trabajadores del Antiguo Régimen, Barcelona, Crítica, 2002. Los cambios en el poder municipal y en el modelo agrario fueron paralelos en Logroño o Castellón, Jesús Alonso Castroviejo, Problemática agraria y solución burguesa. Logroño, 1750-1833, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 1991; Otília Martí, Un liberalismo de clases medias. Revolución política y cambio social en Castelló de la Plana (1808-1858), Castellón de la Plana, Diputació de Castelló, 1997. Sobre la España latifundista, Ricardo Robledo (ed.), Historia de Salamanca, vol. IV, Siglo XIX, Salamanca, Centro de Estudios Salmantinos, 2001, pp. 23-209. Diego Caro, «La reforma agraria liberal y los campesinos en Andalucía», en Manuel González de Molina (ed.), La historia de Andalucía a debate, Rubí, Anthropos, 2000, pp. 57-78.

[40] Josep M.ª Fradera, Indústria i mercat. Les bases comercials de la indústria catalana moderna, Barcelona, Crítica, 1987. M.ª Cruz Romeo, Entre el orden y la revolución. La formación de la burguesía liberal en la crisis de la monarquía absoluta (1814-1833), Alicante, Inst. J. Gil-Albert, 1993.

[41] Bartolomé Yun, Sobre la transición al capitalismo en Castilla..., pp. 632-635. Rafael Domínguez Martín, «Autoconsumo, mercantilización y niveles de vida campesinos en la España atlántica, 1750-1930. Algunas hipótesis a contracorriente», en José M. Martínez Carrión (ed.), El nivel de vida en la España rural, siglos xviii-xx, Alicante, Universidad de Alicante, 2002, pp. 315-320. Ramon Garrabou, Jordi Planas y Enric Saguer, Un capitalisme impossible? La gestió de la gran propietat agrària a la Catalunya contemporània, Vic, Eumo, 2000. Rosa Congost, Els propietaris i els altres. La regió de Girona 1768-1862, Vic, Eumo, 1990. Enric Vicedo, «Notes sobre la integració de l’agricultura de les terres de Lleida en el procés de desenvolupament capitalista», Recerques, 24, 1991, pp. 159-177. Salvador Calatayud, Jesús Millán y M.ª Cruz Romeo, «Leaseholders in capitalist Arcadia: bourgeois hegemony and peasant opportunities in the Valencian countryside during the nineteenth century», Rural History, 17-2, 2006, pp. 149-166.

[42] Antonio López Estudillo, «Transformacions agràries i retard econòmic. Andalusia, 1850-1935», Estudis d’història agrària, 15, 2002-2003, pp. 88-94. José M. Martínez Carrión, «El debate sobre el atraso económico de España», en Carlos Barciela, Gérard Chastagnaret y Antonio Escudero (eds.), La historia económica en España y Francia (siglos xix y xx), Alicante, Madrid, Universidad de Alicante, Casa de Velázquez, 2006, p. 374. Cormac Ó Gráda, Richard Paping y Eric Vanhaute (eds.), When the Potato Failed. Causes and Effects of the “Last” European Subsistence Crisis, 1845-1850, Turnhout, Brepols, 2007, pp. 17-19.

[43] Con planteamientos diversos, Juan F. Fuentes, «Progreso y clase media en la España liberal», en Manuel Suárez (ed.), La redención del pueblo. La cultura progresista en la España liberal, Santander, Universidad de Cantabria, 2006, pp. 291-313. Antonio Robles Egea (comp.), Política en penumbra: patronazgo y clientelismo políticos en la España contemporánea, Madrid, Siglo XXI, 1996. Juan Pro, «Las elites en la España liberal: clases y redes en la definición del espacio social (1808-1931)», Historia Social, 21, 1995, pp. 47-69. Lourenzo Fernández Prieto, Xosé M. Núñez Seixas, Aurora Artiaga Rego y Xesús Balboa (coords.), Poder local, elites e cambio social na Galicia non urbana (1874-1936), Santiago de Compostela, Universidade de Santiago, 1997.

[44] Salvador Calatayud, Jesús Millán y M.ª Cruz Romeo, «Coincidencias y disparidades entre los “propietarios”: el regadío valenciano del siglo XIX», Hispania, LXIII-1, 2003, pp. 231-254. Sobre el primer factor, Ricardo Robledo, «Tradición e Ilustración en la Universidad de Salamanca: sobre los orígenes intelectuales de los primeros liberales», en Ricardo Robledo, Irene Castells y M.ª Cruz Romeo (eds.), Orígenes del liberalismo. Universidad, política, economía, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2003, pp. 49-80. Sobre el segundo, Salvador Almenar, «Economía política y liberalismos en España. De Jovellanos a la Gloriosa», ibíd., pp. 81-104. Juan Pan-Montojo, «Álvaro Flórez Estrada: el otro liberalismo», en Manuel Pérez Ledesma e Isabel Burdiel (eds.), Liberales eminentes, Madrid, M. Pons Historia, 2008, pp. 43-76. Ricardo Robledo, Economistas y reformadores españoles: la Cuestión Agraria (1760-1935), Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1993, pp. 41-63. En cuanto al peso de la ciudadanía y la movilización en las culturas liberales, M.ª Cruz Romeo, «Héroes y nación en el liberalismo progresista», Sagasta y el liberalismo progresista en España, Logroño, Gobierno de La Rioja, 2003, pp. 35-49 y Jesús Millán y M.ª Cruz Romeo, «Liberals i burgesos alhora? Els “respectables” en la nació liberal», Josep Fontana: història i projecte social. Reconeixement a una trajectòria, Barcelona, Crítica, 2004, vol. II, pp. 925-939. Manuel Pérez Ledesma (dir.), De súbditos a ciudadanos. Una historia de la ciudadanía en España, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007.

[45] Antonio Alcalá Galiano, Obras escogidas, en J. Campos (ed.), Madrid, Biblioteca de Autores Españoles, 1955, p. 465. En un sentido similar, décadas después, Marcelino Menéndez Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles, Madrid, BAC, 1967, vol. II, p. 871.

[46] Rosa A. Gutiérrez y Rafael Zurita, «Canvi polític i mobilització electoral en la revolució del 1868», Recerques, 39, 1999, pp. 31-54. Gregorio de la Fuente, Los revolucionarios de 1868. Elites y poder en la España liberal, Madrid, M. Pons Historia, 2000. Concepció Janué, Polítics en temps de revolució. La vida política a Barcelona durant el Sexenni Revolucionari (1868-1873), Vic, Eumo, 2002.

[47] Josep M.ª Fradera, «La dificultat de descriure la nació (“regió” i “nació” en la historiografia catalana i internacional)», en Josep M.ª Fradera y Enric Ucelay-Da Cal (eds.), Notícia nova de Catalunya. Consideracions crítiques sobre la historiografia catalana als cinquanta anys de Notícia de Catalunya de Jaume Vicens i Vives, Barcelona, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 2005, pp. 121-157. Genís Barnosell, Orígens del sindicalisme català, Vic, Eumo, 1999. Albert Garcia Balañà, «Patria, plebe y política en la España isabelina: la guerra de África en Cataluña (1859-1860)», en Eloy Martín Corrales (ed.), Marruecos y el colonialismo español (1859-1912). De la guerra de África a la «penetración pacífica», Barcelona, Ed. Bellaterra, 2002, pp. 13-77. Manel Risques, El govern civil de Barcelona al segle XIX, Barcelona, Abadia de Montserrat, 1995. Roser Solà, L’Institut Industrial de Catalunya i l’associacionisme industrial des de 1820 a 1854, Barcelona, Abadia de Montserrat, 1997. Joan Fuster, Barcelona i l’Estat centralista. Indústria i política a la dècada moderada, Vic, Eumo, 2005.

[48] Marco Meriggi, «La burguesía italiana y alemana: un análisis comparativo», en Josep M.ª Fradera y Jesús Millán (eds.), Las burguesías europeas..., pp. 259-276.

[49] Como planteaba Trinitario Ruiz Capdepón, promotor de la Ley del Sufragio Universal Masculino de 1890, una década después, en Manuel Gutiérrez y Jiménez, Leyes electorales para diputados á Cortes y Senadores en 1901, Madrid, F. Fe, 1901, pp. 6 y 7.

[50] José Varela (dir.), El poder de la influencia. Geografía del caciquismo en España, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001. Borja de Riquer, «Les burgesies i el poder a l’Espanya de la Restauració (1875-1900)», Recerques, 28, 1994, pp. 43-58. Mercedes Cabrera y Fernando del Rey, El poder de los empresarios. Política y economía en la España contemporánea (1875-2000), Madrid, Taurus, 2002. Antonio Escudero, «Sobre la Restauración», en Carlos Barciela y Antonio Escudero, Dos lecciones de historia, Alicante, Universidad de Alicante, 2008, pp. 35-55. Pablo Díaz Morlán, Horacio Echevarrieta, 18701963. El capitalista republicano, Madrid, LID, 1999. Antonio Escudero, «El lobby minero vizcaíno», Revista de Historia Social, 7, 1990, pp. 39-68. Ander Delgado Cendagortagalarza, La otra Bizkaia. Política en un medio rural durante la Restauración (1890-1923), Bilbao, Universidad del País Vasco, 2008. María Sierra, «La política del pacto». El sistema de la Restauración a través del Partido Conservador sevillano (1874-1923), Sevilla, Diputación de Sevilla, 1996. Maria Gemma Rubí, Els catalans i la política en temps del caciquisme. Manresa, 1875-1923, Vic, Eumo, 2006.

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